"Para el asentamiento del modelo y su posterior desarrollo, era
imprescindible que la sociedad adquiriera conciencia comunitaria, fuera
cada vez más capaz de tomar decisiones que no obedecieran al mero acto
voluntarioso, y se naturalizase el proceso.
La descentralización jugaba
un papel fundamental en un sistema autogestionario que tenía que
configurarse, por definición, a partir de la democracia directa, más que
de la representativa. Debía conciliar los intereses divergentes que
componían los procesos de toma de decisiones Así, los problemas se
resolverían cada vez más a nivel local, pero esto trajo consigo, por
citar algunos de los efectos indeseados más relevantes, la atomización
de los trabajadores y el dominio nacionalista de los años setenta.
En Yugoslavia, la autogestión en una organización de trabajo se
creaba de dos maneras: "directa" e "indirectamente". En la Constitución
(a partir de los años cincuenta) se concretó un principio de
obligatoriedad para organizar el trabajo por parte de los trabajadores
en todos los escalones y etapas del proceso productivo.
Esto debía ser
así en todas aquellas organizaciones que constituyesen una unidad
económica [1],
en todos los problemas relativos al trabajo, a las relaciones dentro de
la empresa, a la distribución de los ingresos y a todas las cuestiones
relacionadas con su situación económica.
Sin embargo, la naturaleza del
trabajo, en ocasiones, según Branko Bruckner, imposibilitaba la
intervención de los trabajadores en las decisiones, por lo que nos
encontraríamos ante una autogestión "indirecta". Este modo de
autogestión se fundamentó en una delegación, por parte de los
trabajadores, de las funciones directivas, a los órganos elegidos por
ellos.
Dos formas de intervención directa de los trabajadores, en la gestión
de la empresa, eran las asambleas de trabajadores y los referéndums.
Bajo estos procedimientos, los trabajadores podían intervenir expresando
sus opiniones y propuestas para la resolución de cuestiones
relacionadas con la marcha de la empresa.
En los distintos sectores, las empresas eran dirigidas por los
consejos de trabajadores, compuestos de 15 o 20 personas electas cada
dos años por los colectivos de trabajadores. Se celebraban reuniones
mensuales de estos consejos, abiertas a todos los miembros de la
colectividad y “se discutía y tomaba decisiones concernientes a los
precios, productos, publicidad, organización en el lugar de trabajo,
aumento de la fuerza laboral, condiciones de trabajo, y los salarios
relativos a los distintos grupos de trabajadores de la empresa. Una de
las decisiones más significativas fue cómo invertir los ingresos de la firma y cuánto sería distribuido como ingreso personal”. [2]
Los cambios acaecidos en las relaciones de producción (sobre todo a
partir de las reformas de 1964-65) fueron seguidos por alteraciones en
la estructura social de la sociedad yugoslava.
Desde la segunda mitad de
los años sesenta y a comienzos de los setenta, comenzó a observarse que
estas transformaciones en las relaciones de producción erigían, de
facto, a una capa social privilegiada por su condición y posición
económica. Se pusieron en marcha una serie de reformas que orientaron el sistema económico hacia una pérdida de poder por parte de los trabajadores.
Estas beneficiaron al capital financiero en detrimento del productivo,
se dio un ensanche de los límites del mercado y se propagó la
tecnocratización creciente del sistema. Sin embargo, desde la
introducción del sistema autogestionario en 1954, ya se puede encontrar,
en el diseño del mismo, contradicciones que favorecieron y estimularon
los problemas sistémicos posteriores.
Fueron, fundamentalmente, la
limitación de la autogestión exclusivamente al ámbito de la empresa, y
la reducción de la misma a la distribución del ingreso [3].
Las contradicciones generadas por el diseño del sistema autogestionario
se originaron en esta fase (1954-1965), aquí comenzó a advertirse la
ideología típicamente tecnocrática que definió la etapa posterior. Pese a
todo, la mejora de la situación de Yugoslavia en el comercio
internacional, fue uno de los factores fundamentales de este periodo, de
cara al aumento significativo de las fuentes de inversión y la apertura
de nuevos mercados que dio una salida a su volumen creciente de
exportaciones.
Hasta 1965 se creó una base real, aunque partiera de niveles de
desarrollo bajos, para que se establecieran los objetivos de los planes.
Sin embargo, tras las reformas de mediados de los sesenta, se
desmantelaron los fondos de inversión y se fue abandonando toda vocación
planificadora por parte del Estado federal; hubo una ampliación de los
mecanismos de formación de los precios a partir del mercado y el sistema
bancario se transformó, orientado, cada vez más, hacia un criterio de
asignación de recursos fundamentado en el principio de la rentabilidad
monetaria.
Los obreros comenzaron a ser considerados como un mero instrumento de
la restauración de las relaciones capitalistas, ya que la autogestión
se convertía en un asunto para un futuro a largo plazo. La gerencia
democrática fue aprovechada para promover la atomización nacionalista,
el elitismo y la libertad de mercado.
Los bancos y los grandes
productores se convirtieron en los agentes clave dentro del sistema
económico, y a los trabajadores se les instó a realizar sacrificios en
pos del éxito de estas formaciones. La propiedad social (el modelo de
propiedad yugoslavo pretendidamente diferenciado de la estatal), fue
interpretada en este periodo como una propiedad de los colectivos de
empresas coordinados por los bancos.
En los consejos obreros bajó la participación de los trabajadores del
76% en 1960 a 73,8% en 1965 (primer año de reformas), mientras que en
los comités de gestión del 67,2% a 61,9% en el mismo periodo. El número
de obreros presidentes de los consejos obreros disminuyó del 74,1% en
1962 al 65,8% en el año 1965 [4].
Este proceso desembocó en el surgimiento de un poder financiero y
comercial cada vez más independiente y mucho más poderoso que el capital
productivo, que incurría, a su vez, en una contradicción evidente con
las relaciones autogestoras.
A partir de 1964-1965, las organizaciones de trabajo pasaron a ser
fundadoras de bancos junto con las comunidades sociopolíticas pero ante
un déficit cada vez mayor de medios en las actividades bancarias,
comenzó a iniciarse un ciclo de encarecimiento constante del capital. El
acceso al crédito se redujo a aquel que podía permitirse afrontar una
tasa de interés cada vez más alta.
Esto provocó que las organizaciones
de trabajo agravaran su dependencia de los bancos a partir de la fase de
endeudamiento que se inició. Los bancos comenzaron a comportarse cada
vez más como rentistas sin soportar riesgos en las inversiones, sin
asumir responsabilidad alguna por el desarrollo y el trabajo asociado.
Desde 1971 se establecieron una serie de enmiendas constitucionales
que abolieron el derecho a invertir de la Federación. Esto tuvo una gran
trascendencia, ya que, hasta el momento, el monopolio financiero de las
inversiones lo ejerció el poder del Estado federal. Estas reformas
venían dadas, en parte, por las presiones de las repúblicas más
desarrolladas (Croacia y Eslovenia), que pusieron en tela de juicio las
políticas de redistribución desde las regiones más ricas a las menos
desarrolladas.
Por otra parte, se originó una descentralización mercantil que
respondía a una demanda creciente de derechos de autogestión reconocidos
a los trabajadores (como derechos de empleo y de despido, derecho de
gestión de diversos fondos, etc.) que, en realidad, estaba cuestionando
cualquier intromisión estatal. A partir de aquí, ya no se logró revertir
una tendencia capitalista y nacionalista que se vio favorecida por el
contexto de crisis global que se advenía [5].." (Manuel Guerrero Boldó, El salmón contracorriente, 29/03/16)
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