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4/9/23

Mariana Mazzucato : La sensación de ansiedad está en todas partes... por ello, los gobiernos debieran centrarse en la dirección de la economía... Después de todo, ¿de qué sirve un alto crecimiento económico si para él se precisan malas condiciones laborales o ampliar la industria de los combustibles fósiles? Significa alejarse de la financiación digital de la actividad económica y volver a comprometerse con invertir en la economía real... Los gobiernos que han tenido más éxito en catalizar el crecimiento lo han hecho cuando impulsaban otros objetivos, no el crecimiento por sí mismo. La misión de la NASA de enviar hombres a la Luna... hoy en día, si se considera la rapidez con la que está avanzando la inteligencia artificial, se precisan con urgencia gobiernos que puedan reformular la próxima revolución tecnológica en el interés de la gente... Para alcanzar un desarrollo inclusivo, debemos reconocer que los trabajadores son los verdaderos creadores de valor, y que sus intereses deberían tener un mayor protagonismo en los debates sobre ingresos y distribución de la riqueza... de ahí la necesidad de reformular el crecimiento y reexaminar el Estado empresarial... La economía no crecerá por sí sola en una dirección socialmente deseable... Para alcanzar una mayor producción económica que, al mismo tiempo, sea inclusiva y sostenible, los gobiernos necesitarán aceptar su potencial de ser creadores de valor y potentes fuerzas que dan forma a la economía. Si reorientamos las organizaciones públicas alrededor de misiones ambiciosas -en lugar de obsesionarnos sobre estrechas metas de crecimiento-, podremos estar a la altura de enfrentar los grandes desafíos del siglo veintiuno y tener la seguridad de que la economía crezca en la dirección correcta

 "La sensación de ansiedad está en todas partes, desde los debates de políticas de alto nivel y los manifiestos políticos a la cobertura noticiosa diaria. En Alemania, el último plan presupuestario del gobierno identifica un mayor crecimiento como una de las prioridades máximas. En la India, las autoridades nacionales se muestran anhelosas por reclamar el lugar de su país como la economía de más rápido crecimiento del planeta. En China, donde se ciernen perspectivas deflacionarias, es indiscutible que el gobierno está preocupado de alcanzar su objetivo de crecimiento de 5% para este año.

  En el Reino Unido, Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, ha prometido lograr el máximo crecimiento sostenido del G7 si resulta electo, y los conservadores, desde el gobierno, expresan ambiciones parecidas (recordemos el ahora infame mantra de la ex Primer Ministra Liz Truss: “crecimiento, crecimiento, crecimiento”). 

Sin embargo, poner el crecimiento al centro de la elaboración de políticas económicas es un error. Aunque importante, el crecimiento en abstracto no es una meta ni una misión coherente. Antes de comprometerse a objetivos específicos (sean de crecimiento del PIB, producción global, etc.), los gobiernos debieran centrarse en la dirección de la economía. 

Después de todo, ¿de qué sirve un alto crecimiento económico si para él se precisan malas condiciones laborales o ampliar la industria de los combustibles fósiles? Es más, los gobiernos que han tenido más éxito en catalizar el crecimiento lo han hecho cuando impulsaban otros objetivos, no el crecimiento por sí mismo. La misión de la NASA de enviar hombres a la Luna y hacer regresarlos, produjo innovaciones en materiales aeroespaciales, electrónica, nutrición y software que más adelante aportarían un importante valor económico y comercial. Pero la NASA no se planeaba crearlas por esa razón, y es probable que nunca lo hubiera hecho si sus misiones se hubieran emprendido simplemente para aumentar la producción.

 De manera similar, la Internet surgió de la necesidad de que los satélites se intercomunicaran. Debido a su adopción generalizada, durante la última década el PIB digital ha estado creciendo 2,5 veces más rápido que el PIB físico, y hoy la economía digital está en camino de valer unos $20,8 billones estimados para 2025. Una vez más, tales cifras de crecimiento son resultado de un involucramiento activo con las oportunidades que presenta la digitalización; por sí mismo, el crecimiento no era el objetivo. 

 En lugar de centrarse en la aceleración de la brecha del PIB digital, los gobiernos deberían apuntar a cerrar la división digital y asegurarse de que el crecimiento actual y el futuro no se basen en el abuso del poder de mercado de las Grandes Tecnológicas. Si se considera la rapidez con la que está avanzando la inteligencia artificial, se precisan con urgencia gobiernos que puedan reformular la próxima revolución tecnológica en el interés de la gente.

  En términos más generales, impulsar el crecimiento en una dircción más inclusiva significa alejarse de la financiación digital de la actividad económica y volver a comprometerse con invertir en la economía real. Tal como están las cosas, demasiadas compañías (las manufacturas, entre ellas) están gastando más en recompras de acciones y pagos de dividendos que en capital humano, equipos, e investigación y desarrollo. Si bien tales actividades pueden reforzar el precio de la acción en el corto plazo, reducen los recursos disponibles para reinvertir en los trabajadores, haciendo mayor la brecha entre quienes controlan el capital y lo que no. La financiación suele basarse en la extracción de valor y la maximización de utilidades de corto plazo, en vez de creación de valor para beneficiar a la sociedad como un todo. Para alcanzar un desarrollo inclusivo, debemos reconocer que los trabajadores son los verdaderos creadores de valor, y que sus intereses deberían tener un mayor protagonismo en los debates sobre ingresos y distribución de la riqueza.

 En este sentido, la nueva postura del Partido Laborista británico resulta preocupante. Es un acto reflejo para apaciguar a los líderes corporativos y refutar las afirmaciones de que son “antiempresas”. Los laboristas han suavizado su compromiso, previamente declarado, de brindar mayores protecciones a los trabajadores independientes. Y, sin embargo, el crecimiento impulsado por la inversión y los derechos de los trabajadores no deberían verse como prioridades en competencia. Equilibrar la gestión corporativa con un compromiso hacia los trabajadores no solo es esencial para alcanzar un crecimiento inclusivo: ya se ha demostrado que impulsa la productividad y el crecimiento en el largo plazo. La economía no crecerá por sí sola en una dirección socialmente deseable. Como lo subrayé hace diez años, el estado tiene un importante papel empresarial que desempeñar. Después de los recientes intentos de los gobiernos de reactivar sus economías tras la pandemia, está claro que todavía tenemos pendiente el desarrollar nuevos caminos sobre cómo lograr un crecimiento que sea no solo “inteligente”, sino también verde e inclusivo.

 Los gobiernos necesitan rutas de política económica con objetivos claros que se basen en lo más les importe a sus pueblos y al planeta. El apoyo público para estos negocios debería estar condicionado a que se hagan nuevas inversiones que “aceleren y mejoren” el camino hacia una economía real más verde e incluyente. 

Piénsese en la Ley de CHIPS y Ciencias de Estados Unidos, que se propone impulsar la industria de los semiconductores local. La ley prohíbe el uso de los fondos para la recompra de acciones, y sería fácil de imaginar cláusulas adicionales que exijan que las utilidades futuras se reinviertan en formación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, para ayudar a orientar el crecimiento en la dirección correcta, los gobiernos también deben hacer inversiones orientadas a objetivos en sus propias capacidades, herramientas e instituciones. La externalización de capacidades centrales ha socavado su capacidad de responder a necesidades y demandas cambiantes, en último término reduciendo su potencial de crear un crecimiento y un valor público intencionados en el tiempo. Peor todavía, ya que las capacidades y experticia del sector público se han ido vaciando desde dentro, este se ha vuelto más susceptible para su captura por intereses creados. 

 Solo con las capacidades y competencias correctas los gobiernos podrán conseguir la movilización de recursos y la coordinación de iniciativas con empresas dispuestas a ir hacia esas metas en común. Para una estrategia industrial orientada a una misión se requiere que tanto el sector público como el privado funcionen simbióticamente. Si se hace bien, tal enfoque puede maximizar los beneficios públicos y el valor de largo plazo para las partes involucradas: el crecimiento impulsado por la innovación se convierte en sinónimo de un crecimiento inclusivo. 

 La pregunta que debiéramos estar haciéndonos no es cuánto crecimiento podemos lograr, sino de qué tipo. Para alcanzar una mayor producción económica que, al mismo tiempo, sea inclusiva y sostenible, los gobiernos necesitarán aceptar su potencial de ser creadores de valor y potentes fuerzas que dan forma a la economía. Si reorientamos las organizaciones públicas alrededor de misiones ambiciosas -en lugar de obsesionarnos sobre estrechas metas de crecimiento-, podremos estar a la altura de enfrentar los grandes desafíos del siglo veintiuno y tener la seguridad de que la economía crezca en la dirección correcta."

( Mariana Mazzucato, Profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College de Londres, Project Syndicate, 28/08/23)

8/8/22

Mariana Mazzucato: Construyendo en Colombia una economía orientada a la misión... Es hora de que el gobierno invierta en sí mismo y en una economía orientada por los desafíos... Para hacerlo, Petro debe centrar su atención en tres áreas clave... Primero, el servicio civil necesita nuevas capacidades dentro de las instituciones públicas, para implementar un cambio real (como el Laboratorio de Gobierno en Chile, un laboratorio público de innovación que tiene el mandato de experimentar y fallar)... En segundo lugar, se debe apoyar a los sectores basados en recursos naturales, hacia un enfoque económico que movilice múltiples ministerios, con una concepción de 'todo el gobierno’. Esta estrategia industrial orientada a la misión significa que los sectores de recursos naturales se convierten, a través de su transformación, en insumos para objetivos y desafíos en torno al clima, la salud y la brecha digital... En tercer lugar, tiene que existir un nuevo contrato social entre el gobierno colombiano y los empresarios encaminado a reducir las rentas y aumentar la inversión. Aprovechar instrumentos como subvenciones, préstamos y adquisiciones, y condicionarlos a resultados económicos sostenibles y justos, puede ayudar a dirigir de manera proactiva la economía para enfrentar los desafíos de Colombia

 "La economista Mariana Mazzucato es uno de los principales referentes del presidente Gustavo Petro en esta materia. En exclusiva para CAMBIO, la italiana habla sobre las políticas macroeconómicas que debe implementar el gobierno entrante.

América Latina, como el resto del mundo, enfrenta múltiples crisis: climática, de salud, financiera y, ahora, la crisis del precio de la energía y del costo de vida debido en parte a problemas en la cadena de suministro y en parte a la guerra rusa contra Ucrania. Los síntomas de estas crisis, como siempre, se sienten con mayor fuerza en los sectores más pobres y vulnerables de la población. El cambio necesita un gobierno progresista para fomentar objetivos económicos como el aumento de puestos de trabajo y productividad, y que al mismo tiempo aborde objetivos sociales como la transición del carbono, la disminución de la pobreza y la reducción de la brecha digital.

Es con este espíritu que el recién elegido presidente, Gustavo Petro, tiene una oportunidad de promulgar un verdadero cambio en el país. Impulsar una transformación industrial que promueva una justa transición verde debe estar en el primer renglón de la lista de prioridades. Petro puede utilizar un enfoque de estrategia industrial basado en desafíos para impulsar un cambio en el núcleo del gobierno, invirtiendo en las capacidades del Estado, encontrando nuevas formas de trabajar con el sector privado, e incorporando una agenda audaz y ambiciosa para los próximos cuatro años, y más allá. 

La economía colombiana ya mostraba grietas en sus cimientos desde antes de la pandemia del covid-19. La desigualdad se incrementó notablemente entre 2017 y 2020, y la reducción de la pobreza se reversó: entre 2018 y 2019 más de 660.000 colombianos cayeron en la pobreza. Y la productividad de Colombia está estancada desde el año 2000. Ambas problemáticas deben ser atacadas por la vía de la creación de nuevas formas de riqueza para que sea redistribuida con un enfoque social. Se necesita más inversión empresarial en sectores industriales dinámicos, en lugar de solo enfocarse en la extracción de recursos naturales. Y las rentas se pueden abordar asegurándose de que los rendimientos de la riqueza creada se compartan más ampliamente, en lugar de desviarse a unos pocos actores. Como ha mostrado el trabajo de investigación de Gabriela Palma, ese comportamiento que solo piensa en buscar renta no es exclusivo de América Latina, pero aquí ha habido una mayor propensión a las políticas que concentran los incentivos en torno a la búsqueda de rentas dentro de las grandes empresas multinacionales. 

Estos problemas estructurales ahora se ven agravados por las presiones inflacionarias actuales, que se han convertido en una verdadera crisis del costo de vida: los estimados muestran que en 2022 la tasa de pobreza latinoamericana aumentará a 33 % y la pobreza extrema a 14,5 %, con el impacto adicional de la inflación global de alimentos y combustibles. Los beneficios intermitentes para los productores colombianos que se han traducido en rentas aún más altas, como los precios más altos del petróleo, seguramente serán de corta duración y, en cualquier caso, no beneficiarán a todos en el país sino a unos pocos. Es hora de que el gobierno aproveche esta oportunidad para trazar un camino audaz, invirtiendo en sí mismo y en una economía orientada por los desafíos. 

 Para hacerlo, Petro debe centrar su atención en tres áreas clave. Primero, como muchos países de América Latina, el servicio civil dentro del gobierno colombiano necesita nuevas capacidades dentro de las instituciones públicas, para implementar un cambio real. Cualquiera puede hablar sobre mejores políticas públicas, pero no cualquiera puede implementarlas. Esto requiere al menos capacidad para adaptarse y aprender, para alinear el servicio público con las necesidades de los ciudadanos, para gobernar sistemas de producción resilientes y para gobernar con la data y las plataformas digitales. Un ejemplo interesante es el Laboratorio de Gobierno en Chile, un laboratorio público de innovación que tiene el mandato de experimentar y fallar, cualidades que nunca se imbuyen a los servidores públicos.

 En segundo lugar, el gobierno podría beneficiarse al adoptar una política industrial con una misión clara que le permita abordar sus más grandes desafíos económicos, sociales y ambientales. Es importante destacar que esto significa alejarse de las políticas industriales enfocadas en tecnología del siglo XX que buscaban 'elegir ganadores’. Se debe apoyar a los sectores basados en recursos naturales, hacia un enfoque económico que movilice múltiples ministerios y ámbitos para abordar los mayores desafíos del país de una manera más coordinada y colaborativa con una concepción de 'todo el gobierno’. Esta estrategia industrial orientada a la misión debe fortalecerse con nuevas herramientas e instrumentos de políticas que permitan trabajar de forma diferente con el sector privado y medir su impacto de manera dinámica, incluida, por ejemplo, la presupuestación y las adquisiciones orientadas a los resultados. Significa que los sectores de recursos naturales se convierten, a través de su transformación, en insumos para objetivos y desafíos en torno al clima, la salud y la brecha digital. Ya sea en la minería, el acero o el cemento: reducir su contenido material requiere inversión e innovación que puedan impulsar futuros empleos, habilidades y servicios.

 En tercer lugar, tiene que existir un nuevo contrato social entre el gobierno colombiano y los empresarios encaminado a reducir las rentas y aumentar la inversión. Aprovechar instrumentos como subvenciones, préstamos y adquisiciones, y condicionarlos a resultados económicos sostenibles y justos, puede ayudar a dirigir de manera proactiva la economía para enfrentar los desafíos de Colombia. Por ejemplo, durante la pandemia del covid-19, el gobierno francés condicionó sus rescates financieros a Renault y Air France-KLM a compromisos de reducción de emisiones. Del mismo modo, Francia, Bélgica, Dinamarca y Polonia negaron la ayuda estatal a cualquier empresa domiciliada en un paraíso fiscal designado por la Unión Europea. Reducir las rentas y distribuir la riqueza de manera más equitativa solo se puede hacer a través de mejores "acuerdos" que pongan el interés público en primer lugar.

Petro se enfrenta a un clima político polarizado, lo que hará difícil impulsar sus reformas en el Congreso. Como el primer gobierno progresista de izquierda en la historia de Colombia, tiene la oportunidad de transformar la agenda progresista tanto en la producción y creación de riqueza como en la redistribución. De hecho, en última instancia, no hay nada que redistribuir si no se crea riqueza. Pero de manera similar, si esa riqueza se extrae o se entrega solo a unos pocos, la innovación sufre. Este es el momento de construir un país con una sólida capacidad de gobierno, herramientas dinámicas y orientadas a resultados, y un nuevo contrato social entre los sectores público y privado (lo que he llamado una Economía de la Misión). Un nuevo enfoque de la estrategia industrial y un contrato social renovado es un buen punto de partida."          

(Mariana Mazzucato, Profesora en University College London, Fundadora y directora del UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP; Cambio Colombia, 30/07/22)