España tiene un problema de perfeccionismo legislativo... En España, el legislador es un gran creador de inseguridad jurídica... “Las gestiones de la vida normal se miden en la Administración por años. (…) Se exigen unas condiciones de perfección burocrática (como en Alemania), con una Administración irracional, deficiente, ineficaz, (casi tercermundista en sus resultados); lo que se pide no toma en cuenta, en ningún momento, los medios disponibles.”

 "La selección del personal de las administraciones. Debemos preguntarnos por qué las administraciones se ven obligadas a recurrir a la contratación temporal. "

 "Dice el arquitecto Juan Enrique de Balbín Behrmann, refiriéndose a la legislación urbanística pero que es extensible a todos los ámbitos del sector público: 

“Las gestiones de la vida normal se miden en la Administración por años. (…) Se exigen unas condiciones de perfección burocrática (como en Alemania), con una Administración irracional, deficiente, ineficaz, (casi tercermundista en sus resultados); lo que se pide no toma en cuenta, en ningún momento, los medios disponibles.”

El 14 de enero de 2020, empleados públicos interinos e indefinidos no fijos de plantilla se manifestaron para exigir la fijeza ante el abuso de la temporalidad por las administraciones públicas.

Las interinidades –en sus distintas modalidades– son una plaga bíblica en la administración pública española, en particular en la administración local. Su mayor síntoma es un oxímoron de construcción judicial: “Personal laboral indefinido no fijo de plantilla”.

Pero ¿por qué ocurre esto de manera sistemática desde hace al menos 40 años?

 No es un problema de gestión sino de legislación. Las dificultades de gestión, de exceso de burocracia, provienen de la legislación, y de su interpretación maximalista.  Sin embargo, el legislador, el Parlamento, el órgano de representación popular por excelencia no suele ser objeto de la crítica. Dispone siempre de la mayoría. ¿Cómo se va a equivocar la mayoría?

La legislación aplicable es, esencialmente, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores. Este último, que se aplica a todos los empleados públicos que no son funcionarios, y la jurisdicción social que lo interpreta, ignora de manera absoluta la realidad de la administración. El primero, lleva trece años sin desarrollarse, así que, en la práctica, el sistema de función pública vigente es casi el mismo que diseñó la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública de… ¡1984!

Debemos preguntarnos por qué las administraciones se ven obligadas a recurrir a la contratación temporal. Por varias razones que se resumen en su objetivo principal: hay que prestar los servicios públicos; ¡y cuanto antes! Esta es la demanda de los ciudadanos, que los políticos transmiten a los funcionarios insistentemente. 

Contratar de manera indefinida o nombrar nuevos funcionarios de carrera es una misión imposible cuya dificultad, además, se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. 

Primero hay que aprobar una relación de puestos de trabajo. Se debe negociar con los representantes de personal para que no sea anulada por los tribunales de justicia. Unos tres años de trámites es un buen tiempo. 

Además, hay que cumplir la tasa de reposición. La tasa de reposición es un concepto ya antiguo, mi memoria alcanza sólo hasta los primeros años 2000, pero que se radicalizó en su redacción a partir de la crisis de 2008. Significa que solo se puede contratar (o nombrar funcionario) al mismo número de trabajadores fijos (y esto es importante) que se hayan jubilado el año anterior. 

La tasa de reposición para el año 2021 es del 110 %. Es decir, para que se pueda contratar a un funcionario más de los que ya existen es necesario que haya al menos 10 vacantes el año anterior. Créanme, hacen falta muchos habitantes en el municipio para que eso ocurra cada año. 

En el año 2012 la tasa de reposición fue 0, en los siguientes fue del 50 % y sólo en los últimos tres años fue superior al 100 %. 

A pesar de tasas de reposición tan estrictas, los colegios han seguido funcionando, la sanidad curando y los policías locales dirigiendo el tráfico. ¿Cómo? Con funcionarios interinos y personal laboral temporal: no había otra forma para no cerrar. 

Después hay que aprobar una oferta de empleo público (OEP). Pero este documento no se aprueba un año antes de las jubilaciones previstas, para que a un funcionario de carrera le suceda otro. Se aprueba en el ejercicio siguiente a que el jubilado se haya ido a descansar a su casa. ¿Para qué sirve la OEP? Reconozco que en 15 años no he conseguido descubrirlo. En teoría para dos cosas:  para controlar presupuestariamente que no se ofrecen más plazas que las que se pueden pagar y para dar publicidad de las plazas que se convocarán (pero… a la convocatoria también se le dará publicidad unos meses después).

La OEP también hay que negociarla con los representantes de los trabajadores, a pesar de que no guarda ninguna relación con sus condiciones de trabajo. Es un documento puramente organizativo.

 En las últimas décadas ha habido dos procesos de consolidación de interinos. En 2007-2011 y desde 2018 hasta el 31 de diciembre de este año. El primero fracasó. Y el segundo… no está teniendo mucho éxito. A pesar de que la Ley prevé expresamente que se les puntúe la experiencia acumulada, cuando la OEP llega a la mesa de negociación cargadita con las plazas de interinos (con 20 o más años de antigüedad) los representantes, de los mismos sindicatos que a nivel nacional obligaron al legislador a introducir el proceso de consolidación, lo sabotean. Y esas plazas nunca llegan a convocarse.  Es normal. Es humanamente comprensible que esto pase. El deseo del legislador, una vez más, no tiene en cuenta la realidad.

Una vez que se haya publicado oficialmente la OEP todavía hay que aprobar la convocatoria: las bases de la oposición. Ya no hay que negociarla con los sindicatos, pero es habitual que se recurra ante los tribunales, dando lugar a un nuevo retraso. 

Las pruebas de la oposición llevarán un año más.  Estos cuatro años de trámites no suponen un valor añadido de un proceso de selección de interinos tramitado en tres meses. En ambos casos, el resultado puede ser un trabajador negligente, normal o excelente. El sistema de selección no asegura el mérito y capacidad, que se hace depender de la suerte, sólo lo aparenta. 

¿Quién ha estado ocupando la plaza esos tres años? Un interino. Que ante el cese se revuelve. Y al que los tribunales a veces le dan la razón. Tantas veces le dan la razón que en la ley de presupuestos de este año han tenido que regularlo expresamente para que deje de ocurrir. En cambio, seleccionar un interino apenas consume tres meses.

¿Por qué existe la tasa de reposición? En principio sirve para impedir el incremento de gasto de personal en las administraciones (que tienen un 30 % menos de empleados públicos por habitante que Francia o Portugal, la mitad que Finlandia). A partir de 2012 se radicalizó para aparentar ante la UE que España era un estado fiable como para ser rescatado. Y sirve también para convertir ese gasto de personal en contratos administrativos que ingresan empresas privadas. En ese proceso ese gasto de personal sufre un incremento del 6 por ciento de beneficio del contratista, del 13 por ciento para cubrir sus gastos generales y del 21 por ciento del IVA. 

Sería fácil, entonces, convertir todas las necesidades de personal en contratos administrativos. Pues no, porque la Ley de Contratos (es decir el Congreso de los Diputados) lo prohíbe expresamente: Es necesario que el servicio que se licita tenga un contenido objetivo distinto de la mera contratación de personal.

¿En los años duros del rescate, en los que la tasa de reposición era 0, disminuyó el gasto de personal? No. Se cubrió con interinos. Los mismos que exigen ahora su fijeza, que se mezclan con los que todavía provienen de los años 90 y los 2000. Se trataba de aparentar ante Europa que se controlaban los gastos de personal no de hacerlo realmente. En otro caso, habría que haber cerrado colegios, hospitales y ayuntamientos enteros. 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas (y a veces el Gobierno de la nación) están diseñando continuamente políticas que exigen contratar personal. Pero como el ‘Padrino’, no se manchan las manos. Sueltan la pasta y ya se ocupará el sicario (el Ayuntamiento) de hacer malabarismos. Por si fueran poco las limitaciones de la tasa de reposición, la financiación de estas políticas sólo está garantizada anualmente lo que presiona a favor de la temporalidad del personal. Algunas de estas políticas no son cuestiones menores: los servicios sociales municipales; la ayuda a domicilio; las escuelas infantiles; los agentes de desarrollo local; los normalizadores lingüísticos; etc.

Lo único que se ha intentado para limitar el recurso a los interinos es prohibirlo. Prohibir la realidad. Hay una Disposición Adicional en la Ley de Presupuestos para 2018 –que no ha sido derogada en la de este año– que establece la responsabilidad de la autoridad que formalice un contrato laboral temporal de manera indebida. Todavía no ha ocurrido, pero es posible que veamos a algún alcalde o algún funcionario imputado por prevaricación por intentar cuadrar el círculo:  contratar a un profesor de una escuela infantil para que esta siga funcionando.

Por tanto, afirmar que las administraciones abusan de la temporalidad en la contratación de personal es una perspectiva muy simplista. En realidad, en España, existe un verdadero vía crucis legislativo y burocrático que dificulta prestar los servicios públicos con eficacia. Estos inconvenientes son cada vez mas evidentes y salen a la superficie con cada dificultad que la realidad nos brinda: la pandemia, la nevada, el ingreso mínimo vital, la gestión de los fondos europeos, etc.

Por concluir esta parte, la demanda de los interinos de que se les haga fijos sin pasar una prueba abierta a la participación de cualquier ciudadano exige la reforma de la Constitución pues el Tribunal Constitucional ya ha resuelto sobre su inconstitucionalidad.

¿Qué se puede hacer para que la selección del personal de las administraciones vuelva a funcionar y desaparezcan los interinos como síntoma estructural?

En primer lugar, hay que tener seleccionados a los empleados públicos antes de que se produzcan las necesidades de personal. En la Comisión Europea se utilizan unas listas de personas que han superado las oposiciones. Estas listas tienen una determinada vigencia, normalmente dos años. Se recurre a esas listas para cubrir los puestos vacantes.

En segundo lugar, hay que abandonar la demagogia de la tasa de reposición. Hay que regular otros sistemas que limiten el incremento de los gastos de personal, por ejemplo, refiriéndose a un porcentaje del presupuesto de cada administración.

En tercer lugar, hay que prohibir delegaciones de competencias encubiertas de las comunidades autónomas a los Ayuntamientos.

Finalmente, un cierto grado de temporalidad será siempre necesaria y debe ser regulada adecuadamente por el legislador: las políticas activas de empleo, las brigadas veraniegas de extinción de incendios o las bajas por enfermedad."           

(Anxelo Estévez Torres, CTXT, 30/01/2021)
 

 "El 25 de enero de 2021 Iñaki Gabilondo dijo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER: 

“Hay muchas señales que indican que tenemos problemas de estructura. (…) Se oye que los bomberos no pueden salir porque no tienen cadenas para las ruedas; que el problema de la vacunación se agrava porque no teníamos las jeringuillas necesarias. Tenemos un problema que tenemos que reconocer: ¡España no funciona! (…) España es un Estado moderno, pero tiene problemas de estructura, engranajes que no engarzan bien, problemas de desajustes claros, desorden, y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos. En los hechos estamos fallando, pero parece que no importa con tal de que luego tengamos palabras. Parece que la política se ha convertido en el oficio para explicar por qué no se pueden hacer las cosas.”

En el primero de los artículos de esta serie expusimos la tesis de que España tiene un problema de perfeccionismo legislativo. Se cree que exigiendo en la ley que la Administración sea perfecta esta lo será. Pero lleva sin ocurrir más de un siglo. La Administración española es pequeña y tiene pocos medios. Mas de un siglo de perfeccionismo legislativo no ha arreglado el problema de la corrupción. El instrumento utilizado no es el adecuado. Pero este mecanismo sí ha provocado otro problema: el Estado es ineficaz.

En 2017 se aprobó una nueva Ley de Contratos públicos¹ con un amplio consenso. Es la ley que transpone la nueva directiva europea de contratación administrativa.

 La directiva sólo es un marco común para asegurar un mercado único de la contratación administrativa. Y sólo es obligatoria a partir de unos umbrales. Por encima de 200.000 euros, grosso modo, para los contratos de servicios y suministros, y de los 5 millones de euros, para los contratos de obras.

La directiva se transpuso de manera maximalista. No se aprovecharon las oportunidades de simplificación que ofrece la norma europea ni se flexibilizaron los contratos de cuantía inferior a los umbrales citados. España es un país del sur, pero legisla como si dispusiera de los medios de los países del norte de Europa.

En los años anteriores se identificaron dos procedimientos como un “coladero” de corrupción: los contratos menores (los de cuantía inferior a 15.000 euros) y el procedimiento negociado. Era una corrupción menor, si se me permite. La verdadera corrupción, como recientemente hemos asimilado, se hizo a lo grande.

Pero eran dos procedimientos muy eficaces y ágiles. El primero permitía atender de manera inmediata, sin burocracia, los pequeños gastos del día a día (ej. comprar las cadenas para las ruedas de los camiones de bomberos). El segundo posibilitaba la negociación con los licitadores para concretar las características de un producto o servicio del que la Administración no tenía a priori la información suficiente. Era, de alguna manera, como el proceso de búsqueda del mejor producto que hacemos en nuestra vida privada.

A partir de 2018 el procedimiento negociado está, en la práctica, prohibido. Mientras que el contrato menor se ha convertido en un procedimiento farragoso lleno de papeles y de regulación imprecisa. Al inicio de la vigencia de la Ley, las Juntas Consultivas de Contratación de distintas Comunidades Autónomas nos confundieron con interpretaciones completamente divergentes. En España, el legislador es un gran creador de inseguridad jurídica.

 El principal objetivo de la nueva Ley de Contratos es presionar para que la máxima cantidad de gasto público se licite a través del procedimiento abierto. Es decir, una licitación a la que se le da publicidad, a la que se puede presentar cualquier empresario y que se adjudica atendiendo a criterios objetivos.

Sin embargo, en lugar de poner medios para llegar a ese resultado, el proceso se ha llenado de dificultades. Los medios humanos y materiales dedicados a la contratación administrativa son los mismos que los que se empleaban para anteriores leyes menos exigentes.

La contratación menor –que sigue existiendo, a pesar de ser denostada, porque de otro modo no funcionaría nada– consume muchos más recursos que antes. Lo que habitualmente solo llevaba un “papel”, la factura, ahora es un expediente formal –electrónico– que integra al menos cuatro informes y puede llegar a requerir la firma de cinco personas. Recursos que no pueden ser dedicados a incrementar la contratación por procedimiento abierto.

En ese afán de perfeccionismo también se ha dificultado la propia contratación abierta. Además de los documentos reguladores del contrato –los conocidos como “pliegos”– ahora se exige uno nuevo llamado memoria justificativa. Para los ideólogos de esta ley, este documento es “imprescindible”. Esta memoria es un documento trabajoso donde debe argumentarse cuáles de los criterios de adjudicación que esboza la ley se van a utilizar y, lo más complicado de todo, en el que debe justificarse que el precio de licitación es un precio de mercado desglosando todos los costes del contrato. En la práctica, se producen sesudos estudios de mercado de varias decenas de páginas o se utilizan otros métodos, indirectos, que no dejan de ser la conversión pícara de la exigencia idealista de la ley a la realidad precaria de la administración española.

El tiempo de redacción de esta documentación preparatoria se ha duplicado respecto de la anterior legislación.

Otro de los objetivos de la ley, es facilitar el acceso de las pymes a la contratación administrativa. Objetivo muy loable pero que quizás habría que haber moderado. Para ello el legislador exige que todos los contratos se liciten por lotes. Un lote es una subdivisión del objeto del contrato, de modo que varias empresas puedan ser adjudicatarias simultáneamente. Pero no le ha fijado ningún tamaño mínimo o máximo a esos lotes de manera que se produce el disparate de que contratos de escasa cuantía, perfectamente accesibles para una pyme, también se tengan que licitar por lotes. Cada lote en que se divide un contrato duplica la complejidad de su tramitación.

Uno de los aciertos de la ley es imponer la licitación electrónica como obligatoria. Esta se realiza a través de la plataforma de contratación del sector público. Pero no se ha invertido suficiente dinero en ella y tiene asignado poco personal. El resultado es una aplicación web farragosa y lenta en sus tiempos de carga. Acusa la saturación conforme va avanzando la mañana. Se cuelga no pocas veces y tiene un diseño rígido que no facilita la gestión. Aporta muy poco en términos de automatización: en realidad es un formulario extremadamente riguroso en el que hay que volver a “picar” toda la información que ya figura en los pliegos de la contratación. En esta fase de la licitación se vuelve a duplicar el tiempo de trabajo requerido.

 También hay funcionarios, en cada administración, que se pasan meses rellenando estadísticas para el registro de contratos del Ministerio de Hacienda y para el Tribunal de Cuentas triplicando la información que ya consta en la Plataforma de Contratación por falta de conexión entre ellas, a pesar de que la Ley lo prevé. 

La contratación administrativa representa el 20 % del PIB, alrededor de 200.000 millones de euros, ¿sería razonable invertir 2.000 millones, un 1% de esa cantidad, en una herramienta informática verdaderamente revolucionaria? Por comparación, el presupuesto total de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del que la plataforma de contratación es sólo una de sus actividades, es de “únicamente” 182 millones de euros.

Los defensores de esta Ley han promovido los “sistemas de racionalización de la contratación” como alternativa al recurso desmesurado a los contratos menores. Son los conocidos acuerdos-marco pero generan mucha burocracia, tanto en la primera adjudicación como en los contratos derivados, y su eficacia es bastante discutible. La tramitación de uno de estos acuerdos-marco puede alargarse un año y medio sin demasiado problema.

Otro de los aciertos de la Ley, que ya venía de los últimos años de la anterior legislación, es el recurso administrativo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en algunas autonomías hay un Tribunal propio). Permite que en unos tres meses se resuelva de manera ágil cualquier tipo de conflicto alrededor de la licitación. Pero han surgido dos efectos indeseados. Su carácter gratuito está produciendo que en casi cualquier contrato haya algún licitador que lo interponga, con razón o sin ella, generando la saturación del TACRC y el alargamiento de la licitación. Por otro lado, la Administración tiene un incentivo muy alto para no recurrir la resolución del Tribunal Administrativo contraria a sus intereses ante la jurisdicción contencioso-administrativa: el contrato quedaría paralizado durante años. 

Esto ha producido que se hayan consolidado interpretaciones del TACRC que son contrarias a la literalidad de la ley. Uno de los objetivos de la Ley de Contratos es que entre los criterios de adjudicación no se recurra únicamente al precio. Se fomenta el establecimiento de criterios medioambientales y sociales, como por ejemplo “la mejora de las condiciones laborales y salariales” (cito literalmente a la Ley). Pues bien, este tribunal administrativo anula sistemáticamente los pliegos que valoran el aumento del salario del personal adscrito al contrato aduciendo que es una cuestión que no está relacionada directamente con su objeto.

En las últimas dos décadas se ha acelerado la inflación de órganos que emiten doctrina. A los seculares Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas se han unido sus homólogos autonómicos, las múltiples juntas consultivas de contratación, los tribunales administrativos de contratación, las intervenciones generales. Y finalmente, la OIRESCON. Detrás de este raro acrónimo está la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

 Todos estos órganos, con la ayuda del legislador, parecen competir en la construcción del discurso burocrático más alejado del principio de eficacia que, conforme el artículo 103 de la Constitución, rige la actuación de la Administración.

Vamos a poner un ejemplo. Debido a la saturación que sufren los servicios de los órganos de contratación y a que se puede alargar de manera imprevisible el procedimiento de licitación puede ocurrir que al término del plazo de un contrato todavía no esté adjudicado el siguiente. Para no perjudicar la prestación de servicios públicos, el anterior empresario continúa con la ejecución del contrato, aunque no sea conforme a la Ley. Una vez que se adjudica el nuevo contrato, la ilegalidad desaparece.

Pero para pagar al empresario las facturas de los meses en que se alargó indebidamente su contrato hay que hacer un expediente administrativo. El Consejo de Estado dictaminó hace 25 años que para ello debía de utilizarse el procedimiento más sencillo posible. Es un problema que llevaba resuelto ¡25 años! En cambio, recientemente se ha impuesto el criterio legislativo y de esa pléyade de órganos doctrinarios de que lo “perfecto” es utilizar el procedimiento de revisión de oficio, que consume recursos del órgano de contratación que podían ser utilizados para la licitación de nuevos contratos, que dura unos seis meses y que demora el pago de las facturas al contratista que de buena fe no interrumpió la prestación de un servicio público. Así figura en el último informe de la OIRESCON.

El último problema es la sanción que pueden recibir los funcionarios y autoridades para el caso de que cometan una infracción de la normativa que hemos sintetizado. La sanción que recibe un funcionario que utilice indebidamente el procedimiento de contrato menor será la misma independientemente de que su objetivo sea que continúe la prestación de un servicio público o la corrupción: el delito de prevaricación administrativa. Conlleva una pena muy dura: inhabilitación por 7 años y pérdida de la condición de funcionario. No hay nada intermedio. No hay una sanción de 200 euros por saltarse el límite de velocidad. Una sanción tan dura produce dos efectos: la paralización de la mayoría y que sólo actúen los más osados.

 En 2009, el Plan E distribuyó 8.000 millones entre los ayuntamientos porque se consideró que serían las únicas administraciones capaces de gestionarlos y ejecutarlos en apenas nueve meses. En muchos casos, representó cuadruplicar el importe de la inversión anual de cada municipio. Con la legislación actual, conseguir esa eficacia ya no sería posible.

 Ahora España se enfrenta al reto de gestionar una cantidad de fondos europeos diez veces mayor. Las medidas que introduce el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son tímidas y decepcionantes. Prácticamente todo se fía a declaraciones de urgencia y reducciones de plazos en la emisión de informes y en la tramitación de los procedimientos de licitación. Si tenemos en cuenta que en la actualidad los plazos ordinarios ya no se pueden cumplir ¿cómo se van a reducir a la mitad por mucho que la ley lo ordene? No se afrontan las dificultades estructurales relatadas en este artículo ni se simplifica, más que cosméticamente, la preparación de los contratos. Debemos felicitarnos por la moderada potenciación del que conocemos como procedimiento supersimplificado que, sin embargo, sigue prohibido para la contratación de proyectos técnicos –paso previo a iniciar cualquier licitación de obras– por la presión de los colegios de arquitectos e ingenieros.

¿Qué se puede hacer para que España vuelva a funcionar en materia de contratación administrativa?

En primer lugar, debe reservarse el perfeccionismo para los grandes contratos, facilitando de manera radical la preparación de la documentación reguladora de la mayoría de las licitaciones y aprovechando las opciones de simplificación que ofrece la directiva europea.

En segundo lugar, debe asumirse por el legislador que el contrato menor, incluso de duración plurianual, es imprescindible para el funcionamiento de la administración, sin perjuicio de que se mantenga la publicación de la adjudicación.

En tercer lugar, es necesario realizar una fuerte inversión en la plataforma de contratación electrónica de manera que automatice la redacción de los pliegos y reduzca la participación manual de los funcionarios.

Finalmente, el legislador y los órganos que emiten doctrina en el sector público deben tener especialmente presente que uno de los principios constitucionales que rigen el funcionamiento de la administración es el de eficacia."           (Anxelo Estévez Torres, CTXT, 8/02/2021)

Administración digital secuestrada. Las tecnologías emergentes aportan mejoras en la gestión, pero no hay nada que marche bien en nuestro modelo de función pública. El gran secuestro de nuestra Administración digital se deriva de la falta de modernización de las estructuras administrativas y de su modelo de gestión de recursos humanos. Las administraciones públicas del país son relativamente modernas a nivel tecnológico, pero absolutamente anticuadas en sus modelos de gestión

 "La crisis de la covid 19 ha supuesto una exigente prueba de estrés para las administraciones públicas. A día de hoy, la sensación de buena parte de la sociedad es de fracaso ante este examen: los expedientes de regulación temporal de empleo están atascados y un buen número de trabajadores están sufriendo demoras en los pagos, colas de ciudadanos desesperados ante un buen número de oficinas públicas, insolvencia para gestionar los fondos europeos, incapacidad para confeccionar equipos de rastreadores a tiempo para controlar los rebrotes víricos, etcétera. 

 Ante esta situación, la primera hipótesis que maneja la opinión pública es que las administraciones son muy precarias a nivel tecnológico y poseen empleados públicos escasamente preparados para gestionar una Administración digital. 

Pero esta percepción no se corresponde con la realidad, ya que la Administración pública de España está bien dotada y preparada a nivel tecnológico: en los indicadores internacionales del año en curso España ocupa la posición decimoséptima a nivel mundial y décima de la Unión Europa. Los informes internacionales sitúan el avance y madurez de la Administración digital del país por delante de países como Alemania, Francia e Italia. Una muestra de este elevado nivel tecnológico es que nuestras administraciones transitaron de manera fluida, de un día para otro, de la gestión presencial a la gestión digital.

¿Entonces qué ha fallado? El primer indicio concreto y operativo de una Administración digital, pero secuestrada es que hemos sido capaces de implantar la Administración electrónica a nivel interno, pero con grandes carencias de interacción fluida con la ciudadanía. Hacer trámites digitales y a distancia con la Administración es excesivamente complejo: necesidad de un documento electrónico que exige trámites previos, incompatibilidad con los navegadores, plataformas que fallan en muchas ocasiones, etcétera. 

El resultado es un sistema poco amable que invita a los ciudadanos a insistir en la interacción presencial. Nada que ver con los sistemas sencillos de reconocimiento facial o mediante un pin para acceder, por ejemplo, a los trámites bancarios.

Pero el gran secuestro de nuestra Administración digital se deriva de la falta de modernización de las estructuras administrativas y de su modelo de gestión de recursos humanos. Las administraciones públicas del país son relativamente modernas a nivel tecnológico, pero absolutamente anticuadas en sus modelos de gestión. Una de las grandes asignaturas pendientes del actual periodo democrático es la ausencia de una auténtica reforma de la Administración pública. Las tecnologías emergentes aportan mejoras evidentes en la gestión, pero son solo un instrumento que si no va acompañado de otras medidas más estructurales es incapaz por sí mismo de renovar y ampliar el rendimiento institucional y el valor social de las instituciones públicas.

El modelo organizativo público es arcaico y disfuncional y vive de espaldas a las necesidades sociales contemporáneas. La mayoría de los empleados públicos están bien preparados y han realizado un ingente esfuerzo de reciclaje en digitalización, pero se enfrentan a murallas administrativas castrantes e infranqueables. Las administraciones públicas están artificialmente fragmentadas en unidades administrativas que operan con lógicas feudales sin apenas capacidad de compartir y cooperar entre ellas, siguiendo dinámicas autistas que no son las más adecuadas para enfrentarse a crisis transversales e integrales como la de la covid-19. 

Persiste una burocracia excesivamente compleja que ni los más experimentados burócratas son capaces de domeñar. Se gestionan los servicios y las políticas públicas sin directivos profesionales con las competencias necesarias. Los funcionarios que ejercen funciones directivas no poseen objetivos claros, ni autonomía de gestión, ni son evaluados, y no se sienten empoderados, ya que suelen ocupar puestos de libre designación totalmente controlados por una política partidista intrusiva que suele manifestarse de manera incómoda en arbitrariedad y en las más diversas filias y fobias de carácter político y personal.

Pero el más evidente secuestro de nuestra Administración digital, aparentemente moderna y competitiva, viene de la mano del arcaico y disfuncional sistema de gestión del empleo público. No hay nada que funcione bien en nuestro modelo de función pública: sistemas de selección que cuando son meritocráticos pivotan, en exclusiva, en las capacidades memorísticas de los candidatos a empleados públicos. Es imposible atraer al nuevo talento que se requiere con estos sistemas de acceso. Cada vez es más usual que los jóvenes universitarios bien preparados y dinámicos descarten de plano aspirar al empleo público.

 A nivel interno, el modelo de función pública es totalmente disfuncional: fragmentación artificial en grupos y cuerpos que no atiende a la nueva organización del trabajo, falta de incentivos ante la ausencia de una auténtica carrera administrativa, carencia de una evaluación del desempeño o de un régimen disciplinario digno de su nombre. Esta ausencia de un modelo ordenado y moderno es el caldo de cultivo idóneo para que las fuerzas reaccionarias dominen a su antojo a la Administración: políticos que manosean de manera caprichosa los puestos directivos, sindicatos con escasa sensibilidad de valor público que luchan por privilegios y por fruslerías, lógicas corporativas centrífugas que campan a sus anchas y, en los casos de desacuerdo, una judicatura conservadora y corporativa que vigila con mano de hierro que no pueda prosperar ninguna iniciativa regeneradora.

Por otra parte, persiste la intuición social de que hay un exceso de empleados públicos. En España hay 3,3 millones. Pero los datos comparados a nivel internacional desmienten esta sensación. El problema no es de exceso de personal, sino de la rigidez con la que éste opera. Es totalmente inconcebible que entre todas las administraciones públicas del país no hayan sido capaces de lograr aflorar en seis meses tres decenas de miles de rastreadores para controlar los rebrotes. Movilizar un escaso 1% de empleados públicos no debería ser una tarea imposible y es una viva muestra de las pésimas condiciones de estructura y de gestión de personal antes relatadas.

Por tanto, la crisis de la covid-19 y los enormes retos que tendrán que enfrentar las administraciones públicas durante la próxima década se encuentran con la paradoja de una Administración pública bastante bien dotada a nivel tecnológico, pero anoréxica en función de un moderno sistema de gestión pública. La presente década va a ser crucial para nuestras administraciones públicas, y si no superamos esta prueba con éxito experimentaremos la decadencia absoluta de las mismas justo cuando son más necesarias ante un contexto tecnológico y económico que generará nuevas y más intensas vulnerabilidades sociales.

Hace unas semanas el Gobierno de la nación anunció una reforma de la Administración pública. Sin duda estamos ante el momento más adecuado para que logremos gestionar en buenas condiciones la poscrisis sanitaria, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el relevo intergeneracional de una Administración muy envejecida (se van a jubilar un millón de empleados públicos en los próximos 10 años) y para introducir de forma proactiva la inteligencia artificial y la robótica en el sector público. 

Esperemos que esta vez el anuncio de reforma vaya en serio y no sea, como en otras ocasiones, una impostura que se limite a tunear a la Administración sin transformar los engranajes internos más críticos que impiden una Administración dinámica, flexible, con capacidad de gestión del conocimiento y de lograr emerger la enorme inteligencia colectiva que atesoran los empleados públicos."                  

(Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra. El País, 24/11/20)

Los socialistas criticamos el gasto improductivo y, más en general, cuestionamos a la burocracia del Estado

 "Días atrás, en una charla para alumnos de la Universidad Nacional de La Pampa, hice referencia a una crítica de Marx al gasto fiscal, a fin de mostrar que los socialistas criticamos el gasto improductivo y, más en general, cuestionamos a la burocracia del Estado. En esta nota amplío el tema. Me mueve a hacerlo el hecho de que la mayoría de la izquierda ha abandonado esta crítica. 

Una posible razón de ello es la influencia de la ideología del nacionalismo burgués. Es que, según este, la contradicción central de la sociedad hoy está planteada en términos Estado y mercado, de manera que todo lo que engorde al Estado favorecería la lucha por “domar a los mercados”.

Naturalmente, el punto de partida del marxismo es diferente: la contradicción que atraviesa a la sociedad contemporánea no es entre el Estado y el mercado, sino entre el capital y el trabajo, siendo el Estado parte del polo capital. O sea, por encima de tensiones y hasta conflictos que pueda tener con los capitales privados, el Estado es capitalista.

 Por eso, la burocracia – ese gigantesco cuerpo de funcionarios – que conforma, junto a los organismos de represión y control, la estructura fundamental del Estado, es capitalista. Más en particular, la burocracia, y los organismos represivos, viven de los impuestos, que es valor generado por el trabajo impago de los obreros productivos. La crítica marxista de la burocracia es entonces parte fundamental de la crítica al dominio del capital.

La crítica de Marx

A fin de recuperar esta tradición crítica, que ha sido ahogada por infinitas capas de estatismo burgués, reproduzco el pasaje de Marx al que aludí en la charla. Pertenece a Las luchas de clases en Francia (edición Claridad, Buenos Aires, 1973).

Señala primero que en Francia “la fortuna pública” caía en manos de la alta finanza, debido al creciente endeudamiento del Estado, y plantea que ese endeudamiento tenía por causa continuo exceso de los gastos por sobre los ingresos. Escribe luego:

“Para escapar a este endeudamiento es preciso que el Estado limite sus gastos, es decir, simplifique y reduzca el organismo gubernamental, gobierne lo menos posible, que emplee el menor personal posible, que se ponga lo menos posible en relación con la sociedad burguesa”. Poco más abajo explica que, además de reducir los gastos y evitar las deudas, era necesario “pesar sobre los hombros de las clases más ricas  contribuciones extraordinarias”.

Sin embargo, hacer pesar esas contribuciones sobre las clases más ricas implicaba afectar los intereses de esa misma clase dominante. Por eso Marx se pregunta: “¿Para sustraer la riqueza nacional a la explotación de la Bolsa, el partido del orden debía sacrificar su propia fortuna en el altar de la patria? ¡Pas si bête! (no tan estúpido). Por lo tanto, sin subversión completa del Estado francés, no es posible la subversión del presupuesto público francés” (p. 120; énfasis añadido). Subrayo: la crítica a la estructura burocrática y a la maraña gasto – deuda pública – negociados, enlaza con el llamado a la “subversión completa” del Estado francés. Un planteo bastante más radical que la típica reforma impositiva “progre” con que se suelen entretener los partidos pequeñoburgueses.

Pero todavía más tajante es la crítica a la burocracia estatal contenida en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte (aquí). Luego de referirse a la burocracia “omnipotente e inmutable”, Marx escribe: “Los impuestos son la fuente de vida de la burocracia, del ejército, de los curas y de la corte; en una palabra, de todo el aparato del poder ejecutivo. Un gobierno fuerte e impuestos elevados son cosas idénticas. La propiedad parcelaria (se refiere a las parcelas campesinas) se presta por naturaleza para servir de base a una burocracia omnipotente e innumerable”. Y en otro pasaje:

“Se comprende inmediatamente que en un país como Francia, donde el poder ejecutivo dispone de un ejército de funcionarios de más de medio millón de individuos y tiene por tanto constantemente bajo su dependencia más incondicional a una masa inmensa de intereses y existencias, donde el Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil, desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia hasta la existencia privada de los individuos, donde este cuerpo parasitario adquiere, por medio de una centralización extraordinaria, una ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad acelerada de movimientos y una elasticidad que sólo encuentran correspondencia en la dependencia desamparada, en el carácter caóticamente informe del auténtico cuerpo social, se comprende que en un país semejante, al perder la posibilidad de disponer de los puestos ministeriales, la Asamblea Nacional perdía toda influencia efectiva, si al mismo tiempo no simplificaba la administración del Estado, no reducía todo lo posible el ejército de funcionarios y finalmente no dejaba a la sociedad civil y a la opinión pública crearse sus órganos propios, independientes del poder del Gobierno.

Pero, el interés material de la burguesía francesa está precisamente entretejido del modo más íntimo con la conservación de esa extensa y muy ramificada maquinaria del Estado. Coloca aquí a su población sobrante y completa en forma de sueldos del Estado lo que no puede embolsarse en forma de beneficios, intereses, rentas y honorarios. De otra parte, su interés político la obligaba a aumentar diariamente la represión, y por tanto los recursos y el personal del poder del Estado, a la par que se veía obligada a sostener una guerra ininterrumpida contra la opinión pública y mutilar y paralizar recelosamente los órganos independientes de movimiento de la sociedad, allí donde no conseguía amputarlos por completo”.

Observemos que de lo anterior se desprende una propuesta de programa democrático: simplificar la administración del Estado; reducir todo lo posible el ejército de funcionarios; dejar que la sociedad civil y la opinión pública generen sus órganos propios, independientes del poder del Gobierno. Programa que, de alguna manera, Marx consideró luego que cumplió la Comuna de París. En La guerra civil en Francia escribió: “La Comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas, que es un ‘Gobierno barato’, al destruir las dos grandes fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del Estado” (p. 68; edición Fundación Federico Engels). Enfatizamos: gobierno barato, un anhelo democrático elemental (al pasar, ¿por qué diablos la izquierda hoy ha cedido esta bandera a la ultraderecha?).

Agreguemos que Marx consideraba que la Economía Política, en su período clásico, había cumplido un rol progresivo en la crítica a la maquinaria estatal. En este respecto, fue muy importante la distinción entre trabajo productivo e improductivo, realizada por Adam Smith. Según Smith, los funcionarios estatales, los militares, sacerdotes, jueces, y similares, participaban del consumo como parásitos de los trabajadores productivos (que generan plusvalía). Pero posteriormente esa crítica fue abandonada por los ideólogos burgueses. En Teorías de la plusvalía Marx explica ese giro: “En su período clásico, la Economía Política adoptó una muy crítica actitud respecto de la maquinaria del Estado. En una etapa posterior se dio cuenta y –como además aprendió en la práctica – aprendió por la experiencia que la necesidad de la combinación social heredada de todas estas clases, que en parte eran por completo improductivas, surgía de su organización misma” (p. 148, t. 1, edición Cartago).

Precisemos que la crítica de Marx es a la burocracia, a esa red de funcionarios que parasitan y sacan provecho de sus cargos en el Estado, ejerciendo, además, tareas de control y/o represión de las masas trabajadoras. No es una crítica a los trabajadores del Estado que, a cambio de un salario (que muchas veces no alcanza siquiera para reproducir la fuerza de trabajo) contribuyen a la producción y reproducción de lo que puede llamarse capital constante “social” (por caso, obreros estatales dedicados a la obra pública); o a la preparación y conservación de la fuerza de trabajo (trabajadores de la educación o de la salud). Estos trabajadores, aunque no generen plusvalía, son explotados por el capital y su Estado.

Burocracia estatal y corrupción de dirigentes 

Lo explicado en el apartado anterior debemos actualizarlo destacando la manera en que el moderno aparato estatal burocrático se ha convertido en un factor de cooptación, corrupción, división y desorganización de movimientos sociales o partidos de tipo izquierdista. En Argentina, por lo menos, es algo muy común (pero compañeros brasileños me dicen que en su país ocurre algo similar, en especial con cuadros del PT). 

Se trata de centenares o incluso miles de dirigentes y activistas, que obtienen puestos – la imaginación para inventar cargos es inagotable – en ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, a los niveles nacional, provinciales o municipales, más infinidad de  organismos de tipo autonómico. Cargos que les sirven para embolsarse buenas sumas de dinero, sostener punteros políticos y lúmpenes “todo terreno”. Además de ejercer como correas de transmisión de ideologías y políticas que contribuyen a la reproducción del dominio sobre el trabajo. Todo esto en colaboración con burócratas sindicales, dirigentes barriales, funcionarios eclesiásticos, y similares. Y con la ayuda accesoria de intelectuales progres e izquierdistas, dispuestos a justificar cualquier cosa para seguir con la farsa de la “liberación nacional” y “la lucha contra el mercado”. Se asiste así al triste espectáculo de centenares de arribistas, hundidos en la vileza (aunque se llaman a sí mismos “militantes”), arrastrándose sin fin para obtener su tajada en el festín. Indudablemente, son factores de división y desmoralización en las masas. No hay nada en esta manga de parásitos que favorezca a la clase obrera.

Burocracia y el proyecto socialista

La crítica a la burocracia estatal nos plantea también la cuestión de por qué y cómo la burocracia se reprodujo y amplió en los regímenes llamados socialistas. Tengamos presente que en El Estado y la revolución, y en la tradición de Marx, Lenin también consideró que la burocracia y el ejército permanente son “un parásito adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un parásito engendrado por las contradicciones internas que dividen a esta sociedad, pero, precisamente, un parásito que tapona los poros vitales” (énfasis añadido). Por eso también, pocas líneas más abajo, reivindica la idea del anarquismo, del Estado “como un órgano parasitario”.

Sin embargo, Lenin pensaba que, una vez que la clase obrera conquistara el poder, con medidas sencillas, como la elegibilidad y revocabilidad de los funcionarios del Estado obrero, y la reducción de sus salarios al nivel del salario de un obrero, se podría llevar a la práctica una democracia proletaria radicalmente nueva. Se haría realidad entonces la demanda del gobierno barato. La disolución del ejército permanente, junto a la creación de la milicia, constituiría el otro pilar de esa democracia de las masas trabajadoras.

Pero a poco de andar el nuevo régimen hubo de constatarse que la burocracia resurgía, se fortalecía y se imponía a los propios funcionarios comunistas (véase la intervención de Lenin en el 11° Congreso del PCUS, marzo – abril de 1922). Y adquiriría proporciones mucho mayores en los 1920 y 1930. Así, hasta la consolidación de la nomenklatura (una extendida capa de burócratas que vivían del trabajo de los obreros y campesinos). Algo similar ocurrió en el resto de los regímenes llamados “socialismos reales”; o en el llamado “socialismo siglo XXI”. Todos los movimientos y partidos que proclamaron la construcción del socialismo “desde arriba” (desde el Partido, desde el Comité Central, desde el líder), terminaron segregando monstruosos aparatos burocráticos. No es casual que las militancias PC y ex PC, los maoístas, castristas y variantes afines, hayan silenciado, sistemáticamente, la crítica marxiana a la burocracia.

Es necesario restablecer la centralidad de la crítica a la burocracia, sea capitalista, u “obrera” (o socialista). Forma parte de la lucha del socialismo con las ideologías burguesas y burocrático-stalinistas."                (Rolando Astarita  , Sin Permiso, 21/11/2020)

¿Experimentos en la Administración? Implementar los ‘labs’ de gobierno... espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana... Los labs generan espacios donde prototipar y testear medidas para conseguir objetivos en políticas públicas, algo complicado con las actuales estructuras administrativistas de la AGE. Sus equipos multidisciplinares, libres de las restricciones de una estructura jerárquica y garantista, facilitarán la generación de ideas innovadoras

 "Según la OCDE, sólo el 45% de los ciudadanos de las democracias del mundo confía en sus gobiernos. En España, esta confianza cae al 30%. Nuestro país precisa profundizar en la creación de espacios que recuperen dicha confianza; especialmente en esta pandemia, donde crecen los problemas y éstos son cada vez más complejos.

 Ello, unido a la población más educada y conectada de la historia, capaz y deseosa de involucrarse en los asuntos políticos, da una mezcla explosiva que requiere de dos acciones: por un lado, fomentar la innovación en la búsqueda de soluciones; y por otro, integrar más a los ciudadanos en la toma de decisiones con nuevos instrumentos de participación democrática. Ya no nos conformamos con votar cada cuatro años o manifestarnos cuando estamos decepcionados. Pedimos nuevos mecanismos y canales de participación duraderos.

Un buen marco para ello es la política del Gobierno Abierto, basada en la transparencia de la actividad pública, unida a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. Desde su creación en 2011, la mayoría de países democráticos se han unido a la Alianza del Gobierno Abierto. España ya ha implementado tres planes bienales en esta materia, mejorando la calidad de nuestra democracia con herramientas como la Ley de Transparencia; pero no es suficiente.

 Ayer se aprobó el IV Plan de Gobierno Abierto de España, de cuatro años y no dos, lo que permite incluir compromisos más ambiciosos como el de los laboratorios de innovación (o ‘labs’). Esta nueva herramienta busca aumentar la participación ciudadana en la Administración General del Estado (AGE), incorporando de forma estable la opinión y el conocimiento de la gente en la gestión de los asuntos públicos. Y, a su vez, busca acelerar la innovación pública, introduciendo el enfoque experimental en el diseño de las políticas públicas, para que éstas se basen en datos y evidencias. 

Los labs generan espacios donde prototipar y testear medidas para conseguir objetivos en políticas públicas, algo complicado con las actuales estructuras administrativistas de la AGE. Sus equipos multidisciplinares, libres de las restricciones de una estructura jerárquica y garantista, facilitarán la generación de ideas innovadoras.

Ya son varios los países que han puesto en marcha los labs para solucionar problemas públicos. Reino Unido, Australia o Finlandia son casos notorios. Los finlandeses han puesto el foco en reorientar los servicios centrándose en el ciudadano, superando la división por sectores y competencias y utilizando herramientas de inteligencia artificial. Su primer paso ha sido desplegar cursos de formación en esta tecnología, que ya se han impartido al 1% de la población.

En el ámbito iberoamericano destaca Chile, con su Laboratorio de Gobierno, cuyo primer experimento fue rediseñar las facturas de la electricidad para mejorar su comprensión. Para ello, los funcionarios del lab trabajaron junto a académicos, representantes de las eléctricas y grupos de ciudadanos. Esto facilitó a los ciudadanos entender el uso de energía y qué hacían para optimizar y reducir su consumo.

También en España se han implementado los labs, pero a nivel autonómico y local. Destaca el caso del Laaab de Aragón, que utiliza nuevas metodologías y técnicas que mejoran el debate y la deliberación en talleres de dinamización, diseñados para incrementar y mejorar la involucración de la ciudadanía mediante sesiones de co-creación y validación de políticas públicas. En ellos se adaptan los procesos, eliminando en la medida de lo posible el lenguaje técnico y simplificando al máximo la explicación de las iniciativas, de tal forma que cualquiera las pueda entender.

Otro caso es el del MediaLab madrileño, donde se pueden proponer iniciativas para que las discutan los concejales. No obstante, primero se prototipan, llevando las ideas a la práctica y materializándolas en una primera versión funcional. Para ello se forman grupos interdisciplinares de trabajo en torno a propuestas seleccionadas mediante convocatoria abierta. En ellos participan tanto el o los proponentes iniciales como todos los interesados en colaborar, y cuentan con asesoramiento conceptual y técnico de un equipo de expertos.

Tanto funcionarios de la AGE como la sociedad civil han avalado las ventajas de los labs, aprobando implementarlos como compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto. Y es a partir de aquí donde aparecen las grandes preguntas:

¿Por qué políticas públicas empezar a aplicar los ‘labs’?

1.- En la implementación de innovaciones tecnológicas con dilemas éticos que requieran deliberación y un debate sosegado.

2.- En problemas enrevesados que no admiten soluciones binarias. Con decenas de soluciones disponibles e intereses contrapuestos, la participación ciudadana en el lab permite llegar a soluciones consensuadas y más adecuadas.

3.- En problemas que requieren decisiones y costes a largo plazo, pero cuyas decisiones pueden contaminarse por el cortoplacismo de las elecciones. Ejemplo: inversiones en grandes infraestructuras. Usar labs al diseñar estratégicamente las mismas aporta legitimidad, credibilidad y eficacia.

¿Cómo seleccionar a los participantes?

Uno de los grandes beneficios que generan los laboratorios es dar voz al ciudadano desorganizado, que quiere participar en los asuntos públicos sin pertenecer a una asociación, partido o sindicato.

El modelo aragonés selecciona a los participantes de manera informal. Para cada proyecto publican un post en la web y seleccionan por orden de inscripción. Además, establecen cupos mínimos para asegurar una variedad de personas por edad, distribución territorial, género y diversidad funcional.

En Chile, seleccionan a los participantes externos tras un mapeo del ecosistema de cada política pública, con muestras estadísticas de ciudadanos, académicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se invita a muestras representativas, manteniendo el control de las distintas sensibilidades.

En ambos casos, se realizan experimentos y prototipos con grupos estadísticamente representativos. Lo ideal es que cada laboratorio cuente con un equipo que maneje bien las redes sociales y haga campañas de microtargeting, usando el big data y desplegando diferentes estrategias de mercadotecnia en línea para atraer a los participantes más adecuados. La AGE deberá pensar en fórmulas de reclutamiento que den cabida a una pluralidad de voces y equilibren puntos de vista; y evitar uno de los sesgos más recurrentes: el nivel de estudios. En Finlandia, por ejemplo, el 90% de participantes en labs contaba con título universitario.

¿Cómo fomentar la participación ciudadana?

La mayoría de ciudadanos suele participar si se le explica con claridad por qué se le necesita y por cuánto tiempo, poniendo énfasis en el interés por mejorar un aspecto que le afecte directamente. Pero, para asegurar la mejor participación posible, existen varias medidas que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, se podrían crear una especie de Goyas a la participación, con un reconocimiento institucional y mediático para los equipos que aportaran la información más útil. Por ejemplo, los viajeros frecuentes son una fuente de experiencias útiles para el Ministerio del Interior (Policía, Aduanas…) o el de Transportes y sus entes (Aena, Adif, Puertos del Estado…), que ayudarían a mejorar la organización de la seguridad en puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos. El reto es hacer posible que cualquier español de a pie pueda participar, permitiendo a la AGE hacer uso del conocimiento que cada uno pueda ofrecer.

También se puede optar por establecer una remuneración económica. Así, se podría crear un cuerpo de BetaTesters, o ciudadanos preseleccionados, a los que se les pague por estar dispuestos a participar en proyectos de labs donde se les considere relevantes. De lo contrario, se teme que acaben participando los de siempre: aquéllos con mucho tiempo libre o con un interés parcial en influir en determinadas políticas públicas. Además, sería recomendable que los participantes tengan derecho a días de permiso pagados para participar en los labs, algo que ya ocurre en el caso de los ciudadanos seleccionados para jurados populares o mesas electorales.

Para evitar que los laboratorios se conviertan en una herramienta percibida como lejana es necesario crear comunidad, dando una dimensión física a cada lab. Y evitar la tentación de empezar por Madrid. Mejor optar por instalarse, al inicio, en ciudades intermedias, para abrirse a la participación presencial de españoles de todos los territorios. Desde el Laaab aragonés acaban de invitar a la AGE a establecer el primer laboratorio en Zaragoza, brindando instalaciones para ello.

¿Cómo asegurar la viabilidad de las ideas experimentadas?

La ventaja de poner en marcha prototipos de soluciones no es sólo poder testear sus resultados, sino también las problemáticas que surgen al poner en marcha e implementar dicha política. De esta forma, se pueden corregir antes de implementarse a gran escala. Además, esta fase de prototipado también puede servir para atraer a nuevos actores y colaboradores interesados en sus primeros resultados, lo que puede contribuir a su mayor éxito y sostenibilidad. 

Los labs deben disponer del mandato y la libertad de explorar fuera de las rutinas político-administrativas, para escapar de las urgencias del día a día que asfixian e impiden la necesidad de repensar determinadas políticas. Eso sí, a la hora de transformar ideas innovadoras en políticas públicas, los laboratorios deben hablar siempre el lenguaje del sector público, y no el del mundo del diseño. De otro modo, se arriesgan a que sus proyectos sean inviables.

En cualquier caso, la puesta en marcha de los labs no debe servir como excusa para reabrir el debate clásico entre democracia representativa y democracia directa: aquéllos son nuevos espacios que complementan al sistema representativo porque la toma de decisiones final quedará en manos de los políticos democráticamente elegidos para ello.

En definitiva, los labs generarán un efecto de aprendizaje y empoderamiento de la ciudadanía. Y acelerarán un desaprendizaje de la cultura funcionarial incluso entre los propios funcionarios. Cada lab debe crear un entorno de confianza y permitir así hacer todo aquello que no prohíbe la ley, acabando con la idea rígida de sólo hacer lo que la ley permite. 

Los laboratorios servirán para abrir un camino a la innovación y caminar hacia una concepción posibilista del Derecho. Esta pandemia ha servido en sí misma como un laboratorio de políticas públicas, acelerando reformas gubernamentales necesarias, y demostrando la viabilidad del teletrabajo o la necesidad de aumentar la atención online. Se ha roto con procesos rutinarios que, pese a mostrarse obsoletos o ineficaces, nadie se había atrevido a cambiar.

Varios expertos coinciden en que los laboratorios de innovación se podían haber usado para el diseño y planificación de la vuelta al cole tras el confinamiento, con el fin de aprovechar la inteligencia colectiva. No ha dado tiempo. Con el IV Plan aprobado, empecemos a experimentar en labs, de forma controlada y localizada, para generar mejores políticas públicas que mejoren la vía de las personas. Sus métodos heterodoxos, sus propuestas disruptivas y la introducción de terceros hace pensar que generarán resistencias en una cultura burocrática. Por eso, lo más importante para consolidarlos en la AGE será contar con la voluntad política firme de ponerlos en marcha. Ojalá desde la Moncloa."    (Enric-Sol Brines , Agenda Pública, 12 noviembre 2020)