Cómo democratizar el poder económico: las propuestas de “socialismo participativo” en Piketty.

 "Piketty es una buena referencia para dar solvencia técnica a un discurso alternativo.  Sin embargo, eso no le convierte en un analista político acertado si lo que se pretende es orientar «cómo se puede superar el capitalismo» , algo que necesita sortear la perspectiva técnica para adentrarse en el camino de lo políticamente factible.  No obstante, su aportación sirve para orientar un relato y sintetizar los elementos y espacios donde merece la pena incidir. 

Nos encontramos en un momento histórico que propicia una visión pesimista sobre la capacidad de las lógicas inclusivas para convertirse en dominantes. Pero esta realidad puede también leerse de otra manera: es la ausencia de alternativas democráticas, visibles y prácticas, al sistema capitalista y a sus crisis periódicas las que están detrás del pesimismo antropológico que se instala en la sociedad.

De un lado, es evidente que hace demasiadas décadas que la sociedad no tiene un referente por el qué luchar; de otro, que no hay posibilidad de cambio social sin una propuesta alternativa de bien común.

El estado de la participación de los trabajadores en las empresas, un referente de lo que supone la democratización económica, puede servir de termómetro  de las propuestas alternativas. Se trata de un debate maduro soportado con argumentos múltiples desde todas las perspectivas posibles: económicas, jurídicas, institucionales o políticas. Pero eso no significa, en absoluto, que haya avanzado en su aceptación social, sino todo lo contrario: en la medida en que han prosperado las propuestas participativas, han surgido, también, las resistencias a implantar los más mínimos cambios a la lógica tradicional del busines as usual.

La resultante es un vector que se nutrió principalmente de las diversas iniciativas nacidas en la segunda mitad del siglo XX (codeterminación, participación en beneficios, trabajadores accionistas, autogestión, proyectos cooperativos…) al que se han añadido experiencias locales de menor nivel.  Esos impulsos se han visto arropados (y escoltados) desde las instituciones europeas, propiciando determinados cambios normativos, aunque nunca con carácter de directiva con unos mínimos de implantación obligatoria.

Todo ello se ha visto acompañado, especialmente en momentos de crisis, de una retórica buenista y vacía, dominante en los mass media, sobre empresas responsables y/o sostenibles que se diluye tan fácilmente como se alimenta. 

Por otro lado, incluso en los países que fueron adalides de formas de cogestión, como Alemania, los institutos patronales empresariales no ocultan sus reservas respecto a lo que consideran un elemento de rigidez que les resta competitividad en los mercados globales, a pesar de que, como señaló Merkel en 2005, es evidente que la cogestión ha constituido “una ventaja y no una desventaja competitiva”, además de un factor decisivo de su liderazgo industrial.

Para terminar de completar este rápido diagnóstico es imprescindible incorporar, como hecho objetivo que explica lo anterior, un entorno en el que destaca la debilidad de las fuerzas sindicales, obligadas por factores tecnoeconómicos y políticos a actuar a la defensiva en estas tres últimas décadas, en batallas de resistencia para conservar derechos. Solo ahora, al menos en España, arropados por el gobierno progresista, empiezan a impulsar un empleo de más calidad y a dibujar una nueva batería de derechos que nos preparan para un modelo productivo mas tecnológico e inclusivo.

El socialismo participativo de Piketty

Es en ese contexto donde tienen valor las aportaciones de Piketty como forma de dar solvencia técnica a un discurso alternativo, aportando material a las fuerzas sociales para elaborar un relato de un futuro posible. Porque, es evidente que, sin vislumbrar el futuro, es imposible convertir en fuerza material las ideas transformadoras.

¿Cuáles son los rasgos que atribuiríamos al sistema económico en un entorno postcapitalista? ¿Cómo imaginamos la producción de riqueza y cómo su interrelación con el tiempo de ocio y el buen vivir? ¿Cómo imaginamos la propiedad de las empresas y cuales sus mecanismos de control, quiénes sus dirigentes y cómo la forma de elegirlos, cómo se tomarían las decisiones diarias y cómo las estratégicas?

Piketty propone “superar el sistema actual de propiedad privada” mediante dos pilares básicos: “por un lado, mediante la propiedad social y la división de los derechos de voto en las empresas y por otro, mediante la propiedad temporal y la circulación de capital”. Combinando ambas líneas de trabajo, afirma, “estaríamos ante una verdadera superación del capitalismo”.

Ocurre que no siempre la solvencia académica del análisis y la factibilidad política de sus conclusiones van de la mano, no siempre las soluciones técnicas, por muy brillantes que parezcan, son socialmente viables.  Pretender como solución, por ejemplo, un gravamen al patrimonio con un tipo anual del 10% a los de dimensiones cien veces por encima del promedio, o del 90% anual para los patrimonios diez mil veces por encima del patrimonio medio, se antoja un brindis al sol. Una sociedad que pudiera implantar esa medida habría recorrido un larguísimo camino respecto al punto que nos encontramos. Y desde luego, suena a utopía lejana pensar que la lógica del capitalismo actual, obsesionado por la desfiscalización, pudiera asumirlas.

En cualquier caso, dejando al margen propuestas concretas, marca un camino sugerente que conviene repasar para extraer de él la máxima utilidad.

Democratizar el poder en la empresa (o cómo romper la lógica entre propiedad y dominio).

Piketty recupera en este ámbito buena parte de las iniciativas ya implantadas en el pasado con el propósito de revitalizar el poder colectivo de los asalariados en el seno de la dirección y la gestión de las empresas.

Lo hace desde una síntesis entre la propiedad social y la capacidad de decidir que intenta superar los déficits detectados en los modelos participativos vigentes. Por un lado, esa síntesis diluye la confrontación entre un modelo puramente cooperativo (una persona, un voto) y uno puramente propietarista (una acción, un voto). Por otro lado, al abandonar la idea de la propiedad estatal (o pública) como principal referente del socialismo, remarca un camino de socialización de la propiedad en el que se incentiva la presencia de propietarios realmente involucrados en el futuro de la empresa y en su gobierno, particularmente sus trabajadores. Por último, pretende ir más allá de la cogestión, al conectarla con la propiedad social, un paso imprescindible para reequilibrar el actual reparto de “valor añadido” entre beneficios y salarios.

Conviene que nos detengamos en los pasos que propone para desarrollar lo que denomina un régimen de “propiedad social”.

Se trata de superar el principio básico del capitalismo por el que la propiedad se convierte en el origen exclusivo del dominio, es decir, la que concede al propietario todas las facultades que pueden ejercerse sobre los bienes y derechos. Romper ese vínculo supone disociar la conexión entre la propiedad accionarial y el poder de decisión en las empresas y, para ello, propone como solución un escenario que haga compatible la libertad para que un inversor aumente sus cuotas como accionista, mientras restringe su capacidad de influir en el gobierno fijando un tope máximo, (por ejemplo, del 10%) a los derechos políticos. Es decir que, consiste en limitar los derechos de voto y el poder de decisión de los accionistas más importantes.

El segundo paso, siguiendo la lógica de la cogestión, busca abrir la participación a los asalariados (o sus representantes), hasta “la mitad de los derechos de voto en los consejos de administración o de dirección de todas las empresas privadas, incluyendo las más pequeñas”, objetivo que se ubica entre los planteamientos más ambiciosos de las experiencias de codecisión socialdemócratas del siglo pasado.

La lógica de la propiedad social podría reforzarse mediante el desarrollo de “accionistas asalariados” para facilitar mayorías con capacidad de influir en las decisiones, añadiendo su representación en tanto que accionistas a la que ya dispongan como asalariados.

Como ejemplo más ambicioso de propiedad social, cita y recupera el “sistema 2x+y” propuesto por el laborismo en la época de Harold Wilson (1977/78).  Concede al capital y a los representantes de los trabajadores un mismo nivel de participación en el gobierno corporativo (que son “las 2x” de la formulación) pero reserva el resto de participación (el “y”) para un representante público que defiende el interés general en representación de los bienes y servicios públicos aportados a la generación de valor.

Fiscalidad para gravar el patrimonio ocioso (o cómo financiar una “herencia ciudadana” universal).

Esa síntesis entre propiedad social y capacidad de decidir se complementaría con un impulso a la que denomina “propiedad temporal” que la asocia a un impulso a la circulación del capital. Quiere evitar, con ello,  las consecuencias indeseadas de la concentración de riqueza en las grandes fortunas convertidas en un patrimonio ocioso que apenas genera utilidades materiales a la sociedad.

En su esencia, propone recuperar la lógica de las desamortizaciones del siglo XVIII que evite que la riqueza se concentre en “manos muertas” e improductivas (antes, el clero y los aristócratas; ahora, las grandes fortunas) y circule hacia otros grupos sociales más dinámicos.

Esencialmente consiste en un impuesto anual sobre los patrimonios (cuya base imponible incluiría todo tipo de activos) y sobre su transmisión hereditaria, con el objetivo de favorecer la circulación permanente de la riqueza.  Como reconoce las fuertes resistencias psicológicas que genera la penalización fiscal de las herencias se decanta por gravar el patrimonio con unos tipos fuertemente progresivos (ya comentados), que supondrían, incluso con tipos menos ambiciosos, un vuelco revolucionario.

Una  de las novedades de su propuesta es que los recursos así alcanzados tendrían un destino finalista: financiar un fondo suficiente para dotar a cualquier individuo, a los veinticinco años de edad, de una herencia básica ciudadana de alrededor de 120.000 € en los estados centrales del capitalismo. De alguna forma, esa idea[1] convierte en derecho el recibir un patrimonio privado que podría dedicarse tanto a comprar una vivienda que a impulsar una propuesta emprendedora. De alguna forma, sustituye a la de “renta básica”, asociada a un derecho universal de ciudadania y garantía de subsistencia, e incorpora una nueva perspectiva propietarista a la igualdad de oportunidades. A su favor, la evidencia de ser, además, más barata de financiar.

Conclusiones

Piketty cierra con ello un camino reformista que ofrece una salida inclusiva al capitalismo excluyente. Sorprende que no aborde las posibilidades que ofrece el momento histórico presente, marcado por las transiciones tecnológicas, medioambientales y demográficas. Y en particular la coincidencia entre el creciente peso del  capitalismo cognitivo y de activos intangibles con un momento demográfico que convierte en dominantes las organizaciones con plantillas adultas y maduras, que pueden aportar un cambio en los consensos empresariales y en la misma creación de valor.[2]

Su enfoque académico se nota en el convencimiento aparente de que las buenas ideas se acaban imponiendo, cosa que solo ocurre cuando fortalecen el discurso social y se convierten en fuerzas materiales (apoyos sociales, fondos económicos, votos). Lo esencial, por tanto, es que sus propuestas aporten solvencia a un relato que facilite nuevos equilibrios políticos y sociales muy diferente al actual o que se reconozcan como solución ante un abismo de tal magnitud que pusiera en crisis evidente la supervivencia del sistema."                     

(Ignacio Muro Benayas, Miembro de Economistas Frente a la Crisis, Plataforma por la Democracia económica, 08/07/22)

Italia: recuperar una fábrica

 "Este domingo se realizará en Florencia, Italia, una asamblea pública nacional organizada por el movimiento “¡Insorgiamo!” (Levantémonos). Surgido del rechazo al cierre de una fábrica y del intento de recuperarla por sus trabajadores, el movimiento recogió las demandas y simpatías sociales. Los desafíos para un movimiento político de clase con demandas y luchas comunes.

 Un interesante proceso de organización y lucha se está dando en Italia. Surgido de la pelea por mantener los puestos de trabajo en una fábrica que cerraba y motorizado por los debates en una estructura de consejo de fábrica democrático, nació el movimiento “¡Insorgiamo!” (Levantémonos). Sin embargo, fue mucho más allá de su propia lucha y recogió las demandas de los sectores más postergados de Florencia, donde se encuentra la fábrica. Esto le permitió realizar movilizaciones de 30.000 personas en septiembre del 2021 y el pasado 26 marzo y convocar a una Asamblea Pública Nacional para discutir los problemas, necesidades y exigencias de los trabajadores y el pueblo para el próximo domingo.

Para conocer más sobre este proceso hablamos con Giacomo Turci, editor de La Voce delle lotte, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario, y dirigente de la Fracción Internacionalista Revolucionaria (FIR). 

¿Cómo comenzó este nuevo fenómeno político?

Todo empezó con los trabajadores de la fábrica GKN de Campi Bisenzio (en las afueras de Florencia), que producía ejes para automóviles, defendiendo sus puestos de trabajo.
El pasado 1 de julio, en Italia, tras varios meses de pandemia el Gobierno volvió a habilitar para los empresarios el despido "por justa causa". Fue así que el fondo financiero británico Melrose, propietario de la fábrica, envió inmediatamente un correo electrónico a todos los empleados de Florencia anunciando el cierre de la empresa. Todo ello mientras planea contratar, al mismo tiempo, a algunos trabajadores en otra fábrica del norte de Italia.

De forma inmediata los trabajadores la ocuparon y comenzaron una campaña política para comprar y reconvertir la fábrica, ya que la producción de ejes de auto es muy difícil de reiniciar mediante la expropiación de los trabajadores sin ayuda del Estado.

Todo esto lo hicieron unos cientos de trabajadores en menos de un año. La fábrica es quizás la única en Italia que tiene una estructura de consejo de fábrica democrática, como las clásicas. Esto permitió que sus 500 trabajadores pudieran llevar adelante la lucha aún cuando las burocracias sindicales estaban en contra.

Desde el principio recorrieron el país buscando coordinar con sectores de trabajadores en lucha, con jóvenes y con todos los activistas de izquierda que encontraban a su paso.

Así convocaron a dos movilizaciones en Florencia de la que participaron más de 30.000 personas en cada una, entre ellas muchos jóvenes.

¿Cómo siguió la lucha y de qué se trata el movimiento “Insorgiamo”?

La pelea de estos trabajadores ha evolucionado hacia una lucha más política en coordinación con más sectores. Un proceso de lucha de clases más clásico, con la convergencia de reivindicaciones de distintos sectores que superan ampliamente el reclamo inicial de los trabajadores de GKN.

Este movimiento en el que confluye un amplio arco de sectores de trabajadores, jóvenes, sectores populares, organizaciones obreras y de izquierda se identificó con la consigna “Insorgiamo”, que en castellano quiere decir “Levantémonos” y que tiene una larga historia. Este nombre proviene de uno de los momentos más álgidos de la lucha de clases en Italia, con la insurrección florentina en el contexto de la guerra partisana de 1943 a 1945 contra el fascismo y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Es decir que la misma elección del nombre del movimiento es un síntoma importante de que lo que se pretende construir es una lucha en el terreno político contra la clase dominante, sus partidos y el sistema social que mantienen, y no una simple "resistencia" contra los ataques económicos constantes hacia la clase obrera.

Ese movimiento es el que el próximo domingo convoca a una Asamblea Pública Nacional para discutir las demandas de los y las explotadas, y cómo pelear por ellas.

¿Cuáles son los desafíos del movimiento?

En mi opinión, si bien el movimiento ha tenido éxito y ha avanzado hasta ahora, lo que se debe hacer en este momento es dar un salto cualitativo que permita cambiar aún más el equilibrio de poder, como vienen haciendo los trabajadores de la ex GKN.

Es decir, que el movimiento debe darse objetivos concretos en las demandas y en la organización, para que sea posible llevar adelante una lucha política común que va mucho más allá del ímpetu inicial de los trabajadores de GKN, y que apunta mucho más alto que un mero proceso de reindustrialización en esa fábrica (lo que incluso todavía no se ha logrado).

El movimiento necesita un programa de lucha sobre el cual pueda construirse, atraer nuevos sectores.

¿Cuáles son las demandas que ustedes levantan desde La Voce delle lotte y la Fracción Internacionalista Revolucionaria (FIR)?

Nosotros somos conscientes de que la asamblea de este domingo 15 de mayo no será "definitiva", sino un primer paso, a la que seguirán discusiones, asambleas, decisiones democráticas.

Como Fracción Internacionalista Revolucionaria peleamos para que el Movimiento ¡Insorgiamo!, al evolucionar, conduzca a la formación de un campo político de independencia de clase en nuestro país. Esto es, un movimiento que enfrente a las burocracias sindicales, que están en contra de nuestros intereses, a la derecha política que hace populismo en medio de la crisis y supere a las variantes social-liberales que durante los últimos 30 años fueron garantes de los ataques neoliberales a los trabajadores y el pueblo italiano.

No debemos olvidarnos del hecho de que, a medida que se acercan las elecciones del próximo año, la presión para utilizar nuestras luchas y nuestro movimiento con fines meramente electorales e invocando al “mal menor” para soluciones de izquierda "razonables", "realistas", no hará más que aumentar. Por eso, darnos hoy un plan de lucha y una perspectiva política contra esta presión es parte fundamental de nuestra “urgencia”.

Proponemos entonces 4 puntos fundamentales para luchar contra el gobierno de Draghi y contra los banqueros e industriales de los que es vocero, como así también contra la escalada militarista en torno a la guerra en Ucrania. Para esto se necesita una agenda de la clase obrera y los oprimidos. Un programa que, aunque hoy no tengamos aún la relación de fuerzas suficiente, exprese una salida a la crisis capitalista, sus guerras y devastación ambiental, a favor de la clase obrera. y la gran mayoría de la población.

Por esto planteamos inicialmente 4 puntos que son los siguientes:

1) Trabajar 6 horas, 5 días sin reducción salarial. Esto nos permitiría repartir el trabajo entre ocupados, desocupados y precarios. Escala móvil de salarios que se ajusten automáticamente por inflación.

2) Por una verdadera transición ecológica, contra las ganancias y el poder desmedido de las multinacionales. Congelación de tarifas, nacionalización de grandes empresas energéticas sin compensación.

3) No a la guerra. Por la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. Luchemos contra la OTAN y la escalada militar imperialista. Participar del paro convocado por el sindicalismo de base para el próximo 20 de mayo.

4) Por una convergencia de las luchas contra la parálisis a la que nos llevan las burocracias sindicales. Plan de lucha para construir una huelga general por todas nuestras demandas.

El desafío lanzado por el colectivo de fábrica GKN debe ser cumplido. Como escribieron, es un deber de todas y todos comprometernos para que el movimiento evolucione, luego de la movilización y los éxitos de este último año, que aún son pequeños frente a los desafíos y tareas que nos plantea nuestra época."                   (Juan Andrés Gallardo  , Izquierdadiario, 13 de mayo, 2022)

Democracia Económica y estrategia sindical: condiciones para la empresa como «bien común»

 "El autor argumenta sobre la necesidad de enriquecer las estrategias del mundo del trabajo incluyendo la idea de empresa participativa como núcleo de la democracia económica. Asume que se trata de un objetivo válido en todo momento: en situaciones ofensivas (cuando se tiene fuerza) y defensivas (cuando no se tiene) porque es la única que puede aunar los esfuerzos de grupos laborales de perfil variado en torno a una nueva concepción del bien común y una nueva idea de sociedad. Para ello, defiende recuperar las ideas motoras del cambio social. 

Cualquiera que haya trabajado en una empresa habrá escuchado decir a altos mandos, y también a sus jefes y directivos, que “todos estamos en el mismo barco”, que a todos nos interesa que la empresa vaya bien, porque “la empresa somos todos”. Con ello se diluye la existencia de la disputa sobre el reparto del excedente y la existencia de partes confrontadas: se diluye quién decide, quién saca tajada de esas decisiones y a donde nos conducen a medio y largo plazo.

La bandera del “bien común” empresarial es una bandera que despliega la gerencia mientras buena parte de los trabajadores y los sindicatos que los representan parecieran sentirse cómodos solo defendiendo “lo suyo”, es decir,  la defensa de “intereses de parte” (condiciones laborales, salarios, empleo) pero nunca cuestionando o interesándose por los rasgos del proyecto empresarial ni por la “dirección del barco”.  Como señalaba Marx, la realidad capitalista les aliena del producto de su trabajo.

Esa percepción está tan extendida que es usada también en empresas públicas, es decir, en aquellas en las que la empresa es, por definición, un instrumento del interés general en el que los trabajadores no son una parte más, sino una de las principales partes interesadas en vigilar que el producto de su trabajo se materialice en la dirección deseada.  

No todos los trabajadores se posicionan, sin embargo, del mismo modo. Parte de ellos, en particular los grupos más cualificados que ocupan posiciones intermedias, suele ser más sensibles y mostrar más interés por la coherencia de las decisiones y la dirección estratégica, el “adonde vamos”, pero nunca como un todo, sino a nivel individual. De modo que la idea de la empresa como “bien común” no pasa de ser un subterfugio que justifica y oscurece, por un lado, la apropiación del excedente por parte de los accionistas, y, por otro, el monopolio del poder de decisión de la gerencia y las ventajas particulares que obtienen de ejercerlo.

Un futuro alternativo

Imaginemos ahora el futuro. ¿Cuáles son los rasgos que atribuiríamos a la empresa del futuro en un entorno postcapitalista? ¿Cómo imaginamos la producción de riqueza y cómo su interrelación con el tiempo de ocio y el buen vivir? ¿Cómo imaginamos su propiedad y cuales sus mecanismos de control, quiénes sus dirigentes y cómo la forma de elegirlos, cómo se tomarían las decisiones diarias y cómo las estratégicas?

Puede que sea una utopía lejana pero merece la pena esa ensoñación pues no hay cambio social sin una propuesta alternativa de bien común. Hace demasiadas décadas que la sociedad no tiene un referente por el que luchar.

Siguiendo con la utopía abría que vislumbrar cuales serian los rasgos de una transición de ese tipo. Parece difícil asumir que  se produciría “de una vez” como efecto de una revolución mundial, más bien como ocurre en procesos complejos, con idas y vueltas por territorios, en el que las diferentes concepciones de empresa y de sociedad, lo viejo y lo nuevo, coinciden y disputan su hegemonía durante un largo periodo de tiempo. Así fue el transito entre el feudalismo y el capitalismo y así suelen ser los procesos de cambio social.

Y ahora viene la pregunta crucial. ¿Hay elementos, incrustados en la realidad presente, que anticipen ya el futuro deseado? ¿Es posible iniciar desde ya, en la misma sociedad capitalista, la construcción de modelos organizativos que actúen como moléculas de la nueva sociedad, con algunos de los rasgos participativos que deseamos para las empresas del futuro?

 Si contestamos negativamente a las preguntas anteriores puede que nos estemos cegando la marcha de la historia. Pero si contestamos con un sí estamos obligados a definir esas moléculas, que referido a lo que nos ocupa, significa definir cuáles son las condiciones mínimas imprescindibles para empezar a considerar las empresas como un bien común, las que permitirían poder comportarse como si la empresa fuera de todos y disputar a las gerencias actuales su particular visión de las falsedades que engloba la frase «estar en un mismo barco». Significa construir un modo de gobernanza que permita la concertación de intereses compartidos.

Ese escenario nos dibuja un proceso de cambio social que nos lleva a profundizar en el significado de la DEMOCRACIA  ECONÓMICA como forma de repensar la sociedad que queremos. Confrontar el gobierno actual de las empresas con una alternativa que incorpora una nueva institucionalización de intereses compartidos, debería ser uno de los motivos que marcaran las prioridades estratégicas del mundo del trabajo.

Enriquecer la estrategia sindical 

¿Qué cambios en la estrategia sindical deberían producirse para desplegar una bandera que da la vuelta a la idea “la empresa somos todos»? ¿No facilitaría ese planteamiento una mayor permeabilidad en los sectores profesionales e intermedios de los trabajadores, alejados hoy de las meras disputas por el Convenio Colectivo? ¿Cómo incorporar en el lenguaje sindical cargado de objetivos centrados en negociación colectiva la aspiración a reclama unos requisitos mínimos de confianza que permitan ponderar de otra forma los intereses de accionistas, directivos, trabajadores, proveedores, clientes…. suficiente para aceptar el principio de que la empresa “somos todos”?  

La misión de los representantes de los trabajadores sería acceder a ese estadio en el que «sus intereses de parte» encuentran un acomodo vigilante mientras se muestra interés en participar en el “cómo producir” y “qué producir”. Y ello vale tanto en situaciones defensivas en la que toca saber resistir situaciones de crisis o en situaciones ofensivas en los que toca construir un clima laboral que favorezca un entorno innovador y competitivo.

En cualquier caso, conviene asumir que este camino no diluye los conflictos de clase sino que los da perspectiva. Es más hay que asumir que incluso en un estadio avanzado de ese futuro deseado, las empresas no estarán libres de tensiones con grupos de interés enfrentados. Ni en el camino ni en el destino se eliminarán las tensiones que conlleva la realidad social. Ni las luchas consecuentes. La historia nos muestra que siempre hay que estar atento a las injusticias percibidas por unos u otros, que donde hay desigualdad e injusticia hay resistencia. Y que en la medida en que mutan los poderes empresariales, cambian las mismas empresas y las formas de gobierno y, como consecuencia, cambian la naturalezas de los conflictos y la naturaleza de las resistencias.

La transparencia y el debate sobre objetivos en las estrategias de largo plazo, atreverse a disputar el destino del reparto de rentas o la jerarquía de las decisiones, las formas de funcionar o las formas de decidir….serian la expresión de los nuevos conflictos.  Se producirían, en cualquier caso, en organizaciones con una institucionalización del poder democrática, hasta el punto de justificarlas como plasmación de una utopía, una expresión de lo que aspiramos.

Puede que la tarea sea inmensa y cargada de riesgos pero no creo que exista camino alternativo."                   (Ignacio Muro Benayas, Plataforma por la Democracia Económica, 27/11/21)

Boaventura de Sousa Santos: Quince tesis sobre el partido-movimiento... el partido-movimiento debe construirse a través de procesos no representativos, sino más bien participativos. Consiste en aplicar a la vida interna de los partidos la misma idea de complementariedad entre democracia participativa / deliberativa y democracia representativa que debe orientar la gestión del sistema político

 "El neoliberalismo logró conjugar el fin supuestamente pacífico de la historia con la idea de crisis permanente (por ejemplo, la crisis financiera). Esta es la razón por la que vivimos hoy en el dominio del corto plazo.

1. No hay ciudadanos despolitizados; hay ciudadanos que no se dejan politizar por las formas dominantes de politización, sean partidos o movimientos de la sociedad civil organizada.

Los ciudadanos y las ciudadanas no están hartos de la política, sino de esta política; la inmensa mayoría de la ciudadanía no se moviliza políticamente ni sale a la calle a manifestarse, pero está llena de rabia en casa y simpatiza con los que se manifiestan; en general, no se afilian a partidos ni participan en movimientos sociales ni están interesados en hacerlo, pero cuando salen a la calle solo sorprenden a las élites políticas que han perdido el contacto con “las bases”.

2. No hay democracia sin partidos, pero hay partidos sin democracia.

Una de las antinomias de la democracia liberal en nuestro tiempo es que se basa cada vez más en los partidos como forma exclusiva de agencia política, mientras que los partidos son internamente cada vez menos democráticos. Como la democracia liberal, la forma tradicional de partido ha agotado su tiempo histórico. Los sistemas políticos democráticos del futuro deben combinar la democracia representativa con la democracia participativa en todos los niveles de gobierno. La participación ciudadana debe ser multiforme y multicanal. Los propios partidos deben estar constituidos internamente por mecanismos de democracia participativa.

3. Estar a la izquierda es un punto de llegada y no un punto de partida y, por lo tanto, se demuestra en los hechos.

La izquierda tiene que volver a sus orígenes, a los grupos sociales excluidos que ha olvidado durante mucho tiempo. La izquierda dejó de hablar o de saber hablar con las periferias, con los más excluidos. Quien habla hoy con las periferias y con los más excluidos son las iglesias evangélicas pentecostales o los agitadores fascistas. Hoy en día, el activismo de izquierda parece limitarse a participar en una reunión del partido para hacer un análisis de la situación (casi siempre escuchar a los que están haciendo). Los partidos de izquierda, tal como existen hoy, no pueden hablar con las voces silenciadas de las periferias en términos que estas entiendan. Las izquierdas deben reinventarse.

4. No hay democracia, hay democratización.

La responsabilidad de la izquierda radica en que es la única que realmente sirve a la democracia. No la limita al espacio-tiempo de la ciudadanía (democracia liberal). Por el contrario, lucha por ella en el espacio de la familia, la comunidad, la producción, las relaciones sociales, la escuela, las relaciones con la naturaleza y las relaciones internacionales. Cada espacio-tiempo exige un tipo específico de democracia. Solo democratizando todos los espacios-tiempos se podrá democratizar el espacio-tiempo de la ciudadanía y la democracia liberal representativa.

5. El partido-movimiento es el partido que contiene en sí a su contrario.

Para ser un pilar fundamental de la democracia representativa, el partido-movimiento debe construirse a través de procesos no representativos, sino más bien participativos y deliberativos. Esta es la transición de la forma tradicional de partido a la forma de partido-movimiento. Consiste en aplicar a la vida interna de los partidos la misma idea de complementariedad entre democracia participativa / deliberativa y democracia representativa que debe orientar la gestión del sistema político en general. La participación / deliberación concierne a todos los dominios del partido-movimiento, desde la organización interna hasta la definición del programa político, desde la elección de los candidatos a las elecciones hasta la aprobación de líneas de acción en la situación actual.

6. Ser miembro de la clase política es siempre transitorio.

Tal calidad no permite ganar más que el salario medio en el país; los parlamentarios electos no inventan temas ni toman posiciones: transmiten los que surgen de las discusiones en las estructuras de base. La política de partidos debe tener rostros, pero no está hecha de rostros; idealmente, existen mandatos colectivos que permiten la rotación regular de representantes durante la misma legislatura; la transparencia y la rendición de cuentas deben ser completas; el partido es un servicio ciudadano a los ciudadanos y por lo tanto debe ser financiado por ellos y no por empresas interesadas en capturar el Estado y vaciar la democracia.

7. El partido-movimiento es una contracorriente contra dos fundamentalismos.

Los partidos convencionales sufren de un fundamentalismo antimovimiento social. Consideran que tienen el monopolio de la representación política y que este monopolio es legítimo precisamente porque los movimientos sociales no son representativos. A su vez, los movimientos adolecen de un fundamentalismo antipartido. Consideran que cualquier colaboración o articulación con las partes, comprometen su autonomía y diversidad y siempre acaba en un intento de cooptación.

Mientras la democracia representativa esté monopolizada por partidos antimovimiento y la democracia participativa por movimientos o asociaciones sociales antipartidos, no será posible la vinculación entre democracia representativa y participativa, en detrimento de ambas. Es necesario vencer a los dos.

8.El partido-movimiento combina la acción institucional con la acción extrainstitucional

Los partidos tradicionales favorecen la acción institucional, dentro de los marcos legales y con la movilización de instituciones como el Parlamento, los tribunales, la Administración pública. Por el contrario, los movimientos sociales, aunque también utilizan la acción institucional, suelen recurrir a la acción directa, las protestas y manifestaciones en calles y plazas, las sentadas, la difusión de agendas a través del arte (artivismo). En vista de esto, la complementariedad no es fácil y debe construirse con paciencia.

Hay condiciones políticas en las que las clases que están en el poder son demasiado represivas, demasiado monolíticas; hay otras en las que son más abiertas, menos monolíticas y hay mucha competencia entre ellas. A mayor competencia entre las élites, se abren más brechas para que el movimiento popular y la democracia participativa ingresen a través de ellas. Lo importante es identificar las oportunidades y no desperdiciarlas. Con frecuencia se desperdician por razones de sectarismo, dogmatismo, arribismo.

La práctica de los movimientos a menudo tiene que oscilar entre lo legal y lo ilegal. En algunos contextos, la criminalización de la impugnación social está reduciendo la posibilidad tanto de lucha institucional como de lucha legal extrainstitucional. En tales contextos, la acción colectiva pacífica puede tener que enfrentar las consecuencias de la ilegalidad. Sabemos que las clases dominantes siempre han utilizado la legalidad y la ilegalidad a su conveniencia. No ser clase dominante radica precisamente en tener que afrontar las consecuencias de la dialéctica entre legalidad e ilegalidad y protegerse al máximo.

9. La revolución de la información electrónica y las redes sociales no son, en sí mismas, un instrumento incondicionalmente favorable al desarrollo de la democracia participativa.

Por el contrario, pueden contribuir a manipular la opinión pública hasta tal punto que el proceso democrático puede quedar fatalmente desfigurado. El ejercicio de la democracia participativa requiere hoy más que nunca encuentros presenciales y discusiones presenciales. Hay que reinventar la tradición de células partidarias, círculos ciudadanos, círculos culturales, comunidades eclesiásticas de base. No hay democracia participativa sin una estrecha interacción.

10. El movimiento de partidos se basa en la pluralidad no polarizada y el reconocimiento de competencias concretas.

Una pluralidad no polarizada es aquella que permite distinguir entre lo que separa y lo que une a las organizaciones y promueve articulaciones entre ellas a partir de lo que las une, sin perder la identidad de lo que las separa. Lo que las separa solo se suspende por razones pragmáticas.

El partido-movimiento debe saber combinar cuestiones generales con cuestiones sectoriales. Los partidos tienden a homogeneizar sus bases sociales y a enfocarse en temas que abarcan a todos o a grandes sectores. Por el contrario, los movimientos sociales tienden a centrarse en temas más específicos, como el derecho a la vivienda, la inmigración, la violencia policial, la diversidad cultural, la diferencia sexual, el territorio, la economía popular, etc. Trabajan con lenguajes y conceptos distintos a los utilizados por los partidos.

Los partidos pueden sostener una agenda política más permanente que los movimientos. El problema con muchos movimientos sociales radica en la naturaleza de su estallido social y mediático. En un momento tienen una gran actividad, están en la prensa todos los días, y al mes siguiente están ausentes o entran en reflujo y la gente no va a reuniones o asambleas. La sostenibilidad de la movilización es un problema muy grave porque, para lograr una cierta continuidad en la participación política, se necesita una articulación política más amplia que involucre a los partidos. A su vez, los partidos están sujetos a transformar la continuidad de la presencia pública en una condición para la supervivencia de cuadros burocráticos.

11. El partido-movimiento prospera en una lucha constante contra la inercia.

Se pueden generar dos inercias: por un lado, la inercia y reflujo de los movimientos sociales que no logran multiplicar y densificar la lucha y, por otro, los partidos que no modifican en absoluto sus políticas y quedan sujetos al estancamiento burocrático. Superar estas inercias es el mayor desafío para la construcción del partido-movimiento.

Trabajando con experiencias concretas, se advierte que los partidos que tienen vocación de poder suelen afrontar bien el tema de los desequilibrios en el espacio público. Pero como compiten por el poder, no quieren transformarlo, quieren tomarlo. Los movimientos sociales, por el contrario, saben que las formas de opresión provienen tanto del Estado como de actores económicos y sociales muy fuertes. En algunas situaciones, la distinción entre opresión pública y privada no es demasiado importante. Los sindicatos, por ejemplo, tienen una experiencia notable en la lucha contra los actores privados: jefes y empresas. Tanto los movimientos sociales como los sindicatos están hoy marcados por una experiencia muy negativa: los partidos de izquierda nunca dejaron de cumplir sus promesas electorales al llegar al poder tanto como lo han hecho últimamente. Este incumplimiento provoca que la descalificación de partidos sea cada vez mayor en más países. Esta pérdida de control sobre la agenda política solo puede recuperarse a través de los movimientos sociales en la medida en que se articulan con los nuevos partidos-movimiento.

12.La educación política popular es la clave para sostener el partido-movimiento.

Las diferencias entre partidos y movimientos son superables. Para ello es necesario promover el conocimiento mutuo a través de nuevas formas de educación política popular: círculos de conversación, ecologías de saberes, talleres de la Universidad Popular de Movimientos Sociales; discusión de posibles prácticas de articulación entre partidos y movimientos (presupuestos participativos, plebiscitos o consultas populares, consejos sociales o gestión de políticas públicas). Hasta ahora, las experiencias son principalmente a escala local. Debe desarrollarse la complementariedad a escala nacional y mundial.

13.El partido-movimiento va más allá de la articulación entre partido y movimiento social.

Después de más de cuarenta años de capitalismo neoliberal, de colonialismo y de un patriarcado siempre renovado, con una concentración escandalosa de la riqueza y destrucción de la naturaleza, las clases populares, el pueblo trabajador, cuando estalla o irrumpe indignado, tiende a hacerlo fuera de los partidos y los movimientos sociales. Ambos tienden a sorprenderse e ir tras la movilización. Además de los partidos y los movimientos sociales, es necesario contar con los movimientos espontáneos, con su presencia colectiva en las plazas públicas. El partido-movimiento debe ser consciente de estos estallidos y solidarizarse con ellos sin intentar dirigirlos o cooptarlos.

14. Vivimos en un período de luchas defensivas. Corresponde al partido-movimiento ser freno sin perder de vista las luchas ofensivas.

La ideología de que no hay alternativa al capitalismo —que, de hecho, es una tríada: capitalismo, colonialismo (racismo) y patriarcado (sexismo) — acabó siendo interiorizada por gran parte del pensamiento de izquierda. El neoliberalismo logró conjugar el fin supuestamente pacífico de la historia con la idea de crisis permanente (por ejemplo, la crisis financiera). Esta es la razón por la que vivimos hoy en el dominio del corto plazo. Sus demandas deben ser satisfechas porque quienes tienen hambre o son víctimas de violencia de género, no pueden esperar a que llegue el socialismo para comer o ser liberados.

Pero no se puede perder de vista el debate civilizador que plantea la cuestión de las luchas ofensivas y de medio plazo. La pandemia, si bien hizo del corto plazo una máxima urgencia, generó la oportunidad de pensar que hay alternativas de vida y que si no queremos entrar en un período de pandemia intermitente, debemos prestar atención a las advertencias que nos está dando la naturaleza. Si no cambiamos nuestras formas de producir, consumir y vivir, nos dirigiremos hacia un infierno pandémico.

15. Solo el partido-movimiento puede defender la democracia liberal como punto de partida y no como punto final.

En un momento en que los fascistas están cada vez más cerca del poder -cuando no lo han alcanzado ya-, una de las luchas defensivas más importantes es la defensa de la democracia. La democracia liberal es de baja intensidad porque es poca. Acepta ser una isla relativamente democrática en un archipiélago de despotismo social, económico y cultural. Hoy en día, la democracia liberal es un buen punto de partida, pero no un punto de llegada. El punto de llegada debe ser una articulación profunda entre democracia liberal, representativa y democracia participativa, deliberativa. En este momento de luchas defensivas, es importante defender la democracia liberal representativa para neutralizar a los fascistas y radicalizar desde ella la democratización de la sociedad y la política. Solo el partido-movimiento puede librar esta lucha."

Boaventura de Sousa Santos es académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Rebelión, 17/06/21; fuente: OtherNews)

¿Experimentos en la Administración? Implementar los ‘labs’ de gobierno... espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana... Los labs generan espacios donde prototipar y testear medidas para conseguir objetivos en políticas públicas, algo complicado con las actuales estructuras administrativistas de la AGE. Sus equipos multidisciplinares, libres de las restricciones de una estructura jerárquica y garantista, facilitarán la generación de ideas innovadoras

 "Según la OCDE, sólo el 45% de los ciudadanos de las democracias del mundo confía en sus gobiernos. En España, esta confianza cae al 30%. Nuestro país precisa profundizar en la creación de espacios que recuperen dicha confianza; especialmente en esta pandemia, donde crecen los problemas y éstos son cada vez más complejos.

 Ello, unido a la población más educada y conectada de la historia, capaz y deseosa de involucrarse en los asuntos políticos, da una mezcla explosiva que requiere de dos acciones: por un lado, fomentar la innovación en la búsqueda de soluciones; y por otro, integrar más a los ciudadanos en la toma de decisiones con nuevos instrumentos de participación democrática. Ya no nos conformamos con votar cada cuatro años o manifestarnos cuando estamos decepcionados. Pedimos nuevos mecanismos y canales de participación duraderos.

Un buen marco para ello es la política del Gobierno Abierto, basada en la transparencia de la actividad pública, unida a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. Desde su creación en 2011, la mayoría de países democráticos se han unido a la Alianza del Gobierno Abierto. España ya ha implementado tres planes bienales en esta materia, mejorando la calidad de nuestra democracia con herramientas como la Ley de Transparencia; pero no es suficiente.

 Ayer se aprobó el IV Plan de Gobierno Abierto de España, de cuatro años y no dos, lo que permite incluir compromisos más ambiciosos como el de los laboratorios de innovación (o ‘labs’). Esta nueva herramienta busca aumentar la participación ciudadana en la Administración General del Estado (AGE), incorporando de forma estable la opinión y el conocimiento de la gente en la gestión de los asuntos públicos. Y, a su vez, busca acelerar la innovación pública, introduciendo el enfoque experimental en el diseño de las políticas públicas, para que éstas se basen en datos y evidencias. 

Los labs generan espacios donde prototipar y testear medidas para conseguir objetivos en políticas públicas, algo complicado con las actuales estructuras administrativistas de la AGE. Sus equipos multidisciplinares, libres de las restricciones de una estructura jerárquica y garantista, facilitarán la generación de ideas innovadoras.

Ya son varios los países que han puesto en marcha los labs para solucionar problemas públicos. Reino Unido, Australia o Finlandia son casos notorios. Los finlandeses han puesto el foco en reorientar los servicios centrándose en el ciudadano, superando la división por sectores y competencias y utilizando herramientas de inteligencia artificial. Su primer paso ha sido desplegar cursos de formación en esta tecnología, que ya se han impartido al 1% de la población.

En el ámbito iberoamericano destaca Chile, con su Laboratorio de Gobierno, cuyo primer experimento fue rediseñar las facturas de la electricidad para mejorar su comprensión. Para ello, los funcionarios del lab trabajaron junto a académicos, representantes de las eléctricas y grupos de ciudadanos. Esto facilitó a los ciudadanos entender el uso de energía y qué hacían para optimizar y reducir su consumo.

También en España se han implementado los labs, pero a nivel autonómico y local. Destaca el caso del Laaab de Aragón, que utiliza nuevas metodologías y técnicas que mejoran el debate y la deliberación en talleres de dinamización, diseñados para incrementar y mejorar la involucración de la ciudadanía mediante sesiones de co-creación y validación de políticas públicas. En ellos se adaptan los procesos, eliminando en la medida de lo posible el lenguaje técnico y simplificando al máximo la explicación de las iniciativas, de tal forma que cualquiera las pueda entender.

Otro caso es el del MediaLab madrileño, donde se pueden proponer iniciativas para que las discutan los concejales. No obstante, primero se prototipan, llevando las ideas a la práctica y materializándolas en una primera versión funcional. Para ello se forman grupos interdisciplinares de trabajo en torno a propuestas seleccionadas mediante convocatoria abierta. En ellos participan tanto el o los proponentes iniciales como todos los interesados en colaborar, y cuentan con asesoramiento conceptual y técnico de un equipo de expertos.

Tanto funcionarios de la AGE como la sociedad civil han avalado las ventajas de los labs, aprobando implementarlos como compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto. Y es a partir de aquí donde aparecen las grandes preguntas:

¿Por qué políticas públicas empezar a aplicar los ‘labs’?

1.- En la implementación de innovaciones tecnológicas con dilemas éticos que requieran deliberación y un debate sosegado.

2.- En problemas enrevesados que no admiten soluciones binarias. Con decenas de soluciones disponibles e intereses contrapuestos, la participación ciudadana en el lab permite llegar a soluciones consensuadas y más adecuadas.

3.- En problemas que requieren decisiones y costes a largo plazo, pero cuyas decisiones pueden contaminarse por el cortoplacismo de las elecciones. Ejemplo: inversiones en grandes infraestructuras. Usar labs al diseñar estratégicamente las mismas aporta legitimidad, credibilidad y eficacia.

¿Cómo seleccionar a los participantes?

Uno de los grandes beneficios que generan los laboratorios es dar voz al ciudadano desorganizado, que quiere participar en los asuntos públicos sin pertenecer a una asociación, partido o sindicato.

El modelo aragonés selecciona a los participantes de manera informal. Para cada proyecto publican un post en la web y seleccionan por orden de inscripción. Además, establecen cupos mínimos para asegurar una variedad de personas por edad, distribución territorial, género y diversidad funcional.

En Chile, seleccionan a los participantes externos tras un mapeo del ecosistema de cada política pública, con muestras estadísticas de ciudadanos, académicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se invita a muestras representativas, manteniendo el control de las distintas sensibilidades.

En ambos casos, se realizan experimentos y prototipos con grupos estadísticamente representativos. Lo ideal es que cada laboratorio cuente con un equipo que maneje bien las redes sociales y haga campañas de microtargeting, usando el big data y desplegando diferentes estrategias de mercadotecnia en línea para atraer a los participantes más adecuados. La AGE deberá pensar en fórmulas de reclutamiento que den cabida a una pluralidad de voces y equilibren puntos de vista; y evitar uno de los sesgos más recurrentes: el nivel de estudios. En Finlandia, por ejemplo, el 90% de participantes en labs contaba con título universitario.

¿Cómo fomentar la participación ciudadana?

La mayoría de ciudadanos suele participar si se le explica con claridad por qué se le necesita y por cuánto tiempo, poniendo énfasis en el interés por mejorar un aspecto que le afecte directamente. Pero, para asegurar la mejor participación posible, existen varias medidas que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, se podrían crear una especie de Goyas a la participación, con un reconocimiento institucional y mediático para los equipos que aportaran la información más útil. Por ejemplo, los viajeros frecuentes son una fuente de experiencias útiles para el Ministerio del Interior (Policía, Aduanas…) o el de Transportes y sus entes (Aena, Adif, Puertos del Estado…), que ayudarían a mejorar la organización de la seguridad en puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos. El reto es hacer posible que cualquier español de a pie pueda participar, permitiendo a la AGE hacer uso del conocimiento que cada uno pueda ofrecer.

También se puede optar por establecer una remuneración económica. Así, se podría crear un cuerpo de BetaTesters, o ciudadanos preseleccionados, a los que se les pague por estar dispuestos a participar en proyectos de labs donde se les considere relevantes. De lo contrario, se teme que acaben participando los de siempre: aquéllos con mucho tiempo libre o con un interés parcial en influir en determinadas políticas públicas. Además, sería recomendable que los participantes tengan derecho a días de permiso pagados para participar en los labs, algo que ya ocurre en el caso de los ciudadanos seleccionados para jurados populares o mesas electorales.

Para evitar que los laboratorios se conviertan en una herramienta percibida como lejana es necesario crear comunidad, dando una dimensión física a cada lab. Y evitar la tentación de empezar por Madrid. Mejor optar por instalarse, al inicio, en ciudades intermedias, para abrirse a la participación presencial de españoles de todos los territorios. Desde el Laaab aragonés acaban de invitar a la AGE a establecer el primer laboratorio en Zaragoza, brindando instalaciones para ello.

¿Cómo asegurar la viabilidad de las ideas experimentadas?

La ventaja de poner en marcha prototipos de soluciones no es sólo poder testear sus resultados, sino también las problemáticas que surgen al poner en marcha e implementar dicha política. De esta forma, se pueden corregir antes de implementarse a gran escala. Además, esta fase de prototipado también puede servir para atraer a nuevos actores y colaboradores interesados en sus primeros resultados, lo que puede contribuir a su mayor éxito y sostenibilidad. 

Los labs deben disponer del mandato y la libertad de explorar fuera de las rutinas político-administrativas, para escapar de las urgencias del día a día que asfixian e impiden la necesidad de repensar determinadas políticas. Eso sí, a la hora de transformar ideas innovadoras en políticas públicas, los laboratorios deben hablar siempre el lenguaje del sector público, y no el del mundo del diseño. De otro modo, se arriesgan a que sus proyectos sean inviables.

En cualquier caso, la puesta en marcha de los labs no debe servir como excusa para reabrir el debate clásico entre democracia representativa y democracia directa: aquéllos son nuevos espacios que complementan al sistema representativo porque la toma de decisiones final quedará en manos de los políticos democráticamente elegidos para ello.

En definitiva, los labs generarán un efecto de aprendizaje y empoderamiento de la ciudadanía. Y acelerarán un desaprendizaje de la cultura funcionarial incluso entre los propios funcionarios. Cada lab debe crear un entorno de confianza y permitir así hacer todo aquello que no prohíbe la ley, acabando con la idea rígida de sólo hacer lo que la ley permite. 

Los laboratorios servirán para abrir un camino a la innovación y caminar hacia una concepción posibilista del Derecho. Esta pandemia ha servido en sí misma como un laboratorio de políticas públicas, acelerando reformas gubernamentales necesarias, y demostrando la viabilidad del teletrabajo o la necesidad de aumentar la atención online. Se ha roto con procesos rutinarios que, pese a mostrarse obsoletos o ineficaces, nadie se había atrevido a cambiar.

Varios expertos coinciden en que los laboratorios de innovación se podían haber usado para el diseño y planificación de la vuelta al cole tras el confinamiento, con el fin de aprovechar la inteligencia colectiva. No ha dado tiempo. Con el IV Plan aprobado, empecemos a experimentar en labs, de forma controlada y localizada, para generar mejores políticas públicas que mejoren la vía de las personas. Sus métodos heterodoxos, sus propuestas disruptivas y la introducción de terceros hace pensar que generarán resistencias en una cultura burocrática. Por eso, lo más importante para consolidarlos en la AGE será contar con la voluntad política firme de ponerlos en marcha. Ojalá desde la Moncloa."    (Enric-Sol Brines , Agenda Pública, 12 noviembre 2020)

Un 'ejército' de obreros recupera empresas paralizadas en Venezuela con trabajo voluntario

"El Ejército Productivo Obrero (EPO) es un movimiento social compuesto por trabajadores venezolanos, que decidieron juntarse a partir del año 2014 para recuperar, a través del trabajo voluntario, diversas empresas paralizadas, como consecuencia de la coyuntura económica que atraviesa el país, la escasez de repuestos e insumos a raíz del bloqueo estadounidense, y los distintos procesos de desestabilización política.

El grupo, con 2.270 integrantes en todos los estados del país, se define como "un ejército no convencional para ganar una guerra no convencional". Después que los trabajadores de las empresas en problemas se comunican con el EPO, los miembros más idóneos de este colectivo (dependiendo del área a tratar y de la ubicación geográfica), se trasladan a la entidad para "hacer un levantamiento de los nudos críticos".

Este informe se hace a través de entrevistas tanto a los gerentes como a la clase trabajadora, "a la par del diagnóstico del propio Ejército", señala Sergio Requena, integrante del movimiento.

Luego de tener claro el panorama y alcanzar un acuerdo entre las partes, los expertos del EPO se ponen manos a la obra para iniciar las denominadas "Batallas Productivas Obreras", que duran de cinco a siete días, aunque todo depende del proceso productivo y de la entidad laboral a intervenir.

¿Sin presupuesto?

Hasta el momento, mediante este mecanismo, se han reactivado 14 grandes empresas, incluyendo plantas de harina, empaquetadoras, o empresas de gas.  Una de las batallas más épicas fue en el Complejo Refinador de Amuay, en Paraguaná (estado Falcón).

De acuerdo con Requena, si se requiere presupuesto para lograr la reactivación de las empresas "esa inversión debe venir de la entidad en problemas". Sin embargo, en muchas ocasiones la solución llega cuando se logra la complementariedad entre empresas del mismo Estado, "pues lo que falta en una, en otra sobra".

"En Venezuela tenemos un sistema no integrado de entidades de trabajo del Estado, lo que hace que cada quien realice sus compras por separado, y a la larga esto nos ha llevado a paralizar empresas por falta de comunicación", dice Requena.

Ante esta situación, lo que hacen es invitar a los trabajadores de empresas cercanas a la que está en problemas, "para tratar de romper el aislamiento y obtener intercambios que traigan beneficios mutuos y desarrollo para todos".

Requena también reconoce que, en muchos casos, las empresas están sin producir por la falta de voluntad de muchos directivos, que "buscan soluciones individuales y únicamente a través de la solicitud de recursos extraordinarios", lo que ha generado un gran parque de maquinarias paralizadas "por trámites burocráticos o pequeñas cosas como un fusible quemado".

Requena considera que muchas de estas demoras esconden la existencia de intereses económicos, con "comisiones" en juego que entorpecen el proceso de activación.

No obstante, Julia Puello, otra integrante del movimiento, asegura que la iniciativa del EPO demostró que la clase obrera puede modificar la estructura del Estado, incluyendo este tipo irregularidades. "Los trabajadores podemos articularnos para generar cambios reales", dice convencida.

Puello, de 67 años, recuerda que al principio de su labor en EPO, muchos trabajadores de empresas paralizadas estaban recelosos por la intervención de ese ejército obrero. "Pensaron que íbamos a quitarles sus puestos, sus espacios", narra. Pero superado el resquemor inicial, decidieron unirse en pro del rescate de las empresas.

"Después trabajamos juntos también la formación intelectual como un eje transversal y hasta las emociones", comenta. 

Con visión de futuro

En estos momentos, el Ejército está desarrollando contactos con diferentes organizaciones, empresas, comunas, para preparar las próximas "batallas". "Donde haya reservas morales, capacidad de indignación y voluntad de hacer, allí va a estar el EPO haciendo la recuperación operativa de esas entidades de trabajo para que puedan satisfacer las necesidades del pueblo venezolano", sostiene Requena.

Por esa razón, el movimiento le propuso al Ejecutivo Nacional la creación de una Gran Misión, bajo la denominación de Mantenimiento Soberano, impulsada por trabajadores y trabajadoras provenientes de organizaciones populares, Misiones, Consejos Comunales, Comunas y demás tipos de estructuras populares.

No obstante, este planteamiento aun no recibe respuesta oficial. "Realizamos la propuesta en junio del 2019, la elevamos públicamente y la hicimos llegar a varios integrantes del alto gobierno, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta referente a eso. Pero, sí. Queremos que este proyecto se amplié y seguiremos luchando", explica Requena. 

De acuerdo con sus miembros, el EPO se opone a cualquier política económica que busque un rol preponderante al sector privado o extranjero, pues confían en que la clase obrera "tiene la capacidad de rescatar la producción para sostener el horizonte socialista en Venezuela".

"Si todos nos sentimos parte de esto, si asumimos ser clase obrera o trabajadora o el nombre que quieran, pero miembros de un colectivo, podemos aportar muchísimo en la industria petrolera, alimenticia, sanitaria, turística", considera Julia, quien lamenta que muy pocos conozcan la gesta de un Ejército que, en vez de armas, empuña voluntades."                     (Jessica Dos Santos, RT, 22/06/20)

Vamos desde sistemas políticos donde se manejaba con cierto equilibrio la relación entre representantes y representados, hacia construcciones donde las normas se llevan a cabo a través de mecanismos burocráticos

"(...) --¿Por qué se ha deteriorado lo que se ha denominado como constitucionalismo, y no sólo en España?

--El constitucionalismo es una ideología y una técnica en las que se dan encuentro el principio liberal y el principio democrático. Por un lado, ha habido un largo proceso de menoscabo de la idea de derecho, entendido como premisa para limitar las decisiones del poder. 

 Es algo poco estudiado, me parece, y resulta fundamental para comprender qué nos pasa. En mi opinión se ha impuesto la tesis crítica de que el Estado de derecho es el cómplice de la mayor parte de los males que nos aquejan: crisis económica, deterioro de la cohesión social y desigualdades crecientes. 

No puedo estar de acuerdo con una explicación tan reduccionista. En cuanto a la democracia, efectivamente, los procesos de globalización han limitado la capacidad de los parlamentos para tomar decisiones. El manejo del conflicto político entre clases, por ejemplo, se traslada a un esquema organizativo, el de la Unión Europea, donde no se pueden reproducir con la misma densidad los presupuestos que presidían nuestras democracias.

 Sin duda, estamos en un momento maquiavélico en el sentido de que vamos desde sistemas políticos donde se manejaba con cierto equilibrio la relación entre representantes y representados, hacia construcciones donde las normas se llevan a cabo a través de mecanismos burocráticos y autorregulados.

 De ahí, en cierto modo, la reacción decisionista (en el sentido de tratar de recuperar el control del destino) que suponen tanto el Brexit como el mismo procés catalán. (...)"               (Entrevista a Miguel bárcena, Manel Manchón, Crónica Global, 03/03/19)

La democracia directa ya no es el espectro temido cuyo objeto es la destrucción de la democracia representativa, sino que sirve como una guía para redefinir las reglas de funcionamiento de los regímenes democráticos que se han convertido en aristocracias electivas u oligarquías desdeñosas...

"(...) se está elaborando un nuevo orden, como lo demuestra la multiplicación de estas "prácticas políticas autónomas" de los ciudadanos que escuchan, directamente y lejos de los órganos oficiales de representación. , para pesar en la determinación del futuro del mundo en el que están inscritas sus vidas. 

Estas prácticas toman la forma de mítines (actualmente en Polonia, Hungría, Rumania o Serbia), plataformas o "partidos de movimiento" (entre otros, el Movimiento de las Cinco Estrellas en Italia, Podemos en España, Syriza en Grecia, Shield en Croacia, Demosisto en Hong Kong y Quebec Solidaire) o entrismo en partidos establecidos (como es el caso del Labor de Corbyn o el Partido Demócrata Americano), por no mencionar los despliegues de fuerza con menos contenido democrático (l AfD en Alemania, Bolsonaro en Brasil, Maduro en Venezuela, etc.).

La irrupción de grupos activistas desarmados en el mundo cerrado de la política es un fenómeno que está cobrando importancia a medida que estas prácticas se difunden y se hacen más internacionales.

Las políticas de antaño están obsoletas por un cambio que es hora de pensar: la democracia directa ya no es el espectro temido cuyo objeto es la destrucción de la democracia representativa, sino que sirve como una guía para redefinir las reglas de funcionamiento de los regímenes democráticos que se han convertido en aristocracias electivas u oligarquías desdeñosas. 

Trabajar hacia esta redefinición, cuyo objetivo es hacer que la representación sea verdaderamente representativa, es la tarea para la cual los ciudadanos que participan en este "trabajo de mediación política", que consiste en conformar colectivamente los deseos, la ira. y los impulsos que se expresan de manera desordenada en una protesta para estructurarlos en reclamos aceptados por todos y defenderlos de manera organizada. 

Este trabajo ha dejado de ser el monopolio de los profesionales de la política, justificado por su dominio de un conocimiento racional, técnico o teórico.

 Ahora deben acostumbrarse a deliberar en plena igualdad con las personas interesadas por la forma en que se dirigen los estados y cuya acción pública debe llevarse a cabo para satisfacer el bien común. Es este cambio en el fondo de este momento febril y sin precedentes lo que nos hace vivir la resolución inflexible que muestran los últimos chalecos amarillos para triunfar sobre las demandas dispersas.

 Llevar a cabo este trabajo bien requiere tiempo y reclama más que la proliferación en la plaza de los debates del país enmarcados y formateados por expertos de confianza o la avalancha de críticos clasificados por ideólogos con ideas claras y convencidas de su verdad. 

 Es una forma completamente diferente de considerar las relaciones políticas que uno tendría que adoptar, hechas de humildad e inteligencia de las razones de los demás (del lado de los gobernadores), de la eliminación del dogmatismo (de los gobernadores), ideólogos secundarios que se creen a sí mismos como poseedores de la explicación del mundo y maneras de transformarse) y una apertura para debatir discutiendo con sus enemigos y oponentes (del lado de los manifestantes). 

 En otras palabras, es misión imposible. Indudablemente sucederá un día cuando las tropas acaloradas dejarán de hacer todos los sábados una cita que se espera que cambie su terreno de juegos.

 También ocurrirá un día en el que las ocupaciones de las rotondas habrán acabado con la paciencia de aquellos y aquellos que las ocupan, independientemente del nivel de satisfacción que se les dé a las demandas hechas. 

 Y llegará un día en que terminará el gran debate nacional. ¿Todo volverá al orden? Sabemos que no, incluso si la calma regresara antes de los exámenes y las vacaciones. El poder gobernante habrá comprado una nueva porción de tiempo antes de la próxima sacudida y balanceo con la esperanza de ganar la próxima elección.

 Para traicionar esta mala suerte y acelerar la democratización de la democracia, tal vez sería útil que todo ese país de hombres y mujeres de izquierda ocupen masivamente el movimiento para contribuir, sin necesariamente usar el chaleco pero sin mostrar sus afiliaciones tampoco, a la formulación de reclamos que apuntarían a los mecanismos que causan desesperación y miseria. 

 Nada es más revelador del estado actual de los partidos y de los sindicatos de izquierda y de derecha que su renuencia y su incapacidad para descender a este escenario burbujeante para confrontar las opiniones crudas de aquellos que hicieron volar el poder. Marcos de un debate público que se ha reducido, a lo largo de los años, a comentarios desinfectados para asegurar la victoria de un futuro presidente. Pero si no hoy, ¿cuándo y con quién?"                 (Albert Ogien, Libération, 01/02/19, en Revista de Prensa)

El movimiento de los “chalecos amarillos” ha evidenciado una característica esencial en la construcción de la nueva sociedad. Se trata de la horizontalidad en las decisiones de las organizaciones sociales, sean éstas políticas, judiciales, educativas, sindicales, etc... basada en el financiamiento ilimitado para la creación y desarrollo de empresas-país...

"El movimiento de los “guilets jaunes” ha evidenciado una característica esencial en la construcción de la nueva sociedad. Se trata de la horizontalidad en las decisiones de las organizaciones sociales, sean éstas políticas, judiciales, educativas, sindicales, etc.  (...)

Y la base socio-económica que presentamos, como alternativa al Capitalismo, se apoya en la economía de mercado, la Repartición más o menos igualitaria, la propiedad colectiva (o comunitaria), y el financiamiento ilimitado para la creación y desarrollo de empresas-país. Estos cuatro elementos condicionan los dos parámetros de las nuevas instituciones.

En estas condiciones, las personas ya no requieren de “representantes” para manejar sus vidas y su economía. Ellos mismos pueden actuar en forma directa en la solución de sus problemas. Y es esta nueva base socio-económica que permitirá configurar los dos parámetros de las nuevas instituciones. 

El primer parámetro, las instituciones serán horizontales y, el segundo, ellas serán organizaciones simples dentro de un mundo complejo.

Para visualizar los dos parámetros de las nuevas instituciones que responden a esta nueva base socio-económica, utilicemos tres ejemplos. El primero será el nuevo sistema financiero; el segundo, la gestión de una obra pública y; el tercero, el Juicio por Jurados.

El nuevo sistema financiero

El sistema actual de financiamiento de obras y servicios públicos está supeditado directamente a la decisión del Presidente de la República, vía el ministro de economía y finanzas, por más pequeña que sea la obra o por más alejado del centro de poder que se encuentre el servicio.

Es un sistema financiero totalmente vertical y, en corto, diríamos que es de un solo caño de financiamiento. Sin embargo, son miles y miles de obras y servicios que quedan por hacer mientras que, por otro lado, existen millones de personas desocupadas. Por ello, es necesario y urgente que existan mil caños de financiamiento.

El nuevo sistema financiero facilitará la apertura de una Agencia Bancaria en cada lugar que se proyecte una inversión. Y esta agencia tendrá el pleno mandato de realizar la emisión monetaria correspondiente sin tener que esperar el visto bueno de una jerarquía superior. Los niveles jerárquicos existirán, pero la decisión será tomada por la Agencia Bancaria que sigue de cerca el desarrollo en la decisión de una nueva obra o servicio.

Entonces, el nuevo sistema financiero, en sus decisiones, será horizontal. La nueva base socio-económica garantizará la horizontalidad en las decisiones. Y las organizaciones serán simples dentro de un mundo complejo.

La gestión de una obra pública

Tomemos el caso de una nueva escuela, como podría ser el de construir un nuevo puente, una carretera o un espacio público. Una cierta localidad crece en número de habitantes y los vecinos sienten la necesidad de contar con un local escolar. Ellos, grandes y chicos, se reúnen y deciden su construcción. Los estudios de factibilidad demuestran que existirá un equilibrio entre los ingresos y los egresos.

A lo largo de este proceso, los vecinos estuvieron acompañados de un servidor de la Agencia Bancaria, de tal forma que, tan pronto la decisión final fue tomada, el maestro de obra encargado de realizar la construcción del local, tendrá el financiamiento requerido.

Una vez terminada la obra, constituido el plantel docente y administrativo, la escuela pudo acoger a los alumnos, y los padres de familia se encargaron, mes a mes, de pagar el costo integral del servicio formación profesional que ellos demandaron para sus hijos.

En esta descripción resumida del ejemplo, se pueden observar tres particularidades. Uno, el financiamiento de la obra y de la formación profesional se encuentra garantizado a través de la emisión monetaria. Dos, son los vecinos que pagan mensualmente el costo integral, tanto de la obra como del servicio formación profesional. Tres, el funcionamiento del centro de formación profesional, tanto en su parte administrativa como formativa, es decidida en el mismo centro de formación profesional, en donde participan tano los padres de familia como los educandos.

En este ejemplo se puede observar los dos parámetros de las nuevas instituciones. Primero, las decisiones son tomadas en forma directa, horizontal. Segundo, el centro de formación profesional tiene la forma de una organización simple dentro de un mundo complejo.

La organización y las decisiones verticales dejan de existir. ¿Y esto por qué? Simplemente porque todas las personas tienen en sus bolsillos, en partes más o menos iguales, la totalidad del Producto Bruto Interno del país. Además, cuentan con un financiamiento ilimitado y gratuito, lo que indica que el local pertenecerá al país.

El Juicio por Jurados

En la actualidad, la administración de justicia es uno de los mejores ejemplos de centralismo, totalitarismo, demora en la decisión final y corrupción. Al interior del país, las decisiones judiciales son motivo de apelaciones a instancias superiores, por lo menos tres, para que al final sea el Presidente de la República quien trance.

Pero ello, en varios de los casos, el asunto no termina ahí; porque las decisiones del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema o del Presidente de la República son pasibles de apelaciones a nivel regional o mundial. De esta forma, un contencioso judicial dura decenios e incuso siglos, antes de que se obtenga la decisión final.

Todo esto deberá terminar con el Juicio por Jurados. Una administración de justicia cuyo ámbito territorial será definido por la misma población a fin de que tenga una talla humana. Sus decisiones serán a un solo nivel; es decir, sin derecho a apelación. Esto no impide las instancias superiores que tendrán únicamente un rol de coordinación.

El cuerpo central de un Juicio por Jurados son precisamente los Jurados, quienes decidirán la responsabilidad o inocencia del inculpado. Los Jurados, que podrían ser doce, serán elegidos al azar y entre todos los habitantes mayores de edad, del ámbito territorial del Juicio por Jurados. La única condición para ser designado como Jurado, y por una sola vez durante un año, es el de saber leer y escribir.

Esta institución cobrará toda su validez una vez que la base socio-económica del país sea desarrollada en Repartición Igualitaria y todo lo que sigue. Bajo esta condición, los Jurados serán menos fáciles a ser persuadidos por el medio ambiente, y capaces de exprimir su opinión en plena independencia de criterio.

En guisa de conclusión

Con la descripción somera de estos tres ejemplos podremos tener una idea de lo que serán las instituciones respondiendo a una base socio-económica en economía de mercado, con Repartición más o menos igualitaria, propiedad colectiva y financiamiento ilimitado y gratuito.

A partir de ello es mucho más fácil comprender la nueva naturaleza de Gobierno, uno de Democracia Directa Moderna.

Nos resta solamente responder a la pregunta: la actividad socio-económica no solamente se dedica a repartir. Es importante igualmente producir para satisfacer las necesidades de una población creciente. Y esta inquietud se hace aún más importante en los países del Tercer Mundo, en donde las formas de trabajar y la productividad que resulta de su esfuerzo físico y mental es bastante inferior a la de los países del Norte (...)"                (La Sociedad Horizontal ,Hugo Salinas , Rebelión, 14/12/18)