27/7/17

Que el gobierno federal garantice el empleo, con un salario digno e incentivos, a todo americano dispuesto y capacitado para el trabajo. El fin último de la garantía de empleo es el pleno empleo sostenido: un empleo hasta para el último americano que quisiera trabajar... ¿cómo funcionaría? ¿Cúanto costaría?

"Los demócratas han comenzado la presidencia de Donald Trump exiliados al desierto político. Han perdido la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, un número impresionante de gobiernos estatales, mientras que el voto de los “Estados azules” ha resultado ser en realidad solo voto de “ciudades azules”.

El partido se ha lanzado a buscar soluciones, enzarzándose en discusiones sobre políticas de identidad, la estrategia de oposición adecuada y demás. Pero los demócratas podrían inspirarse en el mismísimo Trump. A saber: sus promesas reiteradas de recuperar empleos americanos bien pagados.
“Es su argumento principal y el más consistente”, observa Mike Konczal, un investigador del Roosevelt Institute, tras revisar los discursos de Trump. 

El presidente comprende, como subrayó Josh Barro de The New York Times, que la mayoría de los americanos piensa que la finalidad de la empresa privada es proveer buenos empleos, no solamente conseguir un beneficio. Incluso la xenofobia y nacionalismo blanco de Trump no se aleja mucho de esto: echar a patadas a los inmigrantes y apartar a los competidores foráneos son componentes críticos de su manera de recuperar los empleos.

Los demócratas tienden a tratar los empleos como el subproducto feliz de otros objetivos tales como la revitalización de infraestructuras o los proyectos de energías renovables. O tratan la desindustrialización y la deslocalización de los empleos como hechos inevitables y lamentables y a cambio ofrecen formación, seguros de desempleo, atención sanitaria etc. para mitigar sus efectos. 

Todas estas políticas son estimables. Pero un empleo no es solo un mecanismo de suministro de rentas que se puede reemplazar con una fuente alternativa. Es un medio fundamental por el que la gente afirma su dignidad, legitima su cuota de participación en la sociedad y comprende sus obligaciones mutuas.

 Hay evidencia clarísima de que la pérdida de esta identidad social importa tanto como la de la seguridad financiera. El daño que causa el desempleo prolongado a la salud mental y física solo es comparable al causado por la muerte de un cónyuge. Causa estragos en los matrimonios, las familias, las tasas de mortalidad, las tasas de alcoholismo y más. La crisis de 2008 elevó el desempleo a largo plazo a la estratosfera y hoy permanece cerca del máximo histórico. Trump se dirigió al corazón del problema cuando le dijo a Michigan en octubre de 2016: Voy a devolveros los empleos”. Punto.

Los demócratas también deberían considerar prometer la Luna. Pero a diferencia de Trump, deberían respaldarlo con un plan político. Y existe una idea que podría funcionar. Emerge de forma natural desde los valores progresistas. Es grande, osada y cabría en una pegatina del parachoques. Se le suele llamar la “garantía de empleo” o el “empleador de último recurso”. En dos palabras: que el gobierno federal garantice el empleo, con un salario digno e incentivos, a todo americano dispuesto y capacitado para el trabajo.

 Por qué lo necesitamos
 
Antes de profundizar en los detalles de esta propuesta, es procedente dar unas palabras sobre los objetivos generales. El fin último de la garantía de empleo es el pleno empleo sostenido: un empleo hasta para el último americano que quisiera trabajar, incapacitando al mercado laboral para encontrar suficientes trabajadores para todos los empleos que quisiera crear.

Los beneficios de la garantía para los previamente desempleados resultan evidentes. Pero no es menos crucial que ayudaría a los americanos ya empleados. Cuando los trabajadores compiten entre sí por una oferta inadecuada de empleos no tienen ningún poder. Por el contrario, cuando los empleadores deben competir por una oferta inadecuada de trabajadores se produce una transformación sutil pero fundamental. Liberados del temor de ser arrojados al desempleo y de no poder encontrar otro empleo, incluso los trabajadores peor pagados pueden exigir salarios más altos y prestaciones más generosas. 

Pueden exigir mejores condiciones de trabajo y horarios y formación laboral a costa del empleador. Pueden desafiar la discriminación, el acoso y el abuso. Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores ganarían autoridad. Habría más estabilidad familiar, comunidades más sanas, más confianza social y mayor participación en la vida colectiva. El fin último de la garantía de empleo es el pleno empleo sostenido: un empleo hasta para el último americano que quisiera trabajar.

En términos prácticos esto requeriría forzar las tasas de participación de la fuerza de trabajo —la medida de la gente empleada o que está buscando empleo activamente— hasta los límites naturales y llevar la tasa de desempleo —la porción de la fuerza de trabajo no empleada— hasta el 1 o el 2 por ciento. Y luego mantenerlas. Puede parecer un objetivo fantástico. 

Pero lo hemos conseguido antes: durante la movilización económica de la Segunda Guerra Mundial la tasa de desempleo cayó brevemente por debajo de un pasmoso 2 por ciento. Después, entre 1945 y 1970, la tasa permaneció aproximadamente un tercio de ese tiempo bajo el 4 por ciento. No por casualidad esta época se recuerda como una era económica dorada, y la desigualdad se mantuvo reducida.
Las cosas han cambiado desde entonces.

Al escribir estas líneas, hay 1,4 demandantes de empleo por cada vacante. Como mínimo nuestro objetivo debería ser menos de un demandante por cada vacante. Aun así éste es el mejor registro tras ocho extenuantes años de recuperación. 

Es más, la razón entre demandantes de empleo y vacantes solo se acercó momentáneamente a la paridad con un 1,1 al final del auge de los 90. No existen registros más antiguos. Pero hay otros indicios de cercanía a la paridad: los finales de los 90 fueron también el único momento desde los 70 en que la tasa de desempleo cayó hasta el 4 por cien. Actualmente está en el 4,6% — de nuevo, el mejor nivel desde la Gran Recesión.

Así que incluso en esa mitad de la centuria de tan gratos recuerdos, la tasa de desempleo americana total tendía a resurgir como una boya sobre el umbral que señala el pleno empleo. De vez en cuando, caía lo suficiente como para tocarlo y volvía a rebotar. Durante los últimos 40 años, esa boya prácticamente nunca ha tocado el pleno empleo. 

Este fallo de varias décadas ha reducido los trabajadores a la impotencia crónica frente a unos empleadores que demandaban trabajo barato, sumiso y desechable. Subyace al alza vertiginosa de la desigualdad la pérdida generalizada de buenos incentivos laborales, la expansión de la precariedad financiera entre los hogares, la generalización de los contratos por obra y la “uberización” etc.

Entretanto, qué empleos crea la economía, para quiénes y en qué condiciones queda determinado por las personas que poseen y controlan el flujo de capitales y la propiedad. Esta es la naturaleza de los mercados privados en el capitalismo. Tanto la izquierda como la derecha aceptan esta situación como un hecho consumado y en esencia tratan de sobornar a este grupo exiguo para que cree empleo. El soborno de la derecha son los recortes de impuestos y la liberalización. El soborno de la izquierda es un estímulo musculoso del gasto público deficitario y la inversión pública. Esta funciona mucho mejor exprimiendo la demanda agregada, razón por la que posibilita que los empleadores se beneficien y ganen cuota de mercado contratando más trabajadores. Pero en ambos casos, el poder para configurar el empleo en sí y contratar está en manos de los capitalistas.

Inevitablemente, los demandantes de empleo más privilegiados o atractivos son contratados en primer lugar: aquéllos que tienen buena formación, tienen historiales de empleo estable, carecen de antecedentes penales y (seamos francos) son blancos. Solo cuando estos han sido contratados empieza a llegar el empleo a todos los demás.

Los últimos en llegar son las minorías raciales, aquéllos sin títulos universitarios o de bachillerato, aquéllos con largos períodos de desempleo en el pasado, los veteranos y los que tienen antecedentes penales. Y su turno es mucho más breve puesto que les llega en el pico de la coyuntura. Luego, cuando cae el ciclo, los menos privilegiados son los primeros en ser eliminados. El resultado es una dinámica amarga en la que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos. Incluso cuando trabajan su posición negociadora es perpetuamente precaria, lo que redunda en salarios menores y mayor explotación.

Por eso unos 5,5 millones de personas todavía trabajan a tiempo parcial cuando querrían trabajar a tiempo completo. Explica en gran parte la impunidad de los empleadores ante flagrantes robos salariales, los horarios abusivos, la discriminación racial, el acoso sexual y la violación de los derechos laborales. Por eso demasiadas personas llevan ya décadas con los salarios estancados.

Que la carencia del pleno empleo golpee más duramente a los americanos menos privilegiados no solo es problemático porque sea injusto. Es que además condena a sus comunidades a ciclos repetidos de destrucción de los que nunca tienen tiempo para recuperarse del todo. La tasa de desempleo de los americanos negros, por ejemplo, perpetuamente duplica la de los blancos —situación que se mantiene en todos los niveles educativos--. Lo mismo vale para la tasa de desempleo de todos los americanos con un título universitario frente a aquellos que solo tienen un graduado escolar.

En contraste, los efectos benéficos del pleno empleo, cuando sucede, son más acentuados entre los menos privilegiados: solo entonces los empleadores se ven obligados a acudir a las personas y comunidades normalmente exiliadas de la economía.

Imagínense lo qué se podría conseguir con un pleno empleo sostenido.

Así pues no debería sorprender que los pensadores afroamericanos desde siempre hayan sido paladines de la garantía de empleo. Martin Luther King Jr lo reivindicó reiteradamente. También Bayard Rustin, otro activista de los derechos civiles afroamericano de los años 60, y Sadie T.M. Alexander, la primera afroamericana que se doctoró en Economía. Hoy entre los defensores negros de la garantía de empleo se incluyen el profesor de Economía y Políticas Públicas de Duke William Darity Jr y el economista Darrick Hamilton de la New School.

Coincidiendo con el auge de la desindustrialización y la globalización y el retroceso de las políticas de inversión pública, regulación y aplicación de las leyes antimonopolio, la economía americana finalmente ha empezado a tratar a los trabajadores blancos sin título universitario tal como siempre trató a los negros americanos.

El capital huye de las comunidades rurales y pueblos donde Hillary Clinton perdió ante Donald Trump por un margen de tres a uno y donde el crecimiento de nuevo empleo y la creación de negocios durante las recuperaciones prácticamente se han desvanecido. Los competidores extranjeros y la automatización están robando sus empleos; sus tasas de desempleo e ingresos son inferiores; y sus hipotecas los asfixian. Clinton ganó en menos del 16% de los condados pero aquéllos en los que ganó generaban el 64% de la producción económica total. Este gran desplazamiento económico generó la frustración económica que causó el vuelco en los Estados del Rust Belt que dieron la victoria a Trump.

Pero el presidente no ha cejado de explotar los temores y ansiedades raciales de los americanos blancos y las tentaciones del nacionalismo blanco. Combatirlo exigirá una coalición genuinamente multiétnica; una que pueda avanzar al máximo la causa antirracista, reservando a la clase trabajadora blanca un asiento en la mesa en pie de igualdad. Una garantía de empleo pondría los cimientos de tal coalición basada en intereses económicos compartidos.

Cómo funcionaría

Este es pues el contexto en el cual emerge la necesidad de tal programa. ¿Cómo funcionaría la garantía de empleo en detalle? En primer lugar sería universal: una oferta a cualquier que esté dispuesto y sea apto para el trabajo. También sería completamente voluntario: no se obligaría a nadie a trabajar.

Cada empleo pagaría un salario por encima del umbral de la pobreza e incentivos. Una posibilidad a menudo sugerida es $25.000 al año —unos $12 la hora si asumimos 52 semanas al año y 40 horas por semana. Se podría plantear un ajuste adicional por el coste de la vida en función de las condiciones de vida locales. La asistencia sanitaria y las cotizaciones sociales se cubrirían a través de los programas existentes, el de Prestación Sanitaria de Empleados Federales y el Sistema de Jubilación de Empleados Federales, respectivamente. Las vacaciones pagadas y las bajas por enfermedad y por asuntos propios también estarían incluidas.

Los beneficiarios podrían solicitar trabajo a tiempo parcial reduciéndose su salario en proporción. Pero tendría que fijarse un mínimo número de horas para recibir el paquete de incentivos; Darity sugiere 30 horas a la semana.

El programa sería impulsado por la demanda de empleo de los americanos. Es decir, funcionaría como una prestación como la Seguridad Social, Medicare, el seguro de desempleo, la Asistencia Temporal para Familias necesitadas o los subsidios del Obamacare: financiado automáticamente por ley, en función de cuánta gente reúne los requisitos, en vez de a través del proceso de asignación de partidas presupuestarias anuales del Congreso.

Esto obligaría a financiar el programa a nivel federal. Cuando golpea una recesión, casi todos los agentes de la economía —administraciones estatales y locales o instituciones y empresas privadas— sufren una merma de ingresos. No pueden gastar a los mismos niveles o superiores sin riesgo de impago de deuda. Pero el Gobierno de los EE.UU. es diferente: su endeudamiento tiene el soporte de la capacidad de la Reserva Federal de crear nueva oferta de dinero. Literalmente no es posible que el Gobierno federal impague su deuda (a no ser que lo haga por voluntad propia). Más bien el límite en el gasto federal es el riesgo de inflación — que siempre es menor en una coyuntura negativa.

Está además la cuestión del diseño institucional. Nadie ha implantado una garantía de empleo plena. Pero algunos ejemplos internacionales se han acercado bastante y aportan algunas sugerencias prácticas. El Plan Jefes y Jefas de Hogar —un programa de empleo garantizado modesto, de corta vida, más cicatero pero similar de principios de siglo— repartió las competencias entre los niveles federal, local y municipal. 

El Gobierno federal desembolsaba los fondos y definió las directrices generales para aprobar los planes de empleo. Creó una base de datos nacionales de demandantes de empleo y otra para el seguimiento de todos los proyectos, su seguimiento y su evaluación. Esto fomentó la transparencia y redujo la corrupción. Dada la historia de exclusión racista en los programas de trabajo del New Deal en los Estados Unidos, una aplicación vigorosa federal de todas las leyes antidiscriminatorias y de derechos laborales sería esencial.

Pero Argentina reservó la tarea de revisar, aprobar y administrar los proyectos a las administraciones locales y municipales. La economista del Bard College Pavlina Tcherneva, que estudió la garantía de empleo y la experiencia argentina con sus colegas del Levy Institute, destaca que las ONG, las asociaciones vecinales y otros colectivos sociales de toda América ya conocen las necesidades de sus comunidades y trabajan para atenderlas.

 Pero sus plantillas y sus fondos siempre son escasos. Así que en el caso que nos ocupa el primer paso sería que los gerentes locales y municipales preguntaran a estos grupos qué proyectos ya han desarrollado que solo necesiten ser escalados.

A continuación, estos mismos gerentes deberían determinar qué obras públicas y elementos de la infraestructura de cada comunidad necesitan ser construidos o revitalizados. La crisis del plomo en las tuberías de Flint, Michigan, demuestra que las necesidades en este campo son inagotables.

Finalmente, los gerentes locales de la garantía de empleo deberían abrir el debate a propuestas de la comunidad local: que todos desde las iglesias hasta las organizaciones cívicas pasando por los individuos aporten ideas. Esto podría crear un diálogo de base que aportara a los americanos un control más democrático sobre la planificación de sus economías locales. Quizás se podría introducir un cierto grado de democracia local en la elección de los gestores locales del programa.

Los demandantes de empleo podrían presentarse ante estas oficinas locales, que recurrirían a las bases de datos federales para conectar los trabajadores potenciales con los proyectos más apropiados. Es importante que los trabajadores sean asignados a empleos cercanos en función de las  habilidades que ya poseen. La formación y el cuidado infantil podrían ser prestados por otros beneficiarios del trabajo garantizado, tal como ocurrió en Argentina. 

La idea sería “acudir al encuentro de los trabajadores”, en función de sus capacidades, sus necesidades y su ubicación geográfica. Compárese con el sector privado, donde los trabajadores de renta baja llegan a dedicar enormes cantidades de tiempo y energía en transporte, búsqueda de cuidadores infantiles, “adquisición de competencias” o incluso desplazándose a otra ciudad o Estado, todo a conveniencia del empleador.

Podríamos crear una nueva agencia federal completamente nueva, donde el poder interno y la capacidad de decisión estén distribuidos entre las delegaciones locales y municipales. Otra posibilidad es remozar y adaptar instituciones que ya tenemos. 

El Ministerio de Trabajo podría gestionar las obligaciones de ámbito federal mientras que las oficinas de empleo podrían reconvertirse en agencias de colocación —los puntos de contacto locales para los demandantes de empleo--. Ambos podrían ser el enlace con las administraciones locales. Incluso el Servicio de Correos de los EEUU. podría involucrarse: están circulando propuestas para que preste servicios bancarios  básicos a través de esta agencia a los 68 millones de americanos que carecen de ellos. Muchos de estos ciudadanos serían los mayores beneficiarios de la garantía de empleo y necesitarían una cuenta en la que domiciliar su salario. La banca postal podría matar dos pájaros de un tiro.

Cuánto costaría

Hablemos ahora del precio. Una cuenta de la vieja sugiere que un programa como el descrito ascendería a al menos $ 670.000 millones el primer año —aproximadamente el 3,6% de la economía— si se implanta hoy. Es mucho pero no es en absoluto inconcebible: ése es aproximadamente el coste anual de los diversos subsidios de atención sanitaria del Gobierno federal y es menos que la Seguridad Social.

Aún más importante: el coste se encogería rápida y dramáticamente una vez que empezara a rodar el programa. Millones de los anteriormente desempleados contarían con nuevas rentas para gastar así que los negocios privados crecerían, sus ofertas de empleo e incentivos mejorarían y la gente abandonaría las nóminas del trabajo garantizado en busca de pastos más verdes. El programa se moderaría solo expandiendo al sector privado. 

En lo sucesivo se estabilizaría en un nivel de gasto mucho menor. A modo de ilustración: el plan Jefes de Argentina se inició en 2001 y los beneficiarios llegaron a un pico de 2 millones en 2003. Pero hacia 2005 la cifra de beneficiarios se había reducido un 40%. En ese tiempo la tasa de desempleo nacional cayó del 21% al 8%.

Además de todo eso, la lista de personas que reúne los requisitos de otros programas de la red asistencial como Medicaid, SNAP, ayudas de vivienda y demás también se encogería. Encontraríamos  menos males sociales derivados del desempleo —crimen, población penitenciaria, salud mental, drogodependencias, etc.— reduciendo el gasto aún más. Estimaciones groseras de Darity, Tcherneva y otros economistas sugieren que al menos una cuarta parte del presupuesto anual de la garantía de empleo se compensaría con otras reducciones, quizás incluso más.

En adelante, cada recesión del sector privado hincharía las cohortes de los beneficiarios de la garantía de empleo de nuevo, pero nunca tanto. Actualmente, las recesiones se retroalimentan: la gente pierde su empleo, su consumo cae, así más gente pierde su empleo, hasta que la recesión toca fondo. Pero el empleo a través de la garantía de empleo está limitado solo por la imaginación y la creatividad humanas. Una recesión solo es el colapso en la capacidad del sector privado de emplear a todos de acuerdo a las prioridades de los capitalistas. 

Así que las recesiones arrojarían a los trabajadores al trabajo alternativo de la garantía de empleo, con el suelo salarial asociado. Las recesiones serían más pandas y las recuperaciones más rápidas, de nuevo encogiendo las nóminas de la garantía de empleo. Nos ahorraríamos la ruina humana y social que acompaña las oleadas de desempleo masivo. Prevenir el desempleo masivo se demostraría harto más barato que eliminarlo una vez consolidado. Siempre habrá enfermos a los que cuidar, ciudadanos que educar y vecindarios por embellecer.

Una posibilidad aún más sugerente es que la garantía de empleo eliminaría la necesidad de que la Fed ajustara los tipos de interés.

Funcionaría así: actualmente los funcionarios de la Fed operan bajo la creencia de que es necesario una cantidad de desempleo para controlar la inflación. A medida que sube el poder adquisitivo de los trabajadores se desencadena una carrera armamentista en las empresas. Los trabajadores exigen mayores remuneraciones, los capitalistas tratan de conservar su margen subiendo los precios, entonces los trabajadores exigen salarios más elevados ante el incremento del coste de la vida. Friéguese, aclárese y repítase. El resultado es una espiral de salarios-precios que produce mayor inflación.

La Fed interviene con una elevación de los tipos de interés que comprime el crédito y fuerza a las empresas a frenar su expansión o reducir su tamaño. Esto detiene la carrera armamentista destruyendo empleos. Pero de nuevo se deja que los capitalistas decidan a quiénes eliminan antes del empleo.

Hay un elemento de política de tierra quemada en esta práctica, ya que permitir que la inflación continúe también destruye empleos al causar el desbarajuste de la señales de precios. Reiteramos: con una garantía de empleo una coyuntura negativa simplemente desplazaría trabajadores hacia el salario y tasa de compensación fijos, que no entran en la guerra de pujas. 

Esto pondría fin a la guerra armamentística sin expulsar personas al desempleo y la destrucción humana asociada. Así la garantía de empleo también podría estabilizar los vaivenes de la inflación. (Sería complicado si el salario de la garantía de empleo estuviera indexado a la inflación pero no indexar provocaría batallas legislativas periódicas para subirlo).

El trabajo

¿Qué hay de los empleos? ¿Qué tipo de trabajo harían estas personas? Tcherneva prioriza trabajo que no sea intensivo en capital, que raramente requiera habilidades especializadas y que atienda necesidades continuadas de atención, restauración, conservación, etc. Algunos pensadores progresistas sobre políticas se refieren a ellas como “infraestructura humana”. 

Ejemplos actuales en funcionamiento incluyen la conservación ecológica y la revitalización de parques públicos en el Valle del Río Hudson, donde se crean huertos urbanos y mercados locales para combatir el problema de los desiertos alimentarios o la restauración de edificios históricos en Newburgh, Nueva York. 

En Argentina las comunidades locales utilizaron el programa Jefes para crear carnicerías, panaderías, talleres de ropa y juguetes, tiendas de alimentos, albergues para personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica, centros de reciclado, huertos urbanos, comedores sociales y más. Además de proyectos de infraestructura, el programa de trabajo del New Deal encargó representaciones teatrales, esculturas y murales.

Ciertamente, el programa también podría incluir infraestructuras y obras públicas tradicionales. Pero estos son proyectos cerrados con una fecha de entrega y su necesidad puede no estar alineada con la coyuntura. En cambio siempre habrá niños y ancianos a los que cuidar, enfermos a los que atender, ciudadanos por educar, ciudades que limpiar, vecindarios que embellecer y parques por arreglar. Este trabajo sería el núcleo de los planes de empleo público. 

Estos programas de empleo público siempre han llevado el sambenito de “ocupaciones sin contenido” — la idea de que se paga a la gente para que haga cosas inútiles para la sociedad--. Pero ésta es una preocupación anticuada en un mundo en el que los empleadores privados contratan a gente para crear una variedad infinita de aromas de patatas fritas y apps de mensajería que solo dicen “¡tronco!”. 

El antropólogo David Graeber incluso ha acuñado el término “trabajos de mierda” para referirse al trabajo de oficina, financiero y administrativo, frecuentemente bien pagado, que realiza gente “convencida de que sus empleos carecen de sentido”. A muchos se nos pone a trabajar a conveniencia de los capitalistas, de acuerdo con lo que encuentran rentable. De allí tanto papeleo.

En los temores a las “ocupaciones sin contenido” subyace el sobreentendido de que lo rentable —v.g., lo que desean los accionistas— es el único determinante posible del valor. Así pues los partidarios de la garantía de empleo no deberían rehuir el combate y obligar a sus oponentes y críticos a argumentar la reductio ad absurdum.

Toda utilidad es irreductiblemente subjetiva. Los seres humanos deciden por si mismos lo que es el valor económico, dialogando entre ellos. La competencia del capitalismo, las señales de precios y la motivación del beneficio son una forma de sostener estas conversaciones y en muchas ocasiones es adecuada. 

Pero un aspecto de la garantía de empleo es aportar una vía alternativa: ensanchar el espacio político para la democracia local y el diálogo sobre la determinación del valor y luego usar la herramienta pública del Gobierno federal para producirlo. Al fin y al cabo nadie audita las bibliotecas públicas para ver si los mercados privados las gestionarían mejor —simplemente acordamos, como sociedad, que compensa tenerlas--.

Problemas como la corrupción y el soborno serán inevitables y la mejor prevención siempre será un saludable control institucional y la autorregulación. Pero ya en 2005 las denuncias de mala gestión, derroche o corrupción en el programa Jefes de Argentina eran escasas. En 1937, una evaluación de los programas de trabajo del New Deal evaluó la calidad del 40% de estos como “excelente” y solo el 9% como “inferior”.

Por supuesto una garantía de empleo establecida en $ 25.000 e incentivos eliminaría de un plumazo buena parte del empleo privado mal retribuido. Ningún empleador pujaría a la baja ya que la gente podría “votar con los pies” y acogerse a (o proponer) una garantía de empleo si lo quisiera. Pero ningún negocio tiene el derecho a existir, cualesquiera que sean las condiciones en las que emplea. Al igual que el salario mínimo, la finalidad del suelo salarial de la garantía de empleo es eliminar el empleo privado mal pagado. Pero, a diferencia del salario mínimo, no conlleva ningún riesgo de aumentar el desempleo.

Sin duda el aspecto del empleo y de nuestro estilo de vida cambiarían. Habría seguramente muchos menos empleos de comida rápida y de servicios con sueldos bajos y menos conductores de Uber. Todos tendríamos que cocinar más, conducir menos y realizar más tareas domésticas (hasta que lleguen los robots). ¿Pero sería eso tan negativo?

Llegó la hora de una garantía

Desde la izquierda se plantea una objeción diferente: que la garantía de empleo hace una concesión excesiva a la idealización conservadora del trabajo dignificante. Estos críticos suelen argumentar con la Renta Básica Universal (RBU), otra idea política ambiciosa que daría a cada americano una subvención mensual incondicionada. Ambas han sido presentadas a veces como excluyentes.
No es cierto; ambas propuestas son complementarias.

La RBU facilita a cada trabajador la opción de salir del mercado de trabajo y por tanto incrementaría también su poder de negociación. Pero este efecto es pasivo. La fortaleza de la garantía de empleo es que entrega a los americanos un control directo sobre infraestructura social de creación de empleos.
En cierto modo, el programa podría ser el mayor paladín del Estado de bienestar. Sometería por fin la idea de que el desempleo es frívolo o voluntario al ensayo definitivo. 

En adelante nadie podría suponer que el desempleo es una elección por el simple hecho de que existe sin tener nunca en cuenta la oferta de empleo. Tampoco podrían los políticos meterse en vericuetos tratando de “arreglar” a los desempleados —ya sea mediante formación, mejores hábitos y valores o simplemente reubicándolos— para satisfacer mejor  las exigencias de los capitalistas.

Al hacerlo, la garantía de empleo dejaría patente que mucha gente tiene buenas razones para no participar en la fuerza de trabajo. Quizás se hayan jubilado, o estén criando a sus niños o yendo a la escuela o cuidando de un familiar enfermo. Aunque no son solo un mecanismo de suministro de ingresos, es cierto que los empleos desempeñan esta función. Pero no pueden ni deben ser el único mecanismo para todos. Que no hayamos conseguido tapar todos los agujeros en el “sistema de provisión de ingresos” de nuestra sociedad es la fuerza motriz que mantiene incólumes las tasas de pobreza americanas, en especial en la infancia.

Ya no podríamos asumir que el desempleo es voluntario solo porque existe, sin tomar en cuenta la oferta de empleo.

Sí, la retórica política americana está permeada de la idea de que los individuos tienen una obligación moral de trabajar, y esto se utiliza a veces de forma nauseabunda. Pero no yerra el tiro del todo: para que la RBU pueda adquirir algo antes alguien tiene trabajar en la producción de esos bienes y servicios. Tal como demuestran los efectos del desempleo en el bienestar físico y mental de los individuos, la inmensa mayoría de las personas realmente se siente mejor cuando contribuye al proyecto social de algún modo. Uno de los aspectos más reseñables del programa Jefes fue el número de mujeres que se apuntaron. 

Al ofrecerles la oportunidad de participar en sus comunidades y economías locales y no limitarse a realizar tareas del hogar, estas mujeres declararon cambios sorprendentes en su autoestima. —como si les hubiesen “crecido alas”--. De hecho el pánico político por la veloz transformación en las normas de género parece haber influido en la decisión del Gobierno argentino de matar el programa —y sustituirlo (para mujeres al menos) con un cheque al estilo de la RBU.

La cuestión crítica que debe recordarse es que en el interés de los capitalistas está no ofrecer nunca empleos suficientes y mantener a un gran número de empleados en un estado de precariedad permanente. Este es el anzuelo y el interruptor en el corazón del hábito derechista de “incentivar” a la gente para que trabaje, ya recortando las ayudas públicas, ya avergonzándolos. 

Que el desempleo realmente causa estragos en el bienestar humano otorga a esta postura un cierto barniz de beneficencia plausible. Pero el trabajo que aguarda a esta gente solo se ofrece en los términos de los capitalistas; más que dignificar, suele explotar y degradar y nunca hay suficiente para todos.

Como observó el economista polaco Michal Kalecki, la cuestión de fondo es que el pleno empleo arrebata el poder a los dueños de las empresas y a la clase propietaria del capital. En eso consiste realmente la preocupación de que el trabajo garantizado desplace al empleo privado o provea meras “ocupaciones sin contenido”. Con pleno empleo, los capitalistas pierden su capacidad de deprimir los salarios de los trabajadores y deberán ceder parte de sus beneficios. 

Pero más que eso, cuando se trata de llevar negocios que presuntamente les “pertenecen” los capitalistas se ven obligados a negociar con y plegarse a la voluntad de sus trabajadores “subordinados”. Su posición como semidioses de la economía —otorgando empleo cuando se les aplaca y quitándolo cuando se les enoja— se deshace. Los capitalistas no quieren recesiones, claro, pues sus rentas y tenencia de riqueza también sufren. Pero tampoco quieren una economía que marche a toda máquina. Su solución, como la describe John Maynard Keynes, ha sido “prohibir los auges y así mantenernos en una cuasi depresión permanente”. Quizás les suena esto.

Retando a este régimen económico, la garantía de empleo afirma que, si bien los individuos tienen una obligación moral de trabajar, la sociedad y los empleadores también tienen otra recíproca de proveer empleos buenos y dignos para todos. Haría por fin realidad el ideal, enunciado en la Declaración de Derechos Económicos de Franklin Delano Roosevelt de que todo americano tiene “el derecho a un trabajo útil y bien retribuido”. No una ayuda paternalista ni un tipo de tributo a una virtud aristocrática, sino un derecho que puede ser exigido y ejercido. Como demuestra la historia de la era de los derechos civiles y la lucha por el sufragio, los derechos constituyen el fundamento para la organización política de masas y para las demandas de inclusión e igualdad.

Una garantía de empleo no solo redefiniría el orden económico de América. Se puede argüir que también redefiniría el ordenamiento político y moral del país."             (Jeff Spross (SPRING), CTXT, 19/04/17)

26/7/17

una Renta Básica entendida como una renta mínima que pueda servir como complemento que garantice la paz social en el proceso de desmantelamiento de lo público... una variante del 'pan y circo'

"(...) El modelo de Renta Básica de los iguales, por ejemplo, constituye una plataforma que aúna, al tiempo, la posibilidad de garantizar la subsistencia en régimen de mínima dignidad material para el conjunto de sociedad, con incentivos para la transformación social de tipo progresista, favoreciendo el reparto de la riqueza y la liberación de los flujos de energía del proletariado de las necesidades de la economía capitalista, permitiendo potencialmente a sus perceptores recuperar su tiempo de vida y reordenar su marco de necesidades y de deseos fuera del universo de la mercantilización de la vida humana.

Pero no tiremos las campanas al vuelo: el proceso de recuperación, por parte del Capital, de las propuestas de Renta Básica, avanza también a toda máquina.

 Los proyectos que nos rodean y el sentido común de los medios mainstream apuestan ya por una Renta Básica entendida estrechamente como una renta mínima fuertemente condicionada que, en un contexto de precariedad laboral creciente y degradación de los servicios públicos sin alternativa comunitaria, pueda servir como complemento que garantice la paz social en el proceso de desmantelamiento de lo público y de mercantilización de las necesidades humanas esenciales.

 Una renta mínima insuficiente, siempre en cuestión y combinada con la pulsión al pago por todas necesidades básicas, como la educación o la jubilación, que garantice que las barriadas no exploten sin permitir el avance salarial, por su exigüidad, ni la liberación del tiempo proletario.(...)

 Porque, al final, lo que puede ser una magnifica herramienta para el día de hoy no debe hacernos olvidar que el problema es más profundo: es el capitalismo, y no sólo el reparto de parte de la riqueza expropiada por los capitalistas.

 Para solucionar el problema de fondo, pues, se imponen soluciones más profundas y globales: iniciar el proceso de salida del capitalismo histórico con una dinámica de avance sobre la producción, y no sólo sobre la distribución. Autogestión y socialización de la economía, y gestión comunal-comunitaria de los servicios básicos y comunes, superando al mercado privado y al estatismo estrecho. (...)

La Renta Básica puede liberar tiempos y energías para ello, combinada con la construcción popular, inaugurando un nuevo equilibrio más favorable en el campo de batalla entre clases, o ser un nuevo obstáculo, en la versión que empieza a pergeñar la oligarquía, como versión postmoderna, cicatera y condicionada, del “pan y circo” romano para las zonas centrales del sistema.  (...)"           (José Luis Carretero Miramar., Kaos en la red, 11/07/17)

21/7/17

El nuevo modelo de partido político se dirige hacia una política de plataforma y experiencias de un ecosistema de democracia abierta

"El debate sobre qué modelo de partido, para qué tipo de política y qué tipo de compromiso político está en auge. (...) 

Existe, también, la intuición de que la política debe ensayar el injerto de culturas, formatos, prácticas y ambientes del emprendimiento innovador para revitalizar la praxis política. El grado de audacia, libertad intelectual y espíritu abierto determinará si estos injertos son periféricos o pueden constituir un camino para la renovación de los partidos. 

El concepto economía o conocimiento de plataforma, por ejemplo, es una pista interesante para imaginar una derivada hacia una política de plataforma y experiencias de un ecosistema de democracia abierta. Veamos algunas pistas.

1. Los laboratorios de creatividad. Hay un enorme deseo político por aprender compartiendo y haciendo. La demanda de protagonismo activo por parte de los activistas les convierte en grandes aprendices, en exploradores de ideas y de prácticas. La tecnopolítica permite, además, profundizar el enorme caudal de energía y de conocimiento disponible.

 Los temas son diversos y actúan como kit o caja de herramientas, como proyectos para el bricolaje político: desde los mapeos a los talleres de visualización o de memes. No hay límite para aprender haciendo y compartiendo. 

2. Incubadoras de emprendimiento social. Impulsa es una de las experiencias más sugerentes del entorno de Podemos. “El programa nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social”, afirman sus promotores. 

Impulsa se financia gracias al excedente de los cargos públicos electos de Podemos quienes entienden que hacer política debe ser un servicio para la sociedad y asumen el compromiso de tener un límite salarial de tres salarios mínimos interprofesionales. 

Esta iniciativa se concibe como algo más que un fondo económico: como una comunidad de financiación que busca y promueve el desarrollo de economías de proximidad y de cooperación

3. Plataformas de intercambio. Tech for Campaigns es, por ejemplo, una comunidad que conecta a personas con conocimientos tecnológicos y activistas de campañas políticas que necesitan voluntarios. Un nodo de oferta y demanda cívicas que no para de crecer ofreciendo soluciones gratuitas a las causas glocales

Una internacional del conocimiento y del activismo político que promueve la ayuda y el aprendizaje compartidos con una calidad extraordinaria. La plataforma conecta campañas electorales de bajo presupuesto con expertos digitales que buscan una salida para su conocimiento, y para aquellos que trabajan pro bono.

  “Es un hábil motor de voluntarios para la izquierda”, afirma Jessica Alter, una veterana tecnopolítica que, junto a Peter Kazanjy e Ian Ferguson, lanzaron este servicio global.

4. Talleres de prototipado. En los próximos días finaliza el plazo de la segunda convocatoria Inteligencia Colectiva para la Democracia. Un proyecto promovido por Medialab-Prado Madrid. Durante un período de quince días en noviembre, hasta 10 equipos multidisciplinarios crearán prototipos para activar la inteligencia colectiva, mejorar la democracia y el compromiso ciudadano. 

“Queremos reinventar la participación democrática. Queremos actuar en lo local, pero conectados globalmente”, afirman. Estas iniciativas, entre otras, demuestran que la innovación tecnológica y organizativa es posible también con retos sociales y políticos.

Un elemento clave para la puesta en marcha de cualquier modelo ‘plataforma’ es la desintermediación y el poder de los grassroots. Una plataforma tecnológica adaptada, con un buen sistema de deliberación y decisión, puede facilitar la adopción o la transición hacia modelos abiertos de participación y activismo político que puedan injertarse e hibridarse con organizaciones políticas ya existentes, o ser el germen de las comunidades de soporte a nuevas organizaciones políticas.

Siguiendo el modelo de definición conceptual de Platform Design Toolkit, por ejemplo, hay ya muchos partidos o proyectos políticos que exploran, de manera muy diferente y desigual, elementos ‘plataforma’ en sus prácticas: Partido Pirata, Partido de Internet, Democracia líquida, Partido de la Red, Podemos, entre muchas otras experiencias. 

Posiblemente, los cambios que se proponen no sean suficientes para recuperar la confianza inmediata de la ciudadanía y, en especial, de los millennials. Pero suponen oportunidades para otro modelo de partido y, quizá, para otra política.

 Joan Subirats, en este mismo medio, en un importante artículo titulado ¿Movimientos o partidos? ¿Activismo o militancia?, aseguraba que “lo que se detecta es la traslación hacia el interior de las organizaciones de muchas de las variables que caracterizan la nueva época”.  (...)"             (Antoni Gutiérrez-Rubí. Asesor de comunicación, CTXT, 12/07/17)

20/7/17

Alberto Garzón: respuesta a Pau Llonch. ¿Qué habría de votar una persona no nacionalista o independentista el 1-0? Sencillamente, no puede... el marco constituido por sus promotores hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad. El proceso carece de las garantías suficientes

"Recientemente, el compañero Pau Llonch, militante de las CUP y miembro del Seminari de Economía Crítica Taifa, ha escrito una misiva pública dirigida a mi persona con objeto de debatir la llamada cuestión catalana. 

El origen de la disputa pública se encuentra en el posicionamiento público de IU de no participar en el referéndum que tendrá lugar el 1 de Octubre, algo que Pau Llonch considera una «colosal decepción». Procedo a valorar sus argumentos.

En primer lugar, sobre las citas de autoridad.  

En el marco de la discusión original en redes, Llonch me citó una posición de Lenin sobre el derecho de autodeterminación que, de aceptarse tal cual, pondría de manifiesto que aquellas personas pertenecientes a la escuela marxista tendrían que apoyar los deseos de independencia de cualquier pueblo. 

Eso sería así siempre que se cumplieran dos precondiciones: que existiera tal cosa como una escuela marxista, homogénea y atemporal, y que la interpretación de Lenin fuera la canónica. En mi caso, siempre he sido renuente a leer a los clásicos como si fueran portadores de la verdad y a sus textos como si fueran escrituras sagradas. 

De ahí que recurriera, paradójicamente, a la definición de marxismo que hizo el propio Lenin: «análisis concreto de la realidad concreta». Sobre esta cuestión mi opinión es coincidente con la de uno de los mejores marxistas que hemos tenido, Francisco Fernández Buey, quien recomendó leer a los clásicos no a la búsqueda de la cita interesada sino como inspiradores de una plural y heterogénea tradición política, siempre abierta al contexto y al momento histórico. 

De lo contrario corremos el riesgo de interpretar la cita de Marx que encabeza el artículo de Llonch, así como su posición sobre Escocia o Irlanda, como si no estuviera inscrita en un singular contexto histórico. Y la realidad es que nuestros clásicos también tenían contradicciones.

 ¿Quién no recuerda la posición de Marx sobre la brutal colonización de la India por Inglaterra, país este último al que otorgó nada más y nada menos que la definición de «instrumento inconsciente de la historia»? 

Nuestro querido viejo Engels justificó también la «guerra de conquista» llevada a cabo por los estadounidenses contra los mexicanos preguntándose retóricamente si acaso era «una desgracia que la soberbia California sea arrebatada a los holgazanes mexicanos, que no sabían qué hacer con ella?». Y qué decir de la II Internacional, internacionalista de boquilla en términos europeos y colonialista a tiempos iguales, y que en su V Congreso reconoció «el derecho de los habitantes de los países civilizados a establecerse en países cuya población se halla en estadios inferiores de desarrollo». 

En suma, mejor el análisis concreto de la situación concreta que la lectura escolástica del marxismo.

En segundo lugar, sobre el método. 

Llonch acusa a mi análisis de quedarse en la abstracción, a diferencia del suyo que estaría interpelando a realidades concretas. En breve, lo que él arguye es que yo defiendo el no a la independencia a partir de un hilo deductivo que excluye el detalle, algo que determina fatalmente el resultado. 

Por ejemplo, yo estaría hablando de la burguesía pero sin profundizar en sus divisiones. Pero esta es una percepción errónea de mi forma de trabajar. No en vano, ambos –y todos- utilizamos categorías abstractas (clase, nación, partido, burguesía, independencia…) que se construyen inspiradas por una determinada concepción del mundo, que además, dicho sea de paso, en este caso es prima hermana la una de la otra.

 Lo que cambia es el peso explicativo que se otorgan a las diferentes categorías y la forma de articularse entre ellas. Llonch no habla de realidades más concretas sino que articula de forma diferente sus categorías abstractas. Otra cosa es, y me temo que aquí está la confusión, que él otorgue a la estrategia independentista una esperanza materializable más a corto plazo, en comparación que cualquier otra. 

En efecto, él llega a decir que la estrategia independentista es una «potencialidad concreta» mientras que la nuestra, teóricamente, es una «alternativa abstracta». Esto es una hipótesis legítima pero no tiene nada que ver con el método analítico. En definitiva, no se trata de que mis análisis sean más abstractos y los de Llonch no lo sean; se trata de que nuestras perspectivas e instrumentos de análisis difieren, y con ello las conclusiones políticas.

En tercer lugar, hablemos de la categoría nación. 

Como materialista no dogmático que soy, parto de la base de que las naciones son construcciones sociales. O, como explica el historiador marxista Benedict Anderson, son comunidades imaginadas. Ser español, ser catalán o ser francés es parte del ámbito de las creencias, las cuales se crean y desarrollan históricamente. 

Circunstancias externas históricas y contingentes y desarrollos personales vitales están implicados en la consolidación o destrucción de esas mismas creencias. Pero sobre las creencias no se hace ciencia, sino política. Por lo tanto yo no discuto a quien se siente catalán o español sobre la base del sentido objetivo que eso tendría, sino sobre su capacidad de mediación respecto a los objetivos, sean éstos el socialismo o la simple mejora de las condiciones de vida. Por eso es absurdo meter a todos los nacionalismos en el mismo saco. 

El nacionalismo imperialista de la Alemania de 1914 o el nacionalcatolicismo de la España franquista son incomparables con el nacionalismo de liberación nacional de los pueblos latinoamericanos o el de las luchas anticoloniales de mediados del siglo pasado. De este argumento podemos obtener una primera conclusión: el derecho de autodeterminación no es un fin en sí mismo. Ser independentista, a mi juicio, tampoco. Depende de la realidad concreta.

En cuarto lugar, los pueblos también son construcciones sociales.  

Esto quiere decir que su reconocimiento como existencia es un acto político. Un acto que ha de estar fundamentado. Yo, por ejemplo, reconozco al pueblo catalán. Un pueblo con instituciones propias –lengua, cultura, normas, etc.- cuyas raíces que se encuentran, por cierto, más allá de 1713; y si no, que le hubieran preguntado a Felipe IV a mitad del siglo XVII. 

El pueblo catalán se ha ido construyendo a partir de, como decía, trayectorias históricas. Sin duda, el hecho de que en España gobernara durante tanto tiempo la dinastía de los Austrias y no la de los Borbones influyó de forma notoria en el desarrollo del pueblo catalán. Pero en este punto cabe recordar que la burguesía es responsable de construir el Estado, pero no de construir los pueblos. 

Hay un pueblo catalán de los de abajo y hay un pueblo catalán de los de arriba; hay un pueblo que se referencia más en la semana trágica de 1909 o en la defensa de Barcelona durante la guerra civil que en el espíritu de Francisco Cambó, por ejemplo.

En quinto lugar, el reconocimiento del derecho de autodeterminación es un principio básico para los marxistas. 

Como decía Manuel Sacristán, «ningún problema nacional tiene solución si no parte de una situación de autodeterminación». Aunque los pueblos y naciones sean construcciones sociales, operan en la realidad como si fueran entes objetivos y en consecuencia sus actividades producen efectos reales. Cuando los pueblos entran en conflicto entre sí, cualesquiera que sean las causas, la única vía de resolución habría de ser el diálogo y la negociación. 

Otorgando la misma condición abstracta a nacionalismo español y nacionalismo catalán, no cabe tomar partido de antemano por ninguno de los dos. He aquí la vena libertaria que subyace a todo planteamiento que conduce a la expresión «los proletarios no tienen patria». 

Cabe, por el contrario, ser conscientes de que es posible abrir cauces institucionales para resolver el conflicto real. El mejor cauce institucional es el reconocimiento del derecho de autodeterminación, lo que implica que cualquier proceso de diálogo entre pueblos –obsérvese que hablo de pueblos, y no de Rajoy- ha de incorporar ese mecanismo específico.

En sexto lugar, es compatible la defensa del derecho de autodeterminación con la defensa de un modelo federal. 

Dado que el derecho a autodeterminación no está fundado en la creencia de que un pueblo cualquiera ha de ser independiente, sino en principios democráticos y prácticos como los precedentes, es compatible con defender un Estado federal. Esto no es otra cosa que defender la convivencia entre los pueblos en el marco de unas instituciones comunes, idealmente fundadas en principios de fraternidad y autogobierno.

 Esa fraternidad, como explica de forma genial Antoni Domenech, procede de la tradición republicano-socialista y es la que inspira, entre otras cosas, el internacionalismo. Un Estado federal que reconozca a los pueblos y naciones de España y que no los enfrente, es una aspiración hermosa. Y también posible.

En séptimo lugar, ¿es posible no ser independentista antes?

 Lo que plantea Llonch es que dada la realidad de un Estado autoritario en España, es imposible ser federalista sin ser antes independentista. Algo así como: me gustaría ser federalista pero no me dejan. Este argumento tiene una parte de verdad, y es la que se refiere al carácter obcecado y autoritario del Estado español y de sus dos principales partidos, PP y PSOE. 

Su posición política ha cercenado las posibilidades de habilitar, hasta ahora, cauces institucionales adecuados –como el referéndum. Pero el crecimiento del voto independentista en los últimos años no obedece únicamente a esta causa. Hay, de forma notable, una canalización populista de la frustración popular ante la crisis y el capitalismo. 

Dicho de otra forma: la independencia ha sido presentada también no como el derecho democrático del pueblo catalán sino como la solución a males económicos y sociales padecidos individualmente. La derecha catalana fue la primera en ver que las banderas son cobijos interesantes en tiempos de crisis. 

Aunque ahora no se destile el corpus argumental del «España nos roba» -cómo iba a hacerlo, con argumento tan necio-, hay sin duda un trasfondo económico, espoleado por la propia derecha catalana, que entiende como lastre la mera existencia de nexos con zonas menos desarrolladas del Estado. Aun así, la cuestión sigue vigente: ¿es posible ser federalista en Cataluña? A tenor de la pregunta del 1-O, desde luego que no. 

Esto es llamativo, pues de hecho es una diferencia con el 9-N. ¿Qué habría de votar una persona no nacionalista o independentista, española o catalana, el 1 de octubre? Sencillamente, no puede. Dicho de otra forma: el marco constituido por los promotores del 1-O hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad. En suma, el proceso carece de las garantías suficientes.

 En octavo lugar, las garantías van más allá de la legalidad. 

Cuando decimos que el proceso no tiene garantías no nos referimos a su legalidad, cómo si acaso nos pareciera prioritario el respeto al Régimen del 78, sino a su utilidad como mecanismo de resolución del conflicto. 

No es sólo que la opción federalista esté neutralizada, cosa destacable, sino que además en tanto que el proceso ha sido dirigido más como arma política que como instrumento para canalizar el conflicto, no da la sensación de que pueda contribuir a solucionar nada. Las disputas en el seno del Govern, vinculadas al cómo hacer el referéndum, parece abundar en esta idea: pocos se creen que esto vaya a ser útil. En todo caso es una demostración de fuerza, legítima, pero inservible.

 La garantía consiste en que cuando el pueblo catalán sea consultado, éste pueda expresar de forma clara y nítida, y tras un debate serio y riguroso, su opinión. El derecho de autodeterminación es clarificador, en efecto, y por eso lo defendemos. 

Pero para que pueda ejercerse con garantías no puede ser como el propuesto el 1-O. Aquellas personas que, compartiendo mis tesis, quieran votar por la ruptura con el Régimen del 78 sin votar por la independencia tienen que tener su espacio propio; y eso no sucede actualmente.

 En noveno lugar, no es buena idea subestimar la fuerza de la burguesía catalana. 

Es verdad que una parte considerable de la burguesía catalana no parece apoyar la independencia, y es verdad que las tensiones han llegado a la antigua Convergencia y al nuevo PDCat. Pero se me hace difícil asumir que la burguesía catalana es tan torpe y mala que ha regalado a las fuerzas subalternas catalanas el control del proceso. Llonch nos recuerda cómo 1.515 militantes de las CUP consiguieron tumbar a Mas y quitarle de la primera fila en diciembre de 2015. 

Pero se olvida recordar que otros 1.515 militantes votaron a favor de la investidura de Mas, de tal modo que priorizaron la cuestión nacional a la de clase de una forma bastante significativa. Mi admirado Antonio Baños dimitió por la misma razón, porque él era partidario de mantener al líder de la derecha al timón. Y qué decir de ERC, que lleva varios años soportando –de apoyar- un Gobierno catalán al que las clases populares catalanas tienen que soportar –de sufrir.

Y es que, entre una cosa y otra, llevamos al menos cinco años viendo como la elite catalana sigue gobernando realmente Cataluña. Honestamente, con esta hoja de ruta no sé muy bien quién controla a quién. Por cierto, que haya una correlación de fuerzas que permita aprobar leyes antidesahucios, por ejemplo, es muy positivo. 

Pero no veo de qué manera eso justifica el independentismo. También hubo una ley antidesahucios en Navarra y en Andalucía y en todos los casos el Régimen del 78, Tribunal Constitucional mediante, las tumbó. A mí esto me invita a pensar más en el enemigo común que en la independencia de una parte.

 En décimo lugar, ¿es el referéndum la mejor manera de romper con el Régimen? 

Eso parece insinuar Llonch y otras muchas personas, también en la izquierda española. A veces parte de esta argumentación se basa en alguna formulación del «cuanto peor, mejor», que yo no comparto. 

El problema es que, para empezar, incluso asumiendo que es la mejor manera de romper con el Régimen (cosa que no creo, pues el Régimen se constituye para defender un modo de producción y una estructura de poder que no tiene por qué alterarse por la mera existencia de más Estados), no es nuestra forma.

 Es decir, no controlamos ninguno de los parámetros de esa ruptura. Podría pasar cualquier cosa y no hay nada decidido de antemano. ¿Conseguirían las compañeras de la CUP gobernar un escenario post-independencia o sería la derecha catalana la que lo dirigiría? ¿Relanzaría a las fuerzas de ruptura en el resto del Estado o las llevaría a un repliegue fomentado por el reforzamiento del nacionalismo español? La cita de Brecht con la que abro esta respuesta no es casual. 

 Estoy convencido de que el nacionalismo español ha creado miles de nacionalistas catalanes. Pero a menudo se nos olvida que también existe un pueblo español y que el nacionalismo catalán crea tantos otros nacionalistas españoles. 

Y encerrados en este dilema nos llegan los ecos de aquel fatídico 1914 en el que la socialdemocracia alemana y francesa, entre otras, traicionaron a su clase para defender a su nación; y lo hicieron enfrentando a los pueblos y a su propia clase. Yo prefiero pensar, en suma, en fórmulas que nos permitan hablar de ruptura democrática y social y en la que los de abajo de nuestros pueblos respectivos podamos cooperar.

Hay algo más con lo que me gustaría terminar. El capitalismo lanza a las clases populares a competir unas con otras tanto en la esfera productiva como en otros espacios. Competimos por puestos de trabajo, por el acceso a los servicios, por el estatus social… Nuestros clásicos (Marx, Engels, Luxemburgo, Lenin, Gramsci…) sabían muy bien esto y entendieron que la clase social parte de un hecho objetivo –el lugar que se ocupa en la producción- pero que se construye también socialmente. Por eso se llamó «formación de clase» a los procesos de constitución de organizaciones tales como partidos, sindicatos, etc.

 Cuando nos organizamos hacemos algo más que coordinarnos: declaramos lo que tenemos en común frente a un sistema que nos divide. Así se construye un «nosotras» que evita una «guerra entre pobres», que es la situación normal en este sistema capitalista. «Proletarios del mundo, uníos» o «Hermanos proletarios, uníos» no sólo fueron consignas coyunturales de enorme dignidad, sino que expresaban el universal de una situación específica, la de los desposeídos y de la parte sufriente de la humanidad, como decía Fernández Buey, que lucha por emanciparse del reino de la necesidad… en todas partes del mundo. 

Este es mi enfoque, que parte de lo abstracto en su exposición y que cristaliza con análisis concretos. El de esta cuestión, es bien claro: derecho de autodeterminación y república federal. Y, también, socialismo apátrida.

Salud y República,

Alberto Garzón"                       

19/7/17

Los colegios más innovadores de España: esto es lo que están haciendo 114 escuelas

"El de innovación educativa es un concepto que suena muy bien pero que no siempre resulta fácil delimitar. Los cambios se producen a muchos niveles, desde las leyes educativas hasta pequeños cambios de dinámica en las aulas.

 De ahí que para entender qué está ocurriendo en España en este preciso momento, sea muy útil el decálogo de las escuelas innovadoras que el profesor de Sociología de la Educación Xavier Martínez-Celorrio ha elaborado para el 'Informe España 2016', que funciona como guía para desenvolverse en este nuevo panorama.

“En los últimos años, se está formando una ola de cambio educativo en España desde determinadas escuelas y colectivos de profesores que se han atrevido a transformar y superar el modelo pedagógico tradicional”, señala el autor. 

Este presenta un listado de 114 escuelas innovadoras (“no un 'ranking”, matiza) que intenta trazar un posible mapa del cambio educativo español, desde Amara Berri hasta Nova Escola 21 pasando por el Horizonte 2020 de los jesuitas de Cataluña.

 Gran parte de este movimiento, explica a El Confidencial Martínez-Celorrio, ha comenzado en esta última comunidad, donde muchos centros públicos y concertados han propuesto proyectos que poco tienen que ver con la educación tradicional.

Las escuelas han demostrado mayor capacidad de transformación que las leyes: la Lomce morirá, pero esto viene para quedarse

“Se trata de una ola de cambio genuina que viene desde abajo, parte de contextos muy locales y es el resultado creativo de una profunda reflexión superadora del paradigma escolar tradicional, rescatando el espíritu de la Escuela Nueva de principios del siglo XX para actualizarlo en pleno siglo XXI”, añade el autor. Este utiliza el término 'primavera pedagógica' para referirse a esta “ola de cambio irradiada por toda España pero aún desarticulada”.


La Administración, añade, tampoco ha hecho mucho por que se visibilice este relevo generacional por parte de un nuevo profesorado que se ha formado en la Logse, conecta bien con las familias jóvenes y aún no ha sufrido el desencanto que han padecido otros docentes.

 “Lo importante es que las escuelas han demostrado mayor capacidad de transformación que las propias leyes”, matiza el profesor. “La Lomce morirá, pero estos proyectos han venido para quedarse”. ¿Cuáles son los 10 puntos que los distinguen?

1. Reestructuración escolar genuina

Los colegios e institutos de la lista han aprovechado la autonomía escolar para transformar organizaciones, metodologías y relaciones con el alumnado. El cambio no ha venido impuesto desde las administraciones, sino que se ha producido desde abajo: “Muchas de estas escuelas son de reciente creación y ya nacieron con un grupo cohesionado de profesores alrededor de un mismo proyecto”, señala Martínez-Celorrio. Surgieron, añade, del “convencimiento por parte del profesorado de que el modelo que han seguido es insatisfactorio y se necesitaba un revulsivo”.

2. Centralidad del alumno

Es un mantra que se repite en todos los proyectos de innovación educativa: el protagonista no debe ser el profesor, sino el alumno. El profesor recuerda que uno de los problemas de nuestro sistema educativo es “la inestabilidad del profesorado y de las plantillas, hay demasiada movilidad, por lo que no se han configurado equipos afines que compartan paradigmas y modelos”. 

 Es mucho más fácil, por lo tanto, que estos proyectos se configuren alrededor de grupos de profesores que creen en la misma idea y no a partir del “reciclaje de profesores de la vieja escuela, más acostumbrados al libro de texto, que son quienes más se resisten a estos cambios”.

Amara Berri en el País Vasco, el gallego O Pelouro o el extremeño Miralvalle son precursores de estas propuestas y modelos a imitar

3. Aprendizaje por proyectos

Martínez-Celorrio lo considera como “la metodología estrella que se ha redescubierto —es algo antiguo—, quizá la punta del iceberg”. Aunque muchos colegios jesuitas lo lleven a cabo —también algunos colegios finlandeses—, no se trata de la única propuesta que está cambiando la forma de hacer las cosas, en este caso, superando las restricciones del currículo tradicional y de los libros de texto.

 “Lo que caracteriza a esta oleada de cambio educativo en España es, sobre todo, la pluralidad de metodologías”, explica el profesor. “Aunque esta sea quizá la que más destaca y llame la atención del profesorado”.

4. Evaluación formativa

La Lomce obligaba, entre otras cosas, a reintroducir notas numéricas en los expedientes académicos. Muchas propuestas han rechazado este sistema intentando que la evaluación no sea una mera calificación, sino que también sirva de aprendizaje para el estudiante analizando otras cualidades.

 “Es fundamental porque rompe con una cultura latina muy acostumbrada a utilizar la evaluación para seleccionar, no valora el error o la equivocación como fuente de aprendizaje”, explica Martínez-Celorrio. “Es más competencial, más global y compleja, más enriquecedora”.

5. Cambio de estructura de tiempo y espacios

'Tirar los muros de las aulas' se ha convertido en casi un eslogan de estas nuevas propuestas, pero el profesor catalán recuerda que se remonta a mucho tiempo atrás, tanto a propuestas como Amara Berri en el País Vasco como otros centros como el gallego O Pelouro o el extremeño Miralvalle. “Fueron precursores de la alternativa pedagógica ya desde el tardofranquismo, algo que alimentó a los movimientos de renovación pedagógica”. Estas propuestas se han mantenido como referencia a lo largo de las décadas.

6. Diversidad de edades en las aulas

Muchos colegios rurales se vieron obligados a lo largo de las décadas a juntar en sus aulas a estudiantes de distintas edades, una característica que tienen en común con muchos de estos centros (Elon Musk también lo ha implantado en Ad Astra). Como recuerda Martínez-Celorrrio, “el de la escuela rural es un modelo de éxito que ha funcionado muy bien en España”.

 No es raro, por lo tanto, que representantes del Ministerio de Educación japonés visiten escuelas de Soria o Ávila. Para el profesor, es un error que la escuela sea la única institución donde no se ponen de acuerdo distintas edades; en estos centros, los mayores enseñan y ayudan a los más pequeños, lo que tiene efectos positivos.

Muchos centros tradicionales funcionan como grandes factorías, son equipamientos de 1.500 alumnos y 100 profesores

7. Implicación de profesorado y familias

Lo explicábamos hace poco: durante las últimas décadas se ha producido una progresiva separación entre docentes y padres, que desconfían mutuamente unos de otros. En los centros de la lista propuesta, no obstante, “se dan las condiciones idóneas entre unos y otros para que se trabaje juntos y los proyectos salgan adelante”. 

El criterio pedagógico de los padres está mucho más desarrollado, y ellos mismos son los que promueven los cambios, como ocurrió durante los años setenta, cuando se configuró una nueva escuela democrática. Hoy en día, no obstante, la cultura escolar tradicional se basa “en una separación entre familias y profesores” alentada desde la Administración.

8. Disuelven problemas de convivencia

Martínez-Celorrio explica que estas escuelas suelen ser “cálidas, con clima afectivo y emocional positivo”. Algo que, no obstante, es muy difícil de trasladar a la mayor parte de centros de España, que están configurados de forma muy diferente. “Funcionan como grandes factorías, son grandes equipamientos de 1.500 alumnos y 100 profesores que reproducen un modelo de relaciones impersonales”, explica el autor del informe. 

De ahí que muchas veces el 'bullying' pase desapercibido, ya que las circunstancias vitales de los alumnos son desconocidas para los encargados de su educación. Los centros analizados por Martínez-Celorrio comparten un nuevo marco, en el que se sitúa “una relación más horizontal y democrática, en la que cada uno asume su rol, lo que hace madurar al alumnado”.

9. Profesorado reflexivo

Es casi imposible imponer cambios en las costumbres del profesorado, especialmente si este se siente desmotivado e infravalorado. El autor destaca la “fuerte identidad de centro” de estos docentes organizados alrededor de un proyecto común, y recuerda el grave problema que España arrastra en la formación de sus profesores desde hace décadas: “La Logse se aprobó en 1990, se empezó a aplicar en 1996/97 y la formación del profesorado no empezó a cambiar hasta 2009/10, la primera edición del máster”, recuerda.

 “Fueron casi 20 años, lo que ha producido un déficit acumulado injustificable”. Tampoco es que las nuevas herramientas de formación, como el máster, hayan cambiado la situación. Martínez-Celorrio lamenta que “el máster se ha escolarizado; necesita un replanteamiento más competencial, donde se integren teoría y práctica, al estilo de las antiguas escuelas de Magisterio o el MIR”.

10. Escuela como organización abierta

Otro lema repetido por los colegios más innovadores del mundo es que el colegio no vive aislado en mitad de la sociedad, sino que es parte esencial de esta. Ya no es, por lo tanto, “una burbuja autosuficiente, con rutinas escolares heredadas y libros de texto que pretenden capturar todo el conocimiento”, en palabras del autor.

 La escuela debe ser el motor de cambio social y tener una gran influencia en su entorno inmediato. Como ocurre en los centros presentados en el informe. “El acto educativo no es formar para el día de mañana, sino vivir hoy, lo que obliga a replantear las metodologías y las didácticas”. ¿El objetivo? Que la escuela se convierta en un reflejo real de lo que puede ofrecer la sociedad."              ( , El Confidencial  , 10/06/17)

18/7/17

Francia: nueva esencia de la tauromaquia. Un concepto diferente del espectáculo y el creciente número de toreros, ganaderías y novilleros animan la fiesta de los toros en las plazas del sur del país

"El anfiteatro romano de Arlés recupera su función litúrgica, hedonista y sociológica 20 siglos después de haberse erigido en el promontorio que otea la Camarga. Un combate estilizado del toro y el hombre. 

Una comunidad heterogénea que celebra un rito pagano, eucarístico. Y una voz metálica que resuena por los altavoces, anunciando la celebración de “una novillada cien por cien francesa”. La reivindicación del animador se recibe entre ovaciones. Y alude al paseíllo de una terna de chavales locales —Andy Younes, Tibo García, Adrien Salenc— que van a lidiar reses de seis ganaderías francesas. Imposible imaginarlo hace unos años.

Y no digamos hace unas décadas, cuando Simón Casas, empresario de Las Ventas desde esta misma temporada, formó el primer sindicato de toreros franceses con Nimeño I. Eran los únicos afiliados. Y estaban aislados, pero obstinados también en levantarse contra la discriminación que ejercía la colonización española. Se sentían exiliados, clandestinos. Soñaban con introducir la revolución de la tauromaquia francesa.

Francia constituye en 2017 un territorio autosuficiente de ganaderías (49), plazas (51), grandes ferias (7), toreros en activo (10), primeras figuras —Sebastián Castella, Juan Bautista, Lea Vicens— y profesionales en todos los ámbitos —empresarios, banderilleros, picadores...—, y su posición de minoría exótica y de marginación predispuso una conciencia de militancia y de autodefensa que ahora sirve de modelo de urgencia al complejo de superioridad español.

 Más aún cuando Cataluña ha dado por abolidas las corridas. Se antoja estrafalaria la situación de los aficionados catalanes, constreñidos a cruzar la frontera de los Pirineos para participar de un espectáculo reprobado en su tierra, seña en algún tiempo de la españolidad.


La paella y la sangría se consumen en Arlés con la avidez de la promiscuidad cultural. Y bailan flamenco los arlesianos. E identifican el anfiteatro romano como un templo identitario. Y lo abarrotan por fuera y por dentro, acompasando el pasodoble como el himno iniciático a la corrida de toros, aunque todos los festejos empiezan con la obertura de Carmen, la ópera del compositor francés Georges Bizet. Y aunque los altavoces proclamen el hito regional de la “novillada cien por cien francesa”.

No se trata de una apropiación, sino de una merecida y trabajada asimilación. Francia fue el primer país que declaró la tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial (2011). Lo hizo cumpliendo con escrúpulo los requisitos técnicos y conceptuales de la Unesco —estética, tradición, creatividad, acervo...— y consolidando una protección cuyo origen se remonta a 1951, cuando se proclamó una ley que prohibía la tauromaquia —y las peleas de gallos, y el maltrato animal— excepto donde estaba acreditada una tradición continuada. 

Es la famosa excepción cultural. Es el caso de Arlés. Y de Nimes. Y de Béziers. Tres arenas señeras del sudeste francés que rivalizan con las ferias principales del suroeste. Sobre todo con Bayona, Dax, Mont-de-Marsan y Vic-Fezensac.

“La necesidad de defender la tauromaquia casi en una situación de asedio nos ha convertido en pioneros de las iniciativas políticas”, explica André Viard. Fue matador de toros. Escribe, pinta, filosofa. Y desempeña la presidencia del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, cuya función activista y pedagógica tanto reivindica el valor ecológico, medioambiental de la tauromaquia como la justifica desde un punto de vista ético y estético. 

“España ha dado por descontado que el toreo iba a ser eterno. Y que no era necesario protegerlo. Por eso allí se ha reaccionado tarde. Ha predominado la desunión de unos y otros sectores. No ha sabido utilizarse el marketing, una de las armas que mejor emplean los animalistas. Y se ha incurrido en una desesperante pasividad”.


La paella y la sangría se consumen en Arles. Y bailan flamenco los arlesianos. Aunque los altavoces proclamen el hito regional de la "novillada cien por cien francesa".

La alarma de la prohibición catalana estimuló la reacción. Los toros pasaban de la tutela del Ministerio de Interior a la cartera del Ministerio Cultura (2011). Se declararon patrimonio histórico cultural en 2013. Y se les garantizó una protección legislativa, inmune a las competencias que pretendieran atribuirse las comunidades autónomas.

 “La cuestión es que no basta únicamente con blindar los toros”, razona André Viard. “Hay que crear un modelo de espectáculo. Atraer a los públicos. Saber exponer las cualidades de la tauromaquia en este mundo complejo, globalizado. Francia necesita a España porque España es la casa madre de la tauromaquia. Y España necesita a Francia porque aquí hemos avanzado mucho en el camino del porvenir”.

Aficionados con voz y voto

El modelo francés muestra una adhesión desacomplejada a los toros, heterogeneidad de público, mezcolanza de generaciones e implicación de los espectadores. Muchas de las plazas llegan al extremo de “alojarlos” en las comisiones taurinas, organismos municipales donde los aficionados tienen voz y hasta voto en la confección de los carteles, en la expresión de sus preferencias.

Desconcierta el silencio, la actitud observadora, a veces gélida, del público taurino francés, pero esta misma idiosincrasia cartesiana a medida de un partido de tenis perfila a un aficionado más culto, más instruido. Y más leído también, como invitan a pensar los escaparates de las librerías que jalonan las calles céntricas de Arlés.


Bullían en las fiestas de Semana Santa. Impresionaba la “españolización” de los hábitos festivos y hedonistas. Y se vivía la tauromaquia a todas las horas —encierros, festejos de recortadores camargueses— y en todas las modalidades. Incluida la tertulia vespertina del Ayuntamiento. O las clases prácticas de toreo de salón para aficionados.

Tiene Simón Casas razones para sentirse gratificado, reconocido. Su modelo de productor creativo en Nimes y de agitador de ideas representa hoy el hito embrionario de la tauromaquia francesa. Especialmente desde finales de los ochenta, cuando el visionario extorero atrajo al anfiteatro romano los grandes acontecimientos. 

Litri y Camino reaparecieron con el pelo blanco para dar la alternativa a sus hijos en 1987. Luego sobrevinieron los doctorados de Jesulín de Ubrique, Manuel Caballero, Chamaco, Cristina Sánchez, El Juli, incluso la reciente alternativa de Roca Rey.

“Los toros eran en Francia un espectáculo importado. Se nos discriminaba como franceses. Y nuestras plazas no eran sino colonias españolas. Ahora hemos arraigado la fiesta por nosotros mismos. No desde el revanchismo, sino desde la identificación y la asimilación. Vivimos el toreo como una fiesta nuestra, o también nuestra.

 Francia ha conseguido ser autosuficiente. Y no estoy hablando de chovinismo, sino del proceso con el que hemos revitalizado e integrado la cultura mediterránea del toro”, señala Simón Casas.


Francia necesita a España porque España es la casa madre de la tauromaquia. Y España necesita a Francia porque aquí hemos avanzado mucho en el camino del porvenir".

La mejor evidencia se encuentra en el campo. Fue la antiquísima ganadería de Hubert Yonnet la primera que debutó en Las Ventas (1991). Y la pionera de una implantación ganadera que se extiende desde las Landas hasta la Camarga. Aquí, el toro de lidia, el toro bravo, se ha arraigado como el arroz. Se ha fortalecido con la sal. Y se ha multiplicado como símbolo de la marisma en la desembocadura del Ródano.

Bien lo saben Andy Younes, Tibo García y Adrian Salenc. Sus nombres resonaban en la megafonía de Arlés como valedores de una generación que ya no necesita cruzar la frontera para aprender el oficio y torear en el campo. Han podido mirarse en el espejo de las grandes figuras. Que son Juan Bautista y Sebastian Castella. 

Y que se hicieron toreros porque de chavales les estimuló que un compatriota suyo, Nimeño II, fuera capaz de abrir la puerta grande de Las Ventas cuando el adjetivo de francés tenía connotaciones peyorativas. O se observaba con el recelo de un exotismo.


Un toro de Miura malogró la carrera del maestro en 1989. Lo hizo en Arlés. Y la tragedia predispuso su suicidio, de forma que Nimeño II, hermano de Nimeño I, se convirtió en el primer mártir de la historia de la tauromaquia contemporánea. Y en el héroe de una revolución que convierte a Francia en la vanguardia de este espectáculo.

Es el viaje de la clandestinidad al reconocimiento. El viaje que hizo la Viridiana de Buñuel para torear la censura franquista. No requisaron la película en la frontera porque iba escondida entre los avíos de la cuadrilla de Pedrés. Y llegó a tiempo de estrenarse en Cannes, como alegoría de la libertad.

 Y como paradoja premonitoria de la coyuntura contemporánea de los aficionados catalanes. También ellos tienen que cruzar la frontera y acomodarse en los tendidos de Arlés para aplaudir a los artífices y protagonistas de una novillada “cien por cien francesa”.


Sebastián Castella, máxima figura


Si Nimeño II puede considerarse el primer torero francés “aceptado” en el escalafón español, Sebastián Castella alcanzó la categoría de máxima figura. Llegó a torear hasta 90 tardes en 2006. Y consiguió en 2015 abrir por cuarta vez la puerta grande de Las Ventas. Son evidencias estadísticas de un torero de “ida y vuelta” que nació en Béziers, de padre español, pero que se terminó forjando en Sevilla, a la vera del maestro José Antonio Campuzano.

El mestizaje explica su acento andaluz y se añade a la peculiaridad de una madre polaca. Castella, como Juan Bautista, es referencia de las principales ferias contemporáneas y afronta su decimoctava temporada de matador en una posición de madurez. Un torero vertical, hierático, que tomó la alternativa en Béziers y que adquirió una gran repercusión en las plazas mexicanas. Torea en Sevilla el 5 de mayo y dos tardes en Madrid, en San Isidro, el 19 y el 26 de mayo."                ( , El País, 27/04/17)