"Conseguir la recuperación correcta.
Después de la crisis financiera de 2008, los gobiernos de todo el
mundo inyectaron más de 3 billones de dólares en el sistema financiero.
El objetivo era descongelar los mercados crediticios y hacer que la
economía mundial volviera a funcionar. Pero en lugar de apoyar la
economía real, la parte que involucra la producción de bienes y
servicios reales, el grueso de la ayuda terminó en el sector financiero.
Los gobiernos rescataron a los grandes bancos de inversión que habían
contribuido directamente a la crisis, y cuando la economía volvió a
ponerse en marcha, fueron esas empresas las que cosecharon los frutos de
la recuperación. Los contribuyentes, por su parte, se quedaron con una
economía global que estaba tan rota, desigual y con alto consumo de
carbono como antes. “Nunca deje que una buena crisis se desperdicie”,
dice una máxima popular en la formulación de políticas. Pero eso es
exactamente lo que pasó.
Ahora que los países se están recuperando de la pandemia de COVID-19 y
los bloqueos resultantes, deben evitar cometer el mismo error. En los
meses posteriores a la aparición del virus, los gobiernos intervinieron
para abordar las crisis económicas y de salud concomitantes,
implementando paquetes de estímulo para proteger los empleos, emitiendo
reglas para frenar la propagación de la enfermedad e invirtiendo en la
investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas.
Estos esfuerzos
de rescate son necesarios. Pero no es suficiente que los gobiernos
simplemente intervengan como gastadores de último recurso cuando los
mercados fallan u ocurren crisis. Deben moldear activamente los mercados
para que ofrezcan el tipo de resultados a largo plazo que beneficien a
todos.
El mundo perdió la oportunidad de hacer eso en 2008, pero el destino
le ha dado otra oportunidad. A medida que los países salen de la crisis
actual, pueden hacer más que estimular el crecimiento económico; pueden
orientar la dirección de ese crecimiento para construir una mejor
economía. En lugar de brindar asistencia sin compromiso a las
corporaciones, pueden condicionar sus rescates a políticas que protejan
el interés público y aborden los problemas sociales. Pueden requerir que
las vacunas COVID-19 que reciben apoyo público sean accesibles
universalmente. Pueden negarse a rescatar a empresas que no reducirán
sus emisiones de carbono o que no dejarán de ocultar sus ganancias en
paraísos fiscales.
Durante demasiado tiempo, los gobiernos han socializado los riesgos
pero privatizado las recompensas: el público ha pagado el precio por
limpiar los desordenes, pero los beneficios de esas limpiezas se han
acumulado en gran medida para las empresas y sus inversores. En tiempos
de necesidad, muchas empresas se apresuran a pedir ayuda al gobierno,
pero en los buenos tiempos exigen que el gobierno se retire.
La crisis
del COVID-19 presenta una oportunidad para corregir este desequilibrio
mediante un nuevo estilo de negociación que obliga a las empresas
rescatadas a actuar más en favor del interés público y permite a los
contribuyentes compartir los beneficios de los éxitos tradicionalmente
acreditados únicamente al sector privado. Pero si los gobiernos, en
cambio, se enfocan solo en terminar con el dolor inmediato, sin
reescribir las reglas del juego, entonces el crecimiento económico que
sigue a la crisis no será inclusivo ni sostenible. Tampoco servirá a
empresas interesadas en oportunidades de crecimiento a largo plazo.
LA PODER EN EL SISTEMA
Las economías avanzadas habían estado sufriendo importantes fallas
estructurales mucho antes de que llegara el COVID-19. Por un lado, las
finanzas se están financiando a sí mismas, erosionando así la base del
crecimiento a largo plazo. La mayoría de las ganancias del sector
financiero se reinvierten en finanzas (bancos, compañías de seguros y
bienes raíces) en lugar de destinarse a usos productivos como
infraestructura o innovación. Solo el diez por ciento de todos los
préstamos de los bancos británicos, por ejemplo, apoya a empresas no
financieras, y el resto se destina a activos inmobiliarios y
financieros.
En las economías avanzadas, los préstamos inmobiliarios
constituían alrededor del 35 por ciento de todos los préstamos bancarios
en 1970; en 2007, había aumentado a alrededor del 60 por ciento. La
estructura actual de las finanzas alimenta así un sistema impulsado por
la deuda y las burbujas especulativas que, cuando estallan, hacen que
los bancos y otros mendiguen por rescates gubernamentales.
Otro problema es que muchas grandes empresas descuidan las
inversiones a largo plazo en favor de ganancias a corto plazo.
Obsesionados con los rendimientos trimestrales y los precios de las
acciones, los directores ejecutivos y las juntas corporativas han
recompensado a los accionistas comprando acciones, aumentando el valor
de las acciones restantes y, por lo tanto, de las opciones sobre
acciones que forman parte de la mayoría de los paquetes de pago de
ejecutivos. En la última década, las empresas de Fortune 500 han
recomprado más de 3 billones de dólares en sus propias acciones. Estas
recompras se realizan a expensas de la inversión en salarios,
capacitación de trabajadores e investigación y desarrollo.
Luego está el vaciamiento de la capacidad del gobierno. Solo después
de una falla explícita del mercado, los gobiernos suelen intervenir y
las políticas que proponen son demasiado escasas y demasiado tardías.
Cuando se considera que el estado no es un socio en la creación de
valor, sino simplemente un reparador, los recursos financiados con
fondos públicos se mueren de hambre. Los programas sociales, la
educación y la atención médica no cuentan con fondos suficientes.
Estos fracasos se han sumado a las megacrisis, tanto económicas como
planetarias. La crisis financiera fue causada en gran medida por un
exceso de crédito que fluyó hacia los sectores inmobiliario y
financiero, lo que infló las burbujas de activos y la deuda de los
hogares en lugar de respaldar la economía real y generar un crecimiento
sostenible. Mientras tanto, la falta de inversiones a largo plazo en
energía verde ha acelerado el calentamiento global, hasta el punto que
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU ha advertido
que al mundo le quedan apenas diez años para evitar sus efectos
irreversibles.
Y, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos subvenciona
a las empresas de combustibles fósiles por una suma de unos 20.000
millones de dólares al año, en gran parte mediante exenciones fiscales
preferenciales. Los subsidios de la UE suman alrededor de 65 mil
millones por año. En el mejor de los casos, los formuladores de
políticas que intentan hacer frente al cambio climático están
considerando incentivos, como los impuestos al carbono y las listas
oficiales de las inversiones que cuentan como ecológicas. No han llegado
a emitir el tipo de regulaciones obligatorias que se requieren para
evitar desastres para 2030.
La crisis del COVID-19 solo ha empeorado todos estos problemas. Por
el momento, la atención del mundo se centra en sobrevivir a la crisis
sanitaria inmediata, no en prevenir la crisis climática que se avecina o
la próxima crisis financiera. Los bloqueos han devastado a las personas
que trabajan en la peligrosa economía de los gig (una fuerza de trabajo
basada en proyectos únicos o tareas para la que un trabajador es
contratado, por lo general en el mercado digital, para trabajar por
demanda. N. del T.).
Muchos de ellos carecen tanto de los ahorros como
de los beneficios del empleador, es decir, atención médica y licencia
por enfermedad, necesarios para capear la tormenta. La deuda
corporativa, una de las causas clave de la crisis financiera anterior,
solo está subiendo a medida que las empresas adquieren cuantiosos
préstamos nuevos para capear el colapso de la demanda. Y la obsesión de
muchas empresas por complacer los intereses a corto plazo de sus
accionistas las ha dejado sin una estrategia a largo plazo para superar
la crisis.
La pandemia también ha revelado cuán desequilibrada se ha vuelto la
relación entre el sector público y el privado. En los Estados Unidos,
los Institutos Nacionales de Salud (NIH) invierten unos 40 mil millones
de dólares al año en investigación médica y han sido un financiador
clave de la investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas
COVID-19.
Pero las compañías farmacéuticas no tienen la obligación de
hacer que los productos finales sean asequibles para los
estadounidenses, cuyo dinero de los impuestos los está subsidiando en
primer lugar. La empresa Gilead, con sede en California, desarrolló su
medicamento COVID-19, Remdesivir, con 70,5 millones de dólares de apoyo
del gobierno federal. En junio, la compañía anunció el precio que
cobraría a los estadounidenses por un curso de tratamiento: 3.120
dólares.
Fue un movimiento típico de las grandes farmacéuticas. Un estudio
analizó los 210 medicamentos aprobados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE.UU., de 2010 a 2016 y descubrió que "la
financiación de los NIH contribuyó a todos". Aun así, los precios de los
medicamentos en Estados Unidos son los más altos del mundo. Las
empresas farmacéuticas también actúan en contra del interés público
abusando del proceso de patente. Para evitar la competencia, presentan
patentes que son muy amplias y difíciles de licenciar. Algunos de ellos
están demasiado arriba en el proceso de desarrollo, lo que permite a las
empresas privatizar no solo los frutos de la investigación, sino
también las propias herramientas para llevarla a cabo.
Se han hecho negocios igualmente malos con Big Tech. En muchos
sentidos, Silicon Valley es producto de las inversiones del gobierno de
EE.UU. en el desarrollo de tecnologías de alto riesgo. La National
Science Foundation financió la investigación detrás del algoritmo de
búsqueda que hizo famoso a Google. La Marina de los EE.UU. hizo lo mismo
con la tecnología GPS de la que depende Uber. Y la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzada de Defensa, parte del Pentágono, respaldó el
desarrollo de Internet, la tecnología de pantalla táctil, Siri y todos
los demás componentes clave del iPhone.
Los contribuyentes asumieron
riesgos cuando invirtieron en estas tecnologías, sin embargo, la mayoría
de las empresas de tecnología que se han beneficiado no pagan su parte
justa de impuestos. Entonces tienen la audacia de luchar contra las
regulaciones que protegerían los derechos de privacidad del público. Y
aunque muchos han señalado el poder de la inteligencia artificial y
otras tecnologías que se están desarrollando en Silicon Valley, una
mirada más cercana muestra que en estos casos, también, fueron las
inversiones públicas de alto riesgo las que sentaron las bases.
Sin la
acción del gobierno, las ganancias de esas inversiones podrían volver a
fluir en gran medida a manos privadas. La tecnología financiada con
fondos públicos debe estar mejor gobernada por el estado, y en algunos
casos propiedad del estado, para garantizar que el público se beneficie
de sus propias inversiones. Como ha dejado claro el cierre masivo de
escuelas durante la pandemia, solo algunos estudiantes tienen acceso a
la tecnología necesaria para la educación en el hogar, una disparidad
que solo fomenta la desigualdad. El acceso a Internet debería ser un
derecho, no un privilegio.
REPENSANDO EL VALOR
Todo esto sugiere que la relación entre el sector público y el
privado está rota. Arreglarlo requiere abordar primero un problema
subyacente en economía: el campo se ha equivocado en el concepto de
valor. Los economistas modernos entienden el valor como intercambiable
con el precio. Esta visión sería un anatema para los teóricos anteriores
como François Quesnay, Adam Smith y Karl Marx, quienes veían los
productos como un valor intrínseco relacionado con la dinámica de la
producción, un valor que no estaba necesariamente relacionado con su
precio.
El concepto contemporáneo de valor tiene enormes implicaciones para
la forma en que se estructuran las economías. Afecta cómo se administran
las organizaciones, cómo se contabilizan las actividades, cómo se
priorizan los sectores, cómo se ve al gobierno y cómo se mide la riqueza
nacional. El valor de la educación pública, por ejemplo, no figura en
el PIB de un país porque es gratuita, pero sí el costo de los salarios
de los maestros. Es natural, entonces, que tanta gente hable de "gasto"
público en lugar de "inversión" pública.
Esta lógica también explica por
qué el entonces director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein,
podría reclamar en 2009, apenas un año después de que su empresa
recibiera un rescate de 10 mil millones de dólares, que sus trabajadores
estaban "entre los más productivos del mundo". Después de todo, si el
valor es el precio, y si el ingreso por empleado de Goldman Sachs se
encuentra entre los más altos del mundo, entonces, por supuesto, sus
trabajadores deben estar entre los más productivos del mundo.
Cambiar el statu quo requiere encontrar una nueva respuesta a la
pregunta: ¿Qué es el valor? En este caso, es esencial reconocer las
inversiones y la creatividad que brindan una amplia gama de actores en
la economía, no solo las empresas, sino también los trabajadores y las
instituciones públicas. Durante demasiado tiempo, la gente ha actuado
como si el sector privado fuera el motor principal de la innovación y la
creación de valor y, por lo tanto, tuviera derecho a los beneficios
resultantes. Pero esto simplemente no es cierto.
Los medicamentos
farmacéuticos, Internet, la nanotecnología, la energía nuclear, la
energía renovable, todos fueron desarrollados con una enorme cantidad de
inversión gubernamental y asunción de riesgos, a costa de innumerables
trabajadores y gracias a la infraestructura e instituciones públicas.
Apreciar la contribución de este esfuerzo colectivo facilitaría asegurar
que todos los esfuerzos fueran adecuadamente remunerados y que las
recompensas económicas de la innovación se distribuyeran de manera más
equitativa. El camino hacia una asociación más simbiótica entre
instituciones públicas y privadas comienza con el reconocimiento de que
el valor se crea colectivamente.
MALOS DESAFÍOS
Más allá de repensar el valor, las sociedades deben priorizar los
intereses a largo plazo de las partes interesadas en lugar de los
intereses a corto plazo de los accionistas. En la crisis actual, eso
debería significar desarrollar una “vacuna para las personas contra el
COVID-19”, una que sea accesible para todos en el planeta. El proceso de
innovación farmacológica debe regirse de manera que fomente la
colaboración y la solidaridad entre países, tanto durante la fase de
investigación y desarrollo como cuando llega el momento de distribuir la
vacuna.
Las patentes deben agruparse entre universidades, laboratorios
gubernamentales y empresas privadas, permitiendo que el conocimiento,
los datos y la tecnología fluyan libremente por todo el mundo. Sin estos
pasos, una vacuna COVID-19 corre el riesgo de convertirse en un
producto caro vendido por un monopolio, un bien de lujo que solo los
países y ciudadanos más ricos pueden pagar.
De manera más general, los países también deben estructurar las
inversiones públicas menos como limosnas y más como intentos de moldear
el mercado en beneficio del público, lo que significa atar a condiciones
la asistencia del gobierno. Durante la pandemia, esas condiciones
deberían promover tres objetivos particulares:
Primero, mantener el
empleo para proteger la productividad de las empresas y la seguridad de
los ingresos de los hogares.
En segundo lugar, mejorar las condiciones
de trabajo proporcionando seguridad adecuada, salarios dignos, niveles
suficientes de paga por enfermedad y una mayor participación en la toma
de decisiones. En tercer lugar, promover misiones a largo plazo como la
reducción de las emisiones de carbono y la aplicación de los beneficios
de la digitalización a los servicios públicos, desde el transporte hasta
la salud.
La principal respuesta de Estados Unidos al COVID-19, la Ley CARES
(Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus), aprobada por el
Congreso en marzo, ilustra estos puntos a la inversa. En lugar de
implementar apoyos efectivos para la nómina, como lo hicieron la mayoría
de los otros países avanzados, Estados Unidos ofreció beneficios de
desempleo temporales mejorados. Esta elección provocó el despido de más
de 30 millones de trabajadores, lo que provocó que Estados Unidos
tuviera una de las tasas más altas de desempleo relacionado con una
pandemia en el mundo desarrollado.
Debido a que el gobierno ofreció
billones de dólares en apoyo directo e indirecto a las grandes
corporaciones sin condiciones significativas, muchas empresas tenían la
libertad de tomar acciones que pudieran propagar el virus, como negar
los días de enfermedad pagados a sus empleados y operar lugares de
trabajo inseguros.
La Ley CARES también estableció el Programa de Protección de Cheques
de Pago, según el cual las empresas recibían préstamos que serían
condonados si los empleados se mantuvieran en la nómina. Pero el PPP
terminó sirviendo más como una subvención masiva en efectivo a las
tesorerías corporativas que como un método efectivo para salvar empleos.
Cualquier pequeña empresa, no solo las que lo necesitaban, podía
recibir un préstamo, y el Congreso rápidamente aflojó las reglas sobre
cuánto debía gastar una empresa en nómina para que se le condonara el
préstamo.
Como resultado, el programa redujo poco el desempleo. Un
equipo del MIT concluyó que el PPP entregó 500 mil millones de dólares
en préstamos pero solo salvó 2,3 millones de empleos, en aproximadamente
seis meses. Suponiendo que la mayoría de los préstamos finalmente se
condonen, el costo anualizado del programa asciende a aproximadamente $
500.000 dólares por trabajo. Durante el verano, tanto la PPP como las
prestaciones por desempleo ampliadas se agotaron y la tasa de desempleo
de Estados Unidos aún excedía el diez por ciento.
Hasta ahora, el Congreso ha autorizado más de 3 billones de dólares
en gastos en respuesta a la pandemia, y la Reserva Federal inyectó 4
billones adicionales, aproximadamente, en la economía, sumando en
conjunto más del 30 por ciento del PIB estadounidense. Sin embargo,
estos enormes gastos no han logrado nada en términos de abordar
problemas urgentes a largo plazo, desde el cambio climático hasta la
desigualdad.
Cuando la senadora Elizabeth Warren, demócrata de
Massachusetts, propuso imponer condiciones a los rescates —para asegurar
salarios más altos y mayor poder de decisión para los trabajadores y
restringir dividendos, recompras de acciones y bonificaciones para
ejecutivos— no pudo obtener los votos.
El objetivo de la intervención del gobierno fue evitar el colapso del
mercado laboral y mantener a las empresas como organizaciones
productivas; esencialmente, actuar como aseguradora de riesgos
catastróficos. Pero no se puede permitir que este enfoque empobrezca al
gobierno, ni se debe permitir que los fondos financien estrategias
comerciales destructivas. En el caso de insolvencias, el gobierno podría
considerar exigir posiciones de capital en las empresas que está
rescatando, como sucedió en 2008 cuando el Tesoro de Estados Unidos tomó
participaciones en la propiedad de General Motors y otras empresas en
problemas.
Y al rescatar empresas, el gobierno debería imponer
condiciones que prohíban todo tipo de mal comportamiento: repartir
bonificaciones inoportunas a los directores ejecutivos, emitir
dividendos excesivos, realizar recompras de acciones, asumir deudas
innecesarias, desviar beneficios a paraísos fiscales o participar en un
cabildeo político problemático. También deben evitar que las empresas
aumenten los precios, especialmente en el caso de los tratamientos y
vacunas COVID-19.
Otros países muestran cómo es una respuesta adecuada a la crisis.
Cuando Dinamarca ofreció pagar el 75 por ciento de los costos de nómina
de las empresas al comienzo de la pandemia, lo hizo con la condición de
que las empresas no pudieran realizar despidos por razones económicas.
El gobierno danés también se negó a rescatar a las empresas que estaban
registradas en paraísos fiscales y prohibió el uso de fondos de ayuda
para dividendos y recompras de acciones. En Austria y Francia, las
aerolíneas se salvaron con la condición de que redujeran su huella de
carbono.
El gobierno británico, por el contrario, le dio a EasyJet acceso a
más de 750 millones de dólares en liquidez en abril, a pesar de que la
aerolínea había pagado casi 230 millones en dividendos a los accionistas
un mes antes. El Reino Unido se negó a imponer condiciones a su rescate
de EasyJet y otras empresas en problemas en nombre de la neutralidad
del mercado, la idea de que no es trabajo del gobierno decirles a las
empresas privadas cómo gastar su dinero.
Pero un rescate nunca puede ser
neutral: por definición, un rescate implica que el gobierno elija
salvar a una empresa, y no a otra, del desastre. Sin condiciones, la
ayuda del gobierno corre el riesgo de subsidiar malas prácticas
comerciales, desde modelos comerciales ambientalmente insostenibles
hasta el uso de paraísos fiscales. El plan de licencias del Reino Unido,
según el cual el gobierno pagaba hasta el 80 por ciento de los salarios
de los empleados sin licencia, debería haber estado al menos
condicionado a que los trabajadores no fueran despedidos tan pronto como
terminara el programa. Pero no fue así.
LA MENTALIDAD CAPITALISTA DE EMPRESA
El estado no puede simplemente invertir; debe dar con el trato
correcto. Para hacerlo, tiene que empezar a pensar como lo que he
llamado un “estado emprendedor”, asegurándose de que, a medida que
invierte, no se trata solo de eliminar el riesgo de las desventajas,
sino también de obtener una parte de las ventajas. Una forma de hacerlo
es tomar una participación accionaria en los acuerdos que realiza.
Piense en la empresa solar Solyndra, que recibió un préstamo
garantizado de 535 millones de dólares del Departamento de Energía de
EE.UU. antes de quebrar en 2011 y convertirse en un sinónimo conservador
de la incapacidad del gobierno para elegir ganadores. Casi al mismo
tiempo, el Departamento de Energía otorgó un préstamo garantizado de 465
millones a Tesla, que experimentó un crecimiento explosivo. Los
contribuyentes pagaron por el fracaso de Solyndra, pero nunca fueron
recompensados por el éxito de Tesla. Ningún capitalista de riesgo que se
precie estructuraría inversiones así. Peor aún, el Departamento de
Energía estructuró el préstamo de Tesla de modo que obtendría tres
millones de acciones de la empresa si Tesla no pudiera pagar el
préstamo, un acuerdo diseñado para no dejar a los contribuyentes con las
manos vacías.
Pero, ¿por qué querría el gobierno una participación en
una empresa en quiebra? Una estrategia más inteligente hubiera sido
hacer lo contrario y pedirle a Tesla que pagara tres millones de
acciones si pudiese pagar el préstamo. Si el gobierno hubiera hecho eso,
habría ganado decenas de miles de millones de dólares a medida que el
precio de las acciones de Tesla crecía durante el transcurso del
préstamo, dinero que podría haber cubierto el costo de la quiebra de
Solyndra con mucho excedente para la siguiente ronda de inversiones.
Pero lo importante es preocuparse no solo por la recompensa monetaria
de las inversiones públicas. El gobierno también debería imponer
condiciones estrictas a sus acuerdos para garantizar que sirvan al
interés público. El precio de los medicamentos desarrollados con ayuda
del gobierno debe tener en cuenta esa inversión. Las patentes que emite
el gobierno deben ser limitadas y fáciles de licenciar, a fin de
fomentar la innovación, promover el espíritu empresarial y desalentar la
búsqueda de rentas.
Los gobiernos también deben considerar cómo utilizar los rendimientos
de sus inversiones para promover una distribución más equitativa de los
ingresos. No se trata de socialismo; se trata de comprender la fuente
de las ganancias capitalistas. La crisis actual ha llevado a renovar las
discusiones sobre un ingreso básico universal, por el cual todos los
ciudadanos reciben un pago regular igual del gobierno,
independientemente de si trabajan.
La idea detrás de esta política es
buena, pero la narrativa sería problemática. Dado que una renta básica
universal se ve como una dádiva, perpetúa la falsa noción de que el
sector privado es el único creador, no un co-creador, de la riqueza en
la economía y que el sector público es simplemente un cobrador de peajes
que desvía las ganancias, distribuyéndolos como caridad.
Una mejor alternativa es el dividendo ciudadano. Según esta política,
el gobierno toma un porcentaje de la riqueza creada con las inversiones
del gobierno, pone ese dinero en un fondo y luego comparte las
ganancias con la gente. La idea es recompensar directamente a los
ciudadanos con una parte de la riqueza que han creado. Alaska, por
ejemplo, ha distribuido los ingresos del petróleo a los residentes a
través de un dividendo anual de su Fondo Permanente desde 1982. Noruega
hace algo similar con su Fondo de Pensiones del Gobierno.
California,
que alberga algunas de las empresas más ricas del mundo, podría
considerar hacer algo similar. Cuando Apple, con sede en Cupertino,
California, estableció una subsidiaria en Reno, Nevada, para aprovechar
la tasa impositiva corporativa del cero por ciento de ese estado, causó
una pérdida enorme de ingresos fiscales. No solo deberían bloquearse
estos trucos fiscales, sino que California también debería contraatacar
creando un fondo de riqueza estatal, que ofrecería una forma, además de
los impuestos, de capturar directamente una parte del valor creado por
la tecnología y las empresas que fomenta.
El dividendo ciudadano permite que las ganancias de la riqueza
co-creada se compartan con la comunidad en general, ya sea que esa
riqueza provenga de recursos naturales que son parte del bien común o de
un proceso, como inversiones públicas en medicamentos o tecnologías
digitales, que ha implicado un esfuerzo colectivo. Una política de este
tipo no debería sustituir a que el sistema fiscal funcione
correctamente. El estado tampoco debe usar la falta de tales fondos como
excusa para no financiar bienes públicos clave. Pero un fondo público
puede cambiar la narrativa al reconocer explícitamente la contribución
pública a la creación de riqueza, clave en el juego de poder político
entre fuerzas.
LA ECONOMÍA CON UN PROPÓSITO
Cuando los sectores público y privado se unen en pos de una misión
común, pueden hacer cosas extraordinarias. Así fue como Estados Unidos
llegó a la luna y regresó en 1969. Durante ocho años, la NASA y empresas
privadas de sectores tan variados como el aeroespacial, el textil y la
electrónica colaboraron en el programa Apollo, invirtiendo e innovando
juntos. A través de la audacia y la experimentación, lograron lo que el
presidente John F. Kennedy llamó "la aventura más peligrosa, peligrosa y
más grande en la que se haya embarcado el hombre". No se trataba de
comercializar determinadas tecnologías ni siquiera de impulsar el
crecimiento económico; era para hacer algo juntos.
Más de 50 años después, en medio de una pandemia global, el mundo
tiene la oportunidad de intentar una meta aún más ambiciosa: la creación
de una economía mejor. Esta economía sería más inclusiva y sostenible.
Emitiría menos carbono, generaría menos desigualdad, construiría un
transporte público moderno, proporcionaría acceso digital para todos y
ofrecería atención médica universal. De manera más inmediata, pondría
una vacuna COVID-19 a disposición de todos. Crear este tipo de economía
requerirá un tipo de colaboración público-privada que no se ha visto en
décadas.
Algunos que hablan de recuperarse de la pandemia citan un objetivo
atractivo: volver a la normalidad. Pero ese es el objetivo equivocado;
lo normal está roto. Más bien, el objetivo debería ser, como muchos lo
han dicho, "reconstruir mejor". Hace doce años, la crisis financiera
ofreció una rara oportunidad para cambiar el capitalismo, pero se
desperdició. Ahora, otra crisis ha presentado otra oportunidad de
renovación. Esta vez, el mundo no puede permitirse desperdiciarla."
(Mariana Mazzucato , Nuevos Papeles, 20/12/20; Publicado en Foreign Affairs el 10 de octubre de 2020)
