"El
artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña dice: “las personas o las familias
que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta
garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de
acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.”
Tomando como apoyo
este redactado legal, diversas asociaciones, sindicatos y partidos políticos
empezaron ya a finales de 2011 la gestación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por
una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Después de algunas dudas cuando no
de rechazo explícito por parte de miembros destacados del gobierno y del grupo
de CiU sobre si llegaría a ser aceptada por la Mesa del Parlamento catalán,
finalmente el 12 de marzo, y por unanimidad, esta Mesa admitió a trámite la
mencionada ILP.
A partir de aquel momento se ponía en marcha la maquinaria
necesaria para conseguir las 50.000 firmas requeridas para ser debatida en el
Parlamento.
Esta ILP va a
posibilitar que se debata y se exponga durante los meses de la campaña una
posible alternativa a la pobreza. Muy brevemente, el contenido más importante
de esta ILP puede resumirse como sigue.
La RGC debe permitir las condiciones
mínimas de una vida digna a las personas y a las familias o núcleos de
convivencia que se encuentran en situación de pobreza. La RGC se reconoce como derecho
subjetivo de todas las personas y por tanto no sujeta a disponibilidad
presupuestaria, y tampoco estará condicionada a la obligación de participar en ningún
tipo de actividad de inserción laboral o social.
Tendrán derecho
a la RGC las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) que acrediten
una edad como mínimo de 18 años, excepto los menores emancipados; b) que estén
viviendo legalmente en Cataluña, y c) que acrediten residencia continuada en
Cataluña durante un mínimo de 12 meses.
El indicador que establece la cuantía de la RGC es el de la renta de
suficiencia de Cataluña que cada año tiene que fijar la Ley de Presupuestos de
la Generalitat. Actualmente equivale a unos 664 euros al mes.
Se contempla una
suma adicional que será igual a multiplicar por el 70% de la anterior cantidad
el número de personas que conviven en el núcleo familiar. Así, en el caso de 2
personas, sería de 1.129 euros/mes, en el caso de 3 personas de 1.594
euros/mes, etc.
Los promotores de la ILP pidieron a Jordi Arcarons,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y miembro de la
Red Renta Básica (www.redrentabasica.org),
una aproximación de los costes que podría representar la propuesta de esta ILP,
a partir claro está de la situación de pobreza en la nación catalana.
Con datos
de 2012 (aunque la ILP está concebida de modo que se empezaría a aplicar en el
año 2015), y de forma indicativa, Jordi Arcarons calculó que el coste de
financiación sería de aproximadamente unos 1.871,8 millones de euros. El
informe ocupaba tres folios y contenía cinco cuadros.
Con fecha 12 de marzo, el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña emitió un informe para que fuera
incluido en el expediente de tramitación de la ILP, en el que cifraba los
costes en una cantidad superior: más de 3.500 millones de euros. Esta
estimación no ocupa ni medio folio en dicho informe.(...)
Bien es verdad que es así, pero al día siguiente de admitida esta
ILP en la Mesa del Parlamento de Cataluña, hubo un políticamente muy importante
plenario del mencionado Parlamento en el que 104 diputados y diputadas (ERC,
PSC, ICV-EUiA i CiU) votaban a favor del derecho de decidir. Más de tres
cuartos: el 77,6%. (...)
Sería un buen ejercicio de soberanía (aún muy limitada, es cierto) que el Gobierno y el Parlamento catalanes decidieran la forma propia de recaudar el dinero necesario para garantizar los recursos que exige la ILP de la RGC, inspirada en un artículo del actual Estatut (aprobado en Referéndum por amplia mayoría del pueblo catalán) y que asegure una vida digna a la ciudadanía y a la población con residencia acreditada.
Sería una indudable buena manera de combinar la defensa
de los legítimos derechos nacionales de Cataluña con la defensa de la
existencia material de la ciudadanía y residencia acreditada de esta nación.
CiU no se ha diferenciado para nada del PP en el ataque sistemático a las
condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población y eso en
ningún momento se puede olvidar
. Pero los partidos de izquierdas que apoyan la
ILP (PSC, ERC e ICV-EUiA) tienen una buena oportunidad de concretar la doble
aspiración democrática: nacional (votaron a favor del derecho a decidir el 13
de marzo en el Parlamento catalán) y social. Pronto veremos si es así. (...)
Que la RGC sea o no un camino a la renta básica universal e incondicional, como un acto organizado por ATTAC-Acordem en Barcelona a principios de marzo titulaba (“Per una Renta Garantitzada de Ciutadania, cap a una Renda Bàsica”, es decir, “Por una RGC, hacia una RB”) es algo que solamente la capacidad de movilización y apoyo social que ello pueda generar, acabará o no decidiendo.
La RB, ya se ha dicho en varias ocasiones, va
unos cuantos pasos más allá de la lucha contra la pobreza y no exige ningún
test de recursos ni demostración de pobreza como es el caso de la RGC.
Aún así,
el objetivo de la RGC significa en esta barbarie socioeconómica que están
viviendo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, y dado el contraste que
significaría con las políticas económicas aplicadas hasta ahora, una esperanza
y, más importante aún, una voluntad social y política de configurar los mercados en interés de
la gran mayoría de la población, casi toda menos la rica y muy rica. O mucho
más que ahora, para expresarlo con mayor prudencia política." (¿Garantizar una vida digna a toda la población?
Daniel Raventós · Sergi Raventós, en Sin Permiso, 17/03/2013)
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