"(...) Tomemos el caso más conocido: el
experimento finlandés. El tratamiento aquí se aplica a una muestra de
2.000 parados que cobran la prestación asistencial por desempleo, y
consiste en alterar dos rasgos en el diseño de dichas prestaciones:
suprimir cualquier requisito de activación (incluido el de aceptar
ofertas de empleo) y mantener la prestación íntegramente si se obtiene
cualquier tipo de empleo (ahora sólo se compatibiliza el 50% en caso de
empleo temporal o a tiempo parcial).
¿Tiene mucho sentido, aparte de un
cierto marketing político, decir que Finlandia está experimentando con una RB?
El ejemplo finlandés también ilustra
otro de los motivos que mueven al escepticismo: los condicionantes
políticos de todo tipo que envuelven estas experiencias, sobre un tema
muy sensible y políticamente cargado. Considérense algunos de ellos.
Primero, el Gobierno de Finlandia, fruto de un acuerdo entre un partido
de centro-derecha y dos más de derecha dura, mantuvo desde el principio
cierta división interna sobre la conveniencia de la prueba piloto. La
oposición de izquierdas se opone: los socialdemócratas, porque siempre
han sido contrarios a la RB; pero también los verdes y la izquierda, que
siempre han sido favorables, ven el programa como insuficiente y/o mal
diseñado.
De hecho, las motivaciones del Partido del Centro, que es el
valedor de esta prueba en el Gobierno finlandés, tienen en realidad poco
que ver con las habitualmente esgrimidas por los defensores de una RB.
Su principal interés es comprobar si esas dos reformas en el diseño de
las prestaciones pueden ahorrar costes administrativos en los servicios
de empleo y sociales, así como incrementar la inserción laboral
produciendo también un ahorro en prestaciones.
Se habla, asimismo, de
simplificar el mapa de prestaciones e ir a un Estado del bienestar más
pequeño y barato, en la línea del Universal Credit aprobado por los conservadores británicos (con nefastas consecuencias para la población más débil).
Segundo: en un completo y riguroso
informe, las principales recomendaciones de una competente comisión de
expertos fueron en su mayor parte desestimadas por el Gobierno, que
impuso finalmente un diseño muy simple y metodológicamente débil: con
sólo un grupo de tratamiento, pero dos variables fundamentales
afectadas, será imposible determinar si cualquier diferencia
significativa se debe a uno u otro de los dos rasgos alterados, o a
ambos en combinación.
Tercero: la administración fiscal se
ha negado a participar en el programa, escudándose en la imposibilidad
constitucional de tratar de forma desigual a los contribuyentes. Ello
impide cualquier inclusión del coste fiscal y, por ende, la extensión de
la muestra entre otros colectivos que no fuesen beneficiarios netos de
una RB, algo crucial para la propuesta, pues las encuestas disponibles
muestran que la mayoría favorable a una RB en Finlandia (pero también en
otros países) cambia abruptamente a una mayoría contraria cuando se
mencionan los tipos fiscales necesarios para sufragarla.
¿Reforzará políticamente el
experimento las posiciones de los defensores de una RB? En mi opinión,
sólo lograrían ese efecto unos improbables resultados que mostraran
niveles de inserción laboral significativamente mucho más altos en la
muestra que en el resto de la población desempleada.
Cualquier otro
resultado (incluso un nivel de inserción similar, que mostraría que una
mayor incondicionalidad no supone un desincentivo laboral) quedaría
sujeto a la discusión y la interpretación política, y sería poco
concluyente.
El programa finaliza en diciembre de 2018, y sólo cuatro
meses después hay elecciones generales en Finlandia. Ante resultados no
terminantes y poco espectaculares, el Gobierno probablemente decidiría
congelar el tema en su agenda, lo que, seguramente, paralizaría durante
años cualquier avance en la dirección de una RB.
Quizá hubiese sido más audaz, y
también mucho más útil para la población más desfavorecida, haber
empezado a implementar algunas de esas reformas de diseño en el sistema
de prestaciones mínimas sin necesidad de hacer un experimento piloto, de
esperar dos años a su finalización, y de condicionar la adopción de
reformas al resultado de la siempre incierta, y políticamente
interesada, valoración de unos efectos siempre interpretables.
De hecho,
muchas reformas de las políticas sociales y los estados de bienestar se
han llevado a cabo sin experimento alguno, y nunca han sido
adecuadamente evaluadas. No parecería tan atrevido desoír un poco más a
Eugeni D’Ors y atreverse a dar pasos de política real; eso sí, evaluando
su impacto con rigor.
Ésa es, por ejemplo, la vía que
algunos programas de rentas mínimas de algunas comunidades autónomas en
España (como Valencia, Baleares, Navarra, Aragón o Cataluña) están
explorando o llevan ya años aplicando con interesantes resultados (caso
del País Vasco).
Existe un amplio margen para medidas viables que
mejoren la eficiencia y la utilidad social de estas medidas:
compatibilizando prestaciones con salarios para evitar la trampa de la
pobreza y combatir la laboral; eliminando condiciones de activación
punitivas y neopuritanas de dudosa eficacia insertadora; estableciendo
tramos de prestación independientes de planes de inserción junto con
otros, complementarios, condicionados a su firma; erradicando controles
invasivos o humillantes a la hora de acceder a la prestación o de
mantenerla; o introduciendo innovadoras estrategias conductuales para
reducir el estigma y el non take-up (esto
es, cuando los beneficiarios potenciales no solicitan la prestación).
Todo ello nos acerca a la lógica de algunos rasgos de la RB sin incurrir
en su abultado coste económico, posibilitando al mismo tiempo una
evaluación rigurosa en el campo de las políticas reales.
Los experimentos piloto son sin duda interesantes desde un punto de
vista científico para explorar cómo determinadas intervenciones o
modificaciones muy concretas en el diseño de los programas pueden
influir en la conducta de los beneficiarios. Sin embargo, desde el punto
de vista político son mucho menos concluyentes para determinar la
elección entre grandes opciones.
Un programa de este tipo no nos dirá si
optar por una RB universal es mejor o peor que una Renta Garantizada o
una Renta Mínima de Inserción sino, por ejemplo, si hacer una prestación
compatible con determinados tramos de ingresos salariales favorece una
mayor tasa de empleo entre los beneficiarios que las medidas de
activación punitivas.
En este sentido, la demanda política creciente de
experimentos piloto sobre Renta Básica debería tener esto muy en cuenta
para no generar expectativas infladas que pueden verse fácilmente
defraudadas.
Es obvio que cuanta más evidencia tengamos, mejores
decisiones podremos tomar, pero también que los recursos son limitados, y
que si los programas no están diseñados de manera metodológicamente
óptima (algo difícil debido a los condicionantes políticos que
afrontan), pueden acabar generando más confusión que claridad y
devolviéndonos al punto inicial del debate.
No es realista pensar que
los resultados de programas como los que se están llevando a cabo
otorgarán a los defensores de la RB el arma argumental definitiva para
imponerse.
En suma, los partidarios de la RB
harían bien en calibrar si es razonable ser muy entusiastas con estos
experimentos que no la testan realmente y no está claro en qué acabarán,
mientras siguen siendo quizá demasiado críticos con medidas políticas
reales que se toman en muchos programas de rentas mínimas en la
dirección de una mayor incondicionalidad de las mismas. Una curiosa
paradoja, sin duda." (José Antonio Noguera, Agenda Pública, 13/03/18)
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