"Es habitual encontrar justificaciones en torno al acceso a unos
ingresos garantizados como un derecho inalienable en consonancia con los
objetivos de justicia y libertad, aspecto sobre el cual ambas
propuestas parecen compatibles una con la otra.
Las discrepancias entre
los defensores del empleo y el ingreso garantizados toman constantemente
la forma de juicios morales, en los cuales la reciprocidad es el núcleo
de sus disputas.
Mientras desde un lado se patrocina un liberalismo
individualista estilizado, exigiéndose proveer a las personas de una
renta monetaria suficiente para adquirir todo lo necesario para una
existencia digna que le permita emanciparse de la obligación de trabajar
por un sustento vital, desde el otro se critica tal posición por violar
los principios de reciprocidad sin contribuir a la provisión social de
bienes y servicios de la que el conjunto de la comunidad se nutre.
En mi opinión, el debate en estos términos no arroja
luz sobre las diferencias esenciales de una y otra propuesta.
Independientemente de las justificaciones morales, el enfrentamiento
entre el Trabajo Garantizado y la Renta Básica Universal emerge
claramente cuando los estudiamos en el contexto de sus dispares efectos
sobre el empleo, la composición del producto final y los precios.
El análisis macroeconómico en la literatura referente a
la Renta Básica Universal está aparentemente limitado a considerar cómo
se financiaría. Como la Teoría Monetaria Moderna revela que la
financiación gubernamental para cualquiera de las propuestas no está
limitada operativamente, para el propósito de este artículo baste decir
que el control soberano sobre su propia moneda faculta al Estado a pagar
su programa cualquiera que sea, sin importar si es caro o la magnitud
de los efectos multiplicadores. Esto deja como propósito esencial de los
impuestos el crear demanda para la moneda del gobierno.
La construcción teórica de ambas propuestas se origina
en planteamientos rivales sobre cómo es el funcionamiento de la
economía. Algo que rara vez se explica es que la RBU es consistente con
el paradigma económico neoclásico, presentando el desempleo como el
producto inevitable de las rigideces salariales que impiden la
compensación adecuada en un mercado competitivo, sin dar una explicación
macroeconómica al mismo.
La solución diseñada entonces es presuponer la
existencia de una especie de derecho de propiedad igual para todos
sobre las rentas del trabajo de los empleos productivos, un derecho
negociable que debe ser visto como un presunto alquiler de la parte del
trabajo efectuada por quienes monopolizan los empleos y que
correspondería recibir a los beneficiarios de la RBU.
Por su parte, el Trabajo Garantizado es un instrumento
elaborado por una corriente de investigación conocida como Teoría
Monetaria Moderna, integrada en el paradigma poskeynesiano. En
consecuencia, se aborda el desempleo como producto del fracaso de la
política macroeconómica en sostener el gasto total a un nivel suficiente
para proveer las oportunidades de empleo que aseguren un ingreso y
condiciones dignas para todos aquellos que puedan y quieran trabajar.
Así pues, se define el desempleo como un fenómeno monetario que es
causado por un déficit presupuestario demasiado bajo, considerando que
el emisor de moneda es el único agente capacitado para cerrar la brecha
de gasto creada por los deseos de ahorro y beneficios del sector
privado.
De este primer contraste podemos extraer ya una
conclusión sobre la forma de alcanzar el pleno empleo en una y otra
propuesta: entretanto que los partidarios del TG sostienen que el Estado
debe utilizar su poder como emisor de moneda para llegar a este
objetivo creando oportunidades para todos, desde la RBU se toman como
dadas tales oportunidades, y en función de su escasez y las
imperfecciones del mercado laboral se incentiva una retirada de la
población activa suministrando la moneda a cambio de nada. Cómo abastece
el gobierno la moneda a la población tiene impactos significativos
sobre la actividad económica, por lo que lo siguiente será abordar los
efectos de ambos planes sobre el valor de la moneda y la estabilidad de
precios.
Dado que la moneda es un monopolio público, el
gobierno puede determinar su valor ejerciendo su poder soberano de fijar
el precio al cual la suministrará. Si el Estado requiere que para
obtener una unidad monetaria una persona debe ofrecer a cambio una hora
de su trabajo, entonces el dinero valdrá exactamente eso. Por el
contrario, la garantía de ingresos básicos no establece
términos de cambio con la moneda, proporcionándola incondicionalmente.
La conclusión lógica de esto es que la gente no necesita vender nada al
gobierno para conseguir la moneda, invalidando el papel de los impuestos
como dispositivo para promover su circulación en la economía. Semejante
desacople fácilmente puede desembocar en un escenario donde a medida
que el valor de la unidad monetaria nacional se deteriora hasta cero,
los agentes privados hacen sus transacciones en otras monedas más
fuertes.
Por tanto, como el salario del sector público es
decidido de manera exógena por el Estado y el trabajo es un factor
fundamental empleado en la producción de todos los bienes y servicios,
sirve como punto de referencia para todos los precios. Esta
característica incorporada es fundamental del TG y no tiene una
contraparte comparable en las propuestas de garantía de ingresos.
Además, el tamaño de los programas de garantía de empleo actúa como una
reserva de estabilización que se contrae y expande en relación a la
etapa del ciclo económico en que se encuentre la economía. Tampoco la
RBU incorpora un mecanismo anticíclico, pues una vez introducido el pago
de la garantía de ingresos en la economía ésta tiene un comportamiento
procíclico.
Frente a la reserva de estabilización y el anclaje de
los precios inherente al TG y que la RBU no integra, se estima también
que el impacto sobre la fuerza de trabajo y la producción de la RBU
tiene efectos negativos. Con el fin de convencer a los beneficiarios de
la garantía de ingresos a salir de su aparente inactividad voluntaria y
regresar al mercado de trabajo, los empleadores deberán ofrecer salarios
más elevados, tras lo cual seguidamente tenderán a aumentar los precios
para cubrir el incremento de los costes salariales.
Esta pérdida de
poder adquisitivo de los receptores de la RBU debe ser ajustada al alza
para compensar y garantizar su propósito. Si esto sucede, una adicional
subida de los salarios tratará de retener a los trabajadores en el
sector privado, poniendo en marcha otra vez una espiral precios-salarios
cuyo resultado más probable sea una situación de estanflación y que
impide a la RBU satisfacer las necesidades de sus beneficiarios.
Tras considerar brevemente los efectos macroeconómicos
de las dos propuestas podemos ya entender que el TG y la RBU son
herramientas de política económica más diferentes de lo que se desprende
de los argumentos morales. Pese a que la garantía de ingresos no cumple
sus promesas y puede incluso atribuírsele ser autodestructiva y
funcionar en la práctica como una subvención encubierta a la realización
de los beneficios privados, el TG no solo hace efectivas las suyas de
lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios, sino que también se
muestra como un vehículo viable para llevar a cabo otras metas
económicas y sociales que los defensores de la RBU juzgan igualmente
como deseables.
El TG proporciona una respuesta estructurada y directa
para llevar a cabo actividades tales como el cuidado del medio ambiente
y de las personas, promocionar la inclusión y la igualdad, provocar el
cambio de modelo productivo, o reforzar la provisión de servicios
públicos, que al fin y al cabo pueden definirse como una renta básica en
especie.
La no obligación del sector público de guiarse por el ánimo de
lucro puede dar lugar a diseños que promueven las capacidades
individuales, el deber cívico, la cohesión social, y la participación
comunitaria, redefiniendo el significado del trabajo a la vez que se
pone fin a la precariedad y transformamos el sistema colectivamente,
cubriendo necesidades que se dejan sin cubrir porque al sector privado
no le es rentable. ¿Seguimos perdiéndonos en debates filosóficos o nos
ponemos a elaborar un discurso con unas herramientas propias para
combatir el neoliberalismo en su terreno?"
(Esteban Cruz Hidalgo es miembro de
Red MMT España, de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de
Precios (APEEP), de la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC
España, CTXT, 22/02/27)
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