"(...) De entre todas las formulaciones teóricas que existen en la Hacienda
Pública, la más completa y que podría actuar simultáneamente en todos
estos ámbitos se concreta en el llamado Impuesto sobre la Renta Negativa
(INR), cuya primera formulación data de 1838, y que curiosamente fue
desarrollada por un liberal, el premio nobel Milton Friedman en 1962.
La idea básica del INR es que la declaración de la renta, además de
que sirva para tributar a los que obtienen rentas, también haga que los
que no tengan ingresos o sean muy bajos puedan obtener una renta mínima.
La formulación más sencilla de este impuesto la hizo Friedman
proponiendo un tipo de gravamen fijo. Nada mejor para explicarlo que un
ejemplo:
Supongamos que definimos un tipo único en el IRPF del 50%, y una
renta básica anual de 10.000 euros, de tal manera que el estado
garantiza la devolución del 50%; es decir, 5.000 euros al año. Así, un
contribuyente que no tenga ingresos percibirá 5.000 euros anuales o 416
euros al mes.
El que ganara 4.000 euros al año, por los 6.000 que le
faltan hasta los 10.000 de renta mínima obtendría 250 euros al mes
(3.000 euros anuales), y el que haya ganado 10.000 euros no pagaría nada
de impuestos ni obtendría renta.
Para el que sus ingresos sean de
70.000 euros al año pagaría 30.000 en impuestos, pues se descontarían
10.000 euros del ingreso mínimo, un poco más de lo que paga con el
impuesto actual. De esta manera, el IRPF se convertiría, además de un
medio para recaudar, en un instrumento para disminuir la desigualdad y
la pobreza.
Las ventajas son muchas. La primera es la simplificación del sistema
porque se desprendería de complicadas figuras como los mínimos
personales, las deducciones, los múltiples tipos impositivos...
Además,
la renta básica así definida sustituiría a la mayor parte de las
actuales ayudas y subsidios, como prestaciones por desempleo, becas...
simplificando todo el sistema de concesión de ayudas públicas,
permitiendo reducir la sobredimensionada administración asistencial que
se fusionaría con la administración tributaria en un macro ministerio de
hacienda y seguridad social. Ello, supondría un ahorro importante de
funcionarios.
Por otra parte, supondría un impulso al consumo, en la medida que
aumentará el dinero en manos de los ciudadanos, y también del empleo,
pues estos ingresos al ser compatibles con trabajar eliminarán el
incentivo a no buscar trabajo mientras dure la prestación por desempleo,
como ahora ocurre.
Además, al implicar el deber de aceptar cualquier
trabajo de la categoría del contribuyente so pérdida de la renta básica,
se evita el incentivo a no trabajar y cobrar la renta básica.
Además de todo ello, al ser compatibles con la realización de
cualquier trabajo o la percepción de otros ingresos (siempre que los
ingresos sean inferiores a la renta mínima) permitirá que se acepten
empleos con baja retribución complementado con la renta mínima del
estado para poder alcanzar un nivel mínimo de vida.
Ello beneficiará a
las empresas que ofrecerán contratos de trabajo estable con un sueldo
bajo, permitiéndoles ser muy competitivas y vender más. Al ajustar
costes, se incrementará la eficiencia del factor trabajo, reduciendo el
paro; y a medio plazo hará subir de nuevo los salarios y/o que se pueda
generar empleo estable y a tiempo completo.
Este impuesto sobre la renta, a pesar del tipo único, sería
progresivo y muy redistributivo, pues la renta básica se desgravará por
todos los contribuyentes, igual que los actuales mínimos personales;
ello provocará tipos efectivos más altos según crezca la renta. Hay que
subrayar que los contribuyentes con rentas más bajas serían los más
beneficiados pues obtendrán una renta mínima que les garantizará un
bienestar y reducirá las desigualdades sociales, fuentes de conflictos.
Aquellos con ingresos medios pagarían cantidades similares a las
actuales y los ricos pasarían a tributar en una cantidad superior, pero
sin rebasar el 50%, que es la barrera psicológica que separa la
tributación de la confiscación, y que desincentiva la realización de
muchas actividades.
Esta propuesta tiene su talón de Aquiles en su alto coste económico,
aunque no tan alto como podría parecer. Piénsese que cantidades muy
similares se están pagando con cargo a los actuales subsidios de todo
tipo, y que además la simplificación del IRPF le daría mayor fuerza
recaudatoria y compensaría, en parte, las devoluciones.
El hecho de
sustituir la prestación por desempleo, y muchos de los subsidios y becas
actuales liberará recursos por lo que el aumento del gasto no será tan
alto.
Por otra parte, para hacer viable para España esta propuesta, se
necesita calibrar los parámetros, tanto de la renta básica como del tipo
impositivo. La clave sería compatibilizar estas magnitudes en el nivel
que se quiera definir, sin que comprometan la viabilidad de las finanzas
públicas, a la vez que se pueda establecer una renta digna.
La otra debilidad del impuesto negativo es su vulnerabilidad al
fraude. Seria crucial establecer un férreo control fiscal que evite
fraudes consistentes en ocultar ingresos para obtener la renta básica.
En conclusión, es posible aumentar la presión fiscal en el impuesto
de sociedades, en el IRPF y en el de Patrimonio, y propuestas
imaginativas como el impuesto de renta negativo bien merecerían que
fueran estudiadas con vistas a su implantación, al permitir
simultáneamente paliar tanto el problema de recaudación de nuestro
sistema tributario como el de desigualdad de nuestra sociedad, a la vez
que incentivar la actividad económica.
Medidas de este corte harían innecesarias otras propuestas más
arriesgadas, como la reestructuración de la deuda, que sí podrían dañar
por muchos años la confianza de los inversores internacionales en
nuestra economía y perder la oportunidad de alcanzar la ansiada
recuperación económica." (
Julio Ransés Pérez Boga , El País,
20 ENE 2015)
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