"Hace unos días, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, presentaba en un gran acto público la propuesta de una Renta básica garantizada para personas y familias vulnerables. Una medida que, como indicaba el slogan utilizado para dicho evento, se encuentra orientada a “vivir, no sobrevivir”. Partiendo de que los objetivos que persigue Unidas Podemos con esta renta garantizada es paliar la pobreza y aumentar la protección social, considero que merece la pena adentrarnos en el fondo de la misma.
Salvo los superricos y esas personas que se han tragado la milonga de que “si te va mal es porque no te lo has currado”, la inmensa mayoría somos partidarios de blindar la vida de la gente y, especialmente, de aquellos más desfavorecidos. Ahora bien, la cuestión es cómo hacerlo, qué camino seguir para lograr que las personas tengamos asegurada la existencia, cubiertos los derechos básicos, así como la capacidad de construir vidas con autonomía.
Hasta los años 70-80 del siglo pasado, desde la izquierda y, por supuesto, desde el sindicalismo se mantenía la gran aspiración socialista (en un sentido amplio del término) de alcanzar el pleno empleo. Es decir, una sociedad sin paro, donde cada individuo aportase su trabajo a la comunidad. Sinceramente, no se me ocurre una mejor fórmula de protección social.
Desde entonces, y aunque todavía hay quienes seguimos peleando por conquistar dicha plaza, en la izquierda política han ido ganando terreno otras utopías entre las que destaca especialmente la renta básica (en sus muy diversas variantes). Para quien tenga curiosidad sobre el tema recomendaré la lectura del lúcido artículo de Daniel Zamora en el cual cuestiona el carácter progresista de la renta básica por su ligazón con la propuesta del “impuesto negativo” de Milton Friedman, según el cual sería preferible subvencionar directamente a las personas y no ofrecer servicios colectivos que son ineficientes, injustos y que interfieren en el mercado.
En la presentación de esta propuesta, la ministra Belarra decía que “en el Gobierno hay una fuerza conservadora [en alusión al PSOE] que quiere hacer pequeños retoques, pequeños cambios, pero que no quiere cambiar de raíz el sistema económico y social que produce la pobreza contra el que hoy estamos luchando”. Cabe preguntarse, ¿acaso la renta garantizada es una propuesta que apunte a los cimientos del modelo socioeconómico hoy imperante? En mi opinión, no lo es.
Y no lo es porque, si bien el espíritu de cuidar de la gente creo que es poco discutible en la intencionalidad del partido morado, no puede decirse que apunte a las bases sobre las que se edifica el mencionado modelo social, ni cuestione el papel central del mercado y la explotación como ejes del mismo. Por tanto, esta propuesta de Unidas Podemos evidencia, una vez más, cuánto ha calado el socialiberalismo en la izquierda actual, aunque este conviva con otras posiciones socialdemócratas.
Siendo empleado de una empresa pública como Correos, donde además de mi labor profesional desempeño funciones sindicales, apuesto por retomar la orientación socializante de caminar hacia el pleno empleo e invertir las principales energías en desarrollar políticas que permitan avanzar en esa dirección. Y para ello, es primordial poner el foco en el mundo del trabajo en lugar de confiar el bienestar a las subvenciones. Porque no es lo mismo luchar contra la pobreza que hacerlo contra la desigualdad, porque no es lo mismo mejorar las condiciones laborales y dignificar los salarios (repercutiendo sobre las ganancias empresariales) que limitarse a ayudar a quienes han sido arrojados a los márgenes de la sociedad.
Obviamente, quiero unas instituciones que piensen en la gente humilde y procuren evitar el “desahucio social” de los más vulnerables. Y sobre todo quiero que se apliquen políticas abiertamente opuestas a las implementadas en las últimas décadas y que en España se han basado en recortes por abajo, deterioro del tejido público, destrucción de empleos y aumento de la precariedad. Unas políticas que impidan la permanente transferencia de riqueza de las rentas del trabajo hacia los bolsillos del capital, para lo cual se requiere un Estado que no reduzca su intervención a los ámbitos donde el mercado no llega (o no tiene interés en hacerlo), sino que aspire a desplazarlo y alterar la correlación de fuerzas en favor de la mayoría social.
Recientemente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba de la necesidad de reinventar lo público, de definirlo de cara a la próxima década. Al referirse a ello lo relacionaba también con la “reforma empresarial” pendiente en nuestro país y la “democracia económica”, entendida como poder de participación y decisión de los trabajadores en el devenir de las empresas.
Soy un firme defensor de la necesidad de contar un sector público vigoroso y expansivo, con grandes empresas capaces de disputarle al mercado privado el centro de mando (principalmente en los sectores estratégicos) y que se doten de amplísimas plantillas con condiciones laborales ejemplares. En ellas deberían aplicarse medidas fundamentales como la reducción de la jornada de trabajo sin perjuicio salarial, redefiniendo de una vez por todas, los usos del tiempo.
Cambiar nuestra forma de entender la economía para poder transformar nuestra manera de vivir. Si ese es el objetivo, si esa es la propuesta de país, opino que hay que centralizar ahí cuantos recursos sean necesarios. Con esto, no quiero decir que no deba asegurarse el amparo social y proteger a quienes más lo necesitan, pero sin perder de vista la mejor forma de hacerlo es a través de políticas desde el ámbito laboral.
Tal vez, se me replique indicando que ambos caminos no son excluyentes entre sí y, ciertamente, no tendrían por qué serlo. Pero, desde mi punto de vista, parten de premisas diferentes y expresan perspectivas que pueden resultar divergentes. Es hora de desechar la distopía de abolir de trabajo y recuperar la determinación por acabar con la explotación. Y para tal fin sería beneficioso que, dentro del seno de la izquierda, las pulsiones “laboristas” consigan consolidar su espacio y ponerse al frente." (Mario Murillo, El Salto, 28/01/23)
Salvo los superricos y esas personas que se han tragado la milonga de que “si te va mal es porque no te lo has currado”, la inmensa mayoría somos partidarios de blindar la vida de la gente y, especialmente, de aquellos más desfavorecidos. Ahora bien, la cuestión es cómo hacerlo, qué camino seguir para lograr que las personas tengamos asegurada la existencia, cubiertos los derechos básicos, así como la capacidad de construir vidas con autonomía.
Hasta los años 70-80 del siglo pasado, desde la izquierda y, por supuesto, desde el sindicalismo se mantenía la gran aspiración socialista (en un sentido amplio del término) de alcanzar el pleno empleo. Es decir, una sociedad sin paro, donde cada individuo aportase su trabajo a la comunidad. Sinceramente, no se me ocurre una mejor fórmula de protección social.
Desde entonces, y aunque todavía hay quienes seguimos peleando por conquistar dicha plaza, en la izquierda política han ido ganando terreno otras utopías entre las que destaca especialmente la renta básica (en sus muy diversas variantes). Para quien tenga curiosidad sobre el tema recomendaré la lectura del lúcido artículo de Daniel Zamora en el cual cuestiona el carácter progresista de la renta básica por su ligazón con la propuesta del “impuesto negativo” de Milton Friedman, según el cual sería preferible subvencionar directamente a las personas y no ofrecer servicios colectivos que son ineficientes, injustos y que interfieren en el mercado.
En la presentación de esta propuesta, la ministra Belarra decía que “en el Gobierno hay una fuerza conservadora [en alusión al PSOE] que quiere hacer pequeños retoques, pequeños cambios, pero que no quiere cambiar de raíz el sistema económico y social que produce la pobreza contra el que hoy estamos luchando”. Cabe preguntarse, ¿acaso la renta garantizada es una propuesta que apunte a los cimientos del modelo socioeconómico hoy imperante? En mi opinión, no lo es.
Y no lo es porque, si bien el espíritu de cuidar de la gente creo que es poco discutible en la intencionalidad del partido morado, no puede decirse que apunte a las bases sobre las que se edifica el mencionado modelo social, ni cuestione el papel central del mercado y la explotación como ejes del mismo. Por tanto, esta propuesta de Unidas Podemos evidencia, una vez más, cuánto ha calado el socialiberalismo en la izquierda actual, aunque este conviva con otras posiciones socialdemócratas.
Siendo empleado de una empresa pública como Correos, donde además de mi labor profesional desempeño funciones sindicales, apuesto por retomar la orientación socializante de caminar hacia el pleno empleo e invertir las principales energías en desarrollar políticas que permitan avanzar en esa dirección. Y para ello, es primordial poner el foco en el mundo del trabajo en lugar de confiar el bienestar a las subvenciones. Porque no es lo mismo luchar contra la pobreza que hacerlo contra la desigualdad, porque no es lo mismo mejorar las condiciones laborales y dignificar los salarios (repercutiendo sobre las ganancias empresariales) que limitarse a ayudar a quienes han sido arrojados a los márgenes de la sociedad.
Obviamente, quiero unas instituciones que piensen en la gente humilde y procuren evitar el “desahucio social” de los más vulnerables. Y sobre todo quiero que se apliquen políticas abiertamente opuestas a las implementadas en las últimas décadas y que en España se han basado en recortes por abajo, deterioro del tejido público, destrucción de empleos y aumento de la precariedad. Unas políticas que impidan la permanente transferencia de riqueza de las rentas del trabajo hacia los bolsillos del capital, para lo cual se requiere un Estado que no reduzca su intervención a los ámbitos donde el mercado no llega (o no tiene interés en hacerlo), sino que aspire a desplazarlo y alterar la correlación de fuerzas en favor de la mayoría social.
Recientemente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba de la necesidad de reinventar lo público, de definirlo de cara a la próxima década. Al referirse a ello lo relacionaba también con la “reforma empresarial” pendiente en nuestro país y la “democracia económica”, entendida como poder de participación y decisión de los trabajadores en el devenir de las empresas.
Soy un firme defensor de la necesidad de contar un sector público vigoroso y expansivo, con grandes empresas capaces de disputarle al mercado privado el centro de mando (principalmente en los sectores estratégicos) y que se doten de amplísimas plantillas con condiciones laborales ejemplares. En ellas deberían aplicarse medidas fundamentales como la reducción de la jornada de trabajo sin perjuicio salarial, redefiniendo de una vez por todas, los usos del tiempo.
Cambiar nuestra forma de entender la economía para poder transformar nuestra manera de vivir. Si ese es el objetivo, si esa es la propuesta de país, opino que hay que centralizar ahí cuantos recursos sean necesarios. Con esto, no quiero decir que no deba asegurarse el amparo social y proteger a quienes más lo necesitan, pero sin perder de vista la mejor forma de hacerlo es a través de políticas desde el ámbito laboral.
Tal vez, se me replique indicando que ambos caminos no son excluyentes entre sí y, ciertamente, no tendrían por qué serlo. Pero, desde mi punto de vista, parten de premisas diferentes y expresan perspectivas que pueden resultar divergentes. Es hora de desechar la distopía de abolir de trabajo y recuperar la determinación por acabar con la explotación. Y para tal fin sería beneficioso que, dentro del seno de la izquierda, las pulsiones “laboristas” consigan consolidar su espacio y ponerse al frente." (Mario Murillo, El Salto, 28/01/23)
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