La sentencia judicial de divorcio al uso que se dicta en España atribuye a la mujer la custodia de los hijos, una pensión de alimentos y el uso de la vivienda. Es decir, que de entrada sale beneficiada en aplicación del artículo 96 del Código Civil, que atribuye la vivienda al cónyuge custodio. O sea, a las mujeres en más del 95% de los casos.
"El año pasado tuvieron que irse de su casa más de 70.000 hombres y el 80% no tenían medios para poder pagar una nueva vivienda", explica Justo Sáenz, presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados. En muchos casos, la pareja no se pone de acuerdo para vender el que fue su domicilio familiar y eso impide pasar página y facilitar la compra de una vivienda que se ajuste más a las nuevas necesidades. La consecuencia es que ella sigue disfrutando de la casa mientras tiene los hijos y él sigue pagando la mitad de la hipoteca de una vivienda en la que no habita, a no ser que ceda a la presión y la acabe malvendiendo para levantar cabeza.
Eso coloca a decenas de miles de hombres en una situación de asfixia económica, asegura Sáenz, al punto de que a muchos no les queda más remedio que regresar con sus padres, ir a vivir a casa de un amigo o acabar en condiciones cochambrosas. Como Jon, un bilbaíno al que denunció su ex mujer en 1992 por hechos supuestamente ocurridos cuando estaba en Madrid. "La denuncia fue archivada, pero yo tuve que salir por piernas", explica. "Un amigo me dejó una habitación, luego me metí en un piso de protección oficial, mis padres me ayudaron y así volví a empezar", recuerda.
"A la larga las mujeres acaban siendo las perjudicadas por ese trato inicialmente favorable en el divorcio", relata Sáenz. "Y es que cuando el hombre deja de pagar la hipoteca de la que fue su casa y los hijos ya se han independizado, muchos solicitan la división de la cosa común y ellas tienen que elegir entre comprar la vivienda al valor de mercado de entonces o perderla y que salga a subasta". Jon tiene claro qué es lo que va a hacer en cuanto pueda y su hijo se independice.
"Cada vez nos llegan más casos de mujeres mayores de 55 años que se divorciaron hace tiempo y que ahora no tienen dinero para comprarle a su ex la otra mitad, por lo que la casa acaba saliendo a subasta. Con lo que ella obtiene no puede meterse en un nuevo piso, ahora los bancos no les dan un préstamo y muchas no tienen derecho ni a vivienda de protección oficial por su salario", explica Sáenz. Es una situación que, según dice, se está extendiendo a todas las capas sociales.
Y es que convertir la vivienda en moneda de cambio tiene sus riesgos. La situación de paro en la que están quedando muchos hombres les está llevando a dejar de pagar la mitad de la hipoteca de aquella casa. "Como ella no puede hacer frente a toda la cuota, se dan casos en que le acaba perdonando la pensión de alimentos de los hijos a cambio de que pague su parte para no perder la casa", relata Sáenz." (El País, ed. Galicia, 23/06/2009, p. 28/9)
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