"¿Renta básica Universal o Trabajo Garantizado? Cuando se
produce este debate, se cometen frecuentes errores que lo distorsionan.
Probablemente el más importante sea el de desligar el Trabajo
Garantizado de su marco analítico, la Teoría Monetaria Moderna. Ignorar
dicho marco implica saltarse un análisis macroeconómico que es
imprescindible y sin el cual dicho debate se convierte en una batalla
propagandística de la que nada saldrá en claro.
El punto fundamental consiste en lo siguiente: introducir
el dinero en una economía a cambio de trabajo tiene efectos diferentes a
ofrecerlo a cambio de nada, como sucede con la Renta Básica Universal.
De esta forma, TG y RBU deben ser estudiados en el contexto de sus
dispares efectos sobre el empleo, los precios, y el valor de la moneda.
Es hora de que se hable de la propuesta de Trabajo Garantizado y de que
esto se haga en relación con sus implicaciones macroeconómicas.
Aspectos estabilizadores o macroeconómicos
Los Planes de Trabajo Garantizado aportan unos potentes
anclajes a la economía que estabilizan el ciclo, ayudando a mantener los
ingresos de los trabajadores que son expulsados del sector privado en
épocas de recesión. En una expansión, los empleadores pueden reclutar
trabajadores integrados en esos programas de empleo público frente a la
demanda de exigencias salariales, impidiendo así que se dispare una
espiral precios-salarios.
Mantener un “ejército de reserva” de
trabajadores empleados que se mueven entre empleos del sector público y
empleos del sector privado y no entre una situación de empleo y otra de
desempleo posibilita una mayor flexibilidad funcional al mercado laboral
y, de manera simultánea, evita la pérdida de habilidades del capital
humano (algo fundamental que nunca se subraya lo suficiente).
Es crucial entender además que, dado que la moneda es un
monopolio público, el gobierno puede determinar su valor eligiendo el
precio al cual la suministrará, o dicho de otro modo, cuánto pagará por
hora de trabajo.
Como el trabajo es un elemento común a todos los bienes
y servicios, el Estado tiene la prerrogativa de anclar todos los demás
precios al del trabajo, sobre el cual gravitan. Por supuesto, esto no
quiere decir que defina los precios relativos de los bienes y servicios,
ya que este es un proceso complejo que depende de muchos factores,
entre ellos el poder de monopolio o la desigual tasa de beneficios entre
sectores.
Todos los efectos descritos arriba quedan anulados con la
RBU, y esta es la razón principal por la que RBU y TG no pueden ser
herramientas complementarias. Aunque se proponga como una renta mínima
garantizada con carácter universal y automático, la RBU no es más que
una transacción monetaria fijada ex ante.
Su defensa, casi siempre apasionada y en el terreno de lo moral, del deber ser,
acaba siendo contraproducente, ya que no tiene en cuenta los efectos
sobre la provisión social de bienes y servicios y sobre la distribución.
De esta manera, la RBU ignora sus efectos reales sobre el poder
adquisitivo para garantizar lo que promete: un mínimo de subsistencia.
Existen diversas fórmulas por las que empleadores y
rentistas pueden absorber esta renta monetaria. Sus partidarios deberían
poder explicar cómo se impide que, indirectamente, la RBU sea tomada
como una subvención que permita reducir costes laborales o aumentar los
alquileres, cuando no directamente un incremento de todos los precios.
Fijémonos en esto último: aceptamos que el efecto sobre el nivel de
empleo puede ser diferente en función del comportamiento de los
trabajadores y empresarios en la lucha por mejorar su parte en la
distribución, pero no encontramos esa evidencia a la que los defensores
de la RBU se refieren continuamente sobre el mayor grado de libertad que
esta otorga al trabajador para rechazar empleos basura y luchar por sus
derechos. Los efectos de una u otra forma son desoladores y van en
sentido contrario.
Si los empleadores bajan los salarios monetarios,
aprovechando que la RBU cubre la manutención de los trabajadores, estos
verán su situación empeorada en la forma de un mercado laboral muy
precarizado que sigue sin ofrecer empleos para todos.
El resultado será
una capacidad adquisitiva real mermada a consecuencia de la competencia
por unos recursos dados entre los trabajadores y los individuos
dependientes de estos involuntariamente, que tratan de hacerse con el
excedente al que ya accedían estudiantes, dependientes y pensionistas.
No se ha mejorado la provisión social de bienes y servicios, no se han
creado nuevos empleos, y la pelea por acceder a una misma porción de la
tarta se ha intensificado.
También puede darse el caso de que los trabajadores
decidan retirarse del mercado laboral confiando en la garantía de la RBU
en un primer momento. Esta hipotética salida de trabajadores del
mercado laboral conllevaría, inevitablemente, una caída de la
producción, con la correspondiente agudización del conflicto ya
existente por unos recursos ahora menores.
En ambos casos, el resultado
será un aumento de los precios. Los receptores de la RBU exigirían un
aumento de su renta monetaria para garantizarse una capacidad
adquisitiva real mínima, pero estos ajustes siempre irán detrás de la
inflación. A cada nueva alza, los trabajadores exigirán un nuevo
incremento salarial para no salir perdedores, puesto que en caso de no
responder a sus demandas se marcharían del mercado laboral pasando a
engrosar las filas de los ilusoriamente emancipados, reduciendo aún más
los recursos disponibles.
Hemos llegado a un punto en que tenemos una
espiral precios-salarios, precariedad laboral, y una renta que no cumple
sus promesas. Inflación, desengaño e insatisfacción, derivados del
hecho de que la economía es más compleja de lo que muchas veces queremos
creer, errando al extender una situación o voluntad particular a cómo
ésta afectará a la sociedad en su conjunto.
Nadie en su sano juicio podría atisbar de semejante
situación una medida paliativa de la pobreza, o ver en ella ganancia de
libertad alguna.
El desempleo es una decisión política
La insistencia de la RBU por la viabilidad de la
financiación al confrontar ambas propuestas es una prueba manifiesta del
desconocimiento de la Teoría Monetaria Moderna y del dinero. Esto
desemboca en un compromiso con la teoría neoclásica que muchos dicen
rechazar. El Estado no es como cualquier familia o empresa: no necesita
recaudar previamente para gastar. Obligarle a pedir su propia deuda a
terceros no es más que una artimaña para neutralizar su actividad.
El
dinero es la deuda del Estado. El monopolista de la moneda, su emisor,
siempre debe gastar primero para poder hacerse con parte de ella
después. En el actual diseño institucional son los bancos privados los
que crean el dinero y lo introducen en el sistema valiéndose del
compromiso del Banco Central de respaldar el crédito bancario. La
jerarquía del crédito es clara, la deuda del Estado está en la cúspide
de la pirámide de deudas.
Desde nuestro marco analítico, el desempleo aparece como
causa de un gasto total en la economía insuficiente, no de una mala
asignación de recursos a causa de rigideces en el mercado laboral, como
relata la economía neoclásica que, también en este caso, aceptan los
defensores de la RBU.
La solución que dan a estas rigideces que impiden
que el mercado sea competitivo y distribuya los trabajos entre todos es
presuponer la existencia de una especie de derecho de propiedad igual
para todos sobre las rentas del trabajo, un derecho negociable que debe
ser visto como un presunto alquiler de la parte del trabajo efectuada
por quienes monopolizan los empleos y que correspondería recibir a los
beneficiarios de la RBU.
Por nuestra parte, defendemos que el emisor de
moneda siempre puede cerrar la brecha de gasto creada por los deseos o
necesidades de ingresos y beneficios de hogares y empresas, justificando
con ello el objetivo de pleno empleo y estabilidad de precios como guía
para las finanzas públicas en lugar de un arbitrario nivel de déficit.
Los Planes de Trabajo Garantizado crean empleos
directamente, diseñando de forma descentralizada qué tipo de empleo
queremos y en qué actividades invertimos para construir la sociedad que
deseamos. No olvidemos que a pesar de la pomposidad con que se usan
ciertos términos como el “derecho al bienestar” o a la “dignidad”, estos
en gran medida se derivan de los servicios a los que tenemos acceso y
de no vernos excluidos de la sociedad.
Invertir en cuidados, renovables,
cultura, investigación o protección de la naturaleza, se hace con
trabajo, con la dotación efectiva de unos servicios básicos universales.
No se trata de rescatar los beneficios privados cuando estos se
atascan, sino de reformular el papel del Estado en la economía. Esta
facultad de arrogarse la dirección de la inversión para transformar la
sociedad es una solución superior a la de pretender convertir a los
ciudadanos en meras unidades de consumo.
Por supuesto, estos planes no son una panacea y necesitan
complementarse con otras medidas, especialmente en tiempos de ausencia,
diseño o transición entre programas diferentes. Entre estas herramientas
complementarias puede garantizarse una renta básica a los afectados,
además de diversos tipos de formación exigida por estos con el objetivo
de aspirar también a ciertos puestos de trabajo en el mercado.
Los
Planes de Trabajo Garantizado son herramientas complejas que requieren
de la participación de la comunidad para su diseño y aplicación; de
conocimiento para una correcta ejecución y coordinación entre programas,
y de un esfuerzo por la transparencia para su supervisión. Estas
funciones pueden dividirse entre las distintas administraciones
públicas: local, regional y general, respectivamente. Se trata de una
herramienta totalmente descentralizada, excepto en su financiación.
Por último, recalcamos que estos programas no son
ilimitados. Existen restricciones reales, que no financieras que,
llegado el momento, permitirían negociar una reducción de la jornada
laboral global. El tamaño de los Planes de Empleo Garantizado no es
discrecional. Actualmente el gobierno decide cuánto gastar, y luego deja
que los mercados determinen el precio que pagarán. Los Planes de
Trabajo Garantizado funcionan a la inversa.
El gobierno determinará el
precio del trabajo y luego dejará que los mercados determinen cuántos
trabajadores se presentan, lo que da lugar al gasto del gobierno en
estos programas. Así el déficit será, como dijimos, el resultado de los
ingresos y ahorros y beneficios de las familias y empresas, un mero
apunte contable que reflejaría la cantidad de fondos inyectados en el
sector privado por el sector público.
No es que la RBU sea un Caballo de Troya neoliberal, es
también el “harakiri” de una izquierda que descansa en la voluntad
espontánea de los individuos para alcanzar el bien común, confiando en
una mano invisible que coordine iniciativas aisladas que no existen ni
dentro del mercado ni fuera de él.
Solo mediante el trabajo y la
coordinación del mismo para dirigir la inversión puede darse una
respuesta estructural a retos de una magnitud global y transformar la
sociedad. No hagamos una sociedad caótica de rentistas frustrados.
Retomemos el debate sin negarlo y sobre todo, recuperemos la soberanía
para poder efectuar políticas progresistas." (Esteban Cruz Hidalgo /Stuart Medina Miltimore /Andrés Villena Oliver, CTXT, 25/10/17)
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