"En la mayoría de los ayuntamientos de todo el Estado español surgen
cada cierto tiempo los mismos problemas que ponen sus gestores ante
decisiones sumamente difíciles.
Son los planes de empleo en las
diferentes comunidades autónomas la base sobre la que la población más
desfavorecida accede a un puesto de trabajo durante seis meses. Frente a
esta situación los alcaldes se ven en la coyuntura de decidir qué
personas van a conseguir un trabajo por encima de otras.
En casi todos
los casos estas personas ya han acabado cualquier tipo de prestación y
se encuentran al borde de la exclusión social. Por si fuera poco todas
ellas saben que es imposible que puedan ser contratadas al finalizar el
contrato y su salario no supera los 700 euros.
Los alcaldes reciben a estos trabajadores con la esperanza de poder
realizar las tareas sobre las que normalmente están más apurados, pero
lo que observamos es que a muchos trabajadores simplemente se les da una
escoba y pocos medios más.
Además, vemos situaciones en las que algunos
ayuntamientos ven incrementada su plantilla sustancialmente y los
trabajadores del ayuntamiento son incapaces de gestionar a toda esta
cantidad de trabajadores, generando tensiones innecesarias entre el
funcionariado y los trabajadores del plan de empleo. (...)
Los planes de empleo son ineficientes debido a la incapacidad de los
políticos y economistas pertenecientes al paradigma vigente de reconocer
el problema de fondo: el abandono del objetivo de pleno empleo a partir
de los años 70 del siglo pasado.
Desde entonces el paradigma neoliberal
vigente asigna al sector privado la responsabilidad de crear empleo
bajo la premisa de que las administraciones públicas deben limitarse a
crear condiciones favorables al empleo y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores con programas de formación.
Los actuales programas
fracasan porque se basan en un planteamiento de incorporación
provisional, dentro de las peores tradiciones de la improvisación y
creación de empleo precario de las administraciones públicas españolas. (...)
El planteamiento tradicionalmente empleado consiste en esperar a que se
recupere la economía con la esperanza de que se reactivará la
contratación de trabajadores. Sin embargo, hay cohortes de desempleados
que nunca llegarán a beneficiarse de la recuperación económica porque
simplemente el sector privado los considera 'inempleables'.
Nos
referimos a personas en riesgo de exclusión social con bajo nivel de
estudios, jóvenes sin experiencia previa, personas mayores que no han
alcanzado la edad de jubilación, minorías, etc. El estímulo
presupuestario que tendría que acometer el Estado para asegurar el
empleo de las personas consideradas menos productivas sería de tal
calibre que su impacto podría ser incluso inflacionista. (...)
El trabajo es fundamental porque asegura un acceso al reparto de las
rentas, es el principal vehículo de socialización e integración en la
sociedad, refuerza la autoestima y sentimiento de realización del
individuo y es el mejor instrumento para luchar contra la exclusión y la
pobreza.
Los costes del desempleo para la persona, sus familias, sus
comunidades y la sociedad son inmensos e incluyen problemas de salud
física y mental, mayores tasas de criminalidad, maltrato y abuso en el
entorno familiar y ruina de los proyectos individuales. (...)
Una sociedad que tolera elevadas tasas de desempleo en su seno
simplemente no merece ser tenida entre las naciones civilizadas. Estamos
pues hablando de atender una situación de urgencia.
La Teoría Monetaria Moderna, una doctrina económica que reconoce la
capacidad que tiene el estado dotado de soberanía monetaria para
movilizar todos los recursos ociosos de la economía lleva años
proponiendo una alternativa superior a los planes de empleo.
El plan de
empleo de transición propone ofrecer un empleo de duración
indeterminada, sin condicionalidad, dentro del régimen general de la
Seguridad Social, con un salario digno a toda aquélla persona apta para
el empleo.
El puesto de trabajo debe estar dotado de contenido e ir
vinculado a un programa o proyecto definido desde las administraciones
públicas o incluso ONGs y entidades sin ánimo de lucro.
Existen numerosas necesidades desatendidas en nuestra sociedad y por
tanto los programas podrían incluir el desarrollo de actividades
culturales, proyecto de rehabilitación medioambiental, reforzamiento del
cuarto pilar del estado de bienestar o soporte a los sistemas públicos
de salud.
Los programas del New Deal bajo el mandato de Roosevelt, que
llegaron a emplear a más de 13 millones de personas y dejaron un legado
de obras públicas que ayudaron a transformar y modernizar los EEUU, son
un buen ejemplo de los beneficios y la potencia de un programa de este
tipo.
Un programa de empleo de transición acabaría con el uso del empleo
como variable de ajuste en los ciclos a la baja y a la vez asegura la
estabilidad de precios al evitar las tensiones inflacionistas asociadas a
las tradicionales políticas keynesianas de estímulos fiscales empleadas
hasta los años 70.
Supongamos por un momento que el equilibrio de fuerzas cambia en
favor de los defensores de la Teoría Monetaria Moderna y a partir de
mañana el programa de Trabajo de Transición fuera implantado en la
totalidad de los ayuntamientos del estado español.
Obviando la parte que
le corresponde al Estado de contratación para educación y sanidad
pública y centrándonos en lo municipal es importante ver algunas de las
diferencias con los actuales planes de empleo que los diferentes
gobiernos del bipartidismo han realizado durante estos años.
Para empezar los ayuntamientos serían, a ser posible mediante
procesos participativos entre los vecinos, los que decidirían los
proyectos que se desarrollarían en cada municipio.
Así podríamos ver
ejemplos de proyectos como: limpieza de zonas boscosas para evitar
incendios en verano, plantación de arbolado y zonas verdes, apoyo a la
ayuda a domicilio para personas mayores, acompañamiento a niños y
personas discapacitadas, servicios de guarderías, apoyo al turismo,
actividades culturales, etc..
Es decir, serían los vecinos directamente
los que verían las necesidades de su municipio y mediante trabajadores
directamente sacados de las listas del paro se irían cubriendo
progresivamente estas necesidades.
La seguridad de que estos proyectos tendrían continuidad en el tiempo
haría que los problemas entre el funcionariado y los empleados del
Trabajo De Transición disminuyeran, siendo incluso necesaria la
contratación de más funcionariado municipal para gestionar al nuevo
personal.
Todos los parados tendrían la seguridad de poder trabajar en
un futuro cercano lo que ayudaría a motivar el personal participante en
los programas de Empleo de Transición. La naturaleza universal e
incondicionada de la prestación acabaría con los enchufismos y las
discriminaciones.
Por parte de los trabajadores las mejoras son claramente visibles, ya
que cumpliendo con el trabajo jamás serán despedidos, con lo cual la
perspectiva de futuro cambia totalmente. Además, el salario sería algo
mayor, no inferior a 800€.
Por tanto, es importante resaltar que los
problemas de exclusión social y las enfermedades que provienen de la
falta de perspectiva y futuro por no tener las condiciones mínimas de
vida garantizadas acabarían.
Adicionalmente estas personas tendrían
mayor facilidad para encontrar un empleo en el sector privado ya que
están demostrando día a día con su trabajo su capacitación, mejorando
con ello las condiciones de vida de una gran parte de la población que
precisamente es la que más está sufriendo durante todos estos años.
Asimismo, el empleo de transición ayuda a convertir a las personas
participantes en empleables por el sector privado al darles un
curriculum vitae y una formación en el puesto de trabajo de forma que se
genera un pool de trabajadores productivos que está a su disposición
cuando la economía se recupera.
Franklin Delano Roosevelt dijo que «Ningún país, sin importar su
riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La
desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor
extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social.»
(Ángel Carrasco Fernández, concejal de Ganemos Torrijos y Stuart
Medina Miltimore, economista. Ambos son miembros de la Asociación por
el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, El País, 26/10/16)
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