"La UE quiere transmitir una imagen de control de la
seguridad de sus alimentos respecto a la presencia de plaguicidas que no
se sostiene con los datos de sus propios informes oficiales1.
Según la Autoridad de Seguridad Alimentaria, organismo encargado de controlar que los alimentos no contengan residuos de plaguicidas peligrosos para la población,
los alimentos de venta en Europa están libres de residuos de
pesticidas. También el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la
Unión Europea Vytenis Andriukaitis ofrece un mensaje tranquilizador
alabando la cadena alimentaria de la Unión Europea, que según él,
permite asegurar la mejora continua.
Sin embargo, los últimos informes2 oficiales sobre la presencia de pesticidas en muestras de alimentos desmienten la complaciente versión oficial.
Empecemos por el cumplimiento de la ley, que obliga a
que los residuos de pesticidas que quedan en los alimentos estén por
debajo de una cantidad o límite considerado seguro.
En 2014, el 97,1% de las muestras tomadas tenían
residuos por debajo de ese límite de seguridad. En 2015, prácticamente
se repitieron los datos de 2014. Sin embargo, los datos empeoran en
2016, en el que el 96,2% de las muestras tomadas satisfacían los
requisitos de la ley.
Aunque los valores de cumplimiento superiores al 96%
de los tres últimos años pueden entenderse como muy satisfactorios (y
así lo hacen las autoridades europeas), la interpretación de los datos
cambia con solo hacer la lectura inversa. Así, se obtiene que en 2016 el
3,8% de alimentos a la venta en Europa no eran seguros por no cumplir
la ley. También contenían más tóxicos de los permitidos el 2,8% de los
alimentos consumidos en 2015 y el 2,9% en 2014.
Es decir, aproximadamente tres de cada 100 alimentos
que comemos los europeos presentan residuos de plaguicidas por encima de
los valores máximos que la legislación concibe como adecuados para
proteger nuestra salud y la de nuestros hijos e hijas.
Por sí solos, estos porcentajes desmienten que el
sistema de vigilancia de seguridad alimentaria en materia de residuos de
plaguicidas posibilite la mejora continua. Por un lado, los porcentajes
de cumplimiento son similares año tras año. Por otro lado, el
empeoramiento de los datos observado en 2016 con respecto al 2015
debería ser motivo más que suficiente para una acción correctiva de
envergadura por parte de la Unión Europea. En conclusión, el sistema
incumple su objetivo principal de velar por la salud y mejorar la
seguridad alimentaria.
Los datos de España, si bien distintos e inclusive
mejores a los de la media de la Unión Europea, no alteran el paradigma
descrito de satisfacción administrativa por los datos de cumplimiento,
que en 2014 fueron del 98,6%, del 98,9% en 2015 y del 98% en 2016.
Otro aspecto que pone en entredicho el sistema de
vigilancia europeo es el escaso número de muestras analizadas. Así, en
el caso español, las muestras analizadas fueron de 2.295, 2.186 y 2.384
en los años 2016 a 2014, lo que nos sitúa a la cola de Europa en lo que
se refiere al número de muestras por cada 100.000 habitantes: fuimos el
furgón de escoba en el 2015 y los antepenúltimos de 2016.
La media española, en este último año fue de 4,9
muestras por cada 100.000 habitantes muy alejada de la media europea de
16,4 y mucho más de la de Alemania con un 24,2 o Italia con un 18,2, e
incluso del 10,2 de Francia.
A la discrecionalidad del tamaño de la muestra
analizada en España le acompaña el menor número de plaguicidas
examinados por muestra y el número de fitosanitarios evaluados en
total. En España en el año 2016 se analizaron 571 plaguicidas, 122 en
cada muestra, frente a los 682 y 266 respectivamente de Alemania, los
499 y 133 de Italia y los 566 y 303 de Francia.
La diferencia en el número de muestras y el total de
plaguicidas estudiados señalan inequívocamente la disparidad de
criterios entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea.
Puede concluirse que el sistema de vigilancia se basa en la voluntad,
quizá arbitraria de las autoridades nacionales, en su capacidad
analítica y en su decisión política de velar por la seguridad
alimentaria, más que en un sistema de gestión uniforme y con los mismos
estándares para todos los países.
La falta de mejora continua indicada en los párrafos
anteriores se evidencia con mayor fuerza en los datos europeos sobre la
presencia de múltiples residuos en la misma muestra. Así, en 2016 se
detectaron residuos de varios plaguicidas en el 30,1% de las muestras de
alimentos no procesados y en el 28% de comida procesada. Al respecto,
un dato que merece destacarse es que en 2016 en la Unión Europea fueron
detectadas 589 muestras con más de 10 o más pesticidas.
Estos datos evidencian que la ciudadanía europea se
ve expuesta a un cóctel de sustancias plaguicidas en su alimentación, lo
que supone un riesgo para la salud humana, más cuando la evaluación de
los residuos de estas sustancias en la comida se realiza de manera
individual para cada tóxico y no se analiza la realidad, es decir, el
efecto conjunto de los distintos plaguicidas en un mismo alimento.
La Comisión debe cumplir lo indicado por la norma europea7 que
regula los residuos de plaguicidas en alimentos y evaluar las
sustancias plaguicidas por la combinación de éstas en la comida y no
individualmente como se viene haciendo hasta este momento e impedir la
comercialización de los plaguicidas disruptores endocrinos.
De no hacerlo Unión Europea continuará vulnerando el
derecho internacional al medio ambiente por no contribuir de manera
eficaz a la reducción del uso de plaguicidas, el derecho humano al
disfrute del más alto nivel posible de salud, puesto que la presencia de
residuos de plaguicidas en los alimentos es causa de enfermedades y, en
especial, el derecho humano a una alimentación adecuada. Puesto que el
concepto “adecuada” según la Observación General número, 12 de 1999 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe de
interpretarse no solo como cantidad sino también como calidad.
El Comité considera que este derecho humano implica
una alimentación libre de sustancias nocivas y sostiene que los Estados
deben aplicar requisitos en materia de seguridad alimentaria y, por
ende, en el sector de los plaguicidas en contacto con los alimentos que
velen para que éstos sean seguros y adecuados desde un punto de vista
cualitativo. El actual sistema de vigilancia europeo quizá no sea, como
afirma el Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, el más eficiente
de los que podrían ser implementados, ni el que impida la vulneración de
los derechos humanos de los europeos." (Koldo Hernández y Kistiñe García son miembros de Ecologistas en Acción. CTXT, 16/01/19)
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