"Hace unos años las situaciones de “riesgo de exclusión” o “pobreza” se
limitaban a determinados estratos sociales. Actualmente, el estado de
“precariedad” se extiende con la celeridad que impone la crisis al
conjunto del cuerpo social. (...)
Esta es la tesis central del libro sobre la precariedad que preparan los
especialistas en derecho laboral, y autores de “El Huracán Neoliberal”
(Ed. Sequitur), Héctor Illueca y Adoración Guamán, que se publicará el
próximo mes de enero.
Una afirmación categórica recorre el texto, y
explica por qué se globaliza la condición de precario: “El mercado ha
secuestrado al conjunto de la sociedad”. (...)
En su trabajo, Illueca y Guamán abordan los diferentes procesos que
apuntalan la precariedad. Señalan, primeramente, la creciente
inestabilidad en el empleo, a la que han contribuido las últimas
reformas laborales.
El abaratamiento del despido, la igualación “por
abajo” de contratados fijos y temporales, y la institución de nuevas
modalidades de contratación eventual dibujan un horizonte muy claro de
inestabilidad en el empleo.
Los efectos de la última reforma laboral
(febrero de 2012) dejan pocas dudas: la cifra de trabajadores afectados
por ERE (despidos colectivos) ha aumentado en un 21,2% en los ocho
primeros meses de 2012 (299.021 trabajadores afectados).
Durante los 10 primeros meses de 2012 se registraron, además, 19.599
ERE con invocación de “causas económicas” (un 108,63% más que en el
mismo periodo del año anterior). Por tanto, se ha facilitado el despido,
también se ha abaratado, y se han difuminado las fronteras entre la
contratación temporal e indefinida.
Es más, abunda Adoración Guamán, “se
cuestiona el carácter fijo e inamovible de la ocupación de los
funcionarios; de entrada, la última reforma laboral ya permite
expedientes de regulación de empleo para el personal laboral de las
administraciones públicas”.
Además del empleo “inestable”, Illueca y Guamán señalan un segundo
proceso de precarización: la modificación de las jornadas laborales y de
las funciones que se desarrollan en el centro de trabajo, por un lado;
y, además, las rebajas salariales (otro de los grandes objetivos de las
últimas reformas laborales). En todo caso, los números avalan la
hipótesis de los autores.
La encuesta trimestral del coste laboral
correspondiente al tercer trimestre de 2012 (con la última reforma
laboral ya en vigor) situó el coste salarial total (incluida la
seguridad social) por trabajador en 1.805,63 euros, un 7% menos que en
el segundo trimestre de 2012 (1.939,73 euros). En el sector público, los
funcionarios acumulan varios años de salarios congelados, tras el
recorte del 5% aprobado en 2010.
Según el informe “Desigualdad y estado
social en España”, entre los años 2008 y 2012, los salarios han perdido
3,8 puntos porcentuales, y han pasado de una participación del 57,1% del
PIB a sólo el 53,3%.
La “individualización” de las relaciones laborales (entre empresario y
trabajador) ahondan en el mismo escenario de precariedad, apuntan
Héctor Illueca y Adoración Guamán. De hecho, “a los sindicatos se les ha
expulsado del marco de relaciones laborales en el estado español”,
agregan (“La última reforma laboral revienta la negociación colectiva,
ya que les otorga el poder en la misma a los empresarios”).
Los autores
explican que en las pequeñas empresas (el 95% de las empresas españolas
cuentan con menos de 50 empleados), donde el sindicalismo es
prácticamente inexistente, ya no obligará el convenio de sector; la
negociación colectiva se dará, por tanto, en el marco de la empresa,
entre el empresario y el trabajador. De manera “individualizada” y con
un desequilibrio en la correlación de fuerzas más que evidente. (...)
Pintado el tenebroso mural, ¿Qué alternativas desarrollarán los
autores en el próximo libro? Matizan, de entrada, que las propuestas se
inscriben en el ámbito del Derecho Laboral, y que son “de mínimos”, un
“punto de partida”. Plantean primeramente un incremento del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI), que aumentaría sustancialmente al pasar
de los actuales 645 euros a 1.000 euros.
Una segunda idea para mitigar la precariedad es el reparto del
trabajo y la reducción de la jornada laboral. La medida (más o menos
inspirada en el modelo de 35 horas semanales, que en Francia impulsó el
primer ministro socialista Lionel Jospin) se implantaría por ley, pero
de modo flexible y recogiendo la casuística y los matices de cada
empresa. (...)
Por último, Héctor Illueca y Adoración Guamán proponen el incremento de
la prestación por desempleo y plantean una renta garantizada de
ciudadanía, con el fin de atenuar las diferencias entre trabajadores
contratados y desempleados (con o sin derecho a prestación). (...)" (Enric Llopis, Rebelión, Sociología Crítica, 28/10/2013)
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