"En las últimas semanas hemos oído hablar mucho del ingreso mínimo vital,
una propuesta incluida por el PSOE en su oferta de negociación a otros
partidos y que podría contribuir a facilitar acuerdos a izquierda y
derecha.
Esta iniciativa, hecha pública ya en julio de 2015, plantea
dedicar 6.500 millones de euros anuales (0,6% del PIB) a asegurar un
ingreso mínimo garantizado para los cientos de miles de hogares sin
ningún recurso, o con recursos insuficientes, existentes en España.
De
esta suma, algo más de 1.000 millones estarían destinados a una renta de
infancia que elevaría a cuantías dignas las miserables prestaciones por
hijo a cargo que actualmente reciben las familias más desfavorecidas.
Esta propuesta del PSOE no es nueva, ya que en su conferencia política
de 2013 había adquirido el compromiso de diseñar una garantía de
ingresos para los hogares sin recursos y varios de sus programas
autonómicos para las elecciones de 2011 y 2015 incluían iniciativas de
este tipo.
Dicha propuesta recoge, al menos en su espíritu aunque pueda diferir
en detalles, demandas muy extendidas en el mundo sindical y social a
favor de una mejora de la cobertura de las prestaciones por desempleo y
de las rentas mínimas.
Igualmente están reflejadas las propuestas de
organizaciones proinfancia (Save the Children, Unicef, Fedaia) para
reforzar la protección de este colectivo tan castigado en nuestro país
por la falta de políticas de transferencias específicas.
Conecta
asimismo con demandas ciudadanas expresadas, por ejemplo, en la
iniciativa legislativa popular en Cataluña que en 2014 pedía a la
Generalitat la creación de una renta garantizada. Está también en
sintonía con iniciativas legislativas de CIU en el Congreso durante la
pasada legislatura que trataban de mejorar las prestaciones por hijo a
cargo, así como con planteamientos más recientes de Podemos y de
Ciudadanos encaminados a mejorar la protección de los colectivos más
vulnerables.
El PSOE hace una apuesta decidida por acompañar la prestación
monetaria con un reforzamiento de las medidas destinadas a favorecer la
incorporación al mercado laboral de los beneficiarios de ese programa.
Así, se espera que las inversiones adicionales que realizaría el
Gobierno central en este ámbito liberarían recursos que las comunidades
autónomas destinan actualmente a asistir monetariamente a las familias
más vulnerables (a través de los programas de rentas mínimas) y que
podrían destinar así a favorecer la inserción sociolaboral.
A través de este doble énfasis en la garantía de ingresos y la
activación, esta iniciativa conecta también con las recomendaciones de
organismos internacionales que reclaman a España una mejora de su
sistema de protección social y de sus políticas de empleo.
Los debates
internacionales acerca de la necesidad de modernizar los Estados de
bienestar europeos con objeto de que continúen siendo eficaces social y
económicamente enfatizan la idea de que estos deben reparar las
situaciones de necesidad, al tiempo que prevengan el surgimiento de
nuevas situaciones de exclusión social.
Se trataría de apostar
decididamente por políticas educativas que acompañen a los ciudadanos a
lo largo de su vida y por programas de activación que refuercen y
faciliten las oportunidades de mujeres y hombres en el mercado de
trabajo, complementando estas medidas con un programa de garantía de
rentas como los existentes en la mayoría de países de nuestro entorno. (...)
A diferencia de la renta básica universal, el ingreso mínimo vital
requeriría de un volumen razonable de recursos fiscales, sin
desequilibrar los presupuestos públicos, ni precisar de reformas
fiscales dudosamente viables.
Las críticas que el PP y sectores mediáticos afines han dirigido a
esta propuesta, acusándola de tener un coste inasumible, resultan
difícilmente comprensibles. En 2012, España dedicaba aproximadamente 1,4
puntos de su PIB a política de apoyo a las familias y la infancia y 0,2
a la lucha contra la exclusión social, mientras que el gasto medio en
estas políticas en la UE-15 era de 2,3 y 0,4, respectivamente. La
aplicación de la propuesta de Pedro Sánchez reduciría a algo menos de la
mitad la brecha de 1,1 puntos actualmente existente.
Los niveles de vulnerabilidad social y desigualdad existente en
nuestro país no permiten la inacción. Poner en marcha esta iniciativa
contribuiría a restañar (cierto, solo en parte) la enorme brecha social
que la crisis ha generado. No es una cantidad que España no pueda
permitirse generando los recursos necesarios a través de una reforma
fiscal (evitando rebajas fiscales a los más ricos), luchando contra el
fraude y reorientando otras partidas de gasto.
Continuar mostrándose mezquinos con los más necesitados tras una
crisis tan devastadora como socialmente injusta sería no solo indigno,
sino, fundamentalmente, constituiría una mala decisión económica.
Tanto
la literatura académica como los informes más recientes de la OCDE o del
FMI reconocen que la pobreza y la desigualdad tienen costes
significativos para una sociedad en el medio y largo plazo, lastrando el
crecimiento económico y el progreso social. Las sociedades desiguales
presentan peores indicadores de salud y en ellas la población vive menos
años.
La exclusión social genera fracturas que a menudo desembocan en
segregación, deterioro de la confianza, tensiones sociales y violencia.
En las sociedades desiguales los pobres y las clases trabajadoras viven
muy mal y los sectores más acomodados se sienten inseguros.
Mayores
tasas de pobreza y desigualdad acarrean índices más elevados de fracaso
escolar, de manera particularmente aguda entre colectivos más
desfavorecidos: niños que quedarán descolgados y no podrán aportar a la
sociedad todo lo que su talento potencialmente les habría permitido si
hubieran disfrutado de oportunidades para ello.
La magnitud del reto exige respuestas decididas, y estas sacrificios
razonables que puedan explicarse y ser respaldados por amplias capas de
la ciudadanía. Anticipar y prevenir los costes de la desigualdad es una
estrategia inteligente y responsable. Y sale a cuenta." (Pau Marí-Klose ,Francisco Javier Moreno Fuentes ,Eloísa del Pino Matute , El País ,23 FEB 2016)
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