"El reciente informe de la OCDE
animando a los países a probar la eficacia de la renta básica universal
(RBU) se ha sumado al debate que, desde sectores más liberales, se ha
intensificado alrededor de este modelo como sustituto de las
prestaciones sociales.
"De
renta básica habla todo el mundo. La diferencia fundamental radica en
cómo se financia. Las propuestas de derechas lo harían mediante el
desmantelamiento del Estado de Bienestar, o lo que queda de él, pero la
renta básica universal no tiene que ser a cambio de eso", explica a EFE
el economista y profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona
(UB) Daniel Raventós.
Raventós, coautor de uno de los
estudios más relevantes sobre la viabilidad de una renta básica
universal en España, defiende su financiación con una profunda reforma
fiscal y eliminando sólo las prestaciones monetarias de cuantía
inferior.
Una renta básica universal e
incondicional para todos los españoles, de unos 625 euros al mes, es
perfectamente viable con una reforma fiscal que conlleve a un reparto
más justo de la riqueza, subraya Raventós, que advierte que el otro
camino puede resultar incluso "contraproducente".
Y en ese otro camino es donde
están surgiendo últimamente más planteamientos como esa recomendación de
la OCDE que plantea que la asignación de la renta universal conllevaría
la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales.
Esta sería, argumentan, la única
forma de poder financiarla sin incurrir en déficit excesivos ni dañar la
productividad o el mercado laboral dando además más eficacia al
complejo sistema de protección social en muchos países.
La renta básica universal
responde a varios objetivos esenciales: mejorar la libertad de elección
de todas las personas asegurándoles unos ingresos mínimos, reducir la
pobreza y afrontar la transformación del mercado de trabajo, describe el
director de Estadística y Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.
Junto a esto, señala, también se
ha abierto un debate más técnico sobre los dispositivos actuales de
protección social y su funcionamiento.
"El sector más liberal dice que
tiene que sustituir a la protección social", resume Torres que no ve
sencillo este camino y que, en base a sus estimaciones, cifra en 365
euros al mes a lo que tocaría cada español si se sustituyese toda la
protección social (menos la Sanidad) por una renta básica universal.
"Ahí se ven las limitaciones",
expone Torres, para quien el modelo debería pasar por poner un serie de
condiciones a la renta básica que, así, dejaría de ser universal pero
podría sumarse al sistema actual de protección social sin un coste
prohibitivo.
Torres aboga por probar el
sistema, por ejemplo, fijando con límites de renta y ver si se genera o
no una dependencia del subsidio que acabe con los incentivos para salir
de esa situación.
Pero, sobre todo, pide una
reflexión sobre el mercado laboral español, la calidad de sus empleos y
los salarios, y no tanto sobre las herramientas de protección social en
la que, no obstante, ve margen de mejoras.
"El trabajo es lo que explica la pobreza no tanto las posibles deficiencias en la protección social", argumenta.
Ahí, Raventós defiende la RBU
como una forma de salir de la "trampa de la pobreza" que suponen los
subsidios condicionados, como el paro, y como una herramienta clave para
dar más poder a los trabajadores en un mercado como el actual.
"Planteada y financiada adecuadamente significa acabar con la pobreza de golpe", insiste.
El debate académico, social y
político sobre esta herramienta se ha intensificado en los últimos
tiempos, coinciden ambos expertos. Otra cosa, será su implantación." (El Economista.es, 11/05/17)
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