"El referéndum que legalizó el aborto en Irlanda no fue consecuencia
de la actividad parlamentaria. Los partidos políticos tampoco tuvieron
nada que ver. Más bien todo lo contrario: los bloques políticos fueron
incapaces durante años de afrontar la legalización del aborto, que
requería de una reforma constitucional.
Los artífices del histórico
proceso han sido los 99 ciudadanos elegidos al azar que conforman la Citizens’ Assembly.
Y fue precisamente la incapacidad para entenderse entre los bloques
políticos del Parlamento lo que llevó al Gobierno, configurado por los
liberales del Fine Gael y los laboristas, a poner en marcha los
mecanismos de la democracia por sorteo.
Los 99 ciudadanos fueron seleccionados por una empresa especializada en demoscopia, Red C,
que recibió del Gobierno el encargo de encontrar una muestra
representativa de la sociedad irlandesa.
Y, tras aplicar los criterios
de representatividad –género, edad, localización y clase social–, Red C
conformó un dream team de ciudadanos de a pie con el cometido de realizar, ni más ni menos, la octava enmienda a la Constitución de Irlanda
que regula el aborto.
Tras una serie de encuentros presenciales, en los
que las 99 personas de la Citizens’ Assembly deliberaron pros y contras
del cambio constitucional, se llegó a un consenso: agregar una nueva
subsección al Artículo 40 de la Constitución de Irlanda, el Artículo
40.3.3.
Y el resto es historia. Un referéndum con un resultado contundente: un 66.9% votó a favor de la enmienda que legalizó el aborto. En
realidad, la Citizens’ Assembly de Irlanda tiene un antecedente: la
Convención Constitucional. Creada el 1 de diciembre de 2012 para
proponer cambios en la Constitución de Irlanda, la Convención
Constitucional estaba compuesta por 100 miembros: 29 parlamentarios, 4
representantes de partidos políticos de Irlanda del Norte y 66
ciudadanos elegidos por sorteo.
A pesar de que no existía un mecanismo
vinculante entre la convención y el Gobierno, el plan discurrió mejor de
lo pensado. Los encuentros deliberativos entre la ciudadanía resultaban
más productivos y eficaces que las sesiones en el Parlamento, en las
que nunca se conseguía avanzar en los temas más polémicos.
Ciudadanos y
ciudadanas que apenas cobraban las dietas correspondientes a los días de
los encuentros llegaban a más acuerdos que los políticos profesionales.
Y entonces, se produjo la primera sorpresa: el Gobierno aceptó la
propuesta de la Convención Constitucional de convocar referéndum sobre
el matrimonio gay.
El amplio consenso que se dio en la Convención llevó
al Gobierno irlandés a pensar que la sociedad no tenía tantos tabús como
el Parlamento. El resultado del referéndum sobre el matrimonio gay
asombró a todo el mundo: un 62%
votó a favor.
Y abrió el camino para una Citizens’ Assembly sin
representantes de fuerzas políticas, compuesta exclusivamente por
ciudadanos elegidos al azar. 99 personas corrientes con la misión de
reformar una constitución, una situación que evocaba, en cierto modo, el
lema de “Somos el 99%” de Occupy Wall Street.
¿Qué se puede aprender del caso irlandés?
Tras el terremoto del Brexit, el escritor belga David Van Reybrouck publicó un texto que se hizo viral: Por qué las elecciones son malas para la democracia.
En su artículo, David reivindicaba el sorteo como un mecanismo clave
para la salud democrática del nuevo milenio: “La democracia florece al
permitir que se escuche una diversidad de voces.
Se trata de tener la
misma voz, un derecho igual para determinar qué acción política se toma.
Para mantener viva la democracia tendremos que aprender que la
democracia no se puede reducir únicamente a votar”. Aparte de citar el
caso irlandés, David hacía un repaso a experiencias basadas en el sorteo
en países como Holanda, Bélgica, Australia o Estados Unidos.
Y colocaba
sobre la mesa el peso histórico del sorteo, un sistema tan viejo como
la democracia, empleado en la antigua Atenas o en ciudades-estado como
Florencia. Los jurados populares estadounidenses, sin ir más lejos, son
supervivientes de la democracia por sorteo.
Ante la crisis de la democracia representativa, la random democracy
vuelve a estar de moda. Cuando Bélgica estuvo bloqueada políticamente,
sin gobierno, la ciudadanía acudió al rescate fundando el G1000,
una cumbre ciudadana para dirigir propuestas políticas al Parlamento.
Cuando los bloques ideológicos de Irlanda entraron en cortocircuito con
los asuntos tabú para la moral católica, la ciudadanía se puso de
acuerdo para legalizar el matrimonio gay y el aborto. En la Columbia
Británica de Canadá, una Asamblea Ciudadana reformó la ley electoral.
En
Australia, ante la polarización de las fuerzas políticas ante los
residuos nucleares, se creó el Jurado Ciudadano sobre Residuos Nucleares.
Islandia realizó en 2010 una reforma constitucional profunda con una
muestra compuesta de 950 personas seleccionadas de manera aleatoria
empleando un sistema de cuotas.
¿Y en España? El G1000 de Madrid,
la cumbre ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2017,
fue la primera acción con respaldo político en esta dirección. El Observatorio de la Ciudad de Madrid,
cuyo funcionamiento todavía tiene que ser aprobado por el pleno del
Ayuntamiento, está anclado también en el paradigma de la democracia por
sorteo.
El Observatorio estará formado por vecinos y vecinas elegidos
por sorteo, en una muestra representativa de la población. Y tendrá
cierto peso, en colaboración con expertos, en las políticas públicas de
la ciudad.
La mayoría de los casos de éxito combinan los mecanismos del sorteo y
la democracia deliberativa tejida en encuentros presenciales. Birgitta
Jónsdóttir, una de las fundadoras del Partido Pirata de Islandia que
empujó la reforma constitucional, destaca la importancia de los
encuentros presenciales: “Cuando estás en el mismo espacio con personas,
ocurre algo completamente diferente. Hay que dar voz a la gente y
empoderar”.
¿Los encuentros políticos presenciales usando el sorteo
ayudarán a romper las burbujas en las que se han convertido las redes
sociales y las endogamias ideológicas?
En un país como España, en el que nunca se ha convocado al pueblo a
un verdadero proceso constituyente, la Citizens’ Assembly de la católica
Irlanda muestra un posible camino. Si los bloques políticos están
enfrentados tras la crisis catalana, el sorteo y la democracia
deliberativa podrían romper tabúes.
Si la clase política no se pone de
acuerdo para reformar la constitución de 1978, la ciudadanía podría
encontrar consensos. Si un proceso constituyente es, a día de hoy, una
utopía distante, una asamblea ciudadana elegida por sorteo sí podría ser
efectiva para aterrizar la Carta Magna española en el nuevo milenio." (Bernardo Gutiérrez, CTXT, 18/07/18)
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