"Agentes sin placa identificativa golpeando a manifestantes pacíficos,
rociándolos con gas lacrimógeno, o introduciéndolos en furgonetas sin
identificar en mitad de la noche y sin orden de arresto. Las imágenes de
las protestas en Portland y los abusos cometidos por un cuerpo policial
indeterminado han puesto de manifiesto los peligros de una serie de
prácticas autoritarias instigadas desde la Casa Blanca.
Si la
presidencia de Trump ya parecía haber alcanzado su punto más bajo debido
a la nefasta gestión de una pandemia descontrolada que acumula más de
150.000 muertos, las brutales incursiones de agentes federales en la
ciudad de Oregón, replicadas más tarde en Nueva York o en Seattle, nos muestran otra cara de la polifacética violencia institucional aupada por el mandatario.
Portland ha permanecido varias semanas tomada por fuerzas
paramilitares que han estado aterrorizando a la ciudadanía y actuando,
por orden presidencial, contra la voluntad de las autoridades locales.
Tanto el alcalde como la gobernadora del estado dejaron claro su
desacuerdo con la presencia de los federales, y hasta la fiscal general
de Oregón llevó el caso a los tribunales alegando la violación de derechos constitucionales.
Aunque Trump anunció recientemente que retirará a los oficiales
cuando los representantes locales “controlen” la ciudad, sigue vigente
su plan de enviar más agentes a ciudades de mayoría demócrata,
comenzando por Chicago y Albuquerque, y siguiendo con Cleveland,
Milwaukee y Detroit, entre otras.
La militarización de la calle, en enclaves generalmente
multirraciales y de tendencia progresista, se efectúa a tres meses
escasos de unas elecciones en que las encuestas estiman una victoria de
Biden --Trump, conocedor del dato, ha intentado aplazarlas argumentando
un posible fraude debido al voto por correo. Su postergación es
legalmente imposible--. Se trata, como han señalado analistas de varios
medios, de una estrategia electoralista basada en “La Ley y el Orden”,
dos conceptos de los que el presidente no ha parado de vanagloriarse en
las redes y en sus apariciones públicas.
Sin embargo, más que el orden,
Trump está imponiendo el caos; más que defender la ley, el presidente
está efectuando un uso torticero de esta para obtener réditos políticos
mientras viola sistemáticamente los derechos de la ciudadanía y dinamita
los principios fundamentales del federalismo.
Operación LeGend
29 de junio de 2020. Un niño de cuatro años duerme plácidamente en su
cama cuando, de repente, una bala procedente de la calle atraviesa su
cuerpo y, poco después, muere. A pesar de la magnitud de la tragedia, el
caso del pequeño LeGend Taliferro, hijo único de una familia negra
radicada en Kansas City (Missouri) habría pasado prácticamente
desapercibido, en un país en el que mueren cuatro menores cada día por
impacto de bala, de no ser por la rentabilidad simbólica que la Casa
Blanca está obteniendo de su muerte.
En mitad de las reivindicaciones sociales erigidas por el movimiento
Black Lives Matter, muy crítico con Trump, el dramático final de LeGend
sólo comenzó a popularizarse a partir del 8 de julio, cuando el
Departamento de Justicia anunció un plan especial
“para combatir el auge repentino de crimen violento” que asola las
ciudades estadounidenses: la llamada Operación LeGend, en honor al
fallecido. Con esto se inició el despliegue de agentes federales en
Kansas City, una ciudad que el presidente no era capaz de ubicar en el mapa hasta hace poco. El 22 de julio Trump dio a conocer la ampliación de la Operación LeGend
–o “leyenda”, según suena en inglés–. Confirmaba así las amenazas del
envío de un número indeterminado de policías a múltiples urbes del
país.
El anuncio se produjo en paralelo a la polémica en torno a los abusos policiales perpetrados en Portland. Así, como afirma Sebastiaan Faber, Portland ha servido como “laboratorio de nuevas políticas represivas” propulsadas desde el Despacho Oval.
Si la presencia de agentes federales se escudaba en la contención de
unas manifestaciones que comenzaron tras el asesinato de George Floyd y
llevan activas unos dos meses, la Operación LeGend autoriza la incursión
policial en cualquier urbe por motivos relacionados con la seguridad
nacional y aunque no existan protestas ni disturbios.
La intervención en Kansas City, en Portland, y en el resto de
ciudades, obedece a una deriva dictatorial de la administración de Trump
que ya ha sido denunciada por los representantes de distintos enclaves
urbanos. En una carta
enviada al fiscal general, William Barr, y al secretario en funciones
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés),
Chad Wolf, catorce alcaldes de todo el país han manifestado su repulsa
al despliegue de estas fuerzas policiales, que consideran un ataque
contra las garantías constitucionales y los principios del federalismo,
puesto que la autoridad presidencial choca de lleno con el poder de los
estados.
En la misiva, denuncian tácticas propias de un “régimen
autoritario” e instan al Congreso a investigar las acciones de un
presidente que, afirman, ha incrementado el nivel de violencia sufrida
por los ciudadanos.
Pese a la urgencia de la situación y el clamor popular que urge a
ponerle freno, no estamos, sin embargo, ante un fenómeno nuevo, puesto
que con la ocupación militar de cuanto territorio nacional considere
oportuno Trump no ha hecho más que servirse de unas herramientas legales
ya disponibles para continuar un tendencia despótica cuyos antecedentes
históricos pueden trazarse fácilmente.
El terror en casa
1 de junio de 2020. El Premio Nobel Paul Krugman advierte de que el presidente está conduciendo al país al borde de una guerra civil.
La nota se publica justo después de que Trump anunciase una posible
movilización del ejército como respuesta a las mayores manifestaciones
de la historia estadounidense desde las luchas por los Derechos Civiles.
Para ello, invocaba la Ley de Insurrección de 1807, que sólo ha sido aplicada en contadas ocasiones.
Gracias en parte a la oposición del secretario de Defensa, Mark Esper,
la amenaza no llegó a materializarse, pero sí lo hizo una
intencionalidad que es hoy evidente en la Operación LeGend y planea
fantasmagóricamente sobre las próximas elecciones.
Algunos medios se han referido a la posibilidad de que, en caso de no salir reelegido, Trump insista en negar los resultados
de los comicios y utilice al ejército para imponerse.
Lo que sería un
atentado contra la democracia –como ya lo es el despliegue de agentes
federales– constituye, sin embargo, una anomalía histórica. Desde
sus orígenes, Estados Unidos ha evitado la invasión militar del
territorio doméstico por razones que tienen que ver con la aversión a la
tiranía de los llamados padres fundadores, lo que a su vez determinó el
reparto de poderes entre los estados y el gobierno federal. Sólo en circunstancias excepcionales,
por ejemplo, cuando los mandatarios locales lo requieren –como en los
disturbios raciales ocurridos en Los Ángeles en 1992–, o si se trata de
implementar garantías asociadas a los Derechos Civiles, el ejército ha
intervenido en las ciudades.
A principios de junio Trump pareció darse cuenta de la impopularidad
que le habría granjeado activar las disposiciones de la Ley de 1807,
pero no desistió, sin embargo, de poner en marcha las tácticas
autoritarias que conforman su agenda política.
No fue necesario recurrir al ejército para disolver, a base de gas
lacrimógeno y balas de goma, a los manifestantes concentrados en esos
mismos primeros días de junio en la conocida Plaza Lafayette de
Washington, una acción que ha sido duramente criticada por hacer uso efectivo de agentes federales con la connivencia del fiscal general William Barr.
Por otra parte, la erradicación de toda protesta civil mediante
mecanismos desproporcionados quedó clara en la reciente aprobación de
una orden ejecutiva destinada a proteger monumentos y estatuas que penará con diez años de cárcel cualquier acto vandálico.
Lo que tienen en común la ocupación federal de Portland y otras
ciudades, la represión en Lafayette y la orden ejecutiva sobre las
estatuas es que el cuerpo policial encargado de reprimir a la ciudadanía
procede del DHS, mayoritariamente de las agencias que gestionan la
seguridad fronteriza (CBP), y aduanas e inmigración (ICE), creadas, como
el Departamento al que pertenecen, como respuesta al atentado de las
Torres Gemelas. La legislación aprobada entonces, así como los
organismos constituidos, tenían como fin último evitar futuros ataques
terroristas. Sin embargo, estas herramientas legales y gubernamentales
están siendo utilizadas para promover una guerra al terror en casa, sin que existan amenazas foráneas aparentes.
Destacan, además, una serie de irregularidades en el funcionamiento
del DHS, comenzando por su liderazgo. Como informaba la CNN, durante su
mandato Trump ha despedido a múltiples altos cargos del Departamento,
sustituyéndolos por personal que no debe rendir cuentas al Congreso, sino al presidente directamente, como el secretario en funciones
Chad Wolf. La asignación de puestos a dedo, no confirmados por el
Senado, es otra de las estrategias dictatoriales de las que Trump se
está valiendo para imponer su voluntad.
Un Estado fascista
Predominio de la ley marcial, prácticas autoritarias, ejercicio
dictatorial del poder... Son expresiones que pueblan los medios y las
redes, y proceden tanto de una ciudadanía aterrorizada como de los
representantes políticos que contemplan, anonadados, una represión
inaudita contra los propios estadounidenses. La disposición de agentes
federales para la elaboración de un ejército a la carta proveniente de
distintas agencias ha llevado al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, a
referirse abiertamente a la “policía secreta” de Trump, mientras que
activistas como Tom Hastings la comparan con las SA hitlerianas. Así, cada vez son más los que se atreven a calificar lo que está ocurriendo en términos de régimen fascista.
En un país donde el lenguaje centrista y de la izquierda suele estar
sometido a los dictámenes de lo políticamente correcto, sorprende la
naturalidad con que van surgiendo públicamente alusiones a los nazis
para referirse al gobierno actual. Más allá de la analogía histórica,
estos epítetos alertan sobre el miedo y la impotencia que sentimos
quienes estamos del lado democrático, pero también informan de un giro
totalitario que las comunidades inmigrantes llevan años denunciando.
Sería ingenuo no reconocer que el andamiaje legal diseñado tras el
11S para oprimir con total impunidad a los extranjeros sirve ahora a los
propósitos despóticos del presidente. Si, como argumentaba la abogada
de Derechos Humanos Alka Pradhan, “las políticas migratorias de Estados Unidos tienen sus raíces en Guantánamo”,
los mecanismos cuasi-coloniales de dominación y control de la población
autóctona beben de esas políticas migratorias. En un régimen
totalitario, ya lo dijo Hannah Arendt, el enemigo se actualiza. Nadie
está salvo si todos no lo estamos."
(Azahara Palomeque, escritora, periodista y poeta. Exiliada de la crisis, ha vivido en Lisboa, São Paulo, y Austin, TX. CTXT, 03/08/20)
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