"El debate sobre la renta básica tiene al menos un mérito: nos recuerda que existe un cierto consenso en Francia sobre el hecho de que todo el mundo debería tener unos ingresos mínimos. Hay desacuerdos sobre la cuantía: 530 euros al mes actualmente para la RSA concedida a las personas solteras sin hijos, una cantidad que algunos consideran suficiente y que otros querrían aumentar a 800 euros.
Pero todo el mundo, a derecha e izquierda, parece estar de acuerdo en que debería haber unos ingresos mínimos en torno a ese nivel, en Francia como en muchos países europeos. En Estados Unidos, los pobres sin hijos tienen que conformarse con vales de comida, y el Estado del bienestar adopta a menudo la apariencia de un Estado tutelar o incluso carcelario. Este consenso debe acogerse con satisfacción, pero al mismo tiempo no es suficiente.
El problema del debate sobre la renta básica es que a menudo pasa por alto los verdaderos problemas y, de hecho, expresa una concepción reducida de la justicia social. La cuestión de la justicia no se detiene en 530 euros u 800 euros al mes. Si queremos vivir en una sociedad justa, tenemos que formular objetivos más ambiciosos, relativos a toda la distribución de la renta y la propiedad, y por tanto a la distribución del poder y las oportunidades.
Nuestra ambición debe ser una sociedad basada en la remuneración justa del trabajo, es decir, el salario justo, no sólo la renta básica. Para avanzar hacia el salario justo, hay que replantearse todo un conjunto de instituciones y políticas complementarias: los servicios públicos, especialmente la educación; el derecho laboral y organizativo; el sistema fiscal.
En primer lugar, debemos abordar las hipocresías de nuestro sistema educativo, que con demasiada frecuencia reproduce e incluso amplifica las desigualdades. Esto es cierto en la enseñanza superior. Las carreras universitarias más frecuentadas por los estudiantes desfavorecidos están masivamente infradotadas de recursos en comparación con las carreras de élite. La situación no ha hecho más que empeorar, de modo que generaciones enteras se hacinan ahora en aulas atestadas.
Lo mismo ocurre en los colegios e institutos. Los colegios desfavorecidos tienen en la práctica muchos más profesores contratados e inexpertos que los demás, de modo que el gasto público efectivo por alumno es en realidad menor allí que en otras partes. A falta de una política transparente y verificable de asignación de recursos, se ha estigmatizado simplemente a las escuelas clasificándolas como ZEP, sin aumentar sus recursos, cuando debería hacerse lo contrario.
Si a esto añadimos que no se hace nada para promover la diversidad social, y que se permite al sector privado contratar a quien quiera mientras se beneficia de los fondos públicos, estamos muy lejos de la igualdad de oportunidades de la que se alardea en los eslóganes publicitarios de los programas electorales.
Para avanzar hacia un salario justo, también debemos dejar de denigrar el papel de los sindicatos, el salario mínimo y las escalas salariales. Hay que replantearse el papel de los representantes de los trabajadores.
En los países donde desempeñan un papel activo en los consejos de administración -entre un tercio y la mitad de los votos en Suecia y Alemania- se observan unas escalas salariales más ajustadas, una mayor inversión de los empleados en la estrategia de la empresa y, por último, una mayor eficacia productiva.
Y nada impide pensar en nuevas formas de reparto del poder, haciendo elegir a los administradores por asambleas mixtas de asalariados y accionistas (para ir más allá del juego de roles entre administradores asalariados y accionistas y de la mayoría automática de estos últimos).
Para limitar el poder del capital y su perpetuación, el sistema fiscal también debe desempeñar su papel, en particular mediante el impuesto progresivo sobre la propiedad, que permite transformar el derecho de propiedad en un simple derecho temporal, al menos para las mayores posesiones de bienes, así como el impuesto de sucesiones, pero de por vida. En cambio, la derecha quiere suprimir nuestro exiguo ISF, que debería acercarse al impuesto sobre bienes inmuebles, a fin de reducir este último para los pequeños propietarios.
Por último, el impuesto progresivo sobre la renta debería contribuir a un salario justo reduciendo al mínimo las disparidades de renta. La experiencia histórica demuestra que los elevados tipos marginales sobre las rentas muy altas -un 82% de media entre 1930 y 1980 en Estados Unidos- han acabado con los salarios astronómicos, en beneficio de los salarios más bajos y de la eficacia económica.
Un último punto: con la retención en origen, el sistema fiscal progresivo permite abonar la renta básica debida a los trabajadores con salarios bajos directamente en la nómina. Actualmente, un empleado a tiempo completo que cobra el salario mínimo percibe un salario neto de 1.150 euros, tras deducir 310 euros en CSG y cotizaciones de su salario bruto de 1.460 euros. Si lo solicita, puede recibir el equivalente a 130 euros al mes en concepto de prestación por actividad varios meses después. Sería mucho mejor reducir la retención en origen y aumentar el salario neto en la misma cuantía.
Por la misma razón, me cuesta entender a quienes se empeñan en pagar una renta básica de 500 euros al mes a personas que ganan 2.000 euros, para luego quitarles la misma cantidad aumentando los impuestos retenidos en origen.
Es hora de que el debate sobre la justicia aborde las cuestiones adecuadas." (
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