"Al alba del 25 de marzo de 1936, alrededor de 80.000 campesinos
convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT)
de UGT ocuparon simultáneamente unas 3.000 fincas en Extremadura.
Con
este gesto ponían de manifiesto que para las clases populares la
propiedad de la tierra seguía siendo la asignatura pendiente de la
República cinco años después de su proclamación.
Mientras que en buena parte de Europa los burgueses invertían el
capital acumulado durante el siglo XVIII en la industria, en la España
del siglo XIX la burguesía destinó esos recursos a la compra de tierras
arrebatadas a la Iglesia y a las comunidades rurales con las leyes
desamortizadoras de Juan Álvarez Mendizábal (1836) y Pascual Madoz
(1855).
No hubo reforma agraria, sólo un cambio de titulares, la
propiedad de los caducos estamentos privilegiados pasó a una burguesía
que administraba esas mismas tierras con criterios capitalistas o, aún
peor, compraba a precio de saldo los bienes comunales que permitían a
muchos campesinos garantizar su subsistencia.
La desamortización mantuvo, además, la división parcelaria que
perduraba sin cambios desde la Edad Media, dejando un paisaje agrario de
extensos latifundios donde convivían una minoría de prósperos dueños
con masas depauperadas de campesinos sin tierra. El enfrentamiento entre
unos y otros era inevitable y provocó un amplio abanico de respuestas:
desde el anarquismo a la emigración y desde el motín al bandolerismo.
Ninguna de las reformas que tenía que emprender la República era tan
justa, tan necesaria ni le hubiera proporcionado tanto apoyo como la
reforma agraria, pero pasaron los meses sin que la burguesía reformista y
sus aliados socialistas hiciesen nada para ponerla en marcha.
Entretenidos en debates teóricos y en combates parlamentarios de guante
blanco, la conjunción gubernamental posponía su aprobación por las
Cortes; sólo el fallido golpe de Estado del general José Sanjurjo en el verano de 1932 sacó al Gobierno de su apatía y lo empujó a aprobar el 9 de septiembre de ese año una Ley de Reforma Agraria que nació insuficiente y alicorta.
Esta reforma permitía la expropiación de tierras a los latifundistas que no las cultivaban para
someter por hambre a sus braceros, pero exigía que se les compensase económicamente, por lo que su aplicación dependía del presupuesto que se entregase al Instituto de Reforma Agraria. Sus penurias económicas –sólo dispuso de cincuenta millones de pesetas–, fueron la causa de que, cuando se celebraron elecciones en noviembre de 1933, sólo 12.000 familias hubieran recibido tierras de cultivo.
A ese ritmo, habrían hecho falta más de cien años para dar parcelas a
todos los campesinos sin tierra, que llevaban siglos esperando justicia
y a los que se les seguía pidiendo paciencia. ¿Cómo extrañarse de que
hubiese estallidos revolucionarios de los que nada tenían?
Se ha culpado a la CNT
de estas llamaradas de violencia campesina apelando a una supuesta
“gimnasia revolucionaria”, pero los campesinos tenían en común su
miseria, fuese cual fuese su afiliación: de CNT en Casas Viejas, de UGT en Castilblanco, republicanos en Arnedo o comunistas en Yeste.
A lo largo de todo el quinquenio republicano se produjeron numerosos
incidentes sangrientos que tenían su origen en la protesta de los
campesinos sin tierra o en su intento de ocupar latifundios sin
cultivar: en agosto de 1931 en Posadas; en septiembre en Rute y Corral
de Almaguer; en noviembre en Parla, en enero de 1932 en Zalamea de la
Serena, Épila y Xeresa...
Estas ocupaciones no fueron fruto de
la inconsciencia o la impotencia, los campesinos se encuadraron en
potentes organizaciones sindicales: la FNTT ugetista nació en 1930 con unos 40.000 afiliados y a finales de 1932 eran 400.000; la Unió de Rabassaires sumó dos millares de adheridos al fundarse en 1922 y diez años después ya eran 22.000.
Por las insuficiencias del primer bienio y la contrarreforma del
segundo bienio, los jornaleros tenían que escuchar a los terratenientes
que les decían: “¿No queríais República? Pues, ¡comed República!”.
Esperaron cinco años que la República les diese de comer, y en marzo de
1936 decidieron que ya había llegado su hora." (Juan Pablo Calero Delso. Guadalajara, Diagonal, 17/09/13)
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