Los sucesivos gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha fueron cayendo en una dependencia creciente de los mercados financieros y del poder de los grandes grupos inmobiliarios

"Las condiciones de la incorporación de España, de Portugal y de Grecia al proyecto europeo no son comparables con las de los países fundadores. 

A diferencia de Italia, el cuarto país del sur cuyas estructuras sociales y culturales pueden resultar comparables con las del resto de los países mediterráneos, el proceso de modernización o liquidación de sus respectivos sectores tradicionales fue mucho más rápido y estuvo comparativamente poco acompañado por medidas reguladoras.

 Esto les dio menos tiempo de adaptación a lo que en la década de los años 1980 ya era un espacio económico altamente desarrollado y firmemente insertado en el bloque militar y político nordatlántico. Esta realidad explica muchas similitudes que hoy se dan entre estos tres países en el plano económico y social. (...)

En el caso de España, este proceso fue particularmente rápido y “radical” debido a la evolución ideológica de las élites franquistas y postfranquistas,  así como como a la temprana conversión del PSOE al socialliberalismo, aunque también influyeron otros aspectos particulares como la lucha armada de ETA. 

Todo ello facilitó el pacto para forzar una transición no rupturista y la creación de una gran coalicion de facto en temas económicos y productivos. Este ambiente explica la continuidad del régimen en dos temas clave altamente relevantes para comprender su sistema productivo: el derecho societario y la regulación de la propiedad del suelo.

A pesar de que la consitución de 1978 incluye el derecho a la participación de los trabajadores en la empresa y el derecho a una vivienda, y  antepone el interés general a la especulación con el suelo^[1],  esto no se tradujo en un cambio en el modelo productivo ni en una reducción de los derechos de la propiedad privada sobre el suelo heredados del franquismo. 

Mientras la sociedad se democratizaba y se ponía en marcha un sistema fiscal progresivo para financiar un Estado del Bienestar políticamente impostergable, los gobiernos democráticos se abstuvieron de prácticar políticas industriales activas, de forzar un nuevo derecho societario,  implementar nuevas culturas empresariales y de desarrollar políticas de vivienda y de ordenación urbana más basadas en el interés general.    

Todo ello habría generado un modelo productivo más  sostenible, menos destructivo con el mediambiente, con mercados de trabajo internos más desarrollados y con más capacidad de crear y estabilizar el empleo, de adaptarse a los cambios tecnológicos de las décadas siguientes.

En este contexto, y con el fin de financiar un Estado del Bienestar, los sucesivos gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha fueron cayendo en una dependencia creciente de los mercados financieros y del poder de los grandes grupos inmobiliarios. 

Los  primeros permitían finanzarlo  con gasto público una vez asegurada la permanencia del país en el bloque atlántico. Los segundos creaban empleo aunque a costa de una destrucción ambiental sin precedentes y de alimentar una burbuja especulativa con una gran capacidad de generar prácticas corruptas en las administraciones locales. 

La creciente dependencia de los intereses financieros, fuertemente unidos a los inmobiliarios, permitieron reflotar así el poder político de las oligarquías rentistas, de los “inversionistas  sin función” (J. M. Keynes). No es posible entender la particular virulencia de la crisis de 2008 -alto desempleo, crisis inmobiliaria, erosión de la legitimidad política, problema nacional etc- sin tener en cuenta estos factores. (...)"           (Armando Fernández Steinko, 02/10/2013)