Renta Básica y Trabajo Garantizado: un debate

"Recientemente ha cobrado actualidad la propuesta de una Renta Básica Universal (RBU) a propósito de la que se ha presentado como rival y antagónica, como es el Trabajo Garantizado (TG), y que cuenta con partidarios como el economista Eduardo Garzónⁱ, entre otros. 

Resumiendo ambas propuestas, podría decirse que mientras que el TG es una actividad laboral remunerada que el Estado tiene que garantizar a cualquier persona desempleada que lo solicite, la RBU es una asignación monetaria que se concede a todo individuo al margen de su situación personal, laboral o económica. 

La propia Red Renta Básica la define así: “es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.”ⁱⁱ 

 Cada una de estas propuestas es consecuencia de unos principios que lo justifican que, pese a ser diferentes, no necesariamente tienen que ser incompatibles entre sí. La implantación del trabajo garantizado (TG) parte de la consideración del trabajo como un derecho que toda persona posee, y es un derecho porque el trabajo, la actividad práctico-productiva, constituye la esencia del ser humano. 

El principio de justicia que se deduce de esta consideración de lo que el ser humano es, de su esencia, lo expresaría Marx con la frase “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su necesidad.^{"        (...)}

En la actualidad, las fuerzas productivas, la productividad alcanzada por el desarrollo tecnológico, permiten que el tiempo de trabajo global tienda a reducirse manteniendo el mismo nivel de producción. También, en consecuencia, que la distribución del trabajo remunerado posibilite que un porcentaje determinado de población opte por no trabajar si otro sector absorbe el trabajo disponible. 

En una situación tal, aceptar o rechazar un trabajo por lo alienante, precario, o nivel retributivo del trabajo que se oferte, sería hoy posible. Es entonces cuando, al margen de los aspectos económicos que la implantación de una u otra supone, cobra plena actualidad el dilema moral planteado con estas propuestas si necesariamente fuesen incompatibles. 

Habiendo capacidad productiva de sobra para mantener con dignidad a toda la población, ¿hay que aceptar la cosificación y explotación de cualquier trabajo alienante? No es eso precisamente lo que se pretende con el principio de justicia que se deduce del trabajo como lo característico de la naturaleza humana, a saber, “de cada cual según sus capacidades…”: sencillamente porque las propias capacidades no son precisamente las que se necesitan en multitud de actividades laborales sumamente alienantes, mecánicas o para las que la formación e intereses personales están muy alejados. Y se olvida en numerosas ocasiones el carácter emancipador de la propuesta marxiana. 

Una demanda, presente en el republicanismo igualitario desde la antigüedad griega, es la libertad como derecho ciudadano, una libertad real, sin coacciones ni dominación, para la que es imprescindible disponer de las condiciones materiales de existencia adecuadas. Eso es en lo que consiste una vida digna. 

Y precisamente lo que pretende la RBU es que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tenga garantizados los recursos básicos que permitan a cada individuo elegir con libertad su propia vida para, preservar la dignidad frente a cualquier circunstancia. Así, con esa seguridad de partida, cualquier persona podría querer movilizar sus capacidades para mejorar sus condiciones de vida con trabajos remunerados, con aquellos que pueda elegir sin que la necesidad o la dependencia pueda obligarle a lo contrario. 

Como también puede haber personas que quieran dedicarse a actividades no remuneradas (porque la sociedad y el Estado no las consideren como tales), sean del tipo que sean.

Con todo, RB y TG no tienen por qué colisionar entre sí. Una vez establecida la RB, los poderes públicos, porque esa es su principal función, tendrían que planificar sus políticas con la finalidad de que hubiera actividades laborales dignas y necesarias para la comunidad."               (Francisco del Río Sánchez , Rebelión, 28/10/2014)