"Las causas de la persistencia de la corrupción en nuestras instituciones
son múltiples. En nuestra opinión una de sus principales explicaciones
se encuentra en la ausencia de un castigo en las urnas a aquellos
representantes que incurren en comportamientos delictivos o, al menos,
poco éticos.
Evidencia de ello es que, en los dos últimos comicios
locales, un elevado porcentaje de los alcaldes imputados en casos de
corrupción fueron reelegidos: 70% en 2007 y 39% en 2011. A nivel
autonómico, casos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía
sugieren también que los votantes otorgan poco peso a la corrupción a la
hora de decidir la orientación de su voto. (...)
La paradoja existente entre la popularidad de los
políticos corruptos y la impopularidad de la corrupción es el objeto de
estudio de nuestro más reciente artículo de investigación.
Utilizando datos electorales y de corrupción municipal, encontramos un
interesante resultado: la magnitud del castigo electoral depende de
manera muy significativa del tipo de corrupción de que ha sido acusado
el alcalde.
Aquellos casos de corrupción que produjeron, al menos en el
corto plazo, un enriquecimiento del municipio no generaron ningún tipo
de consecuencias electorales. Por el contrario, cuando el escándalo
consistía en una merma del bienestar económico de los votantes, estos
reaccionaron con un castigo electoral de 5 puntos porcentuales de media.
Para entender la diferencia entre estos dos tipos de corrupción
política, vale la pena considerar dos ejemplos que ilustran, en nuestra
opinión, la diversidad existente en España. El primero de ellos ocurrió
en el muncipio de El Ejido (Almería), cuyo alcalde fue acusado de
malversación y desvío de fondos públicos en 2011.
Con la colaboración de
varios miembros del gobierno local y la complicidad del alcalde, una
empresa municipal cedió la prestación de servicios públicos a empresas
políticamente cercanas que inflaron el importe de las facturas al
municipio. Según la investigación judicial, el desvío de fondos alcanzó
una cantidad cercana a los 150 millones de euros, el doble del
presupuesto anual del municipio.
La actuación del alcalde en este caso
constituye una clara apropiación indebida de recursos públicos para su
beneficio personal que esperaríamos que fuera castigada por los
votantes, siempre que tengan información precisa sobre estos
comportamientos.
Aunque la mayoría de escándalos de
corrupción a nivel municipal está asociado a un enriquecimiento ilícito
de miembros de sus consistorios, ha sido relativamente frecuente que la
corrupción haya producido, a su vez, externalidades positivas a nivel
económico en el electorado, al menos a corto plazo.
Muchos de estos
casos están relacionados con la burbuja inmobiliaria, que dio lugar a
grandes plusvalías para propietarios de terrenos rurales recalificados y
que, en general, supuso para muchas localidades un aumento temporal de
la actividad económica impulsado desde el sector de la construcción. Un
ejemplo de ello es Pastrana, en Guadalajara.
En 2010, el alcalde este
municipio de 1.200 habitantes permitió presuntamente la construcción de
edificios de viviendas en suelo rústico de protección especial. En una
localidad de este tamaño, este tipo de obras puede generar un impacto
considerablemente positivo en la economía local, al crear nuevos puestos
de trabajo y revalorizar las viviendas existentes.
En este contexto,
una amplia proporción de los votantes comparten los beneficios asociados
con la acción irregular. Incluso si existe la sospecha de que esta
decisión política es ilegal, los votantes pueden considerar que el flujo
de ingresos para el beneficio "compensa" los perjuicios asociados al
comportamiento corrupto del alcalde.
Estos dos casos
representas únicamente un par ejemplos de una pauta generalizada a nivel
municipal, y cuya validez se mantiene incluso tras descontar el efecto
de otros factores que explican el voto en elecciones locales. El gráfico
bajo estas líneas resume los principales resultados de nuestro
análisis.
Como podemos ver, al considerar de manera agregada las
consecuencias electorales de todos los escándalos de corrupción
destapados entre 2007 y 2011 (primera fila del gráfico), encontramos que
los alcaldes corruptos perdieron de media menos de 2 puntos en su
porcentaje de voto, un castigo que estadísticamente es indistinguible de
cero.
Sin embargo, al diferenciar entre casos de corrupción que
incrementaron el bienestar del municipio (segunda fila) y aquellos que
lo disminuyeron (tercera fila), podemos comprobar el importante poder
explicativo de este factor. Cuando la corrupción genera beneficios que
revierten en todo el municipio, muchos electores parecen no tener
problema en ignorar el comportamiento irregular de su alcalde y
contribuir con su voto a mantenerle en el poder.
Los
resultados de nuestro análisis son relevantes tanto para el diagnóstico
de la corrupción en España como para el debate sobre las posibles
estrategias a seguir para combatirla. En efecto, nuestras conclusiones
contribuyen a cuestionar el lugar común según el cual la corrupción en
España es endémica por razones de cultura política.
Por el contrario,
demostramos que los ciudadanos hacen dejadez de su capacidad de
sancionar de manera racional: entienden que determinados políticos, aun
dispuestos a actuar al margen de la ley, proporcionan resultados
positivos para sus conciudadanos. En definitiva, no se castiga porque se
tolere la corrupción en sí, sino porque se valoran los beneficios
indirectos de la misma.
Este aspecto tiene
consecuencias para cualquier programa de lucha contra la corrupción.
Desde hace años, las instituciones internacionales han primado la
transparencia y la difusión de información como vía para reducir los
niveles de abuso por parte de los políticos.
Sin embargo, lo que se
deduce de nuestros resultados es que la disponibilidad de información
creíble sobre las irregularidades cometidas por el alcalde no constituye
una condición suficiente para asegurar la penalización electoral. De
ahí que, aunque sea deseable, una simple mejora de la transparencia
puede no ser lo bastante efectiva como mecanismo de control.
Al menos no
lo será en un nutrido grupo de casos en los que los votantes exculpan
conscientemente a sus representantes en las urnas. Para esos casos,
deberemos seguir confiando en sistemas de rendición de cuentas que hagan
énfasis en la persecución judicial." (Gonzalo Rivero
/
Pablo Barberá
/
Pablo Fernández-Vázquez
, Eldiario.es, 12/02/2013)
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