"A pesar de que nunca se ha demostrado su falta de veracidad, el PP ha puesto en el punto de mira los informes que realizan las organizaciones de consumidores
para denunciar las irregularidades que cometen las empresas de
alimentos en sus productos.
Una enmienda introducida a última hora por
el grupo popular en el Congreso
—justo antes de que el proyecto de ley pase al Senado— permite que las
compañías que no estén de acuerdo con las conclusiones paralicen su
publicación mientras presentan un estudio alternativo. En caso de
discrepancia entre ambos informes, se elaborará un tercero que será el
definitivo.
Las principales asociaciones de consumidores se han rebelado contra
una norma que consideran antidemocrática y limitadora de su libertad de
expresión. En su opinión, los nuevos requisitos dilatarán en exceso la
publicación de sus estudios. “¿De qué sirve informar de que una empresa
puso en riesgo su salud dos años atrás?”, se pregunta Rubén Sánchez,
portavoz de FACUA.
Una información como la que trascendió en enero, cuando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
reveló que las hamburguesas de vacuno contenían carne de caballo,
podría demorarse mucho más tiempo en publicarse en el caso de que la ley
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se
apruebe con el texto actual.
El Ejecutivo ha escuchado una demanda que vienen haciendo desde hace
tiempo los grandes grupos alimentarios, que consideran que los estudios
de asociaciones como OCU o FACUA perjudican en exceso su imagen. La
presión de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y de las
grandes marcas que comercializan alimentos (Promarca) ha conseguido
inclinar al PP a su favor, según fuentes cercanas a la tramitación de
las enmiendas. (...)
“Ya existen los tribunales para controlar nuestra actividad”, explica
Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU, a la vez que recuerda que, en las
tres ocasiones en las que su asociación ha sido denunciada por sus
informes, la Justicia les ha dado la razón.
La primera vez fue a
principios de los noventa, cuando la cadena de hamburgueserías Wendy's
presentó una querella criminal por supuestas calumnias en un informe en
el que se cuestionaba la calidad de su carne.
La compañía solicitó,
además, una indemnización de 500 millones de pesetas (3 millones de
euros), pero el caso se sobreseyó. La segunda denuncia a la que se
enfrentó la OCU fue de la aceitera Aceites del Sur a raíz de una informe
sobre la adulteración del aceite de oliva con otras grasas y aceites.
El Tribunal Supremo también les dio la razón en 2010.
El último caso,
todavía sin sentencia firme, fue la demanda de la patronal lechera por
un estudio de la calidad de la leche. El juzgado de Primera Instancia nº
2 de Madrid desestimó la demanda en abril de 2012, si bien la sentencia
ha sido recurrida por la patronal." (El País, 06/06/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario