En modelo de crecimiento español 
experimentado desde los años noventa hasta el estallido de la crisis 
entronca plenamente con los dos rasgos definitorios de este capitalismo 
latino: 
1) una parte sustancial de la generación de riqueza de un país 
depende de decisiones administrativas discrecionales, es decir, las 
reglas del juego no son iguales para todos y, particularizando en el 
ámbito fiscal, 
2) se usa la política tributaria como elemento de 
competitividad. Como destaca el economista Manuel Lago[1]
 la principal causa de caída de la recaudación del Impuesto de 
Sociedades en España tras el estallido de la crisis, incluso por encima 
de la reducción de beneficios, ha sido la exuberante ingeniería fiscal 
desarrollada por las grandes empresas. 
Hay que recordar que la perdida 
de recaudación de esta figura tributaria es la principal causa de la 
disminución de los ingresos fiscales entre 2007 y 2011. En 2011 el tipo 
efectivo del Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de los 
grupos empresariales, el porcentaje de beneficios que realmente pagaban 
las grandes empresas, fue tan solo del 5%, mientras que su tipo nominal 
está en un quimérico 30%. 
Gran parte de las contrarreformas fiscales 
realizadas por el gobierno de Aznar estuvieron inspiradas por un 
secretario de Estado de Hacienda, que previamente parece que había 
participado en la redacción de un manual sobre evasión fiscal, así como 
en el asesoramiento tributario a importantes grupos empresariales y 
financieros de nuestro país para pagar lo menos posible, y que ahora 
está imputado en relación con el caso Bankia, de cuyo Consejo de 
Administración formó parte tras dejar las responsabilidades públicas.
Es evidente que ambos elementos, evasión 
fiscal y la discrecionalidad de la administración a favor de 
determinados grupos económicos, son comunes en gran cantidad de países 
capitalistas desarrollados, pero lo que hace que adquieran la condición 
de calificativo de los países del sur de Europa es la magnitud que han 
adquirido en ellos. 
La facilidad de lograr un enriquecimiento rápido 
para una casta con conexiones privilegiadas con un poder político no 
sujeto plenamente al imperio de la ley, el “capitalismo de amiguetes”, 
está en el núcleo de la elevada corrupción que atraviesa la política 
española, el segundo problema nacional tras el paro, según una reciente 
encuesta del CIS.
En las últimas dos décadas la constatación de que la política podía ser 
una “profesión” de alta rentabilidad a corto plazo fue un claro 
incentivo para que muchos individuos con escasa ética optaran por entrar
 en ella. Estos individuos eran plenamente conscientes de que los 
beneficios de muchas empresas privadas dependían de sus decisiones, 
insuficientemente sujetas al control interno de la propia 
administración, tanto en el ámbito local, como en el autonómico e 
incluso en la Administración Central. 
Tal vez el ejemplo que mejor 
ilustra esta versión castiza del “capitalismo latino” sea el hecho de 
que quien llegó a representar al conjunto de los empresarios de este 
país, a ser presidente de la CEOE, fue un individuo que forjó su fortuna
 a partir de las concesiones administrativas y de su cercanía con 
importantes dirigentes del PP, y que ahora está incurso en varias causas
 penales por presuntos delitos de alzamiento de bienes, evasión fiscal, 
estafa y apropiación indebida."        (Bruno Estrada, Economistas frente a la crisis, 06/06/2013)
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