"La propuesta de Trabajo Garantizado (TG) fue ideada en los años sesenta
del siglo pasado por el prestigioso economista Hyman Minsky como una
solución a los problemas del desempleo que ya se vislumbraban entonces
en la mayoría de las economías capitalistas occidentales.
El diagnóstico de partida era sencillo: en la nueva fase del sistema
económico capitalista (frecuentemente denominada neoliberalismo) el
sector privado no es capaz de crear suficientes puestos de trabajo para
alcanzar el pleno empleo debido a las limitaciones que muestra la lógica
de la rentabilidad económica en un contexto de intensísima competencia
internacional, de determinados avances tecnológicos y de transformación
en la organización del trabajo.
En consecuencia, la receta del problema es también sencilla: se torna
indispensable que intervenga el sector público creando la cantidad de
puestos de trabajo que sean necesarios para alcanzar el objetivo del
pleno empleo. El objetivo es que ninguna persona se quede sin trabajar
si ese es su deseo, un derecho recogido en el artículo 35.1 de la
Constitución Española. (...)
Creación de nuevos puestos de trabajo
(...) En España hay más de cinco millones de desempleados, pero esto no
quiere decir que no estén llevando a cabo ningún trabajo.
Por eso, una
forma importante y necesaria de crear puestos de trabajo con el TG es
remunerando, visibilizando, dignificando y repartiendo buena parte de
todo ese trabajo invisible que es absolutamente crucial para el
desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades.
Pero
cuidado, la idea no es remunerar un trabajo que es realizado
mayoritariamente por mujeres para que sigan realizándolo ellas a cambio
de una renta monetaria, sino trasladar al ámbito público un trabajo que
se lleva a cabo en el ámbito privado.
El TG serviría para dos cosas importantes: por un lado, para
visibilizar, remunerar y dignificar un trabajo que hoy día es
subestimado e invisible. Por otro lado, liberar total o parcialmente a
las personas que hoy día dedican ingentes cantidades de horas a los
ciudados en sus hogares y que mayoritariamente son mujeres, de forma que
se avanza en la reducción de las desigualdades de género. Estamos
hablando también, al fin y al cabo, del reparto del tiempo de trabajo. (...)
Las actividades propuestas consisten fundamentalmente en servicios
personales y ecológicos no intensivos en recursos naturales ni en
generación de residuos, de forma que el impacto medioambiental es muy
reducido.
A ello hay que sumarle que en el reparto de los empleos debe
primar la cercanía entre los puestos de trabajo y el lugar de
residencia, de forma que el consumo energético derivado del
desplazamiento también se reduce.
Financiación de los nuevos puestos de trabajo
(...) no tiene sentido hablar de escasez de dinero. Si queremos medir una deuda y no tenemos a mano dinero, podemos crearlo. En otras palabras: si queremos medir la deuda que la sociedad adquiriría con el nuevo trabajador del TG por aportar valor, bastaría con crear la cantidad de dinero necesario.
Así de sencillo. Ahora bien, que podamos crear dinero no quiere decir que siempre sea conveniente hacerlo. Existen límites a tener en cuenta que se pueden resumir en cuatro:
- 1. Para crear puestos de trabajo necesitamos a gente dispuesta a trabajar
- 2. Necesitamos que las personas dispuestas a trabajar tengan los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades correspondientes. Hace falta determinada formación.
- 3. Es imprescindible contar con la tecnología, herramientas y máquinas necesarias para realizar las actividades encomendadas.
- 4. Es necesario que la sociedad tenga la capacidad de saldar las deudas que contrae con la generación de nuevos puestos de trabajo. La sociedad tiene que tener a la venta tantos bienes y servicios y de suficiente diversidad para absorber ese nuevo dinero creado. De lo contrario, la inflación aumentaría notablemente y tendría impactos negativos en la economía.
Respecto a la última limitación mencionada, es necesaria una
matización importante: la aparición de tensiones inflacionistas no es
automática ni instantánea a la generación de dinero, algo que muchos
economistas señalan erróneamente.
Que los empresarios decidan elevar los
precios de sus productos depende de muchos otros factores diferentes a
la cantidad de dinero en circulación (capacidad de producción, nivel de
competencia, disposición a incrementar beneficios, facilidad técnica de
modificar los precios...
De todo esto deducimos que se podrían crear
muchos puestos de trabajo sin la necesidad de que surgieran tensiones
inflacionistas. De hecho, en la mayoría de países avanzados el problema
de empresas y autónomos es que no tienen suficientes clientes. Lo que
hoy quieren la mayoría de vendedores es vender todo lo que producen y
mejorar algo su situación, no hacerse de oro aumentando los precios
aprovechándose de los clientes.
En el hipotético caso de que aparecieran tensiones inflacionistas, el
Estado puede reaccionar a tiempo reduciendo la cantidad de dinero en
circulación, ya sea reduciendo gasto público o incrementando impuestos,
con el objetivo de controlar la inflación. De lo que se trata es,
precisamente, de crear tantos puestos de trabajo como sean necesarios
hasta llegar al punto en el que empecemos a tensionar la economía,
momento temporal que está muy distante ahora.
Sin embargo, la economía española se encuentra inserta en el marco
económico y político de la Unión Europea, regida por unos planteamientos
neoliberales opuestos frontalmente a la creación directa de empleo
público a través de generación de dinero.
Esto conlleva importantes
problemas a la hora de aplicar un TG, puesto que ni tenemos soberanía
monetaria (capacidad de generar dinero) ni el Banco Central Europeo está
dispuesto a respaldar un TG. De ahí que haya que plantear un proceso de
financiación diferente.
Créditos fiscales transferibles | La alternativa de
financiación más rápida y adecuada sería la generación de créditos
fiscales -instrumento que concede el sector público a una empresa o
individuo para que pueda pagar sus impuestos con él-. Es una opción
recurrente en empresas que hayan presentado pérdidas o que guardan parte
de sus beneficios y los deja inmovilizados.
Por ejemplo, si una empresa
tiene que pagar 100 euros en impuestos y tiene en su poder créditos
fiscales por valor de 100 euros o más podrá saldar la deuda con Hacienda
recurriendo a ellos. La empresa se deshará de esos créditos y al mismo
tiempo eliminará ese compromiso de pago.
Supongamos que el sector público permite que esos créditos fiscales
sean transferibles entre agentes económicos, que sirvan para pagar
cualquier tipo de impuesto y que parte del salario de los trabajadores
del TG sea pagado con este instrumento.
De esta forma, los trabajadores
del TG podrían comprar bienes y servicios utilizando euros pero también
usando créditos fiscales. El resultado es que aunque no se hayan creado
nuevos euros, sí que hay más “dinero” en circulación. Dinero en el
sentido de unidad de medida. Esto permite al Estado un mayor margen de
maniobra fiscal y generar más puestos de trabajo de TG de los que podría
crear sin recurrir a los créditos fiscales.
Una fórmula de financiación similar es la moneda social. La
diferencia más importante es que los créditos fiscales son creados por
los gobiernos locales y aceptados por ellos para el pago de impuestos,
mientras que las monedas sociales son impulsadas por organizaciones
privadas sin ánimo de lucro y no son aceptadas para el pago de
impuestos.
No obstante, muchas monedas sociales han recibido apoyo
explícito de los ayuntamientos y también de entidades bancarias. Las
monedas sociales más importantes son las de Priem am Chiemsee (Alemania)
desde 2003, Bristol (Reino Unido) desde 2012, y Toulousse (Francia)
desde 2011. En el último caso, el ayuntamiento paga parte de los
subsidios de desempleo en moneda social.
Reforma fiscal y redistribución de gastos | Esta
alternativa de financiación es menos rápida y apropiada que la anterior,
aunque perfectamente compatible. En la actualidad se emplea mucho
dinero en 1) intentar que muchos desempleados encuentren trabajo en el
sector privado, 2) ayudas monetarias a personas sin ingresos, y 3)
resolver problemas derivados del desempleo. Esta opción integraría buena
parte de los gastos recogidos en los puntos 1 y 2 para, con el paso del
tiempo, ahorrar gastos en el punto 3. (...)
Está claro que algo falla en la forma en que se combate el desempleo. Y
lo que falla es la teoría, no tanto la puesta en práctica de la misma. (...) No se enteran o no se quieren enterar de que simplemente esos puestos de trabajo no existen.
Puestos a utilizar dinero público con el objetivo de aumentar el
volumen de empleo, creemos directamente puestos de trabajo mediante un
TG y dejemos de malgastar recursos intentando conectar parados con
empleos inexistentes.
La aplicación del programa en la economía española, teniendo en
cuenta una horquilla salarial de 900 a 1.200 euros mensuales, tendría un
coste del 2,68% del PIB, un coste muy inferior a lo que se podría
recaudar si se combatiese con decisión el fraude fiscal de grandes
empresas y fortunas.
Es más, los sucesivos gobiernos españoles han
dedicado más de un 6,9% del PIB a dar dinero a la banca, endeudándose en
los mercados financieros por ello. Si hubiese voluntad política
cualquier gobierno podría implementar desde ahora mismo un Trabajo
Garantizado, ya fuese recaudando más dinero o endeudándose.
La aplicación del TG desde lo local y lo autonómico
(...) Lo ideal es que los ayuntamientos y autonomías creen créditos
fiscales para desarrollar políticas de TG. Sin embargo, también existen
diferentes vías para mejorar el margen presupuestario.
Desde el gobierno local se pueden modificar o crear nuevas figuras
impositivas siempre desde los principios de izquierda y la justicia
social, teniendo en cuenta que deben ser progresivos, alterar lo mínimo
las decisiones de quienes pagan esos impuestos y lo más simples posible,
puesto que las capacidades de gestión y control tributario son
limitadas en administraciones locales.
Una explicación al respecto de este tipo de figuras impositivas es la
realizada por el profesor de Derecho Financiero y Tributario Agustín
Turiel. Para empezar, sería conveniente reformar:
- 1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): eliminando ciertas exenciones y bonificaciones que vulneran su progresividad. Hay que equiparar la base imponible con la del valor de mercado y elevarlo mediante una escala progresiva que logre que los más acaudalados paguen más.
- 2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: eliminar determinadas bonificaciones y exenciones, así como buscar la progresividad.
- 3. Impuesto sobre Actividades Económicas: recuperar las características que tenía en 2002, logrando que la totalidad de lo recaudado se quede en los ayuntamientos.
En segundo lugar, existen impuestos eliminados que se pueden recuperar:
- 1. Impuesto sobre Gastos Suntuarios: gravar las cuotas de entrada de socios en círculos o sociedades de recreo o deportivos que superen una determinada cantidad.
- 2. Impuesto sobre la publicidad: gravaba la exhibición o distribución de carteles y rótulos de carácter comercial o industrial.
En tercer lugar, se pueden crear diversos impuestos:
- 1. Impuesto sobre bienes suntuarios: gravar productos que revelan una elevada capacidad económica de su propietario
- 2. Impuesto sobre casas vacías.
- 3. Impuesto sobre grandes superficies, centros y cadenas comerciales.
- 4. Impuesto sobre centros de negocios: sobre edificios destinados a oficinas con una superficie superior a un determinado nivel.
- 5. Impuesto sobre estancia en establecimientos turísticos: pagarían los turistas que hagan estancia en dichos establecimientos
- 6. Impuesto sobre la distribución de folletos publicitarios.
- 7. Impuesto sobre titularidad societaria de activos no afectos a una actividad económica: grava a las sociedades mercantiles por los activos que no estén relacionados con una actividad económica.
De acuerdo a un importante número de estudios de viabilidad, el coste
de la implementación del Trabajo Garantizado es perfectamente asumible
por sociedades desarrolladas como la nuestra.
Y aunque la medida está
pensada para ser aplicada desde el ámbito estatal, aunque gestionado en
los ayuntamientos, hay margen para llevar a cabo algunas políticas de TG
desde municipios y comunidades autónomas y aunque la mejor opción es
recurrir a los créditos fiscales como instrumento de financiación,
existen paralelamente mecanismos que redistribuyen el gasto y reforman
determinadas figuras impositivas que otorgarán mayor capacidad de
financiar nuevos empleos en línea con los principios y características
del Trabajo Garantizado."
(*Síntesis del artículo de Eduardo Garzón "Trabajo Garantizado:
aplicación en entidades locales y/o autonómicas", publicado en el número
4 de la revista Pensar desde Abajo , en El salmón contracorriente, 26/01/16)
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