"Mucho se ha hablado últimamente de los esquemas de ingreso básico
universal (IBU). La idea de suministrar a todos los residentes legales
de un país una suma de dinero estándar sin conexión con el trabajo no es
nueva.
El filósofo Tomás Moro ya la defendía en el siglo XVI, y luego
muchos otros, incluidos Milton Friedman a la derecha y John Kenneth
Galbraith a la izquierda, promovieron diversas variantes. Pero
recientemente la idea se ganó muchos más adherentes, y algunos la
consideran una solución a las disrupciones económicas actuales derivadas
de la tecnología. ¿Funcionará?
El atractivo del IBU deriva de tres aspectos clave: provee un “piso”
social básico a todos los ciudadanos; permite a la gente elegir cómo
usar el apoyo recibido; y puede servir para reducir la burocracia de la
que dependen muchos programas de ayuda social. Además, un IBU sería
totalmente “portable”, lo que ayudaría a los ciudadanos que cambian de
empleo con frecuencia, que no cuentan con un seguro social dependiente
de un empleador duradero o que son autoempleados.
Muchos en la izquierda ven el IBU como una forma sencilla de limitar
la pobreza, y lo han incorporado a su programa. A muchos libertarios les
gusta la idea, porque permite (de hecho, exige) a los receptores elegir
libremente cómo gastar el dinero. Incluso personas muy ricas están de
acuerdo, porque les daría la tranquilidad de saber que por fin sus
impuestos sirvieron para erradicar la extrema pobreza en forma
eficiente.
El concepto de IBU también atrae a quienes hacen hincapié en el
desarrollo económico como sustituto (al menos parcial) de las ayudas en
especie que hoy se entregan a los pobres. En América latina ya hay
varios programas sociales locales que contienen elementos de la idea de
IBU, aunque están dirigidos exclusivamente a la población pobre y suelen
estar supeditados a ciertas conductas, por ejemplo que los niños
asistan a la escuela.
Pero la implementación plena de un IBU puede ser difícil, sobre todo
porque plantea algunas preguntas complejas en relación con metas y
prioridades. Tal vez el problema de calibración más evidente sea
determinar cuánto dinero entregar a cada ciudadano (o residente legal).
En Estados Unidos y Europa, un IBU de, por decir algo, 2000 dólares
al año (incluso si se sumara a los programas de bienestar social ya
instituidos) no serviría de mucho, excepto tal vez para aliviar la
pobreza más extrema. Un IBU de 10 000 dólares ya sería otra cosa; pero
según cuánta gente estuviera habilitada a recibirlo, podría costar tanto
como el 10% o el 15% del PIB, lo cual constituye un desembolso fiscal
inmenso, sobre todo si se sumara a otros programas sociales ya
existentes.
Incluso con un incremento significativo de la recaudación impositiva,
para que un ingreso básico tan alto fuera fiscalmente viable, habría
que complementarlo con reducciones graduales de algunos programas de
gasto público actuales (por ejemplo, prestaciones de desempleo,
educación, salud, transporte y vivienda). El sistema definitivo
dependerá de cómo se equilibren estos componentes.
En el mercado laboral actual, que las tecnologías digitales están
transformando, uno de los aspectos más importantes del IBU es la
portabilidad. De hecho, insistir en flexibilizar más el mercado laboral,
sin asegurar redes de seguridad social permanentes a los trabajadores
enfrentados con la necesidad constante de adaptarse a los cambios
tecnológicos, equivale a defender un mundo desigual en el que los
empleadores tienen toda la flexibilidad y los empleados, muy poca.
Para que el mercado laboral moderno sea igualmente flexible para
empleadores y empleados, un IBU debería tener ciertos rasgos esenciales,
como portabilidad y libertad de elección. Pero sólo los libertarios más
extremos favorecerán una entrega de dinero sin ningún tipo de guía
estatal sobre el uso de las ayudas. Sería mejor complementar las
prestaciones con una política social activa que guíe hasta cierto punto
su uso.
En esto, una propuesta recientemente surgida en Francia es un paso en
la dirección correcta. La idea es dar a cada ciudadano una cuenta
social personal con “puntos” parcialmente canjeables, similar a una
cuenta de ahorro, con una contribución pública sustancial que los
titulares complementarán trabajando, estudiando o realizando
determinados tipos de servicio nacional.
Los puntos podrán canjearse por
efectivo en tiempos de necesidad, particularmente para gastos de
entrenamiento y recapacitación, según “precios” preestablecidos y sin
superar cierto límite por período.
Este método parece un buen término medio entre, por un lado, la
portabilidad y la libertad de elección, y por el otro, una política
social que guíe el uso de las prestaciones. Contiene elementos de los
esquemas estadounidenses de seguro social y retiro individual, con la
inclusión además de un compromiso con el entrenamiento y la
recapacitación. El programa podría combinarse con un modelo de pensiones
más flexible para dar lugar a un sistema de solidaridad social moderno e
integral.
El desafío actual (al menos, para las economías desarrolladas) es
implementar sistemas de seguridad social más sólidos y eficientes, dar
más libertad en el uso de las prestaciones y garantizar su portabilidad.
La única forma en que las economías modernas podrán crear los programas
de seguridad social que necesitan es encontrar el equilibrio justo
entre la libertad personal y la guía de la política social." (Kemal Derviş , Project Syndicate, 21/03/17)
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