"La nueva Ley de Memoria Democrática recoge como deber de memoria la
disposición adicional undécima, como reconocimiento institucional y
moral de la sociedad, a «la justa demanda de verdad que reivindican los
afectados por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio», algo
que posiblemente les extrañará a muchos.
Y es que ellos sufrieron la inacción de un régimen dictatorial que
tenía el deber legal de actuación y las competencias necesarias para
hacer frente a la Pandemia de la poliomelitis, lo que provocó el
fallecimiento o maltrato de niños y niñas y personas sobrevivientes con
graves secuelas físicas para el resto de su vida.
Mientras el resto del mundo administró la vacuna necesaria contra la
grave pandemia de poliomielitis, que afectó aproximadamente a 20.000
niños entre 1950 y 1963, los gobiernos de Franco no la administraron, o
lo hicieron muy tarde, sin motivo alguno, provocando así la muerte de
miles de vidas inocentes y numerosísimas secuelas en gran parte de la
población.
La vacuna fue descubierta en Estados Unidos y se comenzó su
administración en el mundo en 1955, menos en España, que no se inició la
vacunación hasta casi diez años después, en 1964. Para entonces, las
consecuencias entre la población, especialmente la infantil, habían sido
desastrosas.
El hambre y las precarias condiciones de vida de la posguerra unidas a
una sanidad desmantelada por Franco provocó focos de polio por toda
España llegando a los 2.500 por año, a partir de la década de los 50, y
no descendiendo hasta los sesenta cuando se normalizó el uso de la
vacuna, según las cifras recogidas en la investigación «La
poliomielitis. Una negligencia del franquismo.
Una
de esas niñas afectadas es Rosa Hernaz, integrante de la plataforma
«Niños y niñas de la polio», formada por unas 400 personas de toda
España. En una entrevista en la cadena SER, Rosa ha recordado los
inicios de su enfermedad y como «en los hospitales estaban esperando a
que se recuperase un niño un poquito para sacarlo del pulmón de acero y
poner a otro».
La escalofriante imagen de niños y niñas en aquellas cajas metálicas
que les ayudaban a respirar, los pulmones de acero, solo fue erradicada
una vez se pusieron en marcha campañas de vacunación.
Rosa reclama la tardanza en la vacunación por parte del régimen
franquista, por eso no entienden el rechazo que existe hoy en día, 60
años después, a una vacuna que, igual que entonces, ha salvado la vida
de incontables personas.
Tal y como relata, una vez llegó la vacuna a España la llevaban a los
pueblos con burros y neveras de las antiguas botellas de Coca-Cola.
Cuando llegaban las vacunas estaban caducadas. Además, la dosis indicada
solo se siguió el primer año. A todo esto hay que sumar que la versión
que se compró en España era diferente de la original, una versión más
barata.
Reclamaciones
Los afectados denuncian las secuelas de una epidemia de la que
sobreviven más de 50.000 afectados en nuestro país. Lo que se pide por
encima de todo es el reconocimiento de esta generación, cuyas demandas
han sido incluidas en la ley de Memoria Histórica que está por aprobar.
También piden rehabilitación muscular, ya que la falta de ello
agarrota sus músculos y hace que sufran fibromialgias muy a menudo.
La dictadura ocultó el desastre, pero hoy sobreviven con las secuelas
entre 40.000 y 50.000 afectados que no han sido reconocidas como
víctimas del régimen." (Luna Izquierdo, Contrainformación, 19/12/22)
"Con más de dos tercios
de la población del continente africano todavía sin vacunar contra la
COVID-19, está claro que el régimen global de preparación y respuesta
frente a las pandemias (PRP) sigue estando seriamente subfinanciado y no
cuenta con sistemas de entrega eficaces y resilientes.
Si bien el
Acelerador de Herramientas de Acceso contra la COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator
(ACT-A)) ha ayudado a abordar la enorme desigualdad en el acceso a las
pruebas, tratamientos y vacunas, carece del respaldo necesario para
apoyar de manera integral a los países de bajos ingresos.
Estudios científicos y económicos han
demostrado que una futura pandemia que se transmita por vía aérea podría
matar a millones de personas y causar un caos económico, especialmente
en el contexto de una urbanización en aumento e intensificación del
cambio climático. Es inevitable la aparición de un nuevo patógeno y,
cuando venga, bien podría significar una amenaza existencial para la
humanidad. Al igual que con la lucha contra el cambio climático, los costes de la inacción son mucho mayores que los de actuar a tiempo.
En octubre pasado, la Presidencia italiana del G20 publicó
un mapa de ruta de PRP para asegurar que el mundo esté mejor preparado
para el próximo desafío de salud global. En los próximos días, los
ministros de finanzas y directores de los bancos centrales de los países
del G20 recibirán un informe de avances de la Fuerza de Tareas Conjunta
sobre Finanzas y Salud del G20, la entidad creada para monitorear su
desempeño. Un próximo paso de crucial importancia es crear un Fondo
Financiero Intermediario (FFI) adecuadamente financiado. La OMS y el
Banco Mundial estiman que existe una brecha de financiación de al menos $10, 5 mil millones
para el PRP.
Debemos considerar esa cifra como el mínimo absoluto de
fondos adicionales necesarios cada año para asegurar un acceso
igualitario a las vacunas, las pruebas y las terapias, la vigilancia de
patógenos, e investigación y desarrollo, la manufactura y la
infraestructura de salud. No hay ninguna buena razón para que el G20 no sea capaz de reunir otros $10,5 mil millones al año. Es una ínfima fracción
de los billones de dólares destinados a mitigar la actual pandemia, por
no mencionar los billones que se perderían en caso de otra crisis
sanitaria global.
En todo caso, para tener éxito el FFI debería cumplir
con cuatro condiciones.
La primera es que no debe financiarse mediante
promesas o iniciativas de reposición ocasionales, ya que son demasiado
inestables. En su lugar, los gobiernos deben acordar la entrega por
adelantado de los fondos para los primeros cinco años, al tiempo que
adoptan medidas para generar compromisos financieros para el FFI en sus
presupuestos anuales.
Este fondo inicial debería promover mecanismos financieros combinados e
innovadores para apalancar las inversiones del FFI. Los gobiernos,
bancos de desarrollo, filántropos y corporaciones ya están creando
nuevas formas de colaboración
para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Los líderes del
G20 deben crear un grupo de expertos para identificar mejores prácticas
de los modelos de financiación verdes que se puedan utilizar para
inversiones en PRP.
Más aún, debido a que los países de ingresos bajos y
medios enfrentan estrechas limitaciones fiscales, toda inversión
adicional que hagan en sus sistemas de salud pública y PRP debería ser
reconocida como contribución en especie al FFI (siempre que sea
compatible con los objetivos generales del fondo).
Segundo, el FFI debería contar con un mecanismo de evaluación basado en indicadores acordados en común
sobre el impacto socioeconómico de una inversión, para asegurar el uso
eficiente de estos nuevos recursos y dar confianza a los donantes de que
hay un retorno medible de su compromiso de largo plazo con el FFI.
Tercero, la financiación del FFI no debe socavar programas que estén
dando respuesta a otras necesidades urgentes de salud pública. Los
aportes de los países de ingresos altos se deberían hacer en adición a
la ayuda para el desarrollo oficial ya existente, a fin de asegurar que
el FFI no signifique recortes a otras partidas destinadas a ayudas.
Por último, como reconoció la Declaración de Roma de los Líderes del G20,
el FFI debe apuntar a un acceso universal y una gobernanza inclusiva
para asegurar su legitimidad ante los países de ingresos bajos y medios.
Por ejemplo, la innovación y producción farmacéuticas deberían estar
regidas por el principio de inteligencia colectiva, que llama al
aprovechamiento común más amplio posible de los conocimientos
subyacentes,
El FFI debe alejarse del marco ya caduco y desigual de donantes y
beneficiarios. La representación dentro de su estructura de gobernanza
formal se debería distribuir por igual entre países de ingresos bajos,
medios y altos. Asimismo, debe haber un núcleo de instituciones de
implementación global y regional, como la OMS y los Centros de Control
de Enfermedades africanos, así como representación de expertos
independientes de toda la sociedad.
Para evitar disputas burocráticas
entre entidades de gobernanza global, el Banco Mundial debería albergar
al FFI, con la OMS desempeñando un papel líder en el desarrollo y
ejecución de estrategias. Al mismo tiempo, ambas organizaciones deberán
reconocer que la mejor manera de desarrollar conocimientos, experiencia y
capacidad es fomentar la máxima participación de todos los actores
interesados, a través de relaciones de colaboración plenamente
transparentes. La Presidencia de Indonesia del G20 de este año debe
asegurar que el FFI se haga realidad.
Pero primero, quienes se reúnan en
los encuentros de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional deben ponerse de acuerdo sobre su financiación y
arquitectura, garantizando que el FFI cumpla con las cuatro condiciones
descritas arriba. Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID-19, es
que necesitamos un radical cambio de dirección. Un PRP bien diseñado y
completamente financiado es un paso crucial en el camino a lograr la
misión de Salud para Todos de la OMS." ( Mariana Mazzucato
, Alan Donnelly , Project Syndicate, 20/04/22)
"Tras
una pandemia devastadora, millones de personas han muerto y las vidas
de muchas más han sido afectadas. Muchos de quienes sobreviven,
desgastados por la sensación de que su trabajo es inútil y por la brecha
infranqueable que separa a los ricos de los demás, se niegan a volver a
sus antiguos trabajos o renuncian en masa. Agotados de trabajar en
exceso por un sueldo mísero, sienten que merecen una vida mejor.
Esta podría ser una historia actual, pero también es el patrón que surgió en toda Europa después de una de las pandemias más mortíferas que se hayan registrado en la historia, la de la peste negra.
Las
luchas por los salarios y el valor del trabajo que definieron los años
después de la peste fueron, en cierto sentido, tan dramáticas como la
pandemia misma. Al final, estalló la violencia en Europa. Teniendo en
cuenta nuestra situación actual, vale la pena prestar atención a la
cadena de acontecimientos que condujeron, eslabón por eslabón, de la
pandemia al pánico y a la insurgencia sangrienta.
La
peste negra, como ahora la llamamos, fue abriéndose paso por el
continente euroasiático de 1347 a 1351. El historiador árabe Ibn Khaldun
la recordó con horror:
“Las civilizaciones oriental y occidental vieron la llegada de una
destructiva plaga que devastó naciones e hizo que la población
desapareciera. Engulló muchos de los atributos de la civilización y
acabó con ellos”.
Europa, donde la peste fue especialmente devastadora, perdió más o menos entre una tercera parte y la mitad de su población (aunque los historiadores todavía debaten la cifra). “Muchas tierras y ciudades quedaron desoladas”, escribió
el historiador italiano Giovanni Villani en 1348. “Y esta peste duró
hasta _____”. Nunca pudo escribir la fecha, la peste se lo llevó antes
de que eso sucediera.
Cuando pensamos
en la peste negra, tendemos a pensar en las escenas horripilantes que se
relatan en las ciudades: los cadáveres amontonados, las fosas donde se
arrojaban los cuerpos, sin que se les diera sepultura. Sin embargo, lo
que los contemporáneos también encontraron espeluznante fue lo que
vieron en el campo: no fueron escenas de destrucción, sino visiones de
abundancia y crecimiento. Campos de cereales listos para la cosecha bajo
el sol. Vides cargadas de uvas. Estas imágenes eran inquietantes porque
sugerían que no quedaba nadie vivo para recoger las cosechas.
“Muchas fincas bellas y nobles / yacen ociosas sin quienes las trabajen”, escribió el poeta y compositor Guillaume de Machaut, quien sobrevivió a la peste escondiéndose en su torre. Su poema continúa:
El ganado vaga sin rumbo Los campos yacen en el absoluto abandono Pastando entre los maizales y las vides Van donde les place Y no tienen amo, ni pastor Ningún hombre que junte el rebaño
Después
del colapso demográfico, hubo una tremenda escasez de mano de obra. Y
así, después del impacto inicial, acorde con las predicciones que harían
los economistas modernos, el precio de la mano de obra se disparó.
Machaut escribió:
Ningún hombre pudo hacer que se labraran sus tierras Ni se cosecharan sus granos ni se cuidaran sus vides Ni aun pagando el triple No, seguramente, ni siquiera pagando veinte veces más Porque tantos habían muerto
Los
trabajadores de todo tipo —los campesinos jornaleros, los artesanos en
las ciudades, incluso los párrocos miserables que habían tenido que
darle los sacramentos a los moribundos— analizaron su vida cuando la
pandemia cedió y revaluaron su valor. Vieron un sistema que se inclinaba
imposiblemente en su contra.
Por ejemplo, en Inglaterra, cerca de la mitad de la población
estaba legalmente atada a la tierra en régimen señorial, obligada a
trabajar para su señor local. Sin embargo, de repente, estos
trabajadores parecían tener cierto poder de negociación. Ya no estaban
obligados a soportar exigencias irrazonables. Sus empleadores ya no
podían dar por hecho que trabajarían para ellos.
Para
empezar, necesitaban salarios más altos para enfrentar la inflación
rampante que siguió a la peste: en Inglaterra, a pesar de la disminución
del costo de algunos productos básicos como los cereales, los precios
de los bienes de consumo en general aumentaron cerca de un 27 por ciento
de 1348 a 1350. Los jornaleros se quejaban de que no podían cubrir sus
necesidades básicas y, si no se les pagaba lo que pedían, abandonaban el
arado, huían de las aldeas de sus señores y se marchaban en busca de un
mejor trato.
El golpe demográfico no
ha sido tan brutal durante la COVID-19, pero aun así los trabajadores
estadounidenses han revaluado lo que significa trabajar y lo que vale su
trabajo —y un número histórico ha abandonado su empleo como parte de la Gran Renuncia de los últimos meses. Alrededor del tres por ciento
del total de los trabajadores estadounidenses renunciaron a sus empleos
tan solo en noviembre, según informó el Departamento del Trabajo. De
acuerdo con una encuesta de septiembre, el 46 por ciento de los empleados de tiempo completo estaba considerando cambiar de empleo o en busca de uno.
En
especial los puestos de trabajo mal pagados que no requieren
especialización se han vuelto difíciles de cubrir, mientras que las
redes sociales están llenas de debates airados sobre cómo son necesarios
dos o incluso tres empleos para pagar el alquiler promedio en una
ciudad promedio.
En los últimos meses
se han producido varias huelgas de gran repercusión en las que los
trabajadores exigen una compensación justa, con notables éxitos
sindicales en Kellogg y Deere.
En este sentido, estamos viendo ecos de la situación que siguió a la
peste negra, ya que los trabajadores se niegan a volver a las
condiciones prepandémicas y han revaluado sus necesidades y su valor.
Demasiados cambios en dos años. El mundo es otro.
A
medida que nos dirigimos hacia una nueva era pospandémica, las
tensiones en el mercado laboral del siglo XIV pueden enseñarnos algo
sobre la inestabilidad que se avecina.
En
los años posteriores a la peste, los terratenientes de los señoríos y
los nobles de toda Europa observaron, primero con indignación y luego
con furia, cómo la gente abandonaba sus trabajos y se iba a buscar una
vida mejor. Lo que siguió fue una ola de leyes provocadas por la
histeria que intentaron devolver la economía a lo que había sido antes
de la peste. Los estatutos y las ordenanzas congelaron los salarios en
los niveles anteriores a la peste; hicieron que fuera ilegal abandonar
la tierra del amo, que fuera ilegal huir; en la práctica, hicieron que
el desempleo mismo fuera ilegal.
El
Estatuto Inglés de los Trabajadores condenaba a los campesinos que
huyeran de sus contratos señoriales a que se les marcara una ‘F’ en la
frente, por ‘Falsedad’. En Italia, las nuevas leyes laborales
florentinas, llamadas abiertamente
“contra los trabajadores rurales”, declaraban que aquellos que
descuidaran las tierras de su amo podían ser juzgados como rebeldes y se
les podía arrastrar por las calles con cadenas al rojo vivo y
enterrarlos vivos.
La
presión continuó aumentando: por una parte, una nueva mano de obra
envalentonada exigía un salario digno, la posibilidad de prosperar; por
la otra, los reyes y los consejos, los señores y los ricos comunes,
estaban decididos a que nada cambiara.
Al
final, la presión fue demasiada. En la segunda mitad del siglo, la
violencia estalló en toda Europa. Los trabajadores tomaron las calles de
las ciudades importantes. Quemaron los registros señoriales y los
contratos de trabajo. Destruyeron toda evidencia de su servicio y sus
vínculos con la tierra.
Un conmocionado cronista de Francia escribió
en 1358 que los campesinos indignados “asesinaron, mataron y masacraron
sin piedad a todos los nobles que pudieron encontrar, incluso a sus
propios señores. Y no solo eso: arrasaron con las casas y fortalezas de
los nobles”.
En respuesta, los nobles
comenzaron a incendiar los poblados y a asesinar a los jornaleros. El
mismo cronista francés describe que atacaron “no solo a los que creían
que los habían dañado, sino a todos los que encontraron, ya fuera en sus
casas o cavando en los viñedos o en los campos”.
En
Inglaterra, el resentimiento popular por los impuestos y las enormes
desigualdades generaron el vandalismo y la violencia de el Gran
levantamiento de 1381. Las turbas ejecutaron
al canciller y colocaron su maltrecha cabeza en el puente de Londres.
Exigían el fin del señorío y no reconocían otra autoridad más que la del
rey.
Por supuesto, existen muchas
diferencias importantes entre nuestra situación política y financiera y
las de las décadas posteriores a la peste. Empero, el creciente
sentimiento de frustración entre la vasta clase trabajadora de nuestro
país nos une con esos campesinos y artesanos medievales que desafiaron
las expectativas de la élite para buscarse una vida mejor.
A lo largo de los últimos cuarenta años, la mayoría de los estadounidenses han visto como sus salarios se han estancado en relación con el costo de vida. Las leyes fiscales promulgadas en 2017 durante el gobierno de Trump establecieron exenciones
que beneficiaban a los ricos de manera desproporcionada. Y nosotros, al
igual que los campesinos medievales, estamos ante el espectáculo de los
individuos a los que les sobra el dinero y su costoso aventurerismo.
Las fortunas de los multimillonarios estadounidenses crecieron un 70 por ciento durante la pandemia y, como nos enteramos este verano, algunos de ellos no han pagado impuestos o han pagado montos ínfimos desde siempre.
Los
ricos nos están tomando el pelo al resto en un sistema que está sesgado
en nuestra contra. La izquierda y la derecha lo formulan de manera
distinta, pero todos estamos conscientes de esa brecha.
El
estado de ánimo de Estados Unidos está por los suelos y está dividido
hasta lo más profundo. Si vemos hiatos de violencia, predigo que es
menos probable que se asemejen a la política revolucionaria de las
insurgencias medievales que a las atrocidades irracionales e insensatas
que a menudo ocurrían en las sombras de esos levantamientos, cuando las
turbas dirigían su mirada a grupos marginales: judíos acusados de envenenar pozos;
flamencos acusados de dejar sin empleo a los ingleses, algunos de los
cuales fueron perseguidos en las calles y asesinados ante la vista de
todos.
Entonces, ¿cómo podemos atender las profundas desigualdades y evitar la violencia ocasionada por el resentimiento?
Los
electores estadounidenses necesitan una historia compartida en la que
los hechos encajen sin buscar chivos expiatorios ni alimentar la
paranoia conspirativa. Es momento de actuar justo porque compartimos
algunos fragmentos de la historia: el cansancio y la cautela; la
sensación de que no podemos salir adelante; la indignación de que los
poderosos nunca sean llamados a rendir cuentas.
Las
grandes revueltas medievales reunieron a personas de muy diversa
índole, rurales y urbanas: no solo campesinos, sino también artesanos,
albañiles, comerciantes menores e incluso al clero. Un movimiento
laboral colectivo podría hacer algo similar por nosotros ahora.
Las
victorias sindicales de los meses pasados son un gran ejemplo de cómo
los trabajadores pueden unirse y aprovechar este momento de disidencia, y
un ejemplo de cómo las élites corporativas pueden fortalecer la lealtad
de los empleados en un momento en el que hay tanta rotación de
personal.
También tenemos que debatir
de manera más proactiva la creciente brecha de la desigualdad de
ingresos que ha marcado este nuevo siglo. En este momento, el uno por
ciento de los que más ganan posee casi un tercio
de toda la riqueza de Estados Unidos, mientras que el 50 por ciento de
los que menos ganan poseen alrededor del 2,5 por ciento. Hace tiempo que
sabemos que una desigualdad tan pronunciada ahoga el crecimiento
económico, y esa es una historia que debemos seguir contando.
Pero
las respuestas también deben recaer en nuestra propia élite dirigente.
Los legisladores de Estados Unidos deben aliviar la tremenda, y
potencialmente violenta, presión que se acumula con acciones que aborden
aquello que contribuye a nuestro sentimiento nacional de impotencia:
aumentar el salario mínimo, ayudar con la deuda, equilibrar el código
fiscal para que los ricos paguen lo justo, crear puestos de trabajo
sólidos en infraestructuras, y proporcionar cobertura de cuidado
infantil y sanitaria para los trabajadores estadounidenses (una medida
que también ayudaría a los pequeños empresarios).
En
lugar de ver con impotencia las divisiones, podemos buscar que todos
los estadounidenses tengan prosperidad y oportunidades. Imaginen el
sentimiento de orgullo y propósito compartidos que podríamos tener.
Estas medidas de apoyo a los consumidores inyectarían dinero al sistema
en su base. La economía en su conjunto se vuelve más estable cuando hay
una amplia base de personas que tienen dinero en efectivo para gastar.
En lo político, el país podría ser menos propenso a la agitación. Los
jóvenes podrían incluso sentir esperanza.
Pero
la élite que está dispuesta a pensar a largo plazo es poca. La mayoría,
como las élites de toda Europa después de la peste, prefieren aferrarse
más a lo que tienen, y tratan de evitar que otros alcancen la
prosperidad compartida, y al aferrarse a que todo sea para ellos, al
final empujan a sus naciones a la crisis y lo único que queda son
disturbios, luto, miedo, llamas y miseria."
"La incertidumbre y la ansiedad provocan que las personas busquen
explicaciones simples, también simplistas, ante fenómenos complejos,
como las crisis económicas. O la pandemia de covid,
que ha trastocado la vida de medio mundo.
Este fenómeno ha provocado
que una proporción importante de la ciudadanía española abrace algunas ideas conspirativas,
según se observa en el último estudio de percepción social de aspectos
científicos de la covid-19. Josep Lobera, director científico de la
encuesta, lo explicó así durante la presentación del trabajo: “Ahora
somos más conspiranoicos en general porque lo necesitamos. Porque cuando
pierdes el control sobre tu vida, tienes necesidad de respuestas
alternativas”.
En el estudio se observa
que existe un “porcentaje significativo” de personas que confían en
algunas teorías de la conspiración. Por ejemplo, uno de cada cuatro
españoles (25%) cree “firmemente” que existen “organizaciones secretas
que influyen mucho en las decisiones políticas”, frente al 17% que cree
firmemente en lo contrario. Además, y a pesar de los esfuerzos de
divulgación, casi un tercio de la población española (31%) está
totalmente convencida de que las mascarillas son malas para su salud
(solo el 16% está en total desacuerdo).
Llevado al terreno de la
vacunación, hay un 14% de los españoles que están absolutamente seguros
de que las farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas y un 11%
están convencidos de que se engaña sobre su eficacia.
Esta mentalidad, explica el estudio, está ligada sobre todo a la existencia de creencias conspirativas
previas acerca de las vacunas, pero también a la desconfianza en las
instituciones políticas, y al hecho de haber experimentado dificultades
por culpa de las medidas de contención de la pandemia. Lobera atribuye este fenómeno al pensamiento motivado, el mecanismo psicológico que nos lleva a buscar información que nos ayude a justificar nuestras ideas.
“En
lugar de sopesar la información de una manera abierta, atendemos,
criticamos y recordamos información de manera selectiva, de un modo que
refuerza nuestras conclusiones previas”, explica el informe. Y esto está
claramente influido por la vivencia personal durante la pandemia.
“Grupos más afectados por las medidas contra el coronavirus, que ven
peligrar en mayor medida su forma de vida o valores, tenderán a activar
en mayor medida mecanismos de razonamiento motivado”, se lee en el
documento. O como resumió Lobera: “La vida que tenemos condiciona lo que
creemos”. En ese sentido, el contexto informativo ha sido decisivo
también, ya que 6 de cada 10 españoles ha recibido mensajes, por medios
de comunicación o redes, que los animaban a no vacunarse.
El estudio presentado hoy es la tercera oleada de esta
encuesta, que se inició el verano pasado con la intención de conocer
cómo la ciudadanía española estaba percibiendo la ciencia asociada a la
pandemia, lo que permitiría actuar en consecuencia. Desde las primeras
entrevistas se empezó a percibir un recelo muy generalizado hacia las vacunas
que se desarrollaban en los laboratorios en esos momentos. Así, en
verano llegó a contabilizarse hasta un tercio de los españoles que se
negarían en rotundo a vacunarse contra la covid y otro tercio con importantes dudas. Ahora, en esta última oleada, el 83% o se ha vacunado ya o lo hará en cuanto pueda y no llegan al 4% los “reticentes radicales”. Los datos de esta oleada se recogieron durante las tres primeras semanas de mayo.
En España se confía en las vacunas
El
vuelco desde el recelo a la masiva aceptación se ha debido a tres hitos
fundamentales, según este estudio: la aprobación de las vacunas por las
autoridades sanitarias y médicas, el inicio de una campaña de
vacunación, “con la difusión de imágenes de personas de todas las edades
y personal sanitario recibiendo la vacuna”, y la aparición de nuevas
amenazas, en forma de variantes más contagiosas y nuevas olas, que
obligan a mantenerse alerta. En la actualidad, entre quienes rechazan
vacunarse hay un alto porcentaje, cerca de un tercio, que lo que no
quieren es ponerse una vacuna específica. En ese sentido, la directora
del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, reconoció en la
presentación que han aprendido que debe cambiarse la forma de comunicar
los riesgos, en alusión a la crisis por los efectos derivados de la
vacuna de AstraZeneca. “Comunicar los riesgos debe ser algo más complejo que simplemente decir que las vacunas son seguras”.
Pero
hay un factor español que ha ayudado especialmente, como explica
Lobera, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid: “En
otros países, el vuelco no ha sido tan fuerte. Ha jugado a favor esa
base que tenemos de confianza en el sistema público de salud”. “Vivimos
de esa renta acumulada de confianza previa en las vacunas infantiles,
pero también influyó ver que la vacunación funciona bien en otros
países, que se reducen drásticamente los brotes y muertes en las
residencias de mayores”, añade el investigador. No obstante, Lobera
advierte de que esta volatilidad de la confianza debe funcionar como una
“señal de alerta” de que no conviene relajarse y “no cantar victoria
antes de tiempo”, por si las variantes influyen en la vacunación o hay
que renovar la vacunación con nuevas dosis.
Esa
percepción del riesgo también es importante respecto al comportamiento
de prevención frente a la covid, como el uso de mascarillas o el
distanciamiento de otras personas. Esta disposición ha sufrido “cierto
relajamiento” entre enero y mayo, reconoce Lobera. Junto a la percepción
del riesgo, los factores que más se asocian a este cumplimiento son los
costes asociados a esas medidas, la mentalidad conspirativa, la
confianza institucional y el comportamiento del entorno social
inmediato, que es el más importante. “Lo que hacen en el entorno social
de una persona es decisivo. Somos seres sociales y en una reunión
familiar, por ejemplo, no queremos ser el elemento discordante”, explica
Lobera." (Javier Salas, El País, 28/06/21)
"Un veraniego fin de semana de hace un año, una de las madres de la vacuna de Oxford, la científica británica Catherine Green,
se fue de camping con su hija de nueve años.
Allí, en las montañas del
noroeste de Gales, se puso a hablar con una mujer que paseaba a un
perro. La excursionista desconocida empezó por quejarse de la red de
telefonía móvil 5G y acabó dando su opinión sobre la vacunación contra
la covid:
“Yo no digo que esté demostrado que hay una conspiración, pero
me preocupa que no sepamos qué le echan a las vacunas: mercurio y otros
compuestos tóxicos. No me fío de ellos. No nos cuentan la verdad”.
Green, descalza y vestida de dominguera, era literalmente la jefa de la
fabricación de la vacuna de Oxford. “Yo soy ellos”, respondió.
La investigadora y su colega Sarah Gilbert han publicado un libro, Vaxxers
(algo así como “Creadores de vacunas”, de la editorial Hodder &
Stoughton), en el que narran su frenética carrera para obtener una
vacuna y desmontan la imagen maléfica creada por la calenturienta
imaginación de los amantes de las conspiraciones. Green cuenta que
estaba recién divorciada, y con su hija a su cargo, cuando llegó la
pandemia.
Aquel día de camping, le detalló a su interlocutora los
ingredientes reales de la vacuna. “Yo no soy eso que les inquieta: una
élite global, en busca de poder y control. No tengo el número de
teléfono de Bill Gates. No sé cómo poner un nanorrobot rastreador en una
vacuna. Solo soy Cath, la hija de un trabajador portuario, haciendo lo
mejor que puedo con mis conocimientos y mis compañeros, y echando de
menos abrazar a mis padres, como cualquier otra persona”, expone la
investigadora en el libro.
Catherine Green es la jefa de la fábrica de medicamentos experimentales
de la Universidad de Oxford. Y Sarah Gilbert es una de las principales
vacunólogas de la institución. “No somos la industria farmacéutica ni
somos un ellos. Somos dos personas normales que, junto a un
equipo de otras personas muy trabajadoras, hicieron algo
extraordinario”, reflexiona Gilbert. “No tenemos sirvientes ni chófer ni
niñera y, como los demás, tenemos otros asuntos en nuestras vidas”,
recalca.
Gilbert y la inmunóloga Teresa Lambe
diseñaron la vacuna en cuanto se publicó el genoma del nuevo
coronavirus, el 10 de enero de 2020, cuando la mayoría de la humanidad
ni siquiera había oído hablar de esta amenaza. Gilbert recuerda aquel 1
de enero, cuando, en su casa, leyó que había cuatro casos de una
neumonía desconocida en la ciudad china de Wuhan. Tomó nota mentalmente y
se fue a la cocina a hacer un puzle con su marido y sus tres hijos. A
medida que pasaban los días, Gilbert decidió diseñar cuanto antes una
vacuna “por si acaso”.
La vacuna de Oxford, en realidad, ya estaba medio hecha. El
equipo de Sarah Gilbert llevaba desde 2012 utilizando adenovirus del
resfriado del chimpancé como vehículo para introducir en el cuerpo
humano material genético de otros virus y generar defensas. Los
investigadores ya habían elaborado vacunas experimentales contra la
gripe y contra otro coronavirus, el del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS). Estaban preparados para la llegada de una enfermedad X. Solo
había que añadir a la fórmula la información genética del nuevo virus,
que llegó a su buzón de correo electrónico el 11 de enero, un sábado por
la mañana. Todavía en pijama, Teresa Lambe se puso a trabajar en su
casa. En 48 horas, Gilbert y Lambe habían escogido el fragmento de la
secuencia del virus idóneo para ser el ingrediente principal de una
vacuna. El 22 de enero, Gilbert reclutó a Green para fabricar el
medicamento y ensayarlo en humanos.
Las investigadoras
relatan su lucha para lograr financiación. “Somos las únicas que podemos
hacer esto, así que tendremos que hacerlo y arreglar después el tema
del dinero”, afirmó Gilbert en una reunión. Sobre la mesa de su despacho
hay una taza con el lema: “Keep calm and make vaccines” (mantén la
calma y haz vacunas). El equipo decidió meterse en gastos que no podían
asumir, confiando en que llegaría dinero en algún momento. “Pediríamos
perdón, no permiso”, resume Gilbert en el libro. A medida que la
humanidad se percataba de la que se venía encima, fue llegando la
financiación. La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias
—la CEPI, fundada por los gobiernos de Noruega e India, la Fundación
Bill & Melinda Gates, el Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial—
puso los primeros 300.000 euros. En marzo, la Agencia de Investigación e
Innovación de Reino Unido puso otros 2,35 millones de euros. El 21 de
abril, el Gobierno británico añadió 23,5 millones de euros. Y EE UU
acabó poniendo más de 1.000 millones de euros para acelerar los ensayos.
Catherine
Green recuerda que, normalmente, se necesitan varios meses para
conseguir los suficientes voluntarios para ensayar una vacuna
experimental. En el caso de la covid, miles de personas dieron un paso
al frente en apenas unas horas, pese a que implicaba comprometerse a
hacerse incómodos análisis todas las semanas durante meses. “Esto
refuerza mi convicción de que las personas son, en general, buenas,
generosas y altruistas. Siempre vale la pena recordar que la vacuna no
habría sido posible sin ellos”, escribe Green.
Vaxxers describe una odisea científica. Sarah Gilbert
asegura que, al haber sido madre de trillizos 20 años antes, estaba
acostumbrada a los grandes desafíos. “De repente me convertí en el
principal sostén de una familia de cinco personas, durmiendo un par de
horas cada noche. Aquello sí era presión”, relata. Para lo que no
estaban preparadas era para los bulos que empezaron a brotar por todas
partes. El 23 de abril, la microbióloga Elisa Granato,
de la Universidad de Oxford, se presentó voluntaria para ser una de las
primeras personas en recibir la vacuna. Inmediatamente, por las redes
sociales circuló la mentira de que había muerto. “¿Quién utiliza su tiempo para inventarse algo así?”, exclama Green.
Al calor de los bulos
surgieron movimientos antivacunas, que incluso llegaron a manifestarse
frente a los laboratorios de Gilbert y Green. “No entiendo a los
antivacunas. ¿Por qué alguien se opone ideológicamente a una medida de
salud pública que es segura, rentable, salva millones de vidas y evita
que la gente tenga que vivir con una discapacidad provocada por
enfermedades como la polio, la viruela y la covid?”, se pregunta
Gilbert.
Las científicas también se toparon con una
resistencia inesperada: algunas religiones. La vacuna de Oxford contiene
50.000 millones de partículas virales en una dosis de medio mililitro,
con cantidades ínfimas de otros compuestos inocuos que sirven para
estabilizar el producto, como la sal común y la sacarosa. También hay
0,002 miligramos de etanol en cada dosis. La Asociación Británica de
Medicina Islámica dictaminó que no era suficiente alcohol como para
estar prohibida para los musulmanes.
En el proceso de fabricación de la vacuna, la Universidad de
Oxford y su socio industrial AstraZeneca emplean células HEK-293,
derivadas de otras obtenidas originalmente del riñón de un feto abortado
por motivos terapéuticos en 1972. Son células que se multiplican sin
límite y se utilizan desde hace décadas para producir vacunas, por
ejemplo contra la varicela y la rubeola. Todas estas células proceden de
aquel único feto donado tras un aborto legal. El Vaticano ha mostrado
su rechazo a la técnica, pero el 21 de diciembre decretó que era
moralmente aceptable vacunarse, celebra Gilbert.
Vaxxers
también relata el choque de las científicas con la prensa
internacional, en un momento en el que, como dice Green, la vacuna se
convirtió en “el único tema del mundo”. Los paparazzi aparecieron por el
campus. Si las investigadoras comentaban sus resultados, eran acusadas
de falta de rigor por no comunicarlos a través de los canales
científicos habituales. Si guardaban silencio, eran señaladas por su
falta de transparencia. A finales de enero de 2021, el periódico alemán Handelsblatt
publicó, sin ninguna prueba, que la vacuna de Oxford tenía una eficacia
de solo el 8% en las personas mayores. Era mentira, pero hasta el
presidente francés, Emmanuel Macron, repitió el bulo. “Este tipo de
desinformación [...] cuesta vidas. Gente que se podría haber vacunado no
se vacunó. Y algunos de ellos morirían”, lamenta Green. La realidad es
que la vacuna de Oxford tiene una eficacia de más del 90% frente a la covid grave." (Manuel Ansede, El País, 08/08/21)
En España, el consumo de este producto estaba estancado en los últimos
años, pero en el último han vendido un 45% menos, explica la patronal
Produlce. Algunas causas están relacionadas con el coronavirus: el
cierre de tiendas pequeñas, el uso de mascarillas y el teletrabajo, dado
que muchos chicles se consumen en la oficina. Otras apuntan a un cambio
social, como que los jóvenes prefieren mirar el móvil que mascar o que
ya no se considera un producto tan saludable.
Motivo este último que ha
empujado a alguno de los grandes fabricantes del sector, como Mondelez, a
innovar en sus productos y a lanzar novedades, por ejemplo chicles con
flúor, en las que han buscado alianzas con líderes mundiales en el
cuidado bucodental.
La goma de mascar existe desde hace siglos —se ha llegado a encontrar uno con 5.000 años de antigüedad—,
pero vivió su momento álgido a partir de la II Guerra Mundial, cuando
los soldados estadounidenses la consumían para paliar el hambre y
distraerse, algo que popularizó su uso a ambos lados del Atlántico. A
partir de entonces, su imagen se asoció a la cultura popular, sobre todo
en la boca de jóvenes rebeldes que desafiaban la autoridad. Así lo
reflejó, por ejemplo, el musical Grease (1978), donde el personaje de Franchy inflaba enormes pompas rosas. En España, Quimi, el personaje más malote de la serie Compañeros (1998-2002), también mascaba a todas horas.
Ahora,
el hábito está cambiando, como muestra el descenso de ventas en Estados
Unidos. ¿Puede tener que ver con que aparezcan menos chicles en la
pantalla? “El cine y la televisión reflejan la sociedad pero también la
configuran, si algo sale más en las series es porque se consume, y a la
vez le da más visibilidad para que su consumo sea aceptable”, explica
Rafael Serrano, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados
del CSIC.
“Mascar chicle se ha convertido en algo menos aceptable socialmente”, explicó en una entrevista Dirk Van de Put,
director de Mondelez, uno de los principales fabricantes. A falta de
estudios específicos, pueden intuirse varias causas. Por ejemplo, uno de
los momentos preferidos para mascar chicle es durante las esperas (en
el colegio, en la tienda, en el trabajo), pero ahora la mayoría de la
gente prefiere mirar sus smartphones en esos ratos muertos.
Además, los jóvenes tienen más actividades en las que gastar su dinero
—videojuegos, internet— y la goma de mascar no se ve como un producto
muy saludable.
El tecnólogo de los alimentos Miguel Ángel
Lurueña explica que el ingrediente principal de los chicles es la goma
base, formada a partir de muchos ingredientes, uno de los cuales suele ser el acetato de polivinilo, “un polímero que coloquialmente podemos llamar plástico”.
En cualquier caso explica que “si nos tragamos uno por accidente no
pasa nada porque no lo digerimos; el único problema podría ser si nos
tragáramos muchos de golpe, lo que podría producir una obstrucción
intestinal”. La patronal del sector, en cambio, destaca que es un
producto que no aporta ninguna caloría pero produce efecto saciante.
Un consumo social
Rubén
Moreno, secretario general de Produlce, que aglutina al 80% del sector
—y también a golosinas y chocolates—, considera que la caída del 45% en
España durante 2020 es coyuntural: “El chicle tiene un cierto consumo
social y está muy vinculado a la vida profesional, puede ser para tener
el aliento fresco, para mascarlo en un momento de nerviosismo en el
trabajo, para hacer algo en las pausas… Hay unos componentes sociales
que al no acudir a la oficina se han perdido”.
A esto se añade la fuerte caída del canal impulso, es decir,
las pequeñas tiendas o esa estantería final en los supermercados que
queda a la vista mientras se esperaba en la cola de los supermercados.
“Con la pandemia se ha concentrado la actividad de venta en las grandes
superficies y ha caído mucho la facturación en las tiendas de barrio y
quioscos, incluso muchas han estado cerradas. Los chicles también tienen
una venta importante en las gasolineras, pero ha habido menos movilidad
por motivos evidentes y eso también ha afectado”, prosigue Moreno. El
sector considera la caída como “absolutamente dramática”, pero espera
que se recupere en los próximos meses.
Jose Ortiz Gordo, psicólogo, experto en marketing y consumo y cofundador de la empresa Rookie Soul aporta
una visión más analítica del producto en el que se entremezclan todos
los factores señalados anteriormente: “Los hábitos de compra han
cambiado porque la experiencia de compra lo ha hecho radicalmente con la
pandemia. Los chicles eran un producto de impulso, pero es que además
durante años se asociaron a un signo de rebeldía que se replicaba en
producciones cinematográficas y en la sociedad. Ahora no es un gesto
atractivo y, aunque lo fuera, llevamos la cara tapada, con lo cual ha
perdido parte de su gracia. Muchos jóvenes necesitan de un estímulo de
interacción social para imitar un modelo, y el de mascar chicle no lo
han visto en los últimos años”.
Además Ortiz Gordo apunta
otro factor importante: “La nueva rebeldía es defender el
medioambiente, los hábitos saludables. El chicle ha perdido ese
componente para un sector de la población porque es un residuo de largo
recorrido y porque aunque no lleven azúcar se identifica con mascar un
trozo de plástico”.
La mascarilla ya se ha dicho que
tampoco ayuda. “Intentar mascar con una mascarilla es difícil, desde
luego, pero no creo que sea el principal factor”, añade Moreno. En su
opinión, “el chicle también ejercía una labor de sustitución si no
podías lavarte los dientes después de una comida; pero en 2020 también
hemos comido fuera muchísimo menos. Está muy vinculado a la vida
profesional. Y además, los chavales no fueron al instituto, y este
producto se consume mucho fuera de casa”.
Serrano, del CSIC, coincide con este análisis: “Buena parte
del año estuvimos encerrados, salíamos mucho menos, y el contacto era
menor. Este tipo de productos se vende mucho en quioscos y pequeñas
tiendas cuando los niños están en el parque, pero esa pauta de relación
no se ha estado produciendo”. En cuanto a la bajada en una década en EE
UU, el sociólogo señala que puede tener que ver con “la importancia del
cuidado bucodental, que cada día es mayor”. Produlce contrarresta este
punto aclarando que el 95% de los chicles que se venden en España son ya
sin azúcar.
Adolfo Torre aporta como factor positivo
para el sector que mascar chicle relaja, por lo que “quienes han
necesitado equilibrar la tensión” en la compleja situación que se ha
vivido han seguido recurriendo a su consumo. En este punto Jose Ortiz
Gordo ve una posibilidad para el futuro: “Se deben reinventar nichos de
mercado, dirigirse a clientes mucho más concretos que a lo mejor no
tienen que ser los jóvenes ni quienes antes precisaban de un chicle para
su interacción social, ya que la pandemia lo ha reducido”. Y como
ejemplos posibles apunta que podrían tratarse de productos que contengan
cafeína o, por el contrario, que potencien la relajación o faciliten el
sueño”. En cualquier caso, 2020 ha sido el año menos dulce de la goma
de mascar." (Miguel Ángel Medina, El País, 14/09/21)
"Los dos millones de muertes que han resultado de la
mala gestión de las élites gobernantes de la pandemia global serán
eclipsadas por lo que vendrá después. La catástrofe global que nos aguarda,
ya incrustada en el ecosistema por la incapacidad de frenar el uso de
combustibles fósiles y la agricultura animal, presagia nuevas pandemias
más mortíferas, migraciones masivas de miles de millones de personas
desesperadas, caída de los rendimientos de los cultivos, hambruna masiva
y colapso de sistemas.
La ciencia que dilucida esta muerte social es conocida por las élites gobernantes.
La ciencia que nos advirtió sobre esta pandemia, y otras que vendrán
después, es conocida por las élites gobernantes. La ciencia que muestra
que no detener las emisiones de carbono conducirá a una crisis climática
y, en última instancia, a la extinción de la especie humana y la
mayoría de las otras especies, es conocida por las élites gobernantes.
No pueden alegar ignorancia. Solo indiferencia.
Los hechos son incontrovertibles. Cada una de las
últimas cuatro décadas ha sido más calurosa que la anterior. En 2018, el
Panel Internacional de Cambio Climático de la ONU publicó un informe
especial sobre los efectos sistémicos de un aumento de 1,5 grados
Celsius (2,7 grados Fahrenheit) en las temperaturas. Es una lectura muy
lúgubre. Los aumentos vertiginosos de la temperatura (ya estamos 1,2
grados Celsius, 2,16 grados Fahrenheit por encima de los niveles
preindustriales) ya están integrados en el sistema, lo que significa que
incluso si detuviéramos todas las emisiones de carbono hoy, todavía nos
enfrentamos a una catástrofe.
Cualquier cosa por encima de un aumento
de temperatura de 1,5 grados centígrados hará que la tierra sea
inhabitable. Ahora se espera que el hielo del Ártico junto con la capa
de hielo de Groenlandia se derrita independientemente de cuánto
reduzcamos las emisiones de carbono. Un aumento de siete metros (23
pies) en el nivel del mar, que es lo que ocurrirá una vez que
desaparezca el hielo, significa que todos los pueblos y ciudades de la
costa al nivel del mar tendrán que ser evacuados.
Roger Hallam, cofundador de Extinction Rebellion, cuyos actos no
violentos de desobediencia civil masiva ofrecen la última y mejor
oportunidad para salvarnos, lo expone en este vídeo:
A medida que empeore la crisis climática, las restricciones políticas se endurecerán, lo que dificultará la resistencia pública.
No vivimos, todavía, en el brutal estado orwelliano que aparece en el
horizonte, uno donde todos los disidentes sufrirán el destino de Julian
Assange. Pero este estado orwelliano no está lejos. Esto hace imperativo
que actuemos ahora.
Las élites gobernantes, a pesar del colapso ecológico acelerado y
tangible, nos apaciguan, ya sea con gestos sin sentido o con negación.
Son los arquitectos del asesinato social.
El asesinato social, como señaló Friedrich Engels en su libro de 1845 «La condición de la clase trabajadora en Inglaterra»,
una de las obras más importantes de la historia social, está integrado
en el sistema capitalista. Las élites gobernantes, escribe Engels,
aquellas que tienen «control social y político», fueron conscientes de
que las duras condiciones de vida y de trabajo durante la revolución
industrial condenaban a los trabajadores a «una muerte prematura y
antinatural»:
“Cuando un individuo inflige daño corporal a otro de tal manera
que resulta en la muerte, lo llamamos homicidio involuntario; cuando el
asaltante sabe de antemano que la herida será fatal, llamamos asesinato a
su hecho. Pero cuando la sociedad coloca a cientos de
proletarios en una situación tal que inevitablemente se enfrentarán a
una muerte prematura y antinatural, esta muerte es de carácter violento
tanto como lo es la que se produce por espada o bala; cuando
priva a miles de lo necesario para la vida, los coloca en condiciones en
las que no pueden vivir, los obliga, mediante el fuerte brazo de la
ley, a permanecer en tales condiciones hasta que sobreviene la muerte,
que es la consecuencia inevitable, sabe que estos miles de víctimas
deben perecer y, sin embargo, permite que se mantengan estas
condiciones, su acto es un asesinato con tanta seguridad como lo es
cuando afecta a un solo individuo; asesinato disfrazado, malicioso,
asesinato del que nadie puede defenderse, que no parece lo que es,
porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece
natural, ya que el delito es más de omisión que de comisión. Pero el
asesinato permanece.»
La clase dominante dedica enormes recursos a enmascarar este asesinato social.
Controlan la narrativa en la prensa. Falsifican la ciencia y los datos,
como lo ha hecho la industria de los combustibles fósiles durante
décadas. Establecieron comités, comisiones y organismos internacionales,
como las cumbres climáticas de la ONU, para pretender abordar el
problema. O para negar la existencia del problema.
Los científicos han advertido durante mucho tiempo que a medida que aumentan las temperaturas globales, aumentan las precipitaciones y las olas de calor en muchas partes del mundo,
y con ello las enfermedades infecciosas propagadas por animales merman
las poblaciones durante todo el año incluidas las de las regiones del
norte. Pandemias como el VIH /SIDA, que ha matado a aproximadamente 36
millones de personas, la gripe asiática, que mató entre uno y cuatro
millones, y el COVID-19, que ya ha matado a más de 2,5 millones, se
propagarán por todo el mundo en cepas cada vez más virulentas, a menudo
mutando más allá de nuestro control.
El uso indebido de antibióticos en
la industria cárnica, que representa el 80% de todo el uso de
antibióticos, ha producido cepas de bacterias que son resistentes a los
antibióticos y fatales. Una versión moderna de la Peste Negra, que en el
siglo XIV provocó la muerte de entre 75 y 200 millones de personas,
acabando quizás con la mitad de la población europea, es, probablemente,
inevitable mientras las industrias farmacéutica y médica estén
configuradas para hacer dinero en lugar de proteger y salvar vidas.
Incluso con las vacunas, carecemos de la infraestructura
nacional para distribuirlas de manera eficiente porque las ganancias
triunfan sobre la salud. Y los del sur global están, como de
costumbre, abandonados, como si las enfermedades que los matan nunca los
alcanzaran. La decisión de Israel de distribuir vacunas COVID-19 a
hasta 19 países mientras se niega a vacunar a los 5 millones de
palestinos que viven bajo su ocupación es emblemática de la asombrosa
miopía de la élite gobernante, sin mencionar la inmoralidad.
Lo que está ocurriendo no es negligencia. No es
ineptitud. No es un incumplimiento de la política. Es un asesinato. Es
asesinato porque es premeditado. Es un asesinato porque las clases
dominantes mundiales tomaron una decisión consciente para extinguir la
vida en lugar de protegerla. Es un asesinato porque las ganancias, a
pesar de las estadísticas sólidas, las crecientes alteraciones
climáticas y los modelos científicos, se consideran más importantes que
la vida y la supervivencia humanas.
Las élites prosperan en este sistema, siempre que sirvan a los dictados de lo que Lewis Mumford llamó la «megamáquina», la convergencia de ciencia, economía,
técnica y poder político unificados en una estructura burocrática
integrada cuyo único objetivo es perpetuarse. Esta estructura, señaló
Mumford, es la antítesis de los «valores que mejoran la vida». Pero
desafiar a la megamáquina, nombrar y condenar su deseo de muerte, es ser
expulsado de su santuario interior. Hay, sin duda, algunos dentro de la
megamáquina que temen al futuro, que quizás incluso están consternados
por el asesinato social, pero no quieren perder su trabajo y su estatus
social para convertirse en parias.
Los recursos masivos asignados a las fuerzas armadas, que cuando los
costes de la Administración de Veteranos se agregan al presupuesto del
Departamento de Defensa llegan a 826.000 millones de dólares al año, son
el ejemplo más evidente de nuestra locura suicida, sintomática de todas
las civilizaciones en decadencia que desperdician recursos en
instituciones y proyectos que aceleren su declive.
El ejército estadounidense, que representa el 38% del gasto militar en todo el mundo, es incapaz de combatir la verdadera crisis.
Los aviones de combate, satélites, portaaviones, flotas de buques de
guerra, submarinos nucleares, misiles, tanques y vastos arsenales de
armamento son inútiles contra las pandemias y la crisis climática. La
máquina de guerra no hace nada para mitigar el sufrimiento humano
causado por entornos degradados que enferman y envenenan a las
poblaciones o hacen que la vida sea insostenible. La contaminación del
aire ya mata a unos 200.000 estadounidenses al año, mientras que los
niños en ciudades deterioradas como Flint, Michigan, sufren daños de por
vida debido a la contaminación por plomo del agua potable.
El enjuiciamiento de guerras interminables e inútiles, que cuestan
entre $ 5 y $ 7 billones, el mantenimiento de unas 800 bases militares
en más de 70 países, junto con el fraude endémico, el despilfarro y la
mala gestión por parte del Pentágono en un momento en que la
supervivencia de la especie está en peligro, es en sí mismo una especie
de juego autodestructivo. El Pentágono ha gastado más de 67.000 millones
solo en un sistema de defensa de misiles balísticos que pocos creen que
realmente funcionará y miles de millones más en una serie de sistemas
de armas fallidos, incluido el destructor Zumwalt de 22.000 millones. Y,
además de todo esto, el ejército de EE. UU. emitió 1.200 millones de
toneladas métricas de emisiones de carbono entre 2001 y 2017, el doble
de la producción anual de los vehículos de pasajeros del país.
Dentro de una década, veremos a la actual clase dominante mundial como la más criminal en la historia de la humanidad,
condenando deliberadamente a millones y millones de personas a morir,
incluidas las de esta pandemia, que empequeñecen los excesos asesinos de
los asesinos del pasado, incluidos los europeos que llevaron a cabo el
genocidio de los pueblos indígenas en las Américas, los nazis que
exterminaron a unos 12 millones de personas, los estalinistas o la
Revolución Cultural de Mao. Este es el mayor crimen contra la humanidad
jamás cometido. Se está cometiendo frente a nosotros. Y, con pocas
excepciones, voluntariamente nos llevan como ovejas al matadero.
No es que la mayoría de la gente tenga fe en las élites gobernantes.
Saben que están siendo traicionados. Se sienten vulnerables y asustados.
Entienden que su miseria no es reconocida y carece de importancia para
las élites globales, que han concentrado cantidades asombrosas de riqueza y poder en las manos de una pequeña camarilla de oligarcas rapaces.
La rabia que muchos sienten por el abandono se expresa a menudo en una solidaridad envenenada. Esta
solidaridad envenenada une a los marginados en torno a los crímenes de
odio, el racismo, los incipientes actos de venganza contra los chivos
expiatorios, el chovinismo religioso y étnico y la violencia nihilista. Fomenta cultos de crisis, como los construidos por los fascistas cristianos, y eleva a demagogos como Donald Trump.
Las divisiones sociales benefician a la clase dominante, que ha
construido silos de medios que alimentan el odio empaquetado a la
demografía competitiva. Cuanto mayores son los antagonismos sociales, menos tienen que temer las élites.
Si quienes se apoderan de la solidaridad envenenada se vuelven
numéricamente superiores (casi la mitad del electorado estadounidense
rechaza a la clase dominante tradicional y abraza las teorías de la
conspiración y un demagogo), las élites se adaptarán a la nueva
configuración de poder, que acelerará el asesinato social.
La administración Biden no llevará a cabo las reformas económicas, políticas, sociales o ambientales que nos salvarán.
La industria de los combustibles fósiles seguirá extrayendo petróleo.
Las guerras no terminarán. La desigualdad social aumentará. El control
gubernamental, con sus fuerzas policiales militarizadas de ocupación
interna, vigilancia total y pérdida de libertades civiles, se expandirá.
Nuevas pandemias, junto con sequías, incendios forestales, huracanes
monstruosos, olas de calor devastadoras e inundaciones, devastarán el
país, así como una población agobiada por un sistema de atención médica
con fines de lucro que no está diseñado o equipado para lidiar con una
crisis de salud nacional.
El mal que hace posible este asesinato social es colectivo. Es perpetrado por burócratas
y tecnócratas incoloros producidos en escuelas de negocios, facultades
de derecho, programas de administración y universidades de élite.
Estos administradores de sistemas llevan a cabo las tareas
incrementales que hacen que los vastos y complicados sistemas de
explotación y muerte funcionen. Recopilan, almacenan y manipulan
nuestros datos personales para los monopolios digitales y el estado de
seguridad y vigilancia. Engrasan las ruedas de ExxonMobil, BP y Goldman
Sachs. Escriben las leyes aprobadas por la clase política comprada y
pagada. Pilotan los drones aéreos que aterrorizan a los pobres en
Afganistán, Irak, Siria y Pakistán. Se benefician de las guerras
interminables. Son los anunciantes corporativos, los especialistas en
relaciones públicas y los expertos en televisión que inundan las ondas
de radio con mentiras. Manejan los bancos. Supervisan las cárceles.
Emiten los formularios. Procesan los papeles.
Niegan cupones de
alimentos y cobertura médica a unos y beneficios de desempleo a otros.
Realizan los desalojos. Hacen cumplir las leyes y los reglamentos. No
hacen preguntas. Viven en un vacío intelectual, un mundo de minucias
embrutecedoras. Son los «hombres huecos» de T.S. Eliot, «los hombres
disecados». “Forma sin forma, sombra sin color”, escribe el poeta.
«Fuerza paralizada, gesto sin movimiento».
Estos hombres de la administración hicieron posible los genocidios
del pasado, desde el exterminio de los nativos americanos hasta la
matanza turca de los armenios, el Holocausto nazi y las liquidaciones de
Stalin. Mantuvieron los trenes en funcionamiento. Completaron el
papeleo. Se apoderaron de la propiedad y confiscaron las cuentas
bancarias. Ellos hicieron el procesamiento. Racionaron la comida.
Administraron los campos de concentración y las cámaras de gas. Hicieron
cumplir la ley. Hicieron su trabajo.
Estos administradores de sistemas, sin educación en todo menos en su pequeña especialidad técnica, carecen del lenguaje y la autonomía moral para cuestionar los presupuestos o las estructuras reinantes.
Hannah Arendt en «Eichmann in Jerusalem» escribe que Adolf Eichmann
estaba motivado por «una extraordinaria diligencia en velar por su
progreso personal». Se unió al Partido Nazi porque fue un buen paso en
su carrera. Arendt continuó:
“El problema con Eichmann era precisamente que muchos eran como
él, y que muchos no eran ni pervertidos ni sádicos, eran, y siguen
siendo, terriblemente y aterradoramente normales.
Cuanto más se le escuchaba, más obvio se hacía que su incapacidad
para hablar estaba estrechamente relacionada con la incapacidad para
pensar, es decir, pensar desde el punto de vista de otra persona. No fue
posible comunicarse con él, no porque mintiera, sino porque estaba
rodeado por la más sólida salvaguarda contra las palabras y la presencia
de otros, y por lo tanto de la realidad como tal”.
El novelista ruso Vasily Grossman en su libro “Forever Flowing”
observó que “el nuevo estado no requería santos apóstoles, constructores
fanáticos e inspirados, discípulos fieles y devotos. El nuevo estado ni
siquiera requería sirvientes, solo empleados». Esta ignorancia
metafísica alimenta el asesinato social.
No podemos absorber emocionalmente la magnitud de la catástrofe que se avecina y, por lo tanto, no actuamos.
En el documental sobre el Holocausto de Claude Lanzmann, «Shoah»,
se entrevista a Filip Müller, un judío checo que sobrevivió a las
liquidaciones en Auschwitz como miembro del «detalle especial».
“Un día de 1943, cuando ya estaba en el Crematorio 5, llegó un
tren de Bialystok. Un preso en el ‘detalle especial’ vio a una mujer en
el ‘cuarto de desvestirse’ que era la esposa de un amigo suyo. Él salió
directo y le dijo: ‘Vas a ser exterminada. En tres horas, serás cenizas.
La mujer le creyó porque lo conocía. Corrió por todas partes y advirtió
a las otras mujeres. ‘Nos van a matar. Nos van a gasear. Las madres que
llevaban a sus hijos a hombros no querían oír eso. Decidieron que la
mujer estaba loca. La ahuyentaron. Entonces, fue a los hombres. En vano.
No es que no le creyeran. Habían oído rumores en el gueto de Bialystok o
en Grodno y en otros lugares. ¿Pero quién quería escuchar eso? Cuando
vio que nadie la escucharía, se rasgó toda la cara. Por desesperación.
En estado de shock. Y empezó a gritar”.
¿Cómo resistimos? ¿Por qué, si este asesinato social es inevitable,
como creo que lo es, no nos defendemos? ¿Por qué no ceder al cinismo y a
la desesperación? ¿Por qué no retirarnos y pasar nuestras vidas
intentando saciar nuestras necesidades y deseos privados? Todos somos
cómplices, paralizados por la fuerza abrumadora de la megamáquina y
atados a su energía destructiva por los espacios asignados dentro de su
enorme maquinaria».
Sin embargo, no actuar, y esto significa llevar a cabo actos masivos y
sostenidos de desobediencia civil no violenta en un intento de aplastar
la megamáquina, es muerte espiritual. Es sucumbir al cinismo, el
hedonismo y el entumecimiento que ha convertido en engranajes humanos a
los administradores de sistemas y tecnócratas que orquestan este
asesinato social. Es entregar nuestra humanidad. Es convertirse en cómplice.
Albert Camus escribe que “una de las únicas posiciones
filosóficas coherentes es la revuelta. Es un enfrentamiento constante
entre el hombre y su oscuridad. No es una aspiración, porque carece de
esperanza. Esa revuelta es la certeza de un destino aplastante, sin la
resignación que debería acompañarla”.
“Un hombre vivo puede ser esclavizado y reducido a la condición
histórica de un objeto”, advierte Camus. «Pero si muere negándose a ser
esclavizado, reafirma la existencia de otro tipo de naturaleza humana
que se niega a ser clasificada como objeto».
La capacidad de ejercer la autonomía moral, de negarse a
cooperar, de destrozar la megamáquina, nos ofrece la única posibilidad
que nos queda para la libertad personal y una vida con sentido.
La rebelión es su propia justificación. Erosiona, aunque de manera
imperceptible, las estructuras de opresión. Sostiene las brasas de la
empatía y la compasión, así como la justicia. Estas brasas no son
insignificantes. Mantienen viva la capacidad de ser humanos. Mantienen
viva la posibilidad, por débil que sea, de que se puedan detener las
fuerzas que están orquestando nuestro asesinato social. La rebelión debe
abrazarse, finalmente, no solo por lo que logrará, sino por lo que nos
permitirá llegar a ser. En ese devenir encontramos esperanza." (Artículo escrito por Chris Hedges en Scheerpost. , El Captor, 06/03/21)
"La relación entre pandemia y deterioro de la salud mental es algo que a estas alturas se da por hecho.Se alude a ella continuamente en los medios de comunicación, que
tratan de esbozar la amenaza que se cierne sobre la sociedad apoyándose
en declaraciones de profesionales y datos sobre el incremento del
consumo de psicofármacos.
En otro plano, alguien como Bernie Sanders ha
hecho referencia a los estragos causados por el aislamiento y la
ansiedad en el primer párrafo de su artículo de opinión
sobre las medidas que debe tomar la Administración de Joe Biden en los
primeros compases de la nueva legislatura.
La idea de que el sufrimiento
psíquico de la gente es un problema de primer orden ha conseguido
desbordar los márgenes de lo clínico y de la experiencia individual, lo
que ofrece la oportunidad de pensar la salud mental sin los
reduccionismos a los que estamos acostumbrados.
Que se acepte la conexión directa entre el contexto y los
denominados “trastornos mentales” puede parecer algo evidente a primera
vista, pero lo cierto es que no ha sido ni es la tendencia dominante en
psiquiatría. La interpretación hegemónica es biologicista, lo que quiere
decir que los problemas de salud mental son considerados básicamente
como desajustes bioquímicos.
Así pues, la “enfermedad mental” se
presenta como una patología análoga al resto de afecciones tratadas por
la medicina, una disfuncionalidad cuyo abordaje es esencialmente
farmacológico. Este es el motivo por el que a la mayoría de las personas
que hemos sido atendidas en consultas psiquiátricas nunca nos han
preguntado por lo que estaba ocurriendo en nuestras vidas, pero sí hemos
escuchado reiteradamente que debemos tomarnos los psicofármacos
recetados de la misma manera que un diabético tiene que ponerse la
insulina.
Un argumento que responde más a un anhelo que a los hechos, y que ha
sido refutado hasta la saciedad por pacientes, profesionales e
investigadores ajenos a esta forma de simplificar la complejidad de los
fenómenos mentales, pero que, aun así, sigue vigente porque concuerda
con un modo de concebir la realidad que cuenta con entusiastas y
poderosos defensores.
La apología extrema de la individualización que
celebra la ideología neoliberal no solo se queda en las dinámicas de
consumo, la configuración del sistema productivo o el quehacer
institucional, también atraviesa otros territorios menos evidentes,
entre los que se encuentra el cómo se percibe y gestiona la salud
mental. Hacer del sufrimiento psíquico un problema estrictamente
individual responde a la lógica que gobierna el mundo. Un mundo que hoy
se cae a pedazos.
La crisis global que ha provocado el coronavirus está tensando buena
parte de las contradicciones sobre las que se asienta la organización de
la vida que conocemos. Son muchas las viejas verdades que ya no se
podrán sostener sin caer en el ridículo. No, no hay ningún psicofármaco
que pueda por sí mismo restituir el equilibrio perdido, no hay nada
parecido a una insulina para los problemas de salud mental que nos
asolan. Nunca lo hubo.
Al igual que no existen pruebas médicas objetivas
que sirvan para diagnosticar la “enfermedad mental”, solo entrevistas
subjetivas, y tampoco demostración empírica alguna de que la depresión,
la ansiedad o la psicosis sean causadas por desequilibrios bioquímicos
(como suele decir Joanna Moncrieff, profesora de Psiquiatría en el
University College de Londres, no se tiene la menor idea de cómo es un
cerebro químicamente equilibrado).
Si todo esto fuera así, si los diagnósticos psiquiátricos tuvieran
una base fundamentalmente biológica que pudiera subsanarse con
medicación, no habría tanto de qué preocuparse en la actual situación:
se podría prever el crecimiento de los casos en base a una prevalencia
estimada y habría una solución farmacológica ya inventada desde hace
décadas para ellos.
Pero no, el problema de la salud mental estaba antes
de la covid, las consultas psiquiátricas y el consumo de psicofármacos
crecían desde hacía décadas sin que se produjera un verdadero
cuestionamiento social acerca de los factores que propiciaban semejante
escalada. La anterior crisis económica dio numerosas pistas al respecto,
pero el modelo asistencial permaneció intacto.
Las investigaciones
sobre Procesos de desahucio y salud
de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Los riesgos de la crisis
económica en la salud mental en España: evidencias en los centros de
Primaria o el más reciente informe del Observatorio Desc sobre Emergencia habitacional, pobreza energética y salud en Barcelona son claras muestras de ello. La irrupción del virus nos acerca a toda velocidad a un horizonte que llevamos tiempo atisbando.
Las condiciones de vida inciden de manera directa en todas y cada una de
las problemáticas asociadas a la salud mental. En el caso de las
experiencias psicóticas o el diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo,
se ha estudiado su relación con las experiencias traumáticas, la pobreza o el desempleo.
Lejos de querer defender la existencia una única causa, ni tampoco
descartar la influencia de la biología (lo cual sería absurdo), creo
honestamente que las vidas que vivimos son lo que mejor explica nuestro
sufrimiento psíquico.
Esta perspectiva, que nada tiene de novedosa,
acarrea una serie de consecuencias lógicas y políticas que la han hecho
sumamente impopular en determinados ámbitos. Para empezar, apela
directamente a la responsabilidad social, es decir, si el contexto que
habitamos empuja a una parte más que relevante de la ciudadanía a la
atención psiquiátrica, parece urgente revisar el cómo estamos viviendo.
También saca la salud mental del campo acotado de la psiquiatría y la
psicología y hace de ella una preocupación compartida, ya que deja de
ser una cuestión circunscrita únicamente a los individuos y sus
dolencias. Plantea, entre otras muchas cuestiones, los límites de un
modelo centrado en el fármaco, pues medicalizar la existencia no ofrece
una salida real a los problemas de la gente.
Porque, al fin y al cabo,
de lo que estamos hablando es de que no pueden ofrecerse soluciones
individuales a problemas que son colectivos si lo que se busca es la
reducción significativa del sufrimiento. A la larga es insostenible.
Toda alfombra tiene una cantidad limitada de mierda que puede esconder, y
esta ya rebosaba.
Desgraciadamente, este es un momento perfecto para evaluar cómo afronta
esta sociedad el deterioro del bienestar mental de las personas. Padecer
ansiedad, estar deprimido o incluso tener experiencias psíquicas
inusuales como la disociación u oír voces en un contexto como el actual
no significa tener una enfermedad, es una respuesta humana a una
situación extrema de confusión, precariedad y aislamiento.
Llegar ahora a
esta conclusión no es complicado, nos basta con mirarnos a nosotros
mismos y a nuestro alrededor: el juicio se bloquea con pensamientos
recurrentes, la incertidumbre paraliza, algunas ideas desembocan en
paranoias, cuesta dormir [inciso: mientras escribo estos párrafos he
hablado por teléfono con mi madre, una estoica mujer castellana de 75
años que ha dicho: “Si esto sigue así nos vamos a volver todos locos”].
Nuestro propio día a día nos hace bastante más intuitivo el pensar que
los problemas de nuestra salud mental están localizados en la vida que
creer que lo están el cerebro. ¿Por qué no reflexionar también sobre
cómo ha podido afectar el estrés continuado o un conjunto de
experiencias negativas a todas esas personas que ya tenían
diagnosticados trastornos mentales antes de la pandemia? Sin duda se
podrían extraer valiosas conclusiones prácticas de ello…
Solo si vamos más allá del qué nos está pasando, de la mera
constatación de que la gente está sufriendo con todo lo que sucede,
podremos plantearnos qué hacer al respecto. La consigna generalizada
parece ser invertir en salud mental… ¿pero en qué consiste esa
inversión?, ¿más gasto farmacéutico, más personal sanitario, mayor
capacidad diagnóstica, más camas en las unidades agudos? Que las
plantillas de los dispositivos en salud mental están mermadas es un
hecho de sobra conocido.
Que la posibilidad de ver a un psicólogo en la
sanidad pública suele ser escasa, también. Sin embargo, centrar las
necesidades exclusivamente en ello parece presuponer que tenemos un
modelo correcto falto de medios, algo que cualquier visita a un centro
de salud mental o una planta de psiquiatría pone seriamente en cuestión.
Hay que mirar a todo lo que falla antes, esa es la idea implícita en el
verbo “prevenir”. Voy a poner un ejemplo concreto que quizás ayude a
ilustrar lo que estoy tratando de trasmitir:
Un compañero ha sufrido dos ingresos prácticamente consecutivos
durante el confinamiento, un total de ocho semanas. Uno de los
detonantes, si no el principal, fue la vulnerabilidad económica, ya que
sus ingresos se vieron suspendidos por la situación sanitaria y quedaba
fuera de las medidas de protección social al formar parte de la llamada
economía sumergida.
Cuando le dieron el alta se le facilitó el número de
teléfono del trabajador social que le correspondía por zona para que
tramitara el Ingreso Mínimo Vital. Nunca nadie atendió a ese teléfono,
consiguió presentar la documentación por su cuenta y casi medio año
después no tiene ninguna noticia al respecto (una situación compartida
por cientos de miles de ciudadanos, tal y como vienen señalando
movimientos sociales y sindicatos desde hace meses).
En determinada coyuntura, la ayuda profesional hace aguas. Claro está
que una persona especializada puede contribuir con conocimientos y
herramientas a la gestión de experiencias y sentimientos que desbordan a
las personas,
En determinada coyuntura, la ayuda profesional hace aguas. Claro está
que una persona especializada puede contribuir con conocimientos y
herramientas a la gestión de experiencias y sentimientos que desbordan a
las personas, pero ¿cómo te puede ayudar un psiquiatra o un psicólogo
cuando lo que necesitas es una mínima estabilidad económica y
habitacional?
Yendo más allá de estrictas necesidades materiales: ¿cómo
nadie te va a enseñar a lidiar con el aislamiento cuando el futuro
inmediato se caracteriza por el distanciamiento social? o ¿cómo aprender
a gestionar la ansiedad provocada por la inseguridad si los vaticinios
fallan día tras día desde hace diez meses? Por eso, por tentador que
parezca en un primer momento, pedir psicoterapeutas para todos y todas
lleva a otro callejón sin salida. No hay terapia que pueda dar por si
misma sosiego en una realidad donde fallan los cimientos.
De silenciar históricamente la salud mental se ha pasado a alarmar
sobre la necesidad de tenerla en cuenta (la próxima ola de estos tiempos
pandémicos), hay quienes han ido más allá y han exigido recursos. De
acuerdo, ahora hace falta definirlos, plasmar su traducción práctica
para hacer frente a los efectos que está teniendo en la población el
miedo, la pérdida, la ausencia de control sobre las propias vidas y la
precarización acelerada, cuando no directamente la pobreza.
Una
perspectiva que tiene que implicar a quienes han experimentado y
experimentan el sufrimiento psíquico, a quienes tienen un conocimiento
directo de lo que funciona y de lo que no cuando se necesita ayuda. Y
que a su vez exige romper con todos los discursos que se quedan y agotan
en los síntomas y obvian la vinculación con una vida que a todas luces
está funcionando mal.
Porque invertir en salud mental supone muchísimo
más que “reforzar los dispositivos de salud mental de manera que puedan
hacer frente a las necesidades no atendidas y afrontar el [aumento]
previsible de la demanda” (Editorial del 11 de enero de El País);
es hacer políticas que combatan la desigualdad y ofrezcan un sostén
efectivo a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Y a partir
de ahí, avanzar.
Ya no tiene sentido seguir pensando en la locura como algo situado al
margen, algo ajeno. Está demasiado presente en nuestra cotidianidad
para seguir desviando la mirada. Las consecuencias psicológicas de la
pandemia evidencian que el sufrimiento psíquico es un problema que debe
ser afrontado colectivamente.
Su politización conlleva exigir con
carácter de urgencia los mecanismos necesarios para minimizar su
magnitud e impacto, pero desde luego no se queda solo ahí. Significa
trabajar por agrietar los tabúes, reconocernos vulnerables a las
acometidas de la vida y trazar un camino común a partir de ese
reconocimiento. Asumir, en definitiva, que la construcción de una
sociedad más libre y justa es por principio un problema de salud mental." (Fernando Balius, CTXT, 09/02/21)
