Memorias de la Revolución de Saur. Hace más de cuarenta años, los comunistas tomaron el poder en Afganistán para crear una sociedad más igualitaria y acabar con el feudalismo. A todos los aparceros, trabajadores y pastores se les pagaba lo justo para comprar tres panes naan por cada dos adultos y dos por cada dos niños. Es decir, 2.000 calorías por adulto y 1.300 por niño. No podían comprar más comida

 "El 28 de abril de 1978, hace más de cuarenta años, los comunistas lograron hacer una revolución en Afganistán. Mi amigo Tahir Alemi fue uno de esos comunistas. Era un buen tipo, generoso y amable, y quería cambiar el mundo.

Tahir era profesor de literatura pastún en la Universidad de Kabul. Su estirpe era antigua. Su padre era un pequeño campesino que vivía en el poblado de Nangarhar, cerca de la frontera con Pakistán. La familia trabajaba su propia tierra y hasta tenía un aparcero, signo de que le iba mejor que a la mayoría. – Tahir amaba a su padre, a sus hermanos y a su madre, pero en un momento tuvo que enfrentarse a los valores que pregonaban.

En los años 1970, Afganistán era un país feudal. El poder no estaba del lado de los empresarios urbanos, sino de los grandes terratenientes que vivían en las fortalezas de las zonas rurales. A veces había dos señores en un poblado, a veces uno solo. En ciertas áreas, muchas aldeas estaban bajo el dominio de un solo hombre. Había muchos campesinos como el padre de Tahir, que con suerte tenían un peón, pero trabajaban su propia tierra.

Debajo de ellos estaban los aparceros, que eran probablemente la mitad de la población y a los que se les permitía quedarse con un tercio de la cosecha. En el poblado de Tahir, los aparceros representaban solo un quinto de la población porque la tierra era bastante buena. A todos los aparceros, trabajadores y pastores se les pagaba lo justo para comprar tres panes naan por cada dos adultos y dos por cada dos niños. Es decir, 2.000 calorías por adulto y 1.300 por niño. No podían comprar más comida.

A comienzos de los años 1970, viajé a Afganistán como antropólogo. Las personas con las que me encontré habían sido nómadas con rebaños de ovejas, pero su situación había empeorado con el tiempo. Su nivel de vida era equivalente al de cualquier afgano pobre. Las mujeres usaban dos vestidos en toda su vida, uno cuando llegaban a la pubertad y otro cuando se casaban. Una familia común solo poseía una pequeña taza de té. Comían carne con emoción una vez al año, durante la fiesta del profeta. Para saborear mejor el pan, cocinaban una sopa con tréboles y otras verduras de hoja que recolectaban. Dos de las tres familias más ricas de aquel pequeño poblado de treintaitrés hogares competían entre sí dándonos muestras de hospitalidad a mi esposa y a mí. En una ocasión especial, una familia fritó un huevo para convidarnos. La otra nos invitó un guiso con una pequeña papa. Nadie más lograba acceder a esos ingredientes.

 Por supuesto, sostener una explotación de esa magnitud –de dos tercios a cuatro quintos de la cosecha quedaban en manos de los propietarios de la tierra– implicaba prácticas crueles y violentas. Las ejercían los señores locales junto a sus guardaespaldas y matones, siempre con apoyo del gobierno. Mohammed Zahir Shah –rey de Kabul– y su familia, habían consolidado su poder privilegiando en cada distrito a un señor que actuaba como su lugarteniente. “Antes era directamente una tiranía”, me contó Tahir una vez. “Los tipos venían y mataban a toda tu familia. Ahora, en cambio, es una democracia. Ya no se meten con la familia: se la agarran con uno solo y como mucho llegan a arrancarle los ojos”. Era un chiste. Nos reímos.

 Afganistán era un país pobre, conformado en gran medida por zonas áridas, desiertos y montañas. El gobierno no tenía suficiente poder como para cobrarles impuestos a los grandes terratenientes ni a los pequeños campesinos. En cambio, debía contentarse con los aranceles aduaneros. Desde 1842, los gobiernos afganos se habían apoyado en distintas formas de subsidios extranjeros, que provenían sobre todo de Gran Bretaña. Desde los años 1950 en adelante, Afganistán empezó a “desarrollarse”. Durante la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos se hicieron cargo, en concepto de asistencia, del 80% del presupuesto civil y de la mayor parte del presupuesto militar del país. Los rusos cubrían casi dos tercios de los gastos y los estadounidenses el tercio restante. La industria y el desarrollo económico eran marginales. El dinero que llegaba terminaba sobre todo en el ejército, en la escuelas y en la burocracia estatal. Bastó para que miles de estudiantes empezaran a asistir a la Universidad de Kabul y cientos de miles a las escuelas. La vieja clase dominante de terratenientes era muy pequeña y no podía cubrir todos los cargos docentes y estatales necesarios. Las personas que se habían beneficiado de la nueva educación eran hombres como Tahir, hijos de campesinos pertenecientes a cierto estrato medio. Sus padres y abuelos siempre habían odiado silenciosamente a los grandes terratenientes y al gobierno, y sus hijos educados continuaron la tradición.

 Estos jóvenes docentes soñaban con un Afganistán moderno y desarrollado. Una vez, en la provincia de Helmand, Tahir y yo presenciamos, junto a una muchedumbre de curiosos sin voz, una manifestación de estudiantes de la escuela secundaria. Subían por turnos a una pequeña tarima desde la que gritaban sus consignas: “Muerte a los kanes”. Kan era la palabra con que designaba a los grandes terratenientes. La reivindicación de los jóvenes no era abstracta. Su programa político era matar a esos hombres en su distrito.

“¿Esto existe en Estados Unidos?”, me preguntó Tahir.

Le dije que sí, que yo había formado parte de protestas parecidas. Me contó la historia del “tres de aqrab”: en 1965, un grupo de estudiantes de Kabul se había manifestado fuera del parlamento y tres habían muerto a causa de los disparos. Él había estado ahí.

Los jóvenes hombres y mujeres de esta nueva clase urbana, compuesta sobre todo por docentes como Tahir, empezaron a ensanchar las filas de los partidos islamistas y comunistas. La Hermandad era una organización islamista. Jóvenes con títulos universitarios, pertenecían a la misma clase que Tahir y terminaron dirigiendo la resistencia contra los rusos. Los comunistas estaban divididos en dos. Una tendencia era Parcham (la Bandera). Sus miembros estaban bien formados, pertenecían a estratos urbanos y sostenían una política más moderada. La otra era Jalq (el Pueblo). Sus militantes en general no habían accedido a la educación, provenían de familias rurales y en general eran pastunes. Tahir se unió a Parcham. En 1973 las organizaciones comunistas crecían más rápido que la Hermandad.

 Una vez acompañé a Tahir a la casa de su padre y caminamos y recorrimos los poblados que rodeaban Nangarhar. Tahir había sido seleccionado por la universidad para ser mi “guía” durante las primeras etapas de mi trabajo de campo. A cambio, cobraba tres veces su salario mensual, es decir, tres veces lo que ganaba un trabajador corriente. Yo todavía estaba aprendiendo la lengua, así que Tahir oficiaba de traductor. También redactaba informes regulares sobre mí, que entregaba a la policía secreta. Ambos lo sabíamos, pero no decíamos nada.

El matrimonio de Tahir estaba arreglado. Su esposa nunca había ido a la escuela. Había muchas cosas de las que no podía hablar con ella. Se había casado para complacer a su familia, que había elegido una chica del pueblo con la esperanza de mantenerlo cerca. Durante los primeros años del matrimonio ella vivía con sus padres y él la visitaba cuando podía. Tahir intentó desarrollar una relación real. Otras mujeres de las ciudades y del campo iban a la escuela y a la universidad. De hecho, en Parcham y Jalq había muchas compañeras mujeres. La liberación de las mujeres era una parte central del sueño por un mundo mejor. Tahir ansiaba mudarse con su mujer a Kabul. Cuando eso sucediera, me prometió, yo la conocería, porque él jamás la obligaría a recluirse.

En 1972 hubo una sequía, efecto incipiente del cambio climático. Una parte del norte sufrió la hambruna. Estados Unidos enviaba alimentos. El gobierno apilaba las bolsas de granos en las plazas de las grandes ciudades. Los soldados custodiaban la proveeduría y los funcionarios la vendían a un precio diez veces mayor del normal. Para comprar algunos granos, los pequeños campesinos terminaban vendiéndoles sus tierras a los kanes feudales por casi nada. Los que no tenían tierras se sentaban a esperar la muerte. Un periodista francés me preguntó por qué no saqueaban las bolsas apiladas. “El rey tiene aviones”, decían, “y los usará para bombardearnos”.

 Pero el rey y su gobierno habían perdido prácticamente todo el apoyo de la población. Mohammed Daoud, primo del rey, había sido un primer ministro despiadado y cruel hasta 1963. Se había inclinado más hacia los soviéticos, mientras que el rey prefería a los estadounidenses. En ese momento, Estados Unidos estaba poniéndole fin a la asistencia a causa de Vietnam y la mayor parte del dinero llegaba de Rusia. Entonces, Daoud montó un golpe de Estado con apoyo soviético. No encontró ninguna oposición. Después de la hambruna, nadie estaba dispuesto a morir por el rey.

La organización del golpe estuvo a cargo de los jóvenes oficiales comunistas, especialmente los de la tendencia Jalq. Como los docentes, los oficiales provenían de las capas medias del campesinado y pertenecían a la primera generación de sus familias que accedía a la educación. En general habían sido entrenados por la Unión Soviética.

 El golpe no cambió nada importante. Aunque la retórica de Daoud era de izquierda, el poder permaneció en manos de los grandes terratenientes. Pero la universidad y las escuelas primarias y secundarias se convirtieron en lugares de gran efervescencia política, especialmente en los pueblos más grandes y en las ciudades. Algunos docentes hacían proselitismo por la Hermandad, otros por Jalq y otros por Parcham. Los estudiantes debatían. Parcham sostenía que había que colaborar con la dictadura de Daoud. Jalq apostaba a una revolución completa.

Los comunistas eran cada vez más. En abril de 1978, Daoud ordenó el asesinato de Mir Akbar Kyber, dirigente comunista. Ambas tendencias de partido confluyeron en una gran protesta durante el funeral en Kabul. Daoud detuvo a todos los dirigentes de ambas organizaciones y ellos sabían que sus vidas pendían de un hilo. Entonces, un dirigente llamado Amin logró iniciar un golpe de Estado bien organizado. Los mismos oficiales del ejército y de la fuerza aérea que lo habían llevado al poder, mataron a Daoud y a toda su familia. Como sucedió con el rey, nadie estaba dispuesto a luchar por Daoud y los comunistas triunfaron.

 Los comunistas anunciaron la revolución, a la que bautizaron como la “gran revolución de abril”, siguiendo el modelo de la Revolución de Octubre. Aprobaron dos leyes con el objetivo de convertir el golpe en una revolución. La primera fue la reforma agraria: repartirían la tierra de los grandes propietarios entre los aparceros. Había muchas zonas en las que el gobierno no tenía ningún medio de garantizar la reforma agraria, pero en Helman, donde los jóvenes gritaban “Muerte a los kanes”, los comunistas empezaron a tomar las tierras y a redistribuirlas.

El segundo fue la abolición del excrex, las donaciones que hace el marido a la familia de su novia a cambio de su mano. Eran sumas de dinero bastante grandes, que a veces representaban dos o tres años de ingresos de una familia promedio. Pero más importante era todavía el lugar simbólico que ocupaba esta práctica, considerada por muchos como el signo más evidente de la opresión de las mujeres.

Las relaciones entre los hombres y las mujeres no eran la caricatura sexista a la que nos tiene acostumbrados la propaganda islamofóbica. Es cierto que en algunos poblados había familias que mantenían recluidas a sus mujeres y solo les permitían salir vestidas con la burka. Pero como mucho cuatro o cinco, de un total de doscientas. En la mayoría de los hogares pobres, las mujeres tenían que trabajar en el campo junto a los hombres. Como sea, al igual que en otros países, la opresión era real. Los comunistas estaban decididos a transformar las cosas. La ley sobre el excrex se mantuvo en un plano formal, aunque en algunas áreas las mujeres empezaron a bailar en público.

Las medidas sobre la distribución de la tierra y el matrimonio precipitaron una rebelión dirigida por los mulás. Los mulás no eran como los islamistas de la Hermandad, que solían ser hombres formados, ingenieros y teólogos. Los mulás eran campesinos pobres, con una educación que apenas alcanzaba para leer farsi y recitar el Corán en árabe. Las capas más acomodadas de la sociedad los trataban con desprecio. Pero tenían una larga historia de resistencia popular.

 En efecto, Afganistán nunca había sido conquistada. Los británicos la invadieron en 1838-1842 y de nuevo en 1878-1880. En ambas oportunidades, los sectores más acomodados aceptaron el oro de los invasores –entregado, literalmente, en grandes bolsas– y no ofrecieron resistencia. Pero las dos veces los mulás predicaron con pasión en las aldeas y en los poblados hasta desatar las yihad, revueltas populares que expulsaron a los británicos. Durante los años 1920, un nuevo gobierno reformista a cargo del rey Amanullah intentó “modernizar” el país siguiendo el modelo de Ataturk en Turquía y Reza Shah en Irán. Amanullah insistió en poner fin a la reclusión de las mujeres ricas y quiso garantizarles el derecho de usar vestidos occidentales. Después intentó aplicar un impuesto sobre los grandes terratenientes y los pequeños campesinos del sudeste, pero todo esto provocó una nueva revuelta de los mulás. Más tarde, Habidullah, un trabajador devenido bandido, dirigió una insurrección popular en Kabul. Con apoyo británico, la familia real logró sofocar la revuelta, pero el experimento social de Amanullah había llegado a su fin.

 Después de los años 1930, los mulás siguieron presentándose como los guardianes de la ortodoxia, aun cuando el islam de los afganos siempre había sido más bien flexible y para nada ortodoxo. Los mulás predicaban un islam conservador y se oponían a la liberación de las mujeres en la misma medida que al imperialismo cristiano de Gran Bretaña y Estados Unidos y al ateísmo de la Unión Soviética. Para la mayoría de los afganos, hombres y mujeres, el islam ocupaba el centro moral de sus vidas.

 Después de la Revolución de Saur, los mulás comenzaron a organizar la resistencia al gobierno. Como lo habían hecho contra los británicos y contra Amanullah, convocaron a la población a oponerse a la dominación extranjera. La revuelta comenzó en las montañas y en las fronteras, donde el gobierno siempre había sido más débil, y se propagó hacia los valles y las ciudades. La resistencia les planteaba un problema terrible a los comunistas. Como no contaban con el apoyo de la mayoría, tuvieron que recurrir a la violencia.

Es cierto que la Revolución de Saur había surgido de un golpe dirigido por una camada de oficiales jóvenes. Pero el ejército de Afganistán estaba formado por reclutas provenientes de todos los rincones del país, sobre todo de las familias de pequeños campesinos y aparceros. Esos soldados seguían órdenes, pero no estaban convencidos en términos políticos. El proceso no había logrado generar ninguna revuelta urbana ni luchas campesinas por la tierra. En ese sentido, la Revolución de Saur fue un golpe conducido desde arriba con escaso apoyo de la población.

Es verdad que los comunistas despertaban cierta simpatía en las ciudades. En las elecciones libres de 1973, previas a la toma del poder de Daoud, habían ganado la mayoría del parlamento en Kabul. En las grandes ciudades contaban con bastante apoyo en las escuelas, en las universidades, entre los funcionarios estatales y en sectores afines. Pero en un país prácticamente rural eso no era suficiente. Confrontado a la prédica pasional y a los levantamientos rurales, el nuevo gobierno comunista solo atinó a enviar a sus soldados a detener a todo el mundo. Eso provocó más disturbios y entonces empezaron a torturar a la gente, lo que a su vez contribuyó a fortalecer la revuelta. Durante veinte meses, los comunistas y su ejército perdieron el control en casi todo el país. En diciembre de 1979 solo gobernaban tres provincias de un total de treinta y cuatro. En veintiocho provincias, el ejército controlaba solo las ciudades y los poblados más grandes, pero los insurgentes controlaban las zonas rurales. En tres provincias los insurgentes habían tomado el poder incluso en las ciudades.

 La presión dividió a los comunistas en tres bandos. El grupo Parcham, dirigido por Baback Karmal, sostenía que había que tejer una alianza con todas las fuerzas progresistas del país. En la práctica, esto implicaba plegarse a la religiosidad musulmana, callarse la boca frente al excrex y la opresión de las mujeres y detener la reforma agraria. Esta política se adecuaba al consejo de la KGB y de los generales soviéticos, que consideraban que la revolución social era una idea insensata y prematura. El problema con este enfoque era que los mulás –y el resto de la población afgana– no eran estúpidos.

Para los militantes más radicales del grupo Jalq, la táctica de sus oponentes implicaba también traicionar el sueño compartido de una Afganistán moderna, sin sexismo ni pobreza. Pasaron pocos meses hasta que el partido purgó a los parchamíes. Unos pocos, como Karmal, lograron exiliarse en la Unión Soviética y en Europa del Este. Los jalquis apresaron al resto.

Pero la resistencia seguía creciendo en las ciudades. Fue entonces que el grupo Jalq se dividió en dos. Taraki, novelista proveniente de un clan de pastores y nómades y a la vez el dirigente más experimentado, no encontraba más solución que convocar a las tropas soviéticas a reprimir la resistencia. Por su parte, fiel a su nacionalismo, Mohammed Amin, dirigente más joven proveniente de un área rural de las afueras de Kabul que había estudiado Ciencias de la Educación en la Universidad de Columbia, jamás consentiría la invasión de las tropas soviéticas.

Entonces, la KGB le sugirió a Taraki que matara a Amin. Taraki intentó pero fracasó, porque la mayoría de los jalquis más radicalizados también se oponían a las tropas rusas. Finalmente, fue Amin el que mató a Taraki.

 Mientras tanto, la resistencia rural seguía creciendo. Amin se comunicó con Estados Unidos para pedir apoyo contra los soviéticos. Los estadounidenses se negaron. El gobierno soviético, temiendo que Amin lograra aliarse con los Estados Unidos o dirigir una rebelión, fortaleció su voluntad de asesinarlo. Pero ningún comunista afgano estaba dispuesto a hacerlo. Frente a los ataques violentos de los que era objeto, Amin se volvió cada vez más cruel y multiplicó las detenciones, las torturas y las ejecuciones.

Los tanques soviéticos llegaron a la frontera el 24 de diciembre de 1979. La Revolución de Saur había terminado. Los soviéticos ejecutaron a Amin y lo pusieron en su lugar a Babrak Karmal, recién llegado de su exilio moscovita. Las cárceles se llenaron de Jalquis. Lo más triste era que todo lo que decían los mulás y los islamistas educados sobre los comunistas, a los que concebían como instrumentos del ateísmo extranjero, parecía volverse realidad.

 En la primavera de 1980, las protestas nocturnas de la ciudad occidental de Herat se propagaron rápidamente hacia Kandahar y luego a Kabul. Los funcionarios de Kabul, uno de los bastiones comunistas más importantes, hicieron huelga contra la ocupación rusa. Las estudiantes de las escuelas de mujeres de Kabul, que habían sido fieles partidarias de la liberación de las mujeres y del comunismo, se reunieron en el patio y empezaron a gritarles a los hombres afganos para que se levantarán contra el invasor.

 

La ocupación rusa duró ocho años y se consolidó con tanques en las ciudades y con bombardeos aéreos en las zonas rurales. De una población total de veinte millones de afganos, un millón fue asesinado, otro millón sufrió alguna amputación a causa de los ataques y seis millones se exiliaron. Cuando todo terminó y los tanques soviéticos abandonaron el país, los caudillos islamistas tomaron el poder. El sueño del feminismo y del socialismo había muerto.

– Todas las ideas sobre la liberación de las mujeres fueron envueltas por un manto de sospecha.

Es cierto que entre los militantes hubo algunos que eran realmente crueles. Pero la mayoría eran como Tahir, personas dignas que soñaban con un mundo mejor. Cuando se tomó la decisión de imponer el socialismo contra la oposición de la mayoría, todas las batallas estaban perdidas.

Muchos militantes radicalizados en los años 1960 y 1970 aceptaban la idea de que el comunismo y el socialismo requerían una dictadura comandada por una minoría. A fin de cuentas, Karmal había aprendido política en las cárceles de Kabul, Tarki en Bombay y Amin en Nueva York. Los comunistas afganos solo hicieron lo que la izquierda global pensaba que había que hacer para cambiar el mundo. Por más terrible que haya sido, su tragedia no deja de ser la misma que se repitió en otros lugares.

Cuando conocí a Tahir, sus ojos se llenaban de lágrimas al hablar de la ignorancia y del sufrimiento de los campesinos con los que nos cruzábamos. Los comprendía y los amaba, y sabía perfectamente por qué era tan difícil convencerlos. Hace unos años estaba tomando una cerveza en Londres con un amigo afgano. Le pregunté si de casualidad conocía a Tahir. Sí, me dijo, un buen tipo, muy amable.

“Un parchamí”, agregó.

“Sí”, le dije, “un parchamí”.

Resulta que durante el otoño de 1978, justo antes de la invasión soviética, mi amigo había estado preso con Tahir en Jalalabad. Él logró salir, pero Tahir no. Mi amigo no tenía la certeza, pero estaba bastante seguro de que Tahir había sido ejecutado.

Espero que se haya equivocado. Pero sé que no."                     (Jonathan Neale, CTXT, 23/08/2021;Este texto se publicó originalmente en Jacobin. )

Los habitantes de Otero eran pobres, pero no penetraban en el infierno del hambre extrema... hasta que llegó la Desamortización

"(...) Durante la primera mitad del siglo XIX, Otero de Herreros (un municipio de unos ochocientos vecinos) tenía una economía de subsistencia basada en la actividad agropecuaria. 

Las pequeñas rentas individuales se redondeaban, como en el Antiguo Régimen, gracias a la explotación por los vecinos de los bienes comunales. En primer lugar, los frutos del uso del agua, la recogida de leña y el pastoreo eran recursos gratuitos para los campesinos y jornaleros por su aprovechamiento de los bienes del común.

 Por otro lado, los bienes de propios (mediante cesión onerosa a terceros del patrimonio municipal reservado a tal efecto) proporcionaban al Ayuntamiento unos ingresos que le permitían mantener el modesto patrimonio urbano y sus servicios (como la escuela de niños) y aliviar las cargas tributarias de los vecinos. 

Los habitantes de Otero eran pobres, pero –salvo en los casos de graves inclemencias meteorológicas– no penetraban en el infierno del hambre extrema y sus miserias concomitantes.

Sin embargo, las rutinas de la pequeña localidad segoviana desaparecieron bruscamente en 1855, con la desamortización de los bienes municipales auspiciada por el ministro liberal Pascual Madoz. En esa fecha, comenzaron a pasar a manos privadas los montes, prados, dehesas boyales, e incluso una parte estimable del patrimonio urbano de Otero. 

La subasta de los bienes comunales (entre otros terrenos, el que responde al extravagante nombre de Meadero de los machos) prosiguió sin solución de continuidad, culminando en el despojo total de la comunidad de vecinos, hasta la Dictadura de Primo de Rivera (bienintencionada, en este apartado, merced a la política municipal de Calvo Sotelo, si bien con escasos resultados en la práctica). 

En la lista de los ganadores figuraban los principales miembros de la oligarquía burguesa de la capital de la provincia (juristas y comerciantes, sobre todo), como el famoso abogado y sabio local Carlos de Lecea.

 Sin olvidar a los pocos campesinos acomodados del propio Otero, que controlaban el gobierno municipal, siendo esta desigualdad doméstica la que elevó hasta un grado de calor explosivo el clima de tensión social y política que hacía irrespirable el aire del pueblo.

 A la mayor parte de los vecinos se la privó de sus medios tradicionales de subsistencia, con la circunstancia agravante de que los nuevos propietarios de los terrenos parasitaron aún más la economía municipal con sus delirios de grandeza y su falta de iniciativa para modernizar la vida local a través de sus cuantiosas adquisiciones en el municipio.

Había ganas de revancha en el pueblo. La antigua armonía vecinal se había fundido en una olla a presión. Y la tapa estaba a punto de volar por los aires. 

El odio a los poderosos dio sus primeros frutos a partir de 1931, con la llegada de la Segunda República. Los humillados –casi todos los vecinos– no escatimaron medios para darle la vuelta a la tortilla. Lo primero que hicieron fue controlar el Ayuntamiento y utilizar el poder municipal para castigar a los caciques, especialmente a los domésticos (y a sus clientes y empleados), así como a la Iglesia local. 

En esta labor de acoso –y, en ocasiones, de puro matonismo– destacaron los vecinos afiliados al Partido Radical Socialista y el Ayuntamiento paralelo organizado por los militantes de la UGT y de la Casa del Pueblo. Todo ello bajo el telón de fondo de la legislación agraria del primer bienio republicano, que luego quedaría en nada gracias a los amigos políticos en Madrid de la oligarquía segoviana. 

Pero, volviendo a Otero, el rencor popular pasó a ser venganza, y la creciente prepotencia de los nuevos ricos se convirtió, antes de la irrupción del terror falangista contra los jornaleros locales, en angustia de los privilegiados y expoliadores. Para estos últimos pintaban bastos, mientras que los campesinos y jornaleros extenuados por casi un siglo de abusos señoriales se afanaban en recuperar sus tierras expropiadas.

Vino el 18 de julio de 1936 y la violencia truncó las ilusiones revolucionarias: juicios militares sumarísimos, numerosas penas de cárcel para los gamberros (en palabras del Marqués de Lozoya), y cinco asesinatos de republicanos a manos de los militares rebeldes y sus aliados de Falange.

 El tiempo retrocedió, la propiedad –después de las zozobras republicanas– se consolidó en los registros de los beneficiarios ilegítimos del proceso desamortizador (con efectos de futuro a favor de sus herederos) y resucitó en este humilde pueblo de Segovia  la sumisión y el silencio forzoso. Este segundo elemento se extinguió (no del todo) con la muerte de Franco. 

Pero el primero –la estructura jurídica de la propiedad– ha permanecido intacto hasta el año 2015. No se trata de nada retórico. Los dueños del antiguo patrimonio vecinal o de su producto son ahora los sucesores de los beneficiarios de la Ley Madoz. 

Naturalmente, hoy sería absurdo remover los títulos dominicales. Pero –y en esta conclusión reside el gran mérito del paciente trabajo de Javier Monjas– no se debe añadir una segunda injusticia –la del olvido– a la primera, la del gran despojo patrimonial que unos señoritos con dinero cometieron contra sus vecinos más humildes e indefensos. 

Dicen que el tiempo lo cura todo. Estoy de acuerdo. Pero a condición de que el sonido de la verdad histórica sea más potente que el de las agujas del reloj."               (Félix Bornstein, Cuarto Poder, 20/10/2015)

El robo de las tierras comunales... ayer y hoy

"(...) El profesor emérito de la Universitat Pompeu Fabra propone un ejercicio de historia comparada, entre lo que ocurre en la España del siglo XIX y el proceso que en la Inglaterra del siglo XVIII expropió a los campesinos de las ventajas que les proporcionaban las tierras comunales y los derechos comunes, y terminó con la existencia de un mundo de campesinos autónomos. 

El poeta John Clare decía: “Hubo un tiempo en que un trozo de tierra me hacía libre de la esclavitud, hasta que llegaron los viles cercados de tierras que han hecho de mi un esclavo de la caridad de la parroquia”.

En el caso francés, el problema que más gravemente afectó a los campesinos a finales del siglo XVIII, y lo que les empujó a la revolución, no era el de los derechos feudales (que sólo afectaba a los propietarios independientes), sino la tendencia por parte de la aristocracia y de la burguesía a introducir contratos “en dinero” y de duración limitada que arruinaban a los campesinos, en sustitución de los tradicionales contratos de larga duración y los arrendamientos en pago por “frutos”.

El malestar rural de 1789 en Francia habría surgido, en primer lugar, por la ofensiva capitalista que estaba destruyendo el viejo sistema agrario, en el que el campesino sin dinero podía vivir, a pesar de todo, gracias a los arrendamientos a largo plazo y pagados con una parte de los frutos, además de los medios que proporcionaban los bienes y derechos comunales. 

Pero el hecho de que la revolución triunfara en Francia, dejó a los campesinos en una situación distinta a la de los ingleses y los españoles, sobre todo en cuanto a la persistencia de la pequeña propiedad campesina, lo que implicaría una gran diferencia en el camino que se iba a seguir.

“El caso de España está claro”, zanja Fontana. Al igual que en Inglaterra o Francia, la lucha por la tierra o, dicho de otro modo, el proceso que conduce a “la propiedad burguesa de la tierra” se inició mucho antes. Posiblemente habría que comenzar con el estudio de las alienaciones de tierras y rentas reales, que en 1637 proporcionaban a la corona más recursos que los aportados por el tesoro americano. 

 Según Alberto Marcos Martí, se convirtieron en un instrumento en manos de la monarquía para contener y compensar a la nobleza, así como integrar a amplios sectores del funcionariado y la burguesía en la clase feudal. Ello implicaba reforzar el orden de los viejos estamentos privilegiados, a expensas de los campesinos.

¿Por qué estos procesos cobran en España nueva fuerza desde comienzos del siglo XIX?, se pregunta el historiador catalán. Sobre todo, para hacer frente a las resistencias de la población campesina a la continuidad del viejo sistema, traducida en una progresiva erosión del pago de los derechos señoriales y del diezmo. La guerra del “francés” y los decretos de las Cortes de Cádiz ayudaron a abrir los ojos sobre la naturaleza real del sistema.

 Ahora bien, explica Fontana, “en lugar de vaciar de contenido los privilegios del viejo sistema en beneficio de los campesinos, la reforma agraria liberal se hizo en buena medida para preservar los derechos de los propietarios; que la operación se mostrara como una gran empresa liberadora, no era más que una forma de legitimarla”.

Pero, además de este gran programa de consolidación de la propiedad, se da (de una manera mucho menos visible) una gran campaña de apropiación de las tierras y bienes comunitarios; tierras y bienes que permitían a los campesinos aquella subsistencia en libertad que los ingleses tenían antes del cercamiento de tierras, y los franceses consiguieron preservar gracias (en buena medida) a su participación e la revolución. Concluye Fontana que esta es una cuestión que no ha tenido en el caso español la abundancia de estudios que se han dedicado, por ejemplo, a la desamortizacón eclesiástica (“uno de los esfuerzos más inútiles de nuestra investigación historiográfica, que abocó a un gran número de historiadores a su estudio en los años 70 y 80 del siglo pasado”).

“Del destino de la propiedad comunal campesina, por el contrario, sabemos únicamente lo que hace referencia a la desamortización civil llamada de Madoz, en 1855, que también era una operación destinada a resolver problemas hacendísticos”. Pero, matiza el especialista en historia económica, “se nos ha pasado por alto la parte más importante del proceso, que es la apropiación que se realiza en una suma de pequeñas operaciones puntuales y a menudo sin cobertura legal”.

 De hecho, la primera ley del siglo XIX autorizando la venta de bienes comunales (5-X-1811), se concretó en un Decreto (4-I-1813) sobre enajenaciones de baldíos y otras tierras comunales. Pero mientras, y esto es lo significativo, se habían vendido muchas tierras (en Guipúzcoa, esta desamortización civil supuso la alienación del 10% de la superficie de la provincia). 

Además, una vez finalizada la guerra contra los franceses continúa la venta de bienes municipales que, según denunciaba una Real Cédula de 21-XII-1818, se había producido “sin absoluta necesidad o con muy poca; otros con ella, pero sin formalidad alguna, quedándose en poder de los propios constituyentes del Ayuntamiento sin subasta; algunas sin tasa, y otras hecha ésta por ellos mismos y habiéndoles dado un valor ínfimo”.

En la preocupación de los historiadores por investigar la evolución del liberalismo y el triunfo de la revolución burguesa, pasaron por alto –según Josep Fontana- la transformación agraria más importante de la primera mitad del siglo XIX, que permitió roturar nuevas tierras, extender el área cultivada y aumentar la producción de granos en la medida que era necesario para hacer frente al aumento de la población.

 Así se evitaban, asimismo, las grandes hambrunas de los primeros años del siglo XIX. No hubo ninguna ley que autorizara este proceso -finalmente legalizado como hecho consumado e irreversible en 1847- en el que se redujeron a cultivo extensos terrenos tanto del estado como “propios” y “comunes” de los pueblos.

Insiste el historiador catalán en que la apropiación de las tierras comunales “desaparece la nuestra vista al desarrollarse en una serie de episodios puntuales, que no aparecen en los relatos históricos globales y además acostumbran a ocultar la conflictividad campesina”. Por ejemplo, al referirse a lo que ocurre en 1836 los libros de historia se ocupan normalmente de los sucesos de la Granja y el motín de los sargentos.

 Pero en Aragón se multiplicaron por esas fechas las protestas campesinas, que llevaron a las casas señoriales a dirigirse al gobierno y alertar de que sus intereses y los de la patria podían correr peligro. El malestar provocado por estas revueltas se debía a la desaparición de las tierras de aprovechamiento común y el endurecimiento de las condiciones de explotación en tierras con viejos derechos de carácter señorial.

Fontana señala otro ejemplo de ocultación historiográfica de la conflictividad campesina. Cuando se habla de Castilla en los años 50 del siglo XIX, se pondera normalmente el enriquecimiento que produjeron las exportaciones de trigo, como consecuencia de las interrupciones del suministro de cereales rusos en los tiempos de la guerra de Crimen. Pero un libro de Javier Moreno Lázaro revela que entre 1854 y 1858 hubo en las tierras de Castilla-La Vieja y León 112 revueltas, casas de propietarios asaltadas y fábricas de harina incendiadas. 

Pero la historia de la revolución “gloriosa” de 1868 tampoco explica hechos como los de Montilla, donde los burgueses locales se aseguraron la victoria en las elecciones con el auxilio de una “partida de la porra. De inmediato, se apropiaron de los bosques comunales de los que tradicionalmente obtenían provecho leñadores y carboneros. Y la historia continúa.

Al proclamarse la I República, la población de Montilla se lanzó a la calle, venció la resistencia combinada de la “partida de la porra” y la guardia civil, mataron a tres propietarios y se incendiaron algunas casas. Como resultado, un gran número de rebeldes terminó en la prisión de Córdoba, donde continuaban (sin juicio) después de un año de República.

Años después, agrega el maestro de historiadores, “los estudios de historia continuaron silenciando estas luchas campesinas, o las falseaban, como lamentablemente hizo Díaz del Moral en su Historia de las Agitaciones Campesinas Andaluzas; sería éste desgraciadamente el libro de referencia para los estudiantes de varias generaciones”. Por lo demás, conflictos como los citados se podrían repetir en diferentes lugares y con fechas muy diversas.

 “Episodios de una historia que está aún por escribir”. Por ejemplo, la lucha por la recuperación de las tierras municipales que se planteó durante la II República, y que llegó al máximo en los debates de las Cortes el 1 de julio de 1936. El dirigente derechista Calvo Sotelo, al defender que no se “tocaran” las apropiaciones ilegales hechas hasta entonces, afirmaba: “yo les digo a los agricultores españoles que la solución se logrará con un estado corporativo”.

Una consecuencia general de este proceso de transformaciones agrarias en toda la Europa occidental, llevado a expensas de la propiedad colectiva de prados y bosques, fue que en la mayor parte de los países (excepto Francia) se produjera un descenso, entre 1814 y la década de 1840, de los niveles de vida de la población campesina y la mayor parte de las capas populares. Subraya Fontana que es algo que puede medirse a través de investigaciones de la historia antropométrica. 

 Puede asociarse, en efecto, la disminución de la estatura con un empeoramiento de las condiciones de alimentación y subsistencia de la población. Se trata de una tendencia general en Europa. La mengua de la estatura hasta la década de los 40 del siglo XIX tiene dos excepciones: Francia (por el predominio de la pequeña propiedad) y España (donde la caída se prolongó hasta 1870, mucho más que en otros países)

¿A cuento de qué esta larga reflexión? Responde Fontana que estos problemas históricos son muy importantes para entender el mundo en el que vivimos. En Colombia, entre 1985 y 2007, se expulsó de sus tierras a un número de campesinos que oscila entre los 3 y los 4 millones, que perdieron sus propiedades. “Y eso se ha hecho en nombre del progreso”. Como en la Inglaterra del siglo XVIII. O en la España del siglo XIX."           (Entrevista a Josep Fontana, Enric Llopis, en Rebelión, 17/06/2014)