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6/11/23

Juan Torres López: Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados... Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos. En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos)... La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta

 "Cuando se empieza a discutir la posible formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España vuelve a hablarse de medidas económicas que suelen concitar bastante desacuerdo entre economistas.

Con los precios de muchos bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda, todavía subiendo, aunque el índice general se haya frenado, desde la izquierda se proponen controlarlos legalmente. Para mejorar las condiciones del empleo se reclama que suba de nuevo el salario mínimo y, cuando se ha comprobado el aumento extraordinario de márgenes en algunas empresas y de los grandes patrimonios, se proponen aumentos impositivos para compensar el enriquecimiento tan desigual que se viene produciendo.

Son propuestas que la izquierda defiende por razones fundamentalmente de equidad, aunque no sólo por ellas, sino considerando además que la desigualdad es también un freno para el crecimiento económico. Y medidas, por otra parte, que los economistas liberales o más ortodoxos critican porque consideran que atentan contra las leyes de la oferta y la demanda, en el caso de los controles, provocando así problemas más graves que los que se desea resolver; o, cuando se trata de medidas fiscales redistributivas, porque creen que expulsan la inversión y destruyen empleo, pues disminuyen los beneficios empresariales.

Estas últimas críticas liberales no tienen demasiado fundamento, ni desde el punto de vista teórico ni tomando en consideración la evidencia empírica.

En el caso de los topes a los precios o de la fijación de salarios mínimos el argumento liberal se basa en afirmar que, si los gobiernos establecen precios por encima (salario mínimo) o por debajo (precios máximos) del precio de equilibrio, lo que ocurrirá será que haya exceso de oferta (paro) o de demanda (escasez de bienes).

Se trata de una argumentación que no puede tomarse del todo en serio por una razón muy sencilla, aunque sorprendentemente muy desconocida, incluso entre los propios economistas, acostumbrados a que los manuales de economía y muchas investigaciones la oculten utilizando razonamientos, intelectualmente hablando, del todo fraudulentos.

En realidad, es material y matemáticamente imposible determinar una sola función de oferta y otra de demanda en un mercado y, por tanto, no es posible establecer que haya «un» precio de equilibrio que pueda ser «violentado» por esos topes máximos o salarios mínimos.

Se trata de algo que Sonnenschein, Mantel y Debreu demostraron en 1972 y 1973, pero que se oculta en la inmensa mayoría de los manuales de economía en donde supuestamente aprendemos los economistas: no se puede obtener una función de demanda de todo el mercado agregando las individuales.

Incluso se podría ir más allá. Es también prácticamente imposible determinar una función de demanda individual real. Como es sabido, esta es la que indica la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes precios del mercado, suponiendo que no varían otros factores que, sin embargo, sabemos con toda seguridad que sí influyen en su decisión, como su renta, sus preferencias o gustos y el precio de otros bienes vinculados con el consumo del que desea adquirir.

La mejor prueba de lo que acabo de señalar es que resulta imposible encontrar un solo libro de economía en cualquier biblioteca del mundo que muestre una función de demanda real, no ya de mercado sino incluso de un solo individuo, que tenga la forma que dicen los manuales que ha de tener.

La conclusión de todo esto, por tanto, es que el efecto de ese tipo de medidas mencionadas es, en la realidad, indeterminado. Y, de hecho, eso es lo que se descubre cuando se realizan análisis empíricos a posteriori para saber qué ha ocurrido tras haberse establecido topes máximos a los precios en algunos mercados o cuando se han fijado salarios mínimos.

Las investigaciones dedicadas a analizar este último caso, empezando por las pioneras de David Card y Alan Krueger en Estados Unidos, han mostrado que no es cierto que la fijación de un salario mínimo traiga necesariamente consigo aumento del desempleo, tal y como pontifican los economistas liberales. Cuando se han analizado los efectos de controles sobre los precios en diferentes tipos de mercados se ha concluido lo mismo: en unos casos, se han contenido sin mayores problemas; en otros, sólo a corto plazo o no han tenido efecto; en algunos, se ha reducido la oferta, provocando escasez, aunque eso no ha ocurrido en todas las experiencias. Y algo parecido sucede en el caso de las subidas de impuestos. También es sencillamente incierto que cualquier subida (y menos cuando se ha tratado de aumentos en circunstancias extraordinarias) haya provocado siempre los indeseables efectos sobre la inversión y el empleo que aseguran los liberales que en cualquier ocasión se producen. Es más, ni siquiera tienen por qué provocar disminución de beneficios, puesto que las empresas pueden reaccionar aumentando la productividad o ampliando su mercado y sus ventas, como de hecho ha ocurrido en diferentes etapas históricas y, generalmente, en las economías más avanzadas; las que lo son, precisamente, porque han sido capaces de reducir la desigualdad en mayor medida con políticas fiscales progresivas.

¿Quiere decir todo lo anterior que las medidas de control y de redistribución que propone la izquierda son las más adecuadas?

La respuesta es clara, por las mismas razones que acabo de señalar para rechazar la crítica liberal. Pueden tener efectos positivos, pero igualmente pueden ser negativos, en función de las circunstancias, los tipos de mercado, el plazo considerado o la forma de implementarlas.

Quizá podría decirse, en general, que estas medidas pueden estar tanto más justificadas cuanto más excepcional sea la situación, si bien tampoco se puede descartar que esta excepcionalidad provoque un efecto perverso más potente. La realidad es que no se sabe de antemano qué efecto van a tener. No se puede, pues, generalizar, sino que parece obligado analizar cada caso con ponderación, detenimiento y rigor. El infierno, como es sabido, está lleno de buenas intenciones.

Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados.

Estos últimos son instituciones anteriores al capitalismo y que seguirán existiendo si este es alguna vez sustituido por otro sistema económico, y lo que a mi juicio deberían hacer las políticas progresistas no es intentar forzarlos sino, por un lado, procurar que funcionen siempre con la máxima competencia y tratar de establecer derechos o poderes de apropiación que eviten el gran número de imperfecciones que provoca el ilimitado afán de lucro que los guía en el capitalismo; por otro, que no dependa de los mercados el uso de recursos que no han sido creados para convertirse en mercancías. Y, con respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, me parece que lo que debería hacerse es procurar que los procesos de producción no se lleven a cabo generando la gran desigualdad que hoy día generan. Es decir, no confiar tan ciegamente en que cualquier distribución primaria puede resolverse a través de medidas redistributivas.

Naturalmente, esto último es mucho más difícil que establecer por decreto un control de precios, conceder un subsidio o aumentar los impuestos. Pero, por muy complicado que sea, me parece que es el reto al que deben enfrentarse las políticas progresistas de nuestro tiempo si quieren salir adelante ante la exagerada desigualdad y la extraordinaria concentración del poder y la riqueza hoy día existentes. Y, sobre todo, si lo que se busca es transformar el sistema económico y no limitarse a parchearlo cuando hace aguas por todas partes.

Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos.

En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos). Para poder impulsar una deseable economía del cuidado y la austeridad en su sentido auténtico, circular, sostenible y eficiente es imprescindible crear formas y medios de pago descentralizados, sistema de crédito sin interés, mecanismos efectivos para internalizar todo tipo de externalidades, incluidas las que suponen inequidad y sufrimiento humano y, por supuesto, la medioambientales, además de mecanismos que garanticen rentas mínimas y protección a toda la población, sin depender del mercado que sólo busca el beneficio privado.

Las izquierdas han actuado y actúan casi siempre considerando que la intervención del Estado es por sí sola suficiente, y que los enemigos del progreso y el bienestar son el capital y las empresas, ignorando que ambos son imprescindibles en cualquier tipo de sistema económico mínimamente avanzado. Lo que produce miseria, despilfarro, insatisfacción o destrucción del medio ambiente… no es ni el capital ni las empresas, sino el permitir su apropiación y uso sin más objetivo que el lucro privado, sin considerar su efecto sobre terceros y dejar que actúen al margen de cualquier responsabilidad o criterio ético. Y también, no se olvide, una mala intervención pública.

La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta."            

(Juan Torres López, Ganas de escribir)

24/10/23

Alternativa financiera en Ghana... ¿Qué es un Susu y cómo funciona? Los miembros de un Susu aportan periódicamente una cantidad determinada de dinero, que luego se junta y se entrega a cada miembro por turno durante un periodo definido. La suma global permite a los miembros acumular capital, lo que les facilita emprender negocios, hacer compras más grandes, pagar matrículas escolares, bodas o funerales y satisfacer otras necesidades... Suelen ser democráticos, con miembros del consejo elegidos para tomar decisiones en nombre del grupo. Además, la práctica se basa, como señalan los autores del artículo, «en el esfuerzo africano por mantener la vida comunitaria»

 "Alternativa financiera.

En la página de Radical Democracy publican esta iniciativa de un sistema financiero tradicional en Ghana que puede ofrecer una alternativa comunitaria.

 https://radicalecologicaldemocracy.org/susu-ghanas-informal-economy-is-a-case-study-in-postcapitalist-development/

Susu: La economía informal de Ghana es un ejemplo de desarrollo postcapitalista
17 de septiembre de 2023

 Susu es un sistema financiero centenario de Ghana. Es un tipo de asociación de ahorro y crédito rotatorio (ROSCA) y una de las numerosas instituciones financieras colectivas informales que se practican en África Occidental. Para su estudio, «Situating the West African System of Collectivity: A Study of Susu Institutions in Ghana’s Urban Centers» (1), Caroline Shenaz Hossein y Samuel Kwaku Bonsu entrevistaron a 46 miembros de Susu en ciudades de Ghana. Sus resultados revelan por qué estos sistemas y prácticas basados en la comunidad contribuyen de forma importante al desarrollo ascendente, abordando las desigualdades económicas y ofreciendo al mismo tiempo una alternativa sostenible a la nociva ideología neoliberal dominante.

El neoliberalismo imagina una economía centrada en la búsqueda individual de la riqueza y el materialismo. En el contexto del desarrollo, este modelo económico ve los procesos de cambio cultural socioeconómico únicamente desde una perspectiva histórica blanca: la economía dominante se enmarca como un sistema autorregulado impulsado por la motivación de los individuos para mejorar su propia condición, a menudo a expensas de los demás. Esta mentalidad se basa en la suposición de que el mundo tiene recursos infinitos, y acaba transformando las economías autosostenibles en sistemas devastadores para el medio ambiente.

Como práctica, Susu desafía silenciosamente el sistema global dominante. Su mera existencia refuta la insistencia del capitalismo en que es el único modelo posible de sociedad. La verdad es que existen sistemas totalmente alternativos, y existen desde hace mucho tiempo.

¿Qué es un Susu y cómo funciona?

 Susu significa «poco a poco» y también «planificar» en la lengua twi de Ghana. Los miembros de un Susu aportan periódicamente una cantidad determinada de dinero, que luego se junta y se entrega a cada miembro por turno durante un periodo definido. La suma global permite a los miembros acumular capital, lo que les facilita emprender negocios, hacer compras más grandes, pagar matrículas escolares, bodas o funerales y satisfacer otras necesidades.

Aunque ésta es la estructura general, cada grupo Susu tiene sus propias reglas.
Sin embargo, en Susu no se trata sólo de dinero. El objetivo no es el lucro, sino aunar y compartir recursos en beneficio de todos los miembros. Suelen ser democráticos, con miembros del consejo elegidos para tomar decisiones en nombre del grupo. Además, la práctica se basa, como señalan los autores del artículo, «en el esfuerzo africano por mantener la vida comunitaria».

La investigación ha demostrado que el Susu es anterior al colonialismo, pero su existencia al margen del sistema de mercado dominante significa que ha permanecido en cierto modo oculto y no reconocido. Sin embargo, es la naturaleza informal de los sistemas Susu lo que los hace especialmente útiles: son flexibles y dinámicos, capaces de movilizarse rápidamente en función de las necesidades cambiantes de sus miembros. También permiten crear y mantener fuertes lazos sociales a través de la ayuda mutua y la toma de decisiones democrática.

Por qué muchos ghaneses prefieren Susu al sistema bancario formal

 Según el estudio, «el éxito de las prácticas Susu en Ghana ha provocado inmensas presiones comerciales para formalizarlas». Sin embargo, los miembros de Susu entrevistados expresaron su firme rechazo a ser cooptados por los bancos comerciales. Los miembros son muy conscientes de que los sistemas Susu tienen muchas ventajas sobre los bancos, desde los fuertes lazos comunitarios que fomentan hasta el enfoque en la confianza, el cuidado y el bienestar en lugar del interés propio individual. A los miembros de Susu les mueve la solidaridad, no el lucro. Construyen amistades duraderas y reconocen que un sentido de propósito basado en fuertes lazos sociales es una parte central de vivir bien. «Pertenecer a una Susu es comprometerse con uno mismo y con la comunidad», escriben los autores. «Es una forma de vida que aporta alegría».

Además, a diferencia de los bancos, los Susus atienden las necesidades financieras de los sectores vulnerables de la sociedad y ayudan a conectar y proteger a las personas excluidas de las finanzas formales, abordando así eficazmente la desigualdad económica. La informalidad del sistema en este contexto es una ventaja. Durante más de 30 años, los bancos han intentado establecer conexiones con la economía informal, pero han fracasado en parte debido a que muchos miembros de Susu no cumplen las políticas formales de los bancos. Como dijo una entrevistada, propietaria de un negocio: «Los bancos están jugando a ponerse al día porque los Susus se basan en la confianza y los bancos no han creado oportunidades para que se les considere dignos de confianza».

Muchos informantes también consideraban que la forma de compartir de los Susu era un «invento muy africano», que corría el riesgo de quedar subsumido y borrado en el proceso de comercialización. Por tanto, participar en un Susu puede considerarse un acto político de resistencia a las fuerzas homogeneizadoras del capitalismo global.

Un antídoto contra el desarrollo internacional verticalista y corporativista
Los miembros de Susu cambian la forma de entender el desarrollo local al trascender el binario capitalista-socialista y demostrar que las comunidades pueden participar en actividades económicas sin ánimo de lucro, un compartir y poner en común que puede calificarse de postcapitalista. Y lo que es más importante, se trata de un tipo de economía comunitaria anterior a las teorías surgidas en Occidente.

La fijación del sistema económico mundial en los mercados formales desmiente la existencia de una miríada de mercados informales: «la economía viva en la que la mayoría de las personas interactúan entre sí de formas cruciales que sustentan la vida». En Ghana, nuestro ejemplo, el 88% de la economía se clasifica como informal.

Como señalan los autores: «El sistema Susu prospera en la informalidad, y en lugar de ignorar lo que puede ofrecer, debemos reconocer su postura inconformista en lo que respecta al desarrollo. Las prácticas Susu optan por ayudar a los excluidos en los negocios y en la sociedad, ofreciendo beneficios tanto materiales como sociales.»

A pesar de su larga historia de puesta en común de dinero en beneficio de la comunidad, los sistemas Susu rara vez, o nunca, se reconocen como alternativas económicas o como solución de desarrollo, ni siquiera en el discurso de la economía comunitaria. En su estudio, los autores tratan de rectificar esta omisión, señalando que una economía centrada en las necesidades locales libera a las comunidades del interminable ciclo de dependencia del desarrollo. Los debates sobre las economías comunitarias deberían, por tanto, incorporar este tipo de teoría político-económica negra.  Además, para quienes escriben sobre tecnología financiera y la desarrollan, las ROSCA como Susus ofrecen un punto de partida para explorar alternativas económicas sostenibles que a menudo están dirigidas por mujeres.
El sistema Susu se centra en el deseo y la capacidad de las personas para intervenir en sus propias vidas, al tiempo que está firmemente arraigado en sus economías comunitarias.

Economía más allá del crecimiento y el beneficio

 El estudio demuestra que, por naturaleza, el ser humano no tiene ánimo de lucro. Los sistemas de cooperativas Susu se resisten a la corporativización de la economía y ofrecen un caso de estudio inspirador sobre cómo las personas pueden dirigir -y dirigen- su propio desarrollo. Con sus raíces en las economías comunitarias, ofrecen una alternativa funcional a la búsqueda agresiva de rentas económicas y refutan activamente la tesis del crecimiento.
El hecho de que los sistemas Susu sigan sobreviviendo y prosperando en un contexto neoliberal contemporáneo es testimonio de la fuerza de los enfoques indígenas arraigados. Su sabiduría y su funcionamiento nos enseñan lecciones a todos los que nos comprometemos a contrarrestar las narrativas y prácticas destructivas del capitalismo.

(1) Situating the West African System of Collectivity: A Study of Susu Institutions in Ghana’s Urban Centers"

(Caroline Shenaz Hossein es profesora asociada de Desarrollo Global y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto y uno de los miembros fundadores del Colectivo de Economías Solidarias Diversas (DISE). Más información en www.africanaeconomics.com .  Natalie Holmes es una escritora y editora independiente que trabaja en los campos de la economía regenerativa y el apoyo humanitario y la solidaridad. Es la editora jefe de Post Growth Perspectives. Salvador López Arnal, blog, 22/09/23; traducción DEEPL)

25/9/23

Coop57: “Ponemos el dinero al servicio de la economía social y solidaria”... Coop 57 Asturies ha cumplido cinco años desde su constitución como un ejemplo de servicio de ahorro y financiación para entidades que buscan la transformación social... “Coop 57 no te va a desahuciar. Está de tu lado, te ayuda a que devuelvas lo que se te ha prestado, pero sobre todo a que saques adelante tu proyecto y así puedas devolver el dinero... el objetivo de Coop57 no es maximizar beneficios, sino aumentar la capacidad de dar créditos a proyectos transformadores”... proyectos que tienen que ser llevados a cabo por unos colectivos que pueden ser asociaciones, cooperativas o fundaciones laborales. A los particulares o autónomos no se les presta dinero. Se fomenta el ahorro colectivo para otros colectivos”... Actualmente, asociaciones como Cambalache; cooperativas de la de vivienda, como Axuntase; o del ámbito de la energía sostenible, como Astuernerxía; o para materiales y técnicas de bioconstrucción, como Ecomateriales Ultravioleta; o en el campo ecológico, con productos como la crema de cacao y avellanas ecológica, Asturcilla, son algunas de las 24 entidades que participan en Coop57

 "¿Es posible un mundo donde los servicios financieros no busquen maximizar los beneficios y sí la rentabilidad social a la vez que la viabilidad económica? ¿Donde el dinero de los ahorradores no se destine a inversiones de tipo especulativo? ¿Donde la transparencia se imponga a la opacidad de las decisiones de un grupo reducido de accionistas? Hemos hablado con la sección territorial Asturies de Coop57 para que nos expliquen cómo están poniendo su grano de arena para responder afirmativamente a esas preguntas, después de que esta “herramienta para impulsar la economía social y solidaria” se haya consolidado en esta región y busque ahora su expansión y la captación de más ahorradores y entidades que necesiten préstamos.

“Queremos darnos a conocer porque en Asturias hay bastantes entidades que podrían servirse de nosotros para empezar”, cuenta Verónica Sánchez, parte de esta cooperativa. “Coop 57 no te va a desahuciar. Está de tu lado, te ayuda a que devuelvas lo que se te ha prestado, pero sobre todo a que saques adelante tu proyecto y así puedas devolver el dinero.” Según ella, la clave está en que “el objetivo de Coop57 no es maximizar beneficios, sino aumentar la capacidad de dar créditos a proyectos transformadores”.

 Marcos García cuenta un poco más: “La idea es ofrecer dos tipos de servicios financieros. Uno de ahorro por parte de los socios colaboradores, cualquier persona o entidad que quiera dejar el dinero parado hasta que ellos consideren. Y luego, unos proyectos que tienen que ser llevados a cabo por unos colectivos que pueden ser asociaciones, cooperativas o fundaciones laborales. A los particulares o autónomos no se les presta dinero. Se fomenta el ahorro colectivo para otros colectivos.”

Una herramienta financiera nacida en Cataluña

Todo empezó en Cataluña en los años ochenta, entre los trabajadores de la Editorial Bruguera que buscaban mantener sus puestos de trabajo. En aquel entonces la editorial pasó a manos del Banco de Crédito Industrial y este tomó la decisión de liquidar la empresa. Un grupo de trabajadores iniciaron una lucha judicial para conseguir las indemnizaciones que consideraban justas y no las que ofrecía el banco. Ganaron la batalla, ya en los años noventa. Es entonces cuando estos trabajadores inician un fondo con parte de las indemnizaciones para promover proyectos económicos que crearan lugares de trabajo de calidad, aplicando principalmente modelos cooperativos. De esta forma, en 1995 nacía Coop57 como cooperativa de servicios financieros que, con el tiempo, acabaría poniendo en práctica un modelo de crecimiento en red extendido a otros territorios de España.

 Javier Arjona cuenta que “Coop57 Asturies empezó hace más de una década. Durante unos años estaba adscrita a la centralidad de Cataluña, pero en 2018 nos constituimos como una entidad territorial y fue al año siguiente que la gente de Asturias empezó a decidir qué proyectos querían financiarse aquí. Antes de eso el trabajo de las comisiones social y técnica se delegaba en la gente de Cataluña.”

Es en esta comunidad donde todavía hay más socios y proyectos financiados. Asturias es el territorio donde todavía hay menos socios colaboradores, si bien aquí recurren entidades de León o Cantabria porque en sus comunidades todavía no se ha implementado el modelo de Coop57. Tras varios años de funcionamiento y una vez consolidada su actividad en el Principado, creen que es el momento de crecer y “de que la gente conozca esta herramienta”. Repiten la palabra “herramienta” con frecuencia porque aunque basada en unos principios “alejados del capitalismo” reivindican su utilidad práctica. “A la izquierda le cuesta hablar de dinero”, bromea Verónica Sánchez. “Coop57 funciona como discurso, pero es sobre todo algo práctico. Las empresas involucradas pretenden generar beneficios sociales o medioambientales, pero a la vez son células capitalistas que han de resultar viables y producir capital de forma ética. Y Coop57 es la herramienta adecuada para ayudar a congeniar todo eso.”

 Actualmente, asociaciones como Cambalache; cooperativas de la de vivienda, como Axuntase; o del ámbito de la energía sostenible, como Astuernerxía; o para materiales y técnicas de bioconstrucción, como Ecomateriales Ultravioleta; o en el campo ecológico, con productos como la crema de cacao y avellanas ecológica, Asturcilla, como Kikiricoop; y fundaciones como la Fundación Edes para la Educación Especial, son algunas de las 24 entidades que participan en Coop57.

¿Cómo funciona?

Cualquier persona o entidad puede ser ahorrador, denominado socio colaborador en Coop57, “excepto las figuras jurídicas de Sociedad Anónima o Sociedad Limitada.” Las figuras jurídicas que se aceptan son las asociaciones, las cooperativas, las fundaciones y las sociedades laborales. Los socios de servicios, o entidades que reciben el préstamo, solo pueden estar constituidas de esta forma, si bien, a propuesta de la sección de Aragón también se ha incluido recientemente el ATP en el mundo agrario. “Cada región cuenta con diferentes experiencias y necesidades y de las que al trabajar en red todos aprendemos y nos adaptamos de forma flexible”, incide Verónica Sánchez.

Mantienen que la implicación de los socios es algo fundamental en Coop57. De hecho, la mayor parte de la estructura está formada por voluntarios. En Asturias solo hay una persona liberada que trabaja a media jornada para asesorar y realizar otro tipo de gestiones. Por otro lado, en Cataluña es donde se concentra la mayor parte de los profesionales remunerados que sustentan las evaluaciones técnicas que permiten la viabilidad de la cooperativa a nivel estatal.

 No obstante, para acceder a los préstamos en Asturias existen dos tipos de comisiones. Roberto Porras lo cuenta: “Cuando una entidad pide un préstamo, primero se hace una evaluación social. Se evalúa el impacto social de la actividad que realizan y para la que piden el dinero. Además, hay un cuestionario en el que se analizan las condiciones laborales que se tienen; la manera de tomar las decisiones de la empresa o proyecto; las medidas medioambientales; el compromiso con el entorno. Se analiza todo esto porque muchas veces hemos visto que una asociación o fundación no siempre está alienada con los valores de la economía social y solidaria. Además, el cuestionario va acompañado de una visita que debe comprobar en directo que se ha respondido con veracidad.”

Si no se pasa la evaluación social, se aconseja a la entidad qué cosas debe modificar para pasar a la siguiente fase: la evaluación técnica. Otra comisión debe atender a criterios de viabilidad del proyecto y, por supuesto, para que eventualmente devuelvan el préstamo. Sobre esto, Verónica Sánchez resalta que “prácticamente no hay morosidad”. Algo que concuerda con las cifras facilitadas los últimos años al comparar el número de morosidad entre la banca ética y la banca convencional: en 2021 la morosidad en el sector financiero se situaba en el 1,24%, mientras que en el convencional estaba en el 4,29%.

Verónica Sánchez afirma que “la mayor parte de nuestros proyectos podrían encontrar respaldo en un banco normal”, pero vuelve a sus argumentos del principio: “elegimos esta opción porque en parte se trata de una economía alternativa a los bancos.” Aun así, reconoce que “los fondos de Coop57 no están debajo de un colchón, están en un banco, en Caja Laboral”.

Apenas hay morosidad y no se cobran comisiones

En cuanto a la morosidad, desde Coop57 Asturies insisten en que “es muy difícil que se acaben ejecutando avales porque prácticamente no hay impagos. Además, hay toda una serie de mecanismos, antes de ejecutar un aval, porque lo que interesa es que salgan todos los proyectos adelante.” Por otro lado, los avales son el dinero de personas o entidades. “Con ello se trata también de que demuestres el arraigo social de tu proyecto. Mostrar que tienes unos grupos de consumo y que tienen confianza en el proyecto.”

Los intereses para devolver los préstamos se diferencian poco de la banca comercial, pero además del compromiso con el proyecto al que se financia, está el hecho de que Coop57 no cobra comisiones. “Si miramos los grandes números, el crédito de inversión está ahora mismo al 4,95. Está prácticamente a la par con las entidades bancarias, debido a que subieron mucho los tipos de interés”, relata Roberto Porras. “Pero si te pones a analizar los otros gastos vinculados, por ejemplo, por apertura, por cancelación, cuando quieres quitar una cuota de más, etc,. eso son todo gastos añadidos que Coop 57 no tiene. El único gasto que hay es el interés. Exclusivamente.” Y es con los intereses que se paga la estructura de esta cooperativa de servicios financieros.

 En cuanto al proceso de cómo se fijan los intereses”, Roberto Porras afirma que “este último año ha habido mucho debate en torno a si había que subir el precio de los créditos. Ese debate hizo que en vez de subir un 0,5 % subiera un 0,3% para no trabar los proyectos que ya tienen crédito o quieren acceder al crédito, y todo ello respetando la remuneración que deben tener los ahorradores. Eso se debatió en las asambleas territoriales, también en la asamblea estatal, teniendo en cuenta los objetivos de la cooperativa, a los ahorradores, a los proyectos y a la viabilidad de la cooperativa. Se tiene en cuenta todo.”

Javier Arjona dice que “el dinero está en manos de la ‘banca armada’ y hay que darse cuenta para qué lo utilizan. Nosotros lo ponemos el dinero al servicio de la economía social y solidaria. Es muy sencillo y tiene mucha más utilidad.” Verónica Sánchez concluye: “Si nosotros somos la célula, los bancos son el ladrillo y el hormigón armado del capitalismo que busca maximizar beneficios. Así que, ¿por qué no aliarte con aquellos que son más como tú y que van a intentar que salgas adelante con tus proyectos?”                (Ismael Juárez Pérez , Nortes, 23/09/23)

23/8/22

La carencia de una adecuada cultura organizacional democrática basada en los Siete Principios del Cooperativismo ha significado la muerte lenta y dolorosa de muchas empresas cooperativas: Afiliación voluntaria y abierta... Control democrático por parte de los miembros... Participación económica de los miembros... Autonomía e independencia... Educación, formación e información... Cooperación entre cooperativas... Preocupación por la comunidad

 "(...) No sirve de mucho nacionalizar fábricas y proceder a gestionarlas como empresas públicas si en el ámbito laboral se mantienen los elementos que caracterizan a las empresas privadas. El individuo que nace y es educado en una sociedad que asume como algo normal o aceptable los esquemas de dirección autoritaria y de expropiación de los excedentes, con mucha probabilidad se resignará en su adultez a ser explotado por un capitalista o por un tecnócrata que administra una empresa estatal.

Ni siquiera la experiencia del socialismo autogestionario de Yugoslavia se embriagó a plenitud de la democracia obrera, pues la autogestión se interpretó principalmente como una cesión del poder económico a las élites empresariales para que tomaran sus propias decisiones comerciales.[1]

A pesar de que la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo propone la inclusión del estudio del modelo empresarial cooperativo en los programas de enseñanza de todos los niveles de los sistemas educativos nacionales, se ha avanzado poco en su concreción. En los países que han optado por la senda del socialismo, la enseñanza de la administración empresarial en las facultades de Economía se limita a replicar los paradigmas de gestión de las empresas privadas. Muchos trabajadores y emprendedores no han entrado en contacto con el know-how[2] del movimiento cooperativista, que basa sus procesos organizacionales en la gestación de un ambiente de relaciones interpersonales permeado por la participación democrática.

La carencia de una adecuada cultura organizacional democrática basada en los Siete Principios del Cooperativismo ha significado la muerte lenta y dolorosa de muchas empresas cooperativas, así como la baja efectividad de políticas gubernamentales que han implementado los movimientos de izquierda de forma apresurada para generalizar la presencia de las empresas cooperativas en un escenario económico de escala nacional.

 Uno de los primeros académicos que estudió el rol de la cultura en el ámbito empresarial fue Andrew Pettigrew, quien la describió como «el sistema de significados públicamente y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado».[3] La cultura organizacional representa la personalidad colectiva o la identidad grupal que destila cada empresa, expresada en las actividades que esta realiza con sus públicos de interés, tanto con los trabajadores en el ambiente interno, como con los consumidores en el ámbito externo. En la construcción y estabilidad de la cultura organizacional influye mucho la sensación de identificación de los trabajadores cuando perciben a la empresa como un todo, significación que trasciende el compromiso laboral específico de la tarea que desempeñan según el tipo de conocimiento inherente a la profesión que hayan aprendido.

A diferencia de otros modelos empresariales cuya cultura organizacional no ha sido sistematizada ni definida con claridad, las cooperativas sí disponen de Siete Principios de funcionamiento acordados de forma democrática por todos los integrantes de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); de manera tal que cualquier persona interesada en fundar una cooperativa, cuenta de antemano con un conjunto de recomendaciones sobre las mejores estrategias para gestionar la empresa según las características del movimiento cooperativo. La adecuada aplicación de los principios cooperativistas marca la diferencia y constituye la clave del éxito de las cooperativas.

Aunque los principios no son una norma rígida, pues han sido perfeccionados por la sabiduría acumulada a partir de la solución de los problemas que surgen en la experiencia práctica y se deben implementar tomando en cuenta el contexto económico, sociocultural y jurídico con el que tiene que lidiar cada empresa, las guías orientativas aportan directrices y consejos pormenorizados para la aplicación del know-how del movimiento cooperativo.

En este artículo se expone un resumen de las recomendaciones para la implementación de los Siete Principios del Cooperativismo. La información presentada se puede conocer con más detalle mediante la lectura de las Notas de orientación para los principios cooperativos,[4] documentopublicado por la ACI que rezuma todo el acervo de saberes acumulado por muchas generaciones de cooperativistas comprometidos con la causa de la democracia económica.

Primer principio: Afiliación voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias y abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de género, condición social, raza, convicción política o religiosa.

En la tradición de los fundadores de la primera cooperativa moderna, la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, que era una cooperativa de consumo, figuraban la inclusión y la prohibición de la discriminación. Los Pioneros de Rochdale admitieron a personas de cualquier clase social y a mujeres como miembros de pleno derecho, al margen de sus ideas políticas o concepciones religiosas. Las cooperativas han creado un entorno de oportunidades para el acceso al escenario empresarial para colectivos históricamente muy discriminados, como las personas transgénero y los dalit de India.

Muchos gobiernos han impuesto la afiliación a las cooperativas para impulsar el desarrollo económico. Este ha sido un error muy lamentable que han cometido los países que aplicaron el modelo soviético. No se puede forzar a las personas a que cooperen en entornos donde el cooperativismo no ha alcanzado una hegemonía cultural.

Unirse e implicarse con los demás para satisfacer las más variadas necesidades y aspiraciones comunes es un acto que implica un altísimo grado de voluntariedad. Pero si las personas conocen poco de cooperativismo, no surgirá con frecuencia el deseo de fundar cooperativas. Por eso se deben crear mecanismos de divulgación de los principios del cooperativismo en los medios de comunicación y en todos los centros de enseñanza.

Aunque cada miembro debe realizar un aporte dinerario inicial para incorporarse a la cooperativa, acción que sirve para combatir la alienación que experimenta el trabajador en relación al fruto del trabajo colectivo pues en la cooperativa cada miembro es dueño de una porción de la empresa, el umbral de ese aporte inicial debe ser lo suficientemente asequible para que cualquier interesado pueda pagarlo, pero también debe adecuarse a las necesidades financieras de la empresa. Para aquellas personas que no posean lo suficiente para el aporte dinerario inicial deberán establecerse modalidades de pago fraccionado o facilidades de crédito a través de un banco cooperativo.

Segundo principio: Control democrático por parte de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas bajo el control de sus miembros, los cuales participan activamente en la determinación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres que ejercen como representantes elegidos son responsables respecto a todos los miembros. En las cooperativas de primer grado[5] los miembros tienen los mismos derechos de votación (un miembro, un voto) y las cooperativas de otros niveles también se organizan de manera democrática.

Las cooperativas que se comprometen con el cumplimiento de los principios del cooperativismo funcionan como un Estado democrático en miniatura. Los asociados celebran asambleas en las que establecen y modifican los estatutos que regularán el funcionamiento de los procesos organizacionales, como si se tratara de un parlamento que diseña su constitución. La asamblea de asociados aprueba planes económicos (presupuesto, inversiones, marketing, calidad…), aprueba el ingreso y la salida de los miembros, y también elige y revoca a quienes integran los órganos de administración y de fiscalización. El órgano de administración, que actúa como el gobierno de una república, se encarga de ejecutar los planes económicos aprobados por la asamblea de cooperativistas y supervisa la realización de las actividades productivas diarias. El órgano de fiscalización sería como una especie de contraloría, pues se ocupa de velar por el correcto uso de los bienes y recursos de la cooperativa.

Todos los miembros deben tener la posibilidad de proponer representantes y de revocarlos mediante el voto por mayoría cuando ocurran casos de corrupción u otras indisciplinas. Las cooperativas conformadas por una membresía muy numerosa pueden nombrar un defensor de los cooperativistas, cargo que se asemeja mucho al defensor de la ciudadanía en una república y que se encarga de atender las quejas de los asociados sobre la falta de oportunidades de participación democrática o sobre irregularidades en el proceso de trabajo.

Es recomendable que las elecciones se realicen mediante el voto secreto y no a mano alzada, porque la experiencia práctica demuestra que cuando el criterio de individuos aislados no concuerda con la línea de pensamiento que impera en el grupo las personas tienden a ocultar sus verdaderas intenciones y a supeditarse a la tendencia de la mayoría para no ser criticadas por los demás. En la actualidad, el desarrollo de Internet y las aplicaciones informáticas viabiliza la realización de votaciones en secreto, incluso para grupos humanos que se encuentran muy alejados geográficamente.

Las decisiones pueden acordarse por mayoría absoluta, cuando se aprueban con el 50 % más un voto según el cuórum prestablecido en los estatutos, o mediante mayoría cualificada, como lo estipulan muchas de las cooperativas de Rojava[6] que requieren el 60 % de los votos. Se recomienda que las asambleas de asociados se reúnan mensualmente para acendrar el sentido de pertenencia al colectivo de trabajo o de consumidores, o como mínimo la asamblea de cooperativistas deberá sesionar dos veces al año.

La manipulación del proceso electoral es uno de los principales mecanismos utilizados por las élites para aferrarse a sus puestos. También es el truco utilizado por quienes pretenden privatizar el patrimonio de las cooperativas. Por ello, se debe velar porque los comités electorales no sean designados por el órgano de administración ni estar supeditados a los directivos. Los miembros de los comités electorales serán elegidos por todos los afiliados y responderán ante la asamblea de asociados para garantizar que las elecciones sean abiertas y transparentes y que representan la voluntad soberana de todos los miembros.

Resulta muy saludable la continua renovación democrática de los cargos administrativos con nuevos candidatos, pues las cooperativas con órganos de administración rígidos, integrados por los mismos miembros durante periodos de tiempo muy prolongados, pudieran evidenciar estancamientos productivos o incapacidad de adaptación a los cambios del escenario económico.

Los estatutos deben garantizar buenas prácticas de gobernanza que incluyan normas para solucionar conflictos de intereses entre asociados y administradores, para controlar los obsequios ofrecidos y recibidos por los directivos, así como evaluaciones del desempeño y auditorías de competencias del consejo administrativo.

No es casual que la descripción de la puesta en práctica del Segundo Principio se asemeje mucho al diseño de un sistema democrático desde la perspectiva politológica, dado que las cooperativas encarnan la transferencia de las nociones de democracia al escenario empresarial. Las sociedades contemporáneas han asimilado las evidentes ventajas de la democracia en el marco político, pero la generalización de la democracia económica es el gran salto civilizatorio que aún no ha dado la humanidad.

Tercer principio: Participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una compensación limitada, si la hubiera, sobre el capital aportado como requisito de afiliación a la cooperativa. Los miembros destinan los excedentes repartibles a cualquiera de los fines siguientes: al desarrollo de la cooperativa —posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una parte de las cuales será de carácter indivisible—, a la retribución de los miembros de manera proporcional a sus transacciones con la cooperativa, y a sufragar otras actividades aprobadas por los miembros.

La razón de ser de las cooperativas es la satisfacción de las necesidades de las personas y no el afán de lucro que caracteriza a las empresas privadas, por lo que la empresa cooperativa se adecua de forma más pertinente a la finalidad de la ciencia económica, cuyo objetivo es la planificación de los procesos de producción, distribución y consumo para la satisfacción de las necesidades materiales humanas.

El movimiento cooperativo apuesta por la integración de productores y consumidores en cooperativas de consumo de participantes múltiples en las que los miembros gestionan democráticamente todos los procesos organizacionales, lo cual supera las contradicciones de las cooperativas de producción cuyo enfoque mercantil es la acumulación de capital para la remuneración de los trabajadores.

Equidad e igualdad son dos conceptos distintos, por lo que la distribución equitativa de los excedentes no implica que todos los miembros ganen lo mismo, sino que los excedentes se distribuirán según las proporciones acordadas en los estatutos, apelando siempre a una racionalidad de justicia laboral que no fomente la excesiva desigualdad económica.

El capital social y las reservas para inversiones y contingencias debe considerarse patrimonio común e indivisible de la cooperativa. Para evitar que los miembros se apropien del capital social y las reservas para su propio beneficio a través de la desintegración de una cooperativa, se establece en los estatutos que en caso de disolución se cederá el capital neto residual a una organización sin ánimo de lucro, a otra cooperativa o a un instituto para el fomento del cooperativismo. Este mecanismo de protección del patrimonio de las cooperativas puede ser establecido como norma jurídica por los legisladores.

Cuarto principio: Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas y de autoayuda controladas por sus miembros. Si llegan a acuerdos con otras organizaciones —incluidos los gobiernos— o si reciben capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que garanticen el control democrático por parte de sus miembros y que respeten su autonomía cooperativa.

La vinculación de una cooperativa con una institución estatal o un inversionista privado, no puede implicar la pérdida de la identidad e individualidad de la cooperativa como persona jurídica. Un aspecto que afecta mucho a las cooperativas es el papel intervencionista y obstaculizador de sus actividades económicas que han desempeñado históricamente los gobiernos. Al establecer el marco legislativo donde operan las cooperativas, los Estados frecuentemente regulan los precios de las mercancías y les imponen planes de producción o políticas fiscales a las cooperativas que no tienen en cuenta las características coyunturales de los mercados.

Si bien las cooperativas no son empresas privadas, tampoco deben ser vistas como empresas públicas. Las cooperativas pertenecen a los miembros que las integran, quienes planifican y controlan sus procesos económicos de acuerdo a una racionalidad que responde a sus necesidades. El apoyo del Estado a las cooperativas no deberá interpretarse como un control gubernamental de estas formas empresariales.

Un ejemplo que ilustra la importancia de la autonomía de las cooperativas es el caso de Milk Vita, una unión de cooperativas lácteas creada por el gobierno de Bangladesh en los años setenta para mejorar los ingresos y la organización de los pequeños agricultores. Mientras estuvo bajo el control del Estado la cooperativa operó según planes burocráticos que no la favorecían y dependía de constantes subsidios. A partir de 1991 Milk Vita obtuvo autonomía como verdadera cooperativa. Los asociados comenzaron a controlar las ventas y el procesamiento de los productos lácteos, por lo que las decisiones ya no se basaron en aspectos políticos, sino en principios de negocios. A partir de entonces el número de socios y los ingresos se incrementaron de forma exponencial. El proyecto de Milk Vita se ha vuelto tan exitoso desde que obtuvo autonomía que el gobierno de Bangladesh ha decidido replicarlo en otros sectores.[7]

Quinto principio: Educación, formación e información. Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, representantes electos, administradores y empleados para que puedan contribuir con eficacia al desarrollo de la cooperativa. Asimismo, informan al público en general, en especial a los jóvenes y a los líderes de opinión, sobre el carácter y las ventajas de la cooperación.

La educación se erige en aspecto medular para comprender los principios cooperativos y para saber cómo aplicarlos en el funcionamiento diario de una cooperativa. Este principio abarca la formación de las aptitudes que necesitan los asociados para la aplicación de prácticas empresariales éticas y democráticas, así como la información para el público en general acerca del carácter de la empresa cooperativa y de sus ventajas.

Para ello, se deben crear planes de marketing y de comunicación, así como programas de capacitación amenos y didácticos que tengan un impacto en la prensa escrita, las redes sociales, la radio y la televisión, y que permitan introducir nociones sobre cooperativismo con lenguaje coloquial y cercano a la persona común. La gestión cooperativa debe añadirse al plan de estudios de todos los niveles de enseñanza, con enfoque especial en los centros de educación superior especializados en la ciencia económica. En el caso de la educación primaria se puede apelar a los juegos de mesa cooperativos, como Coopolis.

La educación no debe desconocer la importancia de formar a líderes de opinión y actores políticos, dado que los legisladores tienen la responsabilidad de diseñar el marco jurídico en el que se desempeñarán las cooperativas. En la medida en que las autoridades dominen las características y las ventajas de las empresas cooperativas, se enfocarán en generar un escenario propicio para su desarrollo.

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros de la manera más efectiva y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

Las cooperativas deben integrarse en federaciones (cooperativas de tercer grado) que usen racionalmente los recursos al tiempo que respetan la identidad de los miembros de menor tamaño. La integración de las cooperativas les permite operar como mayoristas y realizar compras conjuntas para mejorar el poder adquisitivo combinado, así como la creación de fondos solidarios, diseñados para generar un depósito conjunto de recursos financieros que facilite la creación de nuevas cooperativas.

La historia de la corporación Mondragón describe la importancia de la integración entre cooperativas para el crecimiento acelerado de este modelo empresarial. Partiendo de la simiente sembrada por la cooperativa Ulgor, se realizaron aportaciones a las reservas para impulsar la Caja Laboral Popular, la Escuela Profesional y el centro de investigación Ikerlan, lo que permitió que las cooperativas ofrecieran un puesto de trabajo digno e introdujeran nuevos paradigmas de democracia empresarial, propiedad compartida y una retribución aceptable, incluso en la situación económica desfavorable que experimentaba el País Vasco en la década de 1950. De tal forma pudieron ser fundadas 47 cooperativas entre 1956 y 1975.[8]

Para que las cooperativas encuentren nuevas oportunidades de innovación y crecimiento deben trabajar en conjunto con otros movimientos sociales, como la organización Comercio Justo,[9] una iniciativa de la ONU para la articulación de canales comerciales enfocados en el desarrollo sustentable que respeta la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos.

Séptimo principio: Preocupación por la comunidad. Las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros.

Las cooperativas deben comercializar bienes y servicios de calidad a precios asequibles, priorizando los productos locales, así como crear empleos en su zona de influencia y proveer un marco financiero confiable para la obtención de créditos y seguros. Las cooperativas exhiben una orgullosa tradición en la satisfacción de las necesidades sociales mediante la prestación de servicios sanitarios, la construcción de viviendas, escuelas y clínicas, la integración en el mercado laboral de personas socialmente desfavorecidas, y la atención a comunidades devastadas por catástrofes naturales.

Las cooperativas apuestan por generar un desarrollo social sostenible que satisfaga en las comunidades no solo las necesidades materiales, sino además las culturales, como las artes, la educación, la no discriminación, el patrimonio histórico y los festivales comunitarios. Para ello, las cooperativas crean reservas financieras que serán utilizadas en proyectos sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

Las cooperativas deben realizar auditorías más completas que no se limiten al análisis financiero, sino que comprendan además la evaluación social y ecológica de su desempeño, para que los efectos de las actividades productivas equilibren el bienestar de las comunidades con la necesidad de generar rentabilidad.

Los Siete Principios Cooperativos que se han expuesto a lo largo de estas páginas no deben ser vistos como patrones de acción aislados, sino como piezas interdependientes de un engranaje sistémico que se complementan entre sí para crear sinergia. Cuando se respetan y aplican estos principios de forma adecuada en el funcionamiento cotidiano de una empresa cooperativa, su desempeño se torna más eficaz y resiliente que el de las empresas convencionales, como lo demuestran las abundantes investigaciones que se han realizado.[10]

La cooperativa es una manifestación del paradigma altruista de las civilizaciones en el ecosistema empresarial. La cultura organizacional de las cooperativas se aprende, se vive, y transforma ¡para bien! las vidas de las personas. Sirva esta breve descripción para abrevar la sed de la curiosidad deleitosa en aquellas personas que investigan cuáles serían las alternativas económicas más factibles para construir un mundo más justo."                     (Iran Morejón Quintana  , Rebelión, 22/08/2022)

8/11/21

Spotify tiene un "modelo tipo Uber para los artistas independientes"... sus algoritmos y las listas de reproducción guían a la gente hacia la escucha de los artistas representados por las grandes discográficas... Una plataforma de streaming financiada con fondos públicos en la que la música se considere un bien público de acceso universal, de propiedad colectiva y controlado por el pueblo, democratizaría la industria musical y crearía una economía digital más sostenible

 "(...) Con la llegada de la Web 2.0, en la que los músicos y los sellos independientes podían publicar música a un público conectado a nivel mundial con unos costes marginales muy bajos, algunos argumentaron que la industria se democratizaría. A su vez, todos los artistas podrían ganarse bien la vida, mientras que los sellos independientes podrían competir en igualdad de condiciones con las grandes discográficas.

Sin embargo, como la mayoría de las visiones de la utopía digital, esto ha resultado estar muy lejos de la realidad. La cuota de mercado de las grandes tecnológicas en la industria musical ha aumentado enormemente en los últimos años -el streaming ha sustituido a la música grabada como mayor fuente de ingresos dentro de la industria- y las plataformas digitales ejercen un poder cada vez más depredador.

Durante la pandemia, los artistas han dependido en gran medida de las plataformas digitales de streaming para su subsistencia, debido a las prohibiciones impuestas a las actuaciones en directo y a las inadecuadas ayudas estatales (en el Reino Unido, más de una cuarta parte de los que trabajan en la industria musical no cumplían los requisitos para acogerse al Plan de Apoyo a los Ingresos de los Autónomos, o SEISS). Como los músicos dependen de las actuaciones en directo, los problemas estructurales del streaming se pusieron de manifiesto, ya que los artistas se vieron obligados a aceptar los pagos de derechos de autor a la baja como única fuente de ingresos.

El auge del streaming de bloqueo ha consolidado aún más la posición de las grandes plataformas de streaming, lo que ha provocado un aumento de la desigualdad y la falta de equidad en los pagos. Los grandes sellos utilizan su ventaja estructural para obtener grandes beneficios a costa de los sellos y los músicos independientes, mientras que la gamificación del éxito intenta enfrentar a los músicos atomizados. Como escribe la crítica cultural Liz Pelly en el Baffler, 

Spotify tiene un "modelo tipo Uber para los artistas independientes".

El activo más comercial de Spotify es su algoritmo, que busca mercantilizar los gustos de los usuarios con sugerencias y listas de reproducción elaboradas. Mediante la vigilancia, la plataforma pretende rivalizar con Facebook y Google como espacio publicitario. A través de contratos secretos desconocidos para el público, los algoritmos y las listas de reproducción de marca guían a la gente hacia la escucha de los mismos artistas representados por las grandes discográficas,

Junto con los devastadores recortes en la financiación de la música, cada vez más artistas proceden de entornos privilegiados, y los músicos de clase trabajadora están cada vez más excluidos económicamente. (...)

 Como sugiere Nick Srnicek en Platform Capitalism, las plataformas tienen tendencias monopolísticas. Sus "efectos de red", en los que el valor aumenta con el número de usuarios, significan que es casi imposible que las plataformas más pequeñas entren en el mercado y compitan eficazmente. Una vez que una plataforma de streaming es capaz de establecerse y adquirir importancia, puede incluir más música en su catálogo, lo que conlleva más suscripciones y, en última instancia, más datos valiosos de los usuarios.

A principios de este año, una investigación parlamentaria sobre el mercado de streaming sugirió un "reajuste completo" del mercado de streaming, y se anunció que la CMA (Autoridad de la Competencia y los Mercados) pondrá en marcha un estudio sobre la base de esas recomendaciones. Sin embargo, los intentos de regulación de los monopolios naturales suelen ser ineficaces y tienden a reforzar los principios neoliberales de competencia, atomización y explotación.

La acción parlamentaria se ha visto forzada por los llamamientos del Sindicato de Músicos y la Academia Ivors. En Estados Unidos, el Sindicato de Músicos y Trabajadores Afines también lanzó la campaña "Justicia en Spotify" en 2020, consiguiendo más de cuatro mil firmas de trabajadores de la industria musical, que plantearon una serie de demandas a Spotify. Aunque la acción colectiva de los trabajadores es vital para la lucha contra las prácticas de explotación de las grandes tecnológicas, esto solo puede ser una solución a corto plazo. Sólo se hará justicia cuando la música salga de la lógica del libre mercado.

Recientemente se ha producido una tendencia a utilizar plataformas más equitativas, como Bandcamp y Resonate, así como el servicio de afiliación Patreon. Estas plataformas son más amigables con los artistas y han sido un salvavidas para muchos durante la pandemia. Sin embargo, de nuevo, son soluciones a corto plazo que dependen de que los artistas ya tengan una base de fans considerable para ganar un salario decente. Los músicos siguen expresando su frustración por las bajas tarifas que se pagan por el streaming de su trabajo en Bandcamp.

Para cambiar el paradigma actual, hay que presentar propuestas de regulación junto con cambios más fundamentales y a largo plazo en la propiedad y el control de las plataformas digitales. Una plataforma de streaming financiada con fondos públicos en la que la música se considere un bien público de acceso universal, de propiedad colectiva y controlado por el pueblo, democratizaría la industria musical y crearía una economía digital más sostenible.

Como escribe Common Wealth en su informe Una plataforma común, las cooperativas digitales suelen enfrentarse a dos problemas. En primer lugar, es difícil para una cooperativa atraer financiación ética para sus empresas. En segundo lugar, las cooperativas digitales siguen estando motivadas por el beneficio y, por tanto, no separan el arte de la mercantilización.

Al igual que el advenimiento de los recursos culturales públicos -como las bibliotecas, las galerías de arte y los archivos públicos-, un streaming commons sería una plataforma pública, donde la financiación estatal sustituye a la inversión de capital riesgo. Es importante que, sin algoritmos ni control de las listas de reproducción, un fondo común de streaming reduzca la desigualdad entre los sellos independientes y los grandes, y evite la vigilancia y la mercantilización de los datos. A través de la democratización y la propiedad colectiva, los algoritmos podrían ser transparentes y responsables, garantizando así la privacidad y la protección de datos en línea con los deseos y necesidades del público.

El actual modelo de streaming no se construyó pensando en los artistas. Los intereses de los grandes sellos discográficos, las plataformas de streaming y el capital riesgo pretenden que el sistema permanezca inalterado y sirva a sus intereses, mientras continúa la explotación de los artistas y la devaluación de su música. En contra de la opinión de Rishi Sunak y del gobierno conservador, todos los músicos, comercialmente viables o no, pueden recibir los recursos adecuados. La música no debe ser simplemente un contenido utilizado para vender publicidad a las marcas corporativas: Diseñado para servir a los artistas, los trabajadores y el público, un modelo de streaming cooperativo y de propiedad común rescataría el potencial radical de las plataformas de streaming de los precios depredadores, el capitalismo de vigilancia y la financiarización." 
               (Charlie Bird  , POLITICO, 05/11/21; traducción DEEPL)

15/10/21

Regular las grandes tecnologías no es suficiente... El problema no consiste simplemente en restablecer la competencia en el sector tecnológico o en sustituir a unos cuantos directores generales desalmados... Necesitamos plataformas socialistas... consiste en instituir una amplia ecología de modelos de propiedad alternativos basados en diferentes tamaños y tipos de servicios digitales. Muchos de ellos no serían simplemente propiedad del Estado y podrían ser gestionados por diversas comunidades... a nivel local ya existen plataformas de trabajos manuales, de mensajería y de limpieza doméstica gestionadas por cooperativas de plataforma, es decir, empresas propiedad de los propios trabajadores y gestionadas por ellos... Programas informáticos como Decidim y Liquid Democracy ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de deliberar y tomar decisiones sin necesidad de reuniones presenciales

 "La denunciante de Facebook, Frances Haugen, describió la empresa como "moralmente en bancarrota" ante un panel del Comité de Comercio del Senado estadounidense el 5 de octubre. 

Desde su posición en el equipo de desinformación cívica de la empresa, fue testigo de cómo su dirección resolvía sistemáticamente los conflictos entre los beneficios de la empresa y la seguridad de los usuarios a favor de los primeros. Esto fue así en toda una serie de cuestiones, desde la incitación al odio hasta la salud mental de los adolescentes, pasando por la violencia étnica y el trato diferenciado a los usuarios VIP.

También ha pedido una mayor regulación y supervisión por parte del gobierno, pero ha rechazado las afirmaciones de que es necesario tomar medidas más duras contra el gigante tecnológico. En Europa, una mayor supervisión se acerca rápidamente. La propuesta de Ley de Servicios Digitales cambiará las normas sobre cómo las plataformas digitales manejan los contenidos que han sido señalados como ilegales y regulará a los guardianes digitales para evitar comportamientos anticompetitivos.

Las pruebas de Haugen confirmaron las antiguas sospechas de que los problemas de la empresa van al núcleo de su modelo de negocio, que requiere un compromiso, un crecimiento y una recolección de datos constantes.

La lección, sin embargo, es que los llamamientos a regular estas empresas son una respuesta insuficiente que no reconoce la profundidad de la crisis.

 No se trata de un fallo moral. La empresa está condicionada estructuralmente a responder a las presiones competitivas del mercado adaptando sus estrategias para mantener su dominio.

En el ámbito de las redes sociales, impulsado por los datos, esto significa priorizar el aumento de la participación y el alcance por encima de otros objetivos. Por ejemplo, Facebook no puede poner fin a la "clasificación basada en el compromiso", diseñada para suscitar fuertes reacciones, y que inevitablemente conduce a la polarización y la división, porque la empresa necesita servir a los intereses de los accionistas.

 Los problemas del mundo tecnológico no se limitan al modelo de negocio de "datos por un producto gratuito". Muchas empresas anteponen el beneficio a los trabajadores y a las comunidades locales: desde Uber y Deliveroo, que pagan a los pasajeros por debajo del salario mínimo, hasta Airbnb, que destruye viviendas asequibles y aburguesa barrios antes diversos. No debería sorprendernos que las empresas estén dispuestas a aprovecharse de los trabajadores vulnerables, a explotar las zonas grises de la ley y a poner sus propios intereses por delante de las comunidades a las que dicen servir.

De hecho, tenemos que dejar de hablar de "arreglar" Facebook o de tomar soluciones de personas cuya visión del mundo se ha formado dentro de las grandes empresas tecnológicas. El problema no consiste simplemente en restablecer la competencia en el sector tecnológico o en sustituir a unos cuantos directores generales desalmados.

En su lugar, debemos buscar las muchas alternativas que existen actualmente -y que podrían crecer y desarrollarse aún más- basadas en la propiedad social, los intereses comunes y la solidaridad.

Socialismo de plataforma

En un libro de próxima aparición, llamo a esta idea socialismo de plataforma, refiriéndome a la propiedad social de los activos digitales y al control democrático sobre las organizaciones y la infraestructura digital que se han vuelto tan críticas para nuestra vida cotidiana.

El socialismo de plataforma consiste en reclamar la autodeterminación colectiva a través de nuevas formas de gobernanza participativa y descentralizada que garanticen que ya no ponemos los beneficios por encima de las necesidades humanas. Se centra en cómo podemos fomentar la participación activa de los ciudadanos en el diseño y la gobernanza de las plataformas digitales, en lugar de depender de las regulaciones descendentes de una élite tecnocrática.

 La participación y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos de a pie son importantes porque actualmente no tenemos nada que decir sobre cómo se gobiernan estas plataformas. Ni siquiera tenemos acceso a los datos para mantener un debate público significativo sobre los temas porque los aspectos clave del funcionamiento de las plataformas se mantienen como secretos comerciales muy bien guardados.

Cuando se publican los datos, suelen ser cuidadosamente seleccionados por las empresas para arrojar una luz positiva sobre sus actividades. La publicación de los Archivos de Facebook por parte del Wall Street Journal demuestra cómo la empresa suele dar carpetazo a los hallazgos incómodos de los equipos de investigación internos.

 En la actualidad existe una amplia gama de herramientas digitales para que la gente participe en cuestiones de gobernanza que hacen que la democratización del lugar de trabajo sea más viable que nunca. Programas informáticos como Decidim y Liquid Democracy ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de deliberar y tomar decisiones sin necesidad de reuniones presenciales.

Los clientes, los trabajadores y los miembros de la comunidad local de diversas ubicaciones geográficas y con diferentes intereses pueden verse afectados por una plataforma y deben tener voz en su funcionamiento. Las estructuras de gobernanza con múltiples partes interesadas permiten que los miembros con diferentes intereses en la plataforma tengan distintos niveles de participación en su funcionamiento.

Las alternativas son posibles

Cuando imaginamos formas de propiedad pública de las plataformas digitales debemos preocuparnos por las cuestiones de la censura y la vigilancia estatal. Muchos Estados tienen un largo historial de uso de datos para identificar a los activistas y aplastar la disidencia. El socialismo de plataforma consiste en instituir una amplia ecología de modelos de propiedad alternativos basados en diferentes tamaños y tipos de servicios digitales. Muchos de ellos no serían simplemente propiedad del Estado y podrían ser gestionados por diversas comunidades.

 Por ejemplo, a nivel local ya existen plataformas de trabajos manuales, de mensajería y de limpieza doméstica gestionadas por cooperativas de plataforma, es decir, empresas propiedad de los propios trabajadores y gestionadas por ellos.

Up & Go es un ejemplo. Se trata de un mercado digital de servicios profesionales a domicilio que permite a los trabajadores quedarse con el 95٪ de su salario por los trabajos obtenidos en la plataforma, en lugar del 50-80% habitual. Los trabajadores no solo reciben salarios más altos, sino que también tienen una participación en la plataforma y pueden votar en asuntos de gobernanza de la misma.

Un modelo socialista de plataforma de medios sociales puede inspirarse en "el fediverso", un grupo de plataformas de publicación descentralizadas que se basan en software libre y de código abierto y en protocolos compartidos para que los usuarios puedan comunicarse a través de diferentes nodos de la red.

Uno de los ejemplos más populares de estas herramientas es Mastodon, una alternativa descentralizada a Twitter que utiliza un protocolo abierto para el microblogging y las actualizaciones de estado. Cada nodo de la red tiene sus propias reglas y políticas de moderación, y permite a los usuarios una mayor autonomía sobre sus comunicaciones digitales.

 Invertir en el bien público

Ha sido difícil que los servicios de redes sociales cooperativas alcancen la misma fluidez y funcionalidad que las grandes empresas, pero esto es algo que podría cambiar rápidamente con más inversión e interés en la tecnología.

Lo que resulta más difícil es conseguir que los usuarios adopten plataformas más pequeñas y se alejen de las redes dominantes.

Otros retos son la portabilidad de los datos de las listas de amigos y la preocupación por la privacidad de los tipos de datos que podrían migrar a una nueva plataforma.

Las cooperativas de plataformas también necesitan acceso al capital. Esto podría resolverse si cuentan con el apoyo de los ayuntamientos a través de estrategias de adquisición y provisión de recursos. Los servicios de titularidad municipal pueden desempeñar un papel importante y podrían aplicarse eficazmente para prestar servicios digitales relacionados con la vivienda y el transporte.

Una alianza de autoridades locales podría trabajar con los residentes para proporcionar un "MuniBnB", una plataforma de propiedad municipal y regulada que gestione los servicios de alojamiento a corto plazo ofrecidos por los residentes locales, para sustituir los servicios corporativos.

Las aplicaciones de transporte público también podrían integrarse en los servicios de transporte público de muchas ciudades a través de la propiedad pública. Los servicios de titularidad pública podrían eliminar las condiciones de trabajo de los conductores, ofrecerles un salario digno y orientar a los viajeros hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente cuando estén disponibles.

La New Economics Foundation descubrió que el 82% de los clientes de Uber utilizaría una alternativa más ética al servicio de transporte por carretera y el 54% pagaría más por su viaje para que los conductores tuvieran mejores salarios y condiciones.

Sin embargo, desde el ámbito local hasta el internacional, se abren diferentes opciones para facilitar nuevas formas de control democrático sobre las plataformas digitales.

El socialismo de plataforma es una alternativa sistemática al poder privado en la esfera digital y puede ayudar a unir diferentes formas de lucha en torno a una visión compartida de un futuro democrático. Se trata de reclamar un proyecto contrahegemónico a largo plazo para desafiar el control capitalista sobre la tecnología.

No debemos esperar que los ejecutivos de las empresas se esfuercen por arreglar nuestra infraestructura digital cuando, para empezar, no tienen derecho a controlarla. Tenemos que actuar ahora para reafirmar nuestro poder democrático y reclamar nuestros derechos de participación en la esfera pública digital antes de que las empresas tecnológicas puedan consolidar aún más su poder."   
              

(James Muldoon es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Exeter y Director de Investigación Digital en Autonomy. Es autor del libro de próxima aparición Platform Socialism: How to Reclaim Our Digital Future From Big Tech, Brave new europe, 13/10/21)

11/10/21

¿Cómo se puede democratizar las plataformas de la economía colaborativa? Sindicatos del sector privado, cooperativas y propiedad municipal con sindicatos públicos... es increíblemente caro ampliar y mantener los sistemas informáticos, especialmente los que se dirigen a los clientes, así que la idea de que una pequeña cooperativa de conductores pueda competir con Uber y Lyft es una estrategia preocupante... en cambio, "la municipalización de esta industria" era una perspectiva potencialmente emocionante... en San Francisco se está hablando de crear una plataforma de propiedad municipal para los repartidores de comida a domicilio, porque tanto los restaurantes como los repartidores "están siendo machacados por las aplicaciones de las plataformas"

 "En una conferencia internacional sobre la democratización del trabajo celebrada esta semana, los académicos han debatido sobre el potencial de una economía de trabajo democrática y sobre cómo llegar a ella.

El primer foro mundial sobre la democratización del trabajo, celebrado del 5 al 7 de octubre, es la primera iniciativa del movimiento por la democratización del trabajo, que comenzó con un manifiesto firmado por cientos de académicos y escritores el año pasado en el que se pedía la transformación de las relaciones laborales como un paso esencial para abordar los apremiantes retos ecológicos, sociales y económicos del mundo.

El martes [5 de octubre] se celebraron dos sesiones sobre la transformación del capitalismo de plataforma, una específica sobre las alternativas de plataforma cooperativa y otra más amplia sobre la democratización de la economía de los conciertos. Se mostraron diversos puntos de vista.

Una visión realista de la democracia en la economía del trabajo

En la última sesión sobre la economía colaborativa, Nicola Moore, organizadora de Rideshare Drivers United en California, dijo que el punto de partida para hablar de un lugar de trabajo democrático en la economía colaborativa, dado el poder que tienen actualmente estas empresas, es garantizar los derechos laborales básicos.

"Cuando la gente habla de democratizar el trabajo, yo estoy aquí para decir que estamos aquí para hacer cumplir las leyes laborales básicas, como el salario mínimo", dijo.

Refiriéndose al referéndum sobre la Proposición 22 celebrado en California el año pasado, en el que Uber, Lyft y otras plataformas de transporte por carretera gastaron una suma récord de más de 200 millones de dólares en un esfuerzo por convencer a los votantes de que los conductores estaban mejor sin derechos laborales, Moore dijo: "Se trata de una mano de obra mayoritariamente de color, inmigrante, y le están asignando en Estados Unidos un estatus de segunda clase. Si no tomamos el control de esto a nivel federal e internacional vamos por el camino equivocado".

Veena Dubal, profesora de Derecho de la Universidad de California Hastings y experta en el sector del taxi, también tuvo una visión realista de las posibilidades de democratización de esta industria.

 Dijo que había tres posibles vías que ella veía para avanzar en la democratización: sindicatos del sector privado, cooperativas y propiedad municipal con sindicatos públicos. En opinión de Dubal, la creación de sindicatos del sector privado es la prioridad clave, y cuestionó que los proyectos cooperativos sean una "distracción" de esa tarea central.

Dijo que el ejemplo de la experiencia de las cooperativas del sector del taxi en EE.UU. debería servir de advertencia, citando el ejemplo de Yellow Path, que quebró en los años 70 y los activos fueron adquiridos por los conductores, que crearon la cooperativa de taxis amarillos.

Dubal dijo que la nueva cooperativa estableció inmediatamente un "sistema de dos niveles". Los miembros de la cooperativa eran los que menos conducían, mientras que los conductores que más conducían eran contratistas independientes, que "vivían y trabajaban en condiciones laborales horribles, no muy diferentes a las que vemos hoy en día en Uber y Lyft". La cooperativa respondió mal cuando los trabajadores comenzaron a desafiar este sistema de dos niveles, desestimando a los manifestantes como "radicales".

"Ofrezco esta historia no para decir que las cooperativas verdaderamente democráticas no son posibles en el sector del ride-hail, o que no son deseables, sino para advertir que las cooperativas también pueden ser actores explotadores", dijo.

Dijo que un proyecto actual para establecer una cooperativa de conductores en Nueva York para competir con Uber y Lyft era "una estrategia que no se ocupa de la economía política del sector, y está distrayendo los intentos de organizar a los conductores para obtener justicia".

Continuó: "Hay una historia de bienestar sobre la propiedad colectiva que sugiere que podemos encontrar la democracia a través de la competencia del mercado, contra las empresas masivas con un capital significativo para comprar su camino fuera de las leyes y regulaciones".

"En realidad, es increíblemente caro ampliar y mantener los sistemas informáticos, especialmente los que se dirigen a los clientes, y es un gasto que no se carga por adelantado, sino que es continuo. Así que la idea de que una pequeña cooperativa de conductores pueda competir con Uber y Lyft es una estrategia que me preocupa.

 "Me preocupa que parte de la estrategia que hay detrás de estas cooperativas sea crear una ilusión en otros futuros sin tener que entrar en luchas sindicales, en luchas antimonopolio".

Sin embargo, Dubal añadió que pensaba que "la municipalización de esta industria" era una perspectiva potencialmente emocionante.

"Hay muchos precedentes de pensar en el transporte por carretera desde el punto de vista de los servicios públicos, de municipalizar la industria del transporte por carretera y de verla como una extensión y un complemento del transporte público", añadió.

Juliet Schor, economista y socióloga del Boston College y autora del libro de 2020 "After the Gig", dijo que hay aspectos de la tecnología utilizada en el trabajo gig que podrían ser democráticos.

Por ejemplo, la posibilidad de tener más flexibilidad en cuanto a las horas de trabajo da a una capa más amplia de personas la oportunidad de acceder al trabajo, y la reducción de los mandos intermedios debido al sistema algorítmico de gestión puede reducir las presiones de los recursos humanos sobre los trabajadores y significar que es posible una forma de gestión menos jerárquica.

"La verdadera cuestión es, por tanto, si hay una forma de sacar los beneficios de la tecnología con las relaciones de propiedad. El principio clave aquí es interrumpir las relaciones de propiedad y las relaciones de poder que caracterizan especialmente a los grandes actores [de la economía gigas]".

Schor dijo que la regulación ha sido "el enfoque dominante" para democratizar el trabajo, y argumentó que "se puede ganar mucho con la regulación", pero cuando "las plataformas son demasiado poderosas pueden eludir las regulaciones". Por ello, argumentó que la regulación "debe ir acompañada de la organización sindical e incluso de la organización de los consumidores".

Añadió que no está en desacuerdo con el análisis de Dubal sobre el transporte por carretera, describiéndolo como "el sector más monopolizado y en muchos sentidos el más depredador", lo que dificulta la competencia de las cooperativas.

"Cuanto menos monopolizado esté el sector, más fácil será el crecimiento de las cooperativas", argumentó.

En términos más generales, dijo que los desafíos significativos para el establecimiento de cooperativas incluyen cómo financiar su expansión, cómo conseguir una cuota de mercado significativa y cómo gestionar "la tiranía del mercado", donde la competencia puede presionar a las cooperativas para establecer prácticas más explotadoras para satisfacer la demanda de los consumidores.

"Ha habido mucho entusiasmo por las cooperativas, pero fuera de los países que ya tienen sectores de cooperativas grandes y bien apoyados, no vas a ser capaz de escalar las cooperativas sin una fuerte participación y apoyo del gobierno", dijo.

Sobre el potencial de las plataformas de propiedad municipal, Schor dijo que en los EE.UU. "hay algunas ciudades que implantándolas con gusto". Citó el ejemplo de Long Beach (California), donde la ciudad ha creado una plataforma gratuita para el cuidado de niños a corto plazo. Para los ayuntamientos, es importante que las plataformas públicas se financien lo suficiente para que sean "un producto tecnológicamente bueno, y no una web gubernamental anticuada que no funcione, porque la gente no la va a usar".

 Añadió que en San Francisco se está hablando de crear una plataforma de propiedad municipal para los repartidores de comida a domicilio, porque tanto los restaurantes como los repartidores "están siendo machacados por las aplicaciones de las plataformas".

La última opción de la que habló Schor fue la de los grupos informales que se organizan en las redes sociales, donde se han creado cooperativas informales para el transporte por carretera y el cuidado de niños.

"Hay oportunidades de autoorganización en algunas de estas áreas", concluyó.

Sesión de cooperativas de plataforma

En la sesión específica sobre las cooperativas de plataforma, los ponentes se mostraron más optimistas sobre sus perspectivas, aunque fueron realistas sobre los límites de su crecimiento potencial.

Ela Kagel, de Platform Cooperatives Germany, definió las cooperativas de plataforma como "organizaciones colectivas basadas en la propiedad compartida y la toma de decisiones democrática, pero en el fondo se basan en un modelo de negocio digital".

Hablando del sector de la entrega de alimentos basada en aplicaciones, donde hay muchas cooperativas a pequeña escala en Europa que operan a través del software del ciclo de la cooperativa que ha sido diseñado para apoyar a las cooperativas de entrega de alimentos, Kagel dijo que en lugar de pensar en el potencial de las cooperativas de plataforma para escalar para competir con los grandes gigantes de la plataforma, deben buscar "escalar profundamente".

 "Es posible que las cooperativas de reparto de alimentos que se organizan en torno a Coop Cycle nunca puedan escalar como Deliveroo, por ejemplo, debido a la falta de fondos e infraestructura de apoyo. Pero sí podrían escalar en profundidad, en el sentido de que podrían organizarse a través de consorcios locales de múltiples partes interesadas (incluso con representantes del municipio tal vez), con ciclistas que pueden llevar sus perfiles a la plataforma que quieran, con mejores condiciones de trabajo y con acceso al software que ayuda a organizar el trabajo", dijo.

Jerome Warren, doctorando de la Universidad de Colonia y experto en cooperativas de plataforma, afirmó que hay "muchas oportunidades para ampliar este tipo de organizaciones democráticas y participativas", y citó el papel clave que deben desempeñar los gobiernos en este sentido.

"El papel de los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, a la hora de ofrecer oportunidades para un tipo de organizaciones más participativas es absolutamente esencial".

Warren añadió que la combinación de restaurantes con cooperativas que se organizan conjuntamente y mantienen un mayor "control de calidad" de la entrega de alimentos que las grandes plataformas puede "dar una [mejor] reputación a los grupos locales y autoorganizados".

Christian Buggedei, de Poly-Poly, una cooperativa de datos, dijo que existe el potencial para que las cooperativas locales se conecten entre sí mucho más y compartan datos entre ellas, para obtener una "ventaja informativa".

"No digo que la tecnología sea la solución a todo, pero es parte de la solución". dijo Buggedei.

En cuanto a la cuestión de cómo las cooperativas pueden financiar sus operaciones para, por ejemplo, disponer de un presupuesto de marketing para promocionar su aplicación entre los consumidores potenciales, Warren señaló que en Alemania un tercio del sector bancario está gestionado por cooperativas, por lo que existe un "enorme potencial sin explotar" para la concesión de préstamos dentro del sector cooperativo.

Añadió que era necesario "comercializar la marca cooperativa", de forma similar a la comercialización de la marca de comercio justo. Para ello sería necesario "proteger contra el abuso del nombre cooperativo", dijo Warren.

Buggedei dijo que sería necesario que las cooperativas "crearan un entorno de comunicación en el que no dependiéramos tanto de los presupuestos de marketing para correr la voz". Añadió que también podría haber una forma de centralizar el marketing de las cooperativas, en la que una "cooperativa de cooperativas" haga el trabajo de promoción de las cooperativas locales en todo el país.

Marco Lomuscio, de la Universidad de Trento, dijo que era importante tener una idea clara y realista de lo que las cooperativas "intentan conseguir".

"Probablemente las cooperativas responden mejor a los problemas locales y a las cuestiones locales que a las cuestiones a gran escala. El marketing es más problemático cuando no se está en contacto directo con la población", dijo. "Las cooperativas deberían centrar su atención en otras prácticas de comunicación e interacción más que en el propio marketing".    
            (Proyecto Gig Economy,  Ben Wray, BRAVE NEW EUROPE, 06/10/21)

5/8/21

Las farmacéuticas sin ánimo de lucro existen, y salvan millones de vidas cada día

"El cristal con el que se mira a las enfermedades es muy diferente según quién sea el observador. Para un paciente, cuestiones como si la dolencia será grave o leve, crónica o pasajera, incurable o curable, resultan vitales para su proyecto de vida.

 Para la industria farmacéutica, las enfermedades se dividen principalmente en rentables o no rentables. A partir de esta clasificación fundamental se dirigen las inversiones y los esfuerzos de las farmacéuticas para investigar, desarrollar y comercializar fármacos.

 
Nadie espera que las farmacéuticas actúen como hermanitas de la caridad en el terreno sanitario. Son empresas, al fin y al cabo, y su fin principal es ganar dinero. Y lo hacen muy bien, de hecho: el ámbito farmacéutico es uno de los sectores económicos más lucrativos. Los márgenes de beneficios de las grandes empresas farmacéuticas son muy superiores a la absoluta mayoría de las diversas empresas que cotizan en bolsa.

Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos tienen todo el derecho del mundo a cosechar beneficios millonarios. El problema llega cuando el afán de lucro va en contra del bien común. Un ejemplo clásico es el desarrollo de nuevos antibióticos. La limitada rentabilidad que ofrecen este tipo de fármacos contra infecciones pasajeras, en comparación con aquellos dirigidos a tratar enfermedades crónicas, ha sido un factor clave. Principalmente para que casi todas las grandes farmacéuticas en las últimas décadas hayan abandonado la investigación en antibióticos en un momento u otro.

Y más si tenemos en cuenta que las resistencias a antibióticos se presentan, en el futuro próximo, como una de las grandes amenazas para la salud de la población mundial (la OMS estima que podría ser la primera causa de muerte para 2050). Con esto está claro que el conflicto entre rentabilidad farmacéutica y bien común tiene claras consecuencias sobre todos nosotros. 
 
Medicamentos huérfanos, una apuesta común

Desafortunadamente, en ocasiones, lo que es mejor para la salud financiera de las empresas no tiene por qué coincidir con lo que es mejor para la salud de los pacientes. Para atajar estos puntos conflictivos, gobiernos e instituciones públicas crean incentivos para que las farmacéuticas destinen esfuerzos y dinero en aquellos ámbitos sanitarios menos rentables. Un ejemplo de ello es la consideración de medicamentos “huérfanos” a fármacos de interés en salud pública, pero que no se investigan o comercializan porque carecen de un claro potencial lucrativo al dirigirse a enfermedades raras o a dolencias típicas de vías en desarrollo.

Las farmacéuticas que se implican en medicamentos huérfanos tienen diversas ventajas según la región del planeta como desgravaciones fiscales, financiación pública de las investigaciones, exclusividad de la comercialización, procedimientos más rápidos en la aprobación del fármaco… En España, además, los medicamentos huérfanos quedan exonerados del sistema de control de precios.

Más allá de lo anterior, han ido surgiendo con el tiempo diferentes iniciativas farmacéuticas sin ánimo de lucro en diferentes lugares del mundo que han conseguido beneficiar a los pacientes que habían quedado olvidados por el sector farmacéutico convencional. Iniciativas que demuestran que se pueden hacer las cosas de otra manera en el sector de los medicamentos, con los pacientes como prioridad. 
 
La farmacéutica sin ánimo de lucro contra el desabastecimiento

Estados Unidos tiene un grave problema desde hace tiempo con el desabastecimiento o la ausencia de medicamentos genéricos. No existen incentivos en este país para que genéricos de bajo precio lleguen al mercado y, con frecuencia, estos no llegan siquiera a comercializarse porque su rentabilidad es limitada. El ejemplo más extremo se encuentra en la insulina que, hasta hace unos pocos años, carecía de genéricos en el mercado a precio asequible. El resultado de todo ello: precios desorbitados, bancarrota por facturas médicas entre diabéticos de pocos recursos o directamente la muerte de aquellos más vulnerables que no pueden acceder a este fármaco esencial para su supervivencia.

En 2018, decenas de hospitales, siete importantes sistemas sanitarios y tres grupos filantrópicos de Estados Unidos se plantaron ante los serios problemas de desabastecimiento de genéricos críticos y la escalada artificial de precios de medicamentos antiguos que estaban sufriendo: se decidieron a crear su propia farmacéutica sin ánimo de lucro: Civica Rx. El presidente de Civica, Dan Liljenquist, explicaba al Washington Post en el momento de su creación cuál era su objetivo: «Estamos intentando hacer lo correcto: crear el primer bien social de este tipo con una misión: asegurar que los medicamentos genéricos esenciales sean asequibles y estén disponibles para todo el mundo».
Un camino de éxitos

Esta farmacéutica atípica, enfocada en la producción de fármacos genéricos a precios asequibles y transparentes, ha conseguido numerosos logros en los tres años que lleva funcionando. Su objetivo inicial era mantener suministros estables de 14 fármacos genéricos que se administran en hospitales. Dicho objetivo se ha superado con creces: para finales de 2020, Civica estaba involucrada en la producción de más de 40 genéricos diferentes, entre los que se incluyen analgésicos, sedantes o bloqueantes neuromusculares, lo que ha supuesto el ahorro de millones de dólares para los hospitales. Su objetivo es llegar a más 100 medicamentos diferentes para 2023.

Además, esta farmacéutica ha creado reservas de medicamentos esenciales para evitar cualquier escasez en caso de mayor demanda (como ha ocurrido con algunos medicamentos usados para tratar la COVID-19) y ha aportado millones de dosis de medicinas a la Reserva Nacional Estratégica de Estados Unidos. En la actualidad, Civica sirve medicamentos a más de 50 sistemas sanitarios, lo que implica a más de 1.200 hospitales y más del 30% de las camas de hospital en dicho país. Esta iniciativa sin ánimo de lucro ha recibido numerosos reconocimientos por su labor centrada en los pacientes. 
 
La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi)

Las enfermedades raras o las enfermedades infecciosas limitadas a los países en desarrollo son áreas, en general, muy poco atractivas para las farmacéuticas por su escaso potencial de beneficio económico. Como resultado, las opciones terapéuticas para tratar estas dolencias han sido históricamente de escasa eficacia, tóxicas, excesivamente caras o ni siquiera estaban disponibles. Así, dolencias como el ébola, la tripanosomiasis (enfermedad del sueño) o el pian han sido frecuentemente dejadas a un lado por esta industria cuando no directamente ignoradas.

A raíz de este problema, en 2003 siete organizaciones de diferentes lugares del mundo se unieron para crear la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi). Entre ellos, se encontraban la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Pasteur de Francia y Médicos sin Fronteras que contribuyó a esta causa destinando los fondos recibidos por el Premio Nobel de la Paz (otorgado en 1999).

La idea de esta organización sin ánimo de lucro era sencilla: crear un modelo alternativo de investigación y desarrollo farmacéutico en áreas de gran interés sanitario, pero de nulo o reducido interés empresarial. El objetivo era llegar hasta donde las farmacéuticas convencionales no llegaban para mejorar la salud de pacientes afectados por enfermedades como las antes mencionadas u otras como la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas o el SIDA infantil. 
 
18 años y 8 tratamientos para enfermedades olvidadas

En los 18 años de existencia de la DNDi , esta iniciativa ha conseguido desarrollar ocho nuevos tratamientos para enfermedades olvidadas que han supuesto un antes y un después para millones de personas. Entre ellos destaca el fexinidazol, un fármaco olvidado durante décadas, rescatado en 2007 por la DNDi y clave en la lucha contra la tripanosomiasis en África. Gracias a este medicamento, se han producido grandes avances en la erradicación de esta enfermedad, que se limitaba a menos de 1.000 casos en todo el mundo en 2020.

Además, esta organización también ha contribuido a atraer inversiones privadas para I+D de medicamentos destinados a enfermedades de poco interés empresarial y ha establecido alianzas con diversas farmacéuticas para acelerar y reducir el coste de las fases más tempranas de descubrimiento de fármacos."                      (Esther Samper, Hipertextual, 26/07/21)