Eduardo Garzón: debate que tuve con Daniel Raventós sobre las ventajas e inconvenientes de la Renta Básica Universal

 (Eduardo Garzón, You Tube)

Siete argumentos contra la Renta Básica Universal y a favor del Trabajo Garantizado

 "Aunque hace mucho tiempo que se concibió la Renta Básica Universal (RB), no ha sido hasta hace poco cuando ha cobrado importancia en los círculos académicos españoles e incluso en la agenda política y mediática. Esta presencia se ha intensificado especialmente a raíz de la irrupción de Podemos en el panorama político español, puesto que recogen esta medida en su programa electoral. Bienvenido sea este debate, que siempre será constructivo. A continuación expongo los principales argumentos en contra de la RB, pues aunque es una medida potente, factible y muy efectiva para combatir la pobreza, lleva aparejada importantes problemas macroeconómicos. Sin embargo, la propuesta que aquí defenderé no es el rechazo de la RB, sino su modificación para transformarla en un programa de Trabajo Garantizado (TG) que resuelva las limitaciones macroeconómicas al mismo tiempo que logre mejores frutos sociales que la RB.

Recordemos que la RB es la concesión a todo ciudadano, independientemente de su situación particular, de un ingreso fijo que le permita cubrir sus necesidades vitales. De esta forma, nadie se vería obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo (por muy duro y precario que fuese) para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad.

En cambio, el TG parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. No tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no estén cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, etc…

Por lo tanto, mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si no lo desean o no pueden, entonces que reciban un ingreso básico –de menor cuantía que en el caso de trabajar). El Estado podría financiar y planificar este TG a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen experiencia sobre el terreno. La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de 10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su trabajo para formar parte del programa de TG.

Una vez presentadas de forma sucinta ambas propuestas, pasamos a enumerar y describir las diferencias más importantes:

1) La RB genera tensiones inflacionistas; el TG no. Por el lado de la oferta la RB busca acabar con los puestos de trabajo de peores condiciones. Puesto que el empleado pasaría a cobrar un ingreso mínimo sin necesidad de trabajar, podría abandonar su puesto si considera que no le merece la pena. El empleador tendría que mejorar las condiciones laborales para que el trabajador no abandonase, pero cabe la posibilidad de que no pueda hacerlo (debido a las exigencias del mercado: aumentar salarios le podría suponer demasiado coste para mantener competitividad sin aumentar precios o para darle suficiente rentabilidad a los accionistas. Si la mejora de condiciones laborales se hace en este contexto, los precios de los productos aumentarían para no ver mermado el margen de beneficio empresarial: habría inflación). Si el empresario no puede mejorar las condiciones (en muchos sectores con total seguridad no podría), ese tipo de trabajo desaparecería: habría menos empleo y por lo tanto menos producción (menos oferta de bienes y servicios).

Al mismo tiempo que eso sucede, la demanda de esos bienes y servicios aumentaría puesto que todos los ciudadanos tendrían ahora más dinero en sus bolsillos gracias a la RB. Este efecto conjunto tendría como resultado un aumento notable de los precios de esos bienes y productos (la ley de la oferta y la demanda manda: si ahora se venden menos productos y a la vez hay más compradores el vendedor aprovechará la situación para subir los precios). Con precios mayores el poder adquisitivo de los ciudadanos que han recibido la RB se evapora: los pobres siguen siendo pobres.

En cambio, con el TG no habría inflación. Por el lado de la oferta no se producirían menos bienes y servicios sino que se producirían más gracias a los nuevos programas de empleo. Además, al ofrecer un salario uniforme y fijo (de 10 euros la hora por ejemplo) impide el empujar de los precios por el lado de los costes salariales. Por otro lado, la demanda aumentaría pero en mucha menor medida que en el anterior caso ya que sólo se verían beneficiadas aquellas personas más necesitadas (quienes quieren trabajar y no se les deja, y otras personas con necesidades económicas), y no todas (ricas y pobres) como ocurre con la RB. Por lo tanto, no habría tensiones inflacionistas porque aunque habría más dinero para comprar éste no sería tan abundante como en el caso de la RB y al mismo tiempo aumentaría la cantidad de bienes y servicios puestos a la venta.

2) La RB depreciaría la moneda si España tuviese moneda propia; con el TG el efecto sería menor. Si el dinero que aparece en los bolsillos de los ciudadanos gracias a la RB se destina en buena medida a comprar productos en el extranjero (y conociendo el tipo de productos que se producen y que no se producen en España ocurriría con seguridad), una moneda propia se devaluaría fuertemente. El efecto sería mucho menor en el caso del TG porque el dinero en los bolsillos de los ciudadanos no sería tan abundante. Eso no ocurriría con una moneda común como el euro, pero vale la pena tenerlo en cuenta a tenor de los importantes movimientos anti-euro.

3) La RB no tiene en cuenta el ciclo económico, el TG sí. La RB es universal y constante: siempre el mismo ingreso y para todos, independientemente de si estamos en una época de boom económico o recesión. En una época de expansión económica inyectar más dinero en los bolsillos de todos los ciudadanos no hará sino calentar todavía más la economía, provocando burbujas e inflación. En cambio, el TG es flexible y contracíclico. En épocas de boom económico aparecerán en el sector privado muchos puestos de trabajo mejor pagados que los ofrecidos por el TG, de forma que muchos trabajadores del TG se trasladarían al sector privado. De esta forma se estaría introduciendo mucho menos dinero “extra” en los bolsillos de los ciudadanos, y por lo tanto no se estaría calentando tanto la economía. En épocas de recesión ocurriría lo contrario: muchos trabajadores despedidos en el sector privado pasarían a trabajar en los programas de TG, logrando que no se enfriase tanto la economía y evitando así la amenaza de la deflación (caída generalizada de los precios).

4) La RB genera menos trabajo digno que el TG y de forma más limitada. Con la RB se confía en la disponibilidad y voluntad del empresario para mejorar las condiciones de trabajo hasta convertirse en empleos dignos (de no hacerlo los trabajadores abandonarían). Muchos empleadores podrían hacerlo pero otros muchos no. El TG se ahorra este problema al crear trabajo digno de forma directa, sin necesidad de contar con los empresarios. Además, con el TG se podría combatir directamente la discriminación de género, racial y de cualquier otro tipo; algo que no se podría controlar con la RB.

5) La RB no crea servicios sociales; el TG sí. Con la RB no hay producción social (que sirva a los más necesitados), no al menos más allá de la que estén dispuestos a realizar voluntariamente los receptores del ingreso fijo. En cambio, el TG crea directamente puestos de trabajo cuyo objetivo es a) mejorar las condiciones de vida de muchas personas que lo necesitan y b) cuidar y respetar el medio ambiente.

6) La RB sólo concede dinero, el TG mucho más. Recibir un ingreso es sólo uno de los muchos motivos que hay para trabajar, y a menudo ni siquiera es el más importante. Sentirse útil para con la sociedad, aprender nuevas habilidades y conocimientos, socializarse, entretenerse, viajar, etc, son otros beneficios que otorga el TG y que la RB no puede ofrecer.

7) La RB no forma ni prepara al ciudadano, el TG sí lo hace. Los conocimientos y habilidades adquiridas por el trabajador del TG lo preparan para encontrar trabajo en el sector privado o para iniciar sus propios proyectos en un futuro."                (Eduardo Garzón, La marea, 13/08/14)

La Renta Básica de Ciudadanía, una idea neoliberal

 "La idea de una renta básica¹ ha despertado un renacido entusiasmo desde el inicio de la crisis de 2008. La propuesta parece sencilla y seductora: consistiría en pagar a cada ciudadano un “ingreso básico”² incondicional, para liberar a nuestras sociedades de la pobreza, la precariedad o el desempleo. En su sentido de “izquierdas”, cada ciudadano podría, por lo tanto, liberarse de la necesidad de trabajar y verse liberado igualmente de las instituciones del Estado social, que en ocasiones son autoritarias, para dar paso a nuevas actividades autónomas y superar la mortífera necesidad del empleo “a cualquier precio“. En una sociedad en la que desapareciese el trabajo, se propone la renta básica como el instrumento social por excelencia de una sociedad postindustrial.

Recientemente, la puso a la orden del día el Gobierno de derechas finlandés, que propone sustituir parte del sistema de seguridad social por una renta básica para todos sus habitantes. En Canadá, en el verano de 2017, la provincia de Ontario inició un proyecto experimental a gran escala. En Europa, la experiencia más avanzada tiene lugar en Holanda. Este 2017, se pondrá en marcha el experimento en unos 20 municipios – Utrecht entre otros- para comprobar empíricamente los efectos en los beneficiarios. En Francia, el desafortunado candidato en las elecciones presidenciales, Benoît Hamon³, lo había convertido en su buque insignia. Muchos partidos políticos de todo el mundo hablan ahora abiertamente de un ingreso incondicional para todos los ciudadanos. A derecha y a izquierda, la propuesta es debatida y apreciada por sus supuestas ventajas (para unos elimina la precariedad, para otros deshace las viejas instituciones burocráticas de la seguridad social). Su carácter aparentemente “liberal” y “social” parece desdibujar la división original, siendo compartida por los que continúan pensando en el viejo marco de las clases y la revolución industrial y por los que entienden que, en la nueva “economía del conocimiento”, es necesario transformar en profundidad nuestro imaginario y nuestras instituciones. Ahora, el pleno empleo es una utopía, la estabilidad laboral una demanda obsoleta ante el dinamismo necesario en vista de las nuevas actividades “creativas”, y las viejas instituciones de los asalariados (derecho al trabajo, seguridad social, sindicatos, etc.) una vieja maquinaria a extinguir y un obstáculo al progreso y a la libertad individual.

La creciente popularidad de la renta básica se ha combinado durante los últimos treinta años con su asociación con un pasado arraigado en una vieja tradición intelectual. De hecho, sus principales promotores la asocian generalmente con las ideas de Thomas More, Charles Fourier o Thomas Paine que, en su momento, habían formulado propuestas supuestamente similares a las de la renta básica. Sin embargo, esta supuesta procedencia no resiste un análisis más en detalle. Porque, ¿realmente podemos asociar la idea de la renta básica con la defensa de More de un nivel de vida mínimo para todos? Con esa línea argumental, bien podía ser el precursor también de la seguridad social universal o de los impuestos progresivos.

Como toda idea política, la renta básica se ha rodeado de su propia mitología, construida por supuesto a posteriori, para barnizar la propuesta de un pasado idealizado que se remonta al siglo XVI. La elaboración de una procedencia totalmente ficticia y más que cuestionable en el plano intelectual es, por tanto, más que una realidad histórica, una forma de dar legitimidad una idea reciente. El historiador Eric Hobsbawm ha mostrado cuántas instituciones, ideas políticas o incluso organizaciones utilizan materiales antiguos con el fin de crear “tradiciones inventadas” para crear una ilusión de permanencia. La primera consecuencia del efecto de otorgar un lejano pasado al origen a la renta básica es, por lo tanto, impedir toda historización, sacar su génesis de la vista de las ciencias sociales, reprimiendo así sus propias condiciones históricas de posibilidad.

De hecho, su formulación moderna -que data de los años sesenta- aumenta su popularidad con el estallido de la crisis económica de 1973 y con sus consecuencias. Tanto entre la izquierda -a menudo proveniente del naciente movimiento ambientalista- como entre la nueva derecha neoliberal, la idea de la renta básica se abrirá camino en las agendas políticas. La renta básica parece ser una exigencia en tiempos de crisis, blandida en situaciones de marcada decadencia social y fuertes políticas de austeridad. Por lo tanto, la paradoja es profunda: cuanto más derechistas son las políticas y cuanto más defensivo es el movimiento social, más terreno gana la renta básica. Cuanto más inaccesibles parecen ser las ayudas sociales, más sentido parece tener la idea de una renta básica. Así pues, la renta básica no parece ser la culminación de los numerosos logros sociales pasados, sino, por el contrario, la alternativa a su desaparición. Es lo que los botánicos comúnmente llaman un “bioindicador”. Nos informa del estado de progreso del neoliberalismo. Su apoyo aumenta allí donde más devastación causan las reformas neoliberales.

Por lo tanto, la apuesta por una renta básica no sólo es de carácter técnico (¿de cuánto dinero? ¿es posible? ¿cómo ponerla en práctica? ¿qué efectos tendrá?), sino que también pone en tela de juicio los fundamentos intelectuales de la izquierda de posguerra. Sin afán de reconstruir historias, mostraré que la idea de la renta básica se abrió camino cuestionando las instituciones de bienestar social. En este sentido, mantiene una íntima relación con el surgimiento del neoliberalismo, tanto en el tipo de respuesta que ofrece a la crisis como en el concepto de justicia social que transmite.

La revolución del estado social

Para comprender el significado político de una propuesta como la renta básica, debemos, en primer lugar, ver a qué se opone. El Estado social y su sistema de seguridad social, de hecho, se basan en una lógica opuesta a la de la renta básica. Su nacimiento y los derechos que se le asocian no son un mero artefacto técnico. Son el producto de una transformación profunda y lenta en la forma en que se entendía la cuestión social, que comenzó a surgir a mediados del siglo XIX, frente al régimen liberal que prevaleció durante la industrialización. Esta “revolución” social estaba basada en cuatro grandes transformaciones.

En primer lugar, se cuestionó la noción de responsabilidad individual. De hecho, el advenimiento de las instituciones de protección social fue posible gracias al desarrollo de una concepción macroeconómica de los problemas sociales. Así, los principios de “responsabilización” de los pobres y la no intervención en las políticas económicas liberales del siglo XIX estaban totalmente desacreditados. La pobreza y el desempleo se pasan a percibir como el efecto del propio sistema económico, y no sólo como una consecuencia de un comportamiento individual fallido (vagancia, inmoralidad, etc.). El problema de la miseria o del desempleo de la clase trabajadora dejan de abordarse con las medidas disciplinarias del régimen liberal, como el trabajo forzoso en los centros de trabajo o los centros de mendicidad ingleses. Lo que está en primer plano en las propuestas de acción política y económica, no es la responsabilidad individual, sino las variables macroeconómicas.

En segundo lugar, la desaparición de la noción de responsabilidad individual implicará la exigencia de derechos sociales con una perspectiva universal y no de favores arbitrarios individuales, como ocurría con la caridad vigente hasta finales del siglo XIX. De hecho, aunque problemas como el desempleo y la pobreza son fenómenos sociales, es natural que el Estado trate de abordarlos colectivamente. La socialización de una parte de la riqueza producida para ofrecer derechos colectivos (salud, educación, pensiones, etc.) crea, además de la propiedad privada, una propiedad social destinada a hacen entrar realmente a los asalariados en la ciudadanía. Fue la solución del siglo XIX a lo que Émile Buret llamó “la separación absoluta del capital y el trabajo”.

En tercer lugar, el empuje de esta propiedad socializada se traduce en un nuevo papel del Estado, un Estado que ya no se limita a actuar en los “márgenes”, sino que actúa sobre todo el cuerpo social. Esta transformación de la protección social amplía el campo de acción del Estado en el ámbito económico. Para ofrecer derechos, es necesario separar el acceso a determinados bienes del acceso de los individuos al mercado. Esta “demarcación” tiene por objeto proporcionar seguridad en aspectos esenciales de la vida (salud, trabajo, ingresos, educación, etc.) y contribuye a un equilibrio de poder más favorable a las clases dominadas frente a las clases dominantes. La lógica del estado social consiste, por lo tanto, en una extensión sin precedentes de mecanismos dirigidos a alejar a los individuos de la violencia de las relaciones comerciales e institucionalizar su fuerza colectiva en torno a la relación salarial moderna y de los derechos que de ella se derivan. Esta idea, que fue la que defendió Karl Polanyi en La Gran Transformación⁴, que ve, en los principios de protección social, el objetivo de liberar al individuo de las leyes del mercado y de reconfigurar así el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo.

Por último, detrás de la regulación de la esfera económica se encuentra el advenimiento del ideal igualitario, verdadero corazón ideológico del proyecto social de posguerra. Si tras las instituciones de caridad pública se esconde la idea de justicia social para los pobres “que se lo merecen”, con la revolución del estado social surge la ambición de la igualdad. De hecho, los niveles de desigualdad conocidos en el período anterior a la guerra son parte de la base de los conflictos que llevaron al viejo continente a la catástrofe. Durante los años 1870-1914 se alcanzaron niveles extremadamente altos de desigualdad y esto parece confirmar la idea, popularizada por Marx, de una acumulación infinita de riqueza en unas pocas manos. En aquel entonces, el problema de la inseguridad social no era visto como un problema en términos de “pobreza” absoluta (“pauperismo”), si no en términos de redistribución general de los ingresos y de reducción de la brecha entre ricos y pobres. Por eso, a las políticas sociales les corresponde encarnar la lucha contra las desigualdades, y establecer, a largo plazo, un derecho universal a los bienes fundamentales. La creciente y cada vez más amplia incorporación de la población a los sistemas de protección social llevará a muchos autores a predecir el fin de la pobreza. Por lo tanto, la solución de los problemas sociales se conecta con el proyecto de universalización de las instituciones de seguridad social.

El retorno de la pobreza

Sin embargo, este optimismo se desvanecerá rápidamente ante la persistencia de la pobreza. Y sería, por primera vez en los Estados Unidos, donde ocurre este retroceso con el enorme éxito del libro de Michael Harrington The Other America, publicado en 1962 y que vendió más de un millón de copias. Harrington habla de esa “otra América”, formada por trabajadores no cualificados, minorías, ancianos, que viven a la sombra del sueño americano y de su crecimiento económico. Piensa que esta América pobre se ha vuelto invisible como resultado del entusiasmo generado por el New Deal. En cierto modo, el desarrollo económico de posguerra habría contribuido al olvido de los pobres y de la pobreza. Ante esperanza traicionada, era hora de volver a situar la pobreza en el centro del debate político.

En Francia, desde principios de los años setenta, el tema de la pobreza ha estado en el centro del debate debido al trabajo de dos altos funcionarios públicos. El primero, René Lenoir, escribe en 1974 Los excluidos: un francés de cada diez. El trabajo de Lenoir será importante debido a su autor, que era ministro de Acción Social bajo el gobierno del presidente francés Valéry Giscard d’ Estaing el año de su publicación. Su postura tendrá un gran impacto e influencia en las políticas sociales en favor de los “excluidos”. Por último, cabe destacar el libro de Lionel Stoléru, también en 1974, que sobre cómo “vencer la pobreza en los países ricos”.⁵ Sin embargo, lejos de limitarse a la denuncia, su intervención contribuirá también a una transformación más general de la manera en que se concibe la justicia social y sus soluciones. En efecto, la ambición de la universalización de la seguridad social, que dominó hasta mediados de los años sesenta, se va abandonando paulatinamente en favor de una defensa específica de los llamados “nuevos pobres”, que serían las numerosas fracciones “excluidas” de los asalariados y de la prosperidad de los “treinta años gloriosos”. Es el comienzo de los innumerables debates sobre la “exclusión” y sobre la incapacidad de las políticas sociales de posguerra, e incluso sobre su responsabilidad en dicho problema. Nace la idea de que esta “pobreza en medio de la abundancia” no se puede reducir por medio de instituciones convencionales, y se ponen en tela de juicio las políticas sociales que se aplicaron hasta entonces. La seguridad social, el estado social o la legislación laboral habrían “excluido” a los pobres de la distribución de la riqueza y ayudaban a mantenerlos en su posición de exclusión. Por lo tanto, no se trataba de ampliar la seguridad social, ya que era parte responsable de dicha exclusión. Se argumentaba que la seguridad social y los servicios públicos eran ineficaces, burocráticos y totalmente incapaces de dirigirse a aquellos que “realmente lo necesitan”. En términos más generales, muchos estudios (“izquierdistas” y “derechistas”) denunciaron los sistemas de protección como instituciones de control social destinadas a mantener la sumisión al poder estatal más que a emancipar a quienes reciben su ayuda.

En pocos años, la seguridad social y los derechos que impone el Estado social pasan a ser atacados por todas partes. Si hasta entonces el discurso dominante había sido el de la lenta integración de los pobres en las instituciones de los asalariados, ahora se defiende la ruptura. Como señalan acertadamente Jacques Fourier y Nicole Questiaux, la mayoría de los análisis de mediados de 1960 hasta la década de 1970 pretenden demostrar el “fracaso del sistema de protección social” y el “desperdicio de energía durante el proceso de redistribución” y promueven una “idea simple”: “garantizar que todos tengan un mínimo garantizado, en mayor o menor medida independiente de su participación en la protección”⁶. Se trata ante todo de dar un mínimo a los excluidos de la competencia económica, y de olvidar la regulación de la esfera económica por el Estado. A la idea del seguro, a la que se acusa de mantener al “cuarto mundo” y a los “marginados” en la pobreza, se le opone la idea, de numerosas asociaciones, de un “ingreso mínimo”, un “bienestar mínimo” o un “mínimo social”. Este mínimo sería ante todo “humanitario” o “ciudadano” y no era considerado como una forma de solidaridad vinculada al trabajo.

Sin embargo, esta perspectiva inmediata, anticipa el proyecto más ambicioso al que aspiraban muchos protagonistas de la década de principios de 1970. De hecho, la idea de Milton Friedman del impuesto negativo, a la que seguirá la idea de una renta básica, que reemplacen por completo al sistema de seguridad social, se va abriendo camino.

El impuesto negativo: el antepasado de la renta básica

El hincapié en la idea de limitar la política social al mínimo de subsistencia abrirá rápidamente el camino a la propuesta de los impuestos negativos como alternativa a las viejas políticas sociales. La idea, popularizada por Milton Friedman en 1962⁷ es relativamente sencilla: implica que el Estado conceda una prestación a cualquier persona que se encuentre por debajo de un determinado nivel de renta. Ya no se trata de distinguir entre los que trabajan y los que no, entre los “merecedores” y los que no lo merecen. Todo el mundo recibiría, por debajo de cierto umbral de ingresos, un suplemento del gobierno (un impuesto negativo). El objetivo es garantizar que nadie pueda estar por debajo de un nivel mínimo y evitar que se pierda tiempo en papeleos. Para Friedman, esta medida evidentemente se acompaña del fin de los servicios públicos, de la seguridad social y de cualquier forma de “socialización” de los ingresos con fines colectivos. Según sus preceptos, es preferible subvencionar directamente a las personas y no ofrecerles servicios colectivos que son ineficientes, injustos y que interfieren en el mercado. Su idea se hace eco de los numerosos defectos atribuidos a un sistema anticuado y se abre camino entre todos los partidos.

En Francia, Stoléru y Lenoir serán los principales defensores de este impuesto, que defienden en sus respectivos libros. Para luchar contra la pobreza, Stoléru aboga por una reforma radical de la seguridad social, a la que compara con un “colador ineficaz”, y Lenoir presenta el impuesto negativo como “la mejor técnica” para trabajar por “la desaparición de la pobreza”⁸. Esta idea, por muy contrario a la intuición que pueda parecer, también formará parte de las reivindicaciones a largo plazo de algunas asociaciones populares como ATD-Cuarto Mundo, quienes defienden que, además de las medidas inmediatas, “la técnica del impuesto negativo presenta más coherencia y garantías que la legislación vigente que establece los derechos garantizados”⁹.

Esta deriva hacia un sistema en general asociado a la derecha arroja luz sobre la ambigüedad de las reivindicaciones de las asociaciones sobre la pobreza y, más concretamente, sobre su relación con el Estado y los sistemas de seguridad social. Sin embargo, estas ambigüedades no se limitan al sector del voluntariado. A modo de ejemplo, el interés que despierta en un intelectual como Michel Foucault, ya a finales de los años setenta, revela con toda claridad el clima antiinstitucional de una nueva izquierda relativamente escéptica en cuanto a las ventajas del “estatismo”. De hecho, Foucault dedicará largas reflexiones al impuesto negativo en el nacimiento de la biopolítica. La ausencia de criterios de adjudicación es lo que más atrae al filósofo. En su opinión, este sistema es una respuesta a la gobernación y a las formas de normalización impuestas por las caducas instituciones centralizadas y estatales de la seguridad social. Como él mismo señala, “poco importa esta famosa distinción que la gobernabilidad occidental ha buscado durante tanto tiempo, distinguir entre pobres buenos y pobres malos, entre quienes no trabajan por voluntad propia y quienes que están desempleados por razones involuntarias. Después de todo, no nos importa, y debe causar risa, por qué alguien cae por debajo del nivel de juego social; si está drogado o si es un desempleado voluntario, nos importa un bledo.”¹⁰ Para Foucault el Homo œconomicus es un agente cuyo único interés son los cálculos racionales; por lo tanto, sus elecciones no se deben juzgar desde un punto de vista moral, sino que simplemente se entienden a través de su interés. Después de todo, no le corresponde al Estado decidir qué debe hacer con su dinero el agente (usarlo en salud, educación, consumo, etc.), sólo a él le corresponde decidir, más allá de todo juicio normativo. El nuevo sistema permitiría por tanto prestar asistencia a la población “flotante” o excedentaria para el mercado de trabajo “de un modo muy liberal, mucho menos burocrático y mucho menos disciplinario que un sistema centrado en el pleno empleo y que aplicaría mecanismos como los de la seguridad social“¹¹. De esta manera, básicamente evita todo lo que Foucault denuncia a lo largo de los años en el curso de su trabajo, todas las formas de control de los cuerpos, conductas y sexualidad, que están activas -a menudo de forma oculta- en numerosas políticas sociales de reducción de las desigualdades.

Sin embargo, la popularidad de este sistema no será sólo teórica, y acabará generando los primeros experimentos a gran escala. En primer lugar, en los Estados Unidos, donde se considera seriamente su puesta en marcha. Aunque se menciona por primera vez durante el gobierno de Johnson a mediados de la década de 1960, será principalmente la presidencia de Richard Nixon la que prevea su implantación. Sin embargo, su plan para ayudar a las familias, que fue diseñado como un impuesto negativo, no fue más allá de algunos experimentos realizados en Nueva Jersey. En Francia, Giscard trató de introducirlo tan pronto como fue elegido presidente en 1974 y, en Canadá, una experiencia de impuestos negativos (“Mincome”)¹² tuvo lugar entre 1975 y 1979. En muchos países europeos, el impuesto negativo aparece en las agendas políticas de los partidos de derechas que llegan al poder entre mediados de los setenta y principios de los ochenta.

Renta básica: el colectivo Fourrier

Estas ideas calan rápidamente entre destacados intelectuales de izquierdas, que tienen suspicacias respecto al estado. Esta nueva izquierda, fuertemente influenciada por Mayo del 68 y la autogestión, busca romper con una izquierda excesivamente centralizada, que aspira a conquistar el poder del estado y muy “jacobina”. Para ellos, la idea de un impuesto negativo podría ser una fuente de emancipación y progreso social si se diseñara adecuadamente. Podría ser utilizada como eje de una izquierda libertaria, o como dice Philippe Van Parijs, de un “camino capitalista hacia el comunismo”.¹³ Al emanciparse de las viejas instituciones asalariadas y de la centralidad del trabajo que imponen, sería posible, mediante la introducción de una renta básica, transformar profundamente la lógica económica capitalista. Políticamente, la idea surge por primera vez en 1977 en los Países Bajos y en países europeos como Alemania, Bélgica y el Reino Unido a principios de los años ochenta. Sin embargo, la primera formulación precisa y cuantificada de esta propuesta se remonta a 1984, cuando en Bélgica, el filósofo Philippe Van Parijs, el sociólogo Paul-Marie Boulanger y el economista Philippe Defeyt (cercanos al movimiento ecologista belga y al movimiento católico belga), junto con el colectivo Fourier, obtienen el premio de la Fundación Rey Balduino¹⁴ por su propuesta de sustituir la seguridad social por un sistema universal de renta básica. Aunque el proyecto de este colectivo no reivindica las ideas neoliberales del momento, empieza con estas sorprendentes líneas:

Eliminar los subsidios de desempleo, las pensiones, el minimex¹⁵, las ayudas familiares, las desgravaciones fiscales y los créditos fiscales a gente con personas a cargo, las becas […], las ayudas estatales a las empresas en crisis. Y pagar a cada ciudadano mes a mes lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de un individuo que vive solo. Páguesele trabaje o no, sea pobre o rico, viva solo o con familia, viva en pareja o en comunidad, haya trabajado o no. [….] Y financiemos todo esto con un impuesto progresivo sobre los demás ingresos de cada individuo. Al mismo tiempo, desregulemos el mercado laboral. Suprimamos toda legislación que imponga un salario mínimo o un tiempo máximo de trabajo. Eliminemos todas las barreras administrativas al trabajo a tiempo parcial. Reduzcamos la edad a la que finaliza la escolaridad obligatoria. Eliminemos el requisito de jubilarse a una edad determinada. Hagamos todo esto. Y veamos lo que pasa.”¹⁶

Para sus promotores, está claro “qué pasará”: el desempleo “desaparecerá”, la pobreza “será eliminada”. Mejor aún. Estaríamos asistiendo al fin de las instituciones burocráticas y de sus interminables papeleos administrativos, la economía se emanciparía finalmente de las restricciones estatales – ellos piden una “reducción radical de las actividades estatales” – y, más concretamente, del derecho laboral. La renta básica también permitirá que el trabajo sea algo “opcional”, liberará a las mujeres de la relación de dominación doméstica y “acabará “con los ingratos trabajos que los beneficiarios sociales están obligados a aceptar bajo el riesgo de perder su subsidio. Al maximizar el mercado (mediante la destrucción efectiva de todas las regulaciones que lo limitan) y garantizar al mismo tiempo un ingreso básico, podríamos beneficiarnos tanto de las virtudes del mercado como de las del socialismo. La renta básica sería, en definitiva, una síntesis de las utopías liberales y socialistas.

Esta ambigüedad de una política supuestamente de izquierdas pero que se verá como “liberal” refleja los paradigmas intelectuales en los que navega Philippe Van Parijs durante este período. El filósofo, atraído por las teorías libertarias, no dudó en verlo como una especie de alternativa a la tradicional oposición entre izquierda y derecha. En su opinión, la renta básica es “un proyecto radical que atraviesa el eje izquierda/derecha”, un proyecto que escapa “a la polarización habitual entre una derecha que pide más mercado y una izquierda que exige más estado”. Porque al declarar el derecho a un ingreso independiente de cualquier prestación al mercado o al estado, promueve el desarrollo de una tercera esfera económica, la de las actividades “autónomas”¹⁷. Según el filósofo, hace posible salir de la “estatización” de la izquierda¹⁸ y confrontar seriamente de una manera novedosa la crítica neoliberal al estancamiento del socialismo.

Por lo tanto, de manera simultánea, a ambos lados del espectro político, algunas voces promueven una liquidación pura y simple de la seguridad social y de las regulaciones del mercado laboral en favor de una lucha contra la pobreza basada en un sistema de ingresos universal. Esto demuestra hasta qué punto, a inicios de 1980, habían desaparecido preceptos del pasado y había mutado la forma de concebir las políticas sociales.

El triunfo de la ideología neoliberal

La creciente popularidad de la renta básica a finales de los años ochenta acompañará, acelerará incluso, el consenso emergente en torno a las ideas neoliberales. La concepción de justicia social plasmada en la idea de la renta básica se opone en todos los sentidos al espíritu del socialismo de posguerra. Lejos de situar las variables macroeconómicas en el centro de la política, la idea central del nuevo proyecto político es el individuo. De hecho, al pagar a cada individuo un ingreso básico, pasa a segundo plano la idea de una gestión colectiva de un ingreso socializado, y predomina su apropiación privada. Lo que se defiende es la libre elección de cada persona de hacer lo que quiera con esta suma, frente a su uso social. Lo que se valora no es la retirada colectiva de los individuos de las fuerzas del mercado, sino más bien su oportunidad de participar en ellas. El acceso a los bienes sociales ya no se garantiza socialmente, sino a través de una participación, de todos, en el mercado.

De este modo, se abandona la idea de combatir la desigualdad. En este sentido, es interesante observar que Lionel Stoléru, en el mismo espíritu de Milton Friedman, plantea un argumento filosófico, distinguiendo entre una política que busca la igualdad (socialismo) y una política que simplemente quiere erradicar la pobreza sin poner en tela de juicio las diferencias sociales (liberalismo). Según él, “las doctrinas […] pueden alentar una política dirigida a erradicar la pobreza o una política que busque limitar la brecha entre ricos y pobres”¹⁹. Es lo que denomina la “frontera entre la pobreza absoluta y relativa“²⁰. La primera se define por un nivel determinado arbitrariamente (al que va dirigido el impuesto negativo o la renta básica) y la segunda a las diferencias generales entre individuos (las que mitiga el sistema de seguridad social y el Estado social). En su opinión,”la economía de mercado es capaz de asimilar acciones para combatir la pobreza absoluta“, pero “es incapaz de digerir remedios demasiado fuertes contra la pobreza relativa“²¹. Por eso, argumenta, “creo que la distinción entre pobreza absoluta y pobreza relativa es de hecho la distinción entre capitalismo y socialismo…”²². Pero reemplazar la igualdad por la reducción de la pobreza también significa cambiar el principio subyacente de justicia. De hecho, gracias a esta operación ideológica fundamental nace una noción de justicia social basada en la igualdad de oportunidades. La igualdad tenía por objeto reducir la disparidad entre ingresos, sin embargo, la igualdad de oportunidades sólo se refiere a la forma en que se distribuyen las desigualdades. Velará por que no sean producto de injusticias que hayan socavado la libre competencia o que la hayan distorsionado. Así pues, la exclusión, el racismo o el sexismo distorsionan el juego económico al favorecer, desde el principio, a algunos individuos en lugar de a otros. Por lo tanto, el objetivo de la igualdad de oportunidades no es abolir la competencia (crear una verdadera igualdad), sino garantizar que la competencia sea justa, que todos estemos en la misma línea de salida. Gracias a la renta básica, por lo tanto, sería posible paliar las discriminaciones y restablecer el equilibrio del juego económico. Sin embargo, una sociedad en la que hubiese de manera exacta la misma igualdad de oportunidades no sería necesariamente menos desigual que la sociedad actual. Probablemente sería más “diversa” y menos influenciada por el peso de nuestros orígenes sociales. Al principio todos tendríamos la misma oportunidad de hacernos ricos, pero sólo un cierto número de personas se haría rico. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades aspira a crear una sociedad meritocrática y no igualitaria. Aunque es más envidiable que una sociedad con discriminaciones, no es menos injusta. Las únicas injusticias consideradas ilegítimas son ahora las que aparecen como infracciones de las fuerzas del libre mercado (exclusión, discriminación, etc.) y no la desigualdad como tal.

Por consiguiente, lo que se cuestiona es precisamente la noción de derecho social. Para Friedman, por ejemplo, era preferible pagar una cierta cantidad de dinero a cada individuo para que pudiera decidir individualmente si prefería consumir más salud o irse de vacaciones. Así pues, el entablado neoliberal se construyó, en cierta medida, frente a la atribución de un estatuto específico a bienes como la salud o la educación. No son un “derecho” objetivamente cuantificable y deberían estar sujetos a las normas del mercado, al tiempo que se amplían las posibilidades de que todos puedan “consumirlas”. Aunque los partidarios de la renta básica nunca han defendido esta versión de su propuesta (generalmente no dicen nada sobre los servicios públicos y poco sobre lo que le ocurriría al resto de los sistemas de protección, como la asistencia sanitaria), sin embargo, fortalecen esa dinámica. Por otra parte, una renta básica universal “generosa” -es decir, que “permita” no trabajar- es financieramente inconcebible sin una fuerte reducción de otros gastos sociales “colectivos”. La introducción de una renta básica podría provocar una privatización masiva de los antiguos recursos colectivos para ampliar la esfera del mercado en lugar de restringirla. Por lo tanto, trabaja en contra de la tendencia histórica que surgió a finales del siglo XIX de utilizar el Estado contra el mercado. De hecho, el sistema de tributación impuesto por la renta básica no implica en realidad “menos Estado”, sino un Estado que amplía la esfera del mercado.

La mundialización de una idea conservadora

Este cambio tendrá efectos importantes en la evolución de las políticas de desarrollo. En el Tercer Mundo, donde se ha experimentado con las versiones más limitadas de esta retribución, la imagen es particularmente sorprendente. A principios de los años noventa, las principales organizaciones internacionales (FMI, PNUD, ONU, etc.) sustituyeron progresivamente el discurso centrado en el acceso a los derechos por el de la lucha contra la pobreza. Durante este decenio, el tema de la pobreza se convirtió en el tema central y la renta básica la respuesta de moda. Hay que entender este cambio en el contexto del fin de la Guerra Fría, en un momento en el que se lucha por resetear con los “dogmas del pasado”, especialmente en lo que se refiere al papel del Estado y a la redistribución de los ingresos en las políticas de desarrollo. Como dice Francine Mestrum: “Por paradójico que parezca a primera vista, la lucha contra la pobreza constituye un retroceso con respecto a la protección social existente en el mundo occidental y más o menos embrionaria en el mundo pobre²³.” También es interesante leer los textos de las principales organizaciones internacionales sobre este tema. Los informes del PNUD señalan que, si bien “la reducción de la pobreza tiende todavía a identificarse con la seguridad social o la protección social“, esto parte “tal vez de buenos sentimientos“, pero en realidad es “ineficaz“.²⁴ En opinión de la organización para el desarrollo, “la seguridad social puede no ser el mejor uso que pueda usar con los recursos de que dispone un país en desarrollo “²⁵. La aplicación de estas políticas ha acompañado, por tanto, a los numerosos planes de “ajuste estructural” que propugnan estas mismas organizaciones, que a menudo piden la privatización de todo servicio público y de todo sistema de protección social a cambio de créditos para saldar deudas en ocasiones ilegítimas. Estas reformas, que maximizan las “leyes del mercado”, crean por lo tanto mayores desigualdades en los países donde se aplican, que son compensadas por los escasos presupuestos de reducción de la pobreza. Así pues, mientras que la pobreza absoluta (medida por el número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día) ha disminuido en promedio en los últimos 30 años, las desigualdades dentro de cada país han aumentado. En cierto sentido, esta política de desregulación de la esfera económica ha ido de la mano de la lucha contra la pobreza. Es una política que da con una mano mientras que roba diez veces más con la otra.

En este sentido, es significativo ver cómo las grandes fortunas del mundo o los gurús de Silicon Valley se comprometen en esta lucha contra la pobreza o con algo parecido a la renta básica mientras defienden, sin aparente contradicción, las “virtudes” del neoliberalismo²⁶. Estas nuevas estrategias permiten poner las cuestiones sociales en la agenda política sin tener que luchar contra las desigualdades y los mecanismos estructurales que las producen. Quieren convertir a los pobres en agentes económicos racionales, pero rechazan cualquier forma de servicio público. Evidentemente, esto no significa que, en estos países, donde a menudo no existe protección social alguna, el establecimiento de una renta garantizada sea algo malo. Muy a menudo, como muestran las cifras, puede mejorar la vida cotidiana de muchas personas. Sin embargo, el hecho de que su suerte haya mejorado no significa que hubiese les hubiese ido peor de tener salud y educación gratuitas.

Salir de la ideología neoliberal

Aunque los sistemas de renta básica o de impuesto negativo nunca se han aplicado plenamente, el espíritu de estas propuestas ha dominado las políticas sociales europeas en las últimas décadas: reducir el gasto público destinado a la comunidad, garantizando al mismo tiempo ciertos derechos residuales para los más pobres. Por lo tanto, estas políticas acompañan el lento desmantelamiento de los derechos sociales ofreciendo una pequeña compensación por el ahorro logrado en el gasto público. Conocemos los efectos de esta política. La riqueza ha aumentado considerablemente, pero está cada vez peor repartida. De esta manera, la ambición de combatir la desigualdad se ha sustituido por la de luchar contra la pobreza. Sin embargo, más que una mera variación léxica, hemos asistido a una reconfiguración de todo un imaginario político. La pobreza, desconectada de la desigualdad, ya no se concibe como una consecuencia de la distribución desigual de la riqueza. Hoy en día las medidas de lucha contra la pobreza se llevan a cabo junto a las políticas económicas y sociales mundiales, sin ponerlas en tela de juicio o afectarlas. Estas medidas abogan por la igualdad de oportunidades en el mercado, no por una igualdad real frente al mercado. En realidad, sólo la ideología neoliberal, que está en el centro de nuestro imaginario político actual, ha permitido alimentar la fantasía de una lucha contra la pobreza sin redistribución de la riqueza.

Por lo tanto, debemos volver al legado emancipatorio del período de posguerra. Las instituciones que estableció el movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial son mucho más que instrumentos de “estabilización” del capitalismo. Es cierto que estas instituciones están atravesadas por importantes contradicciones políticas, pero también son, en esencia, los elementos de una sociedad diferente, en la que el mercado ya no tiene el lugar central que ocupa hoy en día. Por lo tanto, debemos continuar el trabajo ideológico y político iniciado con el nacimiento del Estado social, radicalizar su patrimonio, llevarlo cada vez más lejos e imaginar con él, no contra él, una sociedad verdaderamente igualitaria y democrática. La utopía no es sólo un más allá, sino también una realidad."               (Daniel Zamora  , lamayoría, 21/12/17)

Lo productivo se puede hacer con mucha menos mano de obra. Solo te vienen bien como consumidores y pagadores de impuestos. Para que eso funcione, la población tiene que tener algo para poder pagar... Por eso hablamos de renta básica... para que podamos tener cierta paz social, vamos a lanzar la renta básica. Por eso Silicon Valley fue de los primeros sitios en propugnarlo...

  "(...)  En el libro hay mucha geografía y menos demografía. Otro problema de Europa es el envejecimiento de la población, que tiene consecuencias para la sostenibilidad.

Es un problema enorme en muchos sentidos. Somos una población envejecida, lo cual sería un problema grande. Pero si uno examina el futuro y las previsiones que se están haciendo, te das cuenta de que la población que ahora mismo importa mucho tiene una relevancia menor de lo que parece. ¿Para qué necesitan los Estados población? Para tener soldados, mano de obra y en un momento determinado consumidores y gente que paga impuestos.

Ahora las guerras las grandes potencias las pueden hacer con muchos menos soldados, para eso está la tecnología. Lo productivo se puede hacer con mucha menos mano de obra. Solo te vienen bien como consumidores y pagadores de impuestos. Para que eso funcione, la población tiene que tener algo para poder pagar. Pero los otros elementos ya no están presentes. 

Por eso hablamos de renta básica. Como vamos a precisar mucha menos mano de obra, necesitamos un período de readaptación al nuevo modelo productivo que va a dejar fuera a mucha gente. Esa gente debe readaptarse, y para que podamos tener cierta paz social, vamos a lanzar la renta básica. Por eso Silicon Valley fue de los primeros sitios en propugnarlo.

 Esa población que antes era un elemento imprescindible ahora lo es menos. Y ahora el sector donde necesitas mano de obra intensiva, que puede ser servicios, requiere mano de obra más barata, algo a lo que en Occidente, por los derechos adquiridos, no queremos aceptar. Bueno, ahí tienes un problema social.

Al mismo tiempo, hablando de Europa, tienes la presión demográfica africana. Lógicamente, quieren penetrar en Occidente, y no sabes como darle solución. Dices: “Cierto nivel de inmigración me viene bien, pero no puedo soportarla toda”. Y tienes el caso del Mediterráneo. Se juntan la menor necesidad del sistema y el caso de los desfavorecidos que quieren irse para mejorar sus condiciones de vida. Es un problema de muy difícil solución.   (...)"                      (Entrevista a Esteban Hernández, Daniel Gascón, letras libres, 06/04/21)

Notas sobre fiscalidad y Renta Básica... Siempre será más eficiente y ético trabajar todas y todos menos horas que pagar con el trabajo del resto a quien no trabaja

 "La respuesta de Txaro Goñi de Economistas Sin Fronteras a mi reciente artículo sobre fiscalidad y renta básica me da pié a ampliar y aclarar algunas de las ideas ahí expresadas.

Empezando por señalar lo obvio, las condiciones de vida de gran parte de la humanidad se deterioran sin parar, nos estamos quedando sin tiempo para afrontar la crisis ecológica y el gran capital (que representa al 1% o incluso al 0,1% más rico) consigue sus delirios sin apenas oposición. Como expresó gráficamente un gurú de Wall Street, «la lucha de clases existe y la estamos ganando».

Frente a esta situación se van generando propuestas por parte de distintos grupos entre los que citaré tres de los más prometedores: La Teoría Monetaria Moderna (Stephanie Kelton…) y sus avances sobre el Empleo Digno Universal (EDU), los centenares de fiscalistas europeos (Piketty…) que han planteado cambiar drásticamente la tributación de la renta y la riqueza y las ideas de la corriente ecosocialista sobre el necesario cambio de modelo productivo (incluyendo el excelente trabajo de Manolo Garí y Mikel de la Fuente sobre el tema que nos ocupa). 

(...) el pleno empleo. Esto, que se ha conseguido en diversos países en los períodos de su historia en que ha interesado al sistema, vuelve a estar en el orden del día. Solo el desarrollo de una economía de los cuidados y la lucha eficaz contra el cambio climático daría trabajo a todo el mundo. Es labor de las organizaciones sindicales que ese trabajo se desarrolle en condiciones dignas y sostenibles y es labor de la sociedad conseguir fondos para financiarlo.

Como vemos, lo que propone la RBI es otra cosa. Aparte de los problemas éticos que plantea dar dinero de todos y todas a las grandes fortunas o a personas de unidades acomodadas que escogen no trabajar o, simplemente, a quien no lo necesita o no lo quiere y aparte de que siempre será más eficiente y ético trabajar todas y todos menos horas que pagar con el trabajo del resto a quien no trabaja, queda el tema de la financiación.

Obviando perogrulladas como que la RBI se financia con los presupuestos generales, se proponen dos vías para conseguir esos fondos. La primera es la eliminación de becas, ayudas y subvenciones. Las prestaciones contributivas responden a un salario diferido con rasgos redistributivos de un colectivo, por lo que no entrarían en este apartado. No obstante, la red estatal de la RB mantenía hasta hace poco la absorción de las pensiones hasta la cuantía de la RBI, lesionando gravemente los intereses de pensionistas de todo tipo.

Txaro nos dice que la RBI debe suponer una mejora y no afectar a los derechos ya reconocidos, pero esto no es así. Las personas que dejen de percibir fondos por esos conceptos estarán en peor situación (relativa, al menos) que las que no los percibían. Se pueden hacer excepciones pero si estas se generalizan para no perder derechos entonces se cegará esta vía y no se recaudará nada (q.e.d.). También se argumenta que hay ayudas que deben desaparecer, lo cual es cierto pero exige un complejo y continuo debate (que ya se da) sobre cuáles se quitan y cuáles no. Este planteamiento, más que a postulados emancipadores, me recuerda a otra idea neoliberal, la política educativa del «cheque escolar»: dinero para todas las familias por igual y nos dejamos de educación y políticas públicas.

La segunda vía que se propone machaconamente desde hace bastantes años es el IRPF a tipo único. A veces se dice que es solo un ejemplo y que la RBI también está por un sistema fiscal justo y progresivo. Pero aparte de la «escasez» de sus artículos en el debate por esa fiscalidad, lo cierto es que el ejemplo neoliberal que usan siempre es diametralmente opuesto a un sistema fiscal justo, ¿casualidad o consistencia con la propia idea de la RBI? Recordemos que en su origen esta era una corriente unitaria mientras que ahora ya hay RBIs de derechas, de izquierdas y mediopensionistas.

Y voy a intentar explicarme mejor para que no se me atribuya el tonto argumento de que si suben los impuestos aumenta el fraude. En primer lugar, el tipo único es un auténtico regalo fiscal para la capa dirigente de la sociedad, para el 1% y no digamos nada para el 0,1% que más gana. Los datos de Piketty sobre Europa y sobre el mundo no admiten réplica.

En segundo lugar, es un conocido principio de sociología fiscal que las personas adecúan sus decisiones económicas en función del tipo marginal del impuesto, no del tipo medio. Es decir, la pregunta es ¿si gano un euro más (y si me lo gasto porque mi capacidad de ahorro es limitada o nula), cuánto se lleva Hacienda? El porcentaje exorbitante que aplica el tipo único a las clases trabajadoras lo convierte en inviable, económica y socialmente.

Naturalmente, siempre existirá la tentación de apoyarse en un régimen muy autoritario para conseguirlo (y aún así…), sin que sea una garantía el que los grupos ahora partidarios de la RBI lo sean a su vez de una democracia plena. A lo largo de los últimos cien años gran parte de la izquierda ha apoyado dictaduras como atajos hacia la consecución de sus fines supremos, aunque estos acabasen siendo simples intereses de casta.

Por último, no tengo dudas de que Marx y Keynes ponían en el centro de la sociedad la vida de las personas. Y yo no tildaría de audaz tirar al cubo de la basura la economía marxista o la keynesiana por intentar explicar cómo funcionan la economía y el empleo, como pretende la RBI.

En resumen, recomendaría a Economistas Sin Fronteras y a todas las personas interesadas en el tema estudiar los análisis y las propuestas de los tres grupos que cito al comienzo, compararlos con los de la RBI y extraer consecuencias para mejorar la vida de toda la ciudadanía. Ahí sí os pediría audacia."                    (Txema Mendibil, Naiz, 26/07/21)

Renta Básica Universal, ¿si o no? La discusión respecto del desarrollo industrial y de las vías de desarrollo para los países periféricos como modo de resolver el hambre y la pobreza aparece negada en los debates sobre la Renta Básica Universal. Se trata de si nos vamos a ubicar en un país con una economía de subsistencia, trabajadores pobres (aunque no indigentes) que recolecten basura y produzcan mermeladas, o en una patria grande soberana, industrializada y solidaria

 "La discusión acerca de un ingreso universal tiene ya varios años y forma parte del paquete de medidas que, cada cierto tiempo, se (re)ponen en discusión para pretender resolver un problema que tiene su dificultad intrínseca en la organización de la sociedad capitalista, particularmente en su etapa neoliberal: la masa cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleos o cuyos trabajos son tan informales y los salarios que perciben tan magros que no les alcanza siquiera para reproducirse a sí mismos. 

A principios de este siglo XXI intentábamos comprender –particularmente desde nuestra región– cómo se despliega el capitalismo realmente existente. Han pasado dos décadas desde los estallidos antineoliberales de fines de los noventa, y hoy podemos afirmar que la heterogeneidad tan pronunciada que exhibe la clase trabajadora en América Latina no es una anomalía sino la manera en que se desenvuelve el capitalismo en países periféricos como los nuestros [1]. Esto implica la existencia de trabajadores registrados con garantía (casi) plena de los derechos conquistados y salarios que cuadruplican el básico, hasta changarines que viven sin llegar a fin de mes, aun con el apoyo y la asistencia del Estado y los movimientos sociales.

En Argentina, la crisis general exacerbada por la pandemia se articula con la «pesadísima herencia» del gobierno de Mauricio Macri: fueron cuatro años de ajuste a las y los trabajadores, toma de deuda externa y fuga de divisas. La pandemia muestra las debilidades del sistema sanitario pero, además, las respuestas que se despliegan para evitar la propagación indiscriminada de un virus nuevo y muy contagioso consisten en inmovilizar de forma intermitente a gran parte de la fuerza de trabajo de nuestro país y del mundo. 

El aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO-DISPO) tuvo varios efectos respecto del trabajo: por un lado, la modificación de los ritmos de producción, como en el caso de aquellos trabajadores cuyas tareas se reorganizaron bajo la modalidad del teletrabajo, para quienes se intensificó y extendió la jornada laboral. Por otro lado, la parálisis total o parcial de sectores completos de la economía (por ejemplo, el turismo). Asimismo, la reducción por momentos drástica de la circulación de personas produce la parálisis de algunos sectores informales: desde cuentapropistas profesionales a vendedores ambulantes. Esto quedó evidenciado cuando el gobierno nacional dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) planificado para no más de 4 millones de personas y se inscribieron para recibirlo 11 millones, una cifra que dejó en evidencia la profundidad de la crisis económica y social. 

La enorme movilización de organizaciones sociales en la asistencia y solidaridad a través de comedores, ollas populares y distribución de bolsones de comida y artículos de higiene forma parte central de la contención de la crisis. Los movimientos sociales –como otros sujetos sociales– están poniendo sobre la mesa distintas salidas a la crisis. Muchas de estas salidas tienen que ver con ubicar en el centro de la discusión el hambre, y es frente a esta categoría que reaparece la idea del Ingreso Básico Universal, Renta Básica Universal, Ingreso Ciudadano o como se la quiera llamar. 

Los seguidores de la RBU, como plantea Alyssa Battistoni (2019), van desde «capitalistas de riesgo pro-Trump, como Thiel, hasta partidarios de un ‘comunismo de lujo totalmente automatizado’, como Peter Frase». La autora sostiene que es una «obligación moral» frente a los pobres, pero también una versión que cuestionaría la propiedad privada y la acumulación de riqueza capitalista. 

Recuperando el artículo de Luis Fernando Medina Sierra en esta revista, en este texto haremos un repaso de algunas de las versiones de la RBU impulsadas por distintas corrientes político-ideológicas. Como dijimos, el abanico es amplio y eso complejiza el análisis. Sin embargo, una síntesis de las perspectivas permitirá extraer conclusiones más ajustadas.

Banco Mundial

El pasado 2020, pandemia mediante, el Banco Mundial (BM) fortaleció su impulso al Ingreso Básico Universal (UBI, por sus siglas en inglés). Para ello, en 2018 realizó primero un estado de la cuestión, que le permitiera ubicarse como antagonista a algunas de las corrientes. Entonces recogió un abanico de miradas sobre la RBU, agrupándolas bajo seis categorías muy singulares: 

1) La pragmática, representada por Musk (2017) –CEO de Tesla–, quien sostiene que la RBU es una salida frente al desempleo causado por la automatización. 

2) La idealista, promovida por Guy Standing (copresidente de BIEN), quien plantea que la RBU es una salida contra la oleada neofascista y «populista», pues refuerza la libertad individual «dándole a la gente la sensación de control sobre sus vidas». 

3) La pronosticadora, de Subramanian, quien anuncia que en los próximos dos años algunos estados de la India ya van a tener implementada la RBU. 

4) La escéptica, representada por Piketty, quien afirma: «El problema con la discusión sobre el ingreso básico es que, en la mayoría de los casos, deja los problemas reales sin explorar y en realidad expresa un concepto de justicia social a bajo precio».

5) La provocadora (Ravallion), que propone mayor transparencia de las políticas públicas y, por tanto, mayor universalidad de la RBU.

6)  La cínica, cuyo exponente es Goldin, que sostiene que para transformar la desigualdad es necesario cambiar la manera de pensar los ingresos y el salario. 

Este abanico, que el Banco Mundial propone como representativo de las polémicas sobre la RBU, tiene como representantes a economistas –varones todos ellos– de las universidades más poderosas del mundo (EE. UU., Gran Bretaña y Francia) y todas ellas circulan alrededor de los déficits, incorrecciones o dificultades que el neoliberalismo propone. Es decir, son las «opiniones mainstream de la RBU», las del establishment. 

Con estos antecedentes y a través de algunos informes, el Banco Mundial estipula para la RBU una serie de cuestiones:

La universalidad: El BM se pregunta si debe ser para todos o debe haber diferenciaciones. Así es que promueve el concepto de «universalismo progresivo» y la combinatoria de políticas de asistencia y seguridad social para alcanzar un «objetivo aspiracional».

Los aspectos constitutivos: Para el BM debe tomarse en consideración como punto de partida para el análisis de la viabilidad de la implementación lo siguiente: 1) los riesgos del mercado laboral, 2) las cuentas estatales y 3) los sistemas de protección social. 

Beneficios: 1) Cubre a todos, por lo tanto, ayuda a las personas a hacer frente a una variedad de riesgos; 2) No sufre errores de inclusión / exclusión; 3) Proporciona un ingreso mínimo a los adultos que posiblemente alivie algunos de los costos de búsqueda de empleo

Desventajas: 1) Es más costoso que las transferencias específicas (focalizadas); 2) No es una herramienta eficiente para la reducción de la pobreza; 3) Para cualquier presupuesto, las transferencias específicas (focalizadas) son más efectivas para reducir pobreza extrema.

Finalmente, los informes del Banco Mundial establecen una diferencia entre tres categorías de países: economías avanzadas, economías con mercados emergentes y países de bajos ingresos [2]. En esta categorización, existe una gradación inversamente proporcional en la inversión diferencial que estos países deberían realizar para incorporar la RBU. Por ejemplo, para países «del medio», se trata de redireccionar inversiones ya existentes en programas focalizados hacia la RBU. Asimismo, el impacto en la reducción de la pobreza también es relativo a cada segmento de países: «En general, encontramos que proporcionarle a la RBU presupuesto mayor como para que tenga un impacto significativo en la pobreza es financieramente prohibitivo en países de bajos ingresos, pero puede ser una opción relativamente más viable en algunos países de ingresos medios y altos».

Renta Básica Universal como piso

La Red Argentina de Ingreso Ciudadano (RedAIC), que integra la Basic Income Earth Network (BIEN), es una red de instituciones y fundaciones que impulsan la RBU, con legitimidad académica y vinculación con movimientos sociales, fundamentalmente desde Europa. Impulsan investigaciones, pero sobre todo construyen influencias y corrientes de opinión a través de la circulación mediática. La Red en Argentina nace en el marco de los debates sobre el ingreso universal que se dieron durante la crisis de 2001, pero en Europa, la BIEN surge a mediados de la década del 90. Aunque hay versiones más ubicadas desde la izquierda, básicamente el planteo es que existen dos modelos en el capitalismo ya fracasados: el Estado de bienestar y el neoliberalismo. El primero, derrotado por el segundo, nos encuentra con una pobreza y una indigencia que requieren «corrección», es decir, hace falta un modelo alternativo que elimine o disminuya ostensiblemente la pobreza y para ello se requiere un «ingreso mínimo». Impulsan una serie de parámetros: 

a) que debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ciertos mínimos; 

b) que esta red debería conformar una base desde la cual las personas puedan competir en mejores condiciones en el mercado laboral y asistir (y permanecer) en el sistema educativo; 

c) que esta red de seguridad debería ser de fácil acceso, no estigmatizar ni discriminar a los perceptores y evitar prácticas clientelistas; 

d) formar parte de un sistema de arreglos institucionales que favorezca el incremento de la demanda de fuerza de trabajo sin disminuir los estándares de vida de la gente; 

e) que el acceso a los beneficios de la red sea independiente de la actividad o condición ocupacional de las personas. 

Ya en 1977, en La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Robert Castel señalaba la discontinuidad de los institutos reguladores del trabajo asalariado creados post segunda guerra mundial a partir de la crisis de los 70. En este libro, y en sus posteriores, Castel postulaba la vulnerabilidad y la desafiliación social a partir de la pérdida del empleo. Sus planteos dieron lugar a una corriente muy profusa acerca de la precariedad (laboral, social, etc.) y, de alguna forma, cimentó en el sentido común dominante la idea de que hay incluidos y excluidos, afiliados y desafiliados a la sociedad [3]. 

Los parámetros de la Red suponen que la RBU tiene la virtud de construir un piso mínimo para promover la movilidad social ascendente o al menos evitar una caída masiva hacia la pobreza y la exclusión social. Recordemos la metáfora tan difundida de «quienes están dentro y quienes están fuera». Esta idea de los «caídos del mapa», tiene, tal como la metáfora propone, mucho de terraplanismo respecto a la dinámica histórica de la sociedad, a cómo se despliega el capitalismo en el mundo y en particular en los países periféricos. A este respecto, Abal Medina (2020) plantea:

Las propuestas de ingresos mínimos y rentas universales se desplegaron históricamente con una tonalidad emotiva de destino irremediable; la pérdida de puestos de trabajo se concibió como fulminante e irreversible, y las políticas públicas que surgieron de este diagnóstico fueron, de algún modo, formas de institucionalizar la pobreza (…) Quienes apoyan la implementación de este tipo de medidas esgrimen argumentos éticos (debemos garantizar un piso de dignidad para todo ser humano) o bien sostienen posiciones pragmáticas como la de Rifkin (cárceles o «voluntariado»). Lo cierto es que la disyuntiva convalida una suerte de amnesia colectiva sobre la construcción económica y social de la desalarización masiva. Sobre los modos activos de desvalorización del trabajo. 

Es decir que este enfoque plantea un ingreso universal que equilibraría el punto de partida de los individuos en su «carrera de vida». Es la utopía de la igualdad de oportunidades convertida en instrumento económico.  En este sentido, la otra fundación que lo promueve es la Friedrich Ebert, «bajo el lema de repensar el bienestar del Estado en el siglo XXI», ya que la universalidad de la RBU se propone como alternativa a los programas neoliberales. 

Uno de los ejemplos que esta corriente divulga es el Alaska Permanent Fund, un fondo de inversión creado por los impuestos de la renta petrolera del estado de Alaska. Este fondo, como tal, realiza distintas inversiones, pero tiene un «Permanent Fund Dividend» (PFD) que divide todos los años en partes iguales una porción de los beneficios para todos los habitantes de Alaska. Según los beneficios anuales de la renta petrolera alaskeña, hay años que los habitantes cobran más que otros. El ejemplo que más se difunde es que, en 2015, los residentes de Alaska cobraron USD 2000. Los fundamentos de este fondo de inversión se sostuvieron en que, como el petróleo es un recurso finito, las futuras generaciones no van a contar con él. Por lo tanto, su uso actual debe dejar beneficios hacia el futuro, y funciona de contralor para evitar el derroche de las ganancias. 

Este ejemplo no solo muestra los beneficios de un ingreso universal –derivado, en este caso, de la renta petrolera– sino que se articula con otros enfoques en boga, como el decrecionismo, las versiones de la ecología económica (ecosocialismo, ecofeminismo) y las distintas modalidades de «licencia social» de las empresas extractivistas. Luego nos meteremos con estas corrientes.

Otro de los ejemplos es Irán, que se supone que es el único país del mundo que tiene una RBU. En 2011, para compensar la eliminación de subsidios al pan, el agua, la electricidad y el combustible, se creó una «transferencia de efectivo», que también se financia con fondos de los recursos de hidrocarburos. «Pero aquí no existe un fondo de inversión destinado al pago del beneficio, sino que los recursos provienen de reformas realizadas al sistema de subsidios a los precios internos de los combustibles».

En Argentina existe un sector vinculado con el Ministerio de Desarrollo Social que propone la RBU como forma de resolver el tendal de desocupados y hambrientos que deja la pandemia. La propuesta general consistiría en una transferencia de dinero a todas las personas de la población económicamente activa que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) [4]. En este caso, tendría un formato similar al seguro de desempleo (pero respecto del trabajo registrado y de salarios por debajo del SMVM). Tal como ocurrió con la AUH (Asignación Universal por Hijo), sería universal para aquellos que cumplan los parámetros establecidos y podría esperarse alguna contraprestación (la AUH supone escolaridad obligatoria certificada y vacunación obligatoria certificada).

Esta «manera argentina» de encarar la RBU es diferente de la planteada por la Red y la BIEN: la incondicionalidad y la universalidad como pilares. La condicionalidad de las políticas de asistencia (como el caso de la AUH) tiene, según estos enfoques, un carácter punitivo. No obstante ello, ambas versiones recuperan un elemento que sería uno de los impactos clave de la RBU: el aumento del poder de negociación de los trabajadores y de la «libertad» [6]. La conceptualización punitivista del rol del Estado como elemento disciplinador es una tradición en el liberalismo, tanto de izquierda como de derecha. 

La RBU impulsada por esta corriente empalma con las posiciones que el papa Francisco expresó en su encíclica Laudato si’, en la que hace una proclama particularmente ecológica incorporando las desigualdades humanas, siguiendo la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia. En ese marco, hay una defensa explícita del ingreso universal. En Argentina, por ser un país católico y dada la nacionalidad del papa, esto tiene una influencia fenomenal. Uno de los seguidores del Papa en los movimientos sociales, Juan Grabois, incorporó la RBU en un plan general que «se orientaría a actividades de la economía social, urbanización de villas y asentamientos con reconstrucción de espacios culturales, deportivos y de salud, desarrollo de la agricultura familiar (incluyendo la generación de colonias agrícolas) y el refuerzo de políticas públicas orientadas a la reinserción social de ex detenidos y atención a problemáticas de género, entre otras», al que denominó Plan Marshall Criollo [7]. 

Finalmente, en este marco, se incorpora otro debate: si la RBU es un derecho o no. La Red y la BIEN plantean que es un derecho humano asociado a otras lógicas y valores morales: un diseño no productivista para las políticas sociales frente al fin de la sociedad asalariada. El argumento para reforzar la categoría de derecho de la RBU es que actualmente, pandemia mediante, la llamada economía no monetaria cobra enorme relevancia: la jornada de trabajo de cuidado completamente extendida sostiene la garantía de la crisis sanitaria. 

La RBU, entonces, es recuperada por sectores de la economía feminista para ponderar el trabajo de cuidado como tal y como un derecho. Esto implicaría al Estado, las empresas y las organizaciones sociales. Para eso, proponen construir un «régimen de bienestar», es decir, una RBU que ponga de relieve aquellas labores que no están reconocidas ni valorizadas por el mercado (incluido el trabajo de cuidado). En este sentido, el propósito es que la RBU empodere, pues se supone que permite aceptar ciertas cosas y otras no. Y, finalmente, estabiliza la demanda en un momento de crisis.

RBU como «impugnación del capitalismo»

Desde una sector de la izquierda europea (anche latinoamericana) nos encontramos con interpretaciones o promociones de la RBU dentro del marco de enfoques o estrategias anticapitalistas, tales como el artículo de Medina Sierra. Estas perspectivas desde la izquierda se articulan con posiciones decrecrecionistas, ecofeministas y ecosocialistas [8]. Sin ir más lejos, las organizaciones de la izquierda europea que impulsan la RBU se inscriben dentro de estas corrientes. No así la izquierda comunista (o de tradición comunista) [9].

El primer punto que resaltan es la disminución cuantitativa y cualitativa del «ejército de reserva». Es decir, el propósito de la RBU sería producir una aumento del poder adquisitivo general y una disminución de trabajadores asalariados desesperados por vender su fuerza de trabajo al mejor postor. De esta forma, se busca aumentar el poder de negociación sindical para disminuir las desigualdades y la precariedad en el acceso a derechos, al tiempo que aumenta el trabajo libre. «Para que la renta básica universal sea realmente un instrumento o un arma contra el Capitalismo hay que entenderla en su sentido abstracto, es decir, como trasvase de poder hacia la clase trabajadora. El capital es una relación social y Marx lo explicó perfectamente cuando señalaba que el capitalismo domina a través de formas abstractas como la categoría valor».

La RBU, para estas corrientes, implica una conquista que cimienta la acumulación de fuerzas para la transición de una sociedad de predominancia del trabajo asalariado hacia una del trabajo libre. Estas corrientes no plantean rupturas con el capitalismo sino transiciones prefigurativas del socialismo. Lo que denominan «cuarta revolución industrial» implica que el pleno empleo y la relación salarial como centralidad del mundo actual son cuestiones anacrónicas y, por lo tanto, el trabajo hay que recuperarlo como elemento ontológico del ser humano. 

Un debate que establecen con lo que estas corrientes denominan «izquierda tradicional» o «izquierda ortodoxa» es que el valor de uso como aspecto de la vida ha sido desatendido. El feminismo lo ha ubicado como punto central y, al igual que la corriente que antes explicamos y se inscribe en la BIEN, el ingreso básico universal cobra particular relevancia respecto del trabajo de cuidado y la reproducción social. El «valor del trabajo» (dixit), compartir los bienes y utilizar el mínimo esfuerzo necesario para obtener lo que uno necesita es el planteo de los humanistas por la renta básica: que trabajen las máquinas. 

Para estas corrientes, la lucha por el pleno empleo no es posible pero tampoco deseable. Es indeseable buscar trabajo (y no conseguir), pero además es indeseable trabajar para el capital. Se articulan dos perspectivas: 1) la que propone expectativas con la robotización [10] («utilicemos la tecnología de forma eficiente, de forma equilibrada, para que no se produzca en base al mercado») y 2) el decrecentismo [11], que plantea que no hay que tener esquemas de crecimiento y desarrollo económico sino de decrecimiento. «La productividad es patriarcal»: para el ecofeminismo es significativa la expectativa de vivir dentro de un marco de subsistencia, que reponga lo femenino y lo masculino como unidad (Shiva y Mies, 1998). La idea de no producir más que aquello necesario para satisfacer las necesidades humanas contacta también con Harich (1975) con su propuesta  del «comunismo sin crecimiento». 

Estas corrientes, además, discuten con los sindicatos, que suelen oponerse a la RBU. En general, plantean que los sindicatos deben propiciar una jornada semanal de 30 horas, pues eso implicaría acabar con la desocupación. La disminución de la jornada laboral, acompañada por una fuente de ingresos distinta al empleo, sería la clave. El capitalismo implica vender la fuerza de trabajo para poder subsistir, pero con la RBU ya no hace falta: todos subsistimos y el trabajo comienza a ser libre. Esto, siempre y cuando el resto de los institutos del Estado de Bienestar estén vigentes (salud, educación, etc.). Aunque no es lo único, el planteo es que la RBU permitiría recuperar el control de la vida de los trabajadores dentro de un programa más amplio, que propone un republicanismo de libertad, de autonomía, de conseguir una «figura ciudadana». 

Críticas a la RBU

Una de las críticas más inmediatas a este tipo de proyectos gira en torno a de dónde salen los fondos para implementar una renta básica universal. Hay propuestas que proponen que la RBU no debería ser en dinero sino en especie: «la sanidad y la educación ya es renta básica en especie. Tendríamos que hacer lo mismo con la alimentación, el transporte, el alojamiento y podríamos pensar también en la energía o, por qué no, las telecomunicaciones. En lugar de dar dinero y que se busquen las habichuelas en un mercado contaminado por desequilibrios de poder, controlarlo y regularlo a través de decisiones democráticas, transportes, participativas y atendiendo a criterios sociales, ecológicos, de género».

Las advertencias de Alyssa Battistoni (2019) son bien interesantes:

(…) no es necesario ser Robespierre para sospechar de una propuesta que anuncia explícitamente su intención de proteger a los ricos frente a la furia de la clase trabajadora; sobre todo, cuando una de las principales preguntas en torno del ingreso básico es de dónde saldrá el dinero (…) la amplia coalición requerida por el ingreso básico será imposible de lograr si los ricos se oponen desde el comienzo (…) Lo que propone, en cambio, es financiar el ingreso universal sacando dinero de importantes programas de bienestar social (cupones de alimentos, asistencia para vivienda, crédito tributario por ingreso del trabajo) y cobrar un impuesto al valor agregado sobre bienes de consumo (…) si el ingreso básico se financia mediante la canibalización de programas sociales existentes y la aplicación de impuestos regresivos al consumo, la mayor carga del subsidio a los salarios bajos pasa entonces a recaer perversamente en los pobres y en la clase trabajadora.

El movimiento sindical también hace críticas a la RBU, y éstas tienen que ver con que el mismo debilitaría el poder de la acción colectiva, fortaleciendo las negociaciones individuales y profundizando el  «sálvese quien pueda». Coinciden, además, en preguntarse de dónde se extraen los fondos para el financiamiento, y señalan que las reformas fiscales promovidas parecieran impactar negativamente sobre la porción de la clase trabajadora registrada y sindicalizada. Lo mismo ocurre respecto de lo que Battistoni planteaba acerca de la educación y salud públicas: la RBU sería un «cheque de intercambio» para la privatización. Además, el sindicalismo plantea que con la RBU la presión para reducir salarios por parte de las patronales aumentaría significativamente. 

Un elemento a tener en cuenta es que el sindicalismo articula su existencia y su poder en relación con la centralidad del trabajo asalariado en el capitalismo. La RBU, plantean, iría contra el empleo, en este sentido. Resaltan el temor de que la RBU adormezca la lucha de clases y redunde en una mayor explotación de la clase trabajadora. 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) plantea consecuencias negativas y positivas respecto de la RBU. Entre las positivas, indica que reduce el riesgo de aceptar condiciones laborales de baja calidad y explotación, apoya a las personas para que desarrollen sus habilidades y competencias, mejora el acceso al apoyo de ingresos y reducir el estigma y agiliza los esquemas de protección social y reduce los costos administrativos de los mismos. Respecto a las consecuencias negativas, indica la posibilidad de subvencionar trabajos mal remunerados y de baja calidad, la tendencia a socavar los sistemas de protección social existentes, los impactos distributivos regresivos, las dificultades de financiamiento y la reducción de estabilizadores automáticos durante recesiones económicas. Este último punto, evidentemente, refiere a los institutos de contención a las crisis que existen en los países desarrollados. 

Algunas reflexiones finales

Tener en cuenta de dónde salen los fondos para un Ingreso Básico Universal y cuál es el sujeto que pelea por esa renta es clave. Lo mismo vale para el alcance «universal» e «incondicional» de la misma. La totalidad de la riqueza del mundo es producida por la clase trabajadora, con lo cual un ingreso de estas características no saldría de ningún otro lado. La disociación entre dinero y valor, propia del liberalismo, impide comprender que si la RBU se implementa sería una distribución de la riqueza a través de un instituto nuevo en el mismo Estado moderno. 

Entre las corrientes que aquí describimos, el Estado se presenta como un sujeto omnipresente. Lo mismo que los monopolios y el imperialismo. Incluso las versiones que se ubican por izquierda asumen la existencia del Estado, de forma invisible o como regulador. La perspectiva de que el Estado es condensación o expresión cristalizada de las relaciones de fuerza históricamente determinadas no aparece. Por el contrario, el Estado es un instrumento invisible. Lo es para el Banco Mundial, pero también para los enfoques de izquierda, que además disocian el sujeto que reclama la RBU del conjunto de la clase trabajadora y sus tareas emancipatorias.

Resulta particularmente preocupante la perspectiva de futuro de todas las corrientes que aquí expusimos. Que el caso de Alaska sea el ejemplo mejor ponderado habla a las claras del lugar que ocupa la RBU en la discusión (al menos en nuestro país). Una porción de la renta sojera y minera se plantea para la redistribución a través de una RBU. No se plantea, por el contrario, en qué país y en qué región queremos vivir. 

Esto no implica que el hambre y la pobreza no sean una catástrofe a la cual atender urgentemente. Sin embargo, los trabajadores argentinos fuimos y somos capaces de producir el proceso completo de automóviles o heladeras y hoy aportamos en la construcción de satélites, elementos complejos de biotecnología y energía nuclear. La discusión respecto del desarrollo industrial y de las vías de desarrollo para los países periféricos como modo de resolver el hambre y la pobreza aparece negada en los debates sobre la RBU.

En todo caso, el problema central de la discusión acerca de un ingreso básico universal es la posibilidad de que la clase trabajadora asuma en sus manos la construcción de un país soberano, no dependiente, no inhibido por el imperialismo para construir sus caminos de desarrollo, de industrialización según sus necesidades, posibilidades y aspiraciones. 

De lo que se trata, en última instancia, es si nos vamos a ubicar en lo posible de un país con una economía de subsistencia, trabajadores pobres (aunque no indigentes) que recolecten basura y produzcan mermeladas, o en una patria grande soberana, industrializada y solidaria. El problema de la RBU como instituto de distribución de riqueza no debe ser pensado en sí mismo, sino en términos del proyecto político que ordenará el futuro."                       (Nuria Giniger , JACOBIN américa Latina, 29/04/21)