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16/4/24

Optimismo por el futuro del planeta... Los liberales creen que el mayor obstáculo para la necesaria intervención climática es la falta de conciencia social y de liderazgo profesional. El verdadero problema es la ausencia de un programa de estabilización climática militante y dirigido por los trabajadores... Los trabajadores, no los tecnócratas, garantizarán un planeta sostenible

"Los liberales creen que el mayor obstáculo para la necesaria intervención climática es la falta de conciencia social y de liderazgo profesional. El verdadero problema es la ausencia de un programa de estabilización climática militante y dirigido por los trabajadores.
Reseña de Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet No es el fin del mundo: cómo podemos ser la primera generación en construir un planeta sostenible, de Hannah Ritchie (Little Brown Spark, 2024)
Ya no es ningún secreto que las generaciones más jóvenes están acosadas por la ansiedad ecológica y la angustia climática. Según la revista Lancet Planetary Health, estos sentimientos se han convertido en un verdadero fenómeno mundial, que prevalece en los países de renta alta, media y baja. Mientras tanto, el movimiento ecologista lleva mucho tiempo aquejado de un sentimiento generalizado de pesimismo sobre las perspectivas de su propio éxito.

Hannah Ritchie, científica medioambiental y subdirectora de Our World in Data, se sintió obligada a introducir un urgente sentimiento de optimismo en el debate sobre el clima. En su libro Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet (No es el fin del mundo: cómo podemos ser la primera generación en construir un planeta sostenible), Ritchie pretende representar a «una generación de jóvenes que quieren ver cambiar el mundo», pero que se ven abrumados por la inacción ante los boletines de noticias apocalípticos y la indiferencia de los gobiernos.

En el mejor de los casos, el libro de Ritchie da un vuelco a la sabiduría convencional de los ecologistas del estilo de vida consumista -cuya teoría del cambio es tan confusa y errónea como elevada es su ansiedad- para restaurar un sentido colectivo de control sobre nuestro futuro compartido. Ritchie tampoco está dispuesta a adormecer a sus lectores con una falsa sensación de seguridad identificando soluciones técnicas fáciles para combatir el cambio climático. «Los problemas de este libro no se resolverán por sí solos», subraya Ritchie, sino que «requerirán el esfuerzo creativo y decidido de personas que desempeñen diversas funciones». De este modo, Ritchie recuerda la última y oculta idea de David Graeber sobre el mundo: es algo que hacemos, y que podríamos hacer de otro modo.

Sin embargo, en un claro reflejo de sus propias inclinaciones profesionales, Ritchie se equivoca a la hora de identificar a los agentes que reharán el mundo, delegando la tarea en los innovadores, los responsables políticos, los financiadores y, lo que es más importante, «los individuos valientes y las empresas privadas». En consecuencia, el camino que propone hacia la estabilización climática está pavimentado con impuestos sobre el carbono y otras soluciones inadecuadas orientadas al mercado, una defensa anacrónica de recetas políticas liberales ineficaces que arroja luz sobre un nuevo conjunto de sensibilidades y alianzas entre los activistas climáticos de la corriente dominante.

Es cierto, como sostiene Ritchie, que combatir el cambio climático no es ni completamente imposible ni tranquilizadoramente fácil. La cuestión pendiente es quién liderará la carga.

Comunicadores científicos y tecnócratas políticos del mundo, uníos . . .

En Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet, Matt Huber ofrece una esquemática tipología tripartita de los profesionales de la escena política climática: divulgadores científicos, tecnócratas políticos y radicales antisistema. Las críticas socialistas se han centrado principalmente en este último grupo, responsable del decrecimiento, un movimiento académico y social incipiente que expresa una desafección generalizada hacia nuestras sociedades industriales intensivas en emisiones. La generalización de ciertas variedades neomalthusianas del movimiento del decrecimiento, cuyo programa preferido de reducción agregada y ecoausteridad desempoderaría aún más a la clase trabajadora, no sustituye al movimiento climático mayoritario liderado por los trabajadores, necesario para descarbonizar rápida y democráticamente nuestras economías a gran escala, al tiempo que se mejora, no se empeora, la vida de la clase trabajadora.

La generalización de la perspectiva del decrecimiento propuesta por los radicales antisistema es preocupante. Pero debemos estar igualmente atentos a la aparición simultánea de una nueva generación de divulgadores científicos y tecnócratas políticos liberales cuyos mensajes están diseñados para fabricar el apoyo popular a las ineficaces estrategias de descarbonización orientadas al mercado.

Not the End of the World, de Ritchie, ilustra una alianza cada vez más coherente entre distintos grupos de profesionales del clima de la corriente dominante. La nueva hornada de expertos en clima con credenciales tiende a compartir la crítica de Ritchie a la información sensacionalista de los medios de comunicación sobre la crisis climática, que les preocupa que transmita una sensación de fatalidad inminente que paralice a la sociedad hasta una aceptación apática del colapso planetario. Para Ritchie, esta observación proviene de una experiencia personal: cuando tenía poco más de veinte años, las incesantes profecías catastrofistas la convencieron de que ya no tenía ningún futuro por el que mereciera la pena vivir. Años más tarde, Ritchie llegó a considerar la incomprensión de la escala y la naturaleza del problema como el obstáculo fundamental para una acción climática eficaz.

Otro obstáculo, según Ritchie, es la polarización política, que en su opinión impide la cooperación necesaria para combatir la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación y la contaminación ambiental. En otras palabras, no hay tiempo para el fútbol político; la resolución de problemas debe delegarse en tecnócratas imparciales.

Para ejemplificar este punto, Ritchie establece un paralelismo con la exitosa defensa de la capa de ozono por parte de la comunidad científica, que ella describe como «el cambio climático de su época». En su relato, un trío de científicos galardonados con el Premio Nobel descubrió que las emisiones humanas de clorofluorocarbonos (CFC) estaban destruyendo el ozono de la estratosfera, pero sus descubrimientos fueron difamados por industriales y políticos interesados. Finalmente, una campaña de presión pública llevó a los países a adoptar en 1987 el Protocolo de Montreal, que regula la producción de sustancias que agotan la capa de ozono. Desde su adopción, se ha producido una disminución del 99,7% de los CFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono.

En esta narración de los hechos, los ciudadanos preocupados dieron poder a los expertos científicos y a los tecnócratas de la política para combatir los intereses malignos de los gigantes industriales y sus secuaces políticos. Por tanto, debería adoptarse la misma fórmula, incluida la evasión de la arena democrática de los intereses políticos contrapuestos, para combatir el cambio climático y otros problemas de sostenibilidad actuales.

Pero la historia de la capa de ozono y la crisis actual no son fenómenos análogos. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a diferencia de los CFC, no puede lograrse sin alterar nuestros sistemas energéticos basados en combustibles fósiles. Y son los combustibles fósiles, y no las moléculas de cloro, los que han permitido nuestro desarrollo industrial. Así pues, como advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), abordar el problema del calentamiento global exigirá «cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad». El problema va más allá de la afición tecnocrática de los activistas climáticos profesionales, cuya principal preocupación es contabilizar y gestionar con precisión los impactos ecológicos y medioambientales («externalidades») de nuestros sistemas económicos de producción, y requiere en cambio una acción masiva y una transformación social para superar las relaciones de propiedad capitalistas que sustentan las estrategias insostenibles de acumulación.

Ritchie reconoce que «cuando nuestras economías funcionan con combustibles fósiles, estamos a merced de quienes los producen». Sin embargo, en lugar de una aquiescencia muda, se ha producido una creciente protesta pública y resistencia política a las empresas de combustibles fósiles. En Estados Unidos, por ejemplo, ocho estados y tres docenas de municipios han presentado demandas contra las grandes petroleras por engañar intencionadamente al público sobre la crisis climática.

«Proteger nuestros bienes comunes públicos frente a los intereses adquisitivos de los accionistas corporativos siempre ha requerido contestación política».
Según la teoría del cambio de Ritchie, que se basa en una ciudadanía científicamente informada que empodere a los responsables políticos ilustrados, se dan todas las condiciones necesarias para una transición rápida que abandone las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, los productores de petróleo y gas siguen obteniendo beneficios récord y la producción nacional de petróleo alcanzó su máximo histórico en 2023. Está claro que necesitamos otro tipo de intervención.

La clase trabajadora tiene el poder

La divergencia entre las expectativas liberales y las realidades materiales es el resultado de una teoría ingenua del cambio social. Proteger nuestro patrimonio público y el bienestar social colectivo frente a los intereses adquisitivos de los accionistas corporativos siempre ha requerido contestación política. El trastorno sin precedentes históricos de nuestro complejo industrial-energético requiere un contramovimiento mayoritario capaz de forzar una rápida transición hacia las emisiones netas cero. Debemos centrarnos en el poder y la planificación, no en la persuasión y las señales de precios.

En honor a Ritchie, reconoce que tenemos que hacer que la gente «sienta que está mejorando su vida» para «conseguir que todo el mundo se sume al cambio a una vida baja en carbono». Más que convencer a la gente de que optimice su huella de carbono, lo que transforma a los ciudadanos en consumidores éticos, «nuestra imagen social de la sostenibilidad tiene que cambiar». Desgraciadamente, la sensibilidad profesional de Ritchie parece seguir dando lugar a un punto ciego respecto a las condiciones materiales de la mayoría de la clase trabajadora. Aquí vale la pena citar a Ritchie en extenso: “Lo último que puedes hacer es pensar en cómo empleas tu tiempo. Los problemas de este libro no se resolverán solos. Una persona media pasará unas 80.000 horas en el trabajo a lo largo de su vida. Elige una gran carrera en la que realmente puedas marcar la diferencia y tu impacto podría ser miles, o millones, de veces mayor que tus esfuerzos individuales por reducir tu huella de carbono.”

De la lectura de este pasaje se desprende claramente que Ritchie piensa en términos de carreras más que de empleos, y entiende que las carreras se eligen libremente. En consecuencia, anima a los jóvenes aspirantes a profesionales -la supuesta audiencia del libro- a elegirlas sabiamente. Por supuesto, para la mayoría de los trabajadores, navegar por el mercado laboral es una experiencia muy diferente. Sin alguna combinación de credenciales universitarias, conexiones familiares y redes profesionales, las preferencias personales de la mayoría de la gente quedan extinguidas por las leyes del movimiento de la economía de mercado capitalista.

Aunque las personas de clase trabajadora no suelen estar en condiciones de diseñar libremente sus carreras para maximizar su impacto medioambiental positivo, no son ni mucho menos impotentes. Al contrario, como sostiene Matt Huber, nuestra atención debería centrarse en resucitar el movimiento obrero y «recuperar la capacidad militante de los trabajadores para hacer huelga y obligar a las élites a ceder a las demandas radicales», especialmente entre los trabajadores de base de los servicios públicos que pueden aprovechar su poder estratégico sobre la generación de electricidad y las redes de transmisión para forzar una rápida descarbonización de la red.

En última instancia, nuestro problema no es la falta de conciencia social y de liderazgo profesional, sino un sistema político que privilegia los beneficios de unos pocos a expensas de un planeta habitable y de un futuro sostenible para todos. Para resistir a la imposición de un nuevo sentido común tecnocrático liberal, que nos condenaría a todos a la catástrofe climática, necesitamos alimentar una visión positiva de un programa de estabilización climática socialmente justo y dirigido por los trabajadores.

Como declararon los manifestantes franceses durante las protestas por la reforma de las pensiones del verano pasado: «Fin du monde, fin du mois, même combat». El fin del mundo y el fin de mes son el mismo combate."

(Alec Fiorini investiga la economía política de la transición energética y el complejo alimentario mundial como doctorando en la Universidad Queen Mary de Londres. JACOBIN, 14/04/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

26/9/23

¿Es la desigualdad social la base de la crisis climática? Aunque quieran hacernos creer que las responsabilidades por la crisis climática son compartidas por igual, lo cierto es que el 1 % más rico de la sociedad es quien más daño le hace al ambiente, mientras que los sectores más pobres pagan los costos. Una verdadera solución al cambio climático requiere de una radical redistribución de la riqueza... Si bien queda claro que los pobres no son responsables por la crisis climática, también queda claro que necesitamos resolver la crisis climática para poner fin a la inequidad. Los impactos están afectando más a quienes carecen de los recursos para enfrentarlos, a nivel internacional y al interior de los países. Pero garantizar un acceso mínimo a los recursos y servicios para los más desfavorecidos, con la tecnología y los enfoques de producción contemporáneos, es algo que no se puede lograr sin reasignar recursos, riesgos y responsabilidades, es decir, sin una redistribución radical ni una transformación estructural de las relaciones sociales y económicas... El carácter desigual y combinado de la gran estructura económica y la apropiación de los recursos materiales y energéticos del planeta sienta las bases objetivas para la imposición de una nueva correlación de fuerzas entre explotados y explotadores del mundo, que posibilite una recomposición metabólica dentro de los estrechos márgenes que aún nos impone (y permite) el Antropoceno

 "Según un estudio publicado por un equipo científico de 14 países en noviembre de 2022 en la revista Nature Sustainability, la erradicación de la pobreza mundial sin una redistribución radical y a corto plazo de las riquezas existentes sólo exacerbaría la crisis climática, con consecuencias negativas para toda la humanidad(1). 

Geógrafos, matemáticos y físicos, entre otros, argumentan que en un mundo en donde cada 17 horas nace un nuevo multimillonario, satisfacer las necesidades sociales más urgentes del tercio más pobre de la humanidad tendría un impacto potencial en el sistema climático equivalente al causado actualmente por el 1 % más rico de la población. 

En su trabajo, titulado Impacts of meeting minimum access on critical earth systems amidst the Great Inequality (Impactos de alcanzar el acceso mínimo en sistemas terrestres críticos en medio de la Gran Desigualdad), los autores afirman que, si bien es cierto que la humanidad está desestabilizando funciones críticas del planeta, como el clima, existe una creciente evidencia respecto de las desigualdades tanto en lo que hace a la responsabilidad como a la vulnerabilidad al cambio ambiental. 

«Las personas, países e instituciones que hacen la mayor contribución a los impactos ambientales no son los potencialmente más afectados por dichos impactos», explica el equipo en su estudio. «Mientras tanto, miles de millones luchan por sobrevivir, a la vez que viven por debajo del acceso mínimo a los recursos requeridos para alcanzar el bienestar humano». 

Según el autor principal, Crelis Rammelt, experto en Geografía Ambiental y Estudios de Desarrollo de la Universidad de Ámsterdam, «nuestra investigación es importante porque muchas personas asumen que es posible satisfacer las necesidades de los más pobres sin grandes redistribuciones y transformaciones en la sociedad». «Mostramos que en 2018, con los niveles de desigualdades, tecnologías y comportamientos de ese año, brindar una vida digna a los pobres habría llevado a un mayor cruce de los límites planetarios, especialmente sobre el clima», agregó.  

Para el geógrafo es importante enmarcar estos impactos potenciales en el contexto de las desigualdades más amplias en el uso de los recursos y los impactos ambientales en la actualidad: «Son los ricos quienes se apropian de la mayor parte de los recursos de la Tierra, no los pobres». 

Un vínculo relacional entre crisis climática y desigualdad social 

Los autores argumentan que los límites ecológicos del planeta implican un espacio de utilización ambiental limitado. Al ser limitado, este espacio debe compartirse de manera más equitativa, lo que involucra la necesidad de «una transformación justa para reorganizar las economías y las instituciones». 

Estas transformaciones incluyen mejorar los sistemas de suministro de agua, alimentos, infraestructura y energía, cambiar los patrones de consumo y los sistemas de valores, ir más allá del desarrollo tecnológico y apoyar una redistribución justa de los recursos que asegure tanto el acceso justo como la asignación justa.  

La importancia del estudio publicado en Nature reside en que establece un vínculo relacional entre la crisis climática y la desigualdad social. Esto cuestiona la tendencia, actualmente existente en los debates acerca de la crisis ecológica global, a sustraer las contradicciones sociales de la humanidad de su impacto en el ambiente.  

El equipo de Rammelt ha determinado que no es la humanidad en su conjunto, ni un promedio ni los que escapan de la pobreza extrema, sino un grupo relativamente pequeño y rico el responsable de la mayoría de la demanda de recursos y daños ecológicos y, por lo tanto, de las amenazas existenciales que enfrenta con mayor severidad la población empobrecida.  

Lo afirman apelando al concepto de la Gran Desigualdad, un periodo crítico de creciente divergencia social y económica, marcado por una inédita brecha de ingresos y riquezas (tanto entre países como al interior de ellos), así como también por el intercambio ecológicamente desigual en el uso de los recursos del planeta por parte de las naciones desde mediados del siglo XX. 

Fue a comienzos de la década de 1950 cuando comenzó la Gran Aceleración, un periodo de uso desaforado de dichos recursos, que aún se encuentra en curso. El concepto surgió de la mano de algunos teóricos del Antropoceno, como los químicos atmosféricos Paul Crutzen y Will Steffen, durante la Conferencia de Dahlem en 2005, inspirados en The Great Transformation (La gran transformación), de Karl Polanyi. 

La Gran Aceleración permite dar cuenta del vertiginoso salto en veinticuatro indicadores socioeconómicos y biofísicos a nivel planetario, tales como la población mundial, el PBI mundial, el consumo de energía primaria, la concentración de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos y la pérdida de bosques tropicales, entre otros(2). (...)

«Cuando se habla de estas crisis ambientales que tienen lugar a escala global, también se tiende a hablar de la humanidad a escala global, es decir, de la población global en su conjunto —explica Rammelt en diálogo con JACOBIN—, pero esto oculta las desigualdades en cuanto a quién es responsable y quién se ve más afectado». Consultado por el vínculo entre desigualdad social y crisis climática, aclaró: «En este documento no nos adentramos en lo que impulsa la crisis, sino que sólo señalamos la Gran Desigualdad que ocurre junto con la Gran Aceleración. Esto implica que quienes más sienten estos impactos no son los más responsables de provocarlos».  

Para el geógrafo, la desigualdad es un factor importante en la crisis ecológica. «Más allá del estudio, también se podría pensar en cómo la desigualdad permite externalizar costos, incluidos los costos de degradación ambiental. Así que definitivamente hay mucho más para decir sobre este tema más allá de la publicación», señaló. 

Equidad y sostenibilidad, un doble desafío para la humanidad 

Para los autores, el debate tiene como marco la crisis del sistema Tierra. El Programa Internacional Biósfera Geósfera (IGBP), una iniciativa del Consejo Internacional de Ciencias (ICSU), se dedicó durante treinta años (1986-2015) a estudiar la alteración de los ciclos interactivos físicos, químicos y biológicos y los flujos de energía que hacen posible la vida en el planeta.  

Tras su cierre, la labor de la comunidad del IGBP continuó desarrollándose en Future Earth, un nuevo programa centrado en la búsqueda de soluciones y cuyo marco general es el reconocimiento de fronteras ecológicas planetarias. Este programa fue el que convocó al equipo de Rammelt para su investigación. 

El estudio de las fronteras ecológicas planetarias ha posibilitado el establecimiento de un «espacio operativo seguro» que permite un desarrollo humano basado en los procesos biofísicos intrínsecos que regulan la estabilidad del sistema Tierra. Lamentablemente, con la Gran Aceleración fueron traspasadas seis fronteras planetarias: el cambio climático, la integridad de la biosfera, los flujos biogeoquímicos, los cambios en el uso del suelo, las entidades novedosas (microplásticos entre otros) y los cambios en el uso de agua dulce(4).  

En 2015, mismo año de cierre del IGBP, Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030. Entre estos figuran el fin de la pobreza y el hambre, alcanzar la igualdad de género y la energía asequible y no contaminante para todos, así como también trabajo decente, crecimiento económico y acción por el clima, entre otros. 

La Agenda 2030, que se denomina así porque los objetivos deben cumplirse ese año, llama a reducir la desigualdad y reconoce que «erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío global y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible»6.  

El cumplimiento de sus objetivos implica que deben realizarse de manera interrelacionada, integrada e indivisible, lo que requiere investigar las posibles interacciones entre los objetivos sociales y ambientales de la Agenda 2030. Esto es justamente lo que se propuso el equipo de Rammelt, recurriendo a la Gran Desigualdad como un marco general que no se puede ignorar. 

La Gran Desigualdad, un periodo crítico de creciente divergencia social y económica 

La Gran Desigualdad complementa a la Gran Aceleración, proceso que se caracteriza por dramáticas tasas de crecimiento en muchas medidas de la actividad humana y sirve de base para la propuesta del Antropoceno, una nueva época geológica marcada por el impacto negativo e irreversible de la industrialización moderna y la globalización7. 

«En nuestro documento presentamos un gráfico con instantáneas de la Gran Desigualdad en años particulares para alimentos, agua, energía e infraestructura, que también son nuestras dimensiones básicas para el acceso mínimo», dice Rammelt. Y agrega: «Explicamos cómo estas desigualdades han persistido y cómo varios indicadores también empeoraron con el tiempo»  

Según el geógrafo, si bien algunos índices de la Gran Aceleración se remontan a 1750 —con el inicio de la Revolución Industrial—, la aceleración realmente se activa a mediados del siglo XX: «Sabemos que la creciente desigualdad en el consumo entre países comienza antes de eso, pero los datos son más claros para el periodo posterior a la década de 1950».  

Rammelt no puede determinar qué fenómeno fue primero, si la Gran Aceleración o la Gran Desigualdad, porque muchos datos solo estuvieron disponibles recientemente: «Todo lo que podemos afirmar en este artículo es que la Gran Desigualdad complementa, en diferentes escalas de tiempo, a la Gran Aceleración». 

El índice Gini, utilizado habitualmente para medir la disparidad de ingresos, da cuenta de un aumento de la desigualdad global entre 1820 y 1910, en pleno auge del dominio occidental y los imperios coloniales. Luego, en la denominada época imperialista (1910-2020), la desigualdad global se estabilizó, aunque en un nivel muy alto. 

Simultáneamente, dentro de esta desigualdad, se desarrollaron movimientos contradictorios: la desigualdad entre países disminuyó durante buena parte del siglo XX, pero la desigualdad al interior de ellos siguió aumentando. Todo se invirtió a partir de 1980, y el capitalismo del siglo XXI alcanzó niveles de desigualdad similares a los de comienzos del siglo XX(8).  

Por otra parte, la desigualdad de riquezas ha llegado a ser mayor que la de ingresos: para 2019, los 2153 multimillonarios que había en el mundo (es decir, con un patrimonio mayor a los 2000 millones de dólares) poseían más riqueza que el 60 % más pobre de la población mundial, es decir, que 4600 millones de seres humanos(9). 

Estas desigualdades afectan tanto al norte global como al sur: en 2018 el 10 % más rico de los países de la OCDE poseía tanta riqueza como el 52 % más pobre(10). Por fuera de la organización, por ejemplo, en la India actual, el 10% más rico de la población posee el 60 % de todas las riquezas del país, mientras que el 40 % más pobre solo tiene el 4 %(11). 

A su vez, también se están ampliando brechas de riqueza a nivel mundial. Para 2017 surgía un nuevo multimillonario cada dos días, un aumento histórico que pudo haber acabado con la pobreza extrema siete veces(12). Ese año el 82 % de toda la riqueza creada fue a parar al 1,1 % más rico, que pasó de concentrar el 35 % de las riquezas en el 2000 al 46 % en el 2020(13). 

Como si fuese poco, la irrupción del Covid-19 no hizo más que exacerbar las desigualdades. Según datos del Banco Mundial, en 2020 los dos deciles más ricos perdieron el 5 % de sus ingresos, mientras que los dos más pobres perdieron el 6 %. Sin embargo, para 2021 los primeros recuperaron la mitad de lo perdido, aunque los segundos perdieron el 5 % de sus ingresos(14).  

En cuanto a las riquezas, durante el primer año de pandemia el mundo vio la aparición de 493 nuevos multimillonarios. Se trató de una cifra récord que superó los 290 nuevos multimillonarios de 2015(15). 

Un impacto ambiental marcado por el intercambio desigual de los recursos del planeta 

Estas desigualdades económicas en ingresos y riquezas se traducen en impactos y reclamos desiguales sobre el ambiente. Por ejemplo, en 2015 el 34 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero provino del 10 % con mayores ingresos de la población mundial, mientras que el 50 % con más bajos ingresos sólo representó el 15 % de todas las emisiones(16). 

En el período que va de la caída del Muro de Berlín en 1989 a la cumbre que firmó el Acuerdo de París en 2015, las emisiones globales anuales de carbono crecieron un 60 %, duplicando las acumuladas en dos siglos(17). Esto es lo que disparó todas las alarmas ante la inminente posibilidad de superar el límite de 1.5 °C en la temperatura promedio del planeta(18), lo que nos llevaría a un calentamiento global fuera de control. 

Incluso a pesar de la ligera caída de emisiones de CO2 a comienzos de la pandemia, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no descarta que, ante la persistencia de las actuales políticas fósiles, la temperatura del mundo supere los 3 °C en este siglo, mucho más allá de los objetivos del Acuerdo de París(19).  

En un escenario de este tipo, inevitablemente aumentan las probabilidades de ser azotados por una gran ola de calor. Si la probabilidad media mundial de que esto ocurriera eran sólo de 5 % el periodo 1981-2010, con una temperatura promedio global de 1.5° C, hoy esta probabilidad aumentó al 28 %. Y si hablamos de 4° C, la probabilidad alcanza el 61 %(20). 

Que el mundo mantenga a los súper ricos es algo que pagamos muy caro. Este estrato social (el 0,5 % de la población mundial) tiene mucho que explicar en cuanto a su estilo de vida. Un estudio publicado en Nature Climate Change en 2019 descubrió que, en cuanto a este aspecto, el sector genera el 13,6 % de las emisiones globales(21). En Europa, sus viajes en jet privado aumentaron un 31 % en quince años y, según Transport & Environment, las emisiones de uno de sus vuelos de solo cuatro horas equivalen al total de las generadas por una persona en un año(22).  

En 2020 también Oxfam expuso lo que nos cuesta a todos la manutención de los ricos: el consumo de las 63 millones de personas (0,7 % de la población mundial) que tienen ingresos mayores a los 109.000 dólares generó el doble de las emisiones de CO2 comparadas con las provocadas por lo que consume la mitad más pobre de la población mundial(23). 

Pero los impactos provocados por la cima de la pirámide social no deben atribuirse sólo al consumo. También entran en juego los patrones de inversión y producción. Según Carbon Majors, desde 1988 más de la mitad de los gases de efecto invernadero industriales a nivel global se pueden atribuir a solo 25 productores corporativos y estatales. Para 2015 una quinta parte de las emisiones provenía de inversiones que cotizan en bolsa(24). 

Otro análisis da cuenta de la apropiación inicial de los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios comercializados. En 1993 la huella material (MF) per cápita de los países de ingresos altos era trece veces mayor a la de los de ingresos bajos, y la diferencia aumentó a 18,7 en el 2000, aunque luego disminuyó a 14,6 veces en 2010 por efecto de la crisis financiera de 2007-2008(25). 

Los países de renta alta también son los únicos apropiadores netos de flujos mundiales de materiales incorporados en los bienes comercializados, que aumentaron de 4000 millones de toneladas anuales en 1990 a 10 000 millones en 2015. El intercambio ecológicamente desigual permite a los países de altos ingresos apropiarse de recursos y generar un excedente monetario a través del comercio internacional con implicaciones de largo alcance para la sostenibilidad global y el crecimiento económico de las naciones(26).  

En el caso de la energía, el 10 % de los países de mayores ingresos consume tanto como el 80 % de los países de menores ingresos: el 39 % de la energía final total. Mientras tanto, el 10 % de los países de más bajos ingresos consume solo el 2 %(27).  

Los países de más altos ingresos son los únicos apropiadores netos de los crecientes flujos mundiales de energía incorporados a los bienes comercializables. Según un estudio publicado en Global Environmental Change, en 2015 el norte global se apropió de 12.000 millones de toneladas equivalentes de materia prima incorporada, 822 millones de hectáreas de tierra incorporada, 21 exajulios de energía incorporada y 188 millones de años-persona en mano de obra. Todo por un valor de 10,8 billones de dólares, suficiente como para acabar con la pobreza extrema unas setenta veces(28). 

Entre 1990 y 2015 el drenaje del sur global totalizó 242 billones de dólares (constantes de 2010), una ganancia para el norte equivalente a una cuarta parte de su PBI, y una merma monstruosa para el sur: las pérdidas superaron treinta veces los ingresos totales de ayuda en estos veinticinco años. El intercambio desigual es un factor importante de la desigualdad global, el desarrollo desigual y el colapso de los ecosistemas(29).  

Una redistribución radical y a corto plazo para terminar con la pobreza sin afectar el clima 

El equipo de Rammelt apela a un nuevo enfoque para intentar comprender y pensar soluciones a las crisis ecológica y social. Cuando se le consulta al respecto, Rammelt declara en diálogo con Jacobin: «Este documento en particular solo destaca una dimensión de una noción más amplia de justicia del sistema Tierra (ESJ, por sus siglas en inglés), que a su vez podría complementar otros debates más filosóficos y morales sobre la justicia». 

El concepto de ESJ incluye las dimensiones de justicia procesal y sustantiva. En palabras de Rammelt, la primera «significa que las personas tienen acceso a la información, a la toma de decisiones, a los procedimientos legales, etc.». La justicia sustantiva, en tanto, «garantizaría como mínimo un acceso mínimo a los recursos esenciales (tan relacionados con la pobreza en un sentido más amplio) y, más allá de eso, también garantizaría la asignación equitativa de los recursos, riesgos y responsabilidades restantes (tan relacionados con las desigualdades en un sentido más amplio)». 

El estudio se centra en la justicia sustantiva: «Con la Gran Desigualdad señalamos la tremenda desigualdad en la asignación, y luego nos enfocamos en el acceso mínimo. Finalmente, terminamos indicando que el acceso podría lograrse a través de una asignación más justa (por ejemplo, techos)». 

La investigación muestra que la dolorosa pobreza y la desigualdad que sufren cientos y cientos de millones en el Sur Global se pueden abordar para proporcionar una vida significativa para todos, sin transgredir los límites y umbrales clave del sistema planetario.  

En lugar de pedir a los países pobres del mundo que se aprieten el cinturón o dejarlos librados a su suerte, una práctica tradicional del norte, el énfasis debe estar en promover ideales de justicia distributiva global y transformaciones sistemáticas que aumenten la riqueza y las oportunidades para los que menos tienen. 

Si bien queda claro que los pobres no son responsables por la crisis climática, también queda claro que necesitamos resolver la crisis climática para poner fin a la inequidad. Los impactos están afectando más a quienes carecen de los recursos para enfrentarlos, a nivel internacional y al interior de los países.  

Pero garantizar un acceso mínimo a los recursos y servicios para los más desfavorecidos, con la tecnología y los enfoques de producción contemporáneos, es algo que no se puede lograr sin reasignar recursos, riesgos y responsabilidades, es decir, sin una redistribución radical ni una transformación estructural de las relaciones sociales y económicas. 

Como queda en evidencia, la desigualdad es la ley más general del proceso histórico, y la desigualdad espacio-temporal de las fuerzas sociales que hicieron entrar en crisis el sistema Tierra ha engendrado también presiones y oportunidades específicamente internacionales, como el «látigo» de la necesidad de una transición energética hacia la descarbonización del mundo y el «privilegio» del sur global de poder romper la cadena en su eslabón más débil. 

El carácter desigual y combinado de la gran estructura económica y la apropiación de los recursos materiales y energéticos del planeta sienta las bases objetivas para la imposición de una nueva correlación de fuerzas entre explotados y explotadores del mundo, que posibilite una recomposición metabólica dentro de los estrechos márgenes que aún nos impone (y permite) el Antropoceno. "                 ( , JACOBINLAT, 22/09/23)

18/7/23

El futuro (colapso ecológico) ya llegó... En los últimos meses se han registrado diferentes anomalías climáticas que marcan nuevos récords históricos en la trágica progresión del cambio del clima global... la temperatura de superficie en el Atlántico Norte alcanzó el incremento máximo... aumentó la temperatura promedio de los mares a nivel global, y la retracción del hielo antártico alcanzó un nuevo límite... La combinación de estos registros ha motivado que los científicos que siguen estos procesos alertaran ante el peligro de estar frente a un cambio profundo de las corrientes que regulan la temperatura y la vida en los océanos y a nivel global... la sequía, de continuar, podría dejar a Montevideo, donde se concentra el 60% de la población del país, sin agua potable, convirtiéndola en la primera ciudad del mundo en sufrir esa catástrofe... Este cúmulo de evidencias trágicas, contra todas las narrativas negacionistas, vuelve innegable que la crisis climática ya está aquí, entre nosotros. Asimismo, indica el fracaso absoluto de las políticas e iniciativas adoptadas para reducir la emisión o presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera

 "En los últimos meses se han registrado diferentes anomalías climáticas que marcan nuevos récords históricos en la trágica progresión del cambio del clima global.

Así, en junio, la temperatura de superficie en el Atlántico Norte alcanzó el incremento máximo de 1,3 °C respecto de los valores preindustriales y en similar dirección –aunque en valores menores- aumentó la temperatura promedio de los mares a nivel global. Por otra parte, la retracción del hielo antártico alcanzó un nuevo límite, alcanzando la disminución histórica del 2016, pero varios meses antes en plena temporada fría. La combinación de estos registros ha motivado que los científicos que siguen estos procesos alertaran ante el peligro de estar frente a un cambio profundo de las corrientes que regulan la temperatura y la vida en los océanos y a nivel global.  Las olas de calor registradas en las últimas semanas en las costas de buena parte del mundo (Irlanda, México, Ecuador, Japón, Mauritania, Islandia, etc.) pueden a su vez ser muestra de ello.

Estos fenómenos, claro está, no se limitan a los mares. El 4 de julio la temperatura mundial del aire  alcanzó (Global 2m temperatura, medida a 2 metros del suelo) por primera vez en la historia de los últimos siglos los 17,18 °C. Mientras tanto, la temperatura en los continentes, particularmente en el Norte, batió también récords. 40 ºC en Siberia, 50 ºC en México, el junio más caluroso en Inglaterra en la serie histórica iniciada en 1884. Y su contracara, las sequías, como la que azota a Uruguay donde la escasez de agua dulce desde mayo obligó a utilizar de manera creciente fuentes salobres volviendo imbebible el agua de grifo para los habitantes del área metropolitana de Montevideo donde se concentra el 60% de la población del país. Una sequía que de continuar podría dejar directamente sin agua potable a esa región del país, convirtiéndola en la primera ciudad del mundo en sufrir esa catástrofe. Pero el calor sofocante y las sequías traen aparejados también incendios voraces como el del bosque boreal que recorre desde hace semanas Canadá con más de 500 focos dispersos por diferentes regiones del país muchos de ellos incontrolables, y las difundidas imágenes de una apocalíptica Nueva York oscurecida y teñida de rojo bajo un manto de cenizas.

Este cúmulo de evidencias trágicas, contra todas las narrativas negacionistas, vuelve innegable que la crisis climática ya está aquí, entre nosotros.  Asimismo, indica el fracaso absoluto de las políticas e iniciativas adoptadas para reducir la emisión o presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. En esta dirección, en mayo de este año  los niveles de dióxido de carbono (CO2) medidos en el observatorio de referencia global de la NOAA en Hawai alcanzaron un máximo histórico de 424 partes por millón (ppm)llegando a ser más de un 50% más alta que antes del inicio de la era industrial y, las del periodo enero – mayo de 2023, un 0,3% mayores que las de igual periodo del 2022 y 1,6% respecto del de 2019 (Carbon monitor, 2023). Según el último informe del 2023 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por su nombre en inglés) la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años, el mismo periodo en el que se desplegaron los acuerdos internacionales y las iniciativas locales para combatir las causas del cambio climático (IPCC, 2023). El fracaso de estas políticas aparece también reflejado, en nuestro presente, en la persistencia y fuerza de un capitalismo fósil y de su saqueo y destrucción socioambiental; signado por una guerra regional global y los avances de un extractivismo extremo, principales dimensiones de la crisis civilizatoria del capital que amenaza hoy a la vida en el planeta con su Sexta Extinción (Seoane, 2023).

No solo han fracasado estas políticas llamadas de mitigación sino también resultan débiles o directamente ausentes las bautizadas como de adaptación que tienen por objetivo minimizar los impactos previsibles del cambio climático. Sus consecuencias descargadas principalmente sobre los sectores populares plantean no sólo la urgencia de una transición socio-ecológica sino también de elaborar, desde estos sectores, planes de adaptación social propios.  

En esta misma dirección, el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, Global Annual to Decadal Climate Update) difundido en mayo de 2023 ha alertado de que muy probablemente (66% de probabilidades) la temperatura media mundial anual supere los 1,5 °C al menos en un año de los próximos cinco (2023-2027), es posible (32% de probabilidades) de que la temperatura media de los próximos cinco años supere los 1,5 °C y es casi seguro (98% de probabilidades) de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados (OMM, 2023); siendo que el IPCC ha estimado graves consecuencias de superar esa temperatura de modo permanente.

Esta serie de evidencias de la actualidad y gravedad de la crisis climática que señalamos también alertan sobre la proximidad en la que nos encontramos de superar un punto de inflexión a partir del cual estos procesos se retroalimenten y escapen fuera de todo control o morigeración.

¿Cuán cerca de este punto nos situará la llegada del fenómeno de El Niño este año y posiblemente en los próximos? El Niño es un evento de origen climático que se expresa en el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial y se manifiesta en ciclos de entre tres y ocho años. Con antecedentes en el siglo XIX, en 1924 el climatólogo Gilbert Walker acuñó el término «Oscilación Sur» para identificarlo y en 1969 el meteorólogo Jacob Bjerknes sugirió que este calentamiento inusual en el Pacífico oriental podía desequilibrar los vientos alisios e incrementar las aguas cálidas hacia el este, es decir, hacia las costas intertropicales de América del Sur.

Pero no se trata simplemente de un fenómeno meteorológico tradicional que se reitera en periodos anuales irregulares. No se trata de un fenómeno natural; por más que se intente, una y otra vez, invisibilizar o negar sus causas sociales. Por el contrario, en las últimas décadas, la dinámica de la crisis climática ha incrementado tanto su frecuencia como su intensidad. Ya a principios de 2023 concluyó el tercer episodio continuado de La Niña, la tercera vez desde 1950 que se extiende por tres años y cada vez con mayor intensidad. Así también, en 2016, El Niño  desembocó en el récord de temperatura promedio que alcanzó el planeta. Y diferentes científicos estiman hoy que ese super-Niño puede reiterarse con consecuencias desconocidas ante los niveles de gases de efecto invernadero y la dinámica de la crisis climática actual.

Las banderas de un cambio inspirado en la justicia social y climática y los caminos efectivos de esta transición socioecológica planteados por los movimientos populares se tornan hoy más imperiosos y apremiantes. Es posible plantear un plan de mitigación y adaptación popular de emergencia. Pero para hacer socialmente audibles estas alternativas, para romper con la ceguera ecológica que quiere imponerse, es necesario primero quebrar la construcción epistemológica que quiere inscribir estas catástrofes, de modo repetitivo y persistente, en un mundo de pretendida pura naturaleza, en un campo presuntamente externo, ajeno y fuera del control social humano. Se trata de una matriz de naturalización que al tiempo que excluye a los grupos sociales y al modo de organización socio-económica de toda responsabilidad en las crisis actuales; quiere convertir a éstas en sucesos imprevisibles e incognoscibles que solo dejan opción a la resignación, la alienación religiosa o la resiliencia individual. Los cuestionamientos a estas miradas se inscriben no solo en los discursos sino también en las prácticas y las emociones, en responder a la catástrofe con la (re) construcción de lazos solidarios, colectivos, comunitarios, sociales sustentos indispensables del cambio emancipatorio."                      

( Dr. José Seoane. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA. Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL). Rebelión, 10/07/23)

13/4/23

Colonialismo energético... Claro que las queremos aquí, pero no en cualquier lugar. Por eso reclamamos que primero se cubran zonas ya impactadas por infraestructuras, polígonos industriales, embalses, … y luego, si no es suficiente, en otros espacios degradados, … pero no bajo una lógica de mercado exclusivamente, y bajo un modelo de explotación que refuerza el oligopolio en lugar de democratizarlo (que es lo que pretendemos

"Recientemente, entre otros muchos proyectos de energías renovables (falta por ver si sostenibles) se ha aprobado el macroproyecto MAGDA de 500 hectáreas de paneles solares en Castelló, promovido por capital francés y chino, y la MAT (línea de Muy Alta Tensión para transporte de esa energía). Por darles un orden de magnitud, en incendios forestales a partir de 500 hectáreas se considera que es un Gran Incendio Forestal. Equivale a 5 millones de metros cuadrados. Da igual que el Gobierno de la Generalitat Valenciana en marzo de 2022, a través de dos informes de la Conselleria de Política Territorial, informara en contra del proyecto. Da igual que la Diputació de Castelló aprobase una declaración institucional respaldada por todos los grupos políticos solicitando al Gobierno Español la suspensión del proyecto por considerar que generará un impacto en el conjunto de la provincia. Da igual que muchos pueblos y pueblecitos de Castelló, especialmente los más afectados (Les Coves de Vinromà, Cabanes i Benlloc) hayan intentado proteger su suelo, votado en contra del proyecto en sus plenos municipales, o presentando mociones unánimes contra el proyecto. Da igual. En Madrid ya han decidido por ellos. Y a callar.
La lógica sería algo así como: Hay prisa, es una zona rural, nos importa un pimiento la oposición democrática, no es importante el modelo (aunque sea insostenible porque el beneficio se lo llevan grandes fondos de inversión extranjeros pero el impacto territorial lo acogemos aquí), y es totalmente irrelevante que se refuerce el oligopolio y la falta de soberanía energética… se aprueba la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), y aquí no ha pasado nada…
Pues miren, no. Estando de acuerdo en el qué, no estamos de acuerdo, para nada, en el cómo. Ustedes tendrán el poder, pero nosotr@s tenemos la razón. Ustedes tendrán el poder, pero nosotr@s tenemos la razón. Aunque sabemos que tener la razón no es suficiente.

Pues miren, no. Estando de acuerdo en el qué, no estamos de acuerdo, para nada, en el cómo. Ustedes tendrán el poder, pero nosotr@s tenemos la razón. Aunque sabemos que tener la razón no es suficiente. Galileo Galilei tenía razón. La tierra giraba alrededor del Sol. Pero pese a ello se tuvo que retractar ante el poder de la época, so pena de muerte. El poder actual, económico, más que otra cosa, pretende que no se escuchen las razones rurales, sociales, técnicas o ambientales, porque siguen pensando que con la lógica de mercado de un crecimiento infinito (e insostenible) en un sistema finito en recursos que nos ha traído hasta aquí podremos seguir adelante. Da igual que hayamos colisionado con los límites biofísicos del ecosistema. Da igual que haya alternativas menos dolosas para el territorio e infinitamente más sostenibles en términos sociales, ambientales y económicos. Como esas alternativas les complican la gestión y les suben los costes (es más caro actuar cerca de zonas urbanas y puede generar cuantitativamente mayor rechazo social) directamente financian a quien haga falta para que desmienta las razones que se oponen a sus intereses. Algunos de estos adalides, expertos, por supuesto, de las renovables (insostenibles) curiosamente vinculados (por lo general, y me disculpen los que no) a entornos urbanos, algunos de perfil universitario (mucha teoría y poco bancal), y muchos vinculados a empresas del sector energético, acusan a quienes nos posicionamos en contra de esta política neo-colonial urbana sobre el territorio rural de practicar un posicionamiento que ellos denominan NIMBY (anglicismo síntomático de modernez infausta, que significa “Not In My Back Yard” que es algo así como “no en mi patio trasero”), tachando (desde una supuesta superioridad técnica, comunicativa, y una evidente posición de comodidad urbana) de egoísmo territorial y falta de solidaridad o no sé cuántas barbaridades más a una posición legítima de defensa del ecosistema agroforestal que nos sustenta…Hasta un Secretario de Estado ha salido a criticar el lema “Renovables sí, pero no así” reduciéndolo a un “Renovables sí, pero no aquí”… lo lamento, pero, resulta tan ridículo plantear un falso dilema… Claro que las queremos aquí, pero no en cualquier lugar. Por eso reclamamos que primero se cubran zonas ya impactadas por infraestructuras, polígonos industriales, embalses, … y luego, si no es suficiente, en otros espacios degradados, … pero no bajo una lógica de mercado exclusivamente, y bajo un modelo de explotación que refuerza el oligopolio en lugar de democratizarlo (que es lo que pretendemos) … Critican el lema que se ha escogido, que es bastante fácil de entender: “Renovables sí, pero no así”, pero no entran en el fondo de la cuestión... Es evidente que de empatía muchas de estas personas van justitas. Por ello, tal vez, acusan a los movimientos de defensa del territorio de ir contra las renovables… a ver, no soy filólogo… pero ¿Qué parte de “Renovables sí” no se entiende? El foco es justo el “pero no así”. ¿Y eso qué significa? Pues también es sencillo de explicar, y si se quiere, de entender:

- Desde un punto de vista técnico, razonado y razonable, se propone ocupar primero todas las superficies ya transformadas en usos industriales o urbanos que puedan albergar instalaciones fotovoltaicas. Es viable instalar mucha potencia sobre cubiertas de naves industriales, de edificios públicos como colegios, piscinas cubiertas, pabellones deportivos… reduciendo además el impacto ambiental al actuar sobre zonas previamente antropizadas. En España hay más de 5.000 polígonos industriales. La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales aglutina a más de 90.000 empresas. En muchos polígonos sigue quedando suelo industrial disponible, y las plantas fotovoltaicas son compatibles con las cubiertas industriales… ¿Es un argumento válido para minimizar impactos? 
 
- Desde un punto de vista técnico, razonado y razonable, se propone ocupar en segundo lugar grandes infraestructuras lineales como autovías o carreteras, canales y láminas de agua interiores, fruto de una transformación previa del territorio, reduciendo nuevamente el impacto ambiental dado que en muchos casos en estas áreas ya existen líneas de transporte de esa energía o están más cerca de las zonas de consumo. España cuenta con más de 17.000 km de autovías, y ocupaba en 2019 el tercer puesto a escala mundial en km de este tipo de infraestructuras. En diversos países del mundo se han cubierto medianas, o tramos completos de estas estructuras lineales, para implementar placas. Encima es suelo público, por tanto, de fácil gestión a la hora de conceder permisos… ¿Por qué no se plantea? 
 
- Desde un punto de vista económico y social, se propone democratizar la producción de energía y no aplicar la lógica de un tipo concreto de mercado que conduce a que nuevamente un sector estratégico de un país, como el energético, acabe en manos de fondos de inversión y grandes corporaciones cuya ética es el dinero, y en la que poco importa que haya gente o empresas que no pueden pagar la energía. Según datos de la Asociación Empresarial Eólica de 2020, entre Iberdrola, Acciona Energía, EDP, Endesa y Naturgy (Gas Natural, de toda la vida) acapararon el 61,55% de la potencia instalada en MW año de cuota de mercado… ¿Les suenan esas empresas? Se cuestiona con el “pero no así” porque tal vez sea inteligente, rentable y mucho más sostenible que parte de la producción esté en manos de Comunidades Energéticas Locales, cooperativas o empresas locales, generando además más puestos de trabajo tanto en fase de instalación como en fase de explotación, lo que, en términos generales, beneficiaría más y mejor al país. Pero ¿qué más dará? 
 
- Y se cuestiona, desde todos los puntos de vista (económicos, técnicos, ambientales y sociales) que el modelo que están tratando de imponernos, en el que los centros de decisión (urbanos) que coinciden por lo general con los grandes centros de consumo de energía, obvian las reclamaciones de las zonas afectadas (rurales en la mayor parte de los casos) sea sostenible.

Miren, sabios de la energía, no es negacionismo, ni “retardismo”, ni obstruccionismo, ni falta de rigor técnico o científico, ni una moda, ni ninguna de las otras sandeces que han acuñado al efecto. Es lógica. Pura y dura. Hay alternativas más sostenibles, aunque les moleste leerlo. Eso faltaba, que en una pretendida democracia no se pudiese argumentar contra un atropello territorial de esta magnitud. Más quisieran algunas personas. Voy a parafrasear de forma adaptada a un ilustre maño (Labordeta): “Ustedes están habituados a hablar siempre porque controlan los medios de comunicación, ocupan cargos importantes... Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes de zonas más sostenibles que las suyas a poder hablar… ¡Eso es lo que les jode a ustedes! “ La Real Academia Española de la Lengua define el colonialismo como un “régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo”, y ya nos disculparán, pero el territorio que ustedes pretenden explotar es el nuestro. Son nuestros paisajes ancestrales, nuestros bosques, nuestras zonas de cultivo… y lo que ustedes practican, imponiendo su criterio contra la voluntad democrática de las personas e instituciones que habitan esos territorios, habiendo como hay alternativas, tiene un nombre muy sencillo: Colonialismo energético. El día 10 de marzo, les Corts Valencianes, donde reside la soberanía del pueblo valenciano, a través de su comisión de Medioambiente, Agua y Ordenación del Territorio del parlamento autonómico ha aprobado a una proposición no de ley que para solicitar al gobierno del Estado (que es quien está perpetrando este colonialismo, con la venia de esas personas entusiastas de las renovables que nos llaman “retardistas”), que desestime todos los proyectos de generación y transporte energético de competencia estatal que cuentan con informes desfavorables de la Generalitat como ocurre por ejemplo con la Magda y las líneas de Muy Alta Tensión MAT (Teruel-Morella), Morella-La Plana, Ojos Negros-L'Eliana, Almansa-Montesa… y son sólo algunos ejemplos. ¿Por qué usurpan nuestra soberanía? ¿Quién les da derecho a contradecir los criterios territoriales de nuestras administraciones democráticas habiendo alternativas?

Miren, vivo en uno de los pueblos afectado por este “Colonialismo energético” en el que la empresa JPMorgan amenaza nuestra sierra del Realenc (y la Bossarta) con una macroplanta. Lógicamente, nos hemos movilizado en contra. Podrán imponer su criterio renovable e insostenible. Pero en este caso, “tots a una veu” (el “todos a una” valenciano), no les quepa duda que no lo permitiremos sin plantar cara. Nuestro territorio es más importante que sus beneficios. ¿Lo entienden?"

(Ferran Dalmau – Rovira. Ingeniero forestal. Director de Medi XXI GSA. Miembro de Salvem el Realenc (Carcaixent), Levante, 02/04/23)

14/3/23

Entre el colapso posible y el decrecimiento como meta inaprensible... Para buena parte de los trabajadores, incluidos grupos crecientes de clases medias del primer mundo que perciben la precariedad como riesgo cierto, el hecho de que las fábricas contaminen, que sus empresas vendan armas y alimenten guerras lejanas o que se incumplan los objetivos de desarrollo sostenible tienen importancia secundaria. Todo ello, se encuentra siempre detrás de su estabilidad en el empleo de la que depende su propia subsistencia y la de los suyos... El corto plazo se impone al largo plazo... Vivimos un momento paradójico: por un lado, aumenta la percepción de la gente sobre la posibilidad de un colapso; pero, por otro, la opción de decrecimiento defendida desde el ecologismo no encuentra espacio para asentarse, el capitalismo lleva décadas proponiéndonos el decrecimiento como recortes en empleo, salarios, ayudas sociales, derechos... cuando el decrecimiento es la matriz ideológica que actuaría de paraguas de alternativas diversas, es activar el conocimiento para el uso eficiente de materiales... Lo esencial es asumir que ese reajuste conlleva un cambio drástico en las relaciones de producción que choca frontalmente con las lógicas de poder del capitalismo financiero dominante... El desarrollo puede ser sostenible. En la batalla por llenar de contenido real ese significante nos jugamos parte del éxito

 "Aunque las recurrentes crisis hacen más evidentes la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos, aunque el momento histórico nos remite a alcanzar acuerdos entre los diferentes grupos y movimientos sociales, no está resultando nada fácil reconducir al mundo hacia horizontes ecológica y socialmente más viables y atractivos para la mayoría.

No es solo porque la polarización política y las resistencias corporativas la dificulten. También ocurre, en contra de lo que piensa de forma bienintencionada buena parte de la izquierda, que no está asegurado la convergencia de posiciones entre el mundo del trabajo y el resto de los movimientos sociales, singularmente el ecologismo, el feminismo y los movimientos por una ciudadanía global.

La esencia de un nuevo contrato social supone compartir de forma explícita o implícita un consenso sobre lo que constituye valor en la sociedad y sobre las jerarquías que definen aquello que debe ser defendido con más intensidad.

Los ODS y los objetivos 2030 de la UE se presentaban como el mejor esfuerzo por desarrollar esos valores de forma consistente para la próxima década pero es evidente que la invasión de Ucrania ha alterado ya gravemente su jerarquía. Los equilibrios ecológicos descienden como prioridad y el “desarrollo sostenible” debe hacerse compatible con la “carrera armamentista”.

Al incorporar como prioridad el 2% en gasto en defensa se encarece y distorsiona la transición hacia la descarbonización: se asume directamente una reactivación del fracking como fuente de suministro de gas estadounidense, una tecnología especialmente denostada en Europa. Y, por otro, se desvían recursos verdes a construir infraestructuras para facilitar el uso de energías fósiles —refinerías, almacenamientos, plantas de regasificación-. No es una guerra más, es una capaz de colocar la pelea geoestratégica por encima del cambio climático.

Los ODS tienen también dificultades para concretarse cuando toman tierra y chocan con la realidades sociales en territorios diversos, sobre todo aquellos que se sienten ignorados o perdedores en las transiciones en curso.

Para buena parte de los trabajadores, incluidos grupos crecientes de clases medias del primer mundo que perciben la precariedad como riesgo cierto, el hecho de que las fábricas contaminen, que sus empresas vendan armas y alimenten guerras lejanas o que se incumplan los objetivos de desarrollo sostenible tienen importancia secundaria. Todo ello, se encuentra siempre detrás de su estabilidad en el empleo de la que depende su propia subsistencia y la de los suyos.

 El corto plazo se impone al largo plazo. La mayor precariedad y dureza de la vida de cada colectivo acorta las miradas. Las personas que padecen y se sienten solas sin que nadie les dé respuestas a sus necesidades, no tiene razones ni energías para mirar ese futuro deseado a largo plazo. De modo que las propuestas simples (cerrar fronteras, introducir aranceles, expulsar inmigrantes), procedentes de las fuerzas reaccionarias, penetran con facilitad en sectores precarios por su capacidad de ofrecer una protección, aunque sea ilusoria, que no encuentra en ningún otro discurso.

Ante el colapso posible, la batalla es política

El armazón ideológico hacia un nuevo Contrato Social y Ecológico existe pero está lejos de convertirse en un vector político suficientemente coherente. Las ideologías permiten ordenar argumentos y afinar los objetivos que dibujen una idea de prosperidad pero, además, deben ser capaz de concretarse en una fuerza material (líderes, recursos, votos, apoyos activos) que permita derrotar a los oponentes, que sabemos vinculados a grupos que aprovechan las transiciones en curso para justificar políticas de rapiña a corto plazo.

Vivimos un momento paradójico: haber padecido en carne propia una terrible pandemia global, sentir los efectos recurrentes del calentamiento global, la crisis energética y sus efectos sobre el coste de la vida, o sufrir la guerra de Ucrania y su presencia permanente en los noticieros, muestran un tufo de final de época o de crisis civilizatoria que impregna el ambiente.

 Por un lado, aumenta la percepción de la gente sobre la posibilidad de un colapso (quizás representado por la imagen de múltiples “plagas” sistémicas); pero, por otra, la opción de decrecimiento defendida desde el ecologismo no encuentra espacio para asentarse. La sociedad es capaz de preparase para sufrir un “castigo” inevitable por no haber hecho lo suficiente pero no es capaz de desprenderse de la aspiración a crecer y mejorar.

Los vectores principales del espacio progresista no se ponen de acuerdo en qué consiste prosperar y cómo debe medirse. El ecologismo está siendo capaz de integrar bajo el paraguas del ecofeminismo la batalla por un nuevo paradigma de desarrollo con los cuidados en el centro, (cuidados para la naturaleza y para las personas) pero no es capaz de integrar en esa fórmula la aspiración a la mejora general del nivel de vida que mueve a las grandes mayorías identificadas con el mundo del trabajo.

No es extraño: el capitalismo lleva décadas proponiéndonos decrecimiento, representado por recortes en empleo, salarios, ayudas sociales, derechos… de todo lo que asociamos a bienes y servicios públicos.

De modo que la idea del “decrecimiento” como alternativa exhibe una idea que rema a contracorriente de las metáforas que comunican sensaciones positivas e implica rechazar la idea misma de progreso como aspiración. Como explica Jose Manuel Naredo, crecer es una palabra magnífica y refleja, como ninguna, las aspiraciones de la naturaleza humana: se aplica al desarrollo personal, a las cosechas, al conocimiento… Crecer es mejor que decrecer lo mismo que bien es mejor que mal.

Economía financiera frente a “economía de los intangibles”

Ni el lenguaje económico ni el PIB son enemigos del ecologismo. Es evidente que el PIB debe ampliar la idea de “valor añadido” a otros parámetros hoy excluidos, imprescindibles para interiorizar riesgos ciertos a medio, largo y también corto plazo (medioambientales, reproductivos y asociados a la desigualdad) y en esa tarea hay un amplio (demasiado quizás) abanico de soluciones. Pero, al mismo tiempo, es capaz de representan en buena medida los parámetros de la economía real que nos sirve para explicar este mundo.

El discutido PIB ha demostrado, por ejemplo, una alta sensibilidad y fiabilidad para detectar los riesgos de crisis a corto plazo. Basta con dos trimestres consecutivos sin crecer para que, inmediatamente, se perciban sus consecuencias sociales negativas para las mayorías. Conociendo lo que supusieron las recesiones de 1929 (caída del 15% del PIB en tres años, ascenso del fascismo y guerra mundial diez años después) o los cambios que está provocando la más cercana del 2008, es imposible imaginar los efectos de un decrecimiento continuo (¿durante décadas?) hasta ajustarnos al nivel de producción global que reclama los niveles de equilibrio del planeta.

Ni un PIB ascendente tiene por qué significar que el medio ambiente empeore ni uno descendente puede identificarse con equilibrio ecológico. De hecho, la protección medioambiental tiende a requerir inversión en nuevos equipos y materiales, y esta inversión estimula el crecimiento. Y, por otro lado, hay ejemplos claros de una mayor degradación medioambiental con decrecimiento que es lo que sucedió durante la década de los 1980 en varios países africanos: el PIB se contrajo al mismo tiempo que aumentaba la degradación del medio ambiente (1) .

La degradación ecológica no es una consecuencia automática del crecimiento, sino consecuencia de una tasa de consumo de recursos superior a la tasa de regeneración natural o sostenible.

 Se aclara entonces que lo que debe decrecer es la esfera material de la economía para no chocar con los limites físicos de la naturaleza, unos límites ciertos aunque la tecnología pueda desplazar su horizonte. Pero la lógica económica está facilitando, en las últimas décadas, cambios en la estructura del capital hacia elementos intangibles (sistemas, knowhow, I+D+i… aplicaciones) en perjuicio de edificios, instalaciones, maquinaria y otros elementos físicos.

Prosperar es, más que nunca, activar conocimiento y de ello depende el uso eficiente de materiales. Aunque por otro lado, la mayor eficiencia no garantiza que no se desborden los límites absolutos biofísicos.

Y ello nos lleva a un tema central que el ecologismo no resalta o incluso olvida: la gran batalla sobre qué constituye valor en la sociedad se da entre lo que denominamos economía real y economía financiera. Los principales significantes que dimanan y construyen el poder actual (plusvalías, crear valor al accionista, beneficios caídos del cielo, paraísos fiscales…) que quedan oscurecidos o fuera del PIB y son la fuente que alimentan la economía cortoplacista, marcada por el despilfarro, la apropiación por desposesión y la opacidad.

Si hay algo que destroza los equilibrios de este mundo es el predominio de lo financiero, paradigma del derroche y la desigualdad, sobre lo productivo. Y sobre esa base se deben fraguar los cimientos del nuevo Contrato Social.

Reestructuración productiva, precisando los ajustes

Lo realista es asumir, como señala Latouche, que el decrecimiento, como tal, no es verdaderamente una alternativa concreta, sino la matriz ideológica que actuaría de paraguas de alternativas diversas.

Precisa Jose Manuel Naredo que la materialización realista de la “meta decrecentista” supondría un rápido reajuste estructural y global, con actividades y formas de producir que ganan peso (las denominadas verdes) y actividades que decrecen o mueren: sectores intensivos en el uso de combustibles fósiles, la industria agroalimentaria intensiva en la producción masiva de carne y lácteos, el textil asociado a la rápida rotación de la moda presta….

Afecta a sectores pero también afecta a territorios, especialmente a la situación de las periferias del mundo. Porque África y buena parte de Asía, sometidos todavía, a un alto crecimiento demográfico, necesita crecer un 5% anual en la próxima década para mantener el nivel de renta per cápita actual. Ocurre que en crecimiento no hay despilfarro energético alguno. Como resalta Vaclav Smil, para una mayoría del mundo el aumento de bienestar social está íntimamente conectado a un mayor consumo de energía. Al contrario que ocurre en buena parte del Primer Mundo en donde consumir más energía deja de aportar beneficios objetivos en términos de bienestar para vincularse al despilfarro y al lujo (2) .

Todo ello dibuja un horizonte variable que depende, de un lado, de la velocidad de los avances tecnológicos y, por otro, de los manifestaciones de los límites biofísicos del planeta. Los previsibles shock que sufra la humanidad en ese tránsito actuarán de aceleradores del cambio político lo mismo que los límites para la extracción de nuevos materiales (3) imprescindibles para fabricar baterías, paneles o las grandes palas eólicas, actuarán de freno a los avances tecnológicos y a la velocidad de implantación de renovables.

Lo esencial es asumir que ese reajuste conlleva un cambio drástico en las relaciones de producción que choca frontalmente con las lógicas de poder del capitalismo financiero dominante. De ahí la importancia de construir, cuanto antes, el lenguaje y las tesis que favorecen las convergencias, defendiendo los significantes que merecen la pena, y huyendo de “guerras culturales” estériles. La batalla es ya política.

Dejar caer el desarrollo sostenible como un oximoron es un error que nos puede costar caro. El desarrollo puede ser sostenible. En la batalla por llenar de contenido real ese significante nos jugamos parte del éxito."                  (  , Economistas frente a la crisis, marzo 7, 2023)

15/2/23

Tejados, renovables y territorio: un debate abierto sobre transición energética

 "En las últimas semanas, en la red se han sucedido los hilos hablando sobre potencia renovable instalada, generación de energía verde y despliegue de grandes instalaciones. El debate se articula entre dos posturas diferenciadas de, por un lado, quienes consideran que las medidas prioritarias deben centrarse en los tejados; por otro, quienes argumentan que, además de apostar por el autoconsumo, la emergencia climática requiere de mayores instalaciones. En el centro, una verdad incontestable: la transición energética no es una necesidad de futuro, sino de presente.

Las «zonas de sacrificio» son un concepto acuñado por la escritora Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima para hacer referencia a una verdad incómoda de los combustibles fósiles: el carbón, el gas y el petróleo fueron –y, en muchas ocasiones, son– extraídos mediante procesos que entrañan un altísimo coste humano, social y ambiental para las comunidades que tienen la suerte de albergar en su subsuelo estos tesoros energéticos. 

La actual transición que vivimos hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables debería significar, entre otras cosas, el fin de las zonas de sacrificio: las energías limpias no suponen un peligro en cuanto a la contaminación de los ríos, los mares y el aire que respiramos. Sin embargo, sí tienen asociadas otras complicaciones que afectan directamente a diversos territorios y no de la misma forma.  

Hace unas semanas, se produjo un pequeño incendio digital a raíz de un manifiesto publicado por la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), una plataforma en la que participan más de 200 entidades y colectivos, presentes en doce comunidades autónomas, y entre los que se encuentran multitud de movimientos ambientales, sindicatos, fundaciones, colegios profesionales, ayuntamientos y cooperativas energéticas. En él, advierten del «daño al equilibrio y cohesión del territorio, a la biodiversidad y al desarrollo local sostenible» que provocan las grandes instalaciones renovables centralizadas. Una clara alusión a los enormes parques fotovoltaicos y eólicos que consideran perjudiciales para el patrimonio natural, el turismo y la agricultura en algunos parajes. Su visión se resume en un grito de guerra: «renovables sí, pero no así».

Frente a este modelo, ALIENTE aboga por la «la generación distribuida y las pequeñas instalaciones renovables», que permiten una mayor compatibilidad con la ordenación del territorio por su proximidad a los centros de consumo. De hecho, acaban de presentar además el estudio Renovables sostenibles: fotovoltaica, desarrollado por el Observatorio de Sostenibilidad, que concluye que «toda la potencia renovable proyectada cabe en zonas ya alteradas, sin sacrificar nada más». 

«Existen más de 300 mil hectáreas en tipos de superficie como tejados y cubiertas, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos ya consolidados en los que sería posible instalar fotovoltaica», calculan en el informe. Todo ello, insisten, sin afectar ni a un solo metro de territorio protegido por alguna de las muchas figuras ambientales existentes (Reserva de la Biosfera, Red Natura, ZIM, ZEPA, LIC, etc.).

¿Realmente basta con los tejados?

Pero para el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, la realidad es otra bien distinta. En un episodio del podcast Sendas, dedicado a la transición ecológica, manifestó recientemente su postura sobre el reparto de las cargas de la transición energética. «Claro que hay que aprovechar todos los tejados y todas las cubiertas», señaló, pero sin perder de vista que también «hay que ocupar territorio: si estamos en una emergencia climática, no da tiempo a estar pensándolo varias décadas».

El responsable del IDAE, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se pronunció claramente sobre los planteamientos recogidos en el manifiesto lanzado por ALIENTE. «Cuando decimos ‘renovables sí pero no así’, porque nos preocupa el impacto paisajístico y ambiental de las renovables, hay que ver si, realmente, lo que estamos diciendo es ‘renovables, bueno, ya veremos cómo y cuándo’ si no somos capaces de plantear un escenario alternativo», comentó. 

Groizard no es el único con esta postura. Pedro Fresco, exdirector general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, era destituido hace unas semanas por sus discrepancias con Compromís, que defiende empezar la transformación del modelo energético por pequeños proyectos solares de autoconsumo en los tejados. Él cree que el debate planteado es irreal porque, aunque haya que seguir avanzando e instalando fotovoltaica a escala doméstica, con eso no sería suficiente. «El año que hemos instalado más fotovoltaica de autoconsumo en España (2020) fueron casi 600 MW. Aunque pudiésemos duplicar esa cifra, tardaríamos casi 40 años en conseguir llenar todos los tejados, es decir, 40 años para conseguir ese 6,5% de la energía final que consumimos hoy. Y les recuerdo que tenemos que descarbonizar la economía entera en 29 años. Como ven, es absolutamente inviable eso de los tejados primero. No, la emergencia climática requiere que se haga todo a la vez», explicaba en un artículo varios meses antes de su cese. 

En él, aunque reconocía que existen algunos proyectos renovables inadecuados o municipios que no se ven suficientemente compensados por albergarlos, como también denuncia ALIENTE, advertía del riesgo de dar alas a ciertas narrativas que, sin ser negacionistas del cambio climático, si contribuyen al retardismo. «Tan sólo se me ocurren dos formas coherentes de oponerse a la instalación de energías renovables: la primera, abrazando efectivamente el negacionismo climático; la segunda, proponiendo un desarrollo masivo de centrales nucleares. Intentar oponerse al desarrollo rápido de renovables sin defender una de esas dos opciones resulta un ejercicio de funambulismo argumental insostenible en el tiempo», sostenía.

En Twitter, reconocidos activistas climáticos se pronunciaron tras su cese y se alinearon con sus argumentos a favor de instalar masivamente energías limpias. «Tenemos muy poco tiempo y necesitamos correr. Y no, los tejados no son suficientes. Necesitamos plantas en tierra y eólica. Frenar la instalación de renovables significa seguir usando combustibles fósiles», reclamaba por ejemplo Javier Peña, comunicador y divulgador viral con sus vídeos en Hope. Desde entonces, el debate sobre el modelo energético ha estado encendido en los medios especializados y generalistas y en la propia red social, donde en las últimas semanas se han ido acumulando hilos con datos técnicos para avalar las cuentas.

Dialogar con los territorios y acelerar la burocracia

Para Carlos Ariñez, uno de los principales impulsores de Luco Energía –la primera comunidad energética de Aragón y una iniciativa ciudadana reconocida además con el Premio Aragón Medio Ambiente 2022 por su contribución al medio ambiente rural–, la cuestión es compleja pero no reviste mayores contradicciones. En referencia a la postura de Groizard, Ariñez reconoce los esfuerzos de las entidades públicas para acelerar la transición energética –según el propio responsable del IDAE, el gobierno ha dedicado más de 1.300 millones de euros en actuaciones para autoconsumo, entre los que se incluye además una partida específica de 100 millones de euros para comunidades energéticas– pero lamenta que no se esté produciendo, hasta el momento, un necesario «diálogo con los territorios». 

También critica los muchos problemas con los que se están encontrando él y sus compañeros para iniciar la actividad de la comunidad energética, una figura novedosa para el autoconsumo y la autoproducción de energía gestionada de forma participativa por sus propios miembros. Un nuevo actor en el enrevesado sector de la energía al que le está costando hacerse hueco, a pesar de su creciente popularidad: como cuenta, ya llevan casi año y medio perdido para la puesta en marcha de Luco Energía por diversos problemas, derivados del desconocimiento de la normativa por parte de los técnicos municipales –en su caso, del Ayuntamiento de Calamocha– y de la lentitud de la distribuidora energética para aprobar el último trámite pendiente.

«No solo está pasando con esta comunidad energética, sino que la puesta en marcha de otras va a sufrir los mismos problemas o más», asegura Ariñez. José Miguel Granados, miembro de CooperaSE, cooperativa granadina de servicios energéticos dedicada a la transición hacia las renovables e involucrada además en la constitución de la Comunidad Energética del Río Monachil, comparte su testimonio.

En este caso, hablamos ya de dos años de espera. «Casi todos los elementos que intervienen han fallado de un modo u otro», señala Granados. Estas dificultades empezaron con la Junta de Andalucía, cuya plataforma digital para el registro de instalaciones renovables no incluía entre sus opciones la del autoconsumo colectivo, un motivo por el que tuvieron que acudir a otras vías para dicho registro.

Este fue sin embargo el menor de los problemas. Después ha venido el laberinto de notificaciones, confusiones y retrasos protagonizado por la distribuidora de la zona –la dueña de la infraestructura eléctrica, es decir, de los cables y los postes–, todas las comercializadoras implicadas –uno por cada miembro de la comunidad, ya que la comercializadora es a quien pagamos como consumidores la factura de la luz– y la empresa encargada de conectar el nuevo contador.

Sin embargo, pese a estas dificultades, el miembro de la cooperativa granadina insiste en la necesidad de apostar por la autogestión ciudadana de la energía. Si no, insiste, la alternativa es la de fiarlo todo al modelo de los grandes parques fotovoltaicos y eólicos. «En Granada, tenemos una zona que parece el lejano oeste y que está totalmente despoblada. Allí por muy poco dinero puedes montar un gran parque», lamenta Granados. 

Más allá de las discrepancias, parece claro el punto común del debate: urge acelerar la transición energética hacia un modelo renovable que garantice la descarbonización. Aunque se debata el cómo, está claro el porqué: la transformación no podrá realizarse sin consenso y, enfrente, el tiempo corre y el enemigo es más grande que nunca. De conseguirlo depende terminar, de una vez por todas, con esas zonas de sacrificio."                   (