Los estados no recaudan impuestos para poder gastar... Para gastar los estados hacen uso de tecleos informáticos en sus bancos centrales que crean dinero de la nada, por eso el dinero actual recibe el nombre de dinero fiduciario... la inflación no aparecerá hasta superado el nivel de pleno empleo de los recursos reales de la economía... el de pleno empleo sin inflación (punto Lerner), es el que debe marcar el nivel de gasto público correcto

 "El azar ha querido que dos hechos coincidieran durante este mes de enero. Por un lado, el famoso youtuber español El Rubius ha desatado la polémica por decir que se muda a Andorra para (entre otras cosas) pagar menos impuestos y por otro lado los economistas españoles Stuart Medina Miltimore y Miquel Bassart i Loré de la asociación de teoría monetaria moderna RedMMT han comenzado a traducir el libro de Warren Mosler con el título “Economía de la Divisa Blanda”.

 Esta coincidencia temporal es una oportunidad perfecta para desenmascarar la que a mi entender es la mentira más perniciosa y por desgracia más extendida en el campo de la política económica. Dicha mentira es, tal y como explica Mosler en su libro, aquella que sostiene que los impuestos recaudados por los estados son los que financian el gasto público. Esto es del todo falso y es absolutamente necesario que la población tome conciencia de ello. 

Los estados no recaudan impuestos para poder gastar, sino que lo hacen por tres motivos: dar valor a su moneda, intentar modular la inflación e incentivar/desincentivar las diferentes actividades económicas. Para gastar los estados hacen uso de tecleos informáticos en sus bancos centrales que crean dinero de la nada, por eso el dinero actual recibe el nombre de dinero fiduciario.

 Esto significa que el hecho de que El Rubius haya dejado de pagar impuestos en España no tendría que significar que España tuviera menos capacidad de gasto que antes si España abandonara el euro y la UE. Por consiguiente, los ataques que está recibiendo este famoso creador de contenidos deben cesar inmediatamente, no solo porque estos ataques están totalmente injustificados, sino porque además demuestran un total desconocimiento del sistema monetario actual.

La principal interesada en que la ciudadanía entienda las razones por las cuales es falso de toda falsedad que los impuestos financien el gasto corriente de los estados debería ser la izquierda, ya que esta mentira es la responsable del retroceso abismal en el que están sumidas actualmente sus posiciones. La idea de que en un sistema basado en el dinero fiduciario como el actual es el dinero de los contribuyentes el que determina las políticas de gasto público es una idea profundamente reaccionaria. 

Su origen se remonta a la década de 1970, cuando la derecha neoliberal inició su imparable revolución conservadora. La principal valedora de esta mentira fue Margaret Thatcher, quien en 1983 declaró: “no existe tal cosa como el dinero público, lo único que existe es el dinero de los contribuyentes”.

  La izquierda mordió el anzuelo. En vez de zafarse de esta idea, la apretó con fuerza entre sus mandíbulas hasta que el anzuelo se le clavó tan profundamente que se vio arrastrada hasta las redes conservadoras en las que sigue presa. Pero todo anzuelo necesita un cebo. El cebo utilizado por la derecha fue la equiparación de los estados a las familias.

 Así, igual que una familia necesita ahorrar para poder gastar y no puede vivir indefinidamente mediante unos ingresos menores que sus gastos, la derecha convenció a la izquierda de que con el estado (pese a ser el emisor de moneda) pasa lo mismo.

 Por tanto, el estado también tendría, según esta retórica, que recaudar impuestos para poder gastar, ya que los déficits públicos serían insostenibles en el largo plazo. Fue de nuevo la Sra. Thatcher la que defendió esta idea de forma más vehemente y afirmó: “no existe tal cosa como la sociedad; lo que hay son hombres y mujeres individuales, así como familias”.

 La reacción ya tenía preparado el anzuelo y el cebo de su mentira. La crisis del petróleo y el colapso de la Unión Soviética hicieron el resto. La pesca capturada fue la izquierda. A este ideario Margaret Thatcher lo denominó la doctrina TINA, acrónimo en inglés de There Is No Alternative [No Hay Alternativa].

Hasta ese momento, tanto la URSS como el keynesianismo sí que habían sido alternativas sólidas. El keynesianismo de posguerra, pese a desarrollarse antes de la desaparición del patrón oro, y por tanto antes de la aparición del dinero fiduciario no convertible, liberaba a los estados de la dictadura de los déficits públicos y permitía políticas de pleno empleo bajo la premisa de que si existe paro o recursos ociosos es que el gasto público no es lo suficientemente elevado.

 Por su parte, la URSS vivió varias décadas de relativo bienestar hasta que el empantanamiento gerontocrático surgido del golpe de estado de Breznev desembocara en el criptocapitalismo de Gorbachov.

El patrón oro desaparece definitivamente el 15 de agosto de 1971. Lo que podía haber sido la gran oportunidad de la izquierda para congeniar políticas keynesianas y socialistas se vio truncada por la crisis del petróleo. Los niveles de inflación y de paro aumentaron debido a un aumento en el precio de las materias primas que nada tenía que ver con las políticas de pleno empleo, pero que sin embargo fue la oportunidad que la derecha utilizó para lanzar su gran ofensiva. 

Al electorado se le dijo que las políticas de pleno empleo y de bienestar eran políticas confiscatorias que expoliaban el dinero de las denodadas familias trabajadoras para transferirlo a los vagos y maleantes que decidían no trabajar. Así fue como la crisis del petróleo se llevó por delante a James Callaghan y a Jimmy Carter y dejó paso a la revolución neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

 Por su parte, los partidos comunistas también fracasaron en sus intentos por defenderse del tsunami neoliberal. La URSS seguía embarrada en un modelo económico basado en un patrón oro que ya no existía, así como en una ley histórica que vaticinaba un colapso inevitable del capitalismo que nunca llegó a cumplirse. En occidente, el eurocomunismo intentó alejarse de dicha ley histórica y plantear una alternativa democrática hacia el socialismo.

 El fracaso del eurocomunismo se vio propiciado precisamente por su aceptación de que los impuestos financian el gasto público. La política fiscal pasó a ser la nueva forma tomada por la lucha de clases. Ya no se perseguía eliminar la propiedad privada de los medios de producción, sino llevar a cabo políticas redistributivas de la riqueza mediante la financiación de los estados del bienestar con el dinero recaudado de los impuestos.

El neoliberalismo ya tenía a toda la izquierda, tanto a la socialdemocracia como a lo que quedaba de los grandes partidos comunistas de posguerra, donde quería, es decir, defendiendo la mentira de que los impuestos financiaban el gasto público.

Para el neoliberalismo el resto del camino hasta el día de hoy ha sido muy sencillo. Los partidos de la derecha pasaron a ser los representantes de los trabajadores exitosos. Estos trabajadores defienden con orgullo que gracias a su esfuerzo y dedicación tienen trabajo. Por eso pueden proveer a sus familias de buenos estándares de vida. Se enorgullecen de no necesitar al sector público, al cual consideran como un expropiador de su dinero y de sus recursos. Para ellos, el sector público debe reducirse a la mínima expresión, ejército, policía, adjudicatura y poco más. El sector público es de pobres.

La izquierda se ha convertido en la opción de los marginales y de las clases medias con mala conciencia por, precisamente, haber logrado buenos estándares de vida en un sistema que consideran injusto, pero al cual ya no quieren renunciar. Por eso lavan su conciencia mediante la política fiscal. Pagar muchos impuestos es lo que nos tranquiliza por las noches para poder dormir, es la opción ética, es lo que nos reconecta con nuestros ideales de igualdad de nuestros orígenes, es, en definitiva, lo correcto.

Como no podía ser de otra manera, el que gana en este orden de cosas es siempre el neoliberalismo. Es la izquierda la que permanentemente tiene que hacer concesiones para ganarse a los electores de la derecha, nunca al contrario, y al final siempre gana la banca.

¿Dónde está la alternativa ganadora para la izquierda? En la obra de Warren Mosler y en la teoría monetaria moderna (TMM) en general. La TMM pone al descubierto el verdadero carácter del dinero fiduciario y su funcionamiento. Para empezar, los estados son los únicos emisores de moneda nacional. Por tanto, la moneda nacional utilizada para llevar a cabo el gasto público no surge de los impuestos, sino de los bancos centrales.

 Los estados no se pueden quedar sin su propia moneda por mucho que gasten, ya que el dinero no es una mercancía sino meros apuntes contables. Esto significa que todo aquello que esté a la venta en moneda nacional puede ser comprado por el Estado. Esto incluye la mano de obra desempleada.

 Por consiguiente, el Estado debería emplear a todo aquel que no encuentre trabajo mediante un plan de trabajo garantizado que sirva por una parte para garantizar el pleno empleo permanente por ley y por otra de estabilizador automático de los precios, de manera que el pleno empleo no implique un aumento de la inflación (punto débil de la propuesta keynesiana).

 En este orden de cosas, la inflación no aparecerá hasta superado el nivel de pleno empleo de los recursos reales de la economía. Ese punto, el de pleno empleo sin inflación (al que he bautizado como punto Lerner), es el que debe marcar el nivel de gasto público correcto. El nivel de déficit o de superávit público es irrelevante, lo único a lo que hay que atender es al pleno empleo sin inflación.

El modelo tributario que propone Mosler en su libro no es nada popular entre las mansiones de Galapagar, ya que se basa en un impuesto a los bienes inmuebles que sustituya a todos o la mayoría de impuestos actuales porque “hacer que se cumpla es mucho más sencillo, genera una demanda de gasto público más estable y no desincentiva las transacciones”. 

Una propuesta compatible con esta idea aplicada al caso de España la encontramos en el libro “La especulación inmobiliaria y el silencio de los Corderos” (de Fernando Scornik Gerstein y Fred Harrison). Allí encontramos una propuesta para reformar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) según estas líneas:

• Aumentar mucho el impuesto inmobiliario hasta que sea similar al de otros países europeos.
• Disminuir otras cargas fiscales y establecer eximentes para viviendas modestas ocupadas por su propietario.
• El impuesto inmobiliario debe recaer sobre el valor del suelo libre de mejoras, ya que es el suelo y no las mejoras el que aumenta de precio.
• A medida que se aumente el impuesto inmobiliario deben ir bajando o desapareciendo otros impuestos.
• Gravar el plusvalor de la tierra urbana para luchar contra la especulación.
• Gran aumento de los gravámenes sobre las transacciones inmobiliarias especulativas, es decir, las que se hacen dentro de un cierto período de años tras la adquisición, tal como y como por ejemplo pasa en Alemania y Austria.

En el caso de las viviendas en propiedad y en régimen de alquiler abierto, el Estado debería gravarlas con respecto a su valor catastral actualizado. Por ejemplo, si el valor catastral del suelo y de la vivienda en propiedad de una persona fuera de un 1.000.000 €, esa persona tendría que pagar en impuestos todos los años 10.000 € si el IBI fuera del 1%, 20.000 € si el IBI fuera del 2 %, etc. Las personas que residan en régimen de alquiler abierto no pagarían impuestos al estado, ya que el impuesto a los bienes inmuebles se lo repercutiría el dueño de su vivienda en el alquiler.

 A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler público. Una propuesta de estas características la encontramos en el libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”, donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo cual considero que es un nivel razonable. 

Esta propuesta sumada al pleno empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que competir con la oferta de alquileres públicos.

El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal disminuiría enormemente.

Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente. Sus reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente su nivel de déficit.

 Por consiguiente, los países que como España pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad de El Rubius.

 A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler público. Una propuesta de estas características la encontramos en el libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”, donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo cual considero que es un nivel razonable. 

Esta propuesta sumada al pleno empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que competir con la oferta de alquileres públicos.

El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal disminuiría enormemente.

Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente. 

Sus reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente su nivel de déficit. Por consiguiente, los países que como España pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad de El Rubius."                     (Carlos García, redmmt, 29/01/21)

Hacia un nuevo paradigma de vivienda social cooperativa

 "Cooperativa de vivienda, coovivienda, cohusing, cesión de uso, derecho de uso, vivienda colaborativa… muchos son los nombres que –significando realmente lo mismo o no– se utilizan para describir una realidad de acceso y gestión de la vivienda comunitaria y no especulativa. ¿Pero hay un solo modelo o muchos? ¿De qué se trata exactamente?

Podríamos definir unos elementos básicos como son la propiedad de la vivienda o de los inmuebles por parte de la cooperativa sin transmisión de ningún título sobre ella a: las personas socias habitantes, el derecho de las personas socias a vivir indefinidamente en ellas o a muy largo plazo, la participación y gestión democrática, aportaciones económicas mayoritariamente periódicas (parecidas a un alquiler) y a precio de coste, el traspaso de este derecho de uso de la vivienda de forma no especulativa y a través de la cooperativa y, finalmente, la voluntad de replicar y aumentar el parque de vivienda social y asequible en régimen cooperativo.

Un modelo no especulativo y de alto impacto social

Además de estos elementos, las cooperativas y otras entidades, como REAS, impulsamos un modelo comprometido con la economía solidaria y claramente transformadora.

En primer lugar, desde una fuerte apuesta por el Mercado Social, para proveer bienes y servicios que fortalezcan el ecosistema de la economía solidaria (finanzas y seguros éticos, cooperativas de arquitectos, empresas de inserción sociolaboral o industriales de proximidad en la construcción, consultorías del sector en el ámbito fiscal fiscal, económico y jurídico, equipos de acompañamiento y facilitación, comercializadoras cooperativas de energía verde, etc.).

En segundo lugar, generando dinámicas comunitarias con espacios compartidos internos (comedor-cocina, biblioteca o sala de trabajo o estudio compartido, espacio para invitados, espacio polivalente…) y externos (posibilitando usos para el tejido del barrio o el entorno), así con servicios compartidos (desde una línea de fibra óptica hasta servicios para gente mayor).

También haciendo un esfuerzo en eficiencia energética, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, así como en el ámbito de la inclusión social, favoreciendo viviendas para personas con especial vulnerabilidad o perfiles específicos (víctimas de violencia machista, personas refugiadas y migradas, jóvenes extuteladas, etc.). También es posible generar iniciativas socioeconómicas en el ámbito de la economía solidaria a partir de los locales cooperativos, allí donde los hubiere, y promover el consumo responsable y otras iniciativas entre el grupo de habitantes (por ejemplo en el consumo alimentario ecológico y de proximidad)

Aún así, la esencia del modelo reside principalmente en la propiedad cooperativa de forma indefinida y en la cesión o adjudicación del derecho de usar la vivienda a las personas habitantes, sin ninguna necesidad de instrumentarlo como un derecho real, y en la imposibilidad, pues, de libre transmisión por parte de las personas socias de la vivienda, ya que estas no ostentan ningún título de propiedad. Un proyecto social y ecológico que puede ser privatizado no es un proyecto transformador. Y por este motivo no hablamos generalmente de cohousing o covivienda, pues hacer un cohousing (es decir un modelo convivencial compartido) podría realizarse sobre fórmulas jurídicas muy diferentes, también sobre la propiedad privada. En todo caso, el cohousing o en algunos casos el coliving es uno de los valores del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso. Entendemos que la fórmula cooperativa es la que mejor blinda la ausencia de lucro y gestión democrática. Y hablamos de cesión de uso para clarificar el régimen de tenencia de la vivienda y diferenciarlo de la vivienda cooperativa de propiedad.

Entender la vivienda como un bien de uso para garantizar el derecho a largo plazo y no como un bien de inversión marca una diferencia sustancial respecto el modelo cooperativo tradicional. En el estado español, las cooperativas han construido decenas de miles de viviendas y, una vez realizada la promoción, han adjudicado la propiedad a sus socios, desapareciendo así (socios y ladrillos) de la economía social. Es decir, sin dinámica cooperativa (los adquirentes se hacen socios puntualmente de la cooperativa para adquirir la vivienda) y sin una política para generar vivienda social o asequible (las viviendas van al mercado libre). En el mejor de los casos. Y en algunas comunidades este modelo se ha realizado con vivienda de protección oficial y, por tanto, a precio regulado durante cierto tiempo (raramente con protección indefinida).

La apuesta mayoritariamente por un modelo de propiedad también en el ámbito cooperativo conlleva que existan a día de hoy menos de 200 viviendas en España en manos de cooperativas en cesión de uso. En cambio, en Québec existen 30.000 viviendas asequibles repartidas en 1.300 cooperativas, y en Uruguay otras 30.000 que representan el 2,58% de toda la vivienda del país. En Suiza más de 1.500 cooperativas representan alrededor del 8% del patrimonio inmobiliario nacional, el mismo porcentaje del parque que en Dinamarca, en este caso repartidas en 10.000 cooperativas. Aunque en este último caso, la desregulación y liberalización del modelo de los años 90 supuso un duro golpe a su accesibilidad. Por este motivo, un marco legal estable que blinde el modelo es uno de los retos claves.

Diferentes retos a superar

¿Cómo pasamos de un modelo, por ahora, minoritario e incipiente a un modelo consolidado y creciente? Tenemos varios retos por delante.

En primer lugar, necesitamos un marco legal que facilite las reglas del juego, pero sobre todo blinde el modelo e imposibilite la transformación a una modalidad cooperativa diferente o la venta de la vivienda. Esta es, sin duda, una competencia autonómica (si se desarrolla a través de las leyes de cooperativas o de vivienda), pero también se podría vincular al financiamiento, como en Canadá o Quebec. A través del Plan Estatal de Vivienda existente se podría condicionar la aportación de recursos económicos a cooperativas al blindaje de los elementos de interés general del modelo.

La promoción y construcción o rehabilitación de vivienda es un sector complejo, muy técnico y con un riesgo elevado a diferentes niveles. Es necesario contar con equipos (en gestión de la promoción, fiscal, jurídico, social…) experimentados, solventes y alineados con el modelo dentro de la economía solidaria. A día de hoy, no existe un sector suficientemente sólido, y resulta clave dar apoyo a la creación y consolidación de estos equipos técnicos para fortalecer los proyectos y su viabilidad y contribuir a hacer sostenible la dedicación voluntarista de tantas y tantas personas.

Sería conveniente avanzar hacia un sector estructurado y vertebrado a nivel autonómico y estatal para mejorar la relación e intercambio entre proyectos, especialmente para representar al sector, y mejorar la interlocución política y capacidad de incidencia. Por este motivo, este año se ha creado un grupo de trabajo dentro de REAS para aglutinar los proyectos en este tipo. Esta es una muy buena noticia en las dos direcciones: por el apoyo que está prestando la Red al sector y, por otro lado, para fortalecer esta conexión federal y vincular los nuevos proyectos claramente en las coordenadas de la economía solidaria.

Sin duda a largo plazo también habrá que generar estructuras cooperativas federativas o bascular las federaciones de cooperativas de vivienda existentes (actualmente centradas mayoritariamente en el cooperativismo de vivienda de propiedad) hacia este modelo en cesión de uso. En los países donde el modelo está más maduro, las federaciones de cooperativas ofrecen apoyo y asesoramiento técnico, jurídico y económico gratuito a nuevos proyectos, modelos de documentos, formación, etc.

Hay que superar las dificultades de financiación actuales.

Pero el mayor reto es superar una etapa en la que los proyectos se llevan adelante gracias a enormes esfuerzos personales y unas pocas complicidades de administraciones públicas pioneras. Debemos evolucionar hacia un modelo que cuente con un apoyo público claro y estable a todos los niveles que facilite la escalada, aumente la diversidad social de las personas socias habitantes y garantice un precio asequible.

Un modelo de interés general y con apoyo público

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede ser una realidad diversa y adaptable a distintos contextos, pero la cuestión clave es si puede dar respuesta -también- a la necesidad de vivienda social y asequible, y ser un modelo idóneo para garantizar el derecho a la vivienda para las clases populares y compatible con políticas públicas de vivienda social. Que el mundo cooperativo y de la economía solidaria sean capaces de plantear un modelo de colaboración público y cooperativo en este ámbito es una apuesta estratégica.

En primer lugar hay que fomentar la cesión de suelo por parte de la administración pública. En Catalunya ya se ha demostrado que este es un modelo que, a parte de la dimensión comunitaria y transformadora, genera vivienda social. La cesión de suelo público, durante 75 años, especialmente por parte del Ayuntamiento de Barcelona (que ya ha impulsado 10 proyectos sobre solares municipales vía adjudicación directa o licitación pública), ha permitido calificar de protección oficial las primeras viviendas cooperativas en cesión de uso de todo el estado.

En segundo lugar, la necesidad de impulsar medidas de tipo económico y fiscal para hacer el modelo realmente asequible. Ha habido avances significativos, como la inclusión de la cesión de uso en el Plan Estatal de Vivienda y, consecuentemente, subvención directa a la promoción de vivienda social cooperativa en algunas comunidades. Pero queda un largo recorrido en el ámbito económico (ayudas a la adquisición y cooperativización de vivienda, ayudas a las cooperativistas con rentas bajas para asumir las aportaciones iniciales, etc) o fiscal (consideración de las cooperativas en cesión de uso como especialmente protegidas, reducción del tipo actual de IVA, bonificaciones a nivel municipal, etc) así como en la financiación pública (ICO) o en el impulso de instrumentos financieros y de garantías.

Por otro lado también hay muchas medidas de diferente índole que podrían aplicarse para promover y consolidar el modelo. Por ejemplo, hay que recordar que actualmente 1 de cada 3 viviendas de Copenhague es cooperativa gracias al derecho de tanteo que han tenido los inquilinos daneses para constituirse colectivamente como cooperativa y comprar y financiar el edificio en el que residían.

Esperemos pues, que el nuevo grupo de trabajo de vivienda cooperativa en cesión de uso de REAS pueda profundizar en estos y en otros muchos temas y sea un lugar de encuentro e intercambio de proyectos y equipos técnicos que aspiren a otra forma de vivir, más saludable, más ecológica, más comunitaria... y que también contribuya a generar un modelo de vivienda social a largo plazo. Y así demostrar cómo la economía solidaria y no el libre mercado es el espacio natural para satisfacer necesidades básicas como el derecho a una vivienda digna y asequible."                    (David Guárdia, eldiario.es, 19/11/20)

Los bancos alemanes no prestaron a los griegos y españoles los ahorros del pueblo alemán, simplemente aprovecharon una coyuntura para generar una burbuja inmobiliaria con su capacidad de creación monetaria y recogieron las ganancias mientras se pudo

"En 1969 se llevó a cabo un juicio único en los anales de la historia económica. El caso enfrentó a un ciudadano común y corriente contra un banco. El objeto del litigio y el veredicto deberían cambiar para siempre nuestro pensamiento sobre el dinero, la crisis actual y el portentoso poderío de los bancos.

En 1964 el señor Jerome Daly recibió un crédito hipotecario del First National Bank of Montgomery (en Minnesota, Estados Unidos) por 14 mil dólares. Cuando Daly se atrasó en sus pagos el banco quiso cobrarse con la casa. El litigio acabó en un juzgado del condado de Credit River, nombre cargado de una bonita ironía. 

El señor Daly argumentó que en todo contrato deben existir contraprestaciones, y si bien él había dado su casa en garantía hipotecaria el banco no había ofrecido ninguna contraprestación. Por tanto, el título hipotecario debía ser considerado nulo de pleno derecho y debía negarse la pretensión del banco de adjudicarse la casa.

Para demostrar que el banco no había ofrecido una contraprestación, Daly alegó que el banco no poseía el dinero de la hipoteca y que dicha suma había sido creada de la nada en el momento de autorizarse el crédito. 

Es decir, al acreditar en su contabilidad que se otorgaban 14 mil dólares al señor Daly, el banco había creado dinero y no lo había sacado de un activo preexistente. En otras palabras, el banco no acudió a su bóveda para retirar esa suma en billetes para prestársela al señor Daly.

Un testigo clave le dio la razón. En el proceso fue llamado a declarar el señor Lawrence Morgan, presidente del First National Bank of Montgomery. En su testimonio declaró que, en efecto, su banco había creado íntegramente los 14 mil dólares al inscribir una entrada en su contabilidad acreditando dicha suma al señor Daly, tal como si éste hubiera realizado un depósito por esa cantidad. 

En las curiosas palabras del funcionario del banco, tanto el dinero como el crédito comenzaron su existencia cuando fueron creados de esta forma.

El señor Morgan admitió frente al juez que al otorgar un préstamo su banco aceptaba un pagaré o una garantía a cambio de acreditar la suma en la cuenta del deudor. Nada de esto modificaba el monto de las reservas, aunque sí cambiaban los depósitos (porque habían sido creados por la apertura del crédito). Todo esto quiere decir que el banco no ofreció en contraprestación algo que le pertenecía. Sólo hizo una inscripción en su contabilidad.

En su veredicto el jurado determinó que el contrato hipotecario era nulo, porque carecía de una contraprestación legítima por parte del banco. En consecuencia, la pretensión del banco de adueñarse de la casa del señor Daly carecía de bases legales. La sentencia dio la razón al señor Daly, y éste pudo conservar su casa.

Las implicaciones de este juicio son de gran relevancia en los tiempos que corren. Lo que dicen el veredicto y el testimonio del funcionario bancario es que cada vez que un banco otorga un crédito, ya sea hipotecario, de consumo, en tarjeta de crédito o para un inversionista, en realidad no está prestando una cantidad de dinero que previamente estaba en su posesión.

 Está creando dinero de la nada. Ya sé que eso le parece difícil de creer a una persona que lleva escuchando toda su vida cómo los bancos prestan el dinero de los ahorradores. Pero si consideramos cómo funciona un banco podemos ver que el fallo en el juicio Daly vs First National Bank of Montgomery es apegado al funcionamiento del sistema bancario en una economía monetaria.

Un banco no funciona como una zapatería. Si usted solicita un crédito, el gerente del banco no va a verificar si todavía le quedan depósitos en el almacén para entregarle el monto solicitado. Cuando le autoriza un préstamo le abrirá una cuenta en el banco y usted podrá verificar que tiene un saldo a su favor, tal como ocurriría si usted hubiera ido a depositar el dinero en el banco. 

Y si este ejemplo no le acaba de convencer, imagínese cómo funciona el préstamo que le otorga el banco cuando usted dispone de una tarjeta de crédito. ¿Verificará el banco que todavía les quedan depósitos para autorizar cada transacción?

Lo anterior no significa que no hay gente que acuda a depositar algunos ahorros en un banco. Pero sí quiere decir que la rentabilidad de los bancos no viene de prestar esos depósitos.

Pasando a la crisis: los bancos alemanes no prestaron a los griegos y españoles los ahorros del pueblo alemán, simplemente aprovecharon una coyuntura para generar una burbuja inmobiliaria con su capacidad de creación monetaria y recogieron las ganancias mientras se pudo. Al llegar la crisis reclamaron el pago y el rescate, igual que el First National de Montgomery.

Al igual que el señor Daly, pero con más razón, los pueblos europeos deben rechazar la maniobra que hoy les reduce a la condición de esclavos de los bancos. Esto es especialmente relevante hoy, que se incrementan los suicidios por desalojos hipotecarios.

Al banco le conviene que usted esté en deuda. ¿A usted le conviene que los bancos puedan crear dinero de la nada?"             (Alejandro Nadal, La Jornada

, Jaque al neoliberalismo, 19/12/2012)