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11/9/23

La narrativa del "milagro económico de Pinochet" es profundamente engañosa... Chile fue sometido a dos rondas de terapia de choque de los "Chicago Boys"... la primera ronda (1975-1982) terminó en una crisis económica devastadora en la que la renta per cápita cayó por debajo de la de 1960. La crisis se resolvió con un rescate masivo del sistema bancario por parte del gobierno... los rescates financieros forman parte del mecanismo por el que el neoliberalismo concentra la riqueza. Más que eso, también ilustra cómo el Neoliberalismo requiere persistentemente que el gobierno lo rescate de sí mismo... A la crisis económica de 1982 le siguió una segunda ronda de la política de los Chicago Boys, la década de 1980 puede considerarse como un periodo de larga recuperación desde las profundidades de una depresión económica. En este sentido, se pueden establecer paralelismos con Argentina en la década de 2000... en los 90 hubo un beneficio macroeconómico de las políticas de los Chicago Boys que transformaron a Chile en el hijo predilecto del neoliberalismo. Esa ganancia provino de hacer de Chile un paraíso para el capital internacional... la ganancia macroeconómica se produjo a costa de una supresión de la participación de los salarios y una alta participación del capital, de modo que Chile tuvo la mayor desigualdad de ingresos de la OCDE a finales de la década de 2000

 "El 11 de septiembre de 2023 se cumplen cincuenta años del golpe militar del general Pinochet contra el presidente chileno Salvador Allende. Aunque en la actualidad se reconoce ampliamente que Pinochet autorizó abusos a gran escala de los derechos humanos, existe una narrativa paralela según la cual también desencadenó un milagro económico al adoptar la visión de los "Chicago Boys" de Milton Friedman de una economía de mercado.

La narrativa del "milagro económico de Pinochet" es profundamente engañosa. Peor aún, es una amenaza política por dos razones. En primer lugar, corre el riesgo de promover tácitamente la idea de que la dictadura puede ser legítima en la medida en que ofrezca un camino hacia la prosperidad. En segundo lugar, el régimen de Pinochet abrazó el neoliberalismo, que promueve tendencias antidemocráticas al fracturar la sociedad. La afirmación de un milagro económico de Pinochet presta apoyo al neoliberalismo, fomentando así la aceptación del neoliberalismo a pesar de sus tendencias antidemocráticas.

Por estas razones, el debate sobre la política económica de Pinochet sigue siendo de vital importancia. El quincuagésimo aniversario del golpe de Pinochet es una oportunidad para cuestionar el pernicioso mito del milagro, que forma parte cada vez más de la sabiduría convencional.

Desmontando el mito del milagro económico de Pinochet

 Abordar el mito de Pinochet es difícil. En primer lugar, los defensores del neoliberalismo tratan de convertir el debate en uno sobre las políticas socialistas del Presidente Salvador Allende, cambiando así de tema. En segundo lugar, las economías son complejas, por lo que una verdadera medida del efecto Pinochet requiere restar las ganancias de otras fuentes.

Para empezar, cabe señalar que el programa económico del Presidente Allende fue objeto de un extraordinario sabotaje económico auspiciado por las élites chilenas y Estados Unidos. La huelga de camioneros chilenos de 1972 contó con la ayuda de la CIA, paralizó la economía e hizo que la inflación se disparara. Las empresas multinacionales estadounidenses iniciaron una huelga de inversiones (con la aprobación del gobierno de EEUU), y también se paralizó la compra de cobre chileno, lo que aplastó los ingresos en divisas de Chile. El gobierno de Allende se vio acosado por el desorden interno y su programa podría haber fracasado de todos modos. Sin embargo, es dudoso que cualquier economía en desarrollo pudiera tener éxito ante un ataque económico tan concertado.

 Dicho esto, el argumento del mito se refiere a las políticas de Pinochet, y no a las de Allende. El argumento comienza reconociendo que Chile fue sometido a dos rondas de terapia de choque de los "Chicago Boys", y la primera ronda ha sido totalmente excluida de la narrativa del milagro de Pinochet. Esa primera ronda (1975-1982) terminó en una crisis económica devastadora en la que la renta per cápita cayó por debajo de la de 1960. La crisis se resolvió con un rescate masivo del sistema bancario por parte del gobierno. Se trata de un ejemplo clásico de lo que se ha convertido en una característica habitual del neoliberalismo: los rescates financieros forman parte del mecanismo por el que el neoliberalismo concentra la riqueza. Más que eso, también ilustra cómo el Neoliberalismo requiere persistentemente que el gobierno lo rescate de sí mismo.

 A la crisis económica de 1982 le siguió una segunda ronda de la política de los Chicago Boys, asociada a un mayor éxito macroeconómico. El rescate restableció la estabilidad financiera, y la década de 1980 puede considerarse como un periodo de larga recuperación desde las profundidades de una depresión económica. En este sentido, se pueden establecer paralelismos con Argentina en la década de 2000.

 En la década de 1990, entraron en juego otros factores. Chile es uno de los principales exportadores de cobre del mundo, y los últimos veinticinco años han sido un periodo de auge para el cobre. Además, Chile es un importante exportador de litio, que se ha convertido en otra materia prima en auge durante la última década. La consecuencia es que gran parte del éxito macroeconómico de Chile se debe a su dotación única de recursos, acorde con los tiempos, y no al giro de Pinochet hacia el neoliberalismo.

Dicho esto, hubo un beneficio macroeconómico de las políticas de los Chicago Boys que transformaron a Chile en el hijo predilecto del neoliberalismo. Esa ganancia provino de hacer de Chile un paraíso para el capital internacional y luego insertar al Chile neoliberalizado en la emergente economía neoliberal globalizada en la década de 1990. Sin embargo, la ganancia macroeconómica se produjo a costa de una supresión de la participación de los salarios y una alta participación del capital, de modo que Chile tuvo la mayor desigualdad de ingresos de la OCDE a finales de la década de 2000.

Desde 2010, se ha producido una cierta reducción de la desigualdad. Sin embargo, se puede argumentar razonablemente que la mejora se debe a la base de recursos naturales de Chile y no a que el modelo económico sea bueno. Eso explica la aparente paradoja por la que los chilenos de a pie han protestado enérgicamente contra el modelo a pesar de su éxito macroeconómico superficial.

 Un último punto es que Pinochet también mantuvo muchas innovaciones estatales del pasado. Así, la minería del cobre siguió siendo de propiedad pública y Chile sigue teniendo un sistema nacional de salud. Esto refuerza aún más el argumento de que no hubo un "milagro económico de Pinochet". Por el contrario, el efecto de Pinochet fue llevar a Chile en una dirección opresiva e inigualitaria. En resumen, el mito del milagro económico no sólo da un apoyo indirecto al autoritarismo, sino que también hace afirmaciones manifiestamente falsas sobre los beneficios económicos del neoliberalismo.

Conclusión: un doble movimiento peligroso

En los últimos treinta años se ha producido un doble movimiento que reconoce los abusos de Pinochet en materia de derechos humanos, pero luego los excusa sutilmente alegando que desencadenó un milagro económico. La afirmación de un milagro económico de Pinochet es falsa, y también es políticamente peligrosa por el apoyo tácito que da a la dictadura y al neoliberalismo.

Los mitos son siempre difíciles de desmentir. El mito del milagro económico de Pinochet es especialmente difícil, ya que lo promueven tanto los economistas neoliberales "duros", políticamente conservadores, como sus colegas liberales "blandos", más compasivos.

 Es fundamental que conozcamos bien el historial económico de Chile, ya que el debate tiene implicaciones que van mucho más allá de la economía. La realidad es que el general Pinochet es un ejemplo perdurable de los males de la dictadura. El golpe de Estado contra Allende ofrece una ventana a las realidades del comportamiento de la política exterior estadounidense. El éxito macroeconómico de Chile se debe en gran medida a su dotación de recursos naturales y al legado de las intervenciones estatales del pasado. La economía chilena es un ejemplo de las contradicciones económicas del neoliberalismo, en el que los "mejores" obtienen malos resultados y su único mérito es que los demás obtienen peores resultados. Por último, el mito del milagro económico de Pinochet presta un cruel apoyo a las tendencias antidemocráticas."                   

(Thomas Palley es un economista estadounidense que ha sido economista jefe de la Comisión de Examen Económico y de Seguridad Estados Unidos-China. Brave New Europe, 11/09/23; traducción DEEPL)

17/8/22

El asesor de Biden para Latinoamérica: “Hace 40 años EE UU habría evitado la elección de Petro”... tarde, pero llega la admisión de una realidad que vivieron directamente los países de la región... pero, viene el pero... también ha asegurado que América Latina es “una reserva estratégica para Estados Unidos... cuya prosperidad y estabilidad le permite a Estados Unidos jugar un rol liderazgo a nivel global”... y el que avisa no es traidor... ahora somos muy demócratas, pero que Petro no se pase

 “Hace 40 años Estados Unidos habría hecho todo lo posible por evitar la elección de Gustavo Petro y, una vez elegido, habría hecho todo lo posible para sabotear su proyecto. Eran las políticas de la Guerra Fría”. Ante más de 2.000 empresarios colombianos, así ha empezado su intervención Juan González, el cartagenero que habla al oído del presidente estadounidense Joe Biden y es asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental.

La admisión de una realidad que vivieron directamente otros países de la región le ha servido a González para decir que esas políticas “hasta cierto punto, para algunos son una justificación de unas perspectivas revisionistas que caracterizan la política de los Estados Unidos dentro de un contexto de la manifestación local de un imperio”.

 El funcionario del Gobierno estadounidense ha asegurado en el Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que hoy esa relación es diferente. “Al igual que la política tiene que evolucionar, la colaboración también. Como reconocemos que este fue un Gobierno elegido legítimamente en base al cambio y nosotros, dada la importancia de Colombia, nos hemos preparado para navegar ese cambio y para comunicar nuestros intereses de una forma directa y constructiva”, ha dicho González, que ha señalado su disposición para trabajar con el presidente y con el sector privado.

El pronunciamiento del cartagenero se ha hecho ante un auditorio repleto de industriales que también intentan “navegar” el cambio que significa el primer Gobierno de izquierda en Colombia. El asesor de Biden ha sido claro: “No importa la ideología o dónde esté el espectro político de un gobierno. Si es elegido y gobierna democráticamente, nosotros vamos a avanzar en puntos de interés común. También vamos a comunicarles nuestras preocupaciones”.

 González ha asegurado que América Latina es “una reserva estratégica para Estados Unidos”, porque es la región donde hay más países democráticos, “no está en guerra” y “cuya prosperidad y estabilidad le permite a Estados Unidos jugar un rol liderazgo a nivel global”.

 Apenas cuatro días atrás, durante su discurso de posesión, Petro criticó la política de drogas en la que Estados Unidos juega un papel esencial. “(La guerra contra las drogas) Ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, ¿y qué deja? 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año”, dijo el presidente al plantear que se trataba de un fracaso porque “fortaleció las mafias y debilitó los Estados” (...)

Así como habló de transición energética, afirmó que el Gobierno de Petro los ha invitado a participar en diálogos de paz, aunque no precisó si se trata de la implementación del acuerdo ya en curso con las FARC o la búsqueda de diálogos con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. “El gobierno nos ha invitado a participar del capítulo étnico del acuerdo de paz”, dijo González a través de una transmisión virtual. Señaló que a Estados Unidos le interesa trabajar porque las comunidades afro e indígenas para que no sean “una pieza de ajedrez del conflicto armado” y remató diciendo que “hay mucho optimismo” sobre ese trabajo con el nuevo gobierno.

“Nosotros, de hecho, buscamos también la oportunidad de aprender de las experiencias de los colombianos y seguir comprobando que lo mejor para nosotros es solo cultivar una relación bilateral, porque Colombia no solo tiene impactos regionales sino también globales y es respetada por el mundo”, afirmó. (...)"                (Catalina Oquendo, El País, 11/08/22)

10/3/22

El lawfare combina estrategias jurídicas ilegítimas con estrategias mediáticas para destruir, a ojos de la opinión pública, al rival político... el caso más conocido es el de de Lula da Silva, ejemplo paradigmático del lawfare. El caso de Brasil destaca por la injerencia jurídica y política del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Operación Lava Jato, la saña con que actuó el juez Moro, pupilo de los cursos de formación de EE.UU. y posterior ministro de Justicia de Bolsonaro, la voluntad explícita de EE.UU. de participar en el negocio de las reservas petroleras del Pré-Sal debilitando la posición de la estatal Petrobras o de neutralizar la política exterior soberana y multipolar de Brasil. Para lograr estos objetivos, se armaron un gran número de causas contra Lula... La multiplicación de causas escasamente fundadas, la creación ad hoc de pruebas y testimonios premiados, la vulneración de la presunción de inocencia por la acción de los medios, el doble rasero en la aplicación de la ley o el retorcimiento de esta, con sus variantes locales, son elementos presentes también en la persecución a Rafael Correa, en Ecuador, o a Cristina Fernández, en Argentina. Esto permite hablar de una pauta de actuación similar

 "Arantxa Tirado Sánchez (Barcelona, 1978) es una de las politólogas heterodoxas más relevantes de nuestro país. Colaboradora del programa de radio Julia en la Onda, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo su segundo doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en política latinoamericana. 

Hablamos con ella de su último libro, editado por Akal, El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley en el que caracteriza y explica el fenómeno del lawfare como un nuevo golpismo blando promovido por los EE.UU. contra los gobiernos de izquierdas en América Latina. En esta entrevista le proponemos cruzar el Atlántico y preguntarnos si las dinámicas golpistas propias del lawfare se pueden estar dando también en España.  

Lawfare no es un término novedoso, pero sí lo es la centralidad que está adquiriendo para describir una forma de hacer política por medios no democráticos. ¿Cómo lo definirías en unas pocas frases? 

Desde mi perspectiva, el lawfare, o la guerra jurídica, es el uso de una combinación de mecanismos legales, mediáticos y económicos para neutralizar, o incluso aniquilar, a un enemigo político. Es un término que surge en el ámbito militar y, por tanto, se puede considerar una táctica bélica que, por vía de la judicialización de la política, la aplicación de una legislación extraterritorial unilateral, o la injerencia en los sistemas legales y judiciales a través de mecanismos de cooperación asimétrica, logra justificar los objetivos de reconfiguración geopolítica de Estados Unidos en América Latina bajo discursos de lucha contra la corrupción y de defensa del Estado de derecho.  

En tu libro la genealogía del lawfare nos lleva a EE.UU. y a su política exterior, en especial su política exterior hacia América Latina ¿Se trata de una forma menos cruenta que los golpes clásicos para tratar de tutelar a la región?

Se podría afirmar que el lawfare es una manera más sutil de injerencia política que deja menos rastro por su diseño más quirúrgico pero que cumple el mismo objetivo de cambio de régimen. Durante la Guerra Fría, EE.UU. percibía la insurgencia de los pueblos del continente, o la llegada de la izquierda al gobierno, como un mal a extirpar de cuajo, con métodos brutales. 

La contrainsurgencia militar arrasaba poblaciones enteras en una política de tierra quemada como en Guatemala o desaparecía a decenas de miles de militantes políticos, como en Argentina o Chile, para evitar lo que percibían como una extensión del comunismo. Hoy la realidad geopolítica ha cambiado, pero EE.UU. sigue viendo todavía a la izquierda latinoamericana como un enemigo a neutralizar. La influencia de la opinión pública mundial tiene más peso en la agenda política y Estados Unidos debe mantener al menos las apariencias democráticas y tratar de presentar las acciones imperialistas bajo un discurso justificativo sobre sus buenas intenciones. 

Esto no es nuevo pero, tras la guerra de Irak, EE.UU. trata de minimizar el impacto de los “daños colaterales”, incluso en las periferias. Por ejemplo, con intervenciones bélicas más focalizadas, con uso de drones para asesinatos selectivos, bajo la idea de la “guerra limpia”, y también con golpes de Estado parapetados en supuestas irregularidades electorales, como fue el caso de Bolivia en 2019. El lawfare entra dentro de esa lógica de usar otros instrumentos armamentísticos para hacer la guerra: la ley, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etc.

 Y no es sólo un tema de tutelar a la región sino de disciplinar a esas fuerzas de la izquierda que llegaron al gobierno tras los años de hegemonía neoliberal pretendiendo desviarse de la influencia estadounidense, aunque fuera mínimamente, con políticas soberanas sobre los recursos naturales de sus respectivos países. Una izquierda que dificultó la penetración de los intereses de las empresas estadounidenses en un territorio que EE.UU. concibe como su área natural de expansión y que, bajo el impulso venezolano, puso en marcha mecanismos de concertación e integración política alternativos al diseño geopolítico estadounidense. Neutralizar estas iniciativas es también el verdadero tema de fondo en el marco de la disputa geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China por el control de recursos y mercados en América Latina, y a escala mundial, además de la lucha por conservar la hegemonía política de Estados Unidos a escala regional y planetaria.

El lawfare combina estrategias jurídicas ilegítimas con estrategias mediáticas para destruir, a ojos de la opinión pública, al rival político ¿Podrías ponerme algunos ejemplos? 

El más conocido es el de Lula da Silva, ejemplo paradigmático del lawfare. El caso de Brasil destaca por la injerencia jurídica y política del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Operación Lava Jato, la saña con que actuó el juez Moro, pupilo de los cursos de formación de EE.UU. y posterior ministro de Justicia de Bolsonaro, la voluntad explícita de EE.UU. de participar en el negocio de las reservas petroleras del Pré-Sal debilitando la posición de la estatal Petrobras o de neutralizar la política exterior soberana y multipolar de Brasil. 

Para lograr estos objetivos, se armaron un gran número de causas contra Lula, acusándolo de corrupción por trato de favor en contratos o de haber recibido un apartamento que no llegó a pisar nunca. Querían evitar que se pudiera presentar a las elecciones de 2018, donde las encuestas le daban una holgada victoria. La maquinaria mediática se activó para posicionar esta imagen corrupta de Lula (y también de Dilma Rousseff, que había pasado por un muy cuestionable proceso de impeachment previo) usando a los principales medios de comunicación. Estos se dedicaron durante meses a bombardear sobre los casos de manera sensacionalista, estableciendo una suerte de juicio paralelo, en una operación que bien se pudiera tildar de manipulación de masas. 

Una práctica enfocada a condicionar a la opinión pública brasileña, a la que se sumó un poder judicial y un ministerio fiscal que, coordinados, iban filtrando parte de la información a la prensa para obtener mayor impacto, vulnerando la supuesta imparcialidad del poder judicial, la presunción de inocencia o el debido proceso. Además de las irregularidades procesales, en el lawfare contra Lula se aplicaron herramientas jurídicas que han abierto un debate entre los penalistas más críticos. Finalmente Lula ha acabado siendo absuelto en varias de las causas, otras han sido archivadas, mientras que el juez Moro está siendo investigado por parcialidad.

 La multiplicación de causas escasamente fundadas, la creación ad hoc de pruebas y testimonios premiados, la vulneración de la presunción de inocencia por la acción de los medios, el doble rasero en la aplicación de la ley o el retorcimiento de esta, con sus variantes locales, son elementos presentes también en la persecución a Rafael Correa, en Ecuador, o a Cristina Fernández, en Argentina. Esto permite hablar de una pauta de actuación similar. 

En el caso de Cristina Fernández destaca, además, la intervención en contra de la presidenta por personajes vinculados a los servicios de inteligencia extranjeros y un encarnizamiento mediático, tildado como “periodismo de guerra” por el mismo Grupo Clarín, seguramente agravado por su condición de mujer, pues para destruir su imagen pública se llegó a cuestionar su salud mental, en una lógica de actuación que hace recordar a aquellos que tildaban a las mujeres de histéricas y desequilibradas. Pero el “desequilibrio” de Cristina Fernández era el mismo que tenía Rafael Correa: tratar de democratizar el espectro mediático de sus respectivos países, algo que estos medios hegemónicos y los grupos de poder vinculados a ellos, no les perdonaron.

 Las técnicas de guerra cultural de la nueva ultraderecha reaccionaria se inscriben claramente en una nueva época donde las viejas normas de la democracia liberal son despreciadas sistemáticamente ¿Qué opciones tiene la izquierda para enfrentarse a una derecha que miente y provoca sin complejos? 

Esta es una pregunta clave pero me temo que su respuesta teórica, siendo compleja, es mucho más fácil que el intento de llevarla a la práctica. La ultraderecha siempre juega con ventaja. La primera es que no tiene límites ni escrúpulos. Además, puede permitirse cuestionar las reglas del juego sin que eso tenga repercusiones negativas pues, en el fondo, bajo un discurso aparentemente rupturista lo que hace es defender el funcionamiento del sistema capitalista. Esto el poder lo sabe, de ahí su connivencia o incluso relación orgánica con estas opciones políticas, como muestra el caso de Vox en España. La experiencia histórica ha demostrado que el poder económico, que es el que realmente manda, ha prescindido de la forma política de la democracia liberal cuando lo ha considerado preciso, a la Alemania nazi o al Chile de Pinochet me remito. 

La izquierda, por el contrario, no se siente cómoda en el juego sucio de la ultraderecha. Su tradición política es otra y está vinculada a la defensa de la verdad, como vía para la emancipación. Además, debe mantener las formas, incluso no se le permite expresar abiertamente sus propuestas de un ordenamiento político, económico y social alternativo, cuando las tiene, so pena de una marginación institucional o linchamiento mediático. 

Además, hay otros aspectos de debilidad de la izquierda que dificultan desarmar la estrategia de la ultraderecha. La izquierda está yendo a contrapelo de esas guerras culturales. La ultraderecha logra marcar la agenda del debate político en redes, desviando la atención hacia discusiones estériles y logrando que la izquierda tenga que perder tiempo defendiendo derechos ya adquiridos que no deberían ser siquiera cuestionados. Eso en el mejor de los casos. En otros, hay una izquierda dividida y peleada entre sí.

 Pienso, por ejemplo, en cómo se ha abordado en las redes la Ley Trans en España, avalando por parte de cierto feminismo y cierta izquierda los argumentos y la estrategia de la ultraderecha de usar casos anecdóticos como amenazas generalizadas que justifiquen políticas discriminatorias a determinados colectivos. Hace falta mucha claridad ideológica en estos tiempos y eso pasa por la formación política y por la pedagogía, además de por fomentar el pensar en colectivo frente al individualismo actual. Este, producto de años de hegemonía neoliberal, permite que cale la insensibilidad sobre la que se construye ese “otro” que la ultraderecha presenta como el enemigo.

En definitiva, se necesita una izquierda que no mire tanto a qué hace la ultraderecha, sino que logre marcar los temas de la agenda política, con un discurso propio, que recupere la tradición de los valores colectivos de la izquierda, sin ningún tipo de flirteo con las ideas de la ultraderecha, desmontando sus mentiras y contradicciones con argumentos, eligiendo bien cuándo y dónde confrontarla, para tratar de llevarla a un terreno donde su modus operandi sea menos efectivo. Sin olvidar que lo más efectivo siempre es demostrar con hechos a la clase trabajadora que la izquierda es la opción política que realmente sirve para defender sus intereses. 

¿Hasta qué punto las redes sociales son un terreno de combate relevante en la nueva guerra cultural? 

Son esenciales porque las guerras culturales contemporáneas no pueden entenderse, de hecho, sin el papel de las redes sociales. En la actualidad esta ultraderecha puede posicionar sus mentiras y provocaciones de manera más extendida y efectiva, por el propio formato de redes como Twitter, no diseñadas para el intercambio de ideas sino para las consignas, la simplificación de argumentos y la polémica, donde se pueden posicionar y replicar fake news a golpe de talonario. Pero que lo hace también gracias al crecimiento de Instagram, donde la imagen importa más que los argumentos, o usando influencers en canales de YouTube que ven miles de personas. Y aquí hay que reconocer que la izquierda está siendo reactiva y va también a remolque. 

No creo que sólo debamos enfocarnos a la guerra cultural y a las redes sociales, pero me parece fundamental la disputa en ese terreno pues tiene un peso grande a la hora de conformar el imaginario político de buena parte de la sociedad actual, sobre todo de los jóvenes. Aunque, por supuesto, hay, y debe haber, vida política fuera del mundo virtual, es innegable el impacto que las redes sociales tienen en tanto los medios tradicionales replican sus contenidos y la política se ha desplazado en parte a ellas porque los líderes las usan como ágora principal, para bien o para mal. 

En tu libro pones muchos ejemplos latinoamericanos de lawfare contra la izquierda pero, si me permites una crítica, eres más prudente a la hora de hablar de lawfare en España contra Podemos y los independentistas, no tanto porque no te parezca grave lo que ha sucedido, como por el hecho de que no aparece EE.UU. como operador. ¿Crees que está pendiente el libro sobre el lawfare en España? Quizá deberíamos ponernos a ello. 

Sí, es cierto que mi libro se enfoca en los casos de América Latina y pasa de puntillas en la introducción sobre el lawfare en España, aunque retomo esta conexión en la parte final para lanzar algunas advertencias. Esto es así, primero de todo, porque el libro se hizo con la voluntad de denunciar las nuevas modalidades de injerencia de EE.UU. en América Latina desde una caracterización del lawfare como arma bélica para la reconfiguración geopolítica, tratando de diferenciarla de la mera judicialización de la política. Ese elemento geopolítico con EE.UU. como actor principal en la sombra no se percibe, al menos no de manera directa, en el caso español y catalán, donde operan otras variables y donde el marco geopolítico tiene otras coordenadas por la pertenencia de España a la Unión Europea. Digamos que aquí la UE ya ejerce de camisa de fuerza para la contención política, es decir, para garantizar que cualquier fuerza de la izquierda que llegue al gobierno tenga unos márgenes de actuación bastante limitados, por decir lo menos, como demuestra dramáticamente el caso de Syriza en Grecia.

Sin embargo, creo que se puede hablar de lawfare para el caso español porque la persecución judicial y mediática a varios cargos de Unidas Podemos, al propio partido de Podemos inventando financiaciones bolivarianas con difusión de pruebas falsas de manera coordinada en programas de máxima audiencia, o la arremetida judicial, política y mediática contra las posiciones del independentismo catalán, negando su legitimidad, exceden la mera judicialización de la política. 

Nos encontramos ahora mismo en España en un terreno peligroso: una justicia politizada, con un sesgo ideológico conservador y de clase muy marcado, está usando la ley como herramienta de disciplinamiento político, de la mano de unos medios parcializados, sean privados o incluso públicos, lo cual es todavía más grave, que establecen cuál es la agenda política y dónde están los límites posibles de la acción política legítima. Esta se encuentra siempre circunscrita en un espectro que va del centro-izquierda hacia una derecha que, por el contrario, no tiene límites para expandirse hacia su derecha, ni cuestionamientos contundentes en estos mismos medios sobre su ultraderechización. 

De hecho, estos medios marginan a ideas de izquierda más rupturistas mientras están dando cabida de manera desproporcionada a voces mediáticas que permiten normalizar el marco de análisis de la ultraderecha. El resultado es que legitiman unas ideas excluyentes volviéndolas parte de un sentido común que no se corresponde con la sensibilidad mayoritaria de los ciudadanos españoles pero que, por el eco mediático que reciben, refuerzan las posiciones neofascistas, al menos en el debate público, con cierta traslación en lo electoral también. 

Creo que esta ofensiva mediático-judicial es muy grave, en efecto, y pone en evidencia las trampas de los pilares discursivos en que se sostienen las democracias liberales, mostrando algunas de sus limitaciones. Por ejemplo, en cuanto al respeto que debiera existir ante la voluntad soberana de quienes optan por opciones de transformación económica y ampliación democrática en regímenes que no aceptan, en el fondo, el cuestionamiento de sus fundamentos económicos y políticos.

 No es un problema exclusivo de España pero hace falta explicar cómo opera aquí. Creo que ese libro que propones no tardará porque el lawfare forma parte inevitable del debate político actual. Me consta que en la academia ya hay gente trabajando en el lawfare español y hace meses se publicó un libro sobre el lawfare catalán. Es muy importante que se incorporen más perspectivas al análisis, también desde el ámbito jurídico y no sólo periodístico, sea denunciando el lawfare como ataque a los propios pilares de la democracia liberal, sea analizándolo como parte de un tradicional uso de la ley como expresión de un poder de clase inherente a las democracias liberales. 

Facilita que la sociedad tome conciencia de cómo opera el poder a la hora de evitar cualquier cambio sustantivo y ayuda a tomar conciencia colectiva sobre la necesidad de construir alternativas, sin olvidar que el lawfare es una más de las estrategias del poder, pero no la única.  

Te lanzo ahora un cuestionario rápido. Yo lanzo una voz para un posible diccionario sobre el lawfare y tú haces la descripción de la voz. 

Lula: Un caso paradigmático de cómo se ha usado la persecución judicial para la reconfiguración geopolítica. Su absolución en varias de las causas y el archivo de otras demuestran el carácter totalmente instrumental de las acusaciones en su contra. 

Jeanine Áñez: una golpista que se presenta como víctima de un lawfare inexistente. El colmo del cinismo. 

Rafael Correa: un presidente condenado al exilio por culpa del lawfare que ha tenido en su sucesor a uno de sus principales verdugos. Su mayor delito parece haber sido señalar la falta de democracia mediática y el monopolio existente en los medios de comunicación. 

Juan Guaidó: el títere del fracaso más estrepitoso del golpismo estadounidense en América Latina. 

Kast: el pinochetismo del siglo XXI, muestra viva de las conexiones entre el fascismo histórico y la ultraderecha actual, heredera de la tradición golpista latinoamericana.

Fernández Díaz: el cerebro del Informe Pisa contra Podemos, entre otros, símbolo de esas familias “bien” que siguen creyendo que el Estado es suyo y que pueden operar a su antojo usando las instituciones para la perpetuación de su poder económico y político.

Ana Rosa Quintana: la operadora mediática al servicio de los poderes fácticos españoles, necesaria para la difusión masiva del argumentario de la ultraderecha entre amas de casa y jubilados en horario matutino.

Inda: la pantalla pseudo periodística de las cloacas del Estado español en su versión humana más infame. Ariete principal en la estrategia de neutralización y aniquilamiento de Podemos vía fake news. 

Villarejo: la cabeza visible de la policía política, el fontanero de las cloacas del Estado que dejó de ser útil para ser incómodo. Ejemplo de las continuidades entre la dictadura franquista y el régimen del 78 y de la labor de inteligencia presente en el lawfare."                    

(Entrevista a ARANTXA TIRADO / Autora de ‘El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley’, Pablo Iglesias, CTXT, 02/01/22)

7/9/18

Estimado Sr. Secretrio de Estado, Mike Pompeo: Brasil es nuestro, incluso más nuestro que durante la dictadura militar, Honduras sigue siendo nuestra, Colombia es nuestra... Sinceramente, espero que puedan conservar y construir sobre nuestros logros...

"Antes de que dimitiera en junio, Thomas Shannon era el número tres en el Departamento de Estado de EEUU, y muy influyente en materia de relaciones internacionales con América Latina y el Caribe. A lo largo de sus casi 35 años de carrera profesional, se ganó la reputación de ser un diplomático sumamente eficaz y un habilidoso negociador. 

Durante el Gobierno de Bush, Shannon trabajó como subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental (el más alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe). Fue nombrado embajador en Brasil por el presidente Obama antes de su nombramiento como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, en 2016. 

Desempeñó sus cargos bajo gobiernos republicanos y demócratas, y estuvo involucrado en situaciones muy polémicas, entre las que se incluye el papel que jugó EEUU en el golpe militar en Honduras en 2009, y en los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los presidentes en el Gobierno de Brasil y Paraguay.  (...)

La dimisión de Shannon fue una más entre las muchas que se han producido en el Departamento de Estado durante el Gobierno de Trump, hasta dejarlo mermado y debilitado. En el siguiente texto, Mark Weisbrot imagina cómo asesoraría el embajador Shannon al nuevo secretario de Estado Mike Pompeo, basándose fundamentalmente en el destacado papel que jugó en la política estadounidense en este hemisferio en el siglo XXI.  (...)

2 de julio de 2018

Estimado secretario Pompeo:

(...)  Permítame que empiece por un acontecimiento en el que la diplomacia no es lo primero que le viene a uno a la cabeza: el golpe militar de 2009 que echó del gobierno a uno de nuestros adversarios, Manuel, Mel, Zelaya en Honduras. Como la mayor parte de los presidentes electos de izquierdas en Latinoamérica durante la “marea rosa” de la primera década de 2000, Zelaya no puso en práctica un programa político radical.

 De hecho, no era un político radical; provenía de la clase terrateniente y era un socialdemócrata moderado, defensor de políticas como el incremento del salario mínimo o los comedores escolares. Las corporaciones norteamericanas con base en Honduras, que en aquel entonces creaban decenas de miles de empleos manufactureros, no se sentían especialmente amenazadas por él, incluso a pesar de que no hubiera sido su primera opción en las elecciones. 

 Sin embargo, se convertiría en una amenaza por dos razones: la primera, porque empezó a hablar de la necesidad de convocar una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución en el país, una medida probablemente bastante razonable para la mayor parte de la población hondureña, dado que la Constitución vigente  se aprobó en los años ochenta durante la dictadura militar y no es que fuera muy proclive a las medidas democráticas que se diga. 

Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, no tenía ningún sentido redactar una nueva Constitución puesto que, muy probablemente, la nueva carta magna prohibiría las bases militares extranjeras en el terreno nacional, como en el caso de otras aprobadas en el siglo XXI en países con gobiernos de izquierdas en América Latina.

 Podrá usted imaginar que el Pentágono, entre otros, no tenía intención de perder su mayor base militar en Centroamérica, sobre todo tras quedarse sin su base en Manta, Ecuador, después de que el Gobierno de Rafael Correa introdujera esta prohibición en su nueva Constitución de 2008. (Y Correa tuvo además la insolencia de restregárnoslo en las narices, diciendo que nos dejaría tener una base en Ecuador si les dejábamos tener una base suya en Miami).

La segunda razón favorable al golpe en Honduras fue que, desde nuestro punto de vista, Zelaya formaba parte de una alianza de todos los gobiernos de izquierda incluyendo a Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Nicaragua, en ese momento; El Salvador también acababa de elegir a su primer presidente de izquierdas y Michelle Bachelet, la socialista moderada chilena, se alineaba prácticamente siempre con los otros gobiernos de izquierdas en materia de asuntos del hemisferio. 

Es decir, aunque pueda parecer que un país pobre y con poco poder de influencia como Honduras no es relevante en el contexto más amplio de las cosas, cualquier jugador de ajedrez sabe la importancia que tienen los peones en una partida, sobre todo si uno los puede comer sin sufrir pérdidas materiales o perjudicar su posición. 

Y Zelaya se había unido a una subsección de países más de izquierdas todavía, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Venezuela, Bolivia y Ecuador a la cabeza. No obstante, en aquel momento todos estos países seguían una política exterior bastante parecida, denominada por los más lenguaraces como “antiimperialista”. Huelga decir lo que eso significa para nosotros. 

En todo caso, nuestra labor diplomática fue vital para que el golpe fuera un éxito. La percepción del golpe no sería positiva: el presidente Zelaya fue sacado de su casa a primera hora de la mañana el 28 de junio de 2009, en pijama, puesto rumbo a Costa Rica, con escala en nuestra base militar al sur de Comayagua para repostar. 

Pero tuvimos la cautela de no respaldar el golpe, a la par que dejábamos caer a quien prestara atención a estos asuntos que contaba con nuestra bendición. En su primera declaración, la Casa Blanca no condenó la acción militar e hizo un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales en Honduras” a respetar la democracia. Puesto que era del dominio público que sabíamos que el golpe iba a tener lugar con antelación, el mero hecho de no condenarlo era un mensaje suficientemente claro para quienes entienden el lenguaje diplomático del siglo XXI.

 La cuerpos diplomáticos y de inteligencia de todo el hemisferio lo interpretaron como un indicio de nuestro apoyo al golpe, y a partir de ahí, todos los acontecimientos fueron predecibles y previstos.

 Hillary Clinton, secretaria de Estado en el momento del golpe, resumía en su libro Decisiones difíciles, publicado en 2014, lo que hicimos: “En los días siguientes [después del golpe] hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria [Patricia Espinosa] en México. Nosotros establecimos las estrategias de un plan para restaurar el orden en Honduras y garantizar que elecciones libres y limpias se celebren rápidamente y de manera legítima, lo que haría que la cuestión de Zelaya fuese irrelevante”.

 Detrás de todo ello hubo mucho trabajo diplomático. Teníamos que convencer al menos a una parte del mundo, incluyendo a los medios, de que lo mejor para Honduras era aceptar sin más que el presidente democráticamente electo se hubiera marchado y de que, a pesar de la represión ejercida por el Gobierno golpista –arrestos masivos, violencia por parte de las fuerzas de seguridad, supresión de los medios de la oposición, escuadrones de la muerte– era preciso convocar elecciones lo antes posible, pero evitando el regreso de Zelaya.

Finalmente, como destacaba Clinton, pudimos evitar la vuelta al poder de Zelaya y legitimar las elecciones de noviembre de ese año, que consolidaron al gobierno posterior al golpe, y que para muchos era una dictadura. 

Todo ello a pesar de que la OEA y la UE se negaron a enviar observadores durante la convocatoria electoral, y aunque la gran mayoría de gobiernos del hemisferio no la reconocieran. Pero nosotros nos impusimos y mediante un ejercicio cuidadoso y persistente de diplomacia logramos que la situación se normalizara.

La historia del éxito de nuestra estrategia en Honduras no termina aquí: el mes de noviembre pasado, el Partido Nacional en el Gobierno durante el golpe anunció la reelección de su candidato presidencial en unas elecciones que muchos –incluyendo esta vez a la vasta mayoría de los periodistas internacionales– veían como robadas.

 Luis Almagro, nuestro firme aliado a la cabeza de la OEA dio un paso poco habitual y pidió que volvieran a convocarse las elecciones. Pero, una vez más nuestra diplomacia se impuso. Pedimos a México que fuera el primer país en reconocer las elecciones, y así fue; nosotros “seguimos” su ejemplo. 

El asunto no tardó en enterrarse, junto con las noticias sobre los asesinatos políticos y la represión bajo el gobierno de Hernández, por no mencionar las conexiones con los traficantes de drogas. Y, por supuesto, Almagro y la OEA no tardaron en retroceder en sus posiciones. (Aportamos más del 40% del presupuesto de la OEA, entre otras muchas vías de influencia con las que contamos allí). 

 El asesinato de la activista ecologista Berta Cáceres fue un quebradero de cabeza para nuestras relaciones públicas. Había sido galardonada con el Goldman Prize tan solo un año antes, y contaba con apoyos de ámbito internacional, por lo que obviamente su muerte ocupó las noticias en mucha mayor medida que la de cientos de ecologistas y otros activistas y líderes disidentes asesinados, con total impunidad, desde el golpe. 

Además, cuatro de los nueve arrestados acusados de participar en el crimen estaban vinculados al Ejército, institución en la que hemos invertido mucho. En marzo, tuvo lugar el arresto del supuesto “autor intelectual” del crimen  que, lamentablemente, era un oficial de inteligencia afín a nuestra embajada. 

Todo ello provoca el envío de diversas cartas por parte de muchos miembros del Congreso y propuestas de medidas legislativas pero, gracias a nuestra diplomacia pública, se pudieron minimizar los daños y seguimos con el control de la situación. 

Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt, puede que Hernández sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y Honduras sigue siendo nuestro, como lo fuera en la década de los ochenta, cuando lo utilizábamos como base de operaciones de nuestras guerras para mantener en nuestra órbita a Nicaragua y El Salvador.

 Por supuesto, Honduras es un país pequeño y pobre, pero como ya he mencionado, tiene una importancia estratégica para nuestras bases militares y es clave en nuestra estrategia general de control de las Américas. 

No obstante, en los últimos años nuestra estrategia de contención y retirada nos ha resultado también beneficiosa.  Veamos por ejemplo el caso de Brasil, el segundo país del hemisferio en términos económicos y demográficos, con una extensión territorial mayor que EE.UU. continental. (...)

Sin embargo, miren cuál ha sido su suerte: Dilma Rousseff fue destituida en 2016 y Lula está encerrado en una celda de 3 x 4 metros, acusado de corrupción y blanqueo de dinero. Brasil es nuestro, incluso más nuestro que durante la dictadura militar que contribuimos a instaurar en 1964. 

A fin de cuentas, se trataba de un Gobierno desarrollista y nacionalista, que nos desafiaba con el desarrollo de su propia industria tras las barreras proteccionistas; en cambio, en la actualidad, sus líderes hacen todo lo que está en su mano para obtener inversión extranjera y pretenden librarse de todas las empresas de propiedad estatal que puedan mediante privatizaciones.

Si apostamos por los nuevos líderes brasileños no ha sido por razones corporativas, como defienden muchos de nuestros adversarios. Nuestros intereses son mucho más amplios y son geopolíticos mientras EE.UU. siga siendo “la nación indispensable”. Y Brasil siempre será un país influyente, a pesar de su lamentable gestión económica durante casi cuatro décadas; por lo tanto, necesitan un gobierno de nuestro equipo. 

De hecho, Brasil mejoró su influencia en el ámbito internacional bajo el Gobierno de Lula. En 2010 se produjo un incidente que ilustra muy bien por qué es tan importante mantener nuestra influencia en Brasil y en América Latina en general, y en particular, lograr que su política exterior sea coherente con la nuestra. Ese es el objetivo que no debemos perder de vista, y no su propia política económica interna y ni siquiera sus políticas hacia las corporaciones estadounidenses.

En mayo de 2010, Lula se unió a Turquía, Irán y Rusia para llegar a un acuerdo de canje de combustible nuclear con la intención de intentar resolver nuestro conflicto nuclear con Irán. Si bien el presidente Obama había pedido a Lula mediar en otro momento para alcanzar este tipo de acuerdo, lo cierto es que en ese preciso instante, no nos interesaba. 

No me voy a adentrar en las razones, tan solo decir que los comunicados de prensa que afirmaban que habíamos cambiado de opinión debido a las elecciones en ciernes en EE.UU. eran más que exagerados.

 En todo caso, el malestar de los brasileños fue bastante explícito puesto que  comunicaron a los medios la anterior iniciativa de Obama y, en respuesta a nuestra negación de la misma, publicaron la carta en la que se planteaba la propuesta.   

Huelga decir el malestar que este episodio provocó en Washington, tanto fuera como dentro del Gobierno, y lo cierto es que a partir de ese momento las relaciones con Brasil ya nunca fueron lo mismo. Obviamente, nuestra oposición puso fin al acuerdo, de modo que no hubo que lamentar muchos daños.

Sin embargo, he querido llamar la atención sobre este episodio fundamentalmente para insistir en la importancia de evitar que este tipo de gobiernos se desvíen –cuando empiezan a poner en práctica sus propias políticas exteriores, pueden dañar enormemente nuestros intereses más relevantes, en este caso en Oriente Próximo– a pesar del hecho de que, salvo Cuba durante la crisis de los misiles, ningún país latinoamericano ha supuesto una verdadera amenaza directa a nuestra seguridad.

 Obviamente, es un ejemplo de los muchos problemas que nos causó el Gobierno del PT. (...)

En algunas ocasiones nos ayudaron, sobre todo cuando lideraron la ocupación de Haití por parte de la ONU en 2004, después de que lográramos librarnos del presidente Aristide (por segunda vez; el primer golpe que contribuimos a sacar adelante fue en 1991). Retomaré este instructivo episodio más adelante.

 Lula mantuvo una buena relación con el presidente Bush, mejor que con Obama, a pesar de las muchas diferencias con el PT. Es preciso tenerlo en cuenta en el proceso de negociaciones del Gobierno de Trump con Andrés López Obrador (AMLO) quien, como Lula, probablemente marcará un rumbo de moderación y pretenderá conciliar las demandas de la mayoría de sus votantes con la élite tradicional de su país.

 Las relaciones entre el presidente Obama y Dilma se agriaron un poco en 2013 cuando los documentos de Snowden revelaron que Brasil era el objetivo prioritario de espionaje de EE.UU. en América Latina, incluyendo el control de las llamadas personales de Dilma, o algo más peliagudo, el espionaje de Petrobas, la compañía nacional petrolífera brasileña. Un caso de espionaje industrial para muchos en el país.

 La reacción de Dilma fue cancelar el viaje que tenía planeado a EE.UU. y dar un discurso en la Asamblea General de la ONU bastante hostil hacia nosotros, que mantuvimos la calma y no emitimos respuesta alguna.

 En 2014, durante la segunda legislatura de Dilma, arrancó la profunda recesión de la economía brasileña. La oposición aprovechó su descenso de popularidad y se esforzó por poner fin a su mandato, algo que logró dos años más tarde. Su destitución no fue provocada por ningún acto que constituyera un crimen en Brasil sino que fundamentalmente fue una maniobra contable que también habían utilizado anteriores presidentes y gobernantes, y que nada tenía que ver con la corrupción u otros delitos. 

 Por supuesto, no tomamos posición en este caso y declaramos públicamente que se trataba de un asunto interno. Pero tuvimos oportunidad de contribuir al cambio de régimen de muchas maneras relevantes, en alguna medida de forma similar al caso del golpe en Honduras en 2009. En este sentido, lo más relevante fue emitir la señal a todos los actores más importantes de Brasil, incluyendo los medios, de que apoyábamos la destitución de Dilma. 

Tuvimos oportunidad de dejarlo bien claro en el momento de la visita a Washington de Aloysio Nunes, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Brasil, justo después de que la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Brasil votara la destitución de Dilma. 

Aquella votación fue un espectáculo bochornoso; los miembros más beligerantes del Congreso expresaron su nostalgia por la dictadura militar e incluso uno de ellos llegó a alabar a los funcionarios responsables de las torturas que sufrió la propia Dilma en el pasado.

 Aquello provocó que una parte de los medios internacionales, bastante hostiles a Dilma y al PT, reconsideraran el sesgo de sus informaciones. No obstante, yo me entrevisté con Nunes, que lideraba la iniciativa de destitución en el Senado brasileño. 

Dada mi posición en aquel momento (el número tres en el Departamento de Estado) y que para muchos, yo era responsable de nuestra política en Brasil, todos entendieron que aquella reunión con él era como mínimo una muestra de nuestro apoyo a la destitución.

 El Secretario de Estado John Kerry respaldó esta opinión unos meses más tarde, el 5 de agosto, en una rueda de prensa conjunta con José Serra, el entonces ministro de Exteriores de Brasil, en la puerta de la embajada de Estados Unidos. 

Sus declaraciones iban encaminadas a fortalecer la relación entre EE.UU. y Brasil y velar por la cooperación en una serie de asuntos, como no habían podido hacer en los últimos años (ya se encargó de destacarlo Kerry). 

Pero el Senado brasileño tenía que votar aún la destitución de Dima (su Constitución es similar a la nuestra, la Cámara vota la destitución, y el Senado destituye al presidente). De modo que la conferencia de prensa con Serra suponía otro indicio evidente de nuestra inclinación por la destitución de Dima.

 Como ya he comentado anteriormente, a pesar de nuestras diferencias, Brasil nos apoyó en el golpe de 2004 en Haití. Habíamos aprendido la lección tras el golpe de Venezuela de 2002 que duró 48 horas. Y, en parte, la responsabilidad de que así fuera, como probablemente ya sepa usted, se debió a la celebración de la cumbre del Grupo de Río de 19 países latinoamericanos justo después del golpe, en la cual se aprobó una resolución reprobatoria del golpe. 

Si bien algunos países latinoamericanos hubieran querido apoyarnos, eso les habría puesto en una situación delicada dada la sacrosanta soberanía nacional histórica en la región y que nuestro apoyo al golpe se había hecho público. (Esta es otra de las razones por las que conviene ser más cauteloso y diplomático con respecto a los comentarios públicos, como lo fuimos en el caso del golpe en Honduras.

 Las declaraciones públicas del presidente Trump sobre las potenciales acciones militares de EE.UU. en Venezuela, o por parte de otros oficiales que apoyan el golpe militar en el país, son innecesarias y, en mi opinión, contraproducentes).

En todo caso, nuestra experiencia en Venezuela nos sirvió para no repetir errores, y en Haití teníamos preparada la votación en la ONU para apoyar un operativo militar antes de que se produjera la destitución de Aristide. 

Dos meses después, impulsamos una nueva misión de la ONU (MINUSTAH) con tropas brasileñas a la cabeza. Durante la ocupación del país, se produjeron miles de asesinatos de personas desarmadas favorables a Aristide y cargos del gobierno constitucional fueron encarcelados. Pudimos sacar adelante la iniciativa a plena luz del día, no como en 1991, cuando tanto el respaldo de Estados Unidos al golpe como los escuadrones de la muerte posteriores fueron encubiertos. 

Y hemos podido cambiar el rumbo de la historia en Haití desde entonces, hasta el punto de que no parece previsible en el futuro que pueda llegar a elegirse a nadie que no cuente con nuestra aprobación. (De hecho, el 80% de la población haitiana ya ni siquiera se molesta en participar en las elecciones nacionales.) 

Hemos recibido muy pocas críticas por nuestros actos allí, incluso después de que lográramos que la OEA revertiera los resultados en las elecciones de 2010 sin que se realizara siquiera un recuento ni un análisis estadístico del voto; un caso sin precedentes en la historia de la observación electoral.

 Tras el terremoto devastador de 2010, cuando Haití estaba en una situación de particular vulnerabilidad, amenazamos a los líderes recalcitrantes con cortar toda ayuda, extremadamente necesaria entonces, si no aceptaban la decisión de la comisión de la OEA, que por supuesto estaba plagada de aliados nuestros. Habíamos amenazado previamente al presidente Preval con abandonar el país como en el caso de Aristide en 2004.

Ofrezco esta pequeña parte de la historia de nuestro papel en Haití porque sirve para ilustrar una vez más el poder de la diplomacia, no solo en la construcción de la ocupación de la ONU con Brasil a la cabeza, sino durante aquellos cuatro años previos al golpe. Durante cuatro años logramos convencer a casi todos los gobiernos del mundo para que interrumpieran el envío de ayuda internacional a Haití, sin la cual la supervivencia del Gobierno electo estaba en juego.

 Para ello, tuvimos que convencer primero a la OEA de que cambiaran la inicial declaración positiva de la misión de observación de las elecciones de 2000 que habían descrito como “un gran éxito para la población de Haití, que salió a votar ordenada y masivamente para elegir a sus gobiernos local y nacional”. Aquella declaración revisada se convirtió en la base de nuestra campaña para destituir al Gobierno. 

A continuación, fundamos una gran coalición de grupos de la oposición y anunciamos que la financiación internacional no se restablecería hasta que el Gobierno no alcanzara un acuerdo con la oposición. Al mismo tiempo, le dijimos a la oposición que no alcanzara semejante acuerdo, y que el Gobierno acabaría cayendo, como por supuesto pasó.

 Algunos han afirmado que la única razón por la que este tipo de tácticas nos permitieron salirnos con la nuestra es porque Haití es un país pobre, y su población negra. Indiscutiblemente, algo tuvo eso que ver, como confirmaría cualquier conocedor de la historia de la implicación de EEUU en Haití desde que los marines norteamericanos ocuparan el país desde 1915 a 1934.

 Pero también se trata de un país que se fundó gracias a una revuelta de los esclavos, y con una población capaz de echar a Duvalier, el dictador respaldado por EE.UU.; que eligió en dos ocasiones, y por una amplia mayoría, a un sacerdote populista radical que no respetaba nuestros intereses; y en el que podía estallar la revuelta en cualquier momento –sin mucha clase media con algo que perder– si no éramos capaces de manejar con cuidado la situación en momentos decisivos.

 Todos los antecesores del presidente Trump fueron capaces de entender estas características específicas de Haití en el momento de sendos golpes de Estado apoyados por los presidentes Bush, y la intervención en 2010-2011 bajo el Gobierno del presidente Obama. El presidente Clinton también supo comprender esto muy bien: aunque los acontecimientos acabaran encajonándole, sobre todo por el Congressional Black Caucus, y acabara restableciendo a Aristide en el poder con el ejército de Estados Unidos en 1995.

 Pero obligó a Aristide a aceptar importantes condiciones a cambio de su regreso. Una, que mantuviera al tristemente célebre ejército de Haití, fundamentalmente una fuerza represiva, para enfrentarse a la amenaza de una posible insurrección. Por desgracia, Aristide renegó de esta promesa y abolió el Ejército. 

Pero, como habrá podido comprobar, nuestro nuevo Gobierno allí está intentando recuperarlo, si bien desafortunadamente incluyendo a algunos de los asesinos en masa de los años noventa, y que dejará vía libre a las críticas de nuestros oponentes. 

 Retomemos el marco más amplio. Los gobiernos de izquierdas cambiaron los usos y costumbres del hemisferio en materia internacional hasta el punto de minar seriamente nuestro poder de influencia. Por ejemplo, establecieron la UNASUR como organización multilateral independiente dominada por los entonces gobiernos de izquierdas, incluyendo los de los países más grandes como Brasil, Venezuela y Argentina.

 Impidieron nuestros intentos de enfrentar este desafío por parte de la izquierda en numerosas ocasiones. En 2009 quisimos ampliar nuestra presencia militar en Colombia a causa de la creciente amenaza que suponían estos gobiernos. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, era un aliado acérrimo de EE.UU. y a quien habíamos brindado nuestro apoyo con miles de millones de dólares en ayuda militar (si bien él de por sí tenía ya fuertes vínculos con los cárteles de la droga y los paramilitares que habían asesinado a decenas de miles de civiles). 

Aceptó nuestra petición de buen grado, pero se filtró a la prensa el acuerdo militar entre Colombia y EE.UU., en el que se detallaban nuestros planes de ampliar el acceso de Estados Unidos a siete bases militares colombianas.

Los gobiernos de la UNASUR, que se reunieron en Argentina en 2009, mostraron su inmediata oposición y declararon públicamente que no podrían utilizarse las bases militares para mandar operativos desde Colombia, algo que apoyó también este país. Obviamente, ese era el objetivo principal del acceso a las bases militares por parte del personal del ejército de Estados Unidos, incluyendo hacer frente a las amenazas planteadas por los Gobiernos anti americanos.

UNASUR, liderada por los gobiernos de izquierda, cambió los usos y costumbres de las relaciones internacionales en el hemisferio hasta el punto de que incluso Manuel Santos, el anterior ministro de Defensa de Uribe, restableció las relaciones con Venezuela inmediatamente después de asumir su cargo en 2010. 

 Las relaciones entre Colombia y Venezuela (y con otros países) se habían deteriorado gravemente después de que Uribe bombardeara e invadiera Ecuador en marzo de 2008 para atacar los campamentos de las FARC con base allí. Al verse forzado a elegir entre la coalición de izquierda, integrada por los gobiernos antinorteamericanos de Sudamérica, y EE.UU., optó por los primeros.

Pero Santos no tardó en volver a nuestro lado cuando recuperamos el control de esa región y, revirtiendo por completo la situación de derrota de 2009, a finales de mayo Colombia se convirtió en socio global de la OTAN, el primero en América Latina. 

Esto tuvo unas implicaciones significativas para nuestro poder de influencia en América Latina, como podrá imaginarse. El 17 de junio, Iván Duque, el sucesor de Uribe elegido a dedo, obtuvo una cómoda victoria en las elecciones presidenciales. Colombia es nuestra.  (...)

Argentina ha sido otro de los países más determinantes a la hora de influir en la rebelión antinorteamericana durante la primera década del siglo XX. De 2003 a 2015 estuvieron en el gobierno los Kirchner, populistas de izquierda, primero Néstor y después su mujer Cristina Fernández.

 Ambos mantenían una relación bastante buena con Chávez, que prestó 6 mil millones de dólares a Argentina para que saldara la deuda con el FMI (a quien culpaban de su crisis entre 1998-2002). Sin embargo, este vínculo entre presidentes izquierdistas estaba mediado por algo más que los petrodólares. La historia tiene su importancia.  

Los Kirchner tenían amigos que habían sido encarcelados o asesinados durante la dictadura de 1976-1983 que nosotros respaldamos; revocaron la impunidad de los oficiales del Ejército responsables de estos asesinatos y más de 650 fueron condenados. El encarcelamiento de Lula se produjo bajo la dictadura que Estados Unidos ayudó a llegar al poder con el golpe de 1964; su sucesora, Dilma Rousseff pasó aún más tiempo en la cárcel y fue además víctima de torturas.

 Evo Morales, de Bolivia, declaró que había sido torturado en presencia de agentes de la DEA antes de ser presidente; Pepe Mújica, de Uruguay, pasó 13 años en prisión bajo la dictadura respaldada por EE.UU. Y, quienes no habían sufrido las consecuencias directas de la violencia ejercida por estos gobiernos auspiciados por Estados Unidos, eran conscientes del dolor provocado por esta parte de la historia.

Fueron diversos los mecanismos por medio de los cuales fuimos capaces de contribuir a la caída del kirchnerismo en Argentina. Si bien es cierto que a Argentina le fue extremadamente bien bajo el gobierno de los Kirchner hasta 2011, se produjo una desaceleración económica a partir de entonces y su balanza de pagos empezó a sufrir las consecuencias. 

No podían pedir préstamos a los mercados internacionales por su impago de 95.000 mil millones de dólares. Impedimos su acceso al mercado de divisas que tanto necesitaban recibir de los prestamistas multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

Entonces, sucedió que en 2014 recibimos una ayuda muy especial por parte de las autoridades judiciales de EE.UU., cuando el juez Thomas T. Griesa tomó la decisión tan controvertida y sin precedentes de prohibir a Argentina el pago de más del 90 % a sus acreedores, los titulares de bonos reestructurados ante el impago de la deuda del país. 

El resto correspondía a la deuda con los acreedores que jamás aceptaron la reestructuración, entre los que se incluyen los fondos buitre, hedge funds, que compraron los bonos moratorios por una fracción mínima de su valor nominal dentro de una estrategia legal prolongada con el fin de anteponer una demanda para recuperar su valor nominal total.

En 2014, Argentina había llegado a un acuerdo con el Club de París integrado por acreedores gubernamentales y estaba a punto de recuperar su capacidad de préstamo en el ámbito internacional. Pero el requerimiento de Griesa fue un duro golpe en un momento de vulnerabilidad. Retiró la orden en cuanto el conservador Mauricio Macri fue elegido presidente y declaró: “La elección del presidente Macri cambió todo”.

Hemos de admitir que no fue una buena decisión por parte de Griesa desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero internacional. Supuso que aquellos gobiernos que habían alcanzado acuerdos con más del 90% de sus acreedores tras una situación de impago podrían ver sus acuerdos anulados años más tarde por las acciones legales de los fondos buitre. 

Por esta razón, y porque el Departamento del Tesoro de EE.UU., principal agente en la toma de decisiones del FMI fuera de Europa, no se coordinó con nosotros, el FMI anunció en julio de 2013 que presentaría un escrito en nombre de Argentina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, se retractó una semana más tarde. Cuando un periodista preguntó por las razones para este desconcertante cambio de opinión, el portavoz del FMI, visiblemente molesto, respondió: “Tendrá usted que pedirle explicaciones al Tesoro norteamericano”.

 Traigo este episodio a colación porque muestra lo importante que es tener en cuenta las diversas ramificaciones de nuestro Gobierno a la hora de pergeñar nuestra política exterior. Logramos contribuir a la caída del kirchnerismo en las elecciones de 2015, si bien estuvo a punto de ganar un mejor candidato presidencial de su bando.

 Pero ahora tenemos a Mauricio Macri de presidente, un sólido aliado de EE.UU. años ha. En 2009 se reunió conmigo y con nuestra embajada en Buenos Aires para alertarnos de que estábamos siendo demasiado blandos con los Kirchner, sobre todo tras la humillación que había sufrido el presidente George W. Bush en el Mar del Plata.

 En la actualidad, forma parte de nuestra coalición de gobiernos de derechas en la región y está contribuyendo a derrocar al Gobierno venezolano, en la cuerda floja a causa de la hiperinflación y una crisis profunda.

Podría contarle mucho más acerca de Venezuela pero voy a intentar ser breve en ese sentido. Como ya sabrá, durante la mayor parte de el siglo XXI su cambio de régimen ha sido el objetivo número uno o dos en el mundo (tan solo precedido por Irak o Irán en algunos momentos). Claramente, el país fue el principal instigador de la rebelión latinoamericana, aunque era Chávez el que principalmente gritaba a los vientos lo que el resto de presidentes de izquierdas, o no tan de izquierdas, pensaban y sentían. 

Además, ejercía su cargo sentado sobre 500.000 millones de barriles de petróleo, la mayor reserva petrolífera del mundo. Cuando intentamos librarnos de él con el golpe militar de 2002, muchos pensaron que lo que queríamos era obtener su petróleo, pero por supuesto estaban equivocados. De hecho tanto Chevron como Exxo Mobil, nuestras mayores compañías petrolíferas, mantenían una buena relación con Chávez durante la mayor parte de su mandato, y lo que querían es que le dejáramos en paz.

 Habían invertido mucho allí, y les seguía resultando rentable incluso después de que Chávez incrementará la parte para el gobierno,  como hizo todo el mundo tras el aumento de los precios del petróleo a partir de 2002.

Sin embargo, nosotros tenemos una visión geoestratégica y cualquier país que disponga de tal cantidad de petróleo tenderá a convertirse en una potencia en la región y a gozar de una cierta independencia, por lo tanto, es fundamental que su Gobierno esté de nuestro lado. De modo que forramos de dinero a la oposición que durante los primeros cuatro años de su mandato tenía “una estrategia de derrocamiento militar”, como diría uno de sus líderes más intelectuales. 

Afortunadamente, los medios tanto de Estados Unidos como internacionales estaban totalmente de nuestro lado, de modo que durante más de una década y media nuestra implicación en el golpe ha sido tratada como una mera acusación por parte de una fuente desacreditada, fundamentalmente el propio Chávez, aunque también por parte de su sucesor, Maduro, aún más desprestigiado. 

Obviamente, todos los reporteros de Caracas sabían que era cierto, pero se abstuvieron de comunicarlo. Incluso cuando nuestro propio Departamento de Estado reconoció que el Gobierno estadounidense “estaba proporcionando formación, asesoramiento institucional y otro tipo de apoyo a personas y organizaciones activamente implicadas en el golpe militar”. 

O cuando se divulgaron los documentos de la CIA que mostraban que teníamos información anticipada sobre el golpe y que habíamos apoyado su éxito con falsas declaraciones durante los acontecimientos que tuvieron lugar. Este no es más que uno de los miles de ejemplos en los que los medios nos han brindado su apoyo en nuestra ardua tarea, pero creo que ilustra con mayor claridad que otros hasta qué punto es importante nuestra diplomacia pública, incluso a pesar de que el golpe fracasara por un error de planificación.

 El éxito de nuestra estrategia supuso que Chávez siempre apareciera ante la opinión pública como el agresor cada vez que denunciaba la intervención de EEUU, incluso a la par que estábamos lanzando decenas de millones de dólares a los grupos de la oposición (contando solo con la cuantía que era de dominio público), y no cesábamos en el empeño de intentar aislar a su régimen en el ámbito internacional.

Chávez era un duro contrincante, ya que la situación económica del país fue relativamente buena durante su último año de mandato (2012) y logró que por primera vez millones de venezolanos tuvieran acceso a la sanidad, las pensiones, la educación superior y la vivienda pública. (Obviamente, durante todos esos años los principales medios se encargaron de describir a Venezuela como un fracaso del populismo. 

Y, a pesar de que la mayor parte de los venezolanos se informaban a partir de fuentes controladas por la oposición, la mayor parte del hemisferio fuera de las fronteras venezolanas compró el relato de que la Venezuela de Chávez era una dictadura).

Chávez no cesó en el intento a escala internacional de convertir en realidad su sueño bolivariano de unidad de los países latinoamericanos contra EE.UU., y prestó decenas de miles de millones de dólares a países como Brasil, Argentina y a estados Caribeños a través de su programa Petrocaribe. En algunos casos, la cuantía de la ayuda por parte de Venezuela al resto de países latinoamericanos probablemente superó la nuestra. 

De modo que, durante los años de bonanza, la mayor parte de los gobiernos del hemisferio adoraban a Chávez tanto como la mayoría de los venezolanos, incluso a pesar de que la mayor parte de la población latinoamericana, que solo accedía a la versión que los medios divulgaban de la realidad venezolana, no tuviera muy buena opinión de él.

 La situación se deterioró después de su muerte en marzo de 2013 y la situación económica inició un largo declive que ha desembocado en la peor crisis en la historia de Latinoamérica. Es innecesario que te cuente lo mal que están las cosas allí en la actualidad dada la hiperinflación y la carestía de medicamentos y alimentos.

Por eso me opuse al embargo financiero del Gobierno de Trump impuesto sobre Venezuela antes de su anuncio público el 24 de agosto del año pasado. No es que no comparta sus objetivos de librarse de esta maldición, hemos trabajado incansablemente para llevarlos a buen puerto durante casi dos décadas. No obstante, el embargo es innecesario llegados a este punto y Maduro puede recurrir a él para explicar las razones de tanta escasez, a la que obviamente contribuye.

 Dado que no pueden acceder a préstamos, tuvieron que recurrir al pago de sus bonos en 2017. No pueden reestructurar su deuda. Se ha cortado el acceso a muchos créditos, incluso aquellos que no han resultado prohibidos por la orden del ejecutivo de Trump, y ello contribuye al colapso de la producción petrolera y a la escasez de medicinas y alimentos.

Por eso me opuse al embargo financiero del Gobierno de Trump impuesto sobre Venezuela antes de su anuncio público el 24 de agosto del año pasado. No es que no comparta sus objetivos de librarse de esta maldición, hemos trabajado incansablemente para llevarlos a buen puerto durante casi dos décadas. No obstante, el embargo es innecesario llegados a este punto y Maduro puede recurrir a él para explicar las razones de tanta escasez, a la que obviamente contribuye. 

Dado que no pueden acceder a préstamos, tuvieron que recurrir al pago de sus bonos en 2017. No pueden reestructurar su deuda. Se ha cortado el acceso a muchos créditos, incluso aquellos que no han resultado prohibidos por la orden del ejecutivo de Trump, y ello contribuye al colapso de la producción petrolera y a la escasez de medicinas y alimentos.

Es excesivo. Este tipo de intervención otorga credibilidad a la victimización por parte del Gobierno entre una minoría de la población venezolana. Y para mucha gente a lo largo del mundo este embargo empeora la crisis humanitaria. Afortunadamente, nuestra paciente construcción de una diplomacia pública ha permitido que los medios hayan ignorado el impacto del embargo en igual medida que ignoraron nuestros mecanismos de intervención previos. 

Y son los medios los que determinan lo que cree la mayoría de la gente, sobre todo si tiene que ver con algo que no experimentan directamente. Pero, el embargo es totalmente innecesario porque la espiral de declive de la economía se produce por sí sola.

Las amenazas emitidas por el Gobierno de Trump, o por parte del senador Rubio, influyente asesor en esta materia, son también innecesarias y contraproducentes. Incluyendo las insistentes declaraciones de Rubio sobre que las sanciones van dirigidas a propiciar un cambio de régimen y no a presionar al Gobierno para restablecer la democracia, que es el mensaje emitido por el portavoz de nuestro Departamento de Estado. 

Y, la amenaza del presidente Trump de una acción militar es intolerable; viola la Carta de la ONU e incluso ha avergonzado a nuestros aliados más cercanos en la región, que han expresado su oposición a estas declaraciones.

Lidiamos con Chávez cuando estaba en lo más alto de su ejercicio del poder y de influencia en la región, cuando la mayor parte de los gobiernos de América del sur eran sus aliados. No hay mal que por bien no venga. Quizá no pudiéramos destituirle pero sí demonizarlo hasta el punto de que su compañía resultara tóxica para los políticos del hemisferio asociados con él. 

Y nos servimos de esa toxicidad para contaminar e incluso derrocar a los candidatos presidenciales en una serie de elecciones, incluyendo las de Nicaragua, El Salvador, Perú y México. Ganamos las elecciones en México en 2006 por los pelos, por unos escasos 0,6 puntos porcentuales, en unas elecciones en las que el “recuento” de la mitad de las urnas dio problemas, es decir, el número de votos emitidos más los votos en blanco no correspondían con el número de votantes registrados. 

Y una de las razones por las que ganamos fue porque los medios atacaron sin descanso la candidatura izquierdista de Andrés López Obrador (AMLO), vinculándole con Chávez (incluso a pesar de que en este caso no había conexión alguna entre ellos). 

La victoria de AMLO ha sido aplastante y su partido, que ni siquiera existía hace apenas siete años, ha obtenido la mayoría en el Congreso. Esto supone una enorme pérdida para nosotros. Es obvio que sus programas político y económico son moderados, y estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo razonable sobre  el NAFTA. 

Sin embargo, es un independentista populista y nacionalista como los que nos han estado dando la lata en Suramérica y Centroamérica y no apoyará nuestra política exterior como lo hace el actual gobierno, y eso es lo verdaderamente importante. Ya ha quedado suficientemente claro que no nos va a prestar ayuda en absoluto para cambiar el régimen ni en Venezuela ni en Nicaragua, por ejemplo. 

Y, en este sentido, le pido que me excuse, voy a decir una obviedad: los ataques verbales a México por parte del presidente Trump, su propuesta de muro “que pagarán los mexicanos”, y otras expresiones públicas de hostilidad, probablemente han contribuido a explicar el meteórico ascenso del nuevo partido de AMLO. 

Por no mencionar el fracaso a largo plazo de nuestra política de seguridad en el país, la militarización de “la guerra contra la droga” y otros errores cometidos por anteriores administraciones, sobre todo en materia de política económica y que se remontan a los años ochenta. Y el intento de culpar del éxito de AMLO y Morena a la supuesta interferencia de Rusia, por parte del general McMaster y otros, no logró engañar a muchos mexicanos, aunque les diera bastante juego en casa.

Por lo tanto, debo concluir pidiéndole que peque de exceso de cautela cuando tenga que enfrentarse a este tipo de retos, en lugar de encender las pasiones del nacionalismo y del sentimiento antiamericano que puede cambiar el sentido de la disputa electoral en América Latina. A lo largo del siglo XXI fundamentalmente ha sido la izquierda la que ha enarbolado la bandera de la soberanía nacional y de la autodeterminación, creencias muy enraizadas en los países en desarrollo, cosas por las que la gente en ocasiones está dispuesta a luchar y a morir, y que tienen una base racional. 

La democracia en un país que no es soberano será muy precaria, en el mejor de los casos, por no hablar de la integridad de sus elecciones, la independencia del sistema judicial o del Estado de derecho a los que pueda aspirar. Muchos son los que atribuyen parte de la explicación de la inmensa diferencia entre la tasa de crecimiento y los niveles de vida en Asia y en América Latina al grado de soberanía nacional. 

Pero Washington no ha entendido del todo este tipo de creencias ni lo arraigadas que están entre la población de muchos lugares. Y, allá donde más las hemos subestimado, nos hemos enfrentado a nuestros mayores fracasos y derrotas, desde Vietnam hasta Irak (y lo que probablemente está por llegar en Oriente Medio).

Le hemos dejado una América Latina controlada en su mayor parte por aliados leales a los Estados Unidos: Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Honduras y más. Contamos con los 13 países del Grupo de Lima que han exigido la imposición de sanciones financieras contra Venezuela, algo inimaginable tan solo hace unos pocos años. Ni siquiera en el momento del golpe de Estado en Honduras en 2009, que indignó a líderes de todo el espectro político, se oía hablar de sanciones, así de fuerte es la tradición latinoamericana de no intervención los asuntos de otros Estados. (...)

Como verá, tampoco hemos tenido miedo de apoyar o financiar la acción política por otros medios cuando ha resultado apropiado: los golpes parlamentarios en Brasil y Paraguay; o los golpes militares y otro tipo de intervenciones en Venezuela, Honduras y Haití. También hemos recurrido a nuestro poder financiero. 

Y gastamos decenas de millones de dólares anualmente a través de nuestro Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia para apoyar organizaciones políticas pro EEUU. (Podría explicarle otras cosas que hemos hecho en un informe confidencial.) Sin embargo, estos no pueden ser nuestros principales mecanismos de influencia en los aspectos políticos de la región. La diplomacia, incluyendo la diplomacia pública, debe de ser siempre el primer recurso. 

Pudiera parecer que con los gobiernos de los países más grandes de nuestro lado y el liderazgo de instituciones multilaterales (incluyendo OEA,  el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso en la actualidad el Mercosur) tan claramente en nuestras manos  y en las de nuestros aliados, conseguiríamos cualquier objetivo que nos propusiéramos alcanzar.

 Pero, como nos ha demostrado la aplastante victoria de AMLO, la izquierda latinoamericana dista mucho de estar muerta. Incluso en aquellos países en los que han perdido la presidencia en los últimos años, siguen contando con una gran proporción del voto, mucho más alta de la que alcanzaran en el siglo XX.

 Esto en parte obedece a que, salvo contadas excepciones, no les fue mal a sus votantes mientras estuvieron esas fuerzas en el poder: la pobreza en la región cayó de un 44 aún 28% desde 2002 hasta 2013, tras una tendencia ascendente en los 20 años anteriores. 

No sabemos cuándo llegara la siguiente recesión o crisis económica ni qué impacto tendrá en la región. El Gobierno de Macri en Argentina ya se enfrenta a profundos problemas económicos, y la popularidad del presidente ha caído de un 50 a un 30% en pocos meses. El Gobierno brasileño es profundamente impopular y se enfrenta a huelgas,  cifras de desempleo de dos dígitos y un lentísimo crecimiento económico.  

En el horizonte acechan nubes de tormenta en  la medida en que persiste el ciclo de austeridad en la Reserva Federal de EEUU y aumenta la probabilidad de que “se frenen en seco” los flujos de capital en la región, con la consiguiente probabilidad de que se originen crisis y recesiones.

La paciencia diplomática, el ejercicio blando del poder y el cultivo de alianzas fueron nuestras armas más poderosas para reducir la “marea rosa” que se había tragado a buena parte de América Latina durante la primera década del siglo XXI. Sinceramente, espero que puedan conservar y construir sobre nuestros logros."

( Marc Weisbrot, codirector del the Center for Economic and Policy Research en Washington DC, y presidente de Just Foreign Policy. Es además autor de  Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy (2015, Oxford University Press). Este artículo se publicó originalmente en inglés, en The Real News Network. CTXT, 05/09/18)