"Un hombre con paso cansado y espalda encorvada atraviesa el parking
de la iglesia cargando con un pack plastificado de agua embotellada. Lo
mete en el maletero. Vuelve para recoger las bolsas de verduras frescas
cultivadas en huertos por los voluntarios de este templo ortodoxo.
Retorna. Abre la caja que le entregan sellada: un rollo de papel
higiénico, una pastilla de jabón, unos guantes, un kit de costura,
tiritas, termómetros desechables… Y una pelota antiestrés. Es publicidad
de Blue Cross, una alianza de aseguradoras médicas con más de 100
millones de clientes, que sabe bien que en Flint, una de las tres
ciudades más pobres de Estados Unidos, el papel higiénico es un lujo, el
jabón es un lujo… y el agua potable es un lujo.
Por eso, el hombre, blanco, desempleado, avejentado aunque apenas
roce la cuarentena, padre de cinco hijos, recoge con la mano vacía una
probeta que deberá devolver rellena con el líquido que sale del grifo de
su casa el próximo martes. No se fía de lo que digan en el laboratorio
en el que lo analizarán y no le importa que las elecciones
presidenciales las haya ganado Biden. En esta ciudad casi nadie
confía ya en ninguna autoridad desde que, en 2015, Obama llegase en el
Air Force One para beber un vaso de agua del grifo ante los
representantes de la comunidad, mientras a niñas y niños se les
caía el pelo y ancianos morían de legionelosis a causa del agua
contaminada del grifo que habían ingerido y que seguían ingiriendo.
Hay una pobreza que se mueve, mucho, como los peces que suben el río a
contracorriente buscando un lugar donde ovar. Es la pobreza que no cae
en la miseria gracias a la economía de subsistencia, al mercadeo diario,
la pobreza que migra y que empieza de nuevo las veces que haga falta en
busca de un horizonte de mejora. Hay otra pobreza, inmóvil, de
cuencas vacías, que reserva las escasas energías encerrándose puertas
adentro, buscando también en el aislamiento seguridad. No se
mueve porque no tiene dónde ir. Es la que se encuentra en los países más
míseros, conocidos por sus hambrunas, guerras y epidemias, y también en
los márgenes de los más prósperos, como la que esta pandemia ha
permitido observar con mayor nitidez en las calles vacías de la primera
potencia mundial.
En Estados Unidos hay 55 millones de personas pobres, ocho millones
más que en 2019 como consecuencia de la pérdida de 22 millones de
empleos por la COVID-19. Uno de cada cuatro de sus habitantes latinos
vive por debajo del umbral de la pobreza, al igual que de los
afroamericanos, unos porcentajes que han crecido un 2% durante 2020. En
el caso de la población blanca, se ha pasado de un 11,2% a un 12%, según
datos de la ONU. Ya antes de esta crisis sociosanitaria, la Oficina del
Censo del Gobierno federal estimaba que dos de cada cinco de sus
habitantes no podían cubrir un gasto de 400 dólares sin endeudarse. En
junio, en pleno hundimiento de la economía mundial, más de un tercio de
sus inquilinos no pudieron pagar su alquiler a tiempo. El mismo
organismo advierte de que, en enero de 2021, cuando Joe Biden toma
posesión, 12 millones de personas acumulan una deuda de más de 5.000
euros con sus caseros.
La economía estadounidense, la segunda más desigual del mundo –solo
por detrás de China, según el índice Gini– es un castillo de naipes
sustentado en las espaldas de millones de personas sin hogar o sin
empleo, que esta pandemia ha dejado al descubierto con el vaciado de las
calles. En Nueva York, la ciudad a las que todas aspiran parecerse, de
la que sus habitantes multibillonarios han huido para instalarese en sus
segundas residencias, la estampa es tétrica: sin los millones de
turistas que la llenaban diariamente, el metro se ha convertido en uno
de los refugios de las personas sin hogar.
Allí pasan horas dormitando mientras se protegen del frío. Arriba,
los soportales de los teatros de Broadway, cerrados desde hace meses, se
han convertido en su residencia habitual. Ahora que el frío aprieta,
empiezan a morir por hipotermia. Según el Ayuntamiento de la Ciudad de
Nueva York, cada año fallecen unas 15 personas por esta razón, aunque en
su página web admite que se estima que son muchos más.
Pero lo peor está oculto en los gigantescos edificios de viviendas
públicas de la Gran Manzana, convertidos en algunos barrios en favelas
de degradación física y mental. La campaña demócrata en algunas
zonas de barrios como Harlem, Bronx o Queens ha consistido,
fundamentalmente, en gestionar ayudas para la alimentación, para pagar facturas de la luz y para suspender desahucios, además de prometer nuevas políticas de apoyo.
La tarde de Halloween, una líder comunitaria de Harlem inauguraba un
buzón en la calle con libros para niños y niñas que, en su mayoría, no
tienen ninguno en sus casas. “Los niños y niñas pueden imaginar qué
pueden llegar a ser por lo que ven a su alrededor o por lo que leen.
Donde nosotras trabajamos, a su alrededor solo ven pobreza,
desempleo,violencia, drogas… Una niña de estos barrios no puede imaginar
que puede ser otra cosa que ama de casa y madre porque no conoce otra
cosa”, explica Jo Umans, directora de Behind the book, la entidad que ha
regalado los libros.
Más pobreza con políticas antipobreza
La autovía que une Detroit con Flint es un viaje a lo Blade Runner por
los grandes males que asolan Estados Unidos: letreros publicitarios a
ambos lados de las vías ofrecen ayuda para la adicción a los opiáceos,
alertan sobre la invisibilidad y omnipresencia de la pobreza, recuerdan
la importancia de la escolarización…. Tras dejar atrás esqueletos de
edificios que, hasta su deslocalización, formaron parte de la industria
automovilística más potente del planeta, nos adentramos en calles
vacías, barridas por un viento helado, y cuya apariencia desoladora es
subrayada por las nubes grises que amenazan con lluvias. Como en tantas
ciudades estadounidenses, aquí cada día de la semana, una iglesia de
cada barrio se convierte en centro de ayuda. Hoy es martes y le toca a
la iglesia ortodoxa de Astbury, uno de los barrios más pobres de una de
las ciudades más pobres de Estados Unidos: Flint.
Esta población del estado de Michigan se hizo conocida
mundialmente después de que el director Michael Moore la utilizase como
ejemplo en su documental Farenheit 11/9 (2008) para
explicar la desafección política del pueblo estadounidense,
especialmente con el partido demócrata. En 2011, el gobernador
republicano Rick Snyder declaró sorpresivamente la ciudad en crisis
financiera, suspendiendo así la capacidad de decisión de las autoridades
locales, e imponiendo a sus representantes. Unos meses más tarde,
Snyder anunció la aprobación de un proyecto multimillonario para la
construcción de una nueva canalización del agua de la laguna que surte a
Flint, una obra tan innecesaria como lucrativa por sus sobrecostes. En
el proceso, las tuberías se contaminaron con plomo y su población, negra
en un 54,3%, comenzó a enfermar.
Cuando trabajadores sanitarios dieron la voz de alarma por los niños,
niñas y adultos que llegaban a su consulta con problemas de caída de
pelo, erupciones en la piel, ataques de ira y cambios injustificados en
su comportamiento, las autoridades desoyeron su alerta. Snyder solo
interrumpió el suministro de las aguas envenenadas cuando General
Motors, uno de los grandes financiadores de su campaña electoral, se lo
exigió por los daños que estaba ocasionando a las piezas de su cadena de
montaje.
El documental, dedicado a explicar las artimañas del Partido
Demócrata para impedir la victoria de la candidatura de Bernie Sanders
sobre la de Hillary Clinton y, posteriormente, la llegada a la
presidencia de Donald Trump, recoge uno de los momentos que más vivos
permanecen en la memoria de las personas entrevistadas para este
reportaje en Flint. Tal era la crisis sociosanitaria que se vivía en
2015, que el entonces presidente Obama viajó a la ciudad.
Representantes de los colectivos más afectados esperaban con ansia y
esperanza que declarase el estado de emergencia para que equipos de
ingenieros del Gobierno Federal pudiesen intervenir y restablecer el
agua potable para la ciudad. Por el contrario, el líder
afroamericano pidió histriónicamente un vaso de agua del grifo en los
dos actos públicos que protagonizó aquel día y los bebió con el fin de dar por cerrada la crisis política ante sus votantes.
Exactamente lo mismo que había hecho meses antes el alcalde de la
ciudad, mientras sus habitantes conseguían que un profesor universitario
tomase pruebas con su alumnado y revelase la dimensión de la tragedia:
el agua tenía hasta siete veces más cantidad de plomo del permitido
legalmente. Moore recoge en su documental los rostros de incredulidad
entre el público de Obama, que rápidamente dieron paso a la rabia por
una nueva decepción: podía ser el primer presidente negro, pero estaba
claro que tampoco iba a defender los derechos de los que se consideraban
víctimas de un genocidio: si políticos, empresas y buena parte de la
opinión pública habían tolerado que se envenenase, a sabiendas, a los
habitantes de Flint durante más de un año era porque en su mayoría eran
negros. Y la minoría, latinos y blancos pobres: el 40%, muy pobres,
según las estadísticas municipales.
“Sí, fue un genocidio. Hasta aquel día yo confiaba en Obama. Ya no.
Fue muy duro ver cómo enfermaban nuestros niños y ancianos sin que nadie
hiciese nada”, sentencia Miss Kay, uno de los voluntarios de la iglesia
de Astbury que desde 2016 reparten lo básico a sus vecinos. Le acompaña
en su tarea John, un hombre de 50 años, que tiene problemas
respiratorios desde 2016 y que sostiene que, la semana anterior, una
bala entró por la ventana de su casa procedente de un tiroteo cruzado
entre coches en la calle. No hirió a nadie pero su nieto estaba en el
jardín.
“Es una locura: no tenemos trabajo, ni seguridad, ni podemos beber agua del grifo”,
resume aún con incredulidad. Según el FBI, Flint fue la ciudad más
peligrosa de Estados Unidos entre 2010 y 2012, cuando alcanzó los 22
crímenes violentos por cada 1.000 habitantes, y sigue estando entre los
10 primeros puestos.Hasta los años 70, cuando GM cerró buena parte de
sus plantas de producción automovilística, Flint era un ciudad receptora
de migración, de ahí el 3,6% de población de origen latino que recoge
su padrón. Con las deslocalizaciones comenzó un nuevo éxodo por el que
todo el que puede abandona la ciudad.
Ese es el caso de la mayoría de los familiares de Jasmine Cofield,
una física de 26 años que volvió a su ciudad hace un año para investigar
los efectos en la salud infantil del agua contaminada. Pero el caso de
sus seres queridos no es habitual. Si estos han podido marcharse a
ciudades como Atlanta, Washington DC, Las Vegas… es porque tienen
estudios universitarios y, consecuentemente, mejores posibilidades
laborales.
Pero la mayoría de los habitantes de Flint no tienen capacidad de
ahorro, ni estudios superiores, ni, sobre todo, la idea en su imaginario
de la posibilidad de migrar. Porque, ¿adónde vas cuando vives en el
país al que supuestamente todo el mundo aspira a parecerse? La
excepcionalidad estadounidense es una teoría fundamental para entender
esta nación de un nacionalismo fundamentalista.
Que Thomas Jefferson la definiese como “mejor esperanza del mundo”,
que Harris S. Truman sostuviera que su deber era “ayudar a los pueblos
libres a encontrar su propio destino a su manera”, que Ronald Reagan
repitiera que era “más libre que cualquier otro pueblo”, o que Joe Biden
termine discursos recitando salmos bíblicos y relacionándolos con el
destino de su nación son solo algunos ejemplos de una cosmovisión que
desemboca en un fenómeno paradójico: ninguna de las personas pobres
entrevistadas para este reportaje se había planteado migrar a otro país a
lo largo de su vida. Y la pregunta misma les provoca desconcierto.
Los migrantes son los otros, los que quieren venir a su país. “¿A dónde voy a ir: a México, a África, a España?”,
pregunta retóricamente Shane, un vecino de Flint de 40 años que mata
las horas sentado en la escalera de su precaria vivienda: apenas unos 20
metros cuadrados de estancia de tablas de madera en los que cocina, ve
la tele y duerme. No tiene trabajo ni espera tenerlo. Dice no saber nada
de su mujer y del hijo que tuvieron juntos desde hace ocho años. El
crío tendrá ahora unos 12.
Consecuencias del desprestigio político
A unas cuadras de su casa, se encuentra Vinicius, un hombre negro de
66 años que habla buena parte del tiempo con los ojos semicerrados.
Sostiene en una mano el móvil con la llamada en altavoz desde hace 40
minutos. Espera que le contesten sobre por qué han bloqueado su tarjeta
de crédito –“sin ella no puedo comprar comida porque ahí están mis bonos
de alimentos”, explica–. En la otra sostiene el vigilabebés a través
del cual escucha los gorjeos de la hija de su vecino, que cuida mientras
este trabaja en la iglesia. Sostiene que la madre se marchó hace poco.
“Este barrio es horrible. Yo no voy a ningún sitio ni hablo con nadie”,
explica Vinicius, mientras en el televisor Biden explica el plan para
frenar la pandemia que pondrá en marcha en sus primeros días en la Casa
Blanca.
Hace cinco años, Vinicius abrió el grifo y vio cómo salía un líquido
espeso marrón. Desde que se confirmó que era tóxica, no la bebe, pero
tiene que seguir cocinando y bañándose con ella. “No creo que Trump sea
tan malo como dicen”, opina. “Quizás hable demasiado, pero porque es un
hombre de negocios, no un político”, añade.
El desprestigio de la clase política hace que muchos de los entrevistados ensalcen el perfil empresarial de Trump.
A la pregunta de si no lo considera racista, responde: “Posiblemente,
pero ahora todo el mundo habla de negros, blancos, marrones. Echo de
menos los años 60 y 70, cuando estábamos todos más unidos”. Vinicius
dice que no ha votado. Alrededor, sencillas casas de tablas de madera se
alternan con algunas quemadas, otras abandonadas, la mayoría
decrépitas. Las calles, desérticas. La basura se acumula alrededor de
los bidones. Solo las iglesias parecen cuidadas. Y hay muchas, por todas
partes: más de 200 en toda Flint, que durante el auge de la industria
automovilística llegó a albergar un cuarto de millón de personas y que,
ahora, escasamente supera las 100.000.
En una de esas viviendas de dos plantas, con algunos juguetes
abandonados en los metros de césped que la rodean, vive Cornet Johnson,
de 33 años, con sus cuatro hijos, su marido y tres perros. Su hermana
mayor, Dana, y su sobrino acaban de traerle en coche un par de vasos de
litro de refresco de un restaurante de comida rápida. Viven en la casa
vecina. Dana es obesa y no puede moverse apenas. Tiene los brazos
carcomidos por una psoriasis que le brotó, según explica, a raíz de la
crisis del agua. Ninguno tiene un empleo, todos tienen reconocida alguna
discapacidad. Reciben por ello un cheque social que en el caso de Flint
no supera los 400 dólares mensuales, y que varía sustancialmente entre
Estados: entre los 150 por familia en Mississippi a los 653 en Alaska.
“Mi hijo menor nació con defectos de nacimiento: es autista. El que
ahora tiene dos años tiene retraso de desarrollo; el de cinco, tuvo
manchas por todo el cuerpo durante mucho tiempo…”, explica ante la
puerta de su casa, que cierra a su espalda. Las contraventanas
permanecen cerradas. A estas horas deberían estar en el colegio, pero la
madre dice que están durmiendo la siesta con el padre. Son los blancos
pobres, conocidos como White Trash, a los que la historiadora Nancy
Isenberg dedica su obra más popular, conocida con el mismo nombre y
publicada en España por Capitán Swing.
Un colectivo que tuvo un gran peso en la victoria de Trump de 2016,
sacándole unos 40 puntos de diferencia a los demócratas, y que ha
perdido un importante apoyo en esta segunda vuelta. Cornet también dice
que no ha votado. Tampoco hay rabia en su discurso, ni señala a
responsables de su situación: es una pobreza heredada por generaciones y
que en el país paradigma de las oportunidades neoliberales produce un
autoodio: si no lo he conseguido, será porque no lo valgo.
Esta percepción se rompió, como recuerda Isenberg, con la Gran
Depresión de 1929, cuando más de una cuarta parte de la población se
quedó sin empleo, por lo que “el viejo subterfugio de culpar al
individuo perdió toda capacidad de persuasión”. La pregunta es
si la Nueva Gran Depresión que se ha anunciado a nivel global como
consecuencia de la pandemia provocará el mismo efecto.
Melissa Meys vive cerca del centro de Flint, en una calle flanqueada
en sus extremos por un hospital y una gasolinera. Ni aquí, ni en las
manzanas de alrededor hay un supermercado. Solo licorerías y uno de esos
comercios en los que aceptan bonos para comida y que solo venden
refrescos, patatas fritas, galletas y, en el mejor de los casos,
porciones de pizza a dólar. Para hacer la compra, la mayoría de los
habitantes de las ciudades de Michigan tienen que conducir hasta las
afueras, agarrar un enorme carro y llenarlo con paquetes familiares a
precios bajos en comparación con el de las frutas y las verduras. Una
parte sustancial de las personas pobres no tienen coche, no se pueden
permitir trasladarse para hacer la compra o no tienen ese hábito, por lo
que gastan sus bonos en las tiendas y restaurantes de comida basura.
De Clinton a Trump
EEUU invertía hasta antes de la pandemia 278.000 millones de dólares
al año en programas gubernamentales contra la pobreza, un presupuesto
que supera al PIB de numerosos países. Sin embargo, el modelo ha
cambiado poco en las últimas décadas. De hecho, el plan vigente,
aprobado por Bill Clinton en los 90, fue diseñado por su predecesor
republicano. Es básicamente asistencial: sus dos grandes pilares son
bonos para comprar comida y evitar así que haya hambrunas ; y cheques
sociales que no permiten salir de la pobreza, pero favorecen su
perpetuidad, puesto que aquellas personas que consiguen un trabajo no
pueden superar los 1.200 dólares de ingresos para conservarlas,
absolutamente insuficiente para sufragar los gastos mínimos en Estados
Unidos.
Aun así, antes de la pandemia, Trump anunció la reducción de las
ayudas sociales a un tercio de sus actuales beneficiarios, lo que, de
haberse llevado a la práctica, habría excluido también a unos 500.000
niños y niñas de las becas alimenticias que reciben en las escuelas
públicas. Para muchos de ellos, es la única comida que hacen al día. La
nueva Administración ha prometido aumentarlas en la próxima legislatura.
Pero en medio de la transición del Gobierno, desde finales de
diciembre, han quedado suspendidas las ayudas de 600 dólares al
mes para las personas que se habían quedado desempleadas y otras menores
para aquellas que hubiesen agotado todas las ayudas.
Melissa Meys, trabajadora social de 42 años, se ha convertido en la
pesadilla de los responsables del envenenamiento del agua pública de
Flint. Desde que empezara a organizar la respuesta ciudadana en 2014, no
ha permitido que las consecuencias de aquella operación que está siendo
investigada por corrupción caiga en el olvido. Tras una larga batalla
judicial y mediática, ha conseguido alcanzar un acuerdo con el Estado de
Michigan: tendrá que pagar 600 millones de dólares a las más de 10.000
personas que se vieron afectadas por el envenenamiento del agua. “Lo que
han hecho con nosotros por ser pobres no es una excepción. Hay muchas
otras ciudades con el mismo problema con el agua, porque el problema es
que Estados Unidos no invierte en sus infraestructuras para el servicio
público”.
La Agencia de Protección Medioambiental de este país estima que un
20% de los manantiales de los que procede el agua para el consumo
contiene índices de sustancias perjudiciales para la salud por encima de
los límites permitidos. “Y encima, la factura del agua de Flint es la
más cara del país: pagamos de media unos 200 dólares al mes. Y si no
pagas, te pasan el cargo a los impuestos de la vivienda. Si no los
abonas, te desahucian”, recuerda Melissa.
Ahora ha emprendido otra batalla: asegurarse de que los 600 millones
de dólares del Estado de Michigan se destinen íntegramente a pagar bonos
de alimentos y gastos de hipotecas y de alquiler. Su temor es que la
clase política vuelva a robarles. Y aunque le alivia pensar que Trump no
seguirá siendo el presidente, no alberga ninguna esperanza por la
Administración Biden. Especialmente después de que el exgobernador
Snyder declarase en la campaña la retirada de su apoyo al candidato
republicano para dárselo a los demócratas.
La operación resultaba tan inverosímil que algunos llegaron a pensar
que era una argucia para desmovilizar a los votantes demócratas. Llovía
sobre mojado cuando descubrieron que no estaba entre los planes del
ahora presidente electo rechazar y desmarcarse de quienes les había
envenenado.
“Esto es América”, dicen algunos para resumir las causas de la apatía
con la que viven esta transición. La misma frase hecha que repiten, una
y otra vez, los supremacistas en las manifestaciones para rechazarla.
Precisamente, algunos de los que más se han beneficiado de las ayudas
federales para la COVID-19: una investigación de la Small Business
Administration ha revelado que 14 organizaciones catalogadas como grupos
de odio han recibido más de cuatro millones de dólares del Programa de
Protección destinado a apoyar a los más vulnerables frente a la
pandemia.
Todas ellas actúan como reconocidas lobbies para imponer
políticas antiinmigración, contra los derechos del colectivo LGTBIQ+,
contra los derechos sexuales y reproductivos y por promover la agenda
supremacista blanca, basándose en un nacionalismo tan atroz que ni los
más miserables contemplan la posibilidad de migrar." (Patricia Simón, La Marea, 17/01/21)