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7/9/22

La crisis alimentaria internacional y propuestas para superarla

 "Contrariamente a una idea ampliamente difundida en 2022, la crisis alimentaria mundial comenzó antes de la invasión rusa a Ucrania y al aumento de los precios debido a la especulación. A escala planetaria, entre 2014 y 2021, el número de personas que sufrían inseguridad alimentaria grave aumentó en más de 350 millones, pasando de 565 millones a 924 millones. Este aumento fue particularmente fuerte entre 2019 y 2021, afectando a un poco más de 200 millones de personas. En 2021, cerca de 2.300 millones de personas, o sea el 29,3 % de la población mundial, estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave [1]. En 2022, todos los indicadores están en rojo e incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el 17 de mayo de 2022 para debatir sobre cómo hacer frente a la crisis alimentaria que podría provocar revueltas populares.

 ¿Cómo podemos explicar que en el siglo XXI continuemos confrontados con el hambre?

Es el resultado del modelo de agrobusiness que solamente busca la realización de inmensos beneficios y no le preocupa la alimentación de la población. Y esta situación es mucho más flagrante en los países del Sur Global donde los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial alentaron la agricultura intensiva de exportación según criterios competitivos y de rentabilidad en el mercado mundial [2] , y marginalizaron el sector de producción hortícola y la agricultura campesina que, sin embargo, suministra el 70 % de la producción de alimentos mundial. Los alimentos son transformados en mercadería sometida a la especulación en el mercado mundial, donde un grupo de grandes multinacionales fijan los precios.

 Esas grandes empresas del agrobusiness se benefician de subvenciones públicas, acaparan cada vez más tierras para extender el cultivo de agrocombustibles, recursos de agua para cultivos híper consumidores, destruyen las semillas naturales en provecho de híbridas y OGM, generalizan la utilización de abonos químicos y de pesticidas. Ese modelo de producción aumenta considerablemente la vulnerabilidad de los cultivos frente a factores externos y contribuye enormemente al cambio climático y a las sequías que afectan la agricultura de secano y agotan las napas freáticas. Y todo esto está directamente ligado al sistema capitalista mundial y a su crisis multiforme de las que la crisis alimentaria es una de sus manifestaciones.

 ¿Cuál es la amplitud de la crisis en el ámbito humanitario?

Según un criterio más amplio que fue elaborado por la FAO y otros organismos de la ONU, el 30 % de la población mundial sufre de manera moderada de inseguridad alimentaria.

Si nos concentramos en el continente africano, siempre según la FAO, cerca del 60 % de la población está afectada por la inseguridad alimentaria moderada y el 20 % por la inseguridad alimentaria grave. Estas cifras podrían aumentar mucho con la inestabilidad climática.

En 2020, «se estima que 45 millones de niños y niñas de menos de 5 años sufren emaciación, la forma más mortífera de la malnutrición, que puede multiplicar por 12 el riesgo de muerte en temprana edad. Además, 149 millones de niños y niñas de menos de 5 años presentan un retardo de crecimiento y de desarrollo debido a una carencia crónica de nutrientes esenciales en su alimentación.» [3] El 45 % de las muertes de niños y niñas de menos de 5 años es debido a la malnutrición, y eso representa 3,1 millones de niñas y niños.

«En 2021, la diferencia entre mujeres y hombres en cuanto la inseguridad alimentaria se acentuó todavía más: 31,9 % de mujeres en el mundo estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave frente al 27,6 % de hombres. Esta diferencia muestra un aumento de más del 4 % frente al 3 % correspondiente a 2020». [4]

Según un comunicado de prensa de la UNICEF del 23 de junio de 2022: Cada minuto, un niño sufre malnutrición grave en 15 países afectados por la crisis mundial del hambre: «Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa de emaciación grave a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, y la cifra aumenta cada minuto, advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7.»

Desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más –o un niño cada 60 segundos– sufran emaciación grave en los 15 países más afectados por la crisis, entre ellos en el Cuerno de África y el Sahel Central.» UNICEF agrega: « Mientras tanto, el precio de los alimentos terapéuticos listos para usar, que se utilizan para tratar la emaciación grave, se ha disparado en un 16% en las últimas semanas debido a un fuerte aumento del coste de las materias primas, lo que deja a otros 600.000 niños en peligro de morir sin no reciben acceso a un tratamiento que pueda salvarles la vida.»

Estructuralmente y de manera paradójica, una mayoría de personas víctimas del hambre pertenecen a la población rural. La mayor parte son familias de productores rurales que no poseen la tierra en propiedad o no tienen suficiente tierra, ni medios para valorizarla.
Tienen que vender una gran parte de sus productos agrícolas en el mercado, en particular para poder pagar sus deudas, quedando la familia con escasez de alimentos. Por supuesto, también hay una población urbana muy empobrecida.

Algunas definiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF:

Inseguridad alimentaria moderada: nivel de la gravedad de la inseguridad alimentaria que se caracteriza por el hecho de que las personas afectadas no tienen seguridad en poder procurase alimentos y se han visto obligadas, en un momento o en otro durante el año, a reducir la calidad y/o la cantidad de alimentos consumidos debido a la falta de dinero o de otros recursos. La inseguridad alimentaria moderada hace referencia por lo tanto a una falta de regularidad en el acceso a los alimentos, lo que disminuye la calidad de la alimentación y perturba los hábitos alimentarios normales. Para su cálculo se utiliza la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES-Food Insecurity Experience Scale).
Inseguridad alimentaria grave: nivel de gravedad de la inseguridad alimentaria que se caracteriza por el hecho de que, en un momento dado del año, las personas afectadas agotan sus reservas de alimentos, sufren hambre y, en un grado más grave, quedan uno o varios días sin comer. Se utiliza el mismo sistema de cálculo que para la moderada.
Subalimentación (hambre crónica): Situación en la que una persona tiene un consumo alimentario habitual inferior al necesario para suministrar el aporte energético necesario para llevar una vida normal, activa y sana. La prevalencia de la subalimentación se utiliza para medir el hambre.
Emaciación: La emaciación constituye una forma mortal de malnutrición que enflaquece y debilita a los niños y niñas y los expone a un gran riesgo de morir, así como a problemas de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje.
En 2022, más de 45 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren emaciación.
Emaciación severa: Se caracteriza por una delgadez extrema del niño/niña en relación a su altura, debido a debilitamiento del sistema inmunitario. La emaciación severa es la forma de malnutrición más inmediata, más visible y más mortal.
En 2022, más de 13 millones de niños y niñas de menos de 5 años son víctimas de emaciación severa.
 

Citado por el diario Le Monde (Sous-alimentation: près d’une personne sur dix souffre de la faim dans le monde, un chiffre en forte hausse depuis deux ans), Émile Frison, miembro del panel internacional de expertos sobre los sistemas alimentarios durables (IPES-food), declaraba: « No es necesario que nos engañemos diciéndonos que asistimos a una crisis alimentaria debido únicamente a la Covid y a la guerra en Ucrania, y que si esos problemas se solventan, todo se arreglará». Mathilde Gérard, periodista de Le Monde agrega: «En realidad, esos dos mayores acontecimientos internacionales exacerbaron las dificultades estructurales precedentes» (Fuente: Mathilde Gérard, « Sous-alimentation: près d’une personne sur dix souffre de la faim dans le monde, un chiffre en forte hausse depuis deux ans », Le Monde, 6 de julio de 2022) [5].

 La crisis alimentaria mundial no está provocada por una reducción de la producción de cereales o de otros alimentos

La crisis alimentaria mundial no está provocada por una penuria mundial de producción de alimentos. En efecto, la producción alimentaria mundial aumenta más rápidamente que el crecimiento demográfico desde hace más de medio siglo. En 2021, la cosecha de cereales superó un récord histórico. Pero es importante remarcar que una parte creciente de los alimentos no se dedica a la alimentación humana.

 Los gobiernos del Norte promueven la producción de agrocombustibles, llamados erróneamente biocombustibles con el fin de crear una reacción positiva en la opinión pública. En un artículo de abril de 2022, Jean-François Collin, alto funcionario y exconsejero en el ministerio de Agricultura en Francia pone en evidencia «el considerable aumento de los usos industriales de la producción mundial de cereales (…), especialmente en la producción de etanol: 30% de aumento de la producción mundial de los últimos cincuenta años fueron dedicados al desarrollo de los usos industriales de los cereales. Esto concierne principalmente al maíz y también al trigo. (…) cerca de 200 millones de toneladas de maíz estadounidense son transformadas cada año en etanol, que se incorpora al combustible de los vehículos con motor de gasolina. 10% de los cereales producidos en el mundo ahora se utilizan como combustible. Se podría agregar las superficies dedicadas a otros vegetales como la colza, la soja o la palma (aceite de palma) con los cuales se puede producir un diester también utilizado como combustible. Y son superficies que no se dedican a la producción de trigo o de arroz que pueden alimentar directamente a los humanos.»

También es importante señalar que más de un tercio de la producción mundial de cereales, el 35% según Collin, se destina a la alimentación del ganado.

Un grupo de sociedades transnacionales controlan ampliamente el mercado de cereales, formando un oligopolio, y aumentan permanentemente sus beneficios y su fortuna a costa de la población mundial. A escala planetaria, cuatro sociedades, de las cuales tres son estadounidenses y una es francesa, controlan el 70 % del mercado internacional de cereales. Tienen un papel fundamental en la fijación de los precios y del aprovisionamiento. Las cuatro son: Archer Daniels Midland, De Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, a menudo designadas con la sigla ABCD.

Tomemos el caso de Cargill, veamos que dice Oxfam internacional sobre esta compañía en un reciente informe: « Cargill es un gigante mundial del agroalimentario y una de las más grandes sociedades privadas del mundo. En 2017, se la ha catalogado entre las cuatro empresas que controlan en conjunto el 70 % del mercado de los productos de base agrícola. El 87 % de la propiedad de la empresa pertenece a la undécima familia más rica del mundo. La riqueza acumulada por los miembros de esta familia, que figuran en la lista de milmillonarios de Forbes es de 42.900 millones de dólares, y su fortuna aumentó en 14.400 millones de dólares (un 65%) desde 2020, aumentando a un ritmo de 20 millones por día durante la pandemia. Ese aumento fue debido al aumento de precios de los productos alimentarios, principalmente los cereales. Por otra parte, cuatro otros miembros de la gran familia Cargill figuran, desde hace poco, en la lista de las 500 personas más ricas del mundo. En 2021, la sociedad registró ingresos netos de 5.000 millones de dólares, realizando uno de los más grandes beneficios de su historia. El año precedente, pagó dividendos por 1.130 millones de dólares, cuya mayor parte estaba destinada a miembros de su familia. La sociedad debería, nuevamente, obtener beneficios récords en 2022, lo que engrosaría la ya colosal fortuna de la familia.»

Oxfam agrega: «Según Bloomberg, Cargill no es la única empresa que realiza beneficios importantes aprovechándose de las penurias alimentarias y de la volatilidad de los mercados. Una de las competidoras de Cargill, la sociedad de comercio agrícola Louis Dreyfus Co. declaró en marzo haber realizado un 82 % más de beneficios que el año anterior, en gran parte gracias a las fluctuaciones de los precios de los cereales y a los fuertes márgenes con los granos oleaginosos» (Fuente: Oxfam, «QUAND LA SOUFFRANCE RAPPORTE GROS» «Face à l’explosion de la fortune des milliardaires et alors que le coût de la vie grimpe en flèche, il est urgent de taxer les plus riches », [Cuando el sufrimiento trae la riqueza. Frente a la explosión de las fortunas de los milmillonarios y mientras el coste de la vida sube vertiginosamente, es urgente poner impuestos especiales a los más ricos», publicado el 23 de mayo de 2022. https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-Davos-Media-Brief-12.5.22_FR-final.pdf) 

 Ese control sobre el comercio de alimentos permitió a esas empresas de la agroindustria, y también a grandes cadenas comerciales como Wallmart o Carrefour, imponer aumentos de precio del orden del 30% en 2021. [6]

Las políticas neoliberales de apertura de los mercados, que analizamos más adelante, son otra causa fundamental de la crisis alimentaria. En efecto, esas políticas convirtieron a los países del Sur Global cada vez más dependientes de sus importaciones de cereales (véase más adelante la crítica de las diferentes políticas aplicadas por los países del Sur bajo la presión de instituciones como el BM y el FMI, y también de sus propias clases dominantes). En caso de un shock exterior que produzca un aumento de los precios en el mercado mundial y/o una dificultad de aprovisionamiento, los países del Sur Global, que no producen cereales suficientes para su población, están directamente afectados.

Entre los factores recientes que agravaron la crisis alimentaria, está la enorme especulación que tuvo lugar en los mercados de cereales después de la invasión rusa a Ucrania. El precio del trigo y del maíz aumentó cerca de un 50% en unos quince días mientras que en esos momentos no había ninguna destrucción de la producción y ningún problema de aprovisionamiento. Se trataba de pura especulación por parte de las grandes sociedades privadas que compran stocks de cereales (incluyendo cosechas futuras) en las bolsas de cereales, siendo la principal la de Chicago. El precio del arroz también aumentó, pero en forma más moderada. Inmediatamente, las grandes sociedades de comercialización, los grandes supermercados aumentaron el precio de los alimentos sin justificación alguna.

Tras la invasión de Ucrania, el precio del trigo y del maíz subió casi un 50% en quince días, a pesar de que no hubo destrucción de la producción ni problemas de abastecimiento en ese momento

En el momento en que se escribe este artículo, al final de agosto, durante los últimos tres meses, el precio del trigo en la bolsa de Chicago bajó un 32 % y el del maíz un 22%, sin embargo eso no ha repercutido en una reducción de precios en la venta minorista.

Los precios para los consumidores y consumidoras de las clases populares aumentaron enormemente y es poco probable que bajen, puesto que los gobiernos no aplican políticas de control de precios o fijación de precios. Efectivamente, las grandes empresas privadas son libres de fijar los precios que desean.

 La crisis alimentaria no comenzó con la invasión de Ucrania

En realidad, la situación se degradaba desde 2014 en el mundo entero. En 2007-2008 se había desarrollado una crisis alimentaria muy grave (véase nuestra explicación de la crisis de 2007-2008 en «Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria», https://cadtm.org/Volvamos-a-hablar-de-las-causas-de), que llevó a más de 800 millones de personas a pasar hambre. Entre 2009 y 2013, la situación había mejorado, sin embargo, comenzó a degradarse nuevamente a partir de 2014. (...)

 ¿Es posible erradicar el hambre?

Sí, es totalmente posible. Las soluciones fundamentales para alcanzar ese objetivo vital pasan por un proyecto de soberanía alimentaria alternativo al modelo actual de agrobusiness intensivo. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los países de mantener y desarrollar su propia capacidad para producir su alimentación de base y supone la protección de los recursos naturales, en particular: la tierra, las aguas y las semillas. La soberanía alimentaria coloca a productores y productoras, a distribuidores y distribuidoras y a consumidores y consumidoras de alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las exigencias de los mercados y de las transnacionales. Por consiguiente, la soberanía alimentaria tiene por objetivo alimentar a la población a partir del esfuerzo de los productores y productoras en el ámbito local, y limitando, también, las importaciones y exportaciones.

Para avanzar hacia la soberanía alimentaria, es necesario colocar a la agroecología en el centro de las decisiones políticas de los gobiernos. La agroecología es una alternativa al modelo neoliberal productivista. Esta práctica garantiza los derechos colectivos de campesinos y campesinas, protege la biodiversidad, refuerza los sistemas alimentarios locales y valoriza el trabajo de las mujeres en el campo, que es, literalmente, vital.

La agroecología nos permite disponer de una alimentación de calidad: sin OGM, sin pesticidas, sin abonos químicos. Pero para alcanzar este objetivo, es necesario que más de 3.000 millones de campesinos y campesinas puedan acceder a la tierra en cantidad suficiente y trabajarla por su cuenta, en lugar de enriquecer a los grandes propietarios, a las transnacionales del agrobusiness, a los comerciantes y a los prestamistas. Es necesario, también, de que dispongan, gracias a la ayuda pública, de medios para cultivar la tierra sin agotarla.

Para hacerlo, hay que hacer una reforma agraria, una reforma que falta, cruelmente, en Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, también en Asia y en algunos países de África. Tal reforma agraria debe organizar la redistribución de tierras, prohibiendo a los terratenientes privados y proveyendo una ayuda pública al trabajo de los agricultores. Esta reforma agraria se ha de oponer a las políticas agrarias puestas en práctica por el Banco Mundial, por grandes fundaciones como la Fundación Bill Gates y multinacionales que favorecen las grandes operaciones de acaparamiento de tierras.

La reforma agraria debe preservar los bosques y selvas existentes y estimular la plantación de árboles, allí donde estaba devastado, detener la privatización y comercialización de los recursos hídricos, y evitar el monocultivo que está en los orígenes de la degradación de los suelos.

También, es importante señalar las enormes responsabilidades que tiene el FMI y sobre todo el Banco Mundial en la crisis alimentaria puesto que son especialmente estas instituciones las que llevaron a los Estados a conectarse cada vez más con los mercados internacionales, haciendo crecer su dependencia, a suprimir las ayudas a los pequeños productores agrícolas y a ofrecer una plaza privilegiada a las transnacionales del agrobusiness. El FMI y el Banco Mundial recomendaron a los gobiernos del Sur suprimir los silos de granos que servían para alimentar el mercado interior en caso de insuficiencia de la oferta y/o de un aumento vertiginoso de los precios. El Banco Mundial y el FMI alentaron a los gobiernos a suprimir los organismos de crédito público al campesinado y llevando a campesinos y campesinas a caer en las garras de los prestamistas privados (con frecuencia grandes comerciantes) o de los bancos privados que aplican intereses de usura. Eso provocó el endeudamiento masivo del pequeño campesinado, ya sea en la India, México, Egipto o en numerosos países del África subsahariana. Según las encuestas oficiales, el sobreendeudamiento de los campesinos que afecta a los indios es la causa principal de suicidio de más de 400.000 campesinos en la India durante los últimos 25 años (Statistics say nearly 4,00,000 farmers committed suicide in India between 1995 and 2018. Why? (scroll.in)) (solo en inglés). Ese es un país donde, precisamente, el Banco Mundial se empeñó con éxito a convencer a las autoridades a suprimir las agencias públicas de crédito a los agricultores. Y eso no es todo: durante los últimos 50 años, el Banco Mundial y el FMI también promovieron en los países tropicales y otros países del Sur Global a reducir su producción de trigo, arroz o maíz y a reemplazarlos por cultivos de exportación (cacao, café, bananas, cacahuetes, flores, algodón…). Finalmente, para completar su trabajo a favor de las grandes sociedades del agrobusiness y de los grandes países exportadores de cereales (comenzando por Estados Unidos, Canadá y Europa), hicieron que los gobiernos abrieran totalmente las fronteras a las importaciones de alimentos que benefician de subvenciones masivas por parte de los países del Norte. Eso provocó la quiebra de numerosos productores y productoras del Sur, y una fuerte reducción de la producción de alimentos local.

En resumen, es necesario poner en marcha la soberanía alimentaria, promover la agroecología y aplicar la reforma agraria. Se debe dejar de producir agrocombustibles industriales y eliminar las subvenciones públicas a sus productores. También, es necesario instalar de nuevo los stocks públicos de reserva de alimentos (en partículas los granos: arroz, trigo, maíz…), instaurar los organismos públicos de crédito para agricultores y agricultoras y restablecer una regulación del precio de los alimentos. Hay que garantizar que las poblaciones con bajos ingresos puedan beneficiarse de precios bajos para alimentos de calidad. Se debe suprimir el IVA de los alimentos básicos. El Estado debe garantizar a los pequeños productores y productoras agrícolas unos precios de venta suficientemente altos con el fin de permitir una mejora real de sus condiciones de vida. El Estado también debe desarrollar los servicios públicos en los medios rurales (de salud, educación, comunicaciones, cultura, «bancos de semillas» …). Los poderes públicos tienen capacidades suficientes para garantizar, al mismo tiempo, precios subvencionados a los consumidores de alimentos y precios de venta suficientemente altos para los pequeños productores y productoras agrícolas puedan disponer de unos ingresos suficientes.

 Este combate contra el hambre, ¿acaso no es participe de un combate mucho más amplio?

No podemos pretender seriamente luchar contra el hambre sin atacar las causas fundamentales de la situación actual. La deuda es una de ellas, y la palabrería sobre el tema, frecuente estos últimos años durante las cumbres del G7 y del G20, no disimula para nada, que el problema sigue estando ahí. La crisis global que ahora afecta al mundo agrava la situación de los países en desarrollo frente al coste del endeudamiento y se preparan nuevas crisis de deuda en el Sur. Lo que está pasando, en este 2022, en Sri Lanka y Argentinason ejemplos emblemáticos. Esa deuda condujo a pueblos del Sur, a menudo provistos de riquezas humanas y naturales considerables, a un empobrecimiento masivo. El sistema deuda es un pillaje organizado al que hay que darle fin urgentemente.

En efecto, el mecanismo infernal de la deuda pública ilegítima es un obstáculo esencial a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, entre las cuales, el acceso a una alimentación decente. Sin ninguna duda, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, geopolítica o financiera. En un plan moral, los derechos de los acreedores, rentistas o especuladores no están a la altura en relación a los derechos humanos fundamentales de 8.000 millones de personas, abrumados por ese mecanismo implacable que representa la deuda.

Es inmoral demandar a los pueblos de los países empobrecidos por una crisis global, de la que no son en absoluto responsables, consagrar una gran parte de sus recursos al pago a los acreedores ricos (ya sean del Norte o del Sur) en lugar de dedicarlos a la satisfacción de sus necesidades fundamentales. La inmoralidad de la deuda deriva del hecho de que muy frecuentemente fue contraída por regímenes no democráticos que no utilizaron las sumas recibidas en el interés de la población y que a menudo organizan desvíos masivos de dinero, con el acuerdo tácito o activo de los Estados del Norte, de los acreedores privados del Norte, del Banco Mundial y del FMI. Los acreedores provenientes de los países más industrializados prestaron el dinero con pleno conocimiento de causa a regímenes con frecuencia corruptos. Por consiguiente, esos acreedores no tienen derecho a exigir a los pueblos el reembolso de esas deudas inmorales e ilegítimas.

En resumen, la deuda es uno de los principales mecanismos por los que una nueva forma de colonización se está operando en detrimento de los pueblos. La deuda se agrega a las vulneraciones históricas realizadas por los países ricos: esclavitud, exterminaciones de poblaciones indígenas, yugo colonial, saqueo de materias primas, de la biodiversidad, de los conocimientos del campesinado (por el patentado en provecho de las transnacionales del agrobusiness del Norte de productos agrícolas del Sur como el arroz basmati indio) y de bienes culturales, fuga de cerebros, etc. Ya va siendo hora de reemplazar la lógica de dominación por una lógica de redistribución de las riquezas en pro de la justicia.

El G7, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París imponen su propia verdad, su propia justicia, de la que son, al mismo tiempo, juez y parte. Desde la crisis de 2007-2009, el G20 tomó el relevo del G7 y contribuyó a reponer un FMI desacreditado y deslegitimado al centro del juego político y económico, en particular, con respecto al Sur Global. Hay que poner fin a esta injusticia que beneficia a los opresores, ya sean del Norte o del Sur.

El CADTM sostiene con entusiasmo las propuestas y reivindicaciones adelantadas por el movimiento campesino internacional La Vía Campesina: ¡Alto a la crisis alimentaria! ¡Soberanía Alimentaria, ya! Lo reproducimos íntegramente.

Propuestas de La Vía Campesina para enfrentar la actual crisis alimentaria y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria

«Frente a este dramático contexto, La Vía Campesina expresa fuertes demandas y propuestas para enfrentar la crisis, tanto a corto como a largo plazo.
Demandamos acción inmediata por:

  • El fin de la especulación con los productos alimenticios y la suspensión de la cotización de los productos alimenticios en las bolsas de valores. Los contratos futuros sobre productos agrícolas deberían prohibirse inmediatamente. El precio de los alimentos comercializados internacionalmente debe estar vinculado a los costos de producción y seguir los principios del comercio justo, tanto para los/las productores/as como para los/las consumidores/as;
  • El fin de la Organización Mundial de Comercio en el control del comercio de alimentos, así como los tratados de libre comercio. En particular, las normas penales de la OMC que impiden a los países desarrollar reservas públicas de alimentos y la regulación de precios y mercados deben eliminarse de inmediato, para que los países puedan desarrollar las políticas públicas necesarias para apoyar a los/las productores/as de alimentos a pequeña escala en este difícil contexto;
  • Una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Alimentaria y la creación de un nuevo organismo internacional para llevar a cabo negociaciones transparentes sobre acuerdos de productos básicos entre países exportadores e importadores, para que los países que se han vuelto dependientes de las importaciones de alimentos puedan tener acceso a alimentos a un precio accesible;
  • La prohibición del uso de productos agrícolas para producir agrocombustibles o energía. La comida debe ser una prioridad absoluta por sobre el combustible.
  • Una moratoria global en el pago de la deuda pública por parte de los países más vulnerables. En el contexto actual, presionar a algunos países muy vulnerables para que paguen la deuda es una gran irresponsabilidad y está desembocando en una crisis alimentaria. Hacemos un llamado al fin de las presiones del Fondo Monetario Internacional, FMI, para desmantelar las políticas públicas nacionales y los servicios públicos y a la cancelación de la deuda pública externa ilegítima en los países en desarrollo.

Exigimos cambios radicales en las políticas internacionales, regionales y nacionales para reconstruir la soberanía alimentaria a través de:

  • Un cambio radical en el orden comercial internacional. La OMC debe ser desmantelada. Un nuevo marco internacional para el comercio y la agricultura, basado en la soberanía alimentaria, debe abrir el camino para el fortalecimiento de la agricultura campesina local y nacional, para asegurar una base estable para una producción de alimentos relocalizada, el apoyo a los mercados liderados por campesinos y campesinas, locales y nacionales, así como en cuanto a asegurar un sistema de comercio internacional justo basado en la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia y la especulación;
  • La implementación de la Reforma Agraria Popular e integral, para detener el acaparamiento de agua, semillas y tierras por parte de las transnacionales, y garantizar a los/las pequeños/as productores/as derechos justos sobre los recursos productivos. Protestamos contra la privatización y el acaparamiento de ecosistemas y recursos naturales por intereses corporativos bajo el pretexto de la protección de la naturaleza, a través de mercados de carbono u otros programas de compensación de biodiversidad, sin consideración a las personas que viven en los territorios y que han estado cuidando de los recursos por generaciones;
  • Un giro radical hacia la agroecología, con el fin de producir alimentos sanos en cantidad y calidad para toda la población. Debemos tener en cuenta que la crisis climática y medioambiental será nuestro gran reto en el contexto actual y debemos afrontar el desafío de producir suficientes alimentos de calidad mientras reanimamos la biodiversidad y reducimos drásticamente las emisiones de GEI.
  • Una regulación efectiva del mercado de insumos (créditos, fertilizantes, pesticidas, semillas, combustible…) para apoyar la capacidad de los/las campesinos/as para producir alimentos, pero también para asegurar una transición justa y bien planificada hacia más prácticas de agricultura agroecológica;
  • Una gobernanza alimentaria basada en la gente, no en las transnacionales. A nivel mundial, regional, nacional y local, se debe detener la captura de la gobernanza alimentaria por parte de las transnacionales y se debe poner el interés de la gente en el centro. Se les debe reconocer a los/las pequeños/as productores/as un papel clave que debieran ocupar en todos los organismos de la gobernanza alimentaria;
  • La transformación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de de campesinos y campesinas en un instrumento jurídicamente vinculante para la defensa de los pueblos rurales.
  • El desarrollo en cada país de las capacidades públicas de almacenamiento. La estrategia de acumulación de alimentos debe llevarse a cabo tanto a nivel nacional, como a través de la creación y el apoyo público a reservas de alimentos a nivel comunitario con alimentos producidos localmente provenientes de prácticas agrícolas agroecológicas;
  • Una moratoria global sobre tecnologías peligrosas que amenazan a la humanidad, como la geoingeniería, los transgénicos o la carne celular. La promoción de técnicas de bajo costo que incrementen la autonomía campesina y de las semillas campesinas.
  • El desarrollo de políticas públicas para asegurar nuevas relaciones entre quienes producen alimentos y quienes los consumen, quienes viven en las áreas rurales y quienes viven en las áreas urbanas, garantizando precios justos definidos en base al costo de producción, que permitan ingresos dignos para los y las que producen en el campo y un acceso justo a alimentos saludables para los/las consumidores/as;
  • La promoción de nuevas relaciones de género basadas en la igualdad y el respeto, tanto para las personas que viven en el campo como entre la clase trabajadora urbana. La violencia contra las mujeres y diversidades debe cesar ya."

( Eric Toussaint , Omar Aziki, CADTM, 05/09/22)

18/1/22

Las mismas gaseosas, los mismos cereales, las mismas galletas, el mismo pan del desayuno, los mismos yogures: la región come cada día más igual. La homogeneidad arrasa con culturas alimentarias ricas y variadas, con territorios enteros que ahora están vaciados o bien obligados a producir lo mismo... Yogur de frutilla sin frutilla, pastas de avellanas sin rastros de avellana... “Lo que realmente ha impulsado esta mayor agresividad para penetrar los productos ultraprocesados en Latinoamérica es la saturación de mercados en el hemisferio norte, donde alrededor del 50% o 60% de la alimentación son ultraprocesados. En Latinoamérica esa incidencia es de entre el 10% y el 30% entonces es posible crecer más”... los mercados emergentes son fundamentales para cumplir con las metas de marcas como Coca Cola... La obesidad en la niñez y la adolescencia ha alcanzado proporciones epidémicas en la región

 "Las mismas gaseosas, los mismos cereales, las mismas galletas, el mismo pan del desayuno, los mismos yogures: la región come cada día más igual. La homogeneidad arrasa con culturas alimentarias ricas y variadas, con territorios enteros que ahora están vaciados o bien obligados a producir lo mismo, y con la salud de los comensales cuyos cuerpos terminan forzados a adaptarse a un menú de excesivos nutrientes críticos --azúcar, grasas de mala calidad y sal--, repletos de aditivos que maquillan haciéndolos parecer comidas que no son. Yogur de frutilla sin frutilla, pastas de avellanas sin rastros de avellana.

De 2009 a 2014 la venta de ultraprocesados escaló 8,3% en América. Hacia 2019 sumó otro 9,2% de acuerdo con los últimos datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Este incremento no es una casualidad, sino el resultado de una estrategia activa de las grandes corporaciones alimenticias, que ven a la región como la tierra prometida; el lugar donde puede reverdecer un negocio que en los países desarrollados toca su límite. “Lo que realmente ha impulsado esta mayor agresividad para penetrar los productos ultraprocesados en Latinoamérica es la saturación de mercados en el hemisferio norte, donde alrededor del 50% o 60% de la alimentación son ultraprocesados. En Latinoamérica esa incidencia es de entre el 10% y el 30% entonces es posible crecer más”, explica Fabio da Silva Gomes, asesor regional en Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según un informe del Center of Science in Public Interest (CSPI), los mercados emergentes son fundamentales para cumplir con las metas de marcas como Coca Cola. En 2013, las operaciones fuera de Estados Unidos representaron el 58% de las operaciones netas de la marca y las ventas crecieron drásticamente en países como Tailandia, India, Rusia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Vietnam y Argelia. 

Pese a su promesa publicitaria, no es precisamente felicidad lo que nos trae el consumo sostenido de este tipo de productos. Hoy el 80% de las muertes de la región se explica por enfermedades no transmisibles (ENT) (complicaciones cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas), que tienen entre sus principales factores de riesgo las dietas con exceso de azúcar, sal y grasas, los nutrientes críticos que aumentan proporcionalmente con el consumo de ultraprocesados. En América Latina las enfermedades no transmisibles crecieron un 26,7% entre 2000 y 2013. Hoy 3,9 millones de personas mueren cada año por estas causas evitables.

Pero la situación es todavía más alarmante en la infancia. Son los niños, niñas y adolescentes quienes más consumen estos productos. Una encuesta realizada en el sur de Brasil reveló que los ultraprocesados representan el 20% de la energía alimentaria en los lactantes de menos de dos años de edad y el 36% de la energía alimentaria en niños de dos a seis años, lo que explica por qué el marketing de las marcas se ensaña con niños y niñas: son ellos quienes engordan las billeteras corporativas, a costa de su propia salud.

La comida infantil aparece con una multiplicidad de opciones desde el inicio de la alimentación complementaria. Hay lácteos, jugos y galletitas destinadas a la primera infancia --en algunos casos con inscripciones como “mi primer Yogurísimo”--; productos revestidos de diseños que provocan ternura, modelan los paladares y generan vínculos afectivos.

Pero en realidad generan males. La obesidad en la niñez y la adolescencia ha alcanzado proporciones epidémicas en la región. Se calcula que 7% de los menores de 5 años de edad tienen sobrepeso u obesidad y en la población escolar (de 6 a 11 años) las tasas varían desde 15% (Perú) hasta 34,4% (México). En la población adolescente, de 12 a 19 años, los números van de 17% (Colombia) a 35% (México).

Las proyecciones de la OPS indican que si se eliminaran los factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de ultraprocesados, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol se podrían prevenir el 80% de las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y los casos de diabetes de tipo 2, así como más del 40% de los casos de cáncer.

¿Por qué, hasta ahora, la industria ha podido aumentar su presencia y transformar productos que eran considerados superfluos o de consumo esporádico en parte central de la alimentación cotidiana? ¿Por qué los padres y madres ofrecen sistemáticamente a sus hijos un menú de productos que pueden dañar su salud? El senador chileno Guido Girardi, principal impulsor de la ley de etiquetado en su país, no tiene dudas: “Porque hay una asimetría de información, un ocultamiento. Los sistemas de etiquetado que tiene la industria están hechos para que nadie los entienda y les permite poner basura dentro de un envase que parece saludable y afuera tiene animaciones, colores, formas de animales”.               

(Delfina Torres Cabrero / Gino Viglianco (Bocado), CTXT, 14/01/2022)

11/1/22

«This is America»: la nación con 50 millones de pobres que no tienen dónde migrar

 "Un hombre con paso cansado y espalda encorvada atraviesa el parking de la iglesia cargando con un pack plastificado de agua embotellada. Lo mete en el maletero. Vuelve para recoger las bolsas de verduras frescas cultivadas en huertos por los voluntarios de este templo ortodoxo. Retorna. Abre la caja que le entregan sellada: un rollo de papel higiénico, una pastilla de jabón, unos guantes, un kit de costura, tiritas, termómetros desechables… Y una pelota antiestrés. Es publicidad de Blue Cross, una alianza de aseguradoras médicas con más de 100 millones de clientes, que sabe bien que en Flint, una de las tres ciudades más pobres de Estados Unidos, el papel higiénico es un lujo, el jabón es un lujo… y el agua potable es un lujo. 

Por eso, el hombre, blanco, desempleado, avejentado aunque apenas roce la cuarentena, padre de cinco hijos, recoge con la mano vacía una probeta que deberá devolver rellena con el líquido que sale del grifo de su casa el próximo martes. No se fía de lo que digan en el laboratorio en el que lo analizarán y no le importa que las elecciones presidenciales las haya ganado Biden. En esta ciudad casi nadie confía ya en ninguna autoridad desde que, en 2015, Obama llegase en el Air Force One para beber un vaso de agua del grifo ante los representantes de la comunidad, mientras a niñas y niños se les caía el pelo y ancianos morían de legionelosis a causa del agua contaminada del grifo que habían ingerido y que seguían ingiriendo.

Hay una pobreza que se mueve, mucho, como los peces que suben el río a contracorriente buscando un lugar donde ovar. Es la pobreza que no cae en la miseria gracias a la economía de subsistencia, al mercadeo diario, la pobreza que migra y que empieza de nuevo las veces que haga falta en busca de un horizonte de mejora. Hay otra pobreza, inmóvil, de cuencas vacías, que reserva las escasas energías encerrándose puertas adentro, buscando también en el aislamiento seguridad. No se mueve porque no tiene dónde ir. Es la que se encuentra en los países más míseros, conocidos por sus hambrunas, guerras y epidemias, y también en los márgenes de los más prósperos, como la que esta pandemia ha permitido observar con mayor nitidez en las calles vacías de la primera potencia mundial. 

En Estados Unidos hay 55 millones de personas pobres, ocho millones más que en 2019 como consecuencia de la pérdida de 22 millones de empleos por la COVID-19. Uno de cada cuatro de sus habitantes latinos vive por debajo del umbral de la pobreza, al igual que de los afroamericanos, unos porcentajes que han crecido un 2% durante 2020. En el caso de la población blanca, se ha pasado de un 11,2% a un 12%, según datos de la ONU. Ya antes de esta crisis sociosanitaria, la Oficina del Censo del Gobierno federal estimaba que dos de cada cinco de sus habitantes no podían cubrir un gasto de 400 dólares sin endeudarse. En junio, en pleno hundimiento de la economía mundial, más de un tercio de sus inquilinos no pudieron pagar su alquiler a tiempo. El mismo organismo advierte de que, en enero de 2021, cuando Joe Biden toma posesión, 12 millones de personas acumulan una deuda de más de 5.000 euros con sus caseros.

La economía estadounidense, la segunda más desigual del mundo –solo por detrás de China, según el índice Gini– es un castillo de naipes sustentado en las espaldas de millones de personas sin hogar o sin empleo, que esta pandemia ha dejado al descubierto con el vaciado de las calles. En Nueva York, la ciudad a las que todas aspiran parecerse, de la que sus habitantes multibillonarios han huido para instalarese en sus segundas residencias, la estampa es tétrica: sin los millones de turistas que la llenaban diariamente, el metro se ha convertido en uno de los refugios de las personas sin hogar.

Allí pasan horas dormitando mientras se protegen del frío. Arriba, los soportales de los teatros de Broadway, cerrados desde hace meses, se han convertido en su residencia habitual. Ahora que el frío aprieta, empiezan a morir por hipotermia. Según el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, cada año fallecen unas 15 personas por esta razón, aunque en su página web admite que se estima que son muchos más. 

Pero lo peor está oculto en los gigantescos edificios de viviendas públicas de la Gran Manzana, convertidos en algunos barrios en favelas de degradación física y mental. La campaña demócrata en algunas zonas de barrios como Harlem, Bronx o Queens ha consistido, fundamentalmente, en gestionar ayudas para la alimentación, para pagar facturas de la luz y para suspender desahucios, además de prometer nuevas políticas de apoyo.

La tarde de Halloween, una líder comunitaria de Harlem inauguraba un buzón en la calle con libros para niños y niñas que, en su mayoría, no tienen ninguno en sus casas. “Los niños y niñas pueden imaginar qué pueden llegar a ser por lo que ven a su alrededor o por lo que leen. Donde nosotras trabajamos, a su alrededor solo ven pobreza, desempleo,violencia, drogas… Una niña de estos barrios no puede imaginar que puede ser otra cosa que ama de casa y madre porque no conoce otra cosa”, explica Jo Umans, directora de Behind the book, la entidad que ha regalado los libros.

Más pobreza con políticas antipobreza

La autovía que une Detroit con Flint es un viaje a lo Blade Runner por los grandes males que asolan Estados Unidos: letreros publicitarios a ambos lados de las vías ofrecen ayuda para la adicción a los opiáceos, alertan sobre la invisibilidad y omnipresencia de la pobreza, recuerdan la importancia de la escolarización…. Tras dejar atrás esqueletos de edificios que, hasta su deslocalización, formaron parte de la industria automovilística más potente del planeta, nos adentramos en calles vacías, barridas por un viento helado, y cuya apariencia desoladora es subrayada por las nubes grises que amenazan con lluvias. Como en tantas ciudades estadounidenses, aquí cada día de la semana, una iglesia de cada barrio se convierte en centro de ayuda. Hoy es martes y le toca a la iglesia ortodoxa de Astbury, uno de los barrios más pobres de una de las ciudades más pobres de Estados Unidos: Flint. 

Esta población del estado de Michigan se hizo conocida mundialmente después de que el director Michael Moore la utilizase como ejemplo en su documental Farenheit 11/9 (2008) para explicar la desafección política del pueblo estadounidense, especialmente con el partido demócrata. En 2011, el gobernador republicano Rick Snyder declaró sorpresivamente la ciudad en crisis financiera, suspendiendo así la capacidad de decisión de las autoridades locales, e imponiendo a sus representantes. Unos meses más tarde, Snyder anunció la aprobación de un proyecto multimillonario para la construcción de una nueva canalización del agua de la laguna que surte a Flint, una obra tan innecesaria como lucrativa por sus sobrecostes. En el proceso, las tuberías se contaminaron con plomo y su población, negra en un 54,3%, comenzó a enfermar. 

Cuando trabajadores sanitarios dieron la voz de alarma por los niños, niñas y adultos que llegaban a su consulta con problemas de caída de pelo, erupciones en la piel, ataques de ira y cambios injustificados en su comportamiento, las autoridades desoyeron su alerta. Snyder solo interrumpió el suministro de las aguas envenenadas cuando General Motors, uno de los grandes financiadores de su campaña electoral, se lo exigió por los daños que estaba ocasionando a las piezas de su cadena de montaje. 

El documental, dedicado a explicar las artimañas del Partido Demócrata para impedir la victoria de la candidatura de Bernie Sanders sobre la de Hillary Clinton y, posteriormente, la llegada a la presidencia de Donald Trump, recoge uno de los momentos que más vivos permanecen en la memoria de las personas entrevistadas para este reportaje en Flint. Tal era la crisis sociosanitaria que se vivía en 2015, que el entonces presidente Obama viajó a la ciudad.

Representantes de los colectivos más afectados esperaban con ansia y esperanza que declarase el estado de emergencia para que equipos de ingenieros del Gobierno Federal pudiesen intervenir y restablecer el agua potable para la ciudad. Por el contrario, el líder afroamericano pidió histriónicamente un vaso de agua del grifo en los dos actos públicos que protagonizó aquel día y los bebió con el fin de dar por cerrada la crisis política ante sus votantes. 

Exactamente lo mismo que había hecho meses antes el alcalde de la ciudad, mientras sus habitantes conseguían que un profesor universitario tomase pruebas con su alumnado y revelase la dimensión de la tragedia: el agua tenía hasta siete veces más cantidad de plomo del permitido legalmente. Moore recoge en su documental los rostros de incredulidad entre el público de Obama, que rápidamente dieron paso a la rabia por una nueva decepción: podía ser el primer presidente negro, pero estaba claro que tampoco iba a defender los derechos de los que se consideraban víctimas de un genocidio: si políticos, empresas y buena parte de la opinión pública habían tolerado que se envenenase, a sabiendas, a los habitantes de Flint durante más de un año era porque en su mayoría eran negros. Y la minoría, latinos y blancos pobres: el 40%, muy pobres, según las estadísticas municipales. 

“Sí, fue un genocidio. Hasta aquel día yo confiaba en Obama. Ya no. Fue muy duro ver cómo enfermaban nuestros niños y ancianos sin que nadie hiciese nada”, sentencia Miss Kay, uno de los voluntarios de la iglesia de Astbury que desde 2016 reparten lo básico a sus vecinos. Le acompaña en su tarea John, un hombre de 50 años, que tiene problemas respiratorios desde 2016 y que sostiene que, la semana anterior, una bala entró por la ventana de su casa procedente de un tiroteo cruzado entre coches en la calle. No hirió a nadie pero su nieto estaba en el jardín.

“Es una locura: no tenemos trabajo, ni seguridad, ni podemos beber agua del grifo”, resume aún con incredulidad. Según el FBI, Flint fue la ciudad más peligrosa de Estados Unidos entre 2010 y 2012, cuando alcanzó los 22 crímenes violentos por cada 1.000 habitantes, y sigue estando entre los 10 primeros puestos.Hasta los años 70, cuando GM cerró buena parte de sus plantas de producción automovilística, Flint era un ciudad receptora de migración, de ahí el 3,6% de población de origen latino que recoge su padrón. Con las deslocalizaciones comenzó un nuevo éxodo por el que todo el que puede abandona la ciudad.

Ese es el caso de la mayoría de los familiares de Jasmine Cofield, una física de 26 años que volvió a su ciudad hace un año para investigar los efectos en la salud infantil del agua contaminada. Pero el caso de sus seres queridos no es habitual. Si estos han podido marcharse a ciudades como Atlanta, Washington DC, Las Vegas… es porque tienen estudios universitarios y, consecuentemente, mejores posibilidades laborales. 

Pero la mayoría de los habitantes de Flint no tienen capacidad de ahorro, ni estudios superiores, ni, sobre todo, la idea en su imaginario de la posibilidad de migrar. Porque, ¿adónde vas cuando vives en el país al que supuestamente todo el mundo aspira a parecerse? La excepcionalidad estadounidense es una teoría fundamental para entender esta nación de un nacionalismo fundamentalista.

Que Thomas Jefferson la definiese como “mejor esperanza del mundo”, que Harris S. Truman sostuviera que su deber era “ayudar a los pueblos libres a encontrar su propio destino a su manera”, que Ronald Reagan repitiera que era “más libre que cualquier otro pueblo”, o que Joe Biden termine discursos recitando salmos bíblicos y relacionándolos con el destino de su nación son solo algunos ejemplos de una cosmovisión que desemboca en un fenómeno paradójico: ninguna de las personas pobres entrevistadas para este reportaje se había planteado migrar a otro país a lo largo de su vida. Y la pregunta misma les provoca desconcierto.

Los migrantes son los otros, los que quieren venir a su país. “¿A dónde voy a ir: a México, a África, a España?”, pregunta retóricamente Shane, un vecino de Flint de 40 años que mata las horas sentado en la escalera de su precaria vivienda: apenas unos 20 metros cuadrados de estancia de tablas de madera en los que cocina, ve la tele y duerme. No tiene trabajo ni espera tenerlo. Dice no saber nada de su mujer y del hijo que tuvieron juntos desde hace ocho años. El crío tendrá ahora unos 12. 

Consecuencias del desprestigio político

A unas cuadras de su casa, se encuentra Vinicius, un hombre negro de 66 años que habla buena parte del tiempo con los ojos semicerrados. Sostiene en una mano el móvil con la llamada en altavoz desde hace 40 minutos. Espera que le contesten sobre por qué han bloqueado su tarjeta de crédito –“sin ella no puedo comprar comida porque ahí están mis bonos de alimentos”, explica–. En la otra sostiene el vigilabebés a través del cual escucha los gorjeos de la hija de su vecino, que cuida mientras este trabaja en la iglesia. Sostiene que la madre se marchó hace poco. “Este barrio es horrible. Yo no voy a ningún sitio ni hablo con nadie”, explica Vinicius, mientras en el televisor Biden explica el plan para frenar la pandemia que pondrá en marcha en sus primeros días en la Casa Blanca. 

Hace cinco años, Vinicius abrió el grifo y vio cómo salía un líquido espeso marrón. Desde que se confirmó que era tóxica, no la bebe, pero tiene que seguir cocinando y bañándose con ella. “No creo que Trump sea tan malo como dicen”, opina. “Quizás hable demasiado, pero porque es un hombre de negocios, no un político”, añade.

El desprestigio de la clase política hace que muchos de los entrevistados ensalcen el perfil empresarial de Trump. A la pregunta de si no lo considera racista, responde: “Posiblemente, pero ahora todo el mundo habla de negros, blancos, marrones. Echo de menos los años 60 y 70, cuando estábamos todos más unidos”. Vinicius dice que no ha votado. Alrededor, sencillas casas de tablas de madera se alternan con algunas quemadas, otras abandonadas, la mayoría decrépitas. Las calles, desérticas. La basura se acumula alrededor de los bidones. Solo las iglesias parecen cuidadas. Y hay muchas, por todas partes: más de 200 en toda Flint, que durante el auge de la industria automovilística llegó a albergar un cuarto de millón de personas y que, ahora, escasamente supera las 100.000.

En una de esas viviendas de dos plantas, con algunos juguetes abandonados en los metros de césped que la rodean, vive Cornet Johnson, de 33 años, con sus cuatro hijos, su marido y tres perros. Su hermana mayor, Dana, y su sobrino acaban de traerle en coche un par de vasos de litro de refresco de un restaurante de comida rápida. Viven en la casa vecina. Dana es obesa y no puede moverse apenas. Tiene los brazos carcomidos por una psoriasis que le brotó, según explica, a raíz de la crisis del agua. Ninguno tiene un empleo, todos tienen reconocida alguna discapacidad. Reciben por ello un cheque social que en el caso de Flint no supera los 400 dólares mensuales, y que varía sustancialmente entre Estados: entre los 150 por familia en Mississippi a los 653 en Alaska.  

“Mi hijo menor nació con defectos de nacimiento: es autista. El que ahora tiene dos años tiene retraso de desarrollo; el de cinco, tuvo manchas por todo el cuerpo durante mucho tiempo…”, explica ante la puerta de su casa, que cierra a su espalda. Las contraventanas permanecen cerradas. A estas horas deberían estar en el colegio, pero la madre dice que están durmiendo la siesta con el padre. Son los blancos pobres, conocidos como White Trash, a los que la historiadora Nancy Isenberg dedica su obra más popular, conocida con el mismo nombre y publicada en España por Capitán Swing.

Un colectivo que tuvo un gran peso en la victoria de Trump de 2016, sacándole unos 40 puntos de diferencia a los demócratas, y que ha perdido un importante apoyo en esta segunda vuelta. Cornet también dice que no ha votado. Tampoco hay rabia en su discurso, ni señala a responsables de su situación: es una pobreza heredada por generaciones y que en el país paradigma de las oportunidades neoliberales produce un autoodio: si no lo he conseguido, será porque no lo valgo. 

Esta percepción se rompió, como recuerda Isenberg, con la Gran Depresión de 1929, cuando más de una cuarta parte de la población se quedó sin empleo, por lo que “el viejo subterfugio de culpar al individuo perdió toda capacidad de persuasión”. La pregunta es si la Nueva Gran Depresión que se ha anunciado a nivel global como consecuencia de la pandemia provocará el mismo efecto. 

Melissa Meys vive cerca del centro de Flint, en una calle flanqueada en sus extremos por un hospital y una gasolinera. Ni aquí, ni en las manzanas de alrededor hay un supermercado. Solo licorerías y uno de esos comercios en los que aceptan bonos para comida y que solo venden refrescos, patatas fritas, galletas y, en el mejor de los casos, porciones de pizza a dólar. Para hacer la compra, la mayoría de los habitantes de las ciudades de Michigan tienen que conducir hasta las afueras, agarrar un enorme carro y llenarlo con paquetes familiares a precios bajos en comparación con el de las frutas y las verduras. Una parte sustancial de las personas pobres no tienen coche, no se pueden permitir trasladarse para hacer la compra o no tienen ese hábito, por lo que gastan sus bonos en las tiendas y restaurantes de comida basura. 

De Clinton a Trump

EEUU invertía hasta antes de la pandemia 278.000 millones de dólares al año en programas gubernamentales contra la pobreza, un presupuesto que supera al PIB de numerosos países. Sin embargo, el modelo ha cambiado poco en las últimas décadas. De hecho, el plan vigente, aprobado por Bill Clinton en los 90, fue diseñado por su predecesor republicano. Es básicamente asistencial: sus dos grandes pilares son bonos para comprar comida y evitar así que haya hambrunas ; y cheques sociales que no permiten salir de la pobreza, pero favorecen su perpetuidad, puesto que aquellas personas que consiguen un trabajo no pueden superar los 1.200 dólares de ingresos para conservarlas, absolutamente insuficiente para sufragar los gastos mínimos en Estados Unidos. 

Aun así, antes de la pandemia, Trump anunció la reducción de las ayudas sociales a un tercio de sus actuales beneficiarios, lo que, de haberse llevado a la práctica, habría excluido también a unos 500.000 niños y niñas de las becas alimenticias que reciben en las escuelas públicas. Para muchos de ellos, es la única comida que hacen al día. La nueva Administración ha prometido aumentarlas en la próxima legislatura. Pero en medio de la transición del Gobierno, desde finales de diciembre, han quedado suspendidas las ayudas de 600 dólares al mes para las personas que se habían quedado desempleadas y otras menores para aquellas que hubiesen agotado todas las ayudas. 

Melissa Meys, trabajadora social de 42 años, se ha convertido en la pesadilla de los responsables del envenenamiento del agua pública de Flint. Desde que empezara a organizar la respuesta ciudadana en 2014, no ha permitido que las consecuencias de aquella operación que está siendo investigada por corrupción caiga en el olvido. Tras una larga batalla judicial y mediática, ha conseguido alcanzar un acuerdo con el Estado de Michigan: tendrá que pagar 600 millones de dólares a las más de 10.000 personas que se vieron afectadas por el envenenamiento del agua. “Lo que han hecho con nosotros por ser pobres no es una excepción. Hay muchas otras ciudades con el mismo problema con el agua, porque el problema es que Estados Unidos no invierte en sus infraestructuras para el servicio público”.

La Agencia de Protección Medioambiental de este país estima que un 20% de los manantiales de los que procede el agua para el consumo contiene índices de sustancias perjudiciales para la salud por encima de los límites permitidos. “Y encima, la factura del agua de Flint es la más cara del país: pagamos de media unos 200 dólares al mes. Y si no pagas, te pasan el cargo a los impuestos de la vivienda. Si no los abonas, te desahucian”, recuerda Melissa.

Ahora ha emprendido otra batalla: asegurarse de que los 600 millones de dólares del Estado de Michigan se destinen íntegramente a pagar bonos de alimentos y gastos de hipotecas y de alquiler. Su temor es que la clase política vuelva a robarles. Y aunque le alivia pensar que Trump no seguirá siendo el presidente, no alberga ninguna esperanza por la Administración Biden. Especialmente después de que el exgobernador Snyder declarase en la campaña la retirada de su apoyo al candidato republicano para dárselo a los demócratas.

La operación resultaba tan inverosímil que algunos llegaron a pensar que era una argucia para desmovilizar a los votantes demócratas. Llovía sobre mojado cuando descubrieron que no estaba entre los planes del ahora presidente electo rechazar y desmarcarse de quienes les había envenenado. 

“Esto es América”, dicen algunos para resumir las causas de la apatía con la que viven esta transición. La misma frase hecha que repiten, una y otra vez, los supremacistas en las manifestaciones para rechazarla. Precisamente, algunos de los que más se han beneficiado de las ayudas federales para la COVID-19: una investigación de la Small Business Administration ha revelado que 14 organizaciones catalogadas como grupos de odio han recibido más de cuatro millones de dólares del Programa de Protección destinado a apoyar a los más vulnerables frente a la pandemia.

Todas ellas actúan como reconocidas lobbies para imponer políticas antiinmigración, contra los derechos del colectivo LGTBIQ+, contra los derechos sexuales y reproductivos y por promover la agenda supremacista blanca, basándose en un nacionalismo tan atroz que ni los más miserables contemplan la posibilidad de migrar."                 (Patricia Simón, La Marea, 17/01/21)

9/6/21

La OMS baraja una reducción del 40% de la producción de carne de origen porcino, vacuno y bovino para las próximas décadas. Esa reducción va a conllevar restricción de acceso a la carne y una subida de precios muy importante... no es descartable que la carne desaparezca de la alimentación de una parte importante de la población mundial, a menos que se racione entre la población

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 La OMS baraja una reducción del 40% de la producción de carne de origen porcino, vacuno y bovino para las próximas décadas. No hace falta hacer muchos cálculos para saber que esa reducción va a conllevar restricción de acceso a la carne y una subida de precios muy importante.

2- Tal cual quieren llevarlo a cabo, no es descartable que la carne desaparezca de la alimentación de una parte importante de la población mundial y que en muchos países sea de acceso muy restringido por escasez y precios o que se racione entre la población.

Como terminemos en un "Capitalismo comunista" va a ser de risa. Vamos a ver como se desarrollan las directivas ... 

9:45 p. m. · 7 jun. 2021
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14/12/20

La pobreza, la publicidad y el azúcar alimentan la obesidad infantil en el país de la dieta mediterránea... se puede comer saludable con poco dinero, pero es muy aburrido, tendrías que estar comiendo lentejas, garbanzos, arroz y patata todos los días, porque si te sales de ahí, todo es caro

"Cuando el día está repleto de adversidades vitales y de incertidumbre económica, quizá lo que menos apetezca al caer la noche sea cenar brócoli hervido junto con un poco de arroz. Y mucho menos, pelearte con tus hijos por una verdura tan sana como amarga. Unas salchichas baratas, un bote de tomate frito, acabar pronto, degustar ese dulce sabor del azúcar y del glutamato monosódico.

Unas calorías de más, unos nutrientes de menos, pero la felicidad también es esto. Los niños engordan por diversos motivos, pero es sobre todo el precio de la cesta de la compra el que explica por qué la obesidad infantil afecta al 23% de los niños de familias con menos de 18.000 euros brutos anuales, frente al 12% con rentas superiores a 30.000 euros. Casi el doble.

El pediatra Carlos Casabona resume que se puede comer saludable con poco dinero, “pero es muy aburrido, tendrías que estar comiendo lentejas, garbanzos, arroz y patata todos los días, porque si te sales de ahí, todo es caro. Las frutas y las verduras no bajan de los dos euros el kilo y no encuentras frutos secos por menos de doce. La caloría saludable es bastante cara en general”.

Para evitar esa monotonía y acceder a una cesta de la compra acorde al criterio de dieta mediterránea —evitando procesados, carnes y refinados—, desde Justicia Alimentaria reivindican una política fiscal alineada con la salud pública. Esta organización está detrás de la tasa del azúcar de los refrescos y piden más medidas. “Necesitamos una política fiscal coherente, con subidas y bajadas significativas que influyan en la compra”, sostiene su portavoz, Javier Guzmán.

Del estudio Aladino, presentado en septiembre por el Ministerio de Consumo, se desprende una clara relación entre obesidad infantil y renta, pero más allá de este dato, la panorámica general que ofrece la investigación —que se repite aproximadamente cada cinco años— es que cuatro de cada diez niñas y niños de entre seis y nueve años tienen sobrepeso u obesidad (23,3 y 17,3%, respectivamente). Solo el 0,9% sufre delgadez, mientras que el 58,5% se encuentra en valores adecuados de salud.

Para esta epidemia más contagiosa que el covid no hay intención de invertir en vacunas, más bien al contrario. “De cinco anuncios de alimentación insana, cuatro se dirigen a niños”, alerta el portavoz de Justicia Alimentaria. “España solo tiene un código de autorregulación voluntaria que han escrito las propias empresas, por lo que se permite publicitar cualquier alimento y solo limita el tipo de imagen”, explica Guzmán.

Portugal prohibió el pasado año la publicidad de productos con elevadas cantidades de sal, azúcar, y grasas saturadas en horario infantil. Previamente, gravó el azúcar y entre 2008 y 2016 consiguió reducir la tasa de sobrepeso del 37,9 al 30,7% y la obesidad del 15,3 al 11,7%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó sus políticas públicas el 4 de marzo, con motivo del Día Mundial de la Obesidad.

Regular en vez de estigmatizar

La socióloga especialista en salud pública en la Universidad del País Vasco Amaia Bacigalupe advierte del peligro de que los estudios relacionen obesidad con renta porque “se quedan en lo superficial y llegan a estigmatizar”. “Aunque pensemos que anteponer la salud de tus hijos es una decisión lógica, cuando no sabes si tendrás para pagar la luz, apuntar al niño a balonmano para que haga actividad física puede que no sea una prioridad”, señala.

Sobre las rentas altas, apunta a que el enfoque médico cala más entre las personas con estudios superiores y la moda de lo healthy como forma de vida, solo así se puede entender que la tasa de delgadez sea más alta entre quien tiene dinero que a quien le falta. “Con toda la centralidad que tiene lo gastronómico en nuestra cultura, hay muchas variables con gran influencia difíciles de explicar”, concluye sobre lo que en sociología se conoce como falacia ecológica, “observas una cosa y cuando escarbas, resulta que es lo contrario”.

Con o sin dinero para evitar que los niños pasen la tarde delante de la televisión en ciudades robadas a sus habitantes —sin patios de manzana de uso colectivo, con escasas zonas verdes, con plazas con carteles de prohibido jugar al balón—, “competir con una manzana no es tan fácil cuando tus hijos tienen cuatro y siete años”, resume Diana Oliver, autora del álbum ilustrado ¡Ñam! Sobre lo que comemos, un libro para leer en familia y prologado por el nutricionista Julio Basulto.

Oliver es madre de dos hijos, sigue una dieta ovolacteovegetariana y es periodista. Escribió ¡Ñam! porque era el libro que soñaba que tuvieran sus hijos. “Creo que el libro informativo es una buena herramienta para hacer llegar una información que no siempre es sencilla, o no es fácil transmitirla sin que genere rechazo”, sostiene. En él aborda dos de los momentos más conflictivos para cualquier familia: el desayuno y la merienda. Tratar de evitar que se cuelen a diario los cereales, las galletas y las leches con cacao azucarado suele ser una batalla perdida de antemano para demasiadas familias.

Y es una guerra que suele empezar en la farmacia, cuando el niño aún es un bebé. Casi el 90% de los bebés toma cereales hidrolizados —polvos que se mezclan con agua o leche para tomar en biberón o en papilla—. Otra trampa más, contienen un 20% de azúcar. Un bebé de entre cero y un año no debería tomar azúcar según la OMS, pero en España, un bebé consume kilo y medio de azúcar en cuatro meses, indica el informe Mi primer veneno de Justicia Alimentaria. Y casi el 30% de esos cereales se compran en farmacia, establecimiento que se asocia a salud. ¿Cómo deconstruir ese paladar goloso? “A los seres humanos nos gusta el azúcar, y si metes azúcar en la dieta de un bebé, luego no le gustará lo que no sea empalagoso”, indica Jaime Guzmán.

En la escuela: almuerzo y comida

Acostumbrado a pasar consulta a todo tipo de niños, el pediatra Carlos Casabona resume que hay dos tipos de problemas: “Niños que comen muy mal y otros que comen bien, pero demasiada cantidad”. Alerta que entre este último grupo es frecuente encontrar “hambre emocional” en “niños de padres separados, un poco tristones y que a partir de los ocho o nueve años, de manera inconsciente, acaban comiendo de más”.

Para el pediatra, los menús que sirven los comedores de la escuela no son un problema. Recuerda que para los niños de familias económicamente vulnerables suponen la principal fuente de nutrientes del día e insiste que los ágapes escolares de los comedores solo representan el 9% de las ingestas de los críos que sí pueden realizar cinco comidas al día (150 de 1.725 ingestas al año), por lo que entiende que el comedor no es un foco de obesidad infantil.

Pero aunque las cocinas escolares y los caterings intenten seguir una dieta más o menos adecuada, Diana Oliver añade un detalle importante: “Muchas escuelas infantiles obligan a llevar galletas para el almuerzo”. Sin ofrecer opciones a las familias, en muchos centros hasta los seis años de edad, cada viernes un niño de clase es el encargado de llevar el siguiente lunes el tentempié para todos sus compañeros. Las galletas vuelven a ganar la partida. No hay que pelarlas ni cortarlas, las comen sin insistir y, lo más importante de todo, pueden participar todas las familias. Un paquete de marca blanca de tamaño familiar es mucho más barato que tres kilos de manzanas, plátanos y naranjas.

Una diferencia de 1,4 euros entre las cestas de la compra

Del estudio Dame veneno de Justicia Alimentaria se desprende que la diferencia de precio entre una cesta de la compra saludable y una insana se sitúa en 1,4 euros de más por persona y día si se opta por alimentos frescos. En el caso de una familia con cuatro miembros, el precio de la cesta se incrementaría 168 euros cada mes, una cantidad difícilmente asumible si no se tiene trabajo o si el sueldo es exiguo. Dicho de otro modo: el incremento necesario de gasto en alimentación saludable para hogares con ingresos netos mensuales inferiores a 499 euros debería ser del 51%, del 36% en hogares con entre 500 y 999 euros y del 7% para los que oscilan entre los 1.000 y 1.499 euros.

Las rentas no dan de sí ni con los precios de 2015 utilizados para este estudio. De hecho, la OCU apuntaba el pasado octubre que los productos frescos son los que más se han encarecido durante la pandemia —hasta un 4%—, mientras que la alimentación envasada de marca blanca es la única que ha bajado: un 0,3%.

“La clase marca qué comes y qué no comes”, resume Guzmán. “En Justicia Alimentaria cruzamos el mapa de Barcelona con los datos de diabetes 2 y clase ocupacional y casi coincidían calle por calle”, añade, “las clases populares no tienen sirvientes ni tiempo para cocinar y con los alimentos procesados se produce el efecto de darte un pequeño placer, un autoconsuelo rápido que es una trampa que le das a quien peor renta tiene. No es tu libertad, te apetece comer eso porque vives reventado, no tienes ayudas para la alimentación, ni tiempo para cocinar. Esa comida no es una elección, es una consecuencia”.

La ganadería industrial ha abaratado los componentes y ha fomentado una industrialización de la comida con poco aporte nutricional y un exceso del consumo de carne, que en España se sitúa ocho veces por encima de la recomendación de la OMS. “Si la industria no externalizara sus impactos en el medio ambiente y en la salud, si esas empresas tuvieran que asumir los costes, el chóped no sería asumible para nuestros bolsillos. Pero los costes los pagamos nosotros, con nuestra salud, ese es el drama”, concluye Javier Guzmán. "    (Gesamí forner, El Salto, 13/12/20)