Cómo democratizar el poder económico: las propuestas de “socialismo participativo” en Piketty.

 "Piketty es una buena referencia para dar solvencia técnica a un discurso alternativo.  Sin embargo, eso no le convierte en un analista político acertado si lo que se pretende es orientar «cómo se puede superar el capitalismo» , algo que necesita sortear la perspectiva técnica para adentrarse en el camino de lo políticamente factible.  No obstante, su aportación sirve para orientar un relato y sintetizar los elementos y espacios donde merece la pena incidir. 

Nos encontramos en un momento histórico que propicia una visión pesimista sobre la capacidad de las lógicas inclusivas para convertirse en dominantes. Pero esta realidad puede también leerse de otra manera: es la ausencia de alternativas democráticas, visibles y prácticas, al sistema capitalista y a sus crisis periódicas las que están detrás del pesimismo antropológico que se instala en la sociedad.

De un lado, es evidente que hace demasiadas décadas que la sociedad no tiene un referente por el qué luchar; de otro, que no hay posibilidad de cambio social sin una propuesta alternativa de bien común.

El estado de la participación de los trabajadores en las empresas, un referente de lo que supone la democratización económica, puede servir de termómetro  de las propuestas alternativas. Se trata de un debate maduro soportado con argumentos múltiples desde todas las perspectivas posibles: económicas, jurídicas, institucionales o políticas. Pero eso no significa, en absoluto, que haya avanzado en su aceptación social, sino todo lo contrario: en la medida en que han prosperado las propuestas participativas, han surgido, también, las resistencias a implantar los más mínimos cambios a la lógica tradicional del busines as usual.

La resultante es un vector que se nutrió principalmente de las diversas iniciativas nacidas en la segunda mitad del siglo XX (codeterminación, participación en beneficios, trabajadores accionistas, autogestión, proyectos cooperativos…) al que se han añadido experiencias locales de menor nivel.  Esos impulsos se han visto arropados (y escoltados) desde las instituciones europeas, propiciando determinados cambios normativos, aunque nunca con carácter de directiva con unos mínimos de implantación obligatoria.

Todo ello se ha visto acompañado, especialmente en momentos de crisis, de una retórica buenista y vacía, dominante en los mass media, sobre empresas responsables y/o sostenibles que se diluye tan fácilmente como se alimenta. 

Por otro lado, incluso en los países que fueron adalides de formas de cogestión, como Alemania, los institutos patronales empresariales no ocultan sus reservas respecto a lo que consideran un elemento de rigidez que les resta competitividad en los mercados globales, a pesar de que, como señaló Merkel en 2005, es evidente que la cogestión ha constituido “una ventaja y no una desventaja competitiva”, además de un factor decisivo de su liderazgo industrial.

Para terminar de completar este rápido diagnóstico es imprescindible incorporar, como hecho objetivo que explica lo anterior, un entorno en el que destaca la debilidad de las fuerzas sindicales, obligadas por factores tecnoeconómicos y políticos a actuar a la defensiva en estas tres últimas décadas, en batallas de resistencia para conservar derechos. Solo ahora, al menos en España, arropados por el gobierno progresista, empiezan a impulsar un empleo de más calidad y a dibujar una nueva batería de derechos que nos preparan para un modelo productivo mas tecnológico e inclusivo.

El socialismo participativo de Piketty

Es en ese contexto donde tienen valor las aportaciones de Piketty como forma de dar solvencia técnica a un discurso alternativo, aportando material a las fuerzas sociales para elaborar un relato de un futuro posible. Porque, es evidente que, sin vislumbrar el futuro, es imposible convertir en fuerza material las ideas transformadoras.

¿Cuáles son los rasgos que atribuiríamos al sistema económico en un entorno postcapitalista? ¿Cómo imaginamos la producción de riqueza y cómo su interrelación con el tiempo de ocio y el buen vivir? ¿Cómo imaginamos la propiedad de las empresas y cuales sus mecanismos de control, quiénes sus dirigentes y cómo la forma de elegirlos, cómo se tomarían las decisiones diarias y cómo las estratégicas?

Piketty propone “superar el sistema actual de propiedad privada” mediante dos pilares básicos: “por un lado, mediante la propiedad social y la división de los derechos de voto en las empresas y por otro, mediante la propiedad temporal y la circulación de capital”. Combinando ambas líneas de trabajo, afirma, “estaríamos ante una verdadera superación del capitalismo”.

Ocurre que no siempre la solvencia académica del análisis y la factibilidad política de sus conclusiones van de la mano, no siempre las soluciones técnicas, por muy brillantes que parezcan, son socialmente viables.  Pretender como solución, por ejemplo, un gravamen al patrimonio con un tipo anual del 10% a los de dimensiones cien veces por encima del promedio, o del 90% anual para los patrimonios diez mil veces por encima del patrimonio medio, se antoja un brindis al sol. Una sociedad que pudiera implantar esa medida habría recorrido un larguísimo camino respecto al punto que nos encontramos. Y desde luego, suena a utopía lejana pensar que la lógica del capitalismo actual, obsesionado por la desfiscalización, pudiera asumirlas.

En cualquier caso, dejando al margen propuestas concretas, marca un camino sugerente que conviene repasar para extraer de él la máxima utilidad.

Democratizar el poder en la empresa (o cómo romper la lógica entre propiedad y dominio).

Piketty recupera en este ámbito buena parte de las iniciativas ya implantadas en el pasado con el propósito de revitalizar el poder colectivo de los asalariados en el seno de la dirección y la gestión de las empresas.

Lo hace desde una síntesis entre la propiedad social y la capacidad de decidir que intenta superar los déficits detectados en los modelos participativos vigentes. Por un lado, esa síntesis diluye la confrontación entre un modelo puramente cooperativo (una persona, un voto) y uno puramente propietarista (una acción, un voto). Por otro lado, al abandonar la idea de la propiedad estatal (o pública) como principal referente del socialismo, remarca un camino de socialización de la propiedad en el que se incentiva la presencia de propietarios realmente involucrados en el futuro de la empresa y en su gobierno, particularmente sus trabajadores. Por último, pretende ir más allá de la cogestión, al conectarla con la propiedad social, un paso imprescindible para reequilibrar el actual reparto de “valor añadido” entre beneficios y salarios.

Conviene que nos detengamos en los pasos que propone para desarrollar lo que denomina un régimen de “propiedad social”.

Se trata de superar el principio básico del capitalismo por el que la propiedad se convierte en el origen exclusivo del dominio, es decir, la que concede al propietario todas las facultades que pueden ejercerse sobre los bienes y derechos. Romper ese vínculo supone disociar la conexión entre la propiedad accionarial y el poder de decisión en las empresas y, para ello, propone como solución un escenario que haga compatible la libertad para que un inversor aumente sus cuotas como accionista, mientras restringe su capacidad de influir en el gobierno fijando un tope máximo, (por ejemplo, del 10%) a los derechos políticos. Es decir que, consiste en limitar los derechos de voto y el poder de decisión de los accionistas más importantes.

El segundo paso, siguiendo la lógica de la cogestión, busca abrir la participación a los asalariados (o sus representantes), hasta “la mitad de los derechos de voto en los consejos de administración o de dirección de todas las empresas privadas, incluyendo las más pequeñas”, objetivo que se ubica entre los planteamientos más ambiciosos de las experiencias de codecisión socialdemócratas del siglo pasado.

La lógica de la propiedad social podría reforzarse mediante el desarrollo de “accionistas asalariados” para facilitar mayorías con capacidad de influir en las decisiones, añadiendo su representación en tanto que accionistas a la que ya dispongan como asalariados.

Como ejemplo más ambicioso de propiedad social, cita y recupera el “sistema 2x+y” propuesto por el laborismo en la época de Harold Wilson (1977/78).  Concede al capital y a los representantes de los trabajadores un mismo nivel de participación en el gobierno corporativo (que son “las 2x” de la formulación) pero reserva el resto de participación (el “y”) para un representante público que defiende el interés general en representación de los bienes y servicios públicos aportados a la generación de valor.

Fiscalidad para gravar el patrimonio ocioso (o cómo financiar una “herencia ciudadana” universal).

Esa síntesis entre propiedad social y capacidad de decidir se complementaría con un impulso a la que denomina “propiedad temporal” que la asocia a un impulso a la circulación del capital. Quiere evitar, con ello,  las consecuencias indeseadas de la concentración de riqueza en las grandes fortunas convertidas en un patrimonio ocioso que apenas genera utilidades materiales a la sociedad.

En su esencia, propone recuperar la lógica de las desamortizaciones del siglo XVIII que evite que la riqueza se concentre en “manos muertas” e improductivas (antes, el clero y los aristócratas; ahora, las grandes fortunas) y circule hacia otros grupos sociales más dinámicos.

Esencialmente consiste en un impuesto anual sobre los patrimonios (cuya base imponible incluiría todo tipo de activos) y sobre su transmisión hereditaria, con el objetivo de favorecer la circulación permanente de la riqueza.  Como reconoce las fuertes resistencias psicológicas que genera la penalización fiscal de las herencias se decanta por gravar el patrimonio con unos tipos fuertemente progresivos (ya comentados), que supondrían, incluso con tipos menos ambiciosos, un vuelco revolucionario.

Una  de las novedades de su propuesta es que los recursos así alcanzados tendrían un destino finalista: financiar un fondo suficiente para dotar a cualquier individuo, a los veinticinco años de edad, de una herencia básica ciudadana de alrededor de 120.000 € en los estados centrales del capitalismo. De alguna forma, esa idea[1] convierte en derecho el recibir un patrimonio privado que podría dedicarse tanto a comprar una vivienda que a impulsar una propuesta emprendedora. De alguna forma, sustituye a la de “renta básica”, asociada a un derecho universal de ciudadania y garantía de subsistencia, e incorpora una nueva perspectiva propietarista a la igualdad de oportunidades. A su favor, la evidencia de ser, además, más barata de financiar.

Conclusiones

Piketty cierra con ello un camino reformista que ofrece una salida inclusiva al capitalismo excluyente. Sorprende que no aborde las posibilidades que ofrece el momento histórico presente, marcado por las transiciones tecnológicas, medioambientales y demográficas. Y en particular la coincidencia entre el creciente peso del  capitalismo cognitivo y de activos intangibles con un momento demográfico que convierte en dominantes las organizaciones con plantillas adultas y maduras, que pueden aportar un cambio en los consensos empresariales y en la misma creación de valor.[2]

Su enfoque académico se nota en el convencimiento aparente de que las buenas ideas se acaban imponiendo, cosa que solo ocurre cuando fortalecen el discurso social y se convierten en fuerzas materiales (apoyos sociales, fondos económicos, votos). Lo esencial, por tanto, es que sus propuestas aporten solvencia a un relato que facilite nuevos equilibrios políticos y sociales muy diferente al actual o que se reconozcan como solución ante un abismo de tal magnitud que pusiera en crisis evidente la supervivencia del sistema."                     

(Ignacio Muro Benayas, Miembro de Economistas Frente a la Crisis, Plataforma por la Democracia económica, 08/07/22)

Una Introducción al modelo de la Economía Participativa (Parecon)

"Este artículo presenta brevemente el modelo político y económico que Michael Albert y Robin Hahnel han llamado Parecon (Participatory Economics o Economía Participativa). El modelo ha suscitado gran interés dentro del movimiento libertario y en todos aquellos teóricos y activistas que están generando y proponiendo alternativas al sistema socioeconómico dominante.

La Economía Participativa, que nació a principios de los 90, pretende promover que todas las decisiones económicas a la hora de producir y consumir sean tomadas de una forma democrática y participativa. 

Como democrática, los autores no entienden la actual estructura de democracia representativa, sino aquella en la que las personas participan directa y activamente en todas las cuestiones que afecten, en mayor o menor grado, sus vidas. Pero voy a dejar que sea M. Albert quien defina su modelo:

“El Parecon rechaza la propiedad privada de los medios de producción, la organización corporativa del trabajo y los mercados y/o la planificación centralizada. En vez de ser los capitalistas o los gerentes los que gobiernen a los trabajadores, Parecon es una economía donde los trabajadores y los consumidores cooperan para determinar sus preferencias económicas y se benefician de éstas, de forma que promueven la equidad, la solidaridad, la diversidad y la autogestión. El Parecon no entiende de clases.”

El análisis que M. Albert y R. Hahnel hacen a la hora de comparar diferentes estructuras político-socioeconómicas toma como punto de partida cinco “valores económicos”: equidad, diversidad, solidaridad, autogestión y eficiencia.(...)

El modelo de la Economía Participativa

Antes de nada, voy a explicar las instituciones que constituyen el modelo y sus características básicas para poder entender así mejor la crítica que posteriormente vayan a hacerle:

1.- Consejos de productores y consumidores: estos serían los órganos fundamentales para la producción y el consumo. Las personas toman el papel de productores (en la fábrica, oficina o lugar donde trabajen) revelando públicamente las características cuantitativas (que podrían representarse mediante un sistema de precios) y cualitativas de su trabajo: el tiempo y los materiales necesarios para producir, el grado de esfuerzo que la tarea implica, las habilidades necesarias para realizar la tarea, las condiciones laborales, etc. 

La toma de decisiones se haría democráticamente y dependiendo de su relevancia tendría que aprobarse por una votación por mayoría, 2/3 del total o si fuera necesario, por consenso. Los consumidores tendrían que aportar la misma información pero agregando las preferencias de cada individuo, barrio, pueblo, ciudad, región o federación, en un plan propio. 

Esto es porque existen diferentes niveles de necesidades, no es lo mismo necesitar un cepillo de dientes, que una biblioteca pública para el municipio o una carretera que una dos ciudades; cada agrupación haría una propuesta con su cesta de consumo teniendo en cuenta el trabajo que cada unidad hubiera realizado y lo que se ha necesitado para producir dichos bienes, al igual que las condiciones de los trabajadores que producen dichos bienes.

2.- Planificación participativa: En asambleas de barrio, ciudad, región y federación, se toman y coordinan las decisiones que afectan a cada nivel, uniendo propuestas y resolviendo los conflictos que puedan surgir de las diferentes preferencias. 

Así, siempre y cuando se asegure una cesta de consumo mínimo por cada barrio y por cada individuo, independientemente del trabajo mejor o peor realizado; a través de los precios, que reflejaban las características cuantitativas del proceso productivo, y la información cualitativa que los trabajadores hayan aportado, las asambleas intentarán enlazar la oferta y la demanda repetidas veces, haciéndoles a los agentes modificar sus propuestas hasta que lleguen a un punto en común. Albert y Hahnel proponen que exista un Comité de Asistencia a la Iteración que trabaje exclusivamente para coordinar este proceso.

3.- Combinaciones equilibradas de empleo: El modelo de la Economía Participativa no aboga por la especialización, que supone la existencia de personas con mayor capacitación para obtener información y habilidades, sino por que cada persona realice una pluralidad de tareas y se promueva la rotación en el lugar de trabajo.

 De esta forma, el cirujano no sólo se dedicaría a operar al paciente, también tendría que, por ejemplo, destinar una parte de su trabajo a limpiar y organizar el laboratorio o a hacer la labor de secretario. Cada cual sería libre de decidir dónde trabajar, pero debido a que el empleo no estaría restringido exclusivamente a una tarea, los trabajadores tendrían que realizar una pluralidad de actividades asumiendo diversas responsabilidades.

4.- Remuneración: Ya que en el Parecon no existe la propiedad privada sobre los medios de producción (aunque sí que se concibe la posesión de ciertos bienes, concepto que Proudhon bien describió), la variable que proponen como retribución al trabajo que cada individuo aporta a la sociedad es el esfuerzo. 

Es decir, proponen que la remuneración tendría que calcularse según las horas de trabajo empleadas y, teniendo en cuenta también, cuánto de satisfactoria fuese la tarea realizada. Así, habría que establecer ciertas medidas estándares basándose en las horas de trabajo y la información cualitativa enviada por cada puesto de trabajo. 

Por ejemplo: en un mismo puesto de trabajo que agrupe una serie de tareas similares, obtendría una mayor remuneración aquel que trabajara proporcionalmente más horas aparte del mínimo necesario, sin tener en cuenta la productividad de cada trabajador. Esta remuneración extra la habría obtenido para poder consumir alguna facilidad que estuviera fuera de la cesta básica de consumo otorgada a cada persona por el mínimo de horas que se le exige. Tampoco tendría por qué cobrar más un editor que trabaja seis horas que un minero que trabaja cuatro, ya que el trabajo del último es más arduo y menos gratificante que el del primero.

¿Cómo responden estas cuatro características ante los principios de equidad, diversidad, eficiencia, solidaridad y eficiencia?

“Una buena definición de equidad es que cada persona recibe por lo que ha hecho lo que merece. […] El Parecon recompensa el esfuerzo y sacrificio. Si uno piensa que hacer esto es justo, favorecerá el Parecon en esta puntuación. […] No todo el mundo obtendrá lo que siempre merece, pero las desviaciones no serán sistémicas, no enriquecerán a ningún sector a expensas de otro.”

En cuanto a la solidaridad, ya que nadie se puede beneficiar a expensas de terceros, además de que si alguien mejora sus condiciones laborales también mejorarán las de los demás (debido a las combinaciones equilibradas de empleo), podemos decir que cuando una persona gana, ganan los demás. Esta dinámica promueve la solidaridad y la reciprocidad, al igual que suscita el deseo de querer que los demás mejoren su condición porque dichas mejoras nos repercutirán a su vez positivamente.

La rotación y la capacitación de las personas en las diferentes tareas que puedan realizarse en un lugar de trabajo promueven la diversidad, al igual que enriquece los conocimientos y habilidades de los trabajadores. Este dinamismo limita la estratificación y potencia que las personas lleguen a realizarse y disfruten de la variedad.

Así habla Albert de la autogestión: “Las decisiones en este modelo se toman según el método que mejor permita a la persona influenciar proporcionalmente sobre las decisiones de acuerdo a cuánto le repercutan sobre sí mismo. ¿Puede conseguirse esto todo el tiempo? Por supuesto que no. Pero, ¿proporciona el Parecon el contexto, la información y los incentivos para lograr dicho objetivo? Sí, es una característica clave del modelo.”

Para terminar, la respuesta que dan al criterio de eficiencia es completa pero muy extensa, por lo que me ceñiré a decir que, debido a que el Parecon pretende integrar en la toma de decisiones a los agentes que se benefician o perjudican de la actividad económica, las decisiones a las cuales se llegue, revelarán preferencias más exactas que las que la economía de mercado o la planificación centralizada pueda ofrecer con su sistema de precios. 

El resultado de los procesos de negociación será más exacto al introducir información cuantitativa (precios) y cualitativa (condiciones laborales, etc.), y los recursos que se destinen tendrán un mayor grado de adecuación con las necesidades y preferencias de los individuos y la sociedad.

Algunas conclusiones

Antes de terminar, me gustaría comentar brevemente una cita de R.Hahnel durante su conferencia en las Jornadas del Centenario de la CNT (22 de abril de 2010, Barcelona):

“la perspectiva anarquista no ve la necesidad de planificar detalladamente los procedimientos que ayuden a productores y consumidores, quienes deberían tener autonomía en algunos aspectos pero no en otros. Actividades de planificación que están fuertemente interrelacionadas y que deben realizarse simultáneamente de forma equitativa y eficiente. Por desgracia, como economista profesional debo decir que me parece que todo el debate dentro de la Izquierda acerca de cómo organizar una economía autogestionada peca de… ¿cómo decir esto sin caer en el insulto?… ingenuidad y desinformación, le sobra la tozudez del creyente pero carece de soluciones concretas para problemas reales.”

Como él bien expresa, la izquierda radical ha tenido y tiene (todavía) miedo en plantear abiertamente un programa político-económico completo. Puede ser porque nadie quiera caer gratuitamente en disquisiciones fútiles. De hecho, probablemente sean conscientes Hahnel y Albert de que el Parecon, tal y como lo proponen, nunca llegue a existir, ni llegue siquiera a aproximarse a la sociedad del futuro (sea lo que sea) en lo más mínimo. Supongo que la gente no quiere arriesgarse a presentar (para no imponer) públicamente una visión de cómo tenemos que interactuar en el mundo, y de cuáles son las pautas que debemos seguir para llegar a la deseada libertad, porque nadie posee ni poseerá dicha llave.

Pero tampoco quita que haya que intentar imaginar y visualizar aquel objetivo por el que trabajamos y luchamos, ya que puede facilitar el trabajo del presente y la creación de estrategias y tácticas de actuación eficaces. En este caso, los dos economistas americanos se han zambullido en el difícil trabajo de estructurar y delimitar las diferentes pautas y órganos que podrían regir una futura sociedad. No hay que restar importancia al esfuerzo que han realizado para explicar por qué es deseable una “visión económica anarquista”, ya que este trabajo puede llegar a aportar ideas que clarifiquen algunos de los principios por los cuales nos podríamos mover, al igual que, como ya he dicho antes, algunas de las estrategias que podríamos establecer para cambiar, si es posible, nuestra sociedad.

Recomiendo, por lo tanto, la lectura del libro Parecon: Vida después del capitalismo, porque puede resultar útil para que desaparezcan de nuestra conciencia ciertas reticencias a nuevos modelos, y podamos plantear sin miedo y con mayor claridad programas políticos mejor estructurados y presentarlos como una alternativa bien fundamentada al sistema socioeconómico predominante. (...)"             (Jon Las Heras Cuenca, Economía crítica y crítica de la economía, 20/05/12)

El modelo de la Economía Participativa es una alternativa al capitalismo y al socialismo de mercado, porque es un sistema de planificación participativa bastante completo, ya que permite analizar cómo se toman las decisiones... En Cuba podrían hacer un cambio en el sistema de planificación que sería magnífico y que podría hacerse bastante rápido...

"(...) DIAGONAL: ¿Podrías definirnos las ideas que, junto a Michael Albert, has desarrollado en el modelo de la Economía Participativa?

ROBIN HAHNEL: Es una alternativa al capitalismo y al socialismo de mercado, porque es un sistema de planificación participativa bastante completo, ya que permite analizar cómo se toman las decisiones. Refleja las posiciones del socialismo libertario desde hace años y en sus diversas tradiciones. Tiene varias partes: con respecto al trabajo, hay un consejo de trabajadores, donde cada persona tiene un voto de cara a la toma de decisiones. 

También se propone que los consumidores se organicen formando consejos en sus barrios. Proponemos que los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores, en sus barrios, realicen sus propuestas de lo que quieren hacer, desde el punto de vista de producir o consumir, y ellos mismos negocien cómo van a unir eso en un plan anual factible. 

Desde mi punto de vista, esta idea de planificación enfatiza que los trabajadores y consumidores participen en la formulación de sus propias actividades. Esto se distingue de otras concepciones de planificación mediante representantes que van a reuniones de planificación a gran escala.

En nuestra opinión esto no da suficiente autonomía a los trabajadores en sus propias empresas y a los consumidores en sus barrios.

D.: Y en los consejos de trabajadores, ¿cómo se reparten los frutos y ganancias del trabajo?

R.H.: Esto también es parte de nuestra propuesta, en la que se remunera a los trabajadores según su esfuerzo. Esto se decide por los propios trabajadores dentro del consejo, en función, por ejemplo de las horas trabajadas. A veces las horas de unos no suponen lo mismo que las horas de otros: nadie mejor que el propio consejo y las personas con las que uno trabaja para evaluar esto. Es necesario reconsiderar cómo se organiza el trabajo para construir una economía socialista libertaria. 

 Algunas tareas aumentan el poder de la persona para participar en la toma de decisiones. Hay que reorganizar el trabajo para que todos tengan acceso a tareas que dan el poder de participar. Hay que alternar las tareas para que no haya personas que siempre tengan que asistir a reuniones y evaluar situaciones mientras otras están siempre trabajando con las manos.

Si dejamos la organización de esta manera, llegamos a la forma tradicional tanto del capitalismo como del socialismo soviético del siglo XX, donde, aunque cada trabajador tenga su voto, se da una democracia formal, pero no real. Hay que transformar el trabajo si queremos una situación en la que se dé una participación efectiva para que cada persona tenga acceso y oportunidades en la toma de decisiones.

D.: ¿Qué estrategias de transición pueden establecer los movimientos sociales para avanzar hacia este modelo?

R.H.: Depende mucho de los países y las condiciones de sus movimientos sociales. Desde mi punto de vista, esta sociedad socialista libertaria que proponemos es una sociedad democrática, por tanto la mayoría de la gente tiene que estar a favor de este sistema. Tenemos que buscar la manera de hablar, comunicar y convencer a la mayoría de que este sistema es preferible al capitalismo. Desde mi punto de vista, hay que aumentar los movimientos reformistas pero populares. 

El movimiento sindical, el movimiento de consumidores, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la guerra... necesitamos que estos crezcan, aunque pienso que esto, realizado de forma aislada, nos llevaría al fracaso, como sucedió con el movimiento que dio lugar a la socialdemocracia en el siglo XX, que se limitó a su carácter reformista y nada más. 

Yo pienso que al mismo tiempo que se fortalecen estos movimientos reformistas dentro del capitalismo se fortalecen las ideas de cambio, pero a la vez tenemos que potenciar experimentos de cooperación equitativa, organizando cooperativas de consumidores, cooperativas de productores y una larga variedad de instituciones no capitalistas. Hay que ir en una vía paralela, ya que una vez que una parte importante de la población entienda que sería mucho mejor organizar la economía de una forma totalmente diferente a la del capitalismo, se deben empezar a organizar los consejos en los centros de trabajo y en los barrios.  

Creo que no es realista en la mayoría de países, especialmente en EE UU, pensar que podemos empezar a construir ahora los consejos que un día nos permitirán organizar la economía y la sociedad de una forma nueva. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de llegar a la situación donde pueda empezarse este proceso. 

En otros países puede ser muy distinto. Por ejemplo, en Venezuela lo pueden hacer y lo hacen ahora. En Cuba podrían hacer un cambio en el sistema de planificación que sería magnífico y que podría hacerse bastante rápido. Pero en la mayoría de los países capitalistas todavía tenemos mucho trabajo para aumentar la influencia de este tipo de propuestas.

Robin Hahnel, creador de la ‘parecon’

La economía política de la economía participativa es el título de una investigación que Robin Hahnel y su colega Michael Albert publicaron en 1991. Este libro fue visto, en pleno derrumbe del modelo soviético, como una alternativa al centralismo socialista, al socialismo de mercado y al capitalismo contemporáneo. Hahnel, junto a Albert, es el creador del modelo económico denominado ‘economía participativa’ (llamada parecon en inglés), una teoría de raigambre libertaria que se basa en un tipo de gestión común, ya que, en palabras de Hahnel, “la gente aborrece los vacíos de gestión”.

Esta propuesta se basa en los principios de equidad, solidaridad, diversidad y autogestión participativa."                 (Entrevista a ROBIN HAHNEL, Jon Bernat Zubiri-Rey , Diagonal, 15/06/10)

¿Una vía hacia la democracia económica? La sueca...

"Una de las principales contradicciones del capitalismo es el choque frontal entre la democracia política y la democracia económica. Mientras la primera está relativamente asegurada en el marco del parlamentarismo representativo heredado de las revoluciones liberales del XIX, la segunda es reprimida de raíz por la estructura económica capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación. 

Para comprender esta contradicción y entender los mecanismos que podrían paliarla o, incluso, hacerla desaparecer, es imprescindible que nos detengamos brevemente en una pregunta aparentemente sencilla: ¿en qué consiste exactamente la democracia económica?

Si bien se trata de una cuestión ardua que conlleva un debate de gran calado, en el ámbito que aquí me ocupase podría definir la democracia económica en términos sencillos como el poder de decisión de los ciudadanos, en general, y de los asalariados, en particular, sobre la producción, la distribución, el excedente y la acumulación. 

La ampliación y profundización de este tipo de democracia permitiría aumentar la influencia de la clase trabajadora sobre los objetivos de la economía, lo que haría posible un mayor peso de las necesidades humanas, sociales y medioambientales en la toma de decisiones frente a las exigencias de lucro y crecimiento a corto plazo a las que obliga la lógica capitalista. 

Gracias a ello, cuestiones cruciales para el desarrollo y el bienestar, como el trabajo, la educación, la sanidad, la igualdad de ingresos y riqueza o la sostenibilidad, ocuparían un lugar mucho más relevante a la hora de planificar e implementar la actividad económica.

Dos son las vías clásicas que la investigación y la política han venido proponiendo para un mayor acercamiento a la democracia económica: el principio de la paridad y el de la propiedad. El primero apuesta por construir marcos legislativos conducentes a limitar el poder de decisión que emana de la propiedad del capital en favor de una mayor influencia de los trabajadores, aunque sin modificar la estructura básica de dicha propiedad. 

Para ello, propone las clásicas leyes de cogestión, entre las que destaca el conocido referente de la Mitbestimmung alemana. Esta ha sido la corriente dominante en la socialdemocracia en las décadas pasadas, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.

Por su parte, el principio de la propiedad se enfrenta de lleno con el núcleo duro del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Esta alternativa considera que la cogestión no acaba ni con la desequilibrada distribución de riqueza característica del sistema ni tampoco con las bases estructurales de la desigualdad de poder entre trabajo y capital en la que se basa la explotación. 

Sin embargo, no por ello se trata de una estrategia revolucionaria ni frontalmente anticapitalista, ya que nada tiene que ver con la abolición del capitalismo desde su raíz que defiende, por ejemplo, el marxismo. Bien al contrario, esta vía acepta las reglas básicas del mercado como sistema de asignación de recursos y productos, de manera que no acaba con las múltiples contradicciones asociadas a la competencia, a la realización y a la valorización del capital.

Entre los diversos instrumentos posibles dentro del marco del principio de la propiedad destaca, por ser el más desarrollado en el terreno teórico y práctico, el de los fondos de inversión colectiva. 

Podrían definirse como “la acumulación gradual de capital en varias empresas a nombre de determinados grupos de trabajadores o de ciudadanos a nivel local, regional, nacional o supranacional para su beneficio colectivo a través de un mecanismo mediante el que estos grupos adquieren fracciones crecientes de la propiedad de dichas empresas a través de fondos de inversión que funcionan como depositarios del capital”[1].

Aunque existen otros ejemplos históricos muy interesantes, como el caso del Statens Pensjonsfond noruego o los Fonds de solidarité FTQ de Québec, el experimento probablemente más avanzado y potencialmente radical en este sentido fue el de los Fondos de Inversión de los Asalariados (Löntagarfonder) aprobados por el gobierno socialdemócrata sueco en la década de los ochenta del siglo pasado.

 Revisaré a continuación sus elementos básicos con el fin de delinear sus virtudes, sus límites, sus contradicciones y, sobre todo, sus enseñanzas para posibles estrategias futuras en pos de la democracia económica.

Los fondos de inversión de los asalariados: orígenes y aplicación

Lo primero que hay que decir es que estos fondos puestos en marcha en Suecia no son, de ninguna manera, una idea sueca. En realidad, se trata de una estrategia originada y desarrollada en otros países europeos con anterioridad, aunque sin que en ninguno de ellos llegara a ponerse en marcha. 

El primer proyecto en esta línea, conocido como Plan Gleitze, fue teorizado en la RFA en los años cincuenta y entró en el debate político en los setenta, aunque sin éxito. Otras iniciativas similares fueron probadas en la misma época en otros lugares como Dinamarca, los Países Bajos o el Reino Unido, sin llegar tampoco a implementarse.

El proyecto diseñado inicialmente en Suecia en los setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO), conocido como Plan Meidner por el nombre de su principal promotor[2], era francamente radical, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. 

En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. 

Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio básico de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los  sindicatos[3]. 

Esto llevaría a un proceso hacia la socialización democrática del capital sin parangón en ninguna otra nación capitalista. Como escribió David Harvey: “Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia”[4].

A nadie puede sorprender, pues, que la reacción del capital fuera unánime y furibunda. Gracias a su capacidad económica y su influencia política y mediática, las empresas fueron capaces de convocar (y financiar) grandes manifestaciones en las calles, insistentes campañas de rechazo al proyecto en la prensa y todo tipo de contraataques desde los diversos partidos de la derecha[5].

Más allá de las formas y las exageraciones, lo cierto es que el principal argumento contra el Plan Meidner no era descabellado, puesto que esta iniciativa suponía la ruptura total del llamado “compromiso histórico” que capital y trabajo firmaron en Saltsjöbaden en los años treinta y que llevaría a más de cuatro décadas de crecimiento y acumulación más o menos equilibrados y de casi absoluta paz social. 

En este acuerdo, el capital aceptaba la hegemonía política de la socialdemocracia y el papel preponderante de los sindicatos en la construcción de un modelo de corte corporativista a cambio de la renuncia por parte de éstos a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica y en las decisiones relativas al empleo. Obviamente, los fondos salariales de inversión suponían una impugnación innegable de estos principios.

A raíz de esta campaña, ni la clase trabajadora ni la opinión pública llegaron a identificarse con este proyecto, del mismo modo que en las filas del Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP), fielmente apegadas a su ancestral pragmatismo, tampoco reinaba el entusiasmo, precisamente. Como dijo Robin Blackburn: “El Plan Meidner era muy radical y ellos [los socialdemócratas] no lo eran”[6].

Así, tras tres profundas revisiones destinadas a hacer digerible esta propuesta sindical entre los cuadros del partido con el fin de posibilitar su implantación legislativa, el plan acabó convirtiéndose en una pálida y deformada sombra de lo que originalmente se pretendía. 

El nuevo proyecto, finalmente aprobado en el Parlamento en 1983 y puesto en marcha al año siguiente, renunciaba de raíz a que los fondos pudieran alcanzar la mayoría del capital social en ninguna empresa, convirtiéndolos en poco más que nuevas versiones de los clásicos fondos de pensiones (ATP) que ya existían en Suecia desde los años sesenta. 

 Estos fondos realmente existentes, en lugar de nutrirse de ampliaciones de capital condicionadas a las ganancias de las empresas, se financiaban con impuestos que, además, en su mayor parte, procedían de los salarios, de manera que renunciaban a cualquier tipo de redistribución de la propiedad corporativa[7].

Finalmente, tras alcanzar unos resultados situados a años luz de las pretensiones iniciales, estos fondos fueron abolidos en 1991 por una coalición de derechas que logró desbancar temporalmente al SAP del gobierno. Con ello, no sólo se acabó con una de las más prometedoras iniciativas que jamás ha propuesto el reformismo en pos de la democracia económica, sino que se dañó muy gravemente la propia posibilidad de mantener el debate público acerca de este tipo de cuestiones en el futuro. 

Objetivos de los fondos de inversión de los asalariados

Los fondos de inversión de los asalariados pretendían alcanzar cuatro objetivos de carácter político; a saber: aumentar la influencia de los asalariados en la gestión de las empresas, fomentar la socialización del capital, fortalecer la posición de poder de los sindicatos y estimular la solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores. 

Además, el proyecto original buscaba conseguir dos hitos económicos: luchar contra la creciente concentración de capital y riqueza que, a pesar de la igualación de ingresos del trabajo, se venía dando en Suecia desde los años treinta y resolver algunos de los principales efectos perversos que la llamada política salarial solidaria.

 Entre estos últimos, destacaban los beneficios extraordinarios que generaba a las grandes corporaciones exportadoras, el estancamiento en el crecimiento de los salarios de los empleados de mayor cualificación y el trasvase masivo de ingresos desde el trabajo hacia el capital[8]. La versión finalmente puesta en marcha incluía un cuarto objetivo muy relacionado con la situación de crisis económica por la que atravesaba Suecia en los años setenta: la formación de capital destinado a la inversión productiva. 

Mediante este último fin, se pretendía contrarrestar el irrefrenable desplome de la inversión derivado de la caída de los beneficios corporativos y, además, orientar la acumulación hacia destinos funcionales para la creación de empleo, el crecimiento y el incremento de la competitividad.

En particular, este cuarto objetivo económico tenía la virtud de facilitar un ritmo de inversión más estable y una menor dependencia respecto de las expectativas sobre las tasas de ganancia, lo que podía resultar útil para amortiguar los efectos perjudiciales de las recesiones sobre el crecimiento y el empleo. 

Además, esta suerte de mecanismo anticíclico, al estar gobernado por los sindicatos, podría incorporar criterios de inversión menos especulativos y a más largo plazo. Gracias a ello, coadyuvaría a centrar el foco de atención en mayor medida en cuestiones como la lucha contra el paro, la subida del salario directo y relativo o la mejora de las condiciones de trabajo.

Esta estrategia podría servir para hacer frente a las recurrentes e inevitables crisis propias de la dinámica de acumulación capitalista mediante una vía alternativa a las líneas básicas de acción de las ortodoxias tradicionales: la keynesiana y la neoliberal. Como es bien sabido, la “solución” keynesiana centra sus esfuerzos en luchar contra la falta de demanda agregada necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo a través del concurso del gasto público, como si todas las crisis fueran de naturaleza subconsumista.

Por su parte, la “solución” neoliberal defiende invariablemente una política fiscal y monetaria restrictiva con la intención de reducir los costes laborales para mejorar la competitividad exterior del capital y, así, relanzar las tasas de ganancia y de acumulación. 

Las consecuencias de la primera opción sobre el déficit presupuestario, la deuda pública, los tipos de interés y (en el mejor de los casos) la inflación son, sin duda, difíciles de negar, aunque los efectos de la segunda resultan mucho más perjudiciales para la clase trabajadora.

En efecto, este tipo de estrategias neoliberales de austeridad, típicas de la época “gloriosa” del patrón oro de finales del siglo XIX y devueltas a la actualidad europea de la mano de la UEM y el FMI, fomentan el estancamiento o, incluso, la caída del salario directo, gracias al aumento del paro y la mayor agresividad del poder del capital frente a los trabajadores, y también del indirecto, en forma de recortes en servicios públicos, lo que conduce a una mayor explotación de clase, a una creciente desigualdad, y, finalmente, al aumento de la pobreza.

Si abandonamos marcos teóricos ajenos a la realidad y asumimos la evidencia empírica que relaciona el declive de las tasas de inversión con la caída de las expectativas de crecimiento de los beneficios[9], entonces entenderemos fácilmente cómo los fondos de inversión de los asalariados, al favorecer una mayor estabilidad en los ritmos de acumulación, puede ser una herramienta enormemente útil para afrontar las crisis del capitalismo con algo menos de sufrimiento para la clase trabajadora[10]. 

Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de una estrategia que vaya a acabar con las contradicciones del sistema ni con la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, sino de un mecanismo que puede aportar cierto alivio ante las peores consecuencias de las recesiones[11].

Por estos motivos, considero que sería muy positivo para la clase trabajadora europea y mundial que los sindicatos abrieran un debate serio y abierto sobre la cuestión de los fondos de inversión de los asalariados. La lucha contra la barbarie así lo exige."                  (Mario Del Rosal , Público, en Rebelión, 12/10/16)

La Red de Compras Colectivas

"En contraposición a un llamado “consumo responsable” que sostiene que comprar es votar está apareciendo últimamente un consumo rebelde, amotinado, que defiende que comprar es luchar y que queda vívidamente definido por grupos como La Granada [1]:  (...)

El consumo combativo es una recuperación de nuestra responsabilidad indelegable de decidir sobre todo lo que nos afecta, una responsabilidad que no estamos dispuestos a transferir a ningún representante político, sindical o religioso.

La Granada es una fruta explosiva. Somos trabajadoras y trabajadoras en lucha contra el Estado y la empresa capitalista, no un club del gourmet o un eco-centro de salud nutricional. Nuestro objetivo es debilitar al Estado y a la empresa capitalista a través de la organización asamblearia del consumo y reforzar al mismo tiempo a los colectivos productivos autogestionados. (...)

La simple orquestación de una “no compra” es un boicot a medias, inconcluso, quizá efectivo en campañas reivindicativas puntuales pero carente de profundidad revolucionaria. De aquí surge la idea de la “compra colectiva” como culminación de la “no compra colectiva”, un perfeccionamiento del boicot.

La compra colectiva como arma del consumo combativo puede llegar a hacerse en el mercado capitalista y compartir bastantes de los criterios del consumo responsable, como veremos enseguida, pero la intencionalidad subversiva lo trastoca todo [3]

El consumo responsable puede ser fácilmente recuperado por el sistema, convertirse en un eslogan de marquesina subvencionado por el Ministerio del Buen Rollo; entrar en el temario de Educación para la Ciudadanía; mercantilizarse como el bicarbonato de una clase media urbana con malas digestiones de conciencia o salir en portada del próximo suplemento dominical de El País. 

Pero el consumo combativo es ya irrecuperable, no tiene remedio. Cada acto de consumo –que no tiene por qué ser necesariamente una compra [4]- es doloso, tiene el punto de mira puesto en la transformación del sistema económico y político.

La compra colectiva como arma del consumo combativo.

[…] no nos contentamos con organizar nuestro consumo de alimentos. Queremos organizar el consumo de toda clase de productos y servicios básicos, de todo lo necesario para la vida. De hecho, aspiramos a una sociedad en que la producción esté determinada por el consumo y no al revés, como sucede bajo el capitalismo.

Entendemos la compra colectiva como una forma de continuar desarrollando nuestra cada vez más desarrollada organización del consumo. Con Karakolas no sólo hemos perfeccionado herramientas sino, más importante aún, estructuras de coordinación y toma de decisiones conjuntas: Redes asociativas que pueden crecer sostenidamente y sin afectar la autonomía de cada grupo integrante.

Las compras colectivas tendrían dos objetivos:

 
 El prioritario, crear “círculos virtuosos autogestionarios”. Se trata de desviar el consumo de todos los productos que podamos a proveedores que no exploten a trabajadores, que se organicen de forma asamblearia como nosotras y respeten nuestros criterios ecológicos. 

Esta demanda concentrada fortalece a los productores autogestionados, que son entonces capaces de mejorar su oferta a los consumidores autogestionados (ampliando la variedad, mejorando la calidad, ajustando precios, etc.) Y vuelta a empezar en ciclos cada vez más potentes. De esta manera nuestras compras estarían sirviendo directamente para fomentar la economía alternativa que perseguimos.

 El secundario, romper “círculos viciosos capitalistas”. Hay multitud de productos de uso cotidiano que todavía no podemos encontrar en la Autogestión y tenemos que comprar al capitalismo (pilas, bombillas, papel, menaje, herramientas, etc.)

 Nuestra demanda desorganizada de estos productos potencia la lógica productivista capitalista que, regida por la máxima obtención de beneficio al menor costo posible, agrava la explotación laboral, el ecocidio (o destrucción de la naturaleza transformada en recurso mercantil), el control monopolístico de los precios, etc. Cada ciclo, cada rotación de stocks en las estanterías del supermercado, empeora la situación. Con la compra colectiva podemos romper estos círculos viciosos (por ejemplo, mediante la promoción de proyectos autogestionados con el dinero obtenido en los descuentos).

El texto recién citado está sacado de una ponencia tratada el 24 de septiembre pasado en la Asamblea de Karakolas, integrada actualmente por más de 40 grupos de consumo. Para la última parte, referida a la ruptura de “círculos viciosos capitalistas”, se manejó un trabajo del extinto colectivo Banda Ancha publicado en 2012 bajo el título “La compra colectiva como instrumento de lucha contra el capitalismo”, del que rescatamos los siguientes párrafos:

En el mercado capitalista, toda compraventa es una negociación entre partes contrarias. Llamamos compra colectiva a la compra organizada en red con el objeto de conseguir mayor poder de negociación frente a las empresas capitalistas, la parte contraria. A mayor fuerza de compra, más poder de negociación.

El efecto inmediato de la compra colectiva es el abaratamiento del precio del producto. A las empresas capitalistas les suele salir rentable sacrificar márgenes de beneficio a cambio de volumen de venta. En otras palabras, con la compra colectiva aplicamos el mismo principio que cuando regateamos descuentos con el tendero por comprar tres unidades de un producto en lugar de uno, pero a lo bestia. 

Obviamente, una compra colectiva orientada sólo a la reducción de precios no hace más que alimentar el consumismo desaforado del que se nutre el capitalismo. De hecho, existen varias páginas de comercio online que obtienen cientos de millones de euros de beneficio anuales por el procedimiento de mercantilizar compras colectivas. 

Pero nuestra forma de salirnos de este círculo vicioso consumista es donar el beneficio obtenido en la compra colectiva a proyectos sin ánimo de lucro que tengan una intencionalidad revolucionaria. Es decir: invertir el beneficio de la compra en la destrucción del vendedor. Sólo por esto, merece la pena organizar la compra de los productos que compramos desorganizadamente en el Carrefour (bombillas, pilas, papel higiénico, etc.)

Pero hay más. A medio plazo, podremos conseguir mucho más que descuentos mediante la organización de nuestras compras. Podremos intervenir en los procesos de producción y distribución de nuestros proveedores capitalistas, por ejemplo, o en las condiciones laborales de su plantilla asalariada. La simple perspectiva de perder un cliente con un potencial de compra masivo puede obrar milagros en la “responsabilidad social corporativa” de las empresas. 

La fuerza de compra es el factor principal pero no el único. Hay otros factores que incrementan también nuestro poder de negociación. Un colectivo organizado de consumidoras siempre representa una amenaza mayor para la empresa capitalista porque dispone de más medios de defensa y ataque que la consumidora aislada (cajas de resistencia para sostener acciones jurídicas, impagos coordinados, campañas públicas de desprestigio, boicots, etc.)

Por último, a una escala suficiente, las compradoras organizadas seremos capaces de dar la espalda a las empresas capitalistas y hacer viables proyectos autogestionados que fabriquen bombillas, baterías, paneles solares, etc. Ese momento llegará cuando seamos capaces de financiar los medios de producción necesarios y garantizar la demanda.

La RCC (Red de Compras Colectivas)

En junio de 2015, la RCA acordó impulsar una Red de Compras Colectivas. Paralelamente, por las mismas fechas, Faircoop inició un proyecto muy similar en el marco de su mercado virtual Fairmarket. En julio de 2016, compañeros de la RCA y Faircoop descubren por casualidad que están trabajando en proyectos convergentes e inician inmediatamente una colaboración que acelera el proceso de constitución de una RCC de dimensión internacional. 

En Madrid, animadas por el impulso, las Asambleas de La Canica y Karakolas acordaron unirse a la RCC el 17 de septiembre y el 24 de septiembre, respectivamente.

Las compañeras informáticas están ultimando la adaptación del software de Karakolas y Fairmarket a una aplicación que tendrá un funcionamiento muy parecido al de una plataforma de crowdfunding. Los colectivos adscritos a la Red podrán realizar propuestas de compras colectivas de un producto a través de la RCC, fijando una cantidad mínima de unidades y un plazo de tiempo para alcanzarla. 

Si el total de los pedidos no llega a la cantidad mínima en el plazo fijado, la propuesta de compra se considerará rechazada y el dinero adelantado se retornará. Las comunidades usuarias de monedas alternativas podrán establecer intercambios en faircoins, canicas, ecos, etc.

Los contactos con proveedores se han iniciado ya. De hecho, aunque la aplicación no está aún operativa, la RCA ha aprobado una primera compra de 600 kilos de café Rebeldía, producido por cooperativas zapatistas y distribuido por una Asociación solidaria de Barcelona adherida a Fairmarket. La compra se ha efectuado para garantizar existencias de café en 2017, ya que los pedidos a las productoras zapatistas en lucha se hacen anualmente -cada mes de octubre- para facilitar la programación de su temporada. 

También se está mirando la posibilidad de abrir un canal de importaciones con ERT argentinas (Empresas Recuperadas por los Trabajadores) y con cooperativas textiles de la Rojava kurda, otra de esas regiones del mundo donde se está ensayando la autonomía libre asociacionista, sin Estado ni patrones ni patriarcas. Ya dentro del espacio europeo, las compañeras griegas de la fábrica okupada VIO.ME nos han enviado su catálogo de productos de limpieza, que empieza literalmente así:

Nosotras, las trabajadoras de VIO.ME en lucha, liberadas de los jefes, continuamos resistiendo a pesar de la presión y las maniobras legales que se operan a nuestras espaldas. Nos resistimos como trabajadoras a abandonar la fábrica y perseveramos en nuestra demanda central: Las fábricas, así como toda la riqueza social, deberían ser gestionadas por quienes las producimos.

Por último, la RCC cuenta con la estructura legal necesaria para enfrentarse a los obstáculos burocráticos a los que tendrá que enfrentarse [5] . Aunque la tercera entrega de nuestro serial titulado “La Acción Económica” tratará precisamente de este tema, no podemos evitar la tentación de adelantar un par de apuntes. 

Sólo los colectivos con poca personalidad confunden su identidad con la de una “persona jurídica” o se identifican con “Números de Identificación Fiscal” (NIF). De las empresas capitalistas hemos aprendido que las personas jurídicas son como los vehículos, las hay de todas clases, para usos deportivos o industriales, para embestir escaparates en los alunizajes o ponerse a salvo después de atracar bancos. 

Por cierto, una Sociedad Limitada puede ser el escudo instrumental de una Asamblea de trabajadoras y una Cooperativa puede ser la tapadera de una penitenciaría laboral que exprime a miles de trabajadoras [6]. 

Las escrituras notariales e inscripciones registrales no determinan las relaciones de producción. La explotación laboral es un fenómeno económico, no jurídico, que en el caso concreto del asalariado se da cuando el factor de decisión en una unidad productiva (tienda, taller, bar, almacén, etc.) es el capital y no el trabajo.

Pero todo esto se verá más tranquilamente en el siguiente episodio de “Acción Económica”, si el tiempo y las autoridades lo permiten.

Las interesadas en contactar con la Red de Compras Colectivas podéis escribir a rcc@riseup.net.

 [1] http://lagranada.org/. Grupo de consumo constituido en 2014 y adherido a la RCA.(...)"

 (Malouney    Red de Colectivos Autogestionados , en El salmón contracorriente, 10/10/16)  

La economía colaborativa da un giro a los tapones solidarios con impresoras 3D

"A estas alturas es posible que hayan oído hablar de los tapones solidarios. Son campañas que se apoyan en la recogida de tapones de botellas de plástico y su venta a empresas de reciclaje para destinar los fondos obtenidos a causas sociales -desde el tratamiento médico de un niño con una enfermedad rara hasta la compra de una silla de ruedas para una persona con discapacidad.

De un tiempo a esta parte, no obstante, las empresas de reciclaje han rebajado el precio de compra de esos tapones, por lo que estas iniciativas cada vez lo tienen más complicado para recaudar el dinero que desean. A esta situación intenta dar respuesta un grupo de jóvenes de Tenerife a través del proyecto 3DTops.

Materia prima para impresoras 3D

3DTops consiste en la producción de un filamento plástico para impresión 3D basado en el HDPE (o polietileno de alta densidad termoplástico), utilizado para fabricar la mayoría de los tapones. De este modo, generando material para una industria emergente como la impresión 3D, pretende que se revalorice y, por tanto, aumentar los beneficios obtenidos por las iniciativas sociales.

Cada ONG o grupo de vecinos que hoy obtiene dinero de la recolección y venta de tapones, podría fabricar y vender el filamento plástico de manera local, ahorrándose los costes de transporte del material y aprovechando que se trata de un recurso abundante, fácil de conseguir en cualquier población y relativamente sencillo de procesar. Se crearía así una red distribuida y descentralizada de sedes de producción local.

Tanausú Hernández, investigador en 3DTops y presidente de Orotava HackerSpace, el espacio de co-creación en el que ha nacido el proyecto, asegura: ’Conseguimos darle una vuelta a la situación actual. Ya no hay que cargar toneladas de plástico a una central y tenemos una economía local que ayuda tanto al que la produce como al que recibe ese dinero resultante.’

3DTops resuelve, por otro lado, el reto ambiental que supone el reciclaje de estos tapones. Y, finalmente, dado que la idea es generar un material de calidad para impresión 3D asequible, ayudaría a generalizar el uso de este tipo de tecnología entre particulares.

Economía colaborativa responsable

Tanausú asegura que el componente social de 3DTops es lo que da sentido a todo el proyecto. Una propuesta emprendedora que llega justo cuando comienza a discutirse sobre el carácter socialmente innovador de la economía colaborativa.  (...)

Premio a la innovación social

En este momento, 3DTops se encuentra en plena fase de investigación y desarrollo. Sus artífices trabajan para refinar ese filamento para impresión 3D y eliminar cualquiera de las debilidades que pueden estar asociadas a este tipo de plástico que ya se ha usado para fabricación de modelos de grandes dimensiones.

En cualquier caso, el trabajo de su equipo ya ha sido reconocido a nivel nacional, en los primeros premios de la economía colaborativa que se realizaron en nuestro país, en el marco de OuiShare Fest Barcelona 2015. El éxito final, como en todo buen proyecto de economía colaborativa, dependerá de la implicación de sus propios usuarios."         (El salmón contracorriente, 6 de febrero de 2016,Isabel Benítez

La economía colaborativa da un giro a los tapones solidarios con impresoras 3D

"A estas alturas es posible que hayan oído hablar de los tapones solidarios. Son campañas que se apoyan en la recogida de tapones de botellas de plástico y su venta a empresas de reciclaje para destinar los fondos obtenidos a causas sociales -desde el tratamiento médico de un niño con una enfermedad rara hasta la compra de una silla de ruedas para una persona con discapacidad.

De un tiempo a esta parte, no obstante, las empresas de reciclaje han rebajado el precio de compra de esos tapones, por lo que estas iniciativas cada vez lo tienen más complicado para recaudar el dinero que desean. A esta situación intenta dar respuesta un grupo de jóvenes de Tenerife a través del proyecto 3DTops.

Materia prima para impresoras 3D

3DTops consiste en la producción de un filamento plástico para impresión 3D basado en el HDPE (o polietileno de alta densidad termoplástico), utilizado para fabricar la mayoría de los tapones. De este modo, generando material para una industria emergente como la impresión 3D, pretende que se revalorice y, por tanto, aumentar los beneficios obtenidos por las iniciativas sociales.

Cada ONG o grupo de vecinos que hoy obtiene dinero de la recolección y venta de tapones, podría fabricar y vender el filamento plástico de manera local, ahorrándose los costes de transporte del material y aprovechando que se trata de un recurso abundante, fácil de conseguir en cualquier población y relativamente sencillo de procesar. Se crearía así una red distribuida y descentralizada de sedes de producción local.

Tanausú Hernández, investigador en 3DTops y presidente de Orotava HackerSpace, el espacio de co-creación en el que ha nacido el proyecto, asegura: ’Conseguimos darle una vuelta a la situación actual. Ya no hay que cargar toneladas de plástico a una central y tenemos una economía local que ayuda tanto al que la produce como al que recibe ese dinero resultante.’

3DTops resuelve, por otro lado, el reto ambiental que supone el reciclaje de estos tapones. Y, finalmente, dado que la idea es generar un material de calidad para impresión 3D asequible, ayudaría a generalizar el uso de este tipo de tecnología entre particulares.

Economía colaborativa responsable

Tanausú asegura que el componente social de 3DTops es lo que da sentido a todo el proyecto. Una propuesta emprendedora que llega justo cuando comienza a discutirse sobre el carácter socialmente innovador de la economía colaborativa.  (...)

Premio a la innovación social

En este momento, 3DTops se encuentra en plena fase de investigación y desarrollo. Sus artífices trabajan para refinar ese filamento para impresión 3D y eliminar cualquiera de las debilidades que pueden estar asociadas a este tipo de plástico que ya se ha usado para fabricación de modelos de grandes dimensiones.

En cualquier caso, el trabajo de su equipo ya ha sido reconocido a nivel nacional, en los primeros premios de la economía colaborativa que se realizaron en nuestro país, en el marco de OuiShare Fest Barcelona 2015. El éxito final, como en todo buen proyecto de economía colaborativa, dependerá de la implicación de sus propios usuarios."         (El salmón contracorriente, 6 de febrero de 2016,Isabel Benítez

Economía Colaborativa: un salto cuántico. La solución lógica del sistema es la cooperación

"Rachel Botsman define la Economía Colaborativa como “Una economía basada en redes difusas de individuos y comunidades conectados,  frente a instituciones centralizadas, transformando la manera en que podemos producir, consumir, financiarnos, y aprender”[1]. (...)

Creo que no podemos hablar todavía de Economía Colaborativa como un Sistema Económico, definido por oposición a la “Economía Competitiva”, que caracteriza los regímenes económicos capitalistas y comunistas. 

La diferencia  estriba en que el sistema de economía competitiva – tanto capitalista como comunista – basa su estructura productiva en un cuerpo de decisores concreto y restringido que toma las decisiones de producción[2] y el sistema de economía colaborativa basa su relación y estructura en un contrato social distinto sobre los medios de producción, con otras reglas de relación, que llamamos Procomún (Commons, en inglés). 

El concepto de Procomún no es nuevo – tiene varios siglos -, pero el desarrollo de la economía en red, permite su redefinición y adaptación, al no estar ya limitado por restricciones geográficas y haber quedado desbordadas las limitaciones legales por las tecnologías de información y comunicación. 

Los procomunes colaborativos están constituidos por comunidades de “geometría variable”, donde cada individuo tiene capacidad de decisión autónoma y directa sobre la aportación y utilización del procomún. 

 Adicionalmente, las iniciativas colaborativas no son solo mercantiles o estatales, más bien al contrario: propenden a la apertura de espacios de acción y relación – infraestructuras – no mercantiles ni estatales, superpuestas y coincidentes  con los escenarios productivos estatales y mercantiles tradicionales, con la ambición no oculta de sustituir suavemente algunos de estos actores.

 

 Las iniciativas de Economía Colaborativa, aisladas pero en gran crecimiento, no constituyen por sí mismas – todavía – un Campo de Fuerza social donde quedaran patentes y públicas estas nuevas reglas de relación: estas actividades, aunque generalizadas y con gran difusión, simplemente coexisten en el Campo de Fuerza de la economía tradicional competitiva, subsumidas en él. 

Y el cambio, la nueva correlación de fuerzas hacia un entorno que podamos denominar “predominantemente colaborativo” se dará cuando las fuerzas resultantes en este campo social hayan mutado según nuevas potencias de pensamiento y actuación.

Si bien no hemos alcanzado una “Sociedad de Economía Colaborativa”, lo que sí podemos afirmar de las sociedades occidentales es que estamos viviendo en una Economía de la Información en Red[3], donde se promueven iniciativas colaborativas, que podrán mutar el sistema si consiguen una masa crítica suficiente[4]. 

En ese momento, la economía colaborativa, apalancada en la extensión del coste marginal nulo[5] sobre la producción de bienes e información, constituiría  una evolución de la economía de la información en red, como mutación paulatina de una economía de producción centralizada y altamente asimétrica a un sistema económico de información, conocimiento, aprendizaje y producción difusos más equilibrado. Y aquí reside la piedra angular de dicho cambio: en cómo estas alteraciones modifican nuestro concepto y uso de la libertad.

Según Yochai Benkler, hablando de la economía de la información en red, “El conocimiento, la información y la cultura son cruciales para la libertad y el desarrollo humano”[6].Dice el DRAE que libertad es la  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. (...)

El primer cambio diferencial en la economía masiva centralizada hacia la descentralización se dio en el concepto de valor añadido: a las sucesivas capas de diseño, servicio, investigación, desarrollo, innovación, organización o mercadotecnia que se añaden al producto básico se les denomina valor añadido. Este valor añadido es aportado en su mayor parte por habilidades intelectuales. 

Progresivamente, a las destrezas físicas en la producción se añadían otras habilidades que tenían más que ver con la condición intelectual[9]. Esta revalorización de la importancia del conocimiento humano logra la reformulación del concepto de “trabajo”, que pasa a denominarse “capital intelectual”. (Dicho de paso, esta diferenciación es lo que permite la brecha creciente entre las remuneraciones de los “trabajadores” y los “capitalistas intelectuales”, y es realizada de forma arbitraria y subjetiva en muchas empresas).

Otro salto diferencial posterior en la configuración del espacio social se da gracias a la economía de la información en red, que posibilita la conexión real de una gran parte de la humanidad, con la obvia capacidad de advertir esta conectividad y la facultad de interrelación directa y sin intermediarios. 

La transmisión libre y sin coste marginal de información, cultura y conocimiento, permite la difusión del capital intelectual sin las rigideces discrecionales y restricciones impuestas por los propietarios del capital financiero, a la hora de valorar las aportaciones del capital intelectual a la producción. Muchas personas deciden compartir mutuamente – también con extraños – su capital intelectual de forma libre y fuera del ámbito mercantil o estatal. 

Esto provoca que el estrecho marco de las relaciones laborales y mercantiles en relación con la retribución del valor del capital intelectual quede desbordado por flujos conjuntos de capital intelectual (también mutado en capital cultural y social), circulando libremente y sin coste por la red.

La paradoja aparente de la transición entre capital intelectual competitivo y colaborativo nos la resuelve de forma elegante Esko Kilpi: el capital intelectual se incorpora al mercado como una “sexta fuerza competitiva” en el esquema de Porter. Y como el trabajo intelectual es especializado, aparece un nuevo rol: la complementariedad. 

Esto lo hemos comprobado todos, por ejemplo, en los diálogos entre parejas de humoristas, que consiguen mayores cotas de ingenio en esta cooperación intelectual que trabajando a solas. Kilpi cita a Barry Nalebuff para explicarlo más gráficamente: “La gente valora más un perrito caliente cuando hay mostaza”. 

La economía de la información en red posibilita la extensión “multi-recíproca” de la complementariedad intelectual de forma explosiva, cambiando nuestro sistema de trabajo: parte de nuestra ocupación consiste en encontrar el capital intelectual complementario para el desarrollo de nuestra actividad. Y la forma de encontrarlo, pasa por exhibir y compartir nuestro conocimiento e información abiertamente[10].  (...)

Durante muchos años, la ventaja del capital financiero residía en su liquidez: la capacidad de circulación y transformación en otros tipos de capital con gran velocidad, favorecida por la desregulación financiera de los años 80.

 Esta extraordinaria y asimétrica fluidez relativa (frente a otros tipos de capital), junto con el curioso sistema de generación de la masa monetaria – cuya soberanía ha sido entregada a las instituciones financieras y especulativas privadas -, es lo que provocó la crisis financiera privada, resuelta con una crisis de deuda pública, en una constatación palmaria de la asimetría decisora tanto en el ámbito público como el privado[12]. 

Ahora, gracias a la economía de información en red, esta fluidez no es una cualidad exclusiva del capital financiero. Y sin duda la constatación general de la incertidumbre económica individual ha acentuado el enfoque de muchas personas hacia iniciativas colaborativas.

La economía de la información en red pone en marcha otro paradigma: la configuración de las redes sociales de información, conocimiento, consumo y producción, al principio muy centralizadas[13], hace innecesaria la “masa crítica”: los individuos compartimos -podemos compartir con total fluidez – nuestra energía productiva (capital humano, intelectual y social, y parte del capital comercial e infraestructuras) de forma directa[14]. 

Al igual que la energía – que fluye en forma de ondas a gran velocidad, en cualquier dirección, y se concreta en partícula al interactuar con la materia –, los seres humanos podemos poner en común e interrelacionar nuestras potencias en un ecosistema adhocrático de pactos no jerárquicos, basados en el procomún, en los que nuestra cesión de soberanía – sobre los rendimientos de nuestras acciones, pero también sobre nuestra implicación social, laboral, mercantil y personal en manera y cantidad – es explícita, voluntaria y matizada.

 Ya no necesitamos cesiones incondicionales e imprecisas (normalmente asimétricas) de soberanía a ciertas instituciones públicas o privadas, en aras de equilibrio social (o “productividad”). En este sentido, la reasignación de la soberanía y el poder de conocimiento y decisión hacia el individuo se acerca a una estructura más anarquista (o liberal libertaria, como la llama Y.Benkler[15]).

Esta reorganización y difusión del poder – de la libertad – en la sociedad y los mercados, desde las empresas e instituciones políticas hacia los individuos se denomina “empoderamiento personal” por los expertos (como derivación del “empowerment” inglés). Prefiero la palabra “refuerzo” que a su significado de vigorización o fortificación, añade el sentido psicológico de “estímulo del comportamiento”.

El refuerzo individual, consecuencia de cambios en el campo social hacia un sistema de economía colaborativa, solo puede ir en detrimento del poder acumulado por otros agentes sociales. Aquí la resistencia al cambio dependerá de la “Gravedad Institucional” de cada organización. 

La gravedad institucional en los sistemas sociales vuelve a ser una resultante del tamaño, posición, energía potencial (exposición a la obsolescencia tecnológica y organizacional) y energía cinética (ostentación de privilegios – como externalidades no equivalentes al bienestar social aportado al sistema[16] – productos de la inercia). 

Pero también cuentan los bosones de la libertad individuales – las miradas conscientemente libres – campando y observando por el campo social con otro sentido de la libertad, condicionando con fuerza creciente este espacio social.  (...)

Estoy hablando de la oportunidad de plantear y estudiar abiertamente las regulaciones legales que incorporen de derecho el estatus colaborativo al sistema socio-económico, lo que ya viene ocurriendo de hecho. 

Aquí encontraremos especiales resistencias. La primera (y principal) consiste en la autolimitación que deberán realizar instituciones estatales, cediendo poder y acción a los individuos auto-organizados, pero tutelando la “renegociación de las condiciones de libertad, justicia y productividad” [18] en la economía colaborativa. 

Los ejemplos que tenemos no son muy alentadores: referido a la regulación de las criptomonedas en Nueva York, por parte del Departamento de Servicios Financieros (NYDFS), Brian Forde nos indica que la tentación de burocratización en la propuesta presentada por parte del superintendente es enorme, en aras de una pretendida defensa del consumidor.  (...)

Después de la regulación, otro paso simple pero no fácil: aplicar los sistemas difusos de economía de la información en red también a la gobernanza política y a la información y conocimiento en tiempo real de la gestión de las instituciones públicas. 

Esto no significa el gobierno asambleario, sino la responsabilidad directa y transparente de los gobernantes sobre las decisiones: escrutinio abierto sobre la res publica. Una vez implantado este mecanismo, los sistemas públicos de decisión tenderán a disminuir sus externalidades hacia estamentos privilegiados.

La segunda muralla de resistencia la constituyen los grandes grupos de presión, ergo, las grandes corporaciones, que pretenden mantener mercados y posiciones oligopolistas, ya sea por la inercia de antiguos monopolios naturales o gracias a oligopolios creados artificialmente mediante legislaciones ad hoc (como la regulación energética en España, por ejemplo). 

Un ejemplo evidente lo constituye el sector de la intermediación cambiaria de divisas, altamente especulativo y extractivo (por lo tanto, altamente ineficiente) que va a ser rápidamente puesto en obsolescencia por la irrupción de las cripto-monedas y otros sistemas monetarios estables de compensación.   (...)

Estamos atrapados en un planeta que pensábamos ilimitado, al que seguimos sin reparar las costuras abiertas del hambre, la desigualdad, la contaminación y el deterioro ambiental, las guerras y la explotación sin piedad de personas y recursos. La inercia de instituciones y poderes que hemos puesto en marcha, espoleadas por el espíritu competitivo y la codicia nos acerca peligrosamente al límite. 

Las estructuras centralizadas (masivas) tradicionales nos atrapan en un Dilema del Prisionero, en el que algunos juegan falazmente con ventaja, pues son a la vez carcelero y prisionero. Digo falazmente, porque no hay salida para unos pocos si el planeta se rompe.

Gracias al Sistema de Economía Colaborativa, podemos dar un salto cuántico y resolver el dilema de forma lógica: con todos los prisioneros conectados y con igual grado de información, el dilema desaparece y la solución lógica del sistema es la cooperación."        (Joaco Alegre, Economistas frente a la crisis, 04/06/2015)