Los impuestos son el instrumento más asombrosamente poderoso para controlar la inflación, pero sobre todo para conformar la sociedad que queremos... Pero los impuestos no son necesarios para que el gobierno gaste, porque su propio banco nacional le proporciona el dinero para que haga eso

 "Quiero hablar de impuestos. No tiene nada de raro que lo haga. Como censor jurado de cuentas, llevo 40 años haciéndolo. De lo que me doy cuenta es de que la inmensa mayoría de la gente entiende muy poco lo que son los impuestos, a pesar de que casi todos gastamos más en pagarlos que en cualquier otra cosa en la vida. Sólo por eso me parece asombroso que tan poca gente entienda lo que son los impuestos o lo que hacen.

Por ejemplo, sospecho que el 98% de la gente cree que los impuestos pagan los servicios públicos, pero no es así.

Ni un céntimo de los impuestos pagados en el Reino Unido a nuestro gobierno en Westminster se utiliza para pagar el gasto público.

En cambio, cada céntimo que gasta el gobierno británico se paga con dinero que el gobierno pide prestado todo el día y todos los días al Banco de Inglaterra, que es el banco que posee. El gobierno puede gastar lo que quiera porque tiene ese banco. Lo que es especialmente cierto es que nunca tiene que esperar a que los impuestos le presten dinero para poder gastar, porque todo el dinero que quiere está a su disposición siempre que lo desee, simplemente pidiéndoselo a su propio banco.

Entonces, ¿por qué tributamos en ese caso? Bien, en primer lugar, porque el gobierno tiene que controlar la inflación, por supuesto, no podría gastar la cantidad de dinero creada para él cada día por el Banco de Inglaterra sin que la inflación se descontrolara muy rápidamente. Así pues, el gobierno cobra impuestos para recuperar el dinero que ya ha gastado y, de este modo, controla la inflación. En mi opinión, ésta es la primera razón, y la más importante, por la que cualquier gobierno cobra impuestos.

En segundo lugar, un gobierno grava a la gente porque quiere que utilicemos el dinero que crea en nuestras transacciones rutinarias en la economía. Hacemos eso si tenemos que pagar cantidades significativas de impuestos porque no podemos permitirnos el riesgo de hacer otra cosa cuando los impuestos tienen que pagarse por ley utilizando la moneda que el gobierno crea. Como resultado, el gobierno obtiene el control del dinero en nuestra macroeconomía, y como resultado obtiene bastante control de esa economía, que es exactamente lo que quiere.

Pero además de estas dos razones para gravar, el gobierno también grava para aplicar sus políticas económicas y sociales. Así, utiliza los impuestos para redistribuir la renta y la riqueza. También utiliza los impuestos para revalorizar bienes y servicios, como el alcohol, el carbón y el tabaco, cuyos precios aumenta, mientras que reduce el precio de la sanidad, la educación, la alimentación y la ropa de los niños utilizando los impuestos.

El Gobierno también utiliza los impuestos para reorganizar la economía. Concede subvenciones a las empresas que hacen cosas que quiere que sucedan, y retira esas subvenciones a las actividades que no quiere que prosperen.

 Por último, los gobiernos cobran impuestos porque saben que la gente que paga impuestos tiene más probabilidades de votar. El impuesto es lo que yo llamaría la contraprestación del contrato social entre nosotros y nuestro gobierno, y la gente quiere opinar sobre ese contrato precisamente porque paga impuestos. Los impuestos son el mecanismo que utilizamos para que el Gobierno rinda cuentas y, a su vez, para que nos rinda cuentas a nosotros.

Por todas estas razones, los impuestos son increíblemente importantes. Pero a pesar de ello, no hace lo que la mayoría de la gente cree que hace. No paga nuestros servicios públicos.

Por eso tengo que romper otro mito. El dinero de los contribuyentes no existe. Por mucho que a nuestros políticos les guste hablar del dinero de los contribuyentes, nada cambia el hecho de que no pagamos por los beneficios que obtenemos del gasto público, que en cambio está financiado por el Banco de Inglaterra. Pagamos impuestos para controlar la inflación que resultaría de ellos ese proceso de creación de dinero. Los impuestos sólo se cobran entonces para destruir el dinero que el Banco de Inglaterra crea para que el gobierno gaste, día tras día.

Cualquier político que diga lo contrario está revelando su ignorancia o está difundiendo un mito conveniente, que sabe que es falso.

Es hora de que nuestros políticos digan la verdad sobre los impuestos.

Es hora de que entendamos los impuestos.

Es hora de que nos demos cuenta de que los impuestos son el instrumento más asombrosamente poderoso para controlar la inflación, pero sobre todo para conformar la sociedad que queremos.

Pero los impuestos no son necesarios para que el gobierno gaste porque su propio banco proporciona el dinero para que el gobierno haga eso."               

(Richard Murphy . Catedrático de Contabilidad, Escuela de Gestión de la Universidad de Sheffield, Brave New Europe, 01/06/23, traducción DEEPL)

Guy Standing: La cuestión más general para la izquierda en toda Europa es cómo hacer que la fiscalidad sea popular, progresiva y funcional. La respuesta debería basarse en superar el truco populista de la derecha: que gravar los ingresos es "desincentivador" y un reflejo de la "envidia" de los perdedores de la sociedad hacia los empresarios dinámicos y la mano de obra "trabajadora". La izquierda debería optar por una política eco-fiscal, diseñada para desmantelar el capitalismo rentista. Debería aceptar que el impuesto sobre la renta de alta progresividad es obsoleto... el objetivo debería ser reestructurar la política fiscal como medio de justicia común... En los países europeos, la riqueza se grava mucho menos que la renta... Incluso un impuesto del 1% sobre la riqueza recaudaría enormes ingresos y sería más difícil de evitar que el impuesto sobre la renta

 "Durante el último siglo, los socialdemócratas han apoyado un modelo de sociedad en el que los impuestos elevados y progresivos sobre la renta y el consumo se han justificado como medio para reducir la desigualdad y la pobreza, al tiempo que se pagaba un conjunto creciente de prestaciones estatales y servicios públicos. Durante muchas décadas, esta prescripción les ha servido, asegurando victorias electorales regulares.    

Sin embargo, desde la década de 1990, esto ha dejado de ser así. Puede que la derecha política no haya ganado el argumento intelectual o moral. Pero su receta de bajos impuestos sobre la renta y el consumo ha tenido un atractivo popular cada vez mayor, drenando el apoyo a la izquierda de aquellos que ganan con los recortes de impuestos, aunque sigan apoyando los servicios y beneficios públicos.

No sirve de nada que la izquierda se lamente por el paso de esa época. Debe reinventar la política fiscal. Para ello, debe reconocer de una vez por todas que el sistema de distribución de la renta de las décadas socialdemócratas del siglo XX se ha roto irremediablemente. Tanto si el crecimiento económico es alto como si es bajo, la mayor parte de los ingresos adicionales van a parar a los propietarios de bienes -financieros, físicos e intelectuales-, mientras que cada vez son menos los que dependen del trabajo. Esto se aplica tanto a los países en los que los sindicatos son fuertes como a los que están paralizados. Es la era del capitalismo rentista.

Además, en una economía globalizada dominada por las finanzas, es fácil para los receptores de altos ingresos evitar los impuestos sobre la renta, incluso recurriendo a los paraísos fiscales. En toda Europa, la riqueza en paraísos fiscales representa alrededor del 10% del producto interior bruto; en el Reino Unido, alrededor del 20%. Los ricos apenas pagan el impuesto sobre la renta, sea cual sea el tipo.

 Sin embargo, la izquierda ha sido débil a la hora de responder a los recortes de los impuestos sobre la renta, el consumo y las sociedades. Así lo demostró simbólicamente el Partido Laborista británico en su reacción al regresivo -aunque efímero- "mini-presupuesto" introducido por el breve gobierno de Liz Truss el 23 de septiembre. El presupuesto preveía bajar el tipo básico del impuesto sobre la renta a sólo el 19%, más allá de una desgravación libre de impuestos de 12.570 libras. Inmediatamente, los laboristas dijeron que no revertirían el recorte. Aceptó un tipo impositivo bajo que haría aún más problemática la financiación de los servicios públicos, a pesar de que los sondeos de opinión mostraban que la mayoría de los británicos preferían impuestos más altos para aumentar el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales.

Hacer populares los impuestos

 La cuestión más general para la izquierda en toda Europa es cómo hacer que la fiscalidad sea popular, progresiva y funcional. La respuesta debería basarse en superar el truco populista de la derecha: que gravar los ingresos es "desincentivador" y un reflejo de la "envidia" de los perdedores de la sociedad hacia los empresarios dinámicos y la mano de obra "trabajadora".

La izquierda debería optar por una política eco-fiscal, diseñada para desmantelar el capitalismo rentista. Debería aceptar que el impuesto sobre la renta de alta progresividad es obsoleto. Debería dejar claro que los impuestos sobre la renta y el consumo se destinan principalmente a los servicios públicos y a las infraestructuras, incluyendo el transporte, la defensa, la vivienda, las escuelas y otras necesidades sociales. Más allá de eso, el objetivo debería ser reestructurar la política fiscal como medio de justicia común.

 Puede parecer esotérico, pero deberíamos empezar por recuperar la idea de los bienes comunes: los recursos y los bienes que nos pertenecen a todos, como comuneros. Los bienes comunes incluyen la tierra, el aire, el agua, los minerales, el mar, el fondo marino y la orilla del mar, así como los bienes comunes que nos legaron las generaciones anteriores. Sin embargo, todas las formas de bienes comunes han sido tomadas o erosionadas ilegítimamente, a través del cercamiento, el expolio, la privatización y la financiarización. La izquierda debería exigir que se compense a los comuneros por ese expolio.

Tierra, riqueza, carbono

Esto debería comenzar con un impuesto progresivo sobre el valor de la tierra (LVT), aplicado a las explotaciones que superen el tamaño típico de un jardín, para evitar que sea apodado "un impuesto sobre los jardines" y, por lo tanto, sea políticamente difícil. El impuesto progresivo sobre el valor de la tierra se justifica además por el hecho de que en Europa el valor de la tierra se ha disparado como parte de los activos no financieros, en parte debido a la globalización y a la especulación de las finanzas mundiales. La tierra representa ahora más de un tercio de la riqueza no financiera; en el Reino Unido, esta proporción ha pasado del 39% en 1995 al 56% en la actualidad.  

Lo siguiente debería ser un impuesto sobre la riqueza, excluyendo la tierra si hay un LVT. En los países europeos, la riqueza se grava mucho menos que la renta. Sin embargo, la desigualdad de la riqueza ha aumentado en relación con la desigualdad de los ingresos y la mayoría de la riqueza es heredada, por definición no ganada. Incluso un impuesto del 1% sobre la riqueza recaudaría enormes ingresos y sería más difícil de evitar que el impuesto sobre la renta.

Siguiendo el ejemplo de Suecia, también debería haber una elevada tasa sobre el carbono, que gravara las emisiones de carbono que causan el cambio climático y acidifican los océanos. Según el Fondo Monetario Internacional, sólo una quinta parte de las emisiones mundiales están cubiertas por una tarificación adecuada. Una tasa sobre el carbono transformaría la atmósfera en un bien común regulado. Y sabemos que los ricos son los causantes de la mayor parte de la contaminación, mientras que los grupos de bajos ingresos soportan principalmente los costes, incluso en materia de mala salud.

Por sí misma, una tasa sobre el carbono es potencialmente regresiva, en el sentido de que el pago de las emisiones representaría una parte mayor de los ingresos de una persona pobre. Sólo se convertiría en progresivo si todos los ingresos se reciclaran a todos los plebeyos por igual. La manera de garantizarlo es canalizar los ingresos hacia un "fondo de capital común", del que todos los residentes legales tendrían derecho a dividendos iguales.

Explotación de los bienes comunes

A continuación, la política fiscal debería centrarse en los ingresos por rentas obtenidos por la explotación de los bienes comunes. Hay que saludar a Noruega, que acaba de anunciar una renta del suelo sobre la acuicultura industrial (cría de salmón) y la energía hidroeléctrica. Dado que las grandes empresas de acuicultura sólo pagan el 40% de los costes asociados a su producción, y el resto corre a cargo de las comunidades locales y los ecosistemas circundantes, la tasa del 40% propuesta podría copiarse en otros países europeos donde la piscicultura está en auge. El principio podría extenderse a la pesca marítima, la explotación de los fondos marinos y los parques eólicos en alta mar.  

También debería haber un impuesto sobre los datos digitales. Las grandes empresas tecnológicas ganan miles de millones de dólares con la información que les proporcionamos, gratuitamente, cada vez que nosotros (o nuestros aparatos) estamos en línea. Están obteniendo ingresos por el alquiler de los bienes comunes de la información. Esos ingresos deben ser compartidos, lo que justifica una tasa sobre sus ingresos publicitarios, que se añadiría al fondo de bienes comunes propuesto.

La izquierda debería aprovechar las contradicciones ideológicas de la derecha. Justifica el capitalismo del "valor del accionista" alegando que los accionistas ("principales") presionan a los directivos ("agentes") para que persigan el crecimiento a largo plazo. Esto tenía cierto atractivo hace décadas, cuando el tiempo medio de tenencia de una acción era de siete años, pero hoy es de menos de seis meses y va en descenso.  Una tasa sobre las transacciones financieras desalentaría el comercio especulativo e incentivaría lo que la derecha dice querer. Y sería progresivo.

Del mismo modo, una tasa de concentración del mercado sería una forma de medida antimonopolio. La derecha dice que se opone al monopolio por ser contrario al "libre mercado". Sin embargo, se ha comprobado que la monopolización del poder de mercado ha multiplicado por seis el margen medio de los precios sobre los costes de producción de 70.000 empresas en todo el mundo entre 1980 y 2016. Para luchar contra esta concentración, debería imponerse una tasa sobre los beneficios de las empresas que controlan más del 20% de su mercado.
Subvenciones regresivas         

La otra dimensión de la política fiscal -los subsidios del gobierno- recibe muy poca atención en el pensamiento económico progresista, aunque en realidad se trata principalmente de impuestos negativos regresivos. Una política fiscal progresista se encargaría de eliminar las numerosas subvenciones selectivas que los gobiernos conceden a los intereses especiales. He identificado 1.190 en el Reino Unido. Si la derecha afirma creer en el "libre mercado", apoyar su distorsión mediante subvenciones es una hipocresía.

Un ejemplo atroz es la pesca, donde las enormes, perjudiciales y regresivas subvenciones, principalmente para el combustible, han permitido la "pesca de larga distancia" por parte de las pesquerías industriales, que han destruido las poblaciones de peces en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio pregonó un acuerdo alcanzado a mediados de 2022, pero lo único que hizo fue prohibir algunas subvenciones a la pesca "ilegal", eliminando del texto final la referencia a las "subvenciones perjudiciales". A nivel mundial, se gastan 35.000 millones de dólares en este tipo de subvenciones cada año.

El recurso a las subvenciones durante la pandemia fue una oportunidad para que la izquierda fuera coherente, aplicando una "prueba de resistencia" progresiva: que una política fiscal sólo debe apoyarse si no aumenta la desigualdad. Los planes de recortes de empleo fallaron miserablemente en esa prueba. Pero la mayoría de los partidos de izquierda los apoyaron a gritos, al igual que los sindicatos. Era previsible desde el principio que intensificarían la desigualdad -dando mucho más a los asalariados que a los precarios- y que serían objeto de un fraude masivo. Además, han apoyado a numerosas empresas "zombis".

Grandes beneficios

En general, los políticos progresistas han apoyado el rescate de empresas consideradas "demasiado grandes para caer". En efecto, los ciudadanos pagan por la socialización de las pérdidas de los inversores. Peor aún, la izquierda no se ha opuesto a la globalización del régimen de derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos, que permite a las empresas obtener beneficios monopolísticos durante 20 años a través de las patentes y durante mucho más tiempo en el caso de los derechos de autor y los diseños industriales, incluso cuando las patentes son el resultado de la investigación y el desarrollo financiados con fondos públicos, donde el público corre el riesgo. Esto se puso de manifiesto de forma vergonzosa con los enormes beneficios obtenidos con las vacunas Covid-19. Como mínimo, el público debería tener una participación en cualquier producto patentado si se utiliza dinero público para subvencionar la I+D.          

Los progresistas también deberían oponerse a las subvenciones implícitas al capital. En virtud de las cláusulas de resolución de disputas entre inversores y Estados de los acuerdos comerciales, las multinacionales pueden demandar a los gobiernos si, en su opinión, las acciones amenazan su rentabilidad. Así, como ha sucedido, si un gobierno aplica medidas anticontaminación puede ser demandado por cientos de millones de dólares. Esto debería eliminarse, para ahorrar ingresos y aumentar el espacio fiscal.      

Del mismo modo, debería abandonarse el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Se remonta a la década de los noventa e irónicamente se elaboró para ayudar a los países ex soviéticos protegiendo a los inversores en sus industrias del petróleo, el gas y el carbón, obligando a los gobiernos a compensar a las empresas si las reformas afectan a sus beneficios potenciales. Hoy en día, cinco empresas energéticas lo utilizan para demandar a los gobiernos europeos por casi 4.000 millones de euros por las restricciones a los proyectos de combustibles fósiles. Si ganan, los europeos verán cómo sus impuestos se desvían para pagarles, al tiempo que desincentivan aún más a las empresas energéticas en sus esfuerzos por descarbonizarse.

En resumen, los progresistas de toda Europa deberían reposicionar la política fiscal para desmantelar el capitalismo rentista, contribuir a la reactivación ecológica y reducir las desigualdades. "      (Guy Standing  , Social Europe, 25th October 2022; traducción DEEPL)

No se trata de recaudar más para poder gastar más sino de decidir qué gasto queremos que haga el Estado primero, y qué actividades y personas deben ver reducido su poder de compra en función de criterios de pleno empleo, distribución de renta y riqueza y estabilidad de precios... La inflación quizá sea un impuesto a los pobres, pero se suele combatir dejando a parte de esos pobres sin empleo, o sea, sin renta. Es decir, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente... La política de estabilización de precios debe basarse en un análisis riguroso de sus causas en primer lugar. Rara vez es un problema de exceso de demanda y por eso la peor respuesta es deprimir la demanda

Stuart Medina Miltim @SMiltim

Cosas que la teoría monetaria moderna te obliga a cuestionar.

Un superávit comercial no es un éxito. Significa que estás enviando recursos reales al extranjero a cambio de meros apuntes contables. Rusia sabe para qué sirven esos registros si no puedes movilizarlos por culpa de las sanciones.

El superávit fiscal no refleja una gestión prudente del gobierno sino una obcecación que reduce la posición financiera neta del sector privado y puede llevar la economía a una recesión. La posición financiera del Estado debe responder a la necesidad de estabilizar la coyuntura.

Para crear empleo se dice que la economía debe crecer. Pero quizá se pueda evitar esa ley de hierro con un plan de empleo garantizado.

Los impuestos no financian el gasto público pero sin ellos el dinero no vale nada. Si entiendes esto puedes repensar la función de los tributos.

No se trata de recaudar más para poder gastar más sino de decidir qué gasto queremos que haga el Estado primero y qué actividades y personas deben ver reducido su poder de compra en función de criterios de pleno empleo, distribución de renta y riqueza y estabilidad de precios.

La inflación quizá sea un impuesto a los pobres pero se suele combatir dejando a parte de esos pobres sin empleo, o sea, sin renta. Es decir, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente.

La política de estabilización de precios debe basarse en un análisis riguroso de sus causas en primer lugar. Rara vez es un problema de exceso de demanda y por eso la peor respuesta es deprimir la demanda.

La política monetaria es poco o nada útil para gestionar el ciclo económico. Mejor dejar los tipos de interés permanentemente en el 0%.

3:06 p. m. · 11 ago. 2022 de Cudillero, España
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La presentadora de Fox, Trish Regan, dijo que Dinamarca ha «despojado a la gente de sus oportunidades». Los impuestos son tan altos y los servicios de bienestar tan generosos que «nadie quiere trabajar», «nadie se gradúa en la escuela» y «nadie está incentivado a hacer nada, porque no va a ser recompensado»... esta opinión de Fox nos indica lo desesperada que se está volviendo la derecha... Dinamarca no es un país socialista... Lo que sí demuestra Dinamarca es que no hay barreras económicas para los impuestos altos, el gasto social elevado y la sindicalización elevada. La socialdemocracia, en contra de Regan y otros ideólogos de la derecha, no produce desempleo masivo ni ruina económica. Ha dado lugar a algunos de los niveles de vida más altos y a los países más libres que el mundo haya visto jamás

 "Hace un par de años, la presentadora de Fox Business, Trish Regan, narró un segmento de tres minutos que comenzó como una pieza convencional de propaganda antisocialista. Con una voz siniestra y un telón de fondo de manifestantes encapuchados, Regan utilizó el caso de Venezuela para argumentar que el socialismo trae consigo el desastre: «No hay comida, no hay sanidad, no hay trabajo, mucha violencia, muchos saqueos, mucha corrupción».

Entonces las cosas dieron un giro sorprendente. En un audaz movimiento retórico, Regan dirigió su ira hacia Dinamarca, un país liberal, democrático y socialmente estable en el norte de Europa, que cuenta con altas calificaciones en todo, desde la felicidad hasta la competitividad económica. Al igual que Venezuela, argumentó Regan, Dinamarca ha «despojado a la gente de sus oportunidades». Los impuestos son tan altos y los servicios de bienestar tan generosos que «nadie quiere trabajar», «nadie se gradúa en la escuela» y «nadie está incentivado a hacer nada, porque no va a ser recompensado».

La reacción en Dinamarca —un país de menos de 6 millones de habitantes poco acostumbrado a recibir tal atención— fue inmediata y feroz. El segmento apareció en los titulares de los principales periódicos, y miles de personas comunes y corrientes reaccionaron, a menudo con enfado, en las redes sociales.

La embajada danesa en EE.UU. publicó una hoja informativa en la que señalaba que el 75% de la población danesa en edad de trabajar lo hace (frente al 70,6% de EE.UU.), que Dinamarca es el segundo país en cuanto a «atracción, desarrollo y retención de talento» (EE.UU. es el decimosexto) y que, según el Foro Económico Mundial, «es más probable alcanzar el sueño americano si se vive en Dinamarca».

Políticos de todo el espectro político se sumaron a la polémica. Dan Jørgensen, del Partido Socialdemócrata (centroizquierda), replicó alegremente a Regan en un vídeo que rápidamente obtuvo más visitas que toda la población de Dinamarca. El ministro de Economía, Kristian Jensen, del Partido Venstre (centroderecha), insistió en que Fox Business dejara de «mearse en Dinamarca». Incluso Anders Samuelsen, de la libertaria Alianza Liberal, admitió que la comparación era «exagerada» (aunque expresó su confianza en que el segmento llamaría la atención de forma positiva sobre la combinación de Dinamarca de un fuerte Estado de bienestar y una economía de mercado liberal).

Hasta cierto punto, la reacción danesa reflejó un sentimiento de malestar por haber sido denigrada en una cadena importante en un país que la mayoría de los daneses consideran amigo. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que ni siquiera los libertarios daneses estuvieran dispuestos a respaldar la opinión de Fox Business nos indica lo desesperada que se está volviendo la derecha.

Lo que Dinamarca es y no es

 Dinamarca no es un país socialista. Aunque cuenta con un sólido Estado de bienestar y con fuertes sindicatos que mejoran la vida del ciudadano medio (y en la década de 1970 hubo un intento frustrado de socializar parcialmente la industria a través de fondos para asalariados), la propiedad de la economía sigue estando predominantemente en manos privadas. Dinamarca incluso sufre su cuota de escándalos de gobierno corporativo. Hace un tiempo, el principal banco del país, Danske Bank, estuvo envuelto en lo que podría ser el mayor caso de blanqueo financiero de la historia del mundo.

Lo que sí demuestra Dinamarca es que no hay barreras económicas para los impuestos altos, el gasto social elevado y la sindicalización elevada. La socialdemocracia, en contra de Regan y otros ideólogos de la derecha, no produce desempleo masivo ni ruina económica. Ha dado lugar a algunos de los niveles de vida más altos y a los países más libres que el mundo haya visto jamás. La pobreza y la desigualdad son relativamente bajas, la igualdad de género (sobre todo gracias al Estado del bienestar) es comparativamente alta, y los trabajadores tienen más derechos y voz en el trabajo que en Estados Unidos.

Dinamarca no es un caso único. Todos los países escandinavos han alcanzado niveles similares de igualdad social a pesar de tener economías muy diferentes. Mientras que Suecia siempre ha estado dominada por la minería y la industria pesada (con gigantes industriales como Volvo y Bofors), Dinamarca se ha basado en la agricultura y en empresas industriales más pequeñas, Noruega ha estado dominada por la pesca y la madera, etc.

A pesar de estos diferentes perfiles económicos, a lo largo del siglo XX todos los países nórdicos consiguieron reducir drásticamente las desigualdades salariales y desmercantilizar partes sustanciales de la economía. La clave fueron los sindicatos, los movimientos populares y los partidos de izquierda. Fueron estas fuerzas de masas —no las élites benévolas, que sopesaron cuidadosamente las alternativas antes de decidirse por una mezcla ilustrada de capitalismo y socialismo— los artífices y el impulso del modelo nórdico. Son los responsables de que los países nórdicos se encuentren entre los más felices y democráticos del mundo.

Por supuesto, no hay que fetichizar la experiencia escandinava. Ni Dinamarca ni los demás países escandinavos han sido inmunes a la ola de reformas neoliberales de las últimas décadas, con recortes estatales, reducción de las pensiones y liberalización financiera (y el correspondiente ascenso de la extrema derecha). En algunos ámbitos, los nórdicos han sido incluso precursores. Suecia fue líder mundial en la privatización de escuelas y ahora tiene una industria educativa con fines de lucro que atrae los aplausos de los derechistas de todo el mundo. Las reformas de las pensiones en Dinamarca elevaron la edad de jubilación a la más alta de Europa y, en 2014, el país vendió partes de su empresa nacional de energía a Goldman Sachs. Según la OCDE, los países escandinavos han experimentado uno de los mayores aumentos de la desigualdad en las últimas décadas.

Tampoco debemos olvidar el momento histórico concreto —y, sobre todo, la posición de estos países en el orden mundial— que hizo posible el modelo escandinavo. Presionadas por fuertes movimientos obreros y un profundo deseo popular de ganancias materiales tras los horrores de la guerra y el fascismo, las élites europeas y estadounidenses aceptaron un amplio compromiso de clase en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron Estados de pleno empleo y bienestar, y se permitió que los salarios aumentaran rápidamente.

En Escandinavia, esta evolución fue la más avanzada, ya que los partidos socialdemócratas obtuvieron un estatus casi hegemónico. Al mismo tiempo, el fuerte anticomunismo de los líderes socialdemócratas apaciguó aún más a las élites americanas y empujó a estos líderes a los brazos del Estado estadounidense. En el caso danés, los socialdemócratas llevaron al país a la alianza de la OTAN, y el partido dirigió una operación de inteligencia privada, recogiendo datos sobre activistas comunistas en cooperación con la CIA.

Las cosas fueron muy diferentes en otros lugares. Los países de América Latina que intentaron dar un giro a la izquierda experimentaron el brutal palo de la intervención estadounidense —ya sea mediante sanciones económicas, golpes de estado o asesinatos—, a menudo por programas políticos mucho menos ambiciosos que los de la Escandinavia de posguerra. El sueco Olof Palme fue aceptado como líder legítimo en la Suecia de la posguerra; el guatemalteco Jacobo Árbenz fue depuesto en 1954 en un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos por intentar aplicar un programa de reformas moderado.

La ironía histórica es que la socialdemocracia danesa —que Estados Unidos permitió como parte de una estrategia geopolítica más amplia— sirve hoy para socavar las afirmaciones de la derecha estadounidense de que las reformas de izquierda se derrumbarán bajo el peso de su propia ineficacia económica.

Pero eso no impide que los derechistas lo sigan intentando."                (Andreas Møller Mulvad y Rune Møller Stahl , JACOBIN, 19/04/22)

Como el dinero lo crea y regula el Estado, ninguna persona o empresa puede tener dinero en sus bolsillos a no ser que el Estado lo haya creado antes... Y la forma que tiene el Estado de inyectar ese dinero creado en la economía es a través del gasto público... El flujo del circuito monetario es contrario al que solemos tener en la mente

Eduardo Garzón @edugaresp

El otro día se viralizó un tuit mío en el que explicaba que los impuestos no financian los gastos públicos, y @juanrallo hizo un vídeo para abordar el asunto (en parte, me dio la razón). Ahora hago yo otro vídeo (y un hilo) para contestarle https://youtu.be/KWG7xFCGqiU

Como el dinero lo crea y regula el Estado, ninguna persona o empresa puede tener dinero en sus bolsillos a no ser que el Estado lo haya creado antes. Porque nadie puede tener algo si todavía no existe porque todavía no se ha creado.

Y la forma que tiene el Estado de inyectar ese dinero creado en la economía es a través del gasto público. En consecuencia, el gasto público es el primer paso, y la recaudación de impuestos el segundo.

Aunque suene extraño, es fácil de entender: el Estado no podría recaudar nada si no ha creado e inyectado primero ese dinero a través del gasto público. El flujo del circuito monetario es contrario al que solemos tener en la mente.

Esto no lo niega Rallo, porque como digo, es un proceso lógico e innegable. Sin embargo, él se empeña en buscarle tres pies al gato para que sus creencias antiestatales no se vean dañadas.

Rallo reconoce que el Estado puede gastar antes de ingresar, pero señala que para que eso ocurra el Estado tiene que exigir impuestos, aunque sea después de gastar el dinero.

Para decir esto se basa precisamente en una enseñanza de la Teoría Monetaria Moderna, concretamente del chartalismo: que el dinero del Estado es aceptado por las empresas y familias sólo porque éstas necesitan pagar impuestos con ese dinero.

Lo que ocurre es que Rallo está confundiendo eso, que es totalmente cierto, con el hecho de que el Estado tenga que recaudar TODO el dinero previamente gastado.

Una cosa es establecer un sistema tributario para que la gente utilice tu moneda, y que tenga así valor, y otra muy diferente es que cada euro gastado tenga que ser recaudado en algún momento.

Una vez se aprueba ese sistema tributario y los impuestos están en vigor, la moneda ya es aceptada de forma generalizada por la gente y entonces el Estado puede gastar sin necesidad de recaudar impuestos.

Hay que distinguir entre ese primer paso de imponer tributos para dar valor a la moneda, que eso o se da o no se da, del paso siguiente de gastar dinero, porque para eso no necesita recaudar cada euro que gaste, ni antes ni después.

Además, Rallo se pone a teorizar y a considerar que sus planteamientos tienen cierta lógica, pero nunca los contrasta con la realidad económica. Así que lo voy a hacer yo, para que se vea claramente como la evidencia empírica desmonta por sí sola lo que dice Rallo.

No recaudar todo lo que se ha gastado es tener déficit público: más gasto público que ingresos públicos. Según Rallo, esa situación no puede ser indefinida, en algún momento el Estado tiene que recaudar todo lo que ha gastado o, si no, la gente dejaría de utilizar su dinero.

Bien, ¿entonces cómo explica que la inmensa mayoría de los países tengan déficit público todos o casi todos los años y que sus monedas se sigan utilizando? Porque eso es lo que ocurre siempre, como ya demostré en un vídeo anterior https://youtu.be/epaubqTWKJ8.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que España lleve tantísimos años en déficit público y la gente siga usando la moneda que gasta el Estado? ¿Cómo es posible que pase lo mismo en Estados Unidos? ¿O en el Reino Unido? ¿O en Francia? ¿O en Italia? ¿O en Japón? ¿O en China?

Todos estos Estados están todo el rato gastando más que lo que recaudan y no pasa nada; es decir, ninguno de estos Estados recauda todo el dinero que ha gastado previamente, y, sin embargo, la gente sigue usando sus monedas, y estas tampoco han estado devaluándose.

Así que los impuestos no financian los gastos públicos, ni a priori, ni a posteriori; por lo que la aseveración de mi tuit es cierta y lo que señala Rallo en su vídeo no la pone en entredicho ni de lejos.

Este hilo es sólo un resumen del vídeo; si buscas desarrollo, detalles o matices, te sugiero verlo: https://youtu.be/KWG7xFCGqiU

 8:28 a. m. · 1 dic. 2021
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La aviación debería acoger con agrado la tributación del carbono

 "Las recientes inundaciones catastróficas en Alemania y China han vuelto a dejar en claro, una vez más, la terrible amenaza mundial que genera el cambio climático. Como respuesta ante esta amenaza, debemos invertir en el fortalecimiento de nuestra resiliencia frente a los fenómenos meteorológicos extremos, y acelerar las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono para limitar el nivel en el que empeorará dicha amenaza en el futuro. 

 Un día antes de que las inundaciones afectaran a Alemania el mes pasado, la Unión Europea delineó políticas para reducir las emisiones en un 55%, con respecto a los niveles de 1990, hasta el año 2030. Estas medidas incluyen el papel importante que debe desempeñar la fijación de precios del carbono, con un límite máximo más estricto para las emisiones dentro del régimen comercial de la UE, así como la eliminación de los derechos de emisión gratuitos que se otorgan a la industria pesada, y un impuesto sobre el combustible de aviación convencional que se utiliza para vuelos intraeuropeos.

 Esta última propuesta ha provocado la oposición del sector de la aviación, que incluye el argumento que plantea la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) acerca de que “los impuestos no son la respuesta a la sostenibilidad de la aviación”. La realidad es que el sector de la aviación, junto con otros sectores, debería adoptar la fijación de precios del carbono como una herramienta poderosa para lograr reducciones de emisiones al menor costo posible. 

 En algunos sectores, la descarbonización mejorará la situación de los consumidores. En un plazo de diez años, por ejemplo, los conductores europeos gastarán significativamente menos para poseer y hacer funcionar sus automóviles, debido a que los vehículos eléctricos son mucho más eficientes en comparación con los que funcionan a gasolina o diésel. Sin embargo, en algunos sectores que son “más difíciles de amainar”, la descarbonización tendrá un costo.

 Las tarifas de fletes marítimos podrían aumentar un 50% o más si los buques portacontenedores queman amoníaco o metanol en lugar de fuel pesado. Del mismo modo, los precios al por mayor del acero podrían aumentar en un porcentaje cercano al 30 por ciento, si los productores utilizan hidrógeno como agente reductor en lugar de carbón coque, o si añaden la captura y el almacenamiento de carbono a los costos de los procesos existentes. 

 Por lo tanto, la fijación del precio del carbono es necesaria para permitir que los productores de cero emisiones compitan eficazmente frente a la vieja tecnología de altas emisiones; sin embargo, el efecto sobre los consumidores finales será muy pequeño. Si una tonelada de acero cuesta un 30% más, el precio de un automóvil subirá menos del 1%. E incluso un aumento del 100% en las tarifas de flete marítimo tendrá un impacto de menos del 1% en el precio de un par de jeans manufacturados en Bangladesh y comprados en Berlín o Nueva York.

 En cuanto a la aviación, otro sector que es “más difícil de amainar”, los motores eléctricos pueden hacer que sea posible realizar vuelos más cortos que estén libres de carbono, libres de culpa y que sean más baratos que los vuelos actuales. Pero debido a que las baterías son demasiado pesadas para propulsar vuelos eléctricos de larga distancia, la descarbonización requerirá el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF) para sustituir al combustible de aviación convencional de hoy en día.

 Y, ya sea que dichos SAF sean biocombustibles o combustibles sintéticos (hechos mediante el uso de electricidad para combinar hidrógeno y CO2), es casi seguro que conllevarán un aumento en el costo, aumento que, con el pasar del tiempo, se puede reducir mediante la innovación y la escala, pero que nunca se podrá eliminar.

 Por lo tanto, los mercados libres, la acción voluntaria y la innovación no serán suficientes para descarbonizar la aviación; también hay necesidad de políticas públicas. Una opción es abaratar los biocombustibles o los combustibles sintéticos, y existen razones de peso a favor de brindar apoyo financiero público para el desarrollo de tecnologías. No obstante, sería inaceptable un subsidio permanente que permita al sector de la aviación evitar los costos de su contaminación por carbono. 

Por lo tanto, con el propósito de cerrar la brecha de costos será necesario aplicar un impuesto sobre el carbono al combustible de aviación convencional o, alternativamente, imponer a las aerolíneas mandatos que las obliguen a incrementar de manera constante el porcentaje de combustibles SAE que usan. 

  La IATA argumenta que cualquier impuesto de este tipo “desviaría dinero del sector del transporte aéreo que podría ser dirigido a apoyar inversiones destinadas a la reducción de emisiones mediante la renovación de flotas y la adquisición de tecnologías limpias”. Sin embargo, esto refleja una falacia común sobre que los impuestos que aumentan los costos empresariales reducen las ganancias corporativas. Si el impuesto sobre el combustible convencional para aviones se introduce gradualmente, tal como propone la UE, el aumento de los costos se trasladará a los clientes en forma de precios más altos de los boletos. 

Los temores de las empresas acerca de que los mayores costos del carbono suponen menores ganancias son tan engañosos como los sueños de los grupos de presión verdes sobre que pueden “lograr que las empresas paguen”. Además, en el caso de la aviación, el efecto de un impuesto sobre el carbono con respecto a los costos de los consumidores no será trivial. Los costos del acero, el cemento y de envíos representan proporciones muy pequeñas del precio de los productos de consumo final. Sin embargo, el combustible constituye aproximadamente el 20% del precio total de la aviación.

 Consiguientemente, si dicho costo sube en un 50%, el precio de los boletos podría incrementarse en alrededor del 10%. Pero si ese es el costo de descarbonizar la aviación, debemos comunicarlo abiertamente a los consumidores mientras explicamos dichos precios más altos dentro del contexto. Los boletos más caros no reducirán significativamente el nivel de vida de los consumidores, debido a que, por ejemplo, el transporte aéreo representa sólo alrededor del 3 % del gasto total de los consumidores en el Reino Unido.

 Paralelamente, muchas personas se beneficiarán más con un transporte por carretera más barato de lo que perderán con una aviación más cara. El aumento de los costos de los vuelos tampoco tendrá un efecto distributivo regresivo. En otro sector clave, el de la calefacción residencial, el aumento de los costos del carbono recae desproporcionadamente sobre los hogares de menores ingresos, cuyos gastos en este sector pueden alcanzar a aproximadamente el 10% de sus ingresos disponibles. Por ello, cualquier impuesto sobre el carbono debe equilibrarse con una ayuda financiera sustancial dirigida a los más afectados. Por el contrario, el gasto en aviación como parte del gasto total disminuye a medida que disminuyen los ingresos.

 Por lo tanto, serán los consumidores más ricos quienes pagarán la mayor parte del costo más elevado. Al mismo tiempo, en la aviación (y en otros sectores), los precios del carbono proporcionarán fuertes incentivos para la reducción de costos. Los precios más altos del combustible de aviación convencional, si se los anuncia con suficiente antelación, y especialmente si se combinan con la imposición de mandatos que obliguen al uso de combustibles sostenibles, crearán justificativos comerciales sólidos para la producción de biocombustibles o combustibles sintéticos, estimulando la innovación y permitiendo que el sector logre economías de escala y reduzca costos. 

Y, las expectativas de costos más elevados del combustible en el futuro fomentarán un mejor diseño de motores y aeronaves. Esto podría eventualmente aumentar la eficiencia del combustible entre un 30 al 40%,reduciendo drásticamente el impacto a largo plazo de los mayores costos del combustible en los precios de los boletos. 

 Algunos grupos de defensa del medio ambiente guardan esperanzas acerca de que se puede reducir las emisiones de la aviación al restringir los viajes aéreos. El sector aéreo sostiene, con razón, que los vuelos con bajas emisiones de carbono son factibles. Para que ello sea una realidad lo antes posible, el sector debería acoger con agrado la fijación de precios del carbono, y debería abogar por su aplicación no sólo en Europa sino en todo el mundo."                 (Adair Turner , Project Syndicate,  19/08/21)

¿Para qué sirven los impuestos?

 "Los impuestos lógicamente preceden al gasto público porque los ciudadanos no pueden pagarlos si antes no han conseguido aquello que sirve para pagarlos. Como usuarios de moneda los ciudadanos solo pueden conseguirlos vendiendo bienes y servicios al Estado."                    (redmmt, 17/02/21)

Las desigualdades tienen un claro motor, un sistema fiscal injusto. El fin de la progresividad de los impuestos termina por sacudir los cimientos de la democracia... la injusticia fiscal es uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo. Las reformas de Reagan —bajó el impuesto de la renta— fueron el primer paso. Luego se pasó la carga impositiva de las rentas del capital a las del trabajo. En el siglo XXI se redujo el impuesto del patrimonio

 "La polarización fiscal también se ha agudizado. Es difícil encontrar otro territorio económico en el que las posturas de los técnicos estén más alejadas: mientras para unos la salida a la catástrofe pasa por la irremediable subida de impuestos, para los otros hay que bajarlos. 

Un ejemplo de ello: sale el libro de los dos profesores de Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman El triunfo de la injusticia y lo subtitulan explícitamente Cómo los ricos eluden impuestos y cómo hacerles pagar. Al tiempo aparece otro texto de Rodríguez Braun, Blanco y Ávila (Hacienda somos todos, cariño, Deusto) y el subtítulo reza: Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien.

La tesis del libro de Saez y Zucman es rotunda: las desigualdades tienen un claro motor, un sistema fiscal injusto. Lo cual pone en cuestión la idea de los economistas de la tercera vía que defendían que la redistribución de la renta y la riqueza había que hacerla a través del gasto y no de los ingresos públicos.

 Esta tesis se completa con dos sentencias: el fin de la progresividad de los impuestos termina por sacudir los cimientos de la democracia, y la injusticia fiscal es uno de los grandes fracasos políticos de nuestro tiempo.

Toda sociedad democrática ha de debatir el tamaño apropiado de su Estado y el grado ideal de progresividad fiscal para mantenerlo. En su clásico Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson sostuvieron que en sus inicios fue la democracia la que abrió las puertas a las políticas redistributivas y a la reducción de las desigualdades.

 Los hacendistas sostienen que los impuestos pueden ser un buen indicador de la salud de la democracia: si se acepta que la calidad de una democracia aumenta en la medida en que los ciudadanos sean más iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo que reduzca las desigualdades de renta y de riqueza puede verse como una herramienta que contribuya a mejorar la calidad democrática, y también como un reflejo de ella.

Si se admite lo anterior, a continuación hay que reconocer la triste imagen de progresividad que proporcionan los sistemas tributarios actuales, resultado de un proceso político que se inició a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y que supuso una ruptura con lo que había sucedido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

Se trataba de la revolución conservadora, durante la cual aumentaron exponencialmente los niveles de desigualdad a través de dos mecanismos: un aumento de las desigualdades de las rentas (sobre todo, de los salarios y del resto de las retribuciones) y la decisión de los Gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas, de reducir la capacidad redistributiva del Estado.

El economista José Víctor Sevilla, que fue secretario de Estado de Hacienda, marca tres etapas muy nítidas en la regresividad de los sistemas tributarios (Informe sobre la democracia en España 2015, Fundación Alternativas). La primera empieza con la reforma impositiva de Reagan en 1981, que abre el camino hacia una masiva y generalizada reducción de los impuestos federales, que, básicamente, eran impuestos personales sobre la renta. 

Son los años de la curva de Laffer, que mantenía, contra toda evidencia, que bajando los impuestos aumentarían los ingresos públicos. Un reciente estudio de la London School of Economics, con datos de 18 países de la OCDE de los últimos 50 años, demuestra que reducir impuestos a los ricos incrementa la desigualdad y no tiene ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico y el desempleo.

El segundo paso se da en la década de los noventa, con un desplazamiento de la carga tributaria desde las rentas del capital hacia las rentas del trabajo: reducción de la tributación sobre los rendimientos del capital extranjero, tratamientos más livianos para las ganancias del capital y los llamados sistemas de imposición dual que abiertamente gravan con tipos menores a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. Son de esos años también los intentos de convertir los impuestos sobre la renta (impuestos directos) en un gravamen sobre el consumo (impuesto indirecto), regresivo por definición, y mucho más si se trata de un impuesto proporcional.

El tercer hito, de principios del siglo XXI, tenía el propósito de reducir o eliminar la imposición patrimonial, último reducto de progresividad en un sistema tributario. El impuesto sobre el patrimonio empezó a desaparecer de los sistemas fiscales; su importancia recaudatoria es pequeña, pero en realidad se trata de un impuesto de control interno, pues la información que proporciona permite reforzar el funcionamiento de los impuestos sobre la renta y también el del impuesto sobre sucesiones, un gravamen que bien configurado es pieza clave de la articulación de la imposición directa.

El ataque a la imposición patrimonial dio otro salto, alcanzando al propio impuesto de sucesiones, una figura importante para instrumentar una política de igualdad de oportunidades, fundamental en cualquier democracia. La presión se inició, una vez más, en EE UU durante los años de la presidencia de George W. Bush, cuando se aprobó la suspensión gradual, y en principio transitoria, de la imposición sobre las herencias, a pesar de que solo afectaba moderadamente a las grandes fortunas, aproximadamente al 1%-2% de los ciudadanos americanos. Reflexiona Sevilla sobre lo sorprendente que resulta que algo que sólo interesa al 1% o al 2% de la población, siendo además el colectivo más rico, pueda aprobarse en el Congreso y con una amplia mayoría.

Este giro regresivo de los sistemas fiscales (las reformas americanas crearon tendencia en el resto del mundo) ha contribuido a mermar la capacidad redistributiva del Estado, algo especialmente alarmante en tiempos de recesión o de una pandemia tan brutal como los que el mundo ha padecido o está padeciendo. Desde la aparición del eslogan “¡Somos el 99%!”, los ciudadanos se han familiarizado más con las divergencias entre las fortunas de los ricos y las del resto de la sociedad."             (Joaquín Estefanía, El País, 13/02/21)

Los estados no recaudan impuestos para poder gastar... Para gastar los estados hacen uso de tecleos informáticos en sus bancos centrales que crean dinero de la nada, por eso el dinero actual recibe el nombre de dinero fiduciario... la inflación no aparecerá hasta superado el nivel de pleno empleo de los recursos reales de la economía... el de pleno empleo sin inflación (punto Lerner), es el que debe marcar el nivel de gasto público correcto

 "El azar ha querido que dos hechos coincidieran durante este mes de enero. Por un lado, el famoso youtuber español El Rubius ha desatado la polémica por decir que se muda a Andorra para (entre otras cosas) pagar menos impuestos y por otro lado los economistas españoles Stuart Medina Miltimore y Miquel Bassart i Loré de la asociación de teoría monetaria moderna RedMMT han comenzado a traducir el libro de Warren Mosler con el título “Economía de la Divisa Blanda”.

 Esta coincidencia temporal es una oportunidad perfecta para desenmascarar la que a mi entender es la mentira más perniciosa y por desgracia más extendida en el campo de la política económica. Dicha mentira es, tal y como explica Mosler en su libro, aquella que sostiene que los impuestos recaudados por los estados son los que financian el gasto público. Esto es del todo falso y es absolutamente necesario que la población tome conciencia de ello. 

Los estados no recaudan impuestos para poder gastar, sino que lo hacen por tres motivos: dar valor a su moneda, intentar modular la inflación e incentivar/desincentivar las diferentes actividades económicas. Para gastar los estados hacen uso de tecleos informáticos en sus bancos centrales que crean dinero de la nada, por eso el dinero actual recibe el nombre de dinero fiduciario.

 Esto significa que el hecho de que El Rubius haya dejado de pagar impuestos en España no tendría que significar que España tuviera menos capacidad de gasto que antes si España abandonara el euro y la UE. Por consiguiente, los ataques que está recibiendo este famoso creador de contenidos deben cesar inmediatamente, no solo porque estos ataques están totalmente injustificados, sino porque además demuestran un total desconocimiento del sistema monetario actual.

La principal interesada en que la ciudadanía entienda las razones por las cuales es falso de toda falsedad que los impuestos financien el gasto corriente de los estados debería ser la izquierda, ya que esta mentira es la responsable del retroceso abismal en el que están sumidas actualmente sus posiciones. La idea de que en un sistema basado en el dinero fiduciario como el actual es el dinero de los contribuyentes el que determina las políticas de gasto público es una idea profundamente reaccionaria. 

Su origen se remonta a la década de 1970, cuando la derecha neoliberal inició su imparable revolución conservadora. La principal valedora de esta mentira fue Margaret Thatcher, quien en 1983 declaró: “no existe tal cosa como el dinero público, lo único que existe es el dinero de los contribuyentes”.

  La izquierda mordió el anzuelo. En vez de zafarse de esta idea, la apretó con fuerza entre sus mandíbulas hasta que el anzuelo se le clavó tan profundamente que se vio arrastrada hasta las redes conservadoras en las que sigue presa. Pero todo anzuelo necesita un cebo. El cebo utilizado por la derecha fue la equiparación de los estados a las familias.

 Así, igual que una familia necesita ahorrar para poder gastar y no puede vivir indefinidamente mediante unos ingresos menores que sus gastos, la derecha convenció a la izquierda de que con el estado (pese a ser el emisor de moneda) pasa lo mismo.

 Por tanto, el estado también tendría, según esta retórica, que recaudar impuestos para poder gastar, ya que los déficits públicos serían insostenibles en el largo plazo. Fue de nuevo la Sra. Thatcher la que defendió esta idea de forma más vehemente y afirmó: “no existe tal cosa como la sociedad; lo que hay son hombres y mujeres individuales, así como familias”.

 La reacción ya tenía preparado el anzuelo y el cebo de su mentira. La crisis del petróleo y el colapso de la Unión Soviética hicieron el resto. La pesca capturada fue la izquierda. A este ideario Margaret Thatcher lo denominó la doctrina TINA, acrónimo en inglés de There Is No Alternative [No Hay Alternativa].

Hasta ese momento, tanto la URSS como el keynesianismo sí que habían sido alternativas sólidas. El keynesianismo de posguerra, pese a desarrollarse antes de la desaparición del patrón oro, y por tanto antes de la aparición del dinero fiduciario no convertible, liberaba a los estados de la dictadura de los déficits públicos y permitía políticas de pleno empleo bajo la premisa de que si existe paro o recursos ociosos es que el gasto público no es lo suficientemente elevado.

 Por su parte, la URSS vivió varias décadas de relativo bienestar hasta que el empantanamiento gerontocrático surgido del golpe de estado de Breznev desembocara en el criptocapitalismo de Gorbachov.

El patrón oro desaparece definitivamente el 15 de agosto de 1971. Lo que podía haber sido la gran oportunidad de la izquierda para congeniar políticas keynesianas y socialistas se vio truncada por la crisis del petróleo. Los niveles de inflación y de paro aumentaron debido a un aumento en el precio de las materias primas que nada tenía que ver con las políticas de pleno empleo, pero que sin embargo fue la oportunidad que la derecha utilizó para lanzar su gran ofensiva. 

Al electorado se le dijo que las políticas de pleno empleo y de bienestar eran políticas confiscatorias que expoliaban el dinero de las denodadas familias trabajadoras para transferirlo a los vagos y maleantes que decidían no trabajar. Así fue como la crisis del petróleo se llevó por delante a James Callaghan y a Jimmy Carter y dejó paso a la revolución neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

 Por su parte, los partidos comunistas también fracasaron en sus intentos por defenderse del tsunami neoliberal. La URSS seguía embarrada en un modelo económico basado en un patrón oro que ya no existía, así como en una ley histórica que vaticinaba un colapso inevitable del capitalismo que nunca llegó a cumplirse. En occidente, el eurocomunismo intentó alejarse de dicha ley histórica y plantear una alternativa democrática hacia el socialismo.

 El fracaso del eurocomunismo se vio propiciado precisamente por su aceptación de que los impuestos financian el gasto público. La política fiscal pasó a ser la nueva forma tomada por la lucha de clases. Ya no se perseguía eliminar la propiedad privada de los medios de producción, sino llevar a cabo políticas redistributivas de la riqueza mediante la financiación de los estados del bienestar con el dinero recaudado de los impuestos.

El neoliberalismo ya tenía a toda la izquierda, tanto a la socialdemocracia como a lo que quedaba de los grandes partidos comunistas de posguerra, donde quería, es decir, defendiendo la mentira de que los impuestos financiaban el gasto público.

Para el neoliberalismo el resto del camino hasta el día de hoy ha sido muy sencillo. Los partidos de la derecha pasaron a ser los representantes de los trabajadores exitosos. Estos trabajadores defienden con orgullo que gracias a su esfuerzo y dedicación tienen trabajo. Por eso pueden proveer a sus familias de buenos estándares de vida. Se enorgullecen de no necesitar al sector público, al cual consideran como un expropiador de su dinero y de sus recursos. Para ellos, el sector público debe reducirse a la mínima expresión, ejército, policía, adjudicatura y poco más. El sector público es de pobres.

La izquierda se ha convertido en la opción de los marginales y de las clases medias con mala conciencia por, precisamente, haber logrado buenos estándares de vida en un sistema que consideran injusto, pero al cual ya no quieren renunciar. Por eso lavan su conciencia mediante la política fiscal. Pagar muchos impuestos es lo que nos tranquiliza por las noches para poder dormir, es la opción ética, es lo que nos reconecta con nuestros ideales de igualdad de nuestros orígenes, es, en definitiva, lo correcto.

Como no podía ser de otra manera, el que gana en este orden de cosas es siempre el neoliberalismo. Es la izquierda la que permanentemente tiene que hacer concesiones para ganarse a los electores de la derecha, nunca al contrario, y al final siempre gana la banca.

¿Dónde está la alternativa ganadora para la izquierda? En la obra de Warren Mosler y en la teoría monetaria moderna (TMM) en general. La TMM pone al descubierto el verdadero carácter del dinero fiduciario y su funcionamiento. Para empezar, los estados son los únicos emisores de moneda nacional. Por tanto, la moneda nacional utilizada para llevar a cabo el gasto público no surge de los impuestos, sino de los bancos centrales.

 Los estados no se pueden quedar sin su propia moneda por mucho que gasten, ya que el dinero no es una mercancía sino meros apuntes contables. Esto significa que todo aquello que esté a la venta en moneda nacional puede ser comprado por el Estado. Esto incluye la mano de obra desempleada.

 Por consiguiente, el Estado debería emplear a todo aquel que no encuentre trabajo mediante un plan de trabajo garantizado que sirva por una parte para garantizar el pleno empleo permanente por ley y por otra de estabilizador automático de los precios, de manera que el pleno empleo no implique un aumento de la inflación (punto débil de la propuesta keynesiana).

 En este orden de cosas, la inflación no aparecerá hasta superado el nivel de pleno empleo de los recursos reales de la economía. Ese punto, el de pleno empleo sin inflación (al que he bautizado como punto Lerner), es el que debe marcar el nivel de gasto público correcto. El nivel de déficit o de superávit público es irrelevante, lo único a lo que hay que atender es al pleno empleo sin inflación.

El modelo tributario que propone Mosler en su libro no es nada popular entre las mansiones de Galapagar, ya que se basa en un impuesto a los bienes inmuebles que sustituya a todos o la mayoría de impuestos actuales porque “hacer que se cumpla es mucho más sencillo, genera una demanda de gasto público más estable y no desincentiva las transacciones”. 

Una propuesta compatible con esta idea aplicada al caso de España la encontramos en el libro “La especulación inmobiliaria y el silencio de los Corderos” (de Fernando Scornik Gerstein y Fred Harrison). Allí encontramos una propuesta para reformar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) según estas líneas:

• Aumentar mucho el impuesto inmobiliario hasta que sea similar al de otros países europeos.
• Disminuir otras cargas fiscales y establecer eximentes para viviendas modestas ocupadas por su propietario.
• El impuesto inmobiliario debe recaer sobre el valor del suelo libre de mejoras, ya que es el suelo y no las mejoras el que aumenta de precio.
• A medida que se aumente el impuesto inmobiliario deben ir bajando o desapareciendo otros impuestos.
• Gravar el plusvalor de la tierra urbana para luchar contra la especulación.
• Gran aumento de los gravámenes sobre las transacciones inmobiliarias especulativas, es decir, las que se hacen dentro de un cierto período de años tras la adquisición, tal como y como por ejemplo pasa en Alemania y Austria.

En el caso de las viviendas en propiedad y en régimen de alquiler abierto, el Estado debería gravarlas con respecto a su valor catastral actualizado. Por ejemplo, si el valor catastral del suelo y de la vivienda en propiedad de una persona fuera de un 1.000.000 €, esa persona tendría que pagar en impuestos todos los años 10.000 € si el IBI fuera del 1%, 20.000 € si el IBI fuera del 2 %, etc. Las personas que residan en régimen de alquiler abierto no pagarían impuestos al estado, ya que el impuesto a los bienes inmuebles se lo repercutiría el dueño de su vivienda en el alquiler.

 A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler público. Una propuesta de estas características la encontramos en el libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”, donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo cual considero que es un nivel razonable. 

Esta propuesta sumada al pleno empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que competir con la oferta de alquileres públicos.

El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal disminuiría enormemente.

Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente. Sus reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente su nivel de déficit.

 Por consiguiente, los países que como España pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad de El Rubius.

 A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler público. Una propuesta de estas características la encontramos en el libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”, donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo cual considero que es un nivel razonable. 

Esta propuesta sumada al pleno empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que competir con la oferta de alquileres públicos.

El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal disminuiría enormemente.

Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente. 

Sus reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente su nivel de déficit. Por consiguiente, los países que como España pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad de El Rubius."                     (Carlos García, redmmt, 29/01/21)

El valor de los impuestos. El gasto precede a los ingresos. Si nos remontáramos al primer momento en que un gobierno decide crear su propia moneda e imponer obligaciones a sus ciudadanos en esa misma denominación, la única opción lógica posible para que los ciudadanos llegasen a pagar dichos impuestos es que el gobierno les diera una cantidad de dinero a cambio de bienes o servicios

 "Los impuestos son uno de los temas más polémicos e impopulares a la hora de discutir política pública y política fiscal. En el contexto actual, muchos especialistas y líderes de opinión coinciden en la necesidad de complementar la estrategia económica con una revisión profunda de la estructura tributaria del país.

El déficit fiscal, compuesto en buena medida por elusión y evasión fiscal (entre 6% y 8% del PIB, según diferentes estimaciones), se ha convertido en una preocupación económica de primer orden ante la necesidad de intervención del gobierno para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que nuestra manera de entender los impuestos ha estado por mucho tiempo equivocada?

Comúnmente se nos habla de los impuestos como la forma en que el gobierno se procura ingresos para financiar sus actividades, tanto a nivel de gobierno central como de sus instituciones descentralizadas y autónomas, las cuales cumplen importantes funciones sociales. Según esta lógica, el gobierno debe recibir ingresos para gastar y, en consecuencia, se dice popularmente que es financiado con el dinero de todos los ciudadanos que cumplen sus deberes tributarios. Así se ha establecido tanto en la ley como en el discurso público.

Este esquema de “primero ingresos, luego gastos” equipara las finanzas del gobierno con las del sector privado y contribuye de esta forma a una serie de mitos y malentendidos que dificultan el avance en estas discusiones¹. Una muestra de ello es la forma en que se tiende a estigmatizar a trabajadores del sector informal debido a que no aportan algunos impuestos relacionados con su actividad económica, pues se afirma que este sector contribuye así a la reducción de los ingresos públicos y, en consecuencia, al deterioro de la infraestructura y los servicios que brinda el estado. Por otro lado, este mismo discurso defiende las exoneraciones fiscales como estímulo a otros sectores. Esta asignación de valores sociales relacionada con el pago de impuestos es lo que se conoce en otros países con el término de “ciudadanía tributaria”, una práctica que tiende a ocultar problemas estructurales y a justificar la acumulación de poder entre las personas que poseen más riqueza.

Frente a esto, lo primero que debe comprenderse es que, a nivel del gobierno central, el gasto precede a los ingresos. Si nos remontáramos al primer momento en que un gobierno decide crear su propia moneda e imponer obligaciones a sus ciudadanos en esa misma denominación, la única opción lógica posible para que los ciudadanos llegasen a pagar dichos impuestos es que el gobierno les diera una cantidad de dinero a cambio de bienes o servicios.

Es decir, el gobierno, que tiene un monopolio sobre el colón, debe poner su moneda en circulación antes de cobrar impuestos, pues si el gobierno no colocara colones en manos de sus ciudadanos, estos no tendrían ninguna capacidad de pagar los impuestos establecidos por el gobierno. Si no fuera así, ¿cómo se habrían pagado impuestos para proveer al gobierno de su propia moneda?

Ahora bien, si el gobierno puede crear dinero, ¿para qué cobra impuestos?

Crear demanda para la moneda

La primera función de los impuestos y, posiblemente, la más importante de todas, es la de crear demanda para la moneda nacional. Por un lado, el gobierno crea la moneda, pero para que el país la utilice como unidad de intercambio es imprescindible que el gobierno cobre impuestos en esa misma moneda.

La obligación de pagar impuestos crea demanda para la moneda y hace que la gente la acepte como medio de pago por su trabajo o sus bienes. Un ejemplo de esta dinámica se puede ver en la época colonial en África, donde se utilizó un impuesto para forzar a las poblaciones a trabajar o producir cultivos a cambio de dinero para pagar dicho impuesto². Dinámicas similares también se desarrollaron en América Latina³.

Actualmente, esto es lo que ocurre con el dinero: primero es puesto en manos de las personas a cambio de un bien o un servicio, y posteriormente el gobierno retira una parte del dinero con el fin de sostener la demanda por la moneda. Dado que el gobierno no puede obligar a las personas a intercambiar bienes y servicios utilizando su moneda de manera efectiva, esta dinámica es la que garantiza que la moneda sea aceptada como método de pago por la población en general para que el gobierno pueda comprar los bienes de la poblacion o ponerlos a trabajar directamente.

Reducir la desigualdad

Una segunda función de los impuestos consiste en reducir la desigualdad. En la actualidad, y en contraste con diversos momentos de su historia reciente, Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo^{4 5}.

Si tuviésemos como objetivo reducirla, se podría implementar un impuesto progresivo según el cual los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Sin embargo, debemos ser rigurosos e insistir en que los impuestos no son una forma de financiamiento para un gobierno capaz de crear dinero. Sostener la idea de que estos impuestos progresivos financiarían el gasto público sería un contrasentido.

Imaginemos que ponemos un impuesto sobre la riqueza y lo utilizamos para financiar escuelas públicas. Este impuesto disminuye la cantidad de riqueza acumulada que tienen los sectores más adinerados de la población. Durante un cierto período, esta recaudación se utiliza efectivamente para financiar escuelas públicas. Conforme el tiempo pasa, la desigualdad continúa disminuyendo hasta que deja de existir un sector al que le podamos cobrar este impuesto. En este momento, también perdemos el financiamiento para dichas escuelas.

Esta dinámica evidencia un conflicto en el uso de impuestos para cumplir ambos objetivos: reducir la desigualdad y financiar actividades que beneficien a la sociedad. Por un lado, un impuesto utilizado para reducir la desigualdad implica reducir progresivamente la recaudación. Por otro lado, un impuesto con un objetivo de financimiento busca mantener la cantidad de dinero que se recauda. Mantener estas visiones contradictorias supone reemplazar un problema estructural con otro, de forma tal que no se consigue finalmente resolver los problemas del país en su conjunto.

Controlar la inflación

Si existe un exceso de dinero en la economía, la población podría buscar consumir más bienes y servicios de los que la sociedad puede ofrecer. Esto tendría un efecto inflacionario (los precios aumentarían) y se pueden utilizar los impuestos como un medio para remover dicho exceso.

Para esto, un impuesto progresivo es especialemente efectivo pues, automáticamente, las personas que reciban más dinero van a pagar más impuestos. Esto significa que si se tiene un impuesto progresivo, no es necesario implementar constantes reformas fiscales, pues el impuesto se ajusta conforme cambian las condiciones de la economía.

Por otro lado, si se tienen impuestos regresivos, se necesitan reformas fiscales periódicas para remover los excesos de dinero. Dichas reformas tienen por lo general un alto costo político y tienden a tomar muchos años para aprobarse.

Además, si el gobierno considera que una demanda adicional por un bien o un servicio puede resultar en inflación, puede utilizar un impuesto para bajar la demanda sobre esos productos y aumentar el espacio fiscal que tiene para invertir en los recursos reales (mano de obra y bienes) que requiere para cumplir con sus mandatos sociales.

Desincentivar comportamientos

Otra función importante de los impuestos, además de las anteriormente mencionadas, es desincentivar comportamientos negativos dentro de la economía y de la sociedad en general.

Por ejemplo, si nuestro objetivo como país es producir una economía más limpia, podemos gravar todas aquellas actividades que no se ajustan a los estándares de sostenibilidad, como las que perjudican los recursos naturales, la calidad del aire, del agua o de la tierra.

De la misma manera, se pueden utilizar los impuestos para evitar comportamientos negativos para la sociedad como la especulación financiera o el consumo de sustancias nocivas para la salud, entre otros.

Este tipo de impuestos hacen aún más evidente la contradicción en el discurso que promueve los impuestos como una forma de financiamiento, pues si financiamos objetivos comunes a través de actividades con un impacto negativo, también estamos estableciendo un incentivo para continuar con estos comportamientos.

En Costa Rica, por ejemplo, una buena parte de la recaudación viene del impuesto a los combustibles. Si disminuye el consumo de combustible, la recaudación bajaría y las actividades que están financiadas por este impuesto perderían parte de su financiamiento.

El problema de asociar impuestos con financiamiento

Es tentador utilizar el financiamiento del gasto público para justificar el cobro de impuestos. Sin embargo, tal perspectiva, hasta ahora dominante, resulta contraproducente en muchos sentidos.

Además de las contradicciones ya mencionadas, esta dinámica justifica la acumulación de riqueza en pocas manos para así cobrarles impuestos y financiar el gasto público. Esto les otorga aún más poder a las clases privilegiadas para negociar beneficios por parte del estado amparadas en su importancia para los ingresos públicos. De esta forma, la desigualdad en el país continúa ampliándose, tal como se ha visto en las últimas décadas.

Con la acumulación de poder, dichos grupos obtienen cada vez más influencia sobre el discurso público. Esta influencia les permite, por ejemplo, utilizar la ineficiencia del gasto público como justificación para no pagar impuestos. La ineficiencia del gasto público es un problema real que debe ser atendido, pero esto no implica que no se puedan y se deban tomar acciones para eliminar los altos niveles de pobreza y desigualdad.

Conclusión

Las cuatro razones arriba mencionadas son suficientes para comprender la importancia y función de los impuestos sin necesidad de utilizar como excusa el financiamiento del gasto público. Este entendimiento es ventajoso a la hora de perseguir políticas que mejoren nuestra calidad de vida y evitar que el poder se siga concentrando en pocas manos."                        

( Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa MMT Costa Rica , redmmt, 25/01/21)

Si algo han demostrado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, incluso el mismo Banco Central Europeo, es que los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario, bajo tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local, nunca quiebran... las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo

 "Si algo han demostrado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, incluso el mismo Banco Central Europeo, es que los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario, bajo tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local, nunca quiebran. So easy, so simple. 

Los gobiernos que emiten sus propias monedas ya no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero. El culto a la austeridad se deriva de la lógica del patrón oro no es aplicable a los sistemas monetarios “fiat” modernos. Por lo tanto, las políticas fiscal y monetaria pueden concentrarse en garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo.

 En este sentido, los gobiernos soberanos y sus agentes, por principio, obligatoriamente gastan primero y, solo después, se pagan los impuestos o se compran los títulos de deuda soberana. Los contribuyentes no financian nada. Esta es la operativa real de cómo actúan los gobiernos soberanos desde un punto de vista monetario. 

Esto contrasta directamente con la retórica que afirma que el gobierno primero debe recaudar impuestos para conseguir los euros, dólares, libras, yenes, etc., que posteriormente gastará, y que lo que no recaude debe pedirlo prestado. Pues bien, bajo estas premisas el papel de los impuestos debe mirarse desde prismas distintos, diferentes al que se deriva de la diatriba actual entre la derecha y la socialdemocracia. Ambos trabajan en un marco ortodoxo neoliberal que deberíamos dar por superado.

El papel de los impuestos

Los impuestos son importantes, sí, pero no financian absolutamente nada. Sus funciones son otras. Las obligaciones tributarias crean vendedores de bienes y servicios que desean la moneda del gobierno a cambio. Esto permite que el gobierno se provea a sí mismo mediante el gasto de su moneda, que de otro modo no tendría valor. El gobierno y sus agentes son la única fuente de los fondos necesarios para pagar los impuestos. Ese es el papel fundamental de los impuestos. Pero es necesario además dotarlos de otras dos funciones básicas.

La primera, orientar el modelo productivo. Es fundamental terminar con los efectos perversos de la financiarización, sobre todo la aparición en las últimas dos décadas de nuevos señores feudales, los rentistas. Joseph Stiglitz en El Precio de la Desigualdad (2012), especifica cómo la búsqueda de rentas que ahoga el crecimiento toma muchas formas, desde transferencias ocultas, pasando por subsidios del gobierno a grupos de presión, leyes que favorecen los oligopolios y una aplicación laxa de leyes de competencia. España es un ejemplo de aplicación de todos esos mecanismos que favorecen la acumulación de renta y riqueza en manos de los buscadores de rentas, destacando la apropiación de las rentas de la tierra.

La especulación con la tierra

Nuestro modelo de desarrollo económico ha primado en exceso la especulación con la tierra y su traslado a los precios de los pisos y locales comerciales, generando una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia. Mientras tanto distintos monopolios y oligopolios -el sector bancario- se frotaban las manos bajo la connivencia de las autoridades políticas. La política impositiva debe terminar con el rentismo y favorecer la actividad productiva. La solución ya fue ideada hace más de cien años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra (concepto muy amplio), pero con unos mínimos exentos que libren de pagarlo al 95% de la población.

La segunda función de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente la investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra de divulgación La Riqueza Oculta de las Naciones. En este sentido no hay que eliminar ni el Impuesto de Sucesiones ni el de Patrimonio, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie a la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Lo que la izquierda debe hacer

Las propuestas impositivas para hacer frente a la pandemia del la covid-19 que se están desplegando en nuestro país parten de una discusión falsaria, con las cartas marcadas. Desde la derecha sus propuestas consisten en transferir los costes de la covid-19 a los pensionistas y a los trabajadores, vía devaluación salarial y retraso de los aumentos del salario mínimo. Estos recortes colocarían gratuitamente la carga financiera sobre los hombros más débiles y nos comprometerían a otro ciclo de austeridad destructiva en el futuro. Todo con tal de no subir los impuestos.

La izquierda está contrarrestando estas propuestas, pero sólo dentro del marco ortodoxo. Se admite que es necesario reembolsar el déficit, pero que su coste debe ser asumido por los más ricos, como parte de una reducción general de la desigualdad. Esto sólo busca reorientar la austeridad, en lugar de rechazarla por innecesaria. Al vincular su demanda de mejores servicios públicos con su deseo de hacer frente a la desigualdad, la izquierda corre el riesgo de no lograr ninguna de las dos cosas. Thatcherpromovió la idea de que el gobierno no tenía dinero propio para hacer que el gasto público dependiera del consentimiento de los ricos. Esto crea una restricción política en el gasto, que no es cierta y que la izquierda repetidamente no logra superar.

La izquierda lo que tiene que hacer es rechazar la austeridad por innecesaria asumiendo que un gobierno soberano monetariamente nunca puede quebrar. Bajo este planteamiento, además, podrá bajar el impuesto de la renta al factor trabajo, el impuesto de sociedades a Pymes, y reducir al mínimo posible el impuesto más injusto, el IVA. Por el contrario, deberá sablear a los grandes rentistas y a la riqueza desmesurada de unos pocos individuos y sociedades."                    (Juan Laborda, Vox populi, 10/12/20)