"Desde el principio de su primer mandato como Secretario General del Partido Comunista de China, Xi Jinping prestó gran atención a la cuestión de la legalidad, abogando por la unidad dialéctica entre el proceso de reforma integral y el fortalecimiento del Estado de Derecho, una visión cuyos reflejos pueden verse en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la disciplina y los esfuerzos por regular el mundo digital. Pocos meses después de ser elegido Secretario General, en su intervención en una sesión de estudio del Buró Político, afirmó cómo "la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos sus aspectos [había] hecho más fuerte la necesidad de un gobierno de derecho", lo que hacía necesario lograr "una legislación más científica, una aplicación más estricta de la ley, un poder judicial más justo y una mayor observancia de la ley por parte de todos los ciudadanos" y promover "un control, un gobierno y una administración del Estado basados en la ley, [. ... un Estado, un gobierno y una sociedad basados en el Derecho, para crear una nueva situación de Estado de Derecho"[1].
La defensa de los ciudadanos frente a los funcionarios arbitrarios y abusivos, el poder de los sobornos y la incertidumbre de la ley no codificada se calificaron como partes integrantes de la prosperidad común que el Partido Comunista de China se propuso construir, pero al mismo tiempo el desarrollo del principio de legalidad también apoyaría "el sólido desarrollo económico y social de nuestro país y [abriría] espacios más amplios para el desarrollo del socialismo con características chinas".
El proceso de construcción prosiguió con crecientes esfuerzos para profesionalizar a los funcionarios de la judicatura, policías, abogados y magistrados, a los que se garantizaban oportunidades profesionales basadas en el mérito y la competencia. En 2021 entró en vigor el primer Código Civil de la historia de China, resultado de la reducción a un sistema coherente del complejo bizantino de normas que regulaban las relaciones entre particulares, y ese mismo año se lanzó el Plan para la Construcción del Estado de Derecho en China (2020-2025)[3], el primero de una serie de documentos normativos, concebidos para durar hasta 2035, que contienen las directrices fundamentales y los principios constitutivos del Estado de Derecho socialista con características chinas.
Esto último incluye el uso simultáneo de la virtud y la ley para la gobernanza de la sociedad, un concepto ya expresado en 2014 por Xi Jinping en un artículo de la revista teórica Qiushi y específico de la cultura tradicional china: "La ley es la virtud confiada a la escritura, mientras que la virtud es la ley escrita en el corazón de las personas. [...] Al gobernar nuestro país y nuestra sociedad, debemos hacer hincapié tanto en la ley como en la virtud[4], valorando la función normativa de la ley y dando importancia a los efectos elevadores de la virtud, de modo que la virtud y la ley se complementen mutuamente. [...] A medida que avanzamos hacia la gobernanza del país basada en la ley, debemos dedicar gran energía a promover los valores centrales socialistas, fomentar las virtudes tradicionales chinas, cultivar la moralidad pública, la ética laboral, los valores familiares y la moralidad individual, fortalecer la integridad moral del pueblo chino y crear un entorno positivo para la gobernanza del país basada en la ley.
Entre los instrumentos desarrollados para promover el cumplimiento de la ley y la difusión de la moralidad se encuentra lo que se conoce como "sistema de crédito social". Este nombre evoca en Occidente la idea de un sistema de vigilancia totalitario y tecnodistópico, en el que cada ciudadano está vinculado a su "puntuación" para acceder a los servicios más básicos, y con el eterno temor de ser "hecho desaparecer" por una frase mal dicha en las redes sociales o un comentario fuera de lugar escuchado por un sistema de vigilancia orwelliano. Todo esto es sencillamente falso, tan alejado de la realidad como podría estarlo una novela de ciencia ficción. Y para desmentir esta narrativa no hace falta recurrir a herramientas especiales: gran parte de la documentación oficial sobre el asunto es pública y está disponible en inglés, hay miles de artículos en los medios de comunicación chinos dedicados al tema y análisis detallados realizados incluso por observadores occidentales. Todo esto cuenta una historia muy diferente.
El "crédito social" existe realmente: este término se refiere a una multiplicidad de proyectos y políticas dirigidos principalmente al mundo empresarial para evaluar su solvencia y el cumplimiento de las leyes. El chino ????, traducido comúnmente como "crédito social", se compone de ??, "xinyong", que significa "crédito", en el sentido de confianza, estima, prestigio, y ??, "Shèhuì", "social", referido a la sociedad. Por tanto, una traducción conceptualmente mejor en italiano sería "confianza pública". Se refiere a la situación de las personas físicas, jurídicas o asociaciones sin personalidad jurídica con respecto a las exigencias de la ley y las obligaciones contractuales en las actividades sociales y económicas[6], pero también, de forma más genérica, a la honradez y honestidad de las personas físicas y jurídicas. Sus orígenes se remontan a la década de 1990, cuando, con el fin de garantizar el acceso al crédito de amplias capas de la población, se crearon los primeros sistemas de seguimiento y evaluación de las actividades financieras de los ciudadanos, especialmente necesarios en las zonas rurales, donde la escasez de documentación dificultaba el desarrollo del sistema bancario y, en consecuencia, de la iniciativa empresarial.
Siguiendo el ejemplo de estructuras de evaluación crediticia establecidas como la FICO estadounidense o la Schufa alemana, en 2007 se sentaron las primeras bases para la construcción de un sistema de ámbito nacional, cuyo alcance se amplió en 2011 bajo el liderazgo de Hu Jintao para abarcar la supervisión integral de las normativas gubernamentales, desde la seguridad laboral hasta las normas medioambientales. En línea con este concepto y como parte del esfuerzo general por construir una sociedad y un gobierno basados en la ley, el 14 de junio de 2014, el Consejo de Estado publicó un plan para el desarrollo del "crédito social" para los años 2014-2020[7], definido como un sistema construido conjuntamente por el Gobierno y la sociedad para complementar el sistema legal, como apoyo para su desarrollo y plena aplicación, dirigido no solo a promover la recopilación y el intercambio de datos financieros, sino también a construir un entorno de confianza en el país.
Para ello, se adoptaron disposiciones para aumentar la transparencia de las empresas y los organismos públicos e introducir sistemas de evaluación de la honradez y el cumplimiento en los ámbitos de la fabricación, el transporte, el comercio digital, la fiscalidad, las profesiones sanitarias, la protección de la propiedad intelectual, la protección de los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la conservación de la energía. Según el XVIII Congreso del Partido, estas evaluaciones "recompensarían la honestidad y castigarían la deshonestidad", y comenzarían con 43 ciudades piloto.
En la misma línea, el Banco Popular de China autorizó en 2015 a ocho empresas a desarrollar programas piloto de evaluación de la solvencia. Entre ellas, la más conocida es sin duda "Zhima Xinyong"[8], promovida por Ant Group[9], la división de servicios financieros del gigante Alibaba. En él no se preveían consecuencias negativas por incumplimiento, sino programas de descuentos e incentivos por conductas "de confianza", a los que la empresa vinculaba también el uso de otros servicios relacionados con ella misma, creando un conflicto de intereses que le costó la posibilidad de ampliar el alcance de su estructura, que quedó vinculada únicamente a los servicios de Ant Group[10].
Del mismo modo, ninguno de los otros proyectos piloto recibió una respuesta especialmente positiva por parte de las instituciones, que se centraron en la plataforma "Credit China"[11], gestionada por el Banco Popular de China y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma e inicialmente destinada únicamente a compartir los datos fiscales y judiciales de las empresas, como el cumplimiento de las sentencias judiciales y el pago de impuestos[12].
En diciembre de 2016, el Consejo de Estado publicó directrices nacionales dirigidas a provincias, municipios y diversos gobiernos locales para construir un sistema de seguimiento de la integridad personal[13] demostrada en áreas económicas y sociales clave, para "promover enérgicamente una cultura de integridad"[14], incluso a través de los medios de comunicación y la difusión de ejemplos positivos, aprovechando para ello aniversarios, días festivos, campañas en escuelas y universidades. El documento también pedía la promoción de mecanismos de recompensa a la integridad y de castigo a los comportamientos deshonestos, garantizando servicios subvencionados a personas y empresas de conducta irreprochable y reforzando los controles y las medidas disciplinarias contra quienes se hubieran distinguido negativamente por violar leyes y disposiciones públicas.
Los mecanismos de recompensa y castigo, a pesar de lo que describen las narrativas más fantasiosas, no crean nuevas normas, sino que simplemente garantizan y promueven el cumplimiento de las leyes existentes y la puesta en común entre los diversos organismos de los datos pertinentes, facilitando los procedimientos burocráticos para aquellos que han demostrado ser dignos de confianza y aumentando el escrutinio de aquellos que han sido culpables de conductas perjudiciales para el público o las instituciones.
Un aspecto importante sigue siendo la recogida y puesta en común de datos entre las distintas agencias y organismos administrativos, lo que resulta muy difícil dada la complejidad del aparato estatal y el tamaño del país. La necesidad de evitar que, como ocurrió muchas veces en el pasado, empresas o individuos endeudados, culpables de fraude o de infracciones de la normativa sobre seguridad alimentaria, laboral o medioambiental, pudieran simplemente huir unos miles de kilómetros para continuar sus actividades, aprovechando el anonimato que garantizaban la distancia y el aparato público aún rudimentario[15], ya había dado lugar al desarrollo de herramientas de seguimiento como el código alfanumérico de dieciocho cifras asociado a cada ciudadano y transcrito en su documento de identidad con funciones similares al código fiscal italiano o al número de la seguridad social estadounidense y, al igual que el número de IVA, vinculado a cada empresa y a sus documentos de "crédito social".
Éstas se componen de la integración de varias informaciones, como permisos y sanciones administrativas, una lista de irregularidades detectadas y menciones en "listas rojas" y "listas negras": las primeras contienen menciones por conductas meritorias recibidas en los distintos ámbitos, las segundas menciones por infracciones graves de la integridad profesional y de las disposiciones legales. Existen listas negras y rojas para numerosos campos, y una empresa adscrita a ellas puede recibir recompensas o sanciones de diversa índole, que también pueden extenderse a directivos y representantes legales.
Muchas ciudades y provincias han empezado a experimentar con formas separadas y distintas de "crédito social", adaptando las directrices nacionales a la realidad local y sus cambios. El estudio de algunos casos nos permite comprender mejor la realidad del "crédito social" a partir de los hechos. Para ello es muy útil la investigación del instituto alemán MERICS, Mercator Institute for Chinese Studies, uno de los centros de estudios más autorizados a nivel europeo, basada en el análisis de 1456 documentos publicados por las autoridades nacionales y provinciales entre 2003 y 2020, y recuperados de los archivos del Consejo de Estado y de Credit China.
En primer lugar, los datos confirman el carácter económico de los distintos programas y su extensión a una parte extremadamente reducida de la población: el 73,3% de las menciones de los documentos se refieren a empresas, extranjeras o nacionales, el 13,3% a organismos públicos y sólo el 10,3% a particulares[16]. En el caso de estos últimos, se trata sobre todo del reembolso de deudas, en particular como representantes legales de empresas insolventes o en caso de quiebra. Globalmente, las sanciones sólo se aplican a una parte muy pequeña de los implicados, por término medio entre el 1% y el 2% de las empresas y entre el 0,15% y el 0,30% de los particulares cada año[17], y, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Sanciones Administrativas[18], se aplican tras una revisión humana de los datos recogidos digitalmente, sin ninguna automatización de los procesos legales y sancionadores. El uso de recompensas y castigos también es diverso, y su alcance cuantitativo varía entre ciudades y provincias; por ejemplo, la ciudad de Wuhan ha desarrollado más mecanismos de incentivos, mientras que el distrito de Pudong, en Shanghái, ha dado preponderancia a las "listas negras", describiendo numerosos motivos para su inclusión.
De las 43 ciudades piloto, en 2019 se seleccionaron 28 "ciudades modelo" como campo de pruebas para proyectos con posible implantación nacional. Cada una de ellas mantiene hasta decenas de pares de listas diferentes relacionadas con distintos sectores. Entre el 70% y el 90% de las personas mencionadas en las listas negras son contumaces o personas que, teniendo capacidad económica, se han negado a pagar multas administrativas o a saldar deudas[19]. Los mencionados en las listas tienen características menos homogéneas según las ciudades. Por ejemplo, en Rongcheng figuran principalmente por conducta fiscalmente intachable, mientras que los méritos en el cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria son los más mencionados en Puntian.
Los sistemas de incentivos y sanciones utilizados para promover la confianza pública se han descrito a menudo en Occidente como instrumentos liberticidas. Una comparación de los primeros documentos fundacionales de los sistemas más completos a nivel local, los de las provincias de Hebei, Hubei y Zhejiang y el municipio de Shanghai[20] permite comprender su verdadera naturaleza. Los sistemas esbozados implican la recopilación de información de carácter principalmente judicial, como sentencias por impago de impuestos, multas y tasas, soborno y fraude, incumplimiento de actos administrativos, negativa a presentar la documentación requerida, prácticas de mercado ilegales e incumplimiento de la normativa determinada por ley. Las sanciones por mala conducta incluyen mayores controles sobre las actividades de las empresas, un acceso más difícil al crédito y a los proyectos públicos, y la revocación de participaciones en programas subvencionados por el Estado, en el entendimiento de que la conducta deshonesta difícilmente puede limitarse a un único aspecto de las actividades de una persona. También pueden aplicarse por orden judicial restricciones a la capacidad de gasto de las personas físicas y jurídicas que, siempre que tengan capacidad económica, se nieguen a cumplir el saldo de sus deudas con la administración pública u otras entidades.
Según las disposiciones del Tribunal Popular Supremo emitidas en julio de 2015[21], a los individuos declarados culpables de esto se les pueden prohibir los gastos suntuarios, desde la compra de nuevos inmuebles hasta la adquisición de coches de recreo, desde alojarse en hoteles ricos hasta viajar en primera clase en tren o avión, basándose en el principio de que si uno no tiene dinero para pagar a sus empleados o los impuestos al Estado, tampoco lo tiene para disfrutar de privilegios y comodidades. Los individuos definidos como "gravemente deshonestos", es decir, condenados por amenazar la salud pública, incurrir en prácticas de manipulación del mercado especialmente atroces o incumplir compromisos en materia de defensa, son objeto de sanciones adicionales, como importantes restricciones a las oportunidades de inversión en determinados sectores y a la participación en licitaciones públicas, la prohibición de ocupar determinados cargos o de optar a ayudas financieras u otras ayudas públicas. Los mecanismos de incentivo incluyen, por otro lado, un trato prioritario para los trámites administrativos, un acceso más fácil al crédito y a la contratación pública, una menor frecuencia de las inspecciones, desgravaciones fiscales y honores públicos.
En relación con las directrices del Consejo de Estado de 2016, en varias localidades se han desarrollado sistemas para fomentar el desarrollo de una sociedad honesta dirigidos específicamente a los ciudadanos. Estos son estrictamente voluntarios y no incluyen aspectos punitivos[22], centrándose en incentivar el comportamiento socialmente consciente con cupones y pequeños premios. Por ejemplo, en Oujiang (Hunan) se creó la "Puntuación Oujiang", que permite acumular puntos a través del voluntariado, la donación de sangre y la evitación de multas administrativas. Con 650 puntos, se consigue la entrada gratuita al Gimnasio Popular de Wenzhou y un descuento del 20% en las tarifas de aparcamiento de la ciudad; con 700, se obtienen descuentos para alojarse en hoteles del condado de Taishun[23]. En Rongcheng, los ciudadanos que participan en el programa reciben una cifra inicial de 1.000 puntos. Si alcanzan al menos 1.050 a través del voluntariado y las actividades sociales, obtienen deducciones en los gastos de transporte público. Suzhou ensayó en 2020 un sistema dirigido principalmente al tráfico y las infracciones de tráfico: mientras que las infracciones se castigan con arreglo a la ley, la buena conducción se premia con descuentos en entradas de cine, tazas y toallas personalizadas[24].
Por otra parte, algunos programas puestos en marcha en determinadas provincias y municipios tienen un aspecto punitivo, en el que, por ejemplo, fumar repetidamente a bordo de trenes y autobuses puede ser castigado con la prohibición temporal de utilizar el servicio[25].
Por lo tanto, aunque determinados comportamientos pueden tener un impacto en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública, ninguno de los programas que pueden reunirse bajo la etiqueta de "crédito social" muestra una connotación político-represiva. El deseo de moralizar la sociedad y promover conductas virtuosas, por insoportable que pueda parecer a ciertas sensibilidades liberales, está profundamente arraigado en la cultura tradicional china y es compatible con los objetivos éticos del socialismo. De hecho, es sintomático cómo la gran mayoría de los chinos que se han enfrentado a uno de estos proyectos hablan de él en términos favorables[26]: lo que en Occidente se describe como un sistema distópico de control resulta ser en realidad una herramienta para la protección de los derechos sociales y del consumidor, y para combatir los privilegios y la corrupción. Pero, ¿por qué se sigue produciendo esta distorsión de forma tan persistente? Sin duda, parte de la explicación reside en la mera propaganda de la guerra: es necesario deshumanizar al enemigo, presentando cada una de sus acciones y pensamientos de forma horrible y difamatoria, para impedir la creación de lazos de solidaridad y el desarrollo de la curiosidad y el interés. Pero probablemente haya algo más.
Al presentar a China no como un país real habitado por seres humanos normales, sino como el opuesto negativo de una sociedad occidental idealizada, se transponen todas nuestras ansiedades y temores sobre procesos que sentimos que se desarrollan a nuestro alrededor y ante los que nos sentimos impotentes. Desde la época de la Patriot Act y la legislación de emergencia para la "Guerra contra el Terror" hasta los años de Covid-19 y la "nueva Guerra Fría", el público occidental ha experimentado formas cada vez más omnipresentes de intrusión en su vida privada. Esto ocurre por parte de actores estatales, como la NSA estadounidense, tal y como reveló Edward Snowden en 2013, pero también, y con no menos ubicuidad, por parte de grandes empresas digitales como Meta, Google o Amazon, todas ellas en posesión de cantidades inconmensurables de información proporcionada en tiempo real por usuarios a menudo inconscientes, información que se comercializa y utiliza para planificar la conducta empresarial e influir en el comportamiento social y económico.
El temor a "seguir el camino de China" aparece en realidad como el temor a que Occidente continúe por el camino que ha tomado, en el que los datos y lo digital no son la base para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la existencia de una sociedad sana, sino un medio de control y enriquecimiento para una pequeña clase adinerada."
(Leonardo Sinigaglia, L'Antidiplomatico, 07/09/23; traducción DEEPL)
