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20/5/21

Noam Chomsky: Gaza, la mayor prisión al aire libre

 "Basta siquiera con una sola noche en la cárcel para hacerse una idea de lo que significa estar bajo el control absoluto de una fuerza externa.

Y apenas si se tarda un día en Gaza en apreciar cómo debe de ser tratar de sobrevivir en la mayor prisión al aire libre del mundo, donde aproximadamente un millón y medio de personas hacinadas en una franja de trescientos kilómetros cuadrados viven sometidas a un terror aleatorio y a un castigo arbitrario que no tienen otro objetivo que el de humillarlas y degradarlas.

Lo que se pretende con semejante crueldad es aplastar las esperanzas palestinas de un futuro digno y la anulación del abrumador apoyo internacional a un acuerdo diplomático que garantice el respeto de los derechos humanos básicos. Los dirigentes políticos israelíes han dado evidente fe de esa pretensión en estos últimos días al advertir de que «enloquecerán» si Naciones Unidas otorga el más mínimo reconocimiento a los derechos palestinos.

Esta amenaza de «enloquecimiento» (nishtagea) —entiéndase lanzar una respuesta de particular dureza— está muy arraigada y se remonta a tiempos de los gobiernos laboristas de la década de 1950, momento en que también hallamos el origen del llamado «complejo de Sansón»: «Si se traspasa esa línea, derribaremos los muros del templo con todos dentro, nosotros incluidos».

 Treinta años atrás, varios líderes políticos israelíes, algunos destacados «halcones» entre ellos, remitieron al primer ministro Menahem Begin un impactante informe sobre la frecuencia y la impunidad con las que los colonos de Cisjordania cometían «actos terroristas» contra los árabes del lugar.

Asqueado por aquellos hechos, Yoram Peri, destacado analista de la política militar, escribió que la labor del ejército israelí ya no parecía consistir en defender el Estado, sino en «demoler los derechos de personas inocentes por el mero hecho de ser araboushim [apelativo racial despectivo] que viven en territorios que Dios nos prometió».

 Los gazatíes han sido objeto de un castigo particularmente cruel. Hace treinta años, en su libro de memorias The Third Way [La tercera vía], Raja Shehadeh, un abogado, describió la inútil tarea de intentar proteger los derechos humanos fundamentales dentro de un sistema legal diseñado para que dicho objetivo resulte imposible, y su experiencia personal como samid (un «inquebrantable») que vio cómo las brutales fuerzas de ocupación convertían su casa en una prisión sin que él pudiera hacer otra cosa más que «aguantar».

Desde entonces, la situación ha empeorado sensiblemente. Los Acuerdos de Oslo, festejados con gran pompa en 1993, estipularon que Gaza y Cisjordania constituyeran una única entidad territorial. Pero, por entonces, Estados Unidos e Israel ya tenían en marcha un plan para separar Gaza de Cisjordania con el fin de bloquear un acuerdo diplomático y castigar a los araboushim de ambos territorios.

El castigo contra los gazatíes se hizo más duro aún en enero de 2006 en respuesta al «crimen» de primera magnitud que acababan de cometer: habían votado en el «sentido equivocado» en las primeras elecciones libres celebradas en el mundo árabe al apoyar mayoritariamente a Hamás.

 En una muestra más de sus «ansias de democracia», Estados Unidos e Israel (apoyados por una pusilánime Unión Europea) impusieron de inmediato un sitio brutal acompañado de ataques militares. Las autoridades estadounidenses recurrieron enseguida a su procedimiento operativo estándar cuando una población desobediente elige al Gobierno equivocado: preparó un golpe militar para restablecer el orden.

Pero los gazatíes cometieron un crimen más grave si cabe un año más tarde al bloquear esa intentona golpista, lo que se tradujo en una fuerte escalada del asedio y los ataques. La culminación de éstos llegó en el invierno de 2008-2009 con la Operación Plomo Fundido, uno de los ejercicios más cobardes y sanguinarios de nuestra memoria reciente: una población civil indefensa y atrapada fue sometida a la implacable ofensiva lanzada por uno de los sistemas militares más avanzados del mundo, dependiente del armamento estadounidense y protegido por la diplomacia de Washington.

Obviamente, se adujeron pretextos para tal modo de proceder, pues nunca faltan. El habitual, siempre a mano cuando se necesita, fue el de la «seguridad»: en este caso en concreto, se dijo que los ataques eran para neutralizar el lanzamiento de misiles de fabricación casera desde Gaza.

En 2008 se declaró una tregua entre Israel y Hamás. Hamás no disparó un solo cohete hasta que Israel rompió la tregua aprovechando las elecciones estadounidenses del 4 de noviembre para invadir Gaza sin ningún motivo y mató a media docena de miembros de Hamás.

 Las más altas autoridades de la inteligencia israelí advirtieron al Gobierno del país de la posibilidad de renovar la tregua si se aligeraba el criminal bloqueo al que estaban sometiendo a la Franja y si ponían fin a los ataques militares. Pero el Gobierno de Ehud Olmert —quien presuntamente era una «paloma» en materia de política exterior— descartó esas opciones y trató de aprovechar su enorme ventaja en potencial de violencia poniendo en marcha la Operación Plomo Fundido.

El internacionalmente respetado defensor de los derechos humanos en Gaza Raji Sourani analizó el patrón seguido por los ataques de Plomo Fundido. Los bombardeos se concentraron en el norte, sobre población civil indefensa de las áreas más densamente habitadas, sin ningún fundamento militar posible. El objetivo, insinúa Sourani, tal vez fuera intimidar a la población y empujarla hacia el sur, hacia las inmediaciones de la frontera con Egipto. Pero los samidin —quienes resistieron a base de aguantar los ataques— no se movieron de donde estaban.

Otro posible objetivo quizá fuera echar a esa población al otro lado de la frontera. Desde los primerísimos tiempos de la colonización sionista, se dijo que los árabes no tenían ninguna razón de peso para estar en Palestina: podían estar igual de bien en cualquier otro lugar, por lo que debían irse de allí (o ser «transferidos» de buenas maneras, según sugerían las «palomas» del movimiento).

Ésa, desde luego, no es una posibilidad que preocupe poco en Egipto y tal vez sea una de las razones por las que ese país no abre la frontera para el libre paso de la población civil o, ni tan siquiera, de suministros que se necesitan con urgencia.

Sourani y otras fuentes bien informadas han señalado que la disciplina demostrada por los samidin es un primer frente tras el que se oculta un polvorín que podría estallar por los aires en cualquier momento, de forma inesperada, como lo hizo la Primera Intifada de Gaza en 1987 tras años de represión.

La impresión (inevitablemente superficial) que uno se lleva tras pasar varios días en Gaza es de asombro, no sólo ante la capacidad de los gazatíes para seguir con su vida, sino también ante el dinamismo y la vitalidad de la gente joven, sobre todo en la universidad, donde asistí a un congreso internacional.

 Pero también pueden detectarse síntomas de que la presión puede haber alcanzado extremos insoportables. Ya hay noticias de una frustración de fondo entre los jóvenes que no cesa de crecer y que obedece a un reconocimiento por su parte de que, bajo la ocupación americano-israelí, el futuro no les depara nada.

Gaza presenta el aspecto de un país del Tercer Mundo, con bolsas aisladas de riqueza rodeadas de la pobreza más atroz. Pero no es un lugar sin desarrollo. Diríamos, más bien, que ha sido des-desarrollado (tomando prestado el término de Sara Roy, principal especialista académica en Gaza) y de forma muy sistemática.

La Franja de Gaza podría haberse convertido en una próspera región mediterránea, con una agricultura rica y una industria pesquera próspera, amén de unas playas maravillosas y de, según se descubrió hace una década, altas probabilidades de disponer de extensas reservas de gas natural en sus aguas territoriales (fuera por casualidad o no, lo cierto es que fue justo entonces cuando Israel intensificó su bloqueo naval). Tan favorables perspectivas de futuro se vieron abortadas en 1948, cuando la Franja tuvo que absorber un aluvión de refugiados palestinos que huían presas del pánico o habían sido expulsados a la fuerza de territorios que se integraron en Israel (en algunos casos, apenas meses después del alto el fuego formal). Las conquistas israelíes de 1967 y su consolidación durante los meses posteriores asestaron nuevos golpes y terribles crímenes que han continuado hasta nuestros días.

Los síntomas son fácilmente visibles, incluso durante una visita breve. Sentado en un hotel junto a la costa, uno puede oír el fuego de ametralladora de las cañoneras israelíes dedicadas a expulsar a los pescadores de las propias aguas territoriales de Gaza para devolverlos a la línea litoral, obligándolos así a pescar en aguas muy contaminadas por culpa de la negativa americano-israelí a permitir la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado y electricidad destruidos por el poder militar de los propios Estados Unidos e Israel.

 En los Acuerdos de Oslo, se contemplaban planes para construir dos plantas desalinizadoras, muy necesarias en una región árida como ésta. Y sí, se construyeron unas instalaciones avanzadas, pero en Israel. La segunda está ubicada en Jan Yunis, al sur de Gaza. El ingeniero jefe de Jan Yunis explicó que esa planta fue construida de tal modo que no pueda usar agua del mar y tenga que aprovechar aguas subterráneas, un proceso más barato que contribuye a degradar aún más el exiguo acuífero de la zona, lo que con toda certeza acarreará problemas graves en el futuro.

El suministro de agua todavía es muy limitado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), que se ocupa de los refugiados, pero no de los demás gazatíes, publicó recientemente un informe en el que alertaba de que el daño infligido al acuífero podría volverse «irreversible» dentro de poco y de que, de no mediar una rápida actuación para remediarlo, Gaza podría dejar de ser un «lugar habitable» no más tarde de 2020.

Israel permite la entrada de cemento para los proyectos de la UNRWA, pero no para las obras de los gazatíes, metidos como andan en gigantescas campañas de reconstrucción. La limitada maquinaria pesada allí presente se mantiene inactiva en su mayor parte, pues Israel no autoriza la entrada de material ni recambios para su reparación.

Todo esto forma parte del programa general que Dov Weisglass, un asesor del primer ministro Olmert, describió cuando los palestinos no siguieron las órdenes previstas en las elecciones de 2006: «De lo que se trata —dijo él— es de someter a los palestinos a dieta, pero sin matarlos de hambre».

En fecha reciente, y tras varios años de esfuerzos, la organización israelí de defensa de los derechos humanos Gisha logró por fin obtener una orden judicial que obliga al Gobierno a hacer públicos los documentos archivados donde se especifican los planes para hacer efectiva esa «dieta». Jonathan Cook, un periodista afincado en Israel, los resume así: «Las autoridades sanitarias facilitaron sus propios cálculos sobre el número mínimo de calorías que necesitarían el millón y medio de habitantes de Gaza para no caer en la desnutrición. Esas cifras se tradujeron luego en un número tasado de camiones cargados de alimentos a los que Israel supuestamente autorizaría la entrada cada día […] y, al final, un promedio de sólo sesenta y siete camiones (mucho menos de la mitad del mínimo requerido) entraron diariamente en Gaza. Compárese con los más de cuatrocientos que entraban allí a diario antes del inicio del bloqueo».

 El resultado de la imposición de esa dieta, según Juan Cole, experto en Oriente Próximo y Medio, es que «en torno a un 10% de los niños palestinos de Gaza de menos de cinco años de edad tienen un crecimiento atrofiado por culpa de la desnutrición. […] Además, la anemia se ha generalizado y afecta a más de dos terceras partes de los niños pequeños, al 58,6% de los que están en edad escolar y a más de un tercio de las madres embarazadas».

Raji Sourani, el ya mencionado defensor de los derechos humanos, señala que «no hay que perder de vista que la ocupación y el cierre absoluto de las fronteras es un ataque continuo contra la dignidad humana de la población de Gaza en particular y contra la de todos los palestinos en general. Es una sistemática degradación, humillación, aislamiento y fragmentación del pueblo palestino».

Esta conclusión ha sido confirmada también por otras muchas fuentes. En The Lancet, una de las principales revistas de medicina del mundo, Rajaie Batniji, médico visitante en Stanford, describe Gaza como «una especie de laboratorio donde observar la ausencia de dignidad», una situación que acarrea repercusiones «devastadoras» para el bienestar físico, mental y social.

«La vigilancia constante desde el cielo, el castigo colectivo por el bloqueo y el aislamiento, la intrusión en los hogares y las comunicaciones, y las restricciones a quienes tratan de viajar, casarse o trabajar, dificultan mucho llevar una vida digna en Gaza», escribe Batniji. Y es que los araboushim tienen que aprender a llevar siempre la cabeza gacha.

Hubo alguna esperanza de que el nuevo Gobierno egipcio de Mohamed Morsi, menos sometido a Israel que la dictadura de Hosni Mubarak, apoyada por Occidente, pudiera abrir el paso de Rafah, que es el único acceso de Gaza al mundo exterior que no está bajo control directo de Israel. Y sí, ha habido una ligera apertura, pero no mucha.

La periodista Laila el-Haddad escribe que la reapertura permitida por el ejecutivo de Morsi «no ha significado más que un regreso del statu quo de años atrás: sólo los palestinos portadores de un carné de identidad de Gaza aprobado por Israel pueden transitar por el paso de Rafah». Eso excluye a muchísimos palestinos, incluida la familia de la propia El-Haddad, donde sólo uno de los miembros del matrimonio posee uno de esos carnés.

Además, según ella misma añade, «el paso no lleva a Cisjordania ni permite el transporte de bienes, que está restringido a los pasos fronterizos controlados por Israel y sujeto a prohibiciones como las que pesan sobre los materiales de construcción y la exportación».

 Las limitaciones del paso de Rafah no alteran, pues, el hecho de que «Gaza continúa estando cercada por un férreo asedio marítimo y aéreo, y sigue estando amputada del capital cultural, económico y académico del resto de los [Territorios Ocupados por Israel] en flagrante violación de las obligaciones americano-israelíes recogidas en los Acuerdos de Oslo».

Los efectos son dolorosamente evidentes. El director del hospital de Jan Yunis, que es también jefe de cirugía, habla con rabia y pasión de cómo faltan medicinas incluso, lo que deja a los médicos incapacitados para hacer su trabajo y a los pacientes desesperados de dolor.

Una joven explica cómo fue la enfermedad de su padre ya fallecido. Él se habría sentido muy orgulloso de ver cómo su hija se convertía en la primera mujer del campamento de refugiados en obtener un grado universitario avanzado, dice ella, pero «falleció tras seis meses de lucha contra el cáncer, a la edad de sesenta años.

La ocupación israelí le negó un permiso para acudir a hospitales de Israel a recibir tratamiento. Yo tuve que suspender mis estudios, mi trabajo y mi vida para ir a sentarme junto a su cama. Todos estábamos allí sentados, también mi hermano, el médico, y mi hermana, la farmacéutica, todos impotentes y sin esperanza, contemplando su sufrimiento. Murió durante el inhumano bloqueo de Gaza, en el verano de 2006, sin apenas acceso a la sanidad.

«En mi opinión, la impotencia y la desesperanza son los sentimientos más mortíferos que pueden embargar a un ser humano. Matan el espíritu y parten el corazón. Se puede luchar contra la ocupación, pero no se puede combatir la sensación de impotencia. Es un sentir que nunca llega a desvanecerse».

Nadie que visite Gaza puede evitar una sensación de repugnancia ante la obscenidad de la ocupación, una repugnancia agravada por la culpa, porque está en nuestras manos poner fin al sufrimiento y permitir que los samidin disfruten de la vida de paz y dignidad que merecen."                 (Chomsky, Contrainformación, 17/05/21)

11/12/20

Choque entre el norte y el sur por las patentes covid-19. India y Sudáfrica lideran una petición ante la Organización Mundial del Comercio para que se suspenda temporalmente la propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus mientras dure la pandemia; 99 países les apoyan, el mundo rico se resiste...

 "En la carrera contra la covid-19 hay dos velocidades. La de los países ricos, que ya han comprado o apalabrado dosis de vacunas suficientes para inmunizar a sus poblaciones varias veces; y la de los pobres: después. 

Aunque se ha creado un mecanismo internacional ―Covax― para garantizar la equidad en la distribución que ya ha recaudado más de 1.700 millones de euros, no está suficientemente dotado todavía para afrontar la batalla en el mercado en igualdad de condiciones. 

Esa desigualdad es la que ha impulsado a la India y Sudáfrica a solicitar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspendan los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al menos, hasta que se consiga la inmunidad de grupo global, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula en el 70% de la población del planeta.

 El mapamundi de apoyo a esta propuesta también está dividido en dos: el norte, que la rechaza (España entre ellos); y el sur, que la apoya. La OMC funciona por consensos y en esta ocasión el acuerdo se va a hacer de rogar: 99 de los 164 países miembros del organismo se han mostrado a favor. También numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil se han sumado.

 Tedros Adhanom, director general de la OMS, se mostró a favor pocos días después de que los dos países presentasen formalmente su solicitud. “Damos la bienvenida a los esfuerzos para ampliar el acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas como la reciente propuesta de Sudáfrica e India”, dijo. En la insdustria, la iniciativa no ha caído bien. Hasta que la cuestión se resuelva, el choque de argumentos y cruce de declaraciones están garantizados.

Este jueves se debatirá de nuevo el asunto en el Consejo sobre los Acuerdos de Propiedad Intelectual (Adpic) de la OMC para convenir una posición para la reunión que se celebrará el próximo 17 de diciembre, cuando debería tomarse una decisión. Pero todo apunta a que las naciones más prósperas no cambiarán su parecer para entonces. Ejemplo de ello es la postura de la Unión Europea, a la que se adhiere España.

“Los derechos de propiedad intelectual ni deben suspenderse, ni es necesario hacerlo, ya que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en su artículo 31 ya ofrece suficiente flexibilidad, mediante el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias especiales, para poder hacer frente al suministro y distribución de medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia de la covid-19″, argumentan desde el Ministerio de Industria y Comercio español. “No hay ninguna prueba de que los derechos de propiedad intelectual sean una verdadera barrera en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con la covid-19″.

Los países miembros de la UE consideran más útil financiar los fondos globales para la repuesta al coronavirus que la propuesta de la India y Sudáfrica que solo conseguiría desincentivar la innovación, apuntan fuentes de Comercio de la Comisión. Prueba de ello es que Europa destinará casi 16.000 millones “para el acceso universal a pruebas, medicamentos, dispositivos e inmunizaciones para la enfermedad y lograr la recuperación global”, subrayan. Desde la institución recuerdan que “muchas compañías farmacéuticas se han comprometido públicamente y ya están trabajando en estrecha colaboración con los Gobiernos para garantizar que las vacunas estén disponibles y sean asequibles para todos los que las necesiten”.

Estos mecanismos, fondos y promesas no aseguran un acceso equitativo, en opinión de Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de Salud Por Derecho. “Estamos viendo que quien tiene el dinero es el que tiene acceso. El 53% de las vacunas nos las hemos quedado el 14% de la población, los ricos”, argumenta. “Y las compañías tienen una capacidad de producción limitada. ¿Cuándo van a llegar entonces las dosis a los países más pobres? Suspender las patentes permitiría una producción a gran escala suficiente para abastecer el mercado mejor”, defiende.

En este sentido, fuentes de la Comisión Europea indican que se han producido acuerdos sobre la expansión de la capacidad de fabricación. “Por ejemplo, AstraZeneca tiene convenios con empresas de Italia, Reino Unido, China y Rusia para apoyar la manufactura, adquisición y distribución de vacunas”, apuntan. “También se realizó un acuerdo de transferencia de tecnología con Serum Institute of India para suministrar dosis a países de ingresos bajos y medianos. BioNTech está colaborando con Fosun Pharma para abastecer el mercado chino. Y hay otros ejemplos”.

India y Sudáfrica no creen que sea suficiente. La declaración del país asiático ante la reunión del Consejo de los Adpic del 20 de noviembre denunciaba duramente la postura que mantienen las naciones del norte: “Por un lado, estos países están comprando la mayor cantidad posible de suministros que son limitados, sin dejar vacunas para los países en desarrollo y menos adelantados. Por otro lado, y de manera muy extraña, estos son los mismos que argumentan en contra de la necesidad de la exención que puede ayudar a aumentar la fabricación y el suministro mundial para lograr no solo un acceso equitativo, sino también oportuno y asequible a dichas vacunas para todos los países”.

España no se libra de este tipo de crítica de doble moral. En una misiva al Gobierno para que cambie su posición, Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho destacan que no apoyar la iniciativa india y sudafricana es contrario a lo que se compromete en la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación a la crisis de la Covid. En ella se lee: “España será proactiva en promover políticas de propiedad intelectual que se orienten a facilitar este acceso universal y equitativo, que apuesten por licencias abiertas, compartidas, no exclusivas a nivel mundial y no limitadas en el tiempo, especialmente en lo que concierne a resultados fruto del dinero público”.

“Ha habido una aportación de financiación pública sin precedentes en la investigación de tecnologías, medicamentos y vacunas contra la covid-19. Con ello estamos reduciendo el riesgo de las compañías”, subraya Bernal. En su opinión, este es un motivo más para que se suspenda temporalmente la protección sobre todo ese conocimiento para vencer a la enfermedad. No sería la primera vez. Hay precedentes de medidas excepcionales.

En el caso de las patentes, las farmacéuticas y otras empresas tienen un derecho exclusivo de utilizar y explotar la invención, en este caso el medicamento o vacuna, durante 20 años desde su concesión. Pero en 2001, la Declaración de Doha reconoció el derecho de los Gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. Se adoptó para responder a la epidemia de VIH-sida que mataba a miles de pacientes en los países en desarrollo porque no se podían permitir adquirir antirretrovirales. Especialmente, en Sudáfrica, que ahora promueve otra revolución en el sistema. Tras aquel acuerdo, “los precios del tratamiento cayeron de 1.000 dólares a 100 en unos años”, rememora Raquel González, responsable de relaciones externas de MSF España.

 

“Esto es un órdago, una propuesta radical para un momento puntual de la Historia con una situación extraordinaria. La pandemia lo es y requiere de medidas excepcionales porque el sistema actual no está preparado”, anota la representante de MSF. De tener que hacer uso de las flexibilidades de la actual normativa, que son suficientes para la UE, cada país individualmente tendría que justificar y retirar la patente medicamento por medicamento, caso por caso. “Es un proceso farragoso y estamos en una carrera contrarreloj”, añade.

La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA, por sus siglas en inglés) considera, sin embargo, que “la dilución de los derechos de propiedad intelectual es contraproducente” porque “socavará la confianza en lo que ha demostrado ser un sistema que funciona bien, permitiendo que la industria se asocie con confianza con el mundo académico, institutos de investigación, fundaciones y otras empresas privadas”. Así lo manifiesta en un comunicado. “La industria mantiene su compromiso con el acceso justo y equitativo a los tratamientos y vacunas para la covid-19”, anota.

Desde Farmaindustria, miembro de la patronal mundial de la industria, sostienen que la investigación sin precedentes, con la que se ha conseguido que estén en marcha cerca de 2.200 ensayos clínicos sobre la enfermedad, más de 1.100 medicamentos en fase de pruebas y 350 proyectos de vacunas “no habría sido posible sin la existencia durante años de un marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de patentes a nivel mundial para proteger la innovación”.

Covax, la apuesta del mundo desarrollado

Para Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, “en 2021, el mundo se tiene que focalizar en maximizar la producción y distribución de forma equitativa”. Para que las tecnologías, medicamentos y, sobre todo, las vacunas lleguen al mismo tiempo a todo el planeta, “se necesitan fondos para negociar precios y reservar dosis”. Su apuesta para conseguirlo es el mecanismo internacional que se ha creado para ello: Covax, una plataforma de países ricos y pobres para aunar esfuerzos en esta línea. El objetivo de esta alianza es proveer a los 187 socios con 2.000 millones de vacunas en 2021, también a los 92 de renta baja y media que no se pueden permitir adquirirlas.

Para asegurar que los países sin recursos las reciban en igual cantidad y al mismo tiempo que los prósperos, se creó el compromiso de Mercado Anticipado Covax (AMC, por sus siglas en inglés), un fondo que se nutre de la ayuda oficial al desarrollo de los donantes, así como contribuciones del sector privado y la filantropía para garantizar precios muy asequibles a las economías más precarias. “Queremos que las vacunas lleguen a los pobres lo más rápido y barato posible. El AMC garantiza que tengan acceso a precio de coste”, explica. Conseguirlo requiere de dinero y esta hucha ya cuenta con más de 2.000 millones de dólares (1.650 millones de euros). “Pero estamos preocupados porque no es suficiente, se necesitan otros 5.000 millones para vacunar al 20% de la población en 2021”, subraya en un encuentro virtual con periodistas. Por eso, la Fundación Gates aportará otros 250 millones de dólares (207, de euros) a la respuesta global contra la covid-19, desvela, lo que eleva los compromisos totales de la entidad a 1.750 millones de dólares (1.450, de euros).

“La UE ha sido líder en apoyar el Covax AMC”, ha destacado Suzman. La Comisión Europea destinó a este fondo 100 millones de euros a mediados de noviembre. Por su parte, Francia donó otros 100 y España 50. El temor de quienes apoyan la suspensión de patentes es que, incluso con el apoyo de Covax AMC, haya países que se queden fuera o les llegue todo demasiado tarde. Hasta la fecha, este fondo se ha hecho con 700.000 vacunas de los 2.000 millones que calcula que necesita para cumplir su misión en 2021. Es lo que plantea González, de MSF. “Ya lo vemos con la Alianza Global para las Vacunas [Gavi}: hay quienes no acceden a ellas. Covax es un paso, pero pedimos ir más allá”, termina."                     (Alejandra Agudo, El País, 10/12/20)

6/4/20

El “sistema de crédito social” chino castigará los comportamientos indeseables –como cruzar la calle imprudentemente o no pagar costes judiciales– y recompensará los deseables. El baremo de “fiabilidad” de los ciudadanos condicionará el acceso a prestaciones y derechos sociales

"Dentro de sus fronteras, el Partido Comunista de China (PCCh), inquieto por la posibilidad de que las libertades políticas pongan en riesgo su poder, ha construido un Estado orwelliano que emplea alta tecnología para vigilar a la población y desarrollado un sofisticado sistema de censura a través de internet para monitorear y sofocar las críticas ciudadanas. (...)

El gobierno chino lleva tiempo volcado en la construcción de una “Gran Muralla” en internet para evitar la difusión de críticas formuladas fuera del país. Ahora, ataca cada vez más a menudo a quienes lo critican desde el exterior, ya representen a gobiernos de otros países, formen parte de una empresa o universidad extranjera o salgan a las calles –reales o virtuales– para protestar públicamente. 

Ningún otro gobierno detiene a un millón de personas pertenecientes a una minoría étnica, sometiéndolas a un adoctrinamiento forzado y, a la vez, ataca a cualquiera que se atreva a desafiar esa represión. Si bien otros gobiernos cometen graves violaciones de derechos humanos, ninguno ejercita su músculo político con tanta determinación y vigor para socavar las instituciones internacionales que le piden rendir cuentas. Si no se le planta cara, Pekín ofrece un futuro distópico en el que nadie está fuera del alcance de sus censores y donde el mencionado sistema internacional de derechos queda tan debilitado que no sirve para monitorear la represión ejercida por gobiernos. (...)

El gobierno chino destaca, aun contra este lúgubre telón de fondo, por el alcance y peso de su labor contra los derechos humanos. El resultado es una tormenta perfecta: un poderoso Estado centralizado, un séquito de mandatarios ideológicamente afines, un vacío de liderazgo entre países que podrían dar la cara y una serie de democracias que parecen dispuestas a vender la soga con la que se ahorca al sistema de derechos que dicen defender.
 
Las razones de Pekín

La hostilidad de Pekín hacia los derechos se enraíza en lo frágil que resulta gobernar mediante represión y no por mandato popular. Pese a décadas de impresionante crecimiento económico impulsado por los cientos de millones de ciudadanos emancipados por fin de la pobreza, el gobierno huye de su propio pueblo. Pese a mostrarse convencido de representar adecuadamente a los ciudadanos de todo el país, al PCCh le preocupan las posibles consecuencias del debate público y la vida política sin restricciones. Teme, en efecto, verse sometido al escrutinio popular.

En consecuencia, Pekín se enfrenta a la incómoda tarea de gestionar una enorme y compleja economía sin las aportaciones que ofrecen un debate público y una vida política en libertad. A falta de elecciones, la legitimidad del partido depende en gran medida del crecimiento económico. Así, los dirigentes chinos temen que su ralentización empuje a la ciudadanía a pedir más voz y opinar sobre la forma de gobierno. 

Las campañas nacionalistas gubernamentales para promover el “sueño chino” y el anuncio a bombo y platillo de discutibles iniciativas anticorrupción no cambian esta realidad.

Con el presidente Xi Jinping, la opresión en China es la más ubicua y violenta en décadas. La modesta apertura que en años recientes permitió a la ciudadanía expresarse acerca de cuestiones de interés público ha terminado. Las organizaciones civiles se han ilegalizado y el periodismo independiente ha dejado de existir. Se restringe el debate en redes, sustituido por un servilismo orquestado, y las minorías étnicas y religiosas son perseguidas. 

Los cortos pasos dados hacia el Estado de Derecho han terminado conduciendo, de nuevo, al “Estado por derecho” al que el PCCh tenía acostumbrada a la ciudadanía. La restricción de libertades en Hong Kong, en virtud del principio “un país, dos sistemas”, es objeto de una vehemente contestación.  (...)

Vigilancia sin restricciones

Pekín ha hecho de la tecnología un elemento capital en su labor represiva. En la región noroccidental de Xinjiang, hogar de unos 13 millones de musulmanes –uigures, kazajos y otras minorías túrquicas– opera el sistema de vigilancia pública más intrusivo que el mundo haya conocido. El PCCh lleva mucho tiempo trabajando en sistemas para detectar cualquier indicio de disenso en la ciudadanía. La combinación de una mayor disponibilidad de medios económicos y mejoradas capacidades técnicas ha traído consigo la imposición de un régimen de vigilancia masiva sin precedentes.

Oficialmente, el propósito de este sistema de vigilancia es evitar la repetición de un puñado de incidentes violentos protagonizados hace unos años por presuntos separatistas. Las medidas tomadas, a todas luces excesivas, no se corresponden con las amenazas a la seguridad percibidas. Se ha movilizado a un millón de funcionarios y cuadros del partido para que se alojen con familias musulmanas en calidad de “huéspedes”. Su labor consiste en indagar e informar sobre “problemas”, a saber, rezos u otros indicios de adhesión activa a la fe islámica, contactos con familiares en el extranjero o síntomas de que su lealtad flaquea.

Esta vigilancia personal es solo la punta del iceberg, el preludio analógico de todo un despliegue digital. Despreciando el derecho a la intimidad, el gobierno chino ha instalado a lo largo y ancho de Xinjiang cámaras de vídeo que combina con programas de reconocimiento facial; ha creado aplicaciones móviles específicas para que los funcionarios informen sobre sus observaciones; ha instalado puntos de control electrónicos; y procesa toda la información con tecnologías de macrodatos.

 Después determina quién debe ser detenido y reeducado. Se trata del mayor caso de detenciones arbitrarias en décadas: más de un millón de musulmanes de etnia túrquica se han visto privados de libertad y sometidos a un adoctrinamiento forzoso. Las detenciones han dejado un sinnúmero de “huérfanos” –niños cuyos progenitores han sido detenidos– internados en escuelas y orfanatos estatales, donde también son adoctrinados. Las escuelas públicas de Xinjiang también educan en la ideología del gobierno.

El objetivo aparente es apartar a los musulmanes del ejercicio religioso, de su identidad étnica y de cualquier opinión política independiente. La única manera que tienen los detenidos de recobrar la libertad es convencer a sus carceleros de que no practican el islam, de que hablan mandarín y de que solo creen en Xi Jinping y el PCCh. Este proyecto refleja la voluntad totalitaria de rediseñar el pensamiento de los ciudadanos hasta que acepten la supremacía del gobierno y del partido.

Pekín está poniendo en marcha otros sistemas de vigilancia e ingeniería de conducta por todo el país. Cabe destacar el “sistema de crédito social” que, promete el gobierno, castigará los comportamientos indeseables –como cruzar la calle imprudentemente o no pagar costes judiciales– y recompensará los deseables. El baremo de “fiabilidad” de los ciudadanos condicionará el acceso a prestaciones y derechos sociales, como vivir en una ciudad atractiva, enviar a los hijos a una escuela privada o viajar en avión o tren de alta velocidad. De momento no se incluyen en el baremo variables relacionadas con la opinión política, pero no sería de extrañar que esto acabase ocurriendo.

Este Estado de vigilancia es exportable a otros lugares, lo que plantea lúgubres perspectivas de futuro. Pocos gobiernos tienen la capacidad de desplegar la cantidad de recursos humanos que China ha enviado a Xinjiang, pero la tecnología es una herramienta al alcance de gobiernos que no se caracterizan precisamente por proteger la intimidad de sus ciudadanos: Kirguistán, Filipinas o Zimbabue, entre otros. Estas tecnologías que permiten abusar de la intimidad del ciudadano son vendidas por empresas chinas, pero también alemanas, israelíes y británicas. No obstante, China las ofrece en paquetes asequibles para gobiernos que quieren emular su modelo de vigilancia.

Una dictadura próspera

Muchos autócratas miran con envidia a China por el sugerente cóctel de exitoso desarrollo económico, rápida modernización y firme ejercicio del poder. Lejos de ser tratado como un paria, al gobierno chino le rinden pleitesía todos los países del mundo. China acoge prestigiosos eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022. El objetivo es presentar la imagen de un país poderoso, acogedor y abierto, aunque su autocracia sea cada vez más despiadada.

 Antaño se creía que, conforme China creciese económicamente, aparecería una clase media que exigiría más derechos. Esta premisa sirvió para instalarse en una cómoda ficción, la de que no era necesario incordiar a Pekín al respecto de la represión. Bastaba con hacer negocios. Hoy pocos mantienen esa postura, aunque la mayoría de gobiernos han encontrado otras maneras de justificar el statu quo.
 
Siguen priorizando las oportunidades económicas sin la pretensión de plantear estrategias que fomenten el respeto de los derechos humanos en el país asiático.

De hecho, el PCCh ha demostrado que el crecimiento económico puede fortalecer la dictadura, pues le proporciona medios para ejercer su poder. Permite, en efecto, gastar el dinero necesario en mantener su dominio, multiplicando las fuerzas de seguridad del Estado y ampliando el sistema de censura y vigilancia.

 Los abundantísimos recursos que apuntalan la autocracia despojan a todos los habitantes de China de cualquier opinión al respecto de cómo están siendo gobernados. Este devenir es música celestial para los oídos de los dictadores del mundo. También sus mandatos –o al menos eso querrían hacernos creer– podrían llevar la prosperidad a sus países sin bregar con fastidiosos debates públicos o elecciones reñidas.  (...)

El irresponsable sistema de gobierno chino también quita voz a los olvidados por el crecimiento económico nacional. Las fuentes oficiales se ufanan del progreso, pero censuran información sobre la mayor desigualdad de ingresos, la discriminación en el acceso a las prestaciones sociales, la persecución selectiva de la corrupción y las diversas estadísticas negativas (en las zonas rurales, por ejemplo, uno de cada cinco niños es separado de su familia, pues en muchos casos ambos progenitores deben buscar trabajo en otras partes del país). 

Se ocultan demoliciones y desplazamientos forzados, muertes y lesiones de obreros que trabajan en los gigantescos proyectos de infraestructura y lesiones permanentes relacionadas con la escasa regulación de las industrias alimentaria y farmacéutica. Las estadísticas oficiales, además, calculan a la baja el número de personas con discapacidad.  (...)

Campaña contra la normativa internacional

A fin de evitar una reacción global por aplastar los derechos humanos dentro de sus fronteras, el gobierno chino trata de socavar las instituciones internacionales que se idearon para defenderlos. Las autoridades del gigante asiático llevan mucho tiempo haciendo oídos sordos a la preocupación expresada por otros países respecto a los derechos humanos y tachándola de injerencia en su soberanía. Antaño, este rechazo era tímido; hoy, China amedrenta a otros gobiernos, exigiendo su aplauso en los foros internacionales e invitándolos a unirse a sus ataques contra el sistema internacional de derechos humanos.

Se diría que Pekín está construyendo una red de Estados que lo jalean porque dependen de sus inversiones o ayudas. Quienes importunan a China corren el riesgo de sufrir represalias: Suecia, por ejemplo, recibió amenazas después de que una organización independiente sueca galardonase a un editor afincado en Hong Kong (y ciudadano sueco), al que el gobierno chino había detenido y aislado en un lugar desconocido tras publicar varios títulos críticos.  (...)

Los métodos chinos hacen gala de cierta sutileza. El gobierno firma tratados internacionales sobre derechos humanos, pero los reinterpreta o exime de su aplicación. Ha desarrollado una gran habilidad para aparentar que coopera con las revisiones que la ONU hace de su currículum sobre derechos humanos, pero no escatima esfuerzos en frustrar cualquier debate sincero. 

Por ejemplo, prohíbe viajar al extranjero a los personajes públicos nacionales críticos con el régimen, niega el acceso al país a expertos internacionales claves, pide a sus aliados –muchos de ellos, regímenes represivos– que canten sus virtudes y a menudo presenta información descaradamente falsa. (...)

Para empeorar las cosas, varios países con los que antes se podía contar para defender los derechos humanos están desaparecidos en combate. Trump se ha mostrado más interesado en abrazar a sus amigos autócratas que en defender los estándares de derechos humanos que estos desprecian. La Unión Europea, volcada en el Brexit, entorpecida por el nacionalismo de algunos Estados miembros y dividida al respecto de la migración, ha encontrado muchas dificultades para coordinar una postura sólida en materia de derechos humanos. 

La ciudadanía en Argelia, Sudán, Líbano, Irak, Bolivia, Rusia y Hong Kong ha salido a la calle para pronunciarse a favor de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ha sido una impresionante oleada de protestas mundiales, pero los gobiernos democráticos han respondido en muchas ocasiones con apoyos tibios y selectivos. Esta incoherencia pone fácil a China defenderse, afirmando que las inquietudes expresadas al respecto de su historial de infracciones de los derechos humanos responden a una cuestión política y no de principios.

Se han dado algunas excepciones en la aquiescencia a la represión china. En julio de 2019, se reunieron representantes de 25 gobiernos –nunca habían sido tantos– en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El propósito: expresar su preocupación por la represión china en Xinjiang. Sorprendentemente, temiendo la ira del gobierno chino, ninguno de los representantes se prestó a leer en alto la declaración ante el Consejo, como es costumbre. Los distintos firmantes, buscando la seguridad del grupo, presentaron la declaración conjunta por escrito. 

Esta circunstancia cambió en octubre, cuando el representante de Reino Unido leyó, durante la Asamblea General de la ONU, una declaración paralela respaldada por una coalición similar de gobiernos. Aquella vacilación inicial, sin embargo, muestra la reticencia existente incluso entre los países más dispuestos a desafiar al gigante asiático. Estos reparos apuntalan la impunidad con que China se comporta en círculos internacionales, pese a lo evidente de sus abusos.  (...)

Cabría esperar que la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países con mayorías musulmanas, acudiera en defensa de los perseguidos en Xinjiang, como hizo con los rohinyás diezmados por el ejército de Myanmar. No fue así: la OCI emitió un adulador panegírico en el que elogiaba a China por “atender a sus nacionales de religión musulmana”. Pakistán, miembro coordinador de la OCI y por ello responsable de denunciar los abusos a que se enfrentan los musulmanes de todo el mundo, defendió también la postura china. 

No obstante, Turquía y Albania –miembros de la OCI– han apoyado el llamamiento para que la ONU lleve a cabo una evaluación independiente. Catar, por su parte, retiró su firma de la declaración prochina. Alrededor de la mitad de los Estados miembros de la OCI se negaron a respaldar esta declaración y a encubrir las infracciones cometidas en Xinjiang, un primer paso –importante pero insuficiente– frente a la generalización de los abusos.

Los miembros de la OCI y otros Estados reacios a desafiar a Pekín participaron asimismo en las visitas a Xinjiang organizadas por el gobierno chino para acallar las críticas sobre la detención de ciudadanos musulmanes. La Gran Muralla de la desinformación permitió a las autoridades afirmar, por absurdo que parezca, que esa privación indiscriminada de libertad era un ejercicio de formación profesional. 

A continuación, permitieron que delegaciones de diplomáticos y periodistas visitaran a algunos de los ciudadanos que estaban “formándose”. Las escasas oportunidades para conversar con libertad desvirtuaban cualquier titular. Un grupo de reclusos fue obligado a cantar en inglés la canción infantil If you’re happy and you know it, clap your hands! (“Si eres feliz y lo sabes, ¡aplaude!”). El objetivo de estas visitas no era convencer, sino dar a los gobiernos una excusa para no criticar a Pekín. Eran un biombo tras el que esconder las vergüenzas, una coartada para la indiferencia.  (...)

La censura global

Además de prácticas de otro tiempo –como censurar el acceso a los medios de comunicación extranjeros, limitar la financiación foránea a asociaciones civiles activistas y denegar visados a personas de otros países–, Pekín ha sacado el máximo partido al afán de lucro de las empresas para extender su censura a lo largo y ancho del planeta. Un inquietante desfile de empresas se ha doblegado ante el gobierno en estos últimos años por sus supuestas ofensas o porque algún empleado ha criticado a China.

La aerolínea Cathay Pacific, con sede en Hong Kong, amenazó con despedir a sus empleados hongkoneses que apoyaran o participaran en las protestas prodemocráticas de 2019. El director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, declaró a la BBC que, pese a disponer de una planta allí desde 2012, “no estaba al corriente” de la existencia de campos de internamiento que albergan a miles de musulmanes en Xinjiang. 

La cadena de hoteles de lujo Marriott despidió al director de redes sociales por darle un “me gusta” a un tuit que elogiaba a la compañía por considerar Tíbet como un país, prometiendo que “errores como ese no volverían a ocurrir”. PwC, el gigante de la consultoría, desautorizó una declaración publicada en un periódico de Hong Kong, según la cual los empleados de las Big Four apoyaban las protestas prodemocráticas. Por otra parte, Hollywood censura cada vez más sus películas, como sucedió cuando eliminó digitalmente una bandera taiwanesa de la chaqueta de Tom Cruise en la recién estrenada secuela de Top Gun.

Esta lista es muy reveladora. En primer lugar, pone en evidencia cuán pequeños e insignificantes son los desaires que provocan la ira dentro de China. Aun impidiendo a la mayoría de la población saber qué se opina en el extranjero mediante la Gran Muralla digital, y aunque el PCCh dedique una enorme cantidad de recursos a la censura en redes sociales y difunda su propia propaganda en el país, sus líderes aún se irritan ante las críticas extranjeras.

 Teniendo en cuenta esa sensibilidad, las empresas interesadas en hacer negocios con China a menudo se guardan su opinión y la de sus empleados, aunque no exista un decreto de Pekín. La lista también indica que la censura china está convirtiéndose en una amenaza mundial. Ya es preocupante que las empresas acaten las restricciones de la censura cuando operan dentro de China, pero es peor que esta sea impuesta a sus empleados y clientes en todo el mundo. (...)

 Salvo que queramos volver a una época en que los seres humanos somos peones manipulados y desechados al antojo de sus gobernantes, es necesario luchar contra el ataque del gobierno chino al sistema internacional de derechos humanos. Ahora es el momento de pronunciarse, pues están en juego décadas de progreso."                    (Kenneth Roth, Estudios de Política Exterior, Abril/Marzo, 2020)

20/1/20

Un juez da la razón a los animalistas que quitan perros a mendigos. El animal tiene derecho a vivir mejor y a recibir ayuda, pero el mendigo no... odio a los pobres disfrazado de amor a los animales...

"¿Vio usted el tuit viral sobre animalistas que robaban un perro a un mendigo en París (Francia)? Un juez acaba de avalar, precisamente, esa acción: arrebatar un can desvalido a una persona sin hogar. Ha absuelto a dos animalistas de la oenegé Vigilancia Solidaria que quitaron un animal a una mujer sin hogar que dormía en las calles de Barcelona.

 Según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, el magistrado Santiago García, titular de la sala de Instrucción número 29 de Barcelona, ha absuelto a Andrea y Rita, dos activistas proderechos de los animales, de un delito leve de apropiación indebida por quitarle la perra por la fuerza a Josefa, una mujer sin techo que pernoctaba con el animal en el paseo de Gracia en abril de 2018. El magistrado considera que las animalistas actuaron de forma irregular, aunque lo hicieron con la intención de proteger a Pitusa, de dos años de edad y, además, actuaron sin ánimo de lucro económico.

"Situación de extrema vulnerabilidad"


El juez descarta así que Andrea y Rita cometieran un delito tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal al plantarse ante Josefa y quitarle el pequeño animal. ¿Por qué? "Lo cierto es que la denunciante se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, residiendo en la calle, cuando se produce la actuación de las dos denunciadas", recuerda el ponente del fallo. Según él, las animalistas "obran con ánimo de proteger al animal y no para su apoderamiento ilícito lucrativo". Lo hicieron, además, enfrentándose a una ciudadana "que se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad social, afectada por trastornos de personalidad y consumo de alcohol, pernoctando en la vía pública de Barcelona en compañía de su perra".

Asimismo, el titular de la sala de Instrucción número 10 de Barcelona asevera que las vecinas de Barcelona ejecutaron una acción que "puede tacharse de irregular y no autorizada gubernativamente", aunque estima el ponente que dicha conducta --arrebatar la perrita Pitusa a la mujer sinhogar-- "no se adentraría en la esfera penal de que se acusa, por falta de elemento subjetivo de intención de lucro ilícito, propio de los delitos patrimoniales". Con este razonamiento, absuelve a las dos acusadas de la pena multa de 30 días que pedía la Fiscalía y la sanción de 2 meses a razón de 10 euros diarios que solicitaba la abogada de la acusación.


Animalistas: "La perra estaba sufriendo"


En conversación con este medio, una portavoz de Vigilancia Solidaria, la oenegé cuyas activistas fueron encausadas por el incidente, ha subrayado la "bondad" de la acción de la pareja de mujeres. "No fue un robo como tal. Esta persona había vivido antes en las calles de Tortosa (Tarragona), donde los servicios sociales ya le quitaron al menos una veintena de canes por tenerlos en mal estado". Según la asociación animalista, Pitusa, el yorkshire terrier que quitaron a la vecina sinhogar, "no estaba vacunada, no tenía chip y presentaba un aspecto deplorable; estaba sufriendo". Recuerdan desde Vigilancia que la entonces propietaria del animal "era alcohólica y tenía las facultades mentales alteradas, por lo que el animal estaba en situación de maltrato".


Asimismo, la organización proderechos de los animales carga contra la Fundació Arrels, decana en ayudar a las personas sin techo en Barcelona, ya que considera que "azuzó una querella penal innecesaria contra una oenegé cuando ellos no dejan entrar en sus refugios a las personas pobres con mascotas". Se refieren en concreto al hogar Pere Barnés, que opera la asociación filantrópica. En este centro solidario ingresó Josefa tras ver como los animalistas se llevaban a su perra. "Le vetaron la entrada con el can pero después la ayudaron a denunciarnos. Una ciudadana que necesita atención médica, psicológica y social, no participar en una querella penal", lamentan. ¿Cómo se encuentra ahora Pitusa, la perrita que se llevó la asociación? "Vive feliz con una familia que sí puede garantizar su bienestar", ha apostillado la misma representante."                (Ignasi Jorro, Crónica Global, 18/01/20)

7/1/20

“La ofensa al veganismo no es tan grave como a la raza o a la sexualidad”. En el “primer mundo” se comete el error de que los seguidores de diferentes estilos de vida tienden a arrogarse un privilegio...

"Para cualquier filósofo sin conocimientos sobre derecho es complicado pronunciarse sobre la sentencia del juez de Norwich que ayer consideró que el veganismo es “una creencia filosófica” y dictaminó que merece gozar del amparo de la Ley de Igualdad, aprobada en 2010 en Reino Unido para evitar que religiones y creencias sean objeto de cualquier forma de discriminación.

 “Podemos llegar al absurdo de que cualquier forma de vida se reivindique como un derecho; pero es un terreno peligroso. La ofensa al veganismo no es tan grave como a la raza, la sexualidad o la religión”, considera Germán Cano, profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares.

A su juicio, el problema es que en las sociedades avanzadas del “primer mundo” se comete el error de que los seguidores de diferentes estilos de vida tienden a arrogarse un privilegio. Cano sitúa la raíz de esa distorsión en la secularización de la sociedad y la progresiva pérdida de peso de la religión.

“Se da la circunstancia de que uno piensa que su estilo de vida, independientemente del que sea, se debe equiparar al peso que han tenido las religiones, y por eso buscan el encaje de su ideología en el ámbito del derecho”. 

A falta de que el tribunal se pronuncie sobre si el despido de Jordi Casamitjana, ciudadano británico de origen catalán que demandó a su empresa por despedirle como consecuencia de sus “declaradas convicciones veganas”, fue o no procedente, Cano cree que su argumentario de que se le discriminó por ser vegano es una “justificación extemporánea” que carece de sentido.

Jorge Rlechman, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerda que los ordenamientos jurídicos incorporan creencias filosóficas, una realidad que puede conducir a algunos ciudadanos a equívoco en cuanto a sus exigencias morales. “La declaración de derechos humanos de 1948, por ejemplo, tiene muchos principios filosóficos detrás, pero es complicado adaptar las diferentes creencias en un marco jurídico”.

Para Javier Morales, autor del libro El día que dejé de comer animales, más que una creencia filosófica, el veganismo es un movimiento político. “Si hablamos del marco regulatorio, lo que tendría sentido es que los gobernantes se preocupen por ofrecer opciones a los veganos en servicios públicos como los comedores de los hospitales o de los centros educativos”. En su opinión, esta corriente no se puede considerar una religión, sino una revolución con una fuerza similar a la del feminismo. “Luchamos para visibilizar a los animales y para erradicar las prácticas deplorables a las que los sometemos; los seres humanos no somos el centro del universo”.                   (Ana Torres, 04/01/20)

21/6/18

La administración norteamericana utilizó un algoritmo para decidir en qué casos una persona debe recibir atención en el hogar. De repente se cortaron muchas de esas ayudas, y ancianos que habían estado recibiendo cuidados en casa durante años se quedaron sin ella. ¿Qué había cambiado? El algoritmo no tenía en cuenta el contexto

"Su objetivo es acabar con las llamadas black boxes (cajas negras), sistemas automatizados y totalmente opacos que usan los gobiernos para decidir cuestiones fundamentales para la vida de las personas, como a quién conceden ayudas a la dependencia. 

"Nadie sabe cómo funcionan ni los criterios que se utilizan para entrenar a esas máquinas", denuncia la experta, a quien la Administración Obama encargó organizar unas jornadas sobre las implicaciones sociales de la inteligencia artificial en 2016.




Crawford participó la semana pasada en el Conversatorio sobre Inteligencia Artificial y su Impacto en la Sociedad, organizado por el Ministerio de Energía y Agenda Digital en Madrid, donde presentó las conclusiones de su informe Algorithmic Impact Assesment, una guía para detectar las injusticias y perfeccionar los algoritmos desde los poderes públicos.

Pregunta. El mundo digital está reproduciendo las desigualdades del mundo real. ¿De qué fuentes se extraen los datos para el entrenamiento de los algoritmos?

Respuesta. Hay que entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Para enseñarles a distinguir un perro de un gato le damos millones de imágenes de cada uno de esos animales. Los entrenamos para que aprendan a identificar. El problema es que esos mismos sistemas, esos software, los está usando la policía en Estados Unidos para predecir crímenes. 

Entrenan al algoritmo con fotos de procesados, con datos de los barrios en los que se registran más delitos o en los que más arrestos se han registrado. Esos patrones tienen un sesgo, reproducen estereotipos y el sistema de inteligencia artificial lo toma como única verdad. Les estamos inyectando nuestras limitaciones, nuestra forma de marginar.

P. ¿Esos datos se recopilan de Internet de forma aleatoria?

R. Se usan bases de datos. Una de las más populares y más usadas por las tecnológicas es Image Net, que contiene 13.000 imágenes. En el 78% de ellas aparecen hombres y el 84% de ellas, blancos. Esas son las referencias para cualquier sistema entrenado con ese kit. La forma en la que etiquetamos las imágenes está muy relacionada con nuestra cultura y nuestro constructo social. Image Net se creó recopilando fotografías de Yahoo News entre 2002 y 2004. 

La cara que más aparece es la de George W. Bush, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Hoy todavía es una de las bases de datos más utilizadas. Los sistemas de inteligencia artificial parecen neutrales y objetivos, pero no lo son. Te cuentan una versión muy particular de la historia.

P. ¿Qué empresas están interesadas en destinar recursos para analizar esos sesgos?

R. En Microsoft lo hemos hecho. En nuestro estudio Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker? detectamos que los hombres se asocian habitualmente con profesiones como políticos o programadores, y las mujeres con modelo, ama de casa, madre... Analizando cientos de textos se extraen esos patrones, esos estereotipos sociales que después replican los algoritmos.

 Por eso si buscas en Google imágenes la palabra médico, te aparecerán fotos de hombres con chaquetas blancas. Si pones enfermero, solo verás mujeres en hospitales. Cuando la gente ve eso automáticamente se refuerzan las formas más básicas de sesgo. Hay que empezar a cuestionar cómo se han construido esos sistemas.

P. En Europa todavía no es tan habitual que los gobiernos empleen la Inteligencia Artificial para la toma de decisiones. ¿Qué impacto está teniendo en Estados Unidos?

R. Los medios publicaron el pasado marzo cómo se está usando por parte de la administración un algoritmo para decidir en qué casos una persona debe recibir atención en el hogar. De repente se cortaron muchas de esas ayudas, y ancianos que habían estado recibiendo cuidados en casa durante años se quedaron sin ella. ¿Qué había cambiado? El algoritmo no tenía en cuenta el contexto y tomaba malas decisiones. 

Nadie había evaluado el sistema para ver cuánta gente se había quedado fuera. Fue un escándalo en Estados Unidos. Es un ejemplo de un sistema aplicado sin la suficiente investigación. Las personas con menos recursos económicos y menos nivel educativo son las que lo están sufriendo primero.

P. ¿Deberían los gobiernos hacer públicos esos algoritmos?

R. En uno de los informes que publicamos el año pasado en AI Now Research Institute, lanzamos una recomendación crucial: que los gobiernos dejen de usar sistemas algorítmicos cerrados. Tendrían que permitir a expertos independientes auditar esas fórmulas para detectar dónde están las flaquezas, los sesgos. Esa parte es muy importante para asegurar la igualdad de oportunidades. Nos dimos cuenta de que hasta ese momento nadie había publicado ninguna investigación sobre ese tema, no había ninguna guía. 

Formamos un equipo de expertos en derecho, ingeniería, ciencias de la computación, sociología y elaboramos un mecanismo para ayudar a los gobiernos a desarrollar un sistema transparente que permita a los ciudadanos conocer los detalles, si sus datos se han procesado de forma correcta. Si no, nunca sabrán cómo se ha tomado una decisión que afecta directamente a su vida, a su día a día.

P. ¿Han probado ya su método contra los sesgos con alguna administración?

R. Lo estamos probando con el ayuntamiento de Nueva York, es la primera ciudad en implementarlo de Estados Unidos. Estamos midiendo cómo afectan los algoritmos a los ciudadanos. También lo hemos presentado en la Comisión Europea y en España, donde en un mes se publicará el primer informe sobre las consecuencias de la IA encargado por el Ministerio a un comité de expertos. 

Espero que si finalmente se produce el cambio de Gobierno, salga adelante (esta entrevista se realizó antes de la moción de censura a Mariano Rajoy). Europa ha llegado tarde al juego y por eso tiene que aprender de los errores de Estados Unidos y China, países en los que más avanzada está la aplicación de la IA a la toma de decisiones pública.

P. Y las empresas como Facebook, ¿deberían estar obligadas a hacerlos públicos?

R. Mirar los algoritmos de Facebook o Google no nos ayudaría. Son sistemas masivos y complejos con cientos de miles de algoritmos operando al mismo tiempo, y están protegidas por el secreto industrial. Los gobiernos no van a usar esos algoritmos, van a crear sistemas públicos y por eso deben ser abiertos y transparentes. Igual no para el público en general, pero sí para comisiones independientes de expertos.

P. La inteligencia artificial está cada vez más presente en los procesos de selección de las empresas. ¿A qué tipo de perfiles perjudica esta tecnología?

R. En Estados Unidos hay una nueva empresa, Hirevue, que recluta nuevos perfiles para compañías como Goldman Sachs o Unilever usando inteligencia artificial. Durante la entrevista te graban y monitorizan 250.000 puntos de tu rostro para después analizar tus expresiones. Con esos datos determinan si serás un buen líder o si serás o no honesto. También estudian el tono de tu voz y sacan patrones de comportamiento.

 No podemos asumir que sabemos cómo es alguien por sus expresiones, no existe una base científica. En el siglo diecinueve se popularizó la frenología, que se basaba en descifrar aspectos de la personalidad con el análisis del rostro. Otro punto peligroso es que las empresas buscan personas que se parezcan a sus actuales empleados, y el impacto que eso tiene en la diversidad es tremendo. Están creando monoculturas.

P. ¿Cree que ha llegado el momento de desmitificar algunas creencias sobre la inteligencia artificial, como que las máquinas podrán tener conciencia? ¿Cuánto daño están haciendo algunos gurús?

R. Es una terrible distracción de los verdaderos problemas que genera hoy la IA. Habitualmente, son los más ricos y poderosos hombres de Silicon Valley los que más temen la Singularidad, la hipotética rebelión de las máquinas, porque no tienen otra cosa de la que preocuparse, de la que sentir miedo. 

Para el resto de nosotros, los temores van sobre cómo consigo un empleo, cómo llego a final de mes y pago mi alquiler, o cómo pago mi seguro médico. Pensar que las máquinas van a tener sentimientos es un malentendido, es no tener idea de cómo funciona la conciencia humana, que es imposible que una máquina replique.Tenemos cuerpo, unas conexiones muy complejas, que no son solo impulsos cerebrales.

Somos cuerpos en un espacio, viviendo en comunidad y en una cultura. La gente ve la palabra inteligencia artificial y piensa que estamos creando inteligencia humana, cuando lo que estamos haciendo es diseñar patrones de reconocimiento y automatización. Si lo llamásemos automatización artificial, el debate cambiaría totalmente."               (Entrevista a la investigadora de Microsoft, Kate Crawford, Ana Torres, El País, 18/06/18)

18/11/16

Si no matan focas, los 'inuit' mueren

"En plena ola de frío recala en España la activista y artista inuk (plural inuit, los mal llamados esquimales) Aaju Peter. 

Recibe en su habitación de un hotel barcelonés cerca del Museo de las Culturas del Mundo, donde luego ofrecerá una charla junto a la etnóloga Michèle Therrien y ejecutará una performance ceremonial con cantos tradicionales y toque de tambor. Hoy estará en Madrid. Las sábanas en la cama deshecha sugieren las blancas extensiones heladas del Ártico.

Peter, nacida en Groenlandia en 1960, reside desde 1981 en Iqaluit en el norte (muy norte) del Canadá, en la isla de Baffin. En su ciudad están hoy a 19 grados bajo cero. Abogada, madre de cinco hijos, es una defensora de la cultura y los derechos de su pueblo —y especialmente de las mujeres—, y se ha enfrentado a los animalistas reivindicando la costumbre ancestral inuit de la caza de focas. En 2012 recibió la medalla de la Orden del Canadá.


¿A quién detesta más, al explorador Robert Peary, que se aprovechó de los inuit y los trató tan desconsideradamente, o a Brigitte Bardot? Aaju Peter arquea las cejas, entre las cuales, como en la barbilla, manos y muñecas luce tatuajes tradicionales, pero sonríe. 

“Los inuit, por costumbre, no solemos odiar, no nos lo permitimos. Los enfrentamientos los solventamos con duelos cantados. Peary era un mentiroso arrogante, aunque he de recordar que no debo decir nada malo de nadie. 

En cambio apreciamos a Matthew Henson, que aprendió nuestras técnicas. Por eso sobrevivió, mientras que Franklin, por ejemplo, murió: ¡A quién se le ocurre llevar un piano al Ártico!”.

Henson era el explorador negro que acompañó a Peary en su ataque al Polo Norte en 1909. Le llamaban Miy Paluk, querido Matthew. También él, como su jefe, tomó concubinas inuit y tuvo descendencia mestiza.

Se ha hablado mucho de la permisiva sexualidad inuit, la poligamia, la cesión de la mujer al visitante, el lesbianismo alentado por las largas ausencias de los cazadores (la palabra arnaqatiminoortoq significa “mujer a la que le gustan las mujeres” y no tiene ninguna connotación negativa). 

“Somos criaturas sexuales, es parte de la naturaleza. Y algunas de esas costumbres que cita servían para paliar la escasa diversidad genética. Pero no quiero perpetuar estereotipos. Exploradores y balleneros dejaron su semen en el Ártico”. Eso sí que es congelar esperma. Peter ríe la broma. “Pero esos hombres no se preocuparon de la responsabilidad con los hijos que tuvieron...”.

Volviendo a BB... “No la conozco personalmente. Se equivoca, como los que quieren prohibirnos cazar focas. Nosotros dependemos de la caza de focas. Toda nuestra vida, nuestra cultura, nuestra economía gira en torno a ello. Impedirnos cazarlas es una forma de genocidio cultural. 

Hay muchas mentiras e hipocresía en torno a la caza de la foca. La que cazamos mayoritariamente es una especie muy prolífica, nunca ha estado en peligro de extinción y en los últimos años incluso se ha multiplicado: hay cerca de 14 millones de individuos. Son más que nosotros”.

Peter confía en que los animalistas y la sociedad occidental entera entiendan que la caza de focas es una actividad esencial para la pervivencia de los inuit. Mientras habla acaricia el colgante de plata en forma de foca que lleva al cuello. 

“Celebramos la foca”, dice. Sus manos tatuadas y de uñas azules resultan hipnotizantes. No ha visto la película de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche, que ficcionaliza el encuentro entre la esposa de Peary y la amante inuit del explorador, pero muestra un gran interés al hablarle de ella.

¿Porqué se aferran los inuit a ese mundo hostil? “Sabemos que en cinco minutos podemos morir. Vivir exige conocimiento y respeto. Pero es un lugar increíblemente bello”. Y, añade, de una intensa espiritualidad. “El cuerpo no es mucho, pero la mente se eleva allí como el ave en la tundra”.

¿Está buena la foca? “En realidad prefiero la ballena. Me encanta la ballena hervida. ¡Soy inuit!”.        (Entrevista a la activista inuit Aaju Peter, El País, 10/11/16)