"El azar ha querido que dos hechos coincidieran durante este mes de enero. Por un lado, el famoso youtuber español El Rubius
ha desatado la polémica por decir que se muda a Andorra para (entre
otras cosas) pagar menos impuestos y por otro lado los economistas
españoles Stuart Medina Miltimore y Miquel Bassart i Loré de la asociación de teoría monetaria moderna RedMMT han comenzado a traducir el libro de Warren Mosler con el título “Economía de la Divisa Blanda”.
Esta coincidencia temporal es una oportunidad perfecta para
desenmascarar la que a mi entender es la mentira más perniciosa y por
desgracia más extendida en el campo de la política económica. Dicha
mentira es, tal y como explica Mosler en su libro, aquella que sostiene
que los impuestos recaudados por los estados son los que financian el
gasto público. Esto es del todo falso y es absolutamente necesario que
la población tome conciencia de ello.
Los estados no recaudan impuestos
para poder gastar, sino que lo hacen por tres motivos: dar valor a su
moneda, intentar modular la inflación e incentivar/desincentivar las
diferentes actividades económicas. Para gastar los estados hacen uso de
tecleos informáticos en sus bancos centrales que crean dinero de la
nada, por eso el dinero actual recibe el nombre de dinero fiduciario.
Esto significa que el hecho de que El Rubius haya dejado de pagar
impuestos en España no tendría que significar que España tuviera menos
capacidad de gasto que antes si España abandonara el euro y la UE. Por
consiguiente, los ataques que está recibiendo este famoso creador de
contenidos deben cesar inmediatamente, no solo porque estos ataques
están totalmente injustificados, sino porque además demuestran un total
desconocimiento del sistema monetario actual.
La principal interesada en que la ciudadanía entienda las razones por
las cuales es falso de toda falsedad que los impuestos financien el
gasto corriente de los estados debería ser la izquierda, ya que esta
mentira es la responsable del retroceso abismal en el que están sumidas
actualmente sus posiciones. La idea de que en un sistema basado en el
dinero fiduciario como el actual es el dinero de los contribuyentes el
que determina las políticas de gasto público es una idea profundamente
reaccionaria.
Su origen se remonta a la década de 1970, cuando la
derecha neoliberal inició su imparable revolución conservadora. La
principal valedora de esta mentira fue Margaret Thatcher, quien en 1983
declaró: “no existe tal cosa como el dinero público, lo único que existe
es el dinero de los contribuyentes”.
La izquierda mordió el anzuelo. En vez de zafarse de esta idea, la
apretó con fuerza entre sus mandíbulas hasta que el anzuelo se le clavó
tan profundamente que se vio arrastrada hasta las redes conservadoras en
las que sigue presa. Pero todo anzuelo necesita un cebo. El cebo
utilizado por la derecha fue la equiparación de los estados a las
familias.
Así, igual que una familia necesita ahorrar para poder gastar y
no puede vivir indefinidamente mediante unos ingresos menores que sus
gastos, la derecha convenció a la izquierda de que con el estado (pese a
ser el emisor de moneda) pasa lo mismo.
Por tanto, el estado también
tendría, según esta retórica, que recaudar impuestos para poder gastar,
ya que los déficits públicos serían insostenibles en el largo plazo. Fue
de nuevo la Sra. Thatcher la que defendió esta idea de forma más
vehemente y afirmó: “no existe tal cosa como la sociedad; lo que hay son
hombres y mujeres individuales, así como familias”.
La reacción ya tenía preparado el anzuelo y el cebo de su mentira. La
crisis del petróleo y el colapso de la Unión Soviética hicieron el
resto. La pesca capturada fue la izquierda. A este ideario Margaret
Thatcher lo denominó la doctrina TINA, acrónimo en inglés de There Is No Alternative [No Hay Alternativa].
Hasta ese momento, tanto la URSS como el keynesianismo sí que habían
sido alternativas sólidas. El keynesianismo de posguerra, pese a
desarrollarse antes de la desaparición del patrón oro, y por tanto antes
de la aparición del dinero fiduciario no convertible, liberaba a los
estados de la dictadura de los déficits públicos y permitía políticas de
pleno empleo bajo la premisa de que si existe paro o recursos ociosos
es que el gasto público no es lo suficientemente elevado.
Por su parte,
la URSS vivió varias décadas de relativo bienestar hasta que el
empantanamiento gerontocrático surgido del golpe de estado de Breznev
desembocara en el criptocapitalismo de Gorbachov.
El patrón oro desaparece definitivamente el 15 de agosto de 1971.
Lo que podía haber sido la gran oportunidad de la izquierda para
congeniar políticas keynesianas y socialistas se vio truncada por la
crisis del petróleo. Los niveles de inflación y de paro aumentaron
debido a un aumento en el precio de las materias primas que nada tenía
que ver con las políticas de pleno empleo, pero que sin embargo fue la
oportunidad que la derecha utilizó para lanzar su gran ofensiva.
Al
electorado se le dijo que las políticas de pleno empleo y de bienestar
eran políticas confiscatorias que expoliaban el dinero de las denodadas
familias trabajadoras para transferirlo a los vagos y maleantes que
decidían no trabajar. Así fue como la crisis del petróleo se llevó por
delante a James Callaghan y a Jimmy Carter y dejó paso a la revolución
neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Por su parte, los partidos comunistas también fracasaron en sus
intentos por defenderse del tsunami neoliberal. La URSS seguía embarrada
en un modelo económico basado en un patrón oro que ya no existía, así
como en una ley histórica que vaticinaba un colapso inevitable del
capitalismo que nunca llegó a cumplirse. En occidente, el eurocomunismo
intentó alejarse de dicha ley histórica y plantear una alternativa
democrática hacia el socialismo.
El fracaso del eurocomunismo se vio
propiciado precisamente por su aceptación de que los impuestos financian
el gasto público. La política fiscal pasó a ser la nueva forma tomada
por la lucha de clases. Ya no se perseguía eliminar la propiedad privada
de los medios de producción, sino llevar a cabo políticas
redistributivas de la riqueza mediante la financiación de los estados
del bienestar con el dinero recaudado de los impuestos.
El neoliberalismo ya tenía a toda la izquierda, tanto a la
socialdemocracia como a lo que quedaba de los grandes partidos
comunistas de posguerra, donde quería, es decir, defendiendo la mentira
de que los impuestos financiaban el gasto público.
Para el neoliberalismo el resto del camino hasta el día de hoy ha
sido muy sencillo. Los partidos de la derecha pasaron a ser los
representantes de los trabajadores exitosos. Estos trabajadores
defienden con orgullo que gracias a su esfuerzo y dedicación tienen
trabajo. Por eso pueden proveer a sus familias de buenos estándares de
vida. Se enorgullecen de no necesitar al sector público, al cual
consideran como un expropiador de su dinero y de sus recursos. Para
ellos, el sector público debe reducirse a la mínima expresión, ejército,
policía, adjudicatura y poco más. El sector público es de pobres.
La izquierda se ha convertido en la opción de los marginales y de las
clases medias con mala conciencia por, precisamente, haber logrado
buenos estándares de vida en un sistema que consideran injusto, pero al
cual ya no quieren renunciar. Por eso lavan su conciencia mediante la
política fiscal. Pagar muchos impuestos es lo que nos tranquiliza por
las noches para poder dormir, es la opción ética, es lo que nos
reconecta con nuestros ideales de igualdad de nuestros orígenes, es, en
definitiva, lo correcto.
Como no podía ser de otra manera, el que gana en este orden de cosas
es siempre el neoliberalismo. Es la izquierda la que permanentemente
tiene que hacer concesiones para ganarse a los electores de la derecha,
nunca al contrario, y al final siempre gana la banca.
¿Dónde está la alternativa ganadora para la izquierda? En la obra de Warren Mosler y en la teoría monetaria moderna
(TMM) en general. La TMM pone al descubierto el verdadero carácter del
dinero fiduciario y su funcionamiento. Para empezar, los estados son los
únicos emisores de moneda nacional. Por tanto, la moneda nacional
utilizada para llevar a cabo el gasto público no surge de los impuestos,
sino de los bancos centrales.
Los estados no se pueden quedar sin su
propia moneda por mucho que gasten, ya que el dinero no es una mercancía
sino meros apuntes contables. Esto significa que todo aquello que esté a
la venta en moneda nacional puede ser comprado por el Estado. Esto
incluye la mano de obra desempleada.
Por consiguiente, el Estado debería
emplear a todo aquel que no encuentre trabajo mediante un plan de trabajo garantizado
que sirva por una parte para garantizar el pleno empleo permanente por
ley y por otra de estabilizador automático de los precios, de manera que
el pleno empleo no implique un aumento de la inflación (punto débil de
la propuesta keynesiana).
En este orden de cosas, la inflación no aparecerá hasta superado el
nivel de pleno empleo de los recursos reales de la economía. Ese punto,
el de pleno empleo sin inflación (al que he bautizado como punto Lerner),
es el que debe marcar el nivel de gasto público correcto. El nivel de
déficit o de superávit público es irrelevante, lo único a lo que hay que
atender es al pleno empleo sin inflación.
El modelo tributario que propone Mosler en su libro no es nada
popular entre las mansiones de Galapagar, ya que se basa en un impuesto a
los bienes inmuebles que sustituya a todos o la mayoría de impuestos
actuales porque “hacer que se cumpla es mucho más sencillo, genera una
demanda de gasto público más estable y no desincentiva las
transacciones”.
Una propuesta compatible con esta idea aplicada al caso
de España la encontramos en el libro “La especulación inmobiliaria y el silencio de los Corderos”
(de Fernando Scornik Gerstein y Fred Harrison). Allí encontramos una
propuesta para reformar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) según
estas líneas:
- Aumentar mucho el impuesto inmobiliario hasta que sea similar al de otros países europeos.
- Disminuir otras cargas fiscales y establecer eximentes para viviendas modestas ocupadas por su propietario.
- El impuesto inmobiliario debe recaer sobre el valor del suelo libre
de mejoras, ya que es el suelo y no las mejoras el que aumenta de
precio.
- A medida que se aumente el impuesto inmobiliario deben ir bajando o desapareciendo otros impuestos.
- Gravar el plusvalor de la tierra urbana para luchar contra la especulación.
- Gran aumento de los gravámenes sobre las transacciones inmobiliarias
especulativas, es decir, las que se hacen dentro de un cierto período
de años tras la adquisición, tal como y como por ejemplo pasa en
Alemania y Austria.
En el caso de las viviendas en propiedad y en régimen de alquiler
abierto, el Estado debería gravarlas con respecto a su valor catastral
actualizado. Por ejemplo, si el valor catastral del suelo y de la
vivienda en propiedad de una persona fuera de un 1.000.000 €, esa
persona tendría que pagar en impuestos todos los años 10.000 € si el IBI
fuera del 1%, 20.000 € si el IBI fuera del 2 %, etc. Las personas que
residan en régimen de alquiler abierto no pagarían impuestos al estado,
ya que el impuesto a los bienes inmuebles se lo repercutiría el dueño de
su vivienda en el alquiler.
A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de
manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler
público. Una propuesta de estas características la encontramos en el
libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”,
donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler
público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo
cual considero que es un nivel razonable.
Esta propuesta sumada al pleno
empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría
los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado
porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda
nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la
inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres
en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que
competir con la oferta de alquileres públicos.
El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno
mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal
disminuiría enormemente.
Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de
exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al
euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de
manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel
práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor
calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente. Sus
reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la
capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente
su nivel de déficit.
Por consiguiente, los países que como España
pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto
vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el
gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por
tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de
gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del
proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad
de El Rubius.
A esto habría que añadir una política de vivienda garantizada de
manera que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda de alquiler
público. Una propuesta de estas características la encontramos en el
libro de Bernie Sanders “Nuestra Revolución”,
donde este senador norteamericano propone que el precio del alquiler
público no debe superar el 25% de los salarios de sus inquilinos, lo
cual considero que es un nivel razonable.
Esta propuesta sumada al pleno
empleo garantizado mediante los planes de trabajo garantizado cumpliría
los tres cometidos de los impuestos: daría valor al dinero del estado
porque los alquileres públicos y el IBI tendrían que pagarse en moneda
nacional, serviría para modular la demanda agregada y por tanto la
inflación, y evitaría la especulación inmobiliaria porque los alquileres
en régimen abierto y la venta de viviendas en propiedad tendrían que
competir con la oferta de alquileres públicos.
El nivel correcto del IBI sería el que le permitiera al Gobierno
mantener la estabilidad general de precios. Además, el fraude fiscal
disminuiría enormemente.
Fijémonos ahora en el caso de El Rubius. Esta propuesta que acabo de
exponer es actualmente imposible en España debido a su pertenencia al
euro y a la Unión Europea. España utiliza el euro, pero no lo emite de
manera soberana, por tanto el esquema de la TMM no puede darse a nivel
práctico en nuestro país. La Unión Europea es el organismo de mayor
calado dentro de la revolución conservadora expuesta anteriormente.
Sus
reglas fiscales imponen un límite de déficit del 3%. Esto limita la
capacidad de gasto de los estados, ya que les impide decidir libremente
su nivel de déficit. Por consiguiente, los países que como España
pertenecen a la UE eligen libremente renunciar a la posibilidad de gasto
vía déficit ilimitado que tienen los países soberanos. Eso hace que el
gasto del sector público dependa de la recaudación de impuestos. Por
tanto, es cierto que la decisión de El Rubius limita la capacidad de
gasto de España, pero solo porque España ha decidido formar parte del
proyecto reaccionario y neoliberal de la UE, y eso no es responsabilidad
de El Rubius." (Carlos García, redmmt, 29/01/21)
