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30/1/24

Cuando tres presidentas de las universidades más importantes de Estados Unidos son interrogadas en una audiencia de la Cámara de Representantes y las tres son juzgadas por no haber defendido la autoridad moral de sus universidades, llega la hora de la verdad para las universidades, no solo de EE.UU. sino de todo el mundo... la universidad es un lugar de debate continuo en el aula, en el comedor, junto a la máquina de café o en el bar después del trabajo, sobre lo que es verdadero, bueno y posible. Quienes aman las universidades lo hacen porque son comunidades unidas, no en torno a una política compartida o a un consenso sobre las controversias que atormentan nuestro mundo, sino en torno a un compromiso común con los cánones de la investigación y la enseñanza científicas y académicas... Esto no condena a las universidades al equívoco moral. Pueden insistir en que sus debates sean cívicos, y deben sancionar a cualquiera que intimide a otros o utilice el miedo o la violencia para imponerse. Deben animar a sus miembros a hablar en su propio nombre. Pero dilapidan cualquier autoridad que tengan y dividen a sus propias comunidades cuando ceden a las exigencias de que digan a la sociedad lo que debe pensar, o peor aún, cuando permiten que unos políticos prepotentes pretendan imponerles en tromba las opiniones que ellos quieren que sostengan (Michel Ignatieff)

 "Cuando tres presidentas de las universidades más importantes de Estados Unidos son interrogadas en una audiencia de la Cámara de Representantes y las tres son juzgadas por no haber defendido la autoridad moral de sus universidades, llega la hora de la verdad para las universidades, no solo de EE.UU. sino de todo el mundo. 

Y a la hora de la verdad, las preguntas para las universidades, no solo allí, son cuál es su autoridad moral, cuál su deber para con sus estudiantes y profesores y cuál su deber para con la sociedad en general. En opinión de la mayoría de los observadores, incluso de los que pertenecen a sus propias universidades, las tres presidentas estadounidenses fallaron porque permitieron que los políticos las intimidaran y que una audiencia política las incriminara como unas pusilánimes cautivas de una ideología de izquierdas antisionista, políticamente correcta y a favor de la justicia social.

 Dieron respuestas de abogado a preguntas políticas que exigían respuestas directas. Deberían haber dicho: «Sí, creemos que siempre está mal instar a que se mate a los judíos, instar a que Israel deje de existir. Sí, creemos que quienes se manifiestan a favor de esto en el campus deben ser sancionados». Pero no, dijeron: «Depende del contexto». Un craso error, que le ha costado el puesto a una de ellas.

La cuestión es qué tipo de error fue. ¿Eran esclavas de la ideología progre, estaban tan comprometidas con las denuncias antisionistas de Israel como un Estado con un régimen de 'apartheid' «colonialista de asentamientos» que eran incapaces de condenar sentimientos claramente asesinos? Esto es lo que los políticos republicanos conservadores querían hacer creer a EE.UU. y al mundo. Se trata de una vieja línea de ataque. 

En las guerras culturales que han dividido la política estadounidense durante treinta años, los republicanos se han salido con la suya presentando a las universidades como bastiones de la corrección política de izquierdas. Pero eso es una fábula. Es cierto que en los campus de EE.UU. las modas izquierdistas absurdas no se acaban nunca. Pero estas instituciones son demasiado pluralistas, diversas y competitivas como para permitir que una sola ideología, especialmente una tan ridícula como la 'woke' [literalmente «despierto», un movimiento que defiende la justicia social], se apodere de ellas.

Las tres desdichadas presidentas no eran apologistas voluntarias de la corrección política sino gestoras asediadas de unas comunidades divididas. También intentaban defender principios opuestos. Pretendían equilibrar los principios de la libertad de expresión, consagrados en la Constitución de EE.UU., con el deber de la universidad de proteger a los estudiantes, especialmente a los judíos, pero también a los árabes y a los palestinos, de una retórica que fuera más allá de la ofensa y pudiera inducir a unos cuantos fanáticos a cometer actos de violencia. La retórica que permite una universidad sí depende, como dijeron las presidentas, del contexto. EE.UU., a diferencia de muchos países europeos, permite discursos tan extremos y ofensivos como la negación del Holocausto. La Constitución establece que el Congreso no deberá aprobar ninguna ley que limite la libertad de expresión. Lo establece así para salvaguardar la libertad de expresión que los padres fundadores consideraban esencial para una política libre.

El contexto que importa es si esta retórica deja de ser un discurso ofensivo pero intrascendente y se convierte en una incitación a cometer actos de odio. En ese caso, la universidad debe actuar: sancionar y, si es necesario, destituir a los responsables de que los debates conflictivos de una universidad se conviertan en un hervidero de miedo y aversión. Sería tentador creer que esos campus son un hervidero de este tipo, pero no lo son. Por el contrario, son comunidades pacíficas que polemizan vehementemente sobre la catástrofe de la guerra en Gaza. Así es como debe ser. Las universidades existen para debatir estas cuestiones y aprender de ellas.

En momentos de crisis, los políticos no pueden evitar sacar partido de las divisiones. Cualquiera con un poco de memoria histórica recordará que, en plena Guerra Fría, los conservadores del Congreso celebraron audiencias para erradicar a los comunistas de los organismos públicos y de las universidades y trataron de obligarles a instituir juramentos de lealtad. Con recuerdos así, las universidades tienen buenas razones para insistir en su derecho a gobernarse a sí mismas, establecer sus normas de disciplina y resistirse a cualquier llamamiento externo para castigar o restringir la libertad de expresión. La cuestión más amplia es qué «autoridad moral» ejercen las universidades en momentos de controversia política. Muchos, dentro y fuera de los campus, creen que estas tienen el deber sagrado de pronunciarse sobre cuestiones morales y políticas. Cuando Claudine Gay, de Harvard, tardó en denunciar las inexcusables atrocidades de Hamás el 7-O, uno de sus predecesores, Larry Summers, denunció su «abdicación moral». En otras universidades, alumnos y profesores judíos han exigido que sus instituciones «hablen claro» y denuncien a Hamás.

A las universidades les gusta presumir de su importancia moral, pero no es tan evidente que puedan hablar con una sola voz. Tampoco está claro que deban hacerlo. Cualquier universidad moderna es una comunidad pluralista, reclutada en todo el mundo, el hogar de hombres y mujeres de diferentes religiones, razas, opiniones e historias nacionales. No es una unidad política que aspire a reunir a sus partidarios en torno a la conquista del poder, y tampoco es una ONG que pretenda aglutinar apoyos en favor de un objetivo compartido. 

Es un lugar de debate continuo en el aula, en el comedor, junto a la máquina de café o en el bar después del trabajo, sobre lo que es verdadero, bueno y posible. Quienes aman las universidades lo hacen porque son comunidades unidas, no en torno a una política compartida o a un consenso sobre las controversias que atormentan nuestro mundo, sino en torno a un compromiso común con los cánones de la investigación y la enseñanza científicas y académicas. 

Estos cánones son algo más que criterios para la buena ciencia y la buena investigación. Son una disciplina moral que exige que nos preocupemos por los hechos, que descartemos una hipótesis cuando no se ajuste a las pruebas, que escuchemos las críticas, que modifiquemos las ideas cuando se insinúen otras mejores y que iluminemos el camino hacia el conocimiento, a la luz de la verdad y no con el falso resplandor de la ideología. Ninguno de nosotros estará nunca plenamente a la altura de este ideal, pero la autoridad moral de una universidad reside en su devoción a la verdad, no en su capacidad como institución para respaldar posiciones moralistas. No puede hablar con una sola voz si de verdad desea respetar la pluralidad de voces que hay entre sus muros. 

 Esto no condena a las universidades al equívoco moral. Pueden insistir en que sus debates sean cívicos, y deben sancionar a cualquiera que intimide a otros o utilice el miedo o la violencia para imponerse. Deben animar a sus miembros a hablar en su propio nombre. Pero dilapidan cualquier autoridad que tengan y dividen a sus propias comunidades cuando ceden a las exigencias de que digan a la sociedad lo que debe pensar, o peor aún, cuando permiten que unos políticos prepotentes pretendan imponerles en tromba las opiniones que ellos quieren que sostengan."

(Michel Ignatieff, profesor de Historia en la Universidad Central Europea de Viena,  Revista de prensa, 17/12/23; fuente:  ABC)

1/9/23

“En EEUU se está restringiendo lo que los profesores de Historia podemos decir y hacer en el aula”... en Historia, las pautas de Florida rara vez incluyen temas de género y sexualidad. Así que desde la AHA emitimos una declaración que planteaba una serie de preguntas: ¿Significa esto que cuando se habla de la Revolución Americana, no se puede mencionar el matrimonio [heterosexual] entre John y Abigail Adams? Los miembros del Consejo de Educación respondieron de forma bastante dramática. “¿Por qué los historiadores intentan sexualizar a los niños?”

 "La guerra cultural de la derecha norteamericana contra las escuelas, las universidades y los profesores de Historia –disfrazada como una cruzada contra los “conceptos divisivos” (como el racismo) y la “teoría crítica de la raza”– no da señales de amainar. Según un proyecto de seguimiento de la Facultad de Derecho de la UCLA, desde septiembre de 2020, “un total de 229 entidades gubernamentales locales, estatales y federales de todo Estados Unidos han presentado 750 proyectos de ley, resoluciones, órdenes ejecutivas, cartas de opinión, declaraciones y otras medidas contra la Teoría Crítica de la Raza”. Mientras tanto, crece la sensación de inseguridad entre las y los profesores. 

Brendan Gillis, historiador colonial de los Estados Unidos y del Imperio Británico, supervisa las iniciativas de enseñanza y aprendizaje de la Asociación Histórica Americana (AHA), que fue fundada en 1884 y, con sus más de 11.000 miembros, es la mayor organización gremial de historiadores profesionales del mundo. Desde su puesto en la AHA, Gillis tiene el ojo puesto en los retos a los que se enfrentan los profesores de historia de todo Estados Unidos. Colabora en la iniciativa “Libertad para aprender” de la AHA, a través de la cual la organización responde a las nuevas leyes y crea recursos para los profesores afectados. Este verano, Gillis ha dirigido el primer taller de desarrollo profesional de la AHA para 40 educadores de secundaria. Hablé con él a finales de julio.

¿Por qué han decidido ofrecer un taller para profesores de secundaria ahora?

Teniendo en cuenta lo tensas que se han vuelto las cosas en el ámbito de la educación y viendo que estas cuestiones han atraído el interés de algunos actores alevosos, pensamos que es importante dar más apoyo a profesores de secundaria y primaria.

¿Actores alevosos?

Es una palabra demasiado fuerte. Digamos que algunos grupos que trabajan para remodelar la política educativa se mueven por agendas que van más allá de lo meramente profesional. Desde luego, la Historia siempre ha sido controvertida, y la forma en que la enseñamos siempre ha tenido una dimensión política. Pero desde 2020, después de la Comisión de 1776 de Trump y la conciencia emergente de que la “teoría crítica de la raza” como concepto de moda podría movilizar energías en un lado del espectro político, la Historia y la Educación Cívica se han convertido en un campo de batalla a nivel nacional. Esto significa que, de repente, hay mucho dinero canalizándose hacia la enseñanza de la Historia. Por supuesto, hay un montón de buenas organizaciones que se centran en equipar a los profesores con las habilidades, el conocimiento y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo. Pero también hay otros grupos que dicen ofrecer desarrollo profesional, cuando en realidad pretenden intervenir en las guerras culturales. Existe la sensación en la derecha, y entre algunas figuras intelectualmente conservadoras del ambiente educativo, de que éste es un momento de crisis: que el dominio de lo woke de las escuelas de educación ha ido demasiado lejos y que necesitamos algún tipo de intervención drástica para reconstruir la educación desde cero.

¿Logran tener algún impacto?

En algunos lugares, sí. El ejemplo emblemático quizá sea Dakota del Sur, un estado que acaba de revisar de arriba abajo sus pautas para las asignaturas de Estudios Sociales. Normalmente, estas son normas elaboradas por profesionales: comités de profesores, historiadores y líderes comunitarios. Ahora bien, el año pasado el Consejo Estatal de Educación optó por desechar un borrador revisado que se había desarrollado y examinado durante muchos meses. Contrataron a un consultor, un profesor jubilado de Hillsdale College [una institución notoriamente conservadora], para que reescribiera las normas estatales de Estudios Sociales desde cero. Fue una revisión estructural con enormes implicaciones para los distritos escolares locales, que ahora tendrán que reasignar o reformar a los profesores.

¿Qué cambios ha habido?

Entre otras cosas, las nuevas normas restan importancia a la historia del propio Estado de Dakota del Sur [el tercer estado con mayor proporción de población indígena]. Sin embargo, a pesar de las enormes protestas que se produjeron en las audiencias públicas, en las que todos, desde los sindicatos de profesores hasta las naciones tribales, se manifestaron en contra de las nuevas normas, éstas se acabaron aprobando. Y además, para la tarea de formar a los profesores en estas nuevas normas, el Departamento de Educación de Dakota del Sur ha recurrido a organizaciones conservadoras.

 Yo sabía de las leyes sobre “conceptos divisivos”, pero no me había dado cuenta de que la derecha también tiene el ojo puesto en las pautas. 

La verdad es que las leyes sobre conceptos divisivos han sido en muchos casos el primer frente de la campaña para reformar la educación pública en este país. Las pautas estatales son el frente siguiente. Son importantes porque establecen puntos de referencia para evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada asignatura. En Virginia, el Consejo Estatal de Educación intentó llevar a cabo una revisión radical de todo el marco didáctico oficial para Historia y Estudios Sociales. En agosto de 2022, el Consejo rechazó un borrador revisado que había sido elaborado mediante el proceso habitual, democrático e inclusivo. Después, el superintendente de Educación del Estado contrató a un consultor para que elaborara a toda prisa otro marco didáctico, que terminó tomando prestado muchos elementos del marco propuesto por la llamada Civics Alliance bajo el concepto de American Birthright (Patrimonio Norteamericano). En Colorado, una moción para sustituir las pautas para los Estudios Sociales directamente por ese marco conservador fracasó por solo un voto. Algo parecido ocurrió también en Ohio.

¿Cuáles son los límites de lo que la AHA cree que debe o puede hacer, y en qué se diferencia de otras organizaciones que se han opuesto a la nueva legislación, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP)?

Lo que estamos viendo con la legislación de conceptos divisivos, así como los esfuerzos por utilizar las pautas estatales para reorientar la educación pública, no tiene precedentes. Se trata realmente de un esfuerzo por utilizar el poder estatal para restringir lo que los profesores pueden decir y hacer en el aula. Como AHA, queremos asegurarnos de que los profesores tengan la formación, los conocimientos y el apoyo que necesitan para enseñar profesionalmente, para compartir conocimientos históricos y hábitos mentales con sus alumnos, sin interferencias de personas que intentan restringir sus libertades.

 Jim Grossman, director ejecutivo de la AHA, fue uno de los primeros críticos de la legislación sobre conceptos divisivos. Señaló que estas leyes, tal y como están redactadas, harían ilegal parte del trabajo básico que nosotros realizamos como historiadores y educadores. Por ejemplo, el Consejo de Educación de Florida, en un documento en el que explicaba cómo se aplicaba la ley apodada “Don’t Say Gay” (‘No digas gay’) a la educación primaria y secundaria, decía que los profesores desde educación infantil hasta sexto grado no podían decir nada que tuviera que ver con el concepto de la orientación sexual. Pero después de un recurso judicial hubo una revisión, según la cual los profesores sólo pueden abordar los temas de género y sexualidad en contextos en los que las normas estatales lo obliguen expresamente. 

Ahora bien: se da el caso de que, en Historia, las pautas de Florida rara vez incluyen temas de género y sexualidad. Así que desde la AHA emitimos una declaración que planteaba una serie de preguntas: ¿Significa esto que cuando se habla de la Revolución Americana, no se puede mencionar el matrimonio [heterosexual] entre John y Abigail Adams? ¿Está prohibido apuntar que la imagen del presidente Theodore Roosevelt se asociaba con cierta masculinidad robusta? 

¿Cómo contestó el estado?

Los miembros del Consejo de Educación respondieron de forma bastante dramática. “¿Por qué”, tuiteó uno de sus vocales, “los historiadores intentan sexualizar a los niños?” Lo que queríamos decir, por supuesto, no es que se esté tratando de prohibirnos que enseñemos elementos fundamentales de la historia, sino que estas nuevas políticas, interpretadas literalmente, prohibirían a los profesores hacer su trabajo.

 Es posible que muchas de estas leyes contra los “conceptos divisivos” acaben siendo derrotadas en los tribunales. Pero como parte de una guerra cultural más amplia, pueden tener un efecto amedrentador sobre el profesorado. 

Ya lo están teniendo. Los profesores de Florida están muy preocupados, sobre todo los más jóvenes, porque a menudo no saben lo que pueden o no pueden enseñar. La controversia en torno a las nuevas pautas de Historia Afroamericana en las últimas semanas es un buen ejemplo. Mucha gente está más confundida de lo que estaba antes de que se publicaran las nuevas normas. En declaraciones públicas, además, algunos funcionarios de Educación de Florida dejan claro que no les temblará el pulso a la hora de despedir a profesores que no se atengan a las normas. Este ambiente hostil está produciendo efectos notables. La Rand Corporation, por ejemplo, publicó un estudio que encontró pruebas estadísticamente significativas de un efecto amedrentador, especialmente relacionado a los temas de género y raza. Un grupo de investigación de la Universidad de California en Riverside, por otra parte, realizó un estudio similar en el que se documentaba la alarma y la preocupación de muchos profesores por la forma en que la política se cruza cada vez más con el trabajo que realizan. Una de las conclusiones claras es que muchos distritos escolares están dejando de enseñar cualquier tema que pueda causar polémica. La opción más fácil es no enseñar nada que se pueda relacionar con la actualidad.

 Lo que más me sorprende es la desconfianza generalizada hacia los profesores y los historiadores.

Parte del problema, para mí, es que no estamos teniendo suficientes conversaciones que unan a la gente. A veces parece que vivimos realidades distintas. Por ejemplo, ha habido una oleada de proyectos de ley estatales que intentan obligar a las universidades públicas a impartir cursos introductorios de Historia de Estados Unidos que incluyan una serie de documentos fundacionales: la Declaración de Independencia, la Constitución, etcétera. Estas leyes se presentan como una especie de medida punitiva basada en la suposición de que los historiadores y los profesores se niegan a enseñar la historia de Estados Unidos. Pero cualquiera que conozca a un profesor de Historia, sabrá que por lo general nos encanta incluir documentos así. Si algo nos gustaría es tener más tiempo en las aulas para tratar la Revolución, la Constitución y otros documentos fundacionales. Por eso nos parece absurdo que se presenten proyectos de ley estatales insistiendo en que se nos obligue a hacerlo.

Los políticos y los padres no tienen ningún reparo en rechazar el criterio experto.

En Carolina del Norte, el estado no sólo ordenó qué documentos debían enseñarse, sino que además estipuló que estos tenían que evaluarse en un examen final con un formato que nosotros, como educadores, sabemos que es ineficaz en términos didácticos. Ahora bien, cuando el profesorado universitario se opuso al proyecto de ley por este motivo, Fox News recogió la noticia diciendo: “¡El profesorado de Carolina del Norte ya no quiere enseñar la Constitución!”. Por otra parte, me consta que muchos demócratas están convencidos de que los republicanos no quieren enseñar la historia de la esclavitud, cuando la verdad es que muchos republicanos creen que la esclavitud debería formar parte de cualquier curso de Historia.

 O sea, que el desacuerdo es menor de lo que parece.

Si nos fijamos en los datos de las encuestas, en realidad hay mucho más consenso en lo que se refiere a la enseñanza de la Historia de lo que a muchos expertos les gustaría admitir. Lo que nos preocupa, como AHA, es que grupos que operan al margen de ese consenso intenten aprovechar este momento como una oportunidad para promulgar un cambio radical.

¿Hay esperanza?

Lo alentador es que muchos cargos electos están abiertos a lo que tenemos que decir los historiadores profesionales universitarios. En lo que se refiere a la política educativa, hay mucha desconfianza hacia los profesores de primaria y secundaria, pero muchos funcionarios desprecian menos a los académicos. Por eso, si un historiador profesional viene y dice: “Lo que están intentando obligar a hacer a estos profesores de primaria y secundaria es imposible”, le escucharán mejor que a los propios profesores. Si hay algo que estoy predicando ahora mismo, por tanto, es la solidaridad. En muchos contextos, los profesores de primaria y secundaria se sienten muy presionados, pero muchos aliados potenciales están demasiado callados. Podemos hacer mucho para apoyarnos mutuamente y preservar la integridad profesional básica de nuestro trabajo frente a los esfuerzos autocráticos por interferir en lo que hacemos en el aula."                (Sebastiaan Faber   , CTXT, 29/08/2023)

15/3/23

Estados Unidos está prohibiendo libros a un ritmo frenético... Las prohibiciones actuales de libros son impulsadas principalmente por políticos populistas de derecha y grupos de padres que afirman proteger a las comunidades cristianas sanas y orientadas a la familia de la decadencia del Estados Unidos urbano... aunque, ciertamente, la ofensiva de derecha contra la libertad académica es más peligrosa que las alergias literarias de la izquierda... Los progresistas que quieren impedir que se enseñe Huckleberry Finn en las escuelas o exigen que se eliminen palabras como «gordo» de los libros para niños de Roald Dahl siguen la misma lógica, tampoco quieren que los niños se sientan ofendidos, quieren que los niños se sientan bien consigo mismos, no que aprendan a absorber información y pensar por sí mismos... o sea, cierta retórica progresista le está otorgando ventajas a la derecha populista

 "Estados Unidos está prohibiendo libros a un ritmo frenético. Según PEN America, se prohibieron 1648 en las escuelas públicas del país entre julio de 2021 y junio de 2022. Se prevé que la cantidad aumentará este año a medida que las organizaciones y los políticos conservadores intensifiquen sus esfuerzos para censurar obras que se ocupan de la identidad sexual y racial.

Los estados controlados por los republicanos, como Florida y Utah, implementaron medidas enérgicas contra las bibliotecas escolares en los últimos meses, y prohibieron obras que tratan cuestiones raciales, de género y sexuales, como Cómo ser antirracista, de Ibram X. Kendi, y Género Queer: una autobiografía, de Maia Kobabe. En algunas zonas de Florida se indicó a las escuelas que limiten el acceso a los libros sobre raza y diversidad, y se les advirtió que los maestros que compartan «materiales obscenos y pornográficos» con los alumnos podrían ser sentenciados a cinco años de prisión. En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster señaló al libro de Kobabe —que en 2020 ganó el Premio Alex de Literatura para Jóvenes Adultos de la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses— como un ejemplo de «materiales obscenos y pornográficos».

Las prohibiciones actuales de libros son impulsadas principalmente por políticos populistas de derecha y grupos de padres que afirman proteger a las comunidades cristianas sanas y orientadas a la familia de la decadencia del Estados Unidos urbano. Por definición, los libros para niños con personajes LGBTQ+ entran en su definición de pornografía.

Tal vez Ron DeSantis, gobernador de Florida y probable candidato a presidente, sea el principal defensor de la censura estatal y la prohibición de libros modernos. El mes pasado DeSantis y sus aliados de la Cámara de Representantes del Estado presentaron un nuevo proyecto de ley que prohibiría a las universidades e institutos de educación superior apoyar actividades en los campus que «propugnen la retórica de la diversidad, equidad e inclusión, o de la teoría crítica de la raza». La propuesta también busca eliminar a la teoría crítica de la raza, los estudios de género y la discriminación interseccional, así como a toda «derivación, grande o pequeña, de esos sistemas de creencias» del plan académico.

Pero aunque los progresistas de izquierda hacen menos pedidos para prohibir libros, también pueden mostrarse intolerantes frente a la literatura que los ofende: clásicos como Matar a un ruiseñor y las aventuras de Huckleberry Finn fueron quitados de algunas listas de lectura escolares por sus comentarios racistas y porque pueden «marginar» a ciertos lectores.

Ciertamente, la ofensiva de derecha contra la libertad académica es más peligrosa que las alergias literarias de la izquierda. Lo interesante, sin embargo, es cuánto tienen en común la intolerancia de izquierda y la de derecha. Los populistas de derecha como DeSantis tienden a imitar la retórica progresista sobre la «inclusión» y la «sensibilidad» en el aula. Se debe proteger a los alumnos blancos, afirman, del aprendizaje sobre la esclavitud o el papel de la supremacía blanca en la historia estadounidense porque podría disgustarlos y hacerlos sentir culpables.

Los progresistas que quieren impedir que se enseñe Huckleberry Finn en las escuelas o exigen que se eliminen palabras como «gordo» de los libros para niños de Roald Dahl siguen la misma lógica. Ellos tampoco quieren que los niños se sientan ofendidos o «que están de más». Su idea de la educación es similar a la terapia: el objetivo es que los niños se sientan bien consigo mismos, no que aprendan a absorber información y pensar por sí mismos.

La imitación de derecha de la jerga de izquierda se puede entender como una forma de revancha de mala fe. Después de todo, la fuerza que impulsa al puritanismo conservador en EE. UU. siempre fue el fundamentalismo, no la inclusión. Pero el dogmatismo religioso está íntimamente ligado al miedo a ser ofendidos. La controversia posterior a la publicación de Los versos satánicos de Salman Rushdie en 1988 es un claro ejemplo. Además de la fetua del ayatolá Ruhollah Jomeiní pidiendo la muerte del autor, los conservadores cristianos condenaron a Rushdie por burlarse de la religión. Algunos miembros de la izquierda, aun sin pertenecer a religión alguna, criticaron a Rushdie por ofender a millones de musulmanes.

Los puritanos cristianos no se oponen a los libros sobre temas gay solo porque la Biblia prohíbe la homosexualidad, sino también (y tal vez principalmente) porque violan lo que ellos consideran el orden natural. Esto no difiere tanto del sentimiento de los miles de personas que hace poco firmaron una carta de protesta contra la cobertura de cuestiones transgénero en el New York Times. Los firmantes estaban molestos porque algunos artículos suponían que la cuestión del género no se puede resolver de manera científica. Uno de ellos, escrito por la columnista Pamela Paul en defensa de J.K. Rowling, resulta especialmente ofensivo. Rowling no odia a quienes cambiaron de sexo, pero no cree que ser mujer u hombre sea simplemente algo que se elige.

Los progresistas que piden la prohibición de los libros de Harry Potter escritos por Rowling (que también fueron denunciados por los fanáticos de derecha por promover la brujería) no lo hacen completamente por motivos religiosos. Nuevamente, hablan de lugares de trabajo inhóspitos, marginación, insensibilidad, etc., pero a menudo son tan dogmáticos como los creyentes religiosos. Están convencidos de que alguien que nació con genitales masculinos es mujer si él/ella lo afirma. Dudar de esta convicción, como lo hace Rowling, viola su visión de la naturaleza.

Con esto no quiero sugerir que las amenazas de la izquierda al acceso de los estudiantes a los libros sean tan graves como las que provienen de extrema derecha. A diferencia de los partidos de extrema derecha, incluido el partido republicano hoy día, los políticos a la izquierda del centro no suelen pedir que el estado implemente prohibiciones legales. De todas formas, cierta retórica progresista le está otorgando ventajas a la derecha populista.

Desprovisto de una plataforma económica coherente, el Partido Republicano se volcó de lleno a la guerra cultural estadounidense, pero dado que el llamado de los conservadores religiosos y sociales suele captar mucho más el favor de los votantes que las posturas dogmáticas sobre identidades sexuales raciales, esta no parece una guerra que la izquierda vaya a ganar. Los demócratas y otros partidos progresistas del mundo occidental harían bien en centrarse menos en las sensibilidades heridas y más en los intereses económicos y políticos de los votantes."                              (

15/2/23

Declaración en pro de la libertad académica, muy a contracorriente, promovida por profesores de las universidadades de Stanford y de la Chicago... casi 600 académicos la apoyan, en su mayoría estadounidenses

"Libertad restaurada.

Una declaración en pro de la libertad académica, bendita muy a contracorriente, promovida por algunos profesores de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Chicago.

De momento casi 600 académicos la apoyan, en su mayoría estadounidenses.

(Y dos valientes profesores españoles de la Complutense: Sergio Escorial Martín y Rubén Tamboleo). Aquí en V.O.

Y aquí una traducción exprés:

"Restaurar la libertad académica.

La misión de la universidad es la búsqueda de la verdad y del progreso y la difusión del conocimiento. Una vigorosa cultura de libertad de expresión y libertad académica es esencial para dicha misión: el progreso intelectual a menudo amenaza el statu quo y se topa con resistencias. Las malas ideas sólo se eliminan mediante un análisis crítico sin cortapisas.

Por desgracia, la libertad académica y la libertad de expresión están desapareciendo rápidamente en las instituciones académicas, entre ellas las universidades, las asociaciones profesionales, las revistas y los organismos de financiación. Los investigadores cuyos hallazgos cuestionan los discursos dominantes tienen cada vez mayores dificultades para poder publicar y ser financiados, contratados y promocionados. Ellos, y los profesores que ponen en tela de juicio las ortodoxias actuales, se ven acosados en persona y en el ciberespacio, condenados al ostracismo, sometidos a opacos procedimientos disciplinarios universitarios, o bien despedidos o cancelados por otros procedimientos. La contratación, la promoción y la financiación están cada vez más sujetas a una aprobación política, implícita o explícita; incluida la aprobación por parte de burócratas que buscan imponer una agenda social, como aquella de promueve puntos de vista específicos sobre la justicia social o los principios de DEI [Diversidad, Equidad, Inclusión]. El activismo está sustituyendo a la investigación y el debate. Un número creciente de meros hechos e ideas no pueden siquiera mencionarse sin riesgo de represalias.

Las víctimas públicas con alta visibilidad constituyen apenas la punta del iceberg. Una atmósfera de miedo y autocensura impregna el mundo académico. Muchos profesores y estudiantes creen que no pueden expresar sus opiniones, desafiar los dogmas, investigar ciertos temas o cuestionar la pérdida de la libertad académica sin arriesgarse al ostracismo y a un perjuicio para sus carreras. Así, el conocimiento se va perdiendo, y muchos académicos con talento abandonan el mundo universitario.

Las universidades y las asociaciones profesionales no están resistiendo hoy a esas fuerzas antiliberales —que han surgido muchas veces a lo largo de la Historia, y en todos los lados del espectro político— ni defendiendo la libertad académica y la libertad de expresión.

Muchas universidades y organizaciones profesionales modulan ahora su apoyo a la libertad: libertad de expresión, dicen, siempre que el discurso no ofenda o excluya; libertad de expresión, siempre que no cuestione los discursos y las concepciones de la justicia social institucionalmente aprobados; libertad de expresión, pero sólo dentro de unos estrechos márgenes debidamente acreditados. Estas restricciones son contraproducentes, incluso para su propio objetivo de promover una determinada ideología. La gente deduce de ello que, detrás de estas censuras, se halla un deseo de proteger unas mentiras, para que éstas no se vean desmentidas. Históricamente, la censura ha apoyado regímenes monstruosos y a sus ideologías. Las malas ideas sólo se vencen con argumentos y persuasión, no con una política de la supresión. La verdadera justicia y la libertad no pueden existir la una sin la otra.

La pérdida de la libertad académica se debe en parte a una crisis de liderazgo. Aunque muchos dirigentes universitarios hacen declaraciones en las que apoyan el debate abierto, sin embargo supervisan y fomentan burocracias politizadas que acosan, intimidan y castigan a quienes expresan opiniones consideradas incorrectas, e imponen la conformidad ideológica en materia de contratación y ascensos. De poco sirve una defensa genérica de la libertad de expresión si, al mismo tiempo, los administradores de las universidades llevan a cabo investigaciones en secreto, sin respetar el principio de contradicción, y basándose en denuncias anónimas, y condenan al ostracismo a la víctima con las consecuencia que supone para todos sus potenciales futuros empleadores. Los consejos de administración, las organizaciones de ex alumnos, los donantes, los organismos gubernamentales de concesión de subvenciones y otros actores institucionales tampoco defienden los principios de libertad académica.

En vez de ello, las universidades y las organizaciones profesionales se lanzan abiertamente al activismo político e ideológico institucional. Los departamentos y otras secciones universitarias hacen declaraciones públicas de sus opiniones políticas, tachando así de herejes —e incluso de fanáticos— a los miembros que puedan poner en entredicho sus causas. Cada vez más, los centros y "aceleradores" se dedican a la promoción política y de ciertas políticas, a la defensa de las ideologías que apoyan, y a la supresión de las ideas contrarias. Las organizaciones y revistas profesionales anuncian, con demasiada frecuencia, que ciertos tipos de investigación, por muy válidos que sean desde el punto de vista metodológico, no pueden publicarse, y se vuelcan en la defensa de sus propias causas. Las burocracias universitarias exigen que se incluyan ciertos autores y se excluyan a otros de las listas de lecturas y de los debates en las aulas.

¿Qué se puede hacer?

Hacemos un llamamiento a todas las universidades, asociaciones académicas, revistas y academias nacionales para que adopten la "Tríada de Chicago" consistente en: los conocidos como "Principios de Chicago [2014] sobre la libertad de expresión", la condición que planteaba el Informe Kalven [1967] sobre la neutralidad institucional en asuntos políticos y sociales y el informe Shils [1970], que hace de la contribución académica la única base para la contratación y la promoción académicas.

El informe Kalven subraya que "Para cumplir su misión en la sociedad, una Universidad debe crear un entorno extraordinario de libertad de investigación y mantener una independencia respecto a las modas, pasiones y presiones políticas". La Universidad y sus unidades administrativas deben abstenerse de tomar posición en las cuestiones políticas del momento: "Si bien la Universidad es el hogar y el patrocinador de la crítica, no es en sí misma la crítica y, por lo tanto, no puede ejercer una acción colectiva sobre las cuestiones del momento sin poner en peligro las condiciones de su existencia y eficacia".

"La neutralidad de la universidad como institución no surge [...] por falta de valor ni por indiferencia e insensibilidad. Surge del respeto a la libre investigación y de la obligación de valorar la diversidad de los puntos de vista".

También pedimos que el profesorado cree (o se afilie a las ya existentes) asociaciones no partidistas, destinadas a defender estos valores en los campus universitarios; a nivel nacional, como FIRE [Foundation for Individual Rights and Expression], la Academic Freedom Alliance, Heterodox Academy], FAIR [ Fairness & Accuracy In Reporting] y ACTA [American Council of Trustees and Alumni]. Las organizaciones profesionales deben priorizar la defensa de la libertad académica y la libertad de expresión de sus miembros.

Muchas universidades han adoptado oficialmente los Principios de Chicago. Deben desarrollarse estructuras sólidas para defender estos principios. El profesorado que sea objeto de críticas por parte de grupos de estudiantes, otros profesores, decanos y administradores o personal de la universidad debe poder hacer valer eficazmente su libertad de expresión e investigación amparándose en estas declaraciones.

Las universidades deben crear salvaguardias que garanticen que los administradores trabajen para defender estos principios y no para socavarlos. Los procedimientos disciplinarios de las universidades deben ser transparentes y atenerse a las ya centenarias protecciones básicas de los acusados, como el derecho a conocer e impugnar las pruebas en su contra, a tener careos con los testigos de la acusación, el derecho a la representación letrada y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad.

Los dirigentes universitarios también deben promover e institucionalizar la libertad de expresión y la libertad académica mediante acciones concretas. La libertad es una cultura, no un mero conjunto de normas, y como tal hay que alimentarla. La libertad de expresión, la libertad de investigación, la tolerancia hacia las opiniones contrarias, la obligación de enfrentarse a las opiniones con argumentos, con la lógica y los hechos, el abstenerse de ataques ad hominem, el luchar contra la difamación, el no aceptar el doxing [publicar o filtrar información personal de alguien] y otros comportamientos poco éticos es algo que debe destacarse en los materiales de orientación destinados a todos los nuevos estudiantes y contratados.

La libertad viene acompañada de una cultura de la responsabilidad, pero las responsabilidades se cumplen mejor con las normas sociales que con extensos articulados normativos aplicados por burócratas no académicos. Si hay miembros de la comunidad universitaria o grupos de ésta que solicitan a los dirigentes de las facultades que se sancione o se castigue a un miembro del profesorado o a un estudiante por expresar su punto de vista, estos dirigentes de la Universidad deberían responder pública y claramente con una declaración en la que se afirme que la Universidad es un lugar para discutir y debatir todos los enfoques, y que el intento de castigar a otros por tener puntos de vista "incorrectos" es incompatible con las normas comunitarias de la institución. La Universidad también debería comprometerse con todos los estudiantes, profesores y empleados a no castigar ni sancionar la libertad de expresión."                             (DATEUTADEU, blog, 02/11/22)

26/1/23

Prohibir ideas en nombre de la libertad de expresión... Profesores universitarios bajo vigilancia en EE.UU... En 2021, el gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó una ley permitiendo a los estudiantes universitarios grabar a los profesores para detectar alguna tendencia ideológica... y otro proyecto de ley para “darle a las empresas, empleados, niños y familias las herramientas necesarias para luchar contra el adoctrinamiento llamado WOKE”. Prohíbe una discusión abierta sobre el racismo, y prohíbe en las secundarias públicas hablar de la existencia de gays y lesbianas en nombre de una lucha “contra la ideología de género”... es sólo la continuación de la prohibición de decenas de libros iniciada antes en Estados Unidos... en cambio, no existe ninguna propuesta semejante para equilibrar las ideologías en las poderosas iglesias, en las multimillonarias corporaciones, en las bolsas de valores, en los poderosos lobbies de Washington

 "En 2021 el gobernador de Florida (Estados Unidos) Ron De Santis, en sintonía con el presidente neofascista de Brasil capitán Jair Bolsonaro firmó una ley permitiendo a los estudiantes universitarios grabar a los profesores para detectar alguna tendencia ideológica.

Siempre y cuando no se tratase de la ideología verdadera. En diciembre de ese año, el gobernador firmó otro proyecto de ley para “darle a las empresas, empleados, niños y familias las herramientas necesarias para luchar contra el adoctrinamiento llamado WOKE” (“despierto”, en dialecto afroamericano), el cual se propone una relectura de la historia desde el punto de vista de los grupos marginales al poder. Para los fanáticos, llevar un niño de cinco años todas las semanas a un templo religioso o plantarlo cuatro horas por día frente a la televisión para que consuma propaganda mercantilista, no es adoctrinación. Pero si un joven de 20 años entra en una universidad donde podría aprender alguna nueva idea, entonces, eso sí es “adoctrinación” y “lavado de cerebro”.

La ley que prohíbe una discusión abierta sobre el racismo (ya vendrá el turno de prohibir la palabra imperialismo) porque los jóvenes blancos se podían sentir incómodos estudiando la esclavitud y la discriminación, se sumó a otra ley salida de la misma oficina, por la cual se prohíbe en las secundarias públicas hablar de la existencia de gays y lesbianas en nombre de una lucha “contra la ideología de género”. La ideología de género dominante por siglos, el machismo, no está en discusión. Por el contrario, hay que protegerla a fuerza de fanática ignorancia.

Una especialidad de los campeones de la libertad es prohibir todo lo que no se acomode a sus intereses, como la Ley de Libertad Individual que prohíbe a cualquier empresa requerir a sus empleados realizar cursos de concientización contra el racismo. Su repetida “libertad de expresión” es libertad de acoso y censura. Este tsunami de prohibiciones en la educación y en la academia es sólo la continuación de la prohibición de decenas de libros iniciada antes en Estados Unidos, al mejor estilo república bananera. Esta misma ideología, con sus frases y sus tics copiados de los libertarios estadounidenses, es repetida como un copia-y-pega en América latina, todo lo que recuerda a los artículos y doctrinas plantadas por la CIA en decenas de países, las que germinaron, maduraron y continúan dando frutos décadas después de la Guerra Fría.

Tarde o temprano iban a venir por las universidades. Es la mayor espina de los Exitosos Hombres de Negocios y sus mayordomos. La cultura y las universidades no han sido fáciles de comprar, aunque las corporaciones han hecho un buen trabajo comercializando la educación y la investigación. Según los fanáticos conservadores, las universidades son reductos de liberales (izquierdistas) donde se adoctrina a la juventud. Se quejan de que la mayoría de los profesores son de izquierda y que, por lo tanto, se debe legislar para equilibrar la proporción de conservadores. No existe ninguna propuesta semejante para equilibrar las ideologías en las poderosas iglesias, en las multimillonarias corporaciones, en las bolsas de valores, en los poderosos lobbies de Washington o en las donaciones sin límite a los partidos políticos.

La solución natural para equilibrar las tendencias políticas en las universidades es que los Futuros Hombres de Negocios se pongan a estudiar en serio alguna vez en su puta vida. Pero claro, si alguien ama el dinero y el poder, difícilmente invertirá décadas haciendo investigación gratis. Sobre todo sabiendo que, luego de décadas de esfuerzo ajeno, cuando aparecen los resultados, los Exitosos Hombres de Negocios los van a secuestrar de forma inmediata y en nombre de la Libertad.  

 En teoría, el fascismo y el liberalismo son opuestos. Sin embargo, hace décadas que el neoliberalismo (económico) logró poner en un mismo combo un menú diverso. Así, en un mismo partido iban los capitalistas y belicistas más radicales justo con los cristianos que no tenían nada que ver con el Jesús de los Evangelios, sino más bien con Judas, alguien que podía vender a su propio amigo por treinta monedad de plata. Así, defender a Jesús implicó defender a los mercaderes injustamente expulsados del templo y meter al maldito camello por el ojo de la maldita aguja y a los imperios que crucificaron a otros rebeldes. Los señores del dinero, los directorios de corporaciones que desparramaron dictaduras bananeras por todo el mundo y dictaduras legalizadas en sus propios países, todo en nombre de la libertad y la democracia como en tiempos de la esclavitud, lograron unir las dos ideologías opuestas. Los neoliberales de la última mitad del siglo XX son los libertarios de hoy y beben en el bar con neonazis y neofascistas con total comodidad.

Claro que no todos son fanáticos del Santo Oficio. En agosto de 2022, el juez federal Mark Walker bloqueó (temporalmente) la ley “Anti WOKE” de Florida argumentando que, según la ley, “los profesores pueden ejercer su ‘libertad académica’ siempre y cuando expresen solo aquellos puntos de vista que el Estado aprueba”. Lógico, pero provisorio. Un mes después, el gobernador De Santis arrasó en las elecciones. Fue reelecto gobernador y se posicionó como uno de los candidatos más fuertes del Partido republicano para las presidenciales de 2024.

Cada vez que un político conservador atiza la ira de la Inquisición, logra excelentes resultados. Lo cual demuestra, una vez más, que continuamos caminando hacia una nueva Edad Media. Todo con el silencio, la timidez o la complicidad de la academia y de lo que alguna vez fue la heroica resistencia por los Derechos Civiles.

Mientras algunos académicos están demasiado preocupados con un modelo que explique la inflación en las Maldivas o cómo citar a Sócrates en una revista que nadie leerá, los Hombres de Negocios continúan con sus planes para neutralizar o tomar posesión de uno de los últimos rincones de las sociedades que aún no pueden dominar del todo, pese a la mercantilización de la educación. He escuchado que, “bueno, ese es el trabajo de los profesores”. Es decir, no deben ocuparse de la gran política. No es lo suyo.

No se dice lo mismo de un exitoso dueño de casinos o de un vendedor de almohadas que aspira a ser gobernador o presidente. No, porque los Exitosos Hombres de Negocios están acostumbrados a mandar y a ser exitosos… No pocos profesores guardan silencio, temiendo lo que en las asambleas y en los corredores se repite como “fear of retaliation” (miedo a represalias) por decir lo que piensan. Incluso los “tenured” (efectivos) temen protestar, pese a que legalmente son inamovibles.

En Estados Unidos, el tenure fue creado en 1940 para evitar que los profesores pudiesen ser despedidos por sus ideas y opiniones radicales o inconvenientes. Por esta misma razón, hace años que el tenure está bajo ataque en este país. No sólo se intenta eliminarlo sino que se lo ha ido reduciendo al mínimo, con un doble propósito: (1) precarizar del trabajo académico (deprimir  de los salarios) y (2) silenciar teorías inconvenientes para el dogma dominante.

Pero los profesores con tenure temen otras formas de represalia. Por ejemplo, la reducción de sus salarios, algo que luego las autoridades no alcanzan a explicar sin recurrir a excusas infantiles basadas en el dogma dominante como, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda… Como si esa ley no estuviese recargada de política.

De esa forma, los profesores también somos neutralizados en nuestro compromiso ético con el resto de la sociedad, con el conocimiento transformador, con el desafío de las normas establecidas y con la lucha de una sociedad y un mundo mejor."                     (Jorge Majfud, Rebelión, 03/12/2022)

22/3/22

Fractura feminista en la UAB: unas alumnas vetan a una profesora por sus ideas sobre la cuestión 'trans'

 "La profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Juana Gallego, ha denunciado esta martes que sus alumnas del Máster en Género y Comunicación - que ella misma fundó en 2016 - habían boicoteado sus clases por sus ideas sobre la identidad de género. De hecho, esta es una de las cuestiones que dividen al feminismo.

Gallego colgó un vídeo en sus redes sociales ante el aula vacía "por ejercer mi derecho a la libertad de expresión", denunciaba, y aseguraba que la acción es un ejemplo de la "cultura de la cancelación" que ha llegado a la educación superior. El tuit ha obtenido apoyo y críticas por partes iguales. 

 
 Un ejemplo de la "cultura de la cancelación": las alumnas del Màster @GIC_UAB de la @UAB hacen boicot a mis clases por mi posicionamiento público. Por ejercer mi derecho a la libertad de expresión. No conozco a las alumnas ni ellas a mi. Totalitarismo puro. Así estamos.           https://twitter.com/i/status/1503815211098296320

8:27 p. m. · 15 mar. 2022
2.092 Retweets 1.427 Tweets citados 5.103 Me gusta

 Según explica Gallego a NIUS, la coordinadora del máster le avisó el fin de semana pasado que las alumnas habían informado que se ausentaban por las ideas de la profesora "que no se pueden discutir".

La dirección del máster argumenta falta de interés en la asignatura

Tras la publicación del vídeo, la dirección del máster compartió un comunicado en el que respeta la decisión de las estudiantes y justifica que la asignatura no despertaba su interés. La profesora recibió un email del rectorado con la misma argumentación.

  Tras 35 años dedicada a la docencia universitaria, Juana Gallego conoce bien las pellas: "Me parece muy bien no ir a clase. Todos lo vivimos", argumenta, "pero una cosa es no asistir y otra hacer boicot por tus ideas. Es la primera vez que me pasa", añade. La profesora explica que no conoce a sus alumnas ya que se debían ver las caras por primera vez este martes. Añade que su asignatura - La publicidad, agente socializador - no incluyen la cuestión 'trans' y que nadie ha presentado ninguna queja al rectorado sobre su ejercicio como docente.

 Dimisión en la Universidad de Sussex

Las publicaciones de Gallego han levantado ampollas por debatir la identidad de género. "No cuestiono el derecho a cambiar de género, cuestiono que podamos autodeterminar nuestro sexo. Igual que no elegimos la nacionalidad, la edad o los atributos que nos vienen dados. ¿Cómo podemos decir que el sexo no existe? Es absurdo, es como enseñar que la tierra es plana", explica a NIUS.

Una polémica similar acabó con la dimisión de una docente en Reino Unido. La profesora de filosofía de la Universidad de Sussex, Kathleen Stock, renunció a la plaza por las protestas estudiantiles después de que Stock afirmara que la identidad de género no puede pesar más que el sexo biológico en cuestiones legales y políticas y que las personas no pueden cambiar su sexo biológico. Gallego no ve peligrar su continuidad: "Soy funcionaria docente de la Facultad de Comunicación. No me pienso ir por esta censura", sostiene.

Feminista convencida desde los 16 años, afirma que el 'genero' es una "construcción social creada por el patriarcado y en el siglo XXI no debemos aceptar que nos digan que respetemos los estereotipos de género, sino que debemos eliminarlos", justifica.

"Persecución feminista a manos de activistas queer"

Varios colectivos feministas han hecho público su apoyo a la profesora. Feministes de Catalunya ha pedido al rectorado que "pongan fin a la intimidación y persecución de las feministas a manos de las activistas queer", denuncian.  

 Gallego también ha obtenido el apoyo de parte de la comunidad docente: "Es muy grave que no podamos debatir sobre un concepto poco estudiado, del que no se hablaba hace cinco años. Estamos ante un dogma de fe y este país ha sufrido demasiados dogmas para que ahora no podamos cuestionar", explica. La entidad Docentes Feministas por la Coeducación denuncia "el alto número de docentes universitarias que sufren persecución por defender los derechos de las niñas y las mujeres". 

Gallego no aparece en el programa del máster del próximo curso pero piensa asistir a la sesión del próximo martes: "La clase estará abierta a todo aquel que esté interesado en la asignatura", explica y a las alumnas ausentes les invita a "que piensen por ellas mismas".            (Marta Alcázar, NIUS, 20/03/22)

3/2/22

Los libros sí son peligrosos. Por eso no debemos prohibirlos

 "Cuando tenía 12 o 13 años, no estaba preparado para el racismo, la brutalidad o la agresión sexual de la novela de 1977 Close Quarters, de Larry Heinemann.

Heinemann, veterano de combate de la guerra de Vietnam, escribió sobre un amable estadounidense de a pie que va a la guerra y se convierte en un despiadado asesino. En el clímax del libro, el protagonista y otros soldados, también estadounidenses, amables y corrientes, violan en grupo a una prostituta vietnamita a la que llaman Claymore Face [Cara de Mina antipersonas].

Como adolescente vietnamita estadounidense, me horrorizó darme cuenta de que era así como algunos estadounidenses veían a los vietnamitas y, por tanto, a mí. Devolví el libro a la biblioteca, odiándolo a él y a Heinemann.

Y esto es lo que no hice: no me quejé a la biblioteca ni pedí a los bibliotecarios que retiraran el libro de los estantes. Tampoco lo hicieron mis padres. No se me pasó por la cabeza que debiéramos prohibir Close Quarters o cualquiera de los muchos otros libros, películas y series de televisión donde se caracteriza de forma racista a los vietnamitas y a otros pueblos asiáticos.

Lo que hice, años más tarde, fue publicar mi propia novela sobre la misma guerra, El simpatizante.

Mientras trabajaba en el libro, releí Close Quarters. Fue ahí cuando me di cuenta de que había malinterpretado las intenciones de Heinemann. Él no estaba apoyando lo que estaba describiendo. Él quería mostrar que la guerra embrutece a los soldados, y también a los civiles atrapados en su camino. La novela era una crítica condenatoria de la guerra estadounidense y las actitudes racistas de algunos estadounidenses amables y comunes y corrientes que condujeron a la matanza y la violación. 

Heinemann mostró el corazón de las tinieblas de Estados Unidos. No ofreció a los lectores una cómoda salida editorializando o sentimentalizando o humanizando al pueblo vietnamita, porque en la mente del narrador del libro y de sus compañeros soldados, los vietnamitas no eran seres humanos.

En Estados Unidos, las disputas a propósito de los libros se están acalorando, y algunos políticos y padres están exigiendo que saquen ciertos libros de las bibliotecas y de los planes de estudios. La semana pasada, sin ir más lejos, vimos las noticias de que una junta escolar de Tennessee votó por prohibir en las aulas la novela gráfica de Art Spiegelman sobre el Holocausto, Maus, y de que un alcalde de Misisipi retendrá 110.000 dólares de la financiación de la biblioteca de su ciudad hasta que retire los libros donde se representen a personas LGBTQ. Quienes quieren prohibir libros sostienen que estas historias e ideas pueden ser peligrosas para las mentes jóvenes, como la mía, supongo, cuando leí la novela de Heinemann.

Los libros pueden ser peligrosos, en efecto. Hasta Close Quarters, creía que las historias tenían el poder de salvarme. Esa novela me enseñó que las historias también tienen el poder de destruirme. Sentí el impulso de ser escritor por el complejo poder de las historias. No son herramientas pedagógicas inertes. Cambian mentes y cambian el mundo.

Sin embargo, por muy peligrosos que los libros puedan ser, quienes quieren prohibirlos se equivocan. Los libros son inseparables de las ideas, y eso es lo que de verdad está en riesgo: la lucha por lo que se le permite pensar, saber y cuestionar a un niño, a un lector y a una sociedad. Un libro puede abrir puertas y mostrar la posibilidad de nuevas experiencias, incluso nuevas identidades y futuros.

La prohibición de libros no encaja bien con las categorías políticas de izquierda o derecha. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, ha sido prohibido en distintas ocasiones por el abundante uso de Twain de insultos racistas, entre otras cosas. Beloved, de Toni Morrison, ya fue prohibida antes y ahora se ve de nuevo amenazada, después de que una madre se quejara de que el libro provocaba pesadillas a su hijo. Sin duda, Beloved es una novela inquietante.

 En ella se describen infanticidios, violaciones, bestialismo, torturas y linchamientos. Pero, en pleno movimiento de oposición a la teoría crítica de la raza —o, más bien, a una caricatura de la teoría crítica de la raza—, parece obvio que los últimos intentos de eliminar esta obra maestra de la literatura estadounidense tienen menos que ver con sus descripciones explícitas de atrocidades que con la insistencia del libro en que nos enfrentemos a la brutalidad de la esclavitud.

Esta es la cuestión: si estamos en contra de que se prohíban algunos libros, deberíamos estar en contra de que se prohíba cualquiera. Si nuestra sociedad no es lo bastante fuerte como para soportar el peso de las ideas difíciles y desafiantes —e incluso odiosas o problemáticas—, entonces hay algo en nuestra sociedad que necesitamos reparar. Prohibir libros es un atajo que nos manda al destino incorrecto.

Como retrató Ray Bradbury en Fahrenheit 451 —otro libro que, a menudo, ha estado en la mira de quienes prohíben libros—, con la quema de libros se pretende que las personas dejen de pensar, lo que las hace más fácil gobernar, controlar y, en última instancia, dar paso a la guerra. Y, una vez que una sociedad consiente la quema de libros, tiende a ver la necesidad de quemar a las personas que aman los libros.

Y es amar los libros de lo que se trata, en realidad, no de leerlos para instruirse o ser más consciente o más activo políticamente (los cuales pueden ser beneficios adicionales). Yo recomendaría Fahrenheit 451 por sus edificantes dimensiones éticas y políticas, o diría que leer esta novela es bueno para ti, pero estaría pasando por alto lo esencial. El libro hace que nos preocupen la política y la ética al hacer que nos preocupemos por un hombre que quema libros para ganarse la vida y tiene una crisis catártica sobre su espantoso trabajo. Ese hombre y su toma de conciencia podría ser cualquiera de nosotros.

No son solo los libros que describen el horror, la guerra o el totalitarismo los que preocupan a quienes aspiran a prohibir libros. A veces ven el peligro en la empatía. Este parece ser el temor que llevó a una escuela de distrito de Texas a cancelar un evento con el novelista gráfico Jerry Craft y a retirar temporalmente sus libros de la biblioteca el pasado otoño. En el libro de Craft galardonado con la Medalla Newbery, New Kid, y su secuela, unos alumnos negros de la secundaria navegan la vida social y académica en un colegio privado donde hay muy pocos estudiantes de color. “Los libros no salen y dicen que quieren que los niños blancos se sientan como opresores, pero eso es desde luego lo que hacen”, dijo el padre que inició la petición para cancelar el acto de Craft. (La invitación a Craft para realizar una visita virtual fue pospuesta y sus libros fueron restituidos poco después).

El protagonista de Craft en New Kid es un chico adorable y tímido al que le encantan los cómics. Y es su campechanía lo que lo hace tan peligroso para algunos padres blancos. La historiadora y profesora de Derecho Annette Gordon-Reed sostuvo en Twitter que los padres que se oponen a libros como New Kid “no quieren que sus hijos empaticen con los personajes negros. Saben que sus hijos lo harán de forma instintiva. No quieren darles la oportunidad de hacerlo”. El historiador Kevin Kruse fue un paso más allá y tuiteó: “Si te preocupa que tus hijos lean un libro y no tengan más remedio que identificarse con los villanos en él, bueno…, quizá es algo en lo que debas trabajar por tu cuenta”.

Aquellos que prohíben libros quieren circunscribir la empatía y reservarla a un círculo limitado, más cercano al tipo de personas que ellos perciben ser. Frente a este acotamiento de la empatía, creo en la posibilidad y en la necesidad de expandirla, y en el papel esencial que libros como New Kid desempeñan en hacerlo. Si es posible odiar y temer a los que nunca hemos conocido, entonces es posible amar a los que nunca hemos conocido. Ambas opciones, el amor y el odio, tienen consecuencias políticas, y por eso algunos intentan ampliar nuestro acceso a los libros, y otros limitarlo.

Estos dilemas no son solo políticos; también son profundamente personales e íntimos. Ahora, como padre de un lector precoz de 8 años, tengo que pensar en qué libros llevo a nuestra casa. Mi hijo adora los cómics de Tintín de Hergé, que le di a conocer porque a me encantaban de pequeño. No fui consciente de las posturas racistas y colonialistas de Hergé entonces, desde el retrato paternalista de Chang, el amigo chino de Tintín en El loto azul, a los guerreros nativos americanos que llevaban tocados y blandían hachas de guerra en la década de 1930 en Tintín en América. Incluso aunque me hubiese dado cuenta, no tenía con quién poder hablar de estos libros. Mi hijo sí. Disfrutamos juntos de las aventuras del joven reportero y su perro blanco; pero, mientras leemos, le señalo el racismo del libro contra la mayoría de los personajes que no son blancos y, en particular, sus atroces caracterizaciones de los africanos negros. ¿Sería mejor que él no viese esas imágenes, o es mejor que lo haga?

Pequé de esto último e intenté modelar lo que pienso que deberían hacer nuestras bibliotecas y escuelas. Me aseguro de que tenga acceso a muchas otras historias de los pueblos que Hergé representó de forma tergiversada, y aporto contexto a nuestras conversaciones. No siempre son fáciles. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que algunas personas quieren prohibir libros que puedan plantear cuestiones complicadas: implican e incomodan a los adultos, no a los niños. Al prohibir libros, también prohibimos los diálogos y desacuerdos difíciles, que los niños son perfectamente capaces de mantener y que son cruciales para la democracia. Le he dicho que nació en Estados Unidos por una compleja historia de colonialismo francés y de guerra estadounidense que llevó a sus abuelos y a sus padres a este país. Tal vez acabemos teniendo menos guerra, menos racismo y menos explotación si nuestros hijos pueden aprender a hablar sobre estas cosas.

Para que estas conversaciones sean sólidas, es necesario que, en primer lugar, los niños tengan el suficiente interés para querer tomar un libro. La literatura infantil es cada vez más diversa y muchos libros plantean ahora estas cuestiones, pero a algunos los estropean las buenas intenciones. La santurronería y la pedagogía no me parecen interesantes en el arte, y a los niños tampoco. La obra de Hergé tiene graves defectos y, sin embargo, es fascinante desde el punto de vista narrativo y estético. He olvidado toda la literatura infantil bienintencionada y moralista que haya leído jamás, pero no he olvidado a Hergé.

Los libros no deberían ser consumidos como algo beneficioso para nosotros, como las espinacas y la col que mi hijo aparta a un lado de su plato. “Me gusta leer historias cortas. Son como las papas fritas. No puedo detenerme con una”, me dijo una vez un lector. Esa es la actitud. Quiero lectores que ansíen libros como si fuesen un capricho delicioso, no saludable, como las papas con chile y limón que mi hijo come después de terminarse sus zanahorias y pepinos.

Lee Fahrenheit 451 porque su apasionante historia te mantendrá despierto hasta tarde, aunque tengas que madrugar a la mañana siguiente. Lee Beloved, Las aventuras de Huckleberry Finn, Close Quarters y Las aventuras de Tintín porque son imborrables, a veces incómodos y siempre cautivadores.

Deberíamos valorar el atributo del magnetismo. Para competir con los videojuegos, los videos de transmisión en continuo y las redes sociales, los libros deben ser emocionantes, adictivos, espinosos y peligrosos. Si, en ocasiones, esos atributos hacen que se prohíban libros, merece la pena señalar que, a veces, prohibir un libro puede aumentar sus ventas.

Sé que mis padres se habrían escandalizado de conocer el contenido de los libros que estaba leyendo: El lamento de Portnoy de Philip Roth, por ejemplo, que estuvo prohibido en Australia entre 1969 y 1971. No elegí esta novela quintaesencialmente estadounidense, o cualquier otra, porque pensara que leerla fuese beneficioso para mí. Yo buscaba historias que me emocionaran y desconcertaran, como hizo El lamento de Portnoy. Durante décadas después, lo único que recordaba de la novela era cómo el joven Alexander Portnoy se masturbaba con cualquier cosa que tuviera a mano, incluido un pedazo de hígado. Tras consumar su aventura con el hígado, Alex lo devolvió al refrigerador. Felices en su ignorancia, la familia Portnoy se cenó el hígado violado aquella noche. ¡Qué asco!

¿Quién cena hígado?

Resulta que lo hace mi familia. El libro de Roth fue un puente entre culturas para mí. A pesar de que los refugiados vietnamitas son distintos de los judíos estadounidenses, reconocí algunas de nuestras obsesiones en el mundo estadounidense judío de Roth, con sus ambiciones por el ascenso social y la asimilación, sus pronunciados rasgos “étnicos” y su sentido de una historia terrible no muy lejana. Sentí empatía. Y pude ver parte de mí en Portnoy y su obsesión por el erotismo; tanto, que rendí homenaje a Roth al hacer que el narrador de El simpatizante abusara de un calamar en un acto de frenesí masturbatorio y se lo comiera más tarde con su madre. (El simpatizante no ha sido totalmente prohibido en Vietnam, pero me he encontrado con muchas trabas al intentar que se publicara allí. Para mí, es obvio que esto se debe a su descripción de la guerra y sus secuelas, no al calamar sexy).

Prohibir es un acto de miedo: miedo a las ideas peligrosas y contagiosas. Los mejores libros, y tal vez los más peligrosos, presentan estas ideas envueltas en algo que es igual de problemático e infeccioso: una buena historia.

De modo que tuve sentimientos encontrados al enterarme de que algunos profesores estadounidenses de preparatoria mandan leer El simpatizante en sus clases. En general, estoy encantado; pero después me preocupo: no quiero ser los deberes escolares de nadie. No quiero que mi libro sea como el brócoli.

No obstante, me tranquilicé cuando una estudiante en su primer año de universidad se acercó a mí en un evento público y me dijo que había leído mi novela en la escuela.

“Sinceramente, lo único que recuerdo es cuando el simpatizante tiene sexo con un calamar”, dijo.

Misión cumplida."                    (

14/10/21

Apartado un profesor por mostrar en clase el Otelo del actor blanco Laurence Olivier en EE UU. Bright Sheng, que sufrió en China la represión de la Revolución Cultural y dos veces finalista de los Pulitzer de la música, provocó el enfado de sus alumnos por usar la película en la que el intérprete británico actúa con el rostro pintado de marrón

 "Escoger mal una película puede tener devastadoras consecuencias en Estados Unidos. El músico Bright Sheng, de 65 años, se ha visto obligado a abandonar su seminario de composición en la Universidad de Michigan después de que sus alumnos reaccionaran a su decisión de poner en clase la versión cinematográfica de la obra Otelo protagonizada en 1965 por el actor británico Laurence Olivier. En la cinta, el intérprete actúa con el rostro pintado de marrón, una desfasada práctica conocida como blackface, considerada racista en este país.

El compositor, director y célebre pianista pidió disculpas por reproducir en clase una versión del drama de Shakespeare que “discrimina y degrada” a los afrodescendientes y a su cultura. Para defenderse, enumeró a varios artistas de minorías étnicas que ha contratado a lo largo de su carrera. Fue peor. Los estudiantes de primer año calificaron la misiva de “incendiaria” y exigen su despido.

 Sheng es profesor titular de la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan desde hace un cuarto de siglo. Este otoño impartió un seminario para “analizar Otelo, de Shakespeare a Verdi”. Desde que en la primera clase proyectó la película, no ha vuelto a pisar el aula. “Los tiempos han cambiado y cometí un error al mostrarla. Fue insensible por mi parte”, apunta el profesor a este periódico. Explica que eligió la versión de 1965 por ser una de las más fieles a Shakespeare y añade que en el mundo de la ópera el cross-casting (elección de un actor sin que coincida el género o la etnia con el del papel que va a interpretar) es una costumbre que se remonta al origen del teatro.

“Pensé que tanto la obra como la ópera retrataban a Otelo como a un héroe que es víctima de los blancos” y que podría enseñar algo de provecho sobre “los malos comportamientos humanos universales y sobre problemas como las calumnias o las acusaciones falsas”, apunta el compositor. Muchos lo señalan como una nueva víctima de la corrección política y el revisionismo del arte. Consultado sobre si se ve como un afectado por la cultura de la cancelación, responde: “Antes de este incidente, nunca había oído hablar del término. No tengo comentarios al respecto”.

 Meses después de que el Otelo de Laurence Olivier llegara a las salas de cine, Bright Sheng, entonces de 11 años, vio en Shanghái cómo los Guardias Rojos se llevaban el piano de su madre, la mujer que le enseñó a tocar. A pesar de la represión de la Revolución Cultural se convirtió en uno de los grandes compositores de su generación. Obtuvo una beca MacArthur, conocida como la de los genios, y ha sido dos veces finalista de los Premios Pulitzer de música. Sus composiciones se han escuchado desde Pekín, en la apertura de los Juegos Olímpicos de 2008, hasta la Casa Blanca. “Bright Sheng sobrevivió a la Revolución Cultural de Mao, pero es posible que no sobreviva a un par de estudiantes de Michigan quejumbrosos a los que se les muestra una versión cinematográfica de Otelo”, tuiteó el novelista Christian Schneider.

Sammy Sussman, estudiante de cuarto año de música clásica, fue uno de los alumnos que se molestaron por tener que ver el Otelo de Olivier sin ninguna “advertencia o discusión” previa. Esta película ya fue criticada en los sesenta por herir sensibilidades y estereotipar a la comunidad negra. Sussman le escribió al director de la facultad, quien le recomendó hablar con Sheng antes de acusarlo, ya que creía que un profesor con su experiencia “tenía motivos educativos para compartir esta famosa interpretación de Otelo”, según cuenta el estudiante en su blog. El joven afirma que la solución de discutir el tema no era una opción factible “sin temer por las repercusiones profesionales”.

Al acabar la clase, algunos alumnos le hicieron ver a Sheng su rechazo a la película y este envió una disculpa a todos los estudiantes “en 108 minutos”. Enseguida, despachó otro mensaje informando de que cancelaba el proyecto sobre Otelo y que presentaría un nuevo tema para el seminario. “Investigué más y aprendí sobre el tema y me di cuenta de que la profundidad del racismo era, y sigue siendo, una parte peligrosa de la cultura estadounidense”, rezaba la misiva. Varios alumnos acudieron al decano de la facultad, Dean Gier. Este contactó a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles de la Universidad para que investigara lo ocurrido. “Este [incidente] ha sido doloroso e inquietante para los estudiantes de la clase”, escribió Gier en un correo dirigido al alumnado.

Viendo que los ánimos no se calmaban con las disculpas iniciales, el profesor escribió a sus alumnos que a lo largo de su carrera docente había tenido muchos estudiantes afroamericanos y que mantiene el contacto con ellos. También, que ha contratado a varios artistas negros en su trayectoria. La defensa encendió aún más a su alumnado. “Da a entender que gracias a él muchos de ellos han logrado el éxito en sus carreras”, sostuvieron más de cuarenta estudiantes de composición de pregrado, posgrado y miembros de la facultad. Tras esa carta, Sheng dejó de ser oficialmente profesor del seminario sobre la obra de Shakespeare.

“Las acciones del profesor Sheng no se alinean con el compromiso de nuestra universidad con la acción antirracista, la diversidad, la equidad y la inclusión”, explicó a este periódico Kim Broekhuizen, portavoz de la facultad, quien aclaró que el compositor no fue despedido, sino que él mismo decidió, junto con Gier, “dar un paso al costado”. Sheng continúa ofreciendo clases privadas y está previsto que imparta un curso en invierno, pero ya no es el profesor del seminario. El cambio “permitirá un ambiente de aprendizaje positivo” para que los estudiantes puedan enfocarse en su “crecimiento como compositores”, argumentó el decano."                    (Antonia Laborde, El País, 12/10/21)

16/4/21

La libertad de cátedra y su crisis en Occidente... En EE. UU., las legislaturas estatales controladas por los republicanos están redactando leyes para evitar que enseñen la «teoría crítica de la raza» y otras especialidades académicas en las escuelas públicas... En el Reino Unido el gobierno publicó un informe que parece solicitar restricciones radicales a la libertad académica en las universidades británicas

 "Se avecina una crisis para la libertad académica en Europa. Cuando la libertad académica se convierte en blanco de críticas en Occidente la gente suele suponer que se trata de una cuestión marginal confinada a países como Hungría, que se han tornado cada vez más autoritarios. Pero una evaluación honesta demostraría que el problema se ha extendido mucho más de lo que los europeos y americanos prefieren aceptar.

 Es cierto, la situación no es buena en la Hungría del primer ministro Victor Orbán, un país de la Unión Europea donde eliminaron la protección constitucional a la libertad académica, negaron la acreditación como curso académico a los estudios de género y nombraron rector de la Universidad de Teatro y Cine de Budapest a un excoronel del ejército; pero pensemos en Francia, donde la ministra de Educación Superior e Innovación, Frédérique Vidal, acusó a las universidades del país de promover el «islamoizquierdismo» (Islamo-gauchisme) y lanzó una investigación sobre la totalidad del campo académico de estudios poscoloniales. 

 La amenaza no se limita a la UE, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, que durante mucho tiempo fueron el ejemplo de la libertad académica, los responsables de las políticas parecen estar dispuestos a unirse a las filas del régimen iliberal húngaro. En EE. UU., las legislaturas estatales controladas por los republicanos están redactando leyes para evitar que enseñen la «teoría crítica de la raza» y otras especialidades académicas en las escuelas públicas.

En el Reino Unido, mientras tanto, el gobierno publicó recientemente un informe oficial —«Educación superior: libertad de expresión y libertad académica» (Higher education: free speech and academic freedom)— que parece solicitar restricciones radicales a la libertad académica en las universidades británicas. En un gesto verdaderamente orwelliano el gobierno desea nombrar un «defensor de la Libertad de Expresión y Académica» en el Departamento de Asuntos Estudiantiles. 

Aunque el primer ministro Boris Johnson probablemente no llegue a tanto como nombrar a un exfuncionario militar en ese puesto, indudablemente elegirá a alguien con sólidas credenciales partidarias.

 La crisis de la libertad académica es en parte política y normativa: incluye amenazas y restricciones legales a la investigación y la educación. Se trata, en esencia, de ataques contra la propia noción del conocimiento como bien público (aunque los disimularon mejor que en países como Turquía o Rusia), pero la crisis también tiene una dimensión intelectual, que proviene de la falta de un concepto compartido sobre la forma en que se debe adaptar la libertad académica a esta época.

La libertad académica es un desafío mundial, pero Europa tiene un problema particular con ella: allí la educación superior fue transformada por la creación de un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES), un proceso que comenzó en 1999. EL EEES está conformado actualmente por 49 países y ha creado un espacio común para la educación superior con modelos y normas compartidos, intensos intercambios y regulaciones, e instituciones conjuntas, que trascienden las jurisdicciones nacionales y las tradiciones académicas.

 Sin embargo, a pesar de estos notables cambios, las tareas para desarrollar un concepto compartido de libertad académica adecuado al presente no siguieron ese ritmo; en lugar de ello, la libertad académica fue simplemente descuidada y hasta el consenso sobre su definición es muy limitado.

 Independientemente de que nos centremos en las políticas de educación superior o dirijamos la mirada hacia las propias universidades, sencillamente no existe una definición compartida del concepto, ni un reconocimiento común del motivo por el que es actualmente necesaria.Los enemigos de la libertad académica se beneficiaron gracias a este vacío y lo aprovecharon para lograr beneficios políticos. Cuando la Comisión Europea demandó a Hungría en 2017 por infringir la libertad académica, señaló que había obligado a la Universidad Central Europea (UCE) a dejar el país. 

Pero el gobierno húngaro sostuvo que la UE no tenía jurisdicción, por la falta de una definición europea de libertad académica —legal o de otro tipo— sobre la cual basar sus planteos. Finalmente, lo que debió ser un caso ejemplar y claro sobre la libertad académica se convirtió parcialmente en una disputa sobre la provisión de servicios comerciales de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

 Por su parte, Vidal justificó su ataque a las universidades no solo con argumentos políticos y legales —específicamente, que es necesario restringir algunas disciplinas para proteger el imperio de la ley y evitar el terrorismo—, sino también con su propia definición tendenciosa de libertad académica. Con una táctica familiar de la extrema derecha, el gobierno francés intentó disfrazar su asalto a los estudios poscoloniales de proyecto de investigación, como si simplemente estuviera ejerciendo la libertad académica por sí mismo. 

Al enmarcar así la cuestión, el gobierno puede pretender que no está aplicando mano dura a los estudios poscoloniales por motivos políticos, sino llevando a cabo su propio «estudio» sobre la cuestión del islamoizquierdismo.Hay antecedentes recientes de esta estrategia en el Reino Unido: en 2017 Chris Heaton-Harris, un parlamentario conservador, exigió que todas las principales universidades del país presentaran los planes de estudio y nombres de los instructores que enseñaban a sus alumnos sobre la brexit. En respuesta a la inevitable reacción negativa, su excusa fue que estaba «investigando» para un libro.

Las universidades no debieran ser instituciones políticas, pero para protegerlas de los ataques la acción política es, de todas formas, necesaria, porque la libertad académica es una cuestión política. La búsqueda libre y abierta del conocimiento como bien público es necesaria para el funcionamiento adecuado de la democracia.

 La crisis de libertad académica exige entonces la resistencia intelectual, comenzando con un esfuerzo para desarrollar una comprensión compartida y actual del concepto en Europa. En esto los académicos podrían beneficiarse si trabajan con sus aliados en el Parlamento Europeo, donde hubo un sólido apoyo a la UCE durante sus dificultades con el régimen de Orbán y a la libertad para la investigación y la educación en términos más generales.

La pregunta, por supuesto, es cuál sería el concepto paneuropeo de libertad académica. ¿Podemos inspirarnos en la tradición europea de una epistemología racionalista y libre de prejuicios raciales, o necesitamos perspectivas nuevas y más sofisticadas? Después de una larga demora, las iniciativas para explorar esas cuestiones han comenzado. Es mi profundo deseo que estos esfuerzos no lleguen demasiado tarde."                     (