¿Quién paga por las ideas políticas? El papel de la filantropía y el dinero privado en el activismo en Estados Unidos...

 "He hablado alguna vez sobre el pequeño submundo de los capitolios en Estados Unidos. Antes y durante el periodo de sesiones, existe alrededor de los legisladores un enjambre de lobistas, ONGs, activistas, organizaciones sociales y demás agitadores pidiendo montones y montones de cosas. Tenemos grupos de interés buscando bloquear leyes que les perjudican, empresas en crisis cazando subvenciones, activistas pidiendo más dinero o nuevas regulaciones sobre algo que les preocupan, y así sucesivamente.

El origen de estos grupos es a veces bastante evidente. Cuando la NRA (National Restaurant Association, que son los lobistas que más miedo dan) tiene un equipo de lobistas organizando reuniones con representantes o senadores, no es un misterio saber de dónde sale el dinero. Los dueños de restaurantes tienen una asociación y pagan su cuota, y las empresas que controlan cadenas nacionales ponen cantidades ingentes de dinero para pagarlas. No es un gran misterio.

Lo que es un poco más difícil de seguir es de dónde viene el dinero para pagar a los white hat lobbyists, los activistas que están en el capitolio pidiendo más dinero para educación infantil, regulaciones sobre pesca del salmón, reformas en los departamentos de policía, subir los impuestos a los ricos o eliminar tasas bancarias abusivas para gente con pocos ingresos. Estos grupos, aunque acostumbran a tener menos dinero y lobistas que la gente de la NRA y entidades similares, son bastante numerosos, y a menudo tienen suficiente poder e influencia como para no ya marcar la agenda, sino conseguir cambios substantivos en muchas políticas públicas. ¿Qué hacen para financiar sus operaciones?

Fundaciones y lobistas

Este es un tema que conozco de primera mano; llevo en este mundillo, directa o indirectamente, desde hace trece años. En empleos pasados (por fortuna, donde estoy ahora no me toca hacer demasiado en este lado) parte de mi día a día era conseguir dinero para financiar la ONG donde trabajaba. Aunque es un tema bien conocido para la gente que vive dentro de este mundillo, es algo que se discute muy poco fuera de este, y que, hasta donde sé, hay poquísima investigación académica.

El mito, u la imagen que las organizaciones a menudo proyectan hacia el exterior, es que organizaciones como la Early Childhood Alliance, Indivisible, o cualquier otra ONG de este estilo se financian gracias a las donaciones de cientos o miles de miembros, y que una parte importante de su trabajo es realizado por voluntarios. Esto quizás sea cierto para algunas organizaciones muy de masas, pero dista bastante de ser cierto en la inmensa mayoría de los casos. En realidad, muchas de estas organizaciones dependen de donaciones, a veces millonarias, de grandes fundaciones privadas, a menudo controladas por las grandes fortunas del país.

Esto puede parecer una premisa para miles de conspiraciones sobre cómo un grupo de capitalistas controla a casi toda la izquierda americana, pero creedme, no es así.

¿Quién piensa en los niños?

Tenemos, por ejemplo, a la Annie E. Casey Foundation (AECF), una enorme organización nacional con casi 3.000 millones de dólares en fondos propios. Casey fue fundada en 1948 por la familia que controla UPS, y da más de 170 millones de dólares en subvenciones a organizaciones por todo el país, incluyendo dos ONGs en las que he trabajado (CAHS y CT Voices for Children). Aunque estas cifras pueden parecer un dineral, AECF no está ni siquiera en el top-25 de las fundaciones privadas más ricas del país; es grande, sin duda, pero no colosal.

 Casey empezó como trabajando sobre todo en adopciones, pero en las últimas décadas se ha concentrado en temas de infancia y juventud. Su programa estrella es Kids Count, una red de decenas de ONGs desperdigadas por todo el país dedicadas a apoyar legislación de bienestar infantil a nivel estatal. No estoy seguro cuánto dinero da AECF a cada organización ahora; hace unos años, cuando me tocaba pedirles dinero y enviarles copiosos informes sobre cómo lo gastábamos, rondaba los $150.000 al año, suficiente para pagar el sueldo a un par de lobistas/expertos. El dinero de AECF era complementado con donaciones de varias fundaciones locales más pequeñas (léase con fondos de decenas o cientos de millones, no miles) para financiar la organización y hacer nuestro trabajo. Sí, también hay pequeños donantes, pero el grueso de la financiación, para muchas, muchas organizaciones, viene de grandes donantes.

Lidiando con quien paga las facturas

La relación entre los activistas que trabajan en una ONG y las grandes fundaciones que les pagan el sueldo no es entre iguales, pero en mi experiencia, no es especialmente tensa. AECF nunca nos daba órdenes sobre qué leyes podíamos o no podíamos defender, o nos imponía una agenda legislativa. Aparte de la (inevitable) exigencia de que usáramos UPS cuando les enviábamos papeleo, nunca nos pidieron que en nuestros ratos libres nos opusiéramos a legislación que perjudicaría a empresas de mensajería, ni nada parecido. El objetivo de la fundación era que Connecticut aprobara programas chulos sobre educación infantil, y eso era lo que intentábamos hacer.

 Cada materia tiene 2-3 fundaciones enormes a escala nacional que dominan la filantropía en ese campo. Por lo que conozco de primera mano (me he movido en dos o tres temas) la inmensa mayoría de estas instituciones son bienintencionadas, están genuinamente interesadas en mejorar las vidas de la gente, y no reflejan en absoluto los intereses de la dinastías o empresas que las financian.

Esto no quiere decir, sin embargo, que estas fundaciones y filántropos no tengan un peso considerable en el activismo por todo el país, y, por ende, en la agenda política de Estados Unidos.

Aunque nuestro radio de acción para escoger prioridades era amplio, sin embargo, eso no quería decir que fuera infinito. AECF habla de niños, pero tienen también sus expertos, investigadores, y ejecutivos que tienen sus ideas sobre qué clase de medidas funcionan mejor. Durante una temporada, por ejemplo, Casey estuvo obsesionada con mejorar el nivel de lectura infantil en todo el país; otros años hablaban mucho de guarderías y educación entre cero y tres años; en otra época, programas bigeneracionales. En todos los casos, estaban hablando de niños, y en todos los casos, que se fijaran en estos temas tenía base empírica, ya que son cosas importantes. Para los que escribíamos las propuestas cada año para pedirles dinero, a su vez, implicaba que teníamos que pensar en cómo acomodar nuestro trabajo a las prioridades de AECF si queríamos recibir más dinero. Esta clase de cambios, y esta clase de relaciones, se reproducen en casi cualquier tema de la agenda política en Estados Unidos.

 En un sitio como Connecticut, en un periodo de sesiones normal, había entre cinco y siete organizaciones con lobistas en el capitolio hablando de materias de educación infantil, muchas de ellas receptoras de fondos de AECF. Esta coalición algunos años hablaba de lectura, otros de guardería, otros de programas de dos generaciones, dependiendo del humor de Casey; los legisladores escuchaban propuestas diferentes, y las leyes aprobadas por todo el país a menudo acaban por seguir los ritmos que marcaba AECF. Las fundaciones, además, son proclives a “estar a la moda” y se enamoran de la última propuesta innovadora salida del gurú de turno sobre el tema, así que no es inusual que todos los donantes acaben hablando y financiando cosas parecidas.

Esto puede significar que en algún momento se aburran de algún tema que les apasionaba, y que por ejemplo decidan que quieren centrarse en educación en niños de entre 12 y 14 años en vez de 0 a 3. Cosa que acaba de hacer AECF, dejando a decenas de ONGs por todo el país repentinamente descubriendo la crucial importancia de la primera adolescencia para mejorar la trayectoria vital de una persona. El año que viene en Connecticut habrá muchos más lobistas hablando sobre delincuencia juvenil y escuelas y muchos menos hablando sobre guarderías, simplemente porque una gran fundación ha cambiado sus prioridades.

No sé hasta qué punto esta dinámica se repite en otros sectores del activismo ahí fuera, pero por lo que tengo visto, la educación no es para nada inusual. Muchos temas de políticas públicas han visto bandazos considerables en años recientes (por ejemplo, los ecologistas han pasado de hablar de impuestos sobre el carbono a límites de emisiones), y a menudo es difícil saber si el cambio es el resultado de nueva evidencia empírica, un consenso emergente entre qué es políticamente viable entre activistas, o que un puñado de donantes han cambiado de opinión. Las fundaciones a veces siguen a los activistas para decidir sobre qué se preocupan (léase el año pasado al hablar de racismo y policía), pero los activistas, sin duda alguna, siguen a las fundaciones con devoción.

Un sistema por explorar

Todo este batiburrillo de donantes, activistas, investigadores, políticos, y voluntarios, por supuesto, no es único de temas de izquierda (aunque es el mundo que yo conozco); el movimiento conservador, hasta donde yo sé, tiene una dinámica parecida. En ambos casos, no podemos hablar de un sistema coherente; hay decenas, sino cientos, de fundaciones nacionales y miles de regionales, y no hacen demasiado por coordinarse. Todo el tinglado es una forma la mar de ineficiente de meter temas en política, y la cacofonía de voces resultante es más una subasta que un debate coherente. Lo que es innegable es que esta clase de filantropía tiene un papel relativamente importante metiendo temas en la agenda en la política americana, a veces incluso sacando legislación adelante.

 Es un tema fascinante, y creo que es casi invisible para aquellos fuera de este mundillo. No conozco apenas investigación académica al respecto (aunque disto mucho de ser un experto en esta literatura); mi sensación es que este es un tema mucho más importante de lo que parece, pero casi nadie le presta atención. Es algo que ni siquiera se habla demasiado entre activistas, por cierto, y no estoy seguro de que las fundaciones sean demasiado conscientes de su papel.

Aquí hay un programa de investigación académica estupendo esperando ser explotado."            (Roger Senserrich , blog, 07/003/21)

España tiene un problema de perfeccionismo legislativo... En España, el legislador es un gran creador de inseguridad jurídica... “Las gestiones de la vida normal se miden en la Administración por años. (…) Se exigen unas condiciones de perfección burocrática (como en Alemania), con una Administración irracional, deficiente, ineficaz, (casi tercermundista en sus resultados); lo que se pide no toma en cuenta, en ningún momento, los medios disponibles.”

 "La selección del personal de las administraciones. Debemos preguntarnos por qué las administraciones se ven obligadas a recurrir a la contratación temporal. "

 "Dice el arquitecto Juan Enrique de Balbín Behrmann, refiriéndose a la legislación urbanística pero que es extensible a todos los ámbitos del sector público: 

“Las gestiones de la vida normal se miden en la Administración por años. (…) Se exigen unas condiciones de perfección burocrática (como en Alemania), con una Administración irracional, deficiente, ineficaz, (casi tercermundista en sus resultados); lo que se pide no toma en cuenta, en ningún momento, los medios disponibles.”

El 14 de enero de 2020, empleados públicos interinos e indefinidos no fijos de plantilla se manifestaron para exigir la fijeza ante el abuso de la temporalidad por las administraciones públicas.

Las interinidades –en sus distintas modalidades– son una plaga bíblica en la administración pública española, en particular en la administración local. Su mayor síntoma es un oxímoron de construcción judicial: “Personal laboral indefinido no fijo de plantilla”.

Pero ¿por qué ocurre esto de manera sistemática desde hace al menos 40 años?

 No es un problema de gestión sino de legislación. Las dificultades de gestión, de exceso de burocracia, provienen de la legislación, y de su interpretación maximalista.  Sin embargo, el legislador, el Parlamento, el órgano de representación popular por excelencia no suele ser objeto de la crítica. Dispone siempre de la mayoría. ¿Cómo se va a equivocar la mayoría?

La legislación aplicable es, esencialmente, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores. Este último, que se aplica a todos los empleados públicos que no son funcionarios, y la jurisdicción social que lo interpreta, ignora de manera absoluta la realidad de la administración. El primero, lleva trece años sin desarrollarse, así que, en la práctica, el sistema de función pública vigente es casi el mismo que diseñó la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública de… ¡1984!

Debemos preguntarnos por qué las administraciones se ven obligadas a recurrir a la contratación temporal. Por varias razones que se resumen en su objetivo principal: hay que prestar los servicios públicos; ¡y cuanto antes! Esta es la demanda de los ciudadanos, que los políticos transmiten a los funcionarios insistentemente. 

Contratar de manera indefinida o nombrar nuevos funcionarios de carrera es una misión imposible cuya dificultad, además, se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. 

Primero hay que aprobar una relación de puestos de trabajo. Se debe negociar con los representantes de personal para que no sea anulada por los tribunales de justicia. Unos tres años de trámites es un buen tiempo. 

Además, hay que cumplir la tasa de reposición. La tasa de reposición es un concepto ya antiguo, mi memoria alcanza sólo hasta los primeros años 2000, pero que se radicalizó en su redacción a partir de la crisis de 2008. Significa que solo se puede contratar (o nombrar funcionario) al mismo número de trabajadores fijos (y esto es importante) que se hayan jubilado el año anterior. 

La tasa de reposición para el año 2021 es del 110 %. Es decir, para que se pueda contratar a un funcionario más de los que ya existen es necesario que haya al menos 10 vacantes el año anterior. Créanme, hacen falta muchos habitantes en el municipio para que eso ocurra cada año. 

En el año 2012 la tasa de reposición fue 0, en los siguientes fue del 50 % y sólo en los últimos tres años fue superior al 100 %. 

A pesar de tasas de reposición tan estrictas, los colegios han seguido funcionando, la sanidad curando y los policías locales dirigiendo el tráfico. ¿Cómo? Con funcionarios interinos y personal laboral temporal: no había otra forma para no cerrar. 

Después hay que aprobar una oferta de empleo público (OEP). Pero este documento no se aprueba un año antes de las jubilaciones previstas, para que a un funcionario de carrera le suceda otro. Se aprueba en el ejercicio siguiente a que el jubilado se haya ido a descansar a su casa. ¿Para qué sirve la OEP? Reconozco que en 15 años no he conseguido descubrirlo. En teoría para dos cosas:  para controlar presupuestariamente que no se ofrecen más plazas que las que se pueden pagar y para dar publicidad de las plazas que se convocarán (pero… a la convocatoria también se le dará publicidad unos meses después).

La OEP también hay que negociarla con los representantes de los trabajadores, a pesar de que no guarda ninguna relación con sus condiciones de trabajo. Es un documento puramente organizativo.

 En las últimas décadas ha habido dos procesos de consolidación de interinos. En 2007-2011 y desde 2018 hasta el 31 de diciembre de este año. El primero fracasó. Y el segundo… no está teniendo mucho éxito. A pesar de que la Ley prevé expresamente que se les puntúe la experiencia acumulada, cuando la OEP llega a la mesa de negociación cargadita con las plazas de interinos (con 20 o más años de antigüedad) los representantes, de los mismos sindicatos que a nivel nacional obligaron al legislador a introducir el proceso de consolidación, lo sabotean. Y esas plazas nunca llegan a convocarse.  Es normal. Es humanamente comprensible que esto pase. El deseo del legislador, una vez más, no tiene en cuenta la realidad.

Una vez que se haya publicado oficialmente la OEP todavía hay que aprobar la convocatoria: las bases de la oposición. Ya no hay que negociarla con los sindicatos, pero es habitual que se recurra ante los tribunales, dando lugar a un nuevo retraso. 

Las pruebas de la oposición llevarán un año más.  Estos cuatro años de trámites no suponen un valor añadido de un proceso de selección de interinos tramitado en tres meses. En ambos casos, el resultado puede ser un trabajador negligente, normal o excelente. El sistema de selección no asegura el mérito y capacidad, que se hace depender de la suerte, sólo lo aparenta. 

¿Quién ha estado ocupando la plaza esos tres años? Un interino. Que ante el cese se revuelve. Y al que los tribunales a veces le dan la razón. Tantas veces le dan la razón que en la ley de presupuestos de este año han tenido que regularlo expresamente para que deje de ocurrir. En cambio, seleccionar un interino apenas consume tres meses.

¿Por qué existe la tasa de reposición? En principio sirve para impedir el incremento de gasto de personal en las administraciones (que tienen un 30 % menos de empleados públicos por habitante que Francia o Portugal, la mitad que Finlandia). A partir de 2012 se radicalizó para aparentar ante la UE que España era un estado fiable como para ser rescatado. Y sirve también para convertir ese gasto de personal en contratos administrativos que ingresan empresas privadas. En ese proceso ese gasto de personal sufre un incremento del 6 por ciento de beneficio del contratista, del 13 por ciento para cubrir sus gastos generales y del 21 por ciento del IVA. 

Sería fácil, entonces, convertir todas las necesidades de personal en contratos administrativos. Pues no, porque la Ley de Contratos (es decir el Congreso de los Diputados) lo prohíbe expresamente: Es necesario que el servicio que se licita tenga un contenido objetivo distinto de la mera contratación de personal.

¿En los años duros del rescate, en los que la tasa de reposición era 0, disminuyó el gasto de personal? No. Se cubrió con interinos. Los mismos que exigen ahora su fijeza, que se mezclan con los que todavía provienen de los años 90 y los 2000. Se trataba de aparentar ante Europa que se controlaban los gastos de personal no de hacerlo realmente. En otro caso, habría que haber cerrado colegios, hospitales y ayuntamientos enteros. 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas (y a veces el Gobierno de la nación) están diseñando continuamente políticas que exigen contratar personal. Pero como el ‘Padrino’, no se manchan las manos. Sueltan la pasta y ya se ocupará el sicario (el Ayuntamiento) de hacer malabarismos. Por si fueran poco las limitaciones de la tasa de reposición, la financiación de estas políticas sólo está garantizada anualmente lo que presiona a favor de la temporalidad del personal. Algunas de estas políticas no son cuestiones menores: los servicios sociales municipales; la ayuda a domicilio; las escuelas infantiles; los agentes de desarrollo local; los normalizadores lingüísticos; etc.

Lo único que se ha intentado para limitar el recurso a los interinos es prohibirlo. Prohibir la realidad. Hay una Disposición Adicional en la Ley de Presupuestos para 2018 –que no ha sido derogada en la de este año– que establece la responsabilidad de la autoridad que formalice un contrato laboral temporal de manera indebida. Todavía no ha ocurrido, pero es posible que veamos a algún alcalde o algún funcionario imputado por prevaricación por intentar cuadrar el círculo:  contratar a un profesor de una escuela infantil para que esta siga funcionando.

Por tanto, afirmar que las administraciones abusan de la temporalidad en la contratación de personal es una perspectiva muy simplista. En realidad, en España, existe un verdadero vía crucis legislativo y burocrático que dificulta prestar los servicios públicos con eficacia. Estos inconvenientes son cada vez mas evidentes y salen a la superficie con cada dificultad que la realidad nos brinda: la pandemia, la nevada, el ingreso mínimo vital, la gestión de los fondos europeos, etc.

Por concluir esta parte, la demanda de los interinos de que se les haga fijos sin pasar una prueba abierta a la participación de cualquier ciudadano exige la reforma de la Constitución pues el Tribunal Constitucional ya ha resuelto sobre su inconstitucionalidad.

¿Qué se puede hacer para que la selección del personal de las administraciones vuelva a funcionar y desaparezcan los interinos como síntoma estructural?

En primer lugar, hay que tener seleccionados a los empleados públicos antes de que se produzcan las necesidades de personal. En la Comisión Europea se utilizan unas listas de personas que han superado las oposiciones. Estas listas tienen una determinada vigencia, normalmente dos años. Se recurre a esas listas para cubrir los puestos vacantes.

En segundo lugar, hay que abandonar la demagogia de la tasa de reposición. Hay que regular otros sistemas que limiten el incremento de los gastos de personal, por ejemplo, refiriéndose a un porcentaje del presupuesto de cada administración.

En tercer lugar, hay que prohibir delegaciones de competencias encubiertas de las comunidades autónomas a los Ayuntamientos.

Finalmente, un cierto grado de temporalidad será siempre necesaria y debe ser regulada adecuadamente por el legislador: las políticas activas de empleo, las brigadas veraniegas de extinción de incendios o las bajas por enfermedad."           

(Anxelo Estévez Torres, CTXT, 30/01/2021)
 

 "El 25 de enero de 2021 Iñaki Gabilondo dijo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER: 

“Hay muchas señales que indican que tenemos problemas de estructura. (…) Se oye que los bomberos no pueden salir porque no tienen cadenas para las ruedas; que el problema de la vacunación se agrava porque no teníamos las jeringuillas necesarias. Tenemos un problema que tenemos que reconocer: ¡España no funciona! (…) España es un Estado moderno, pero tiene problemas de estructura, engranajes que no engarzan bien, problemas de desajustes claros, desorden, y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos. En los hechos estamos fallando, pero parece que no importa con tal de que luego tengamos palabras. Parece que la política se ha convertido en el oficio para explicar por qué no se pueden hacer las cosas.”

En el primero de los artículos de esta serie expusimos la tesis de que España tiene un problema de perfeccionismo legislativo. Se cree que exigiendo en la ley que la Administración sea perfecta esta lo será. Pero lleva sin ocurrir más de un siglo. La Administración española es pequeña y tiene pocos medios. Mas de un siglo de perfeccionismo legislativo no ha arreglado el problema de la corrupción. El instrumento utilizado no es el adecuado. Pero este mecanismo sí ha provocado otro problema: el Estado es ineficaz.

En 2017 se aprobó una nueva Ley de Contratos públicos¹ con un amplio consenso. Es la ley que transpone la nueva directiva europea de contratación administrativa.

 La directiva sólo es un marco común para asegurar un mercado único de la contratación administrativa. Y sólo es obligatoria a partir de unos umbrales. Por encima de 200.000 euros, grosso modo, para los contratos de servicios y suministros, y de los 5 millones de euros, para los contratos de obras.

La directiva se transpuso de manera maximalista. No se aprovecharon las oportunidades de simplificación que ofrece la norma europea ni se flexibilizaron los contratos de cuantía inferior a los umbrales citados. España es un país del sur, pero legisla como si dispusiera de los medios de los países del norte de Europa.

En los años anteriores se identificaron dos procedimientos como un “coladero” de corrupción: los contratos menores (los de cuantía inferior a 15.000 euros) y el procedimiento negociado. Era una corrupción menor, si se me permite. La verdadera corrupción, como recientemente hemos asimilado, se hizo a lo grande.

Pero eran dos procedimientos muy eficaces y ágiles. El primero permitía atender de manera inmediata, sin burocracia, los pequeños gastos del día a día (ej. comprar las cadenas para las ruedas de los camiones de bomberos). El segundo posibilitaba la negociación con los licitadores para concretar las características de un producto o servicio del que la Administración no tenía a priori la información suficiente. Era, de alguna manera, como el proceso de búsqueda del mejor producto que hacemos en nuestra vida privada.

A partir de 2018 el procedimiento negociado está, en la práctica, prohibido. Mientras que el contrato menor se ha convertido en un procedimiento farragoso lleno de papeles y de regulación imprecisa. Al inicio de la vigencia de la Ley, las Juntas Consultivas de Contratación de distintas Comunidades Autónomas nos confundieron con interpretaciones completamente divergentes. En España, el legislador es un gran creador de inseguridad jurídica.

 El principal objetivo de la nueva Ley de Contratos es presionar para que la máxima cantidad de gasto público se licite a través del procedimiento abierto. Es decir, una licitación a la que se le da publicidad, a la que se puede presentar cualquier empresario y que se adjudica atendiendo a criterios objetivos.

Sin embargo, en lugar de poner medios para llegar a ese resultado, el proceso se ha llenado de dificultades. Los medios humanos y materiales dedicados a la contratación administrativa son los mismos que los que se empleaban para anteriores leyes menos exigentes.

La contratación menor –que sigue existiendo, a pesar de ser denostada, porque de otro modo no funcionaría nada– consume muchos más recursos que antes. Lo que habitualmente solo llevaba un “papel”, la factura, ahora es un expediente formal –electrónico– que integra al menos cuatro informes y puede llegar a requerir la firma de cinco personas. Recursos que no pueden ser dedicados a incrementar la contratación por procedimiento abierto.

En ese afán de perfeccionismo también se ha dificultado la propia contratación abierta. Además de los documentos reguladores del contrato –los conocidos como “pliegos”– ahora se exige uno nuevo llamado memoria justificativa. Para los ideólogos de esta ley, este documento es “imprescindible”. Esta memoria es un documento trabajoso donde debe argumentarse cuáles de los criterios de adjudicación que esboza la ley se van a utilizar y, lo más complicado de todo, en el que debe justificarse que el precio de licitación es un precio de mercado desglosando todos los costes del contrato. En la práctica, se producen sesudos estudios de mercado de varias decenas de páginas o se utilizan otros métodos, indirectos, que no dejan de ser la conversión pícara de la exigencia idealista de la ley a la realidad precaria de la administración española.

El tiempo de redacción de esta documentación preparatoria se ha duplicado respecto de la anterior legislación.

Otro de los objetivos de la ley, es facilitar el acceso de las pymes a la contratación administrativa. Objetivo muy loable pero que quizás habría que haber moderado. Para ello el legislador exige que todos los contratos se liciten por lotes. Un lote es una subdivisión del objeto del contrato, de modo que varias empresas puedan ser adjudicatarias simultáneamente. Pero no le ha fijado ningún tamaño mínimo o máximo a esos lotes de manera que se produce el disparate de que contratos de escasa cuantía, perfectamente accesibles para una pyme, también se tengan que licitar por lotes. Cada lote en que se divide un contrato duplica la complejidad de su tramitación.

Uno de los aciertos de la ley es imponer la licitación electrónica como obligatoria. Esta se realiza a través de la plataforma de contratación del sector público. Pero no se ha invertido suficiente dinero en ella y tiene asignado poco personal. El resultado es una aplicación web farragosa y lenta en sus tiempos de carga. Acusa la saturación conforme va avanzando la mañana. Se cuelga no pocas veces y tiene un diseño rígido que no facilita la gestión. Aporta muy poco en términos de automatización: en realidad es un formulario extremadamente riguroso en el que hay que volver a “picar” toda la información que ya figura en los pliegos de la contratación. En esta fase de la licitación se vuelve a duplicar el tiempo de trabajo requerido.

 También hay funcionarios, en cada administración, que se pasan meses rellenando estadísticas para el registro de contratos del Ministerio de Hacienda y para el Tribunal de Cuentas triplicando la información que ya consta en la Plataforma de Contratación por falta de conexión entre ellas, a pesar de que la Ley lo prevé. 

La contratación administrativa representa el 20 % del PIB, alrededor de 200.000 millones de euros, ¿sería razonable invertir 2.000 millones, un 1% de esa cantidad, en una herramienta informática verdaderamente revolucionaria? Por comparación, el presupuesto total de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del que la plataforma de contratación es sólo una de sus actividades, es de “únicamente” 182 millones de euros.

Los defensores de esta Ley han promovido los “sistemas de racionalización de la contratación” como alternativa al recurso desmesurado a los contratos menores. Son los conocidos acuerdos-marco pero generan mucha burocracia, tanto en la primera adjudicación como en los contratos derivados, y su eficacia es bastante discutible. La tramitación de uno de estos acuerdos-marco puede alargarse un año y medio sin demasiado problema.

Otro de los aciertos de la Ley, que ya venía de los últimos años de la anterior legislación, es el recurso administrativo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en algunas autonomías hay un Tribunal propio). Permite que en unos tres meses se resuelva de manera ágil cualquier tipo de conflicto alrededor de la licitación. Pero han surgido dos efectos indeseados. Su carácter gratuito está produciendo que en casi cualquier contrato haya algún licitador que lo interponga, con razón o sin ella, generando la saturación del TACRC y el alargamiento de la licitación. Por otro lado, la Administración tiene un incentivo muy alto para no recurrir la resolución del Tribunal Administrativo contraria a sus intereses ante la jurisdicción contencioso-administrativa: el contrato quedaría paralizado durante años. 

Esto ha producido que se hayan consolidado interpretaciones del TACRC que son contrarias a la literalidad de la ley. Uno de los objetivos de la Ley de Contratos es que entre los criterios de adjudicación no se recurra únicamente al precio. Se fomenta el establecimiento de criterios medioambientales y sociales, como por ejemplo “la mejora de las condiciones laborales y salariales” (cito literalmente a la Ley). Pues bien, este tribunal administrativo anula sistemáticamente los pliegos que valoran el aumento del salario del personal adscrito al contrato aduciendo que es una cuestión que no está relacionada directamente con su objeto.

En las últimas dos décadas se ha acelerado la inflación de órganos que emiten doctrina. A los seculares Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas se han unido sus homólogos autonómicos, las múltiples juntas consultivas de contratación, los tribunales administrativos de contratación, las intervenciones generales. Y finalmente, la OIRESCON. Detrás de este raro acrónimo está la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

 Todos estos órganos, con la ayuda del legislador, parecen competir en la construcción del discurso burocrático más alejado del principio de eficacia que, conforme el artículo 103 de la Constitución, rige la actuación de la Administración.

Vamos a poner un ejemplo. Debido a la saturación que sufren los servicios de los órganos de contratación y a que se puede alargar de manera imprevisible el procedimiento de licitación puede ocurrir que al término del plazo de un contrato todavía no esté adjudicado el siguiente. Para no perjudicar la prestación de servicios públicos, el anterior empresario continúa con la ejecución del contrato, aunque no sea conforme a la Ley. Una vez que se adjudica el nuevo contrato, la ilegalidad desaparece.

Pero para pagar al empresario las facturas de los meses en que se alargó indebidamente su contrato hay que hacer un expediente administrativo. El Consejo de Estado dictaminó hace 25 años que para ello debía de utilizarse el procedimiento más sencillo posible. Es un problema que llevaba resuelto ¡25 años! En cambio, recientemente se ha impuesto el criterio legislativo y de esa pléyade de órganos doctrinarios de que lo “perfecto” es utilizar el procedimiento de revisión de oficio, que consume recursos del órgano de contratación que podían ser utilizados para la licitación de nuevos contratos, que dura unos seis meses y que demora el pago de las facturas al contratista que de buena fe no interrumpió la prestación de un servicio público. Así figura en el último informe de la OIRESCON.

El último problema es la sanción que pueden recibir los funcionarios y autoridades para el caso de que cometan una infracción de la normativa que hemos sintetizado. La sanción que recibe un funcionario que utilice indebidamente el procedimiento de contrato menor será la misma independientemente de que su objetivo sea que continúe la prestación de un servicio público o la corrupción: el delito de prevaricación administrativa. Conlleva una pena muy dura: inhabilitación por 7 años y pérdida de la condición de funcionario. No hay nada intermedio. No hay una sanción de 200 euros por saltarse el límite de velocidad. Una sanción tan dura produce dos efectos: la paralización de la mayoría y que sólo actúen los más osados.

 En 2009, el Plan E distribuyó 8.000 millones entre los ayuntamientos porque se consideró que serían las únicas administraciones capaces de gestionarlos y ejecutarlos en apenas nueve meses. En muchos casos, representó cuadruplicar el importe de la inversión anual de cada municipio. Con la legislación actual, conseguir esa eficacia ya no sería posible.

 Ahora España se enfrenta al reto de gestionar una cantidad de fondos europeos diez veces mayor. Las medidas que introduce el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son tímidas y decepcionantes. Prácticamente todo se fía a declaraciones de urgencia y reducciones de plazos en la emisión de informes y en la tramitación de los procedimientos de licitación. Si tenemos en cuenta que en la actualidad los plazos ordinarios ya no se pueden cumplir ¿cómo se van a reducir a la mitad por mucho que la ley lo ordene? No se afrontan las dificultades estructurales relatadas en este artículo ni se simplifica, más que cosméticamente, la preparación de los contratos. Debemos felicitarnos por la moderada potenciación del que conocemos como procedimiento supersimplificado que, sin embargo, sigue prohibido para la contratación de proyectos técnicos –paso previo a iniciar cualquier licitación de obras– por la presión de los colegios de arquitectos e ingenieros.

¿Qué se puede hacer para que España vuelva a funcionar en materia de contratación administrativa?

En primer lugar, debe reservarse el perfeccionismo para los grandes contratos, facilitando de manera radical la preparación de la documentación reguladora de la mayoría de las licitaciones y aprovechando las opciones de simplificación que ofrece la directiva europea.

En segundo lugar, debe asumirse por el legislador que el contrato menor, incluso de duración plurianual, es imprescindible para el funcionamiento de la administración, sin perjuicio de que se mantenga la publicación de la adjudicación.

En tercer lugar, es necesario realizar una fuerte inversión en la plataforma de contratación electrónica de manera que automatice la redacción de los pliegos y reduzca la participación manual de los funcionarios.

Finalmente, el legislador y los órganos que emiten doctrina en el sector público deben tener especialmente presente que uno de los principios constitucionales que rigen el funcionamiento de la administración es el de eficacia."           (Anxelo Estévez Torres, CTXT, 8/02/2021)

¿Qué habilidades intelectuales, o virtudes cognitivas, deberían poseer los ciudadanos de una democracia moderna?

"¿Qué habilidades intelectuales –o, si se prefiere, virtudes cognitivas– deberían poseer los ciudadanos de una democracia moderna? Durante décadas, una respuesta dominante ha girado en torno a las habilidades epistémicas y cognitivas asociadas con la alfabetización científica. 

La evidencia científica es indispensable para la creación eficaz de políticas públicas. Y para que una sociedad que se gobierna a sí misma coseche los beneficios de la ciencia relevante para la política, sus ciudadanos deben ser capaces de reconocer la mejor evidencia posible y sus implicaciones para la acción colectiva.

Claramente, esta explicación no anda errada. Pero la emergente disciplina de la comunicación científica, que usa métodos científicos para entender cómo la gente llega a conocer lo que es conocido por la ciencia, sugiere que es incompleta.

De hecho, es peligrosamente incompleta. A menos que vaya acompañada de otro rasgo propio del raciocinio científico, las habilidades asociadas con la alfabetización científica pueden en realidad impedir el reconocimiento público de la mejor evidencia disponible y profundizar formas perniciosas de polarización cultural.

Para que la alfabetización científica no socave el autogobierno ilustrado sino que lo respalde, el rasgo complementario necesario es la curiosidad científica.

Dicho de manera sencilla, cuando los miembros ordinarios del público adquieren más conocimiento científico y se vuelven más duchos en el razonamiento científico, no convergen a la hora de detectar la mejor evidencia disponible respecto a hechos controvertidos relevantes en política. En lugar de eso, se vuelven incluso más polarizados culturalmente.

Este es uno de los hallazgos más claros asociados a la ciencia de la comunicación científica. Es una relación que se observa, por ejemplo, en las percepciones públicas de innumerables fuentes de riesgo para la sociedad –no solo el cambio climático, sino también la energía nuclear, la posesión y control de armas o el fracking, entre otros–.

Además, este mismo patrón –a mayor competencia científica, más aguda es la polarización– caracteriza múltiples formas de razonar esenciales para la comprensión de la ciencia: la polarización aumenta, no solo con la alfabetización científica, sino también con la alfabetización numérica (la capacidad para razonar correctamente con información cuantitativa) y con el razonamiento de apertura de mente activa –la tendencia a revisar las creencias propias a la luz de nueva evidencia–.

Lo mismo pasa con la reflexión cognitiva. El Test de Reflexión Cognitiva (CRT por sus siglas en inglés) mide cuánto depende la gente de dos formas de procesamiento de información: “rápida”, preconsciente, formas de raciocinio movidas por emociones, normalmente llamado “sistema 1”; o una forma consciente, deliberada, analítica, “lenta”, denominada “sistema 2”.

No hay duda de que el razonamiento científico requiere un alto grado de dominio en el procesamiento de información propio del sistema 2. Pero cuando los miembros legos del público se vuelven más competentes en este tipo de raciocinio, no piensan de forma más parecida a como lo hacen los científicos. En lugar de eso, estas personas se convierten en indicadores más fiables de qué piensa la gente que comparte sus compromisos grupales sobre riesgos culturalmente disputados y los hechos asociados a estos.

Dicha relación se hace patente de inmediato en encuestas de opinión pública (figura 1). También ha sido documentada experimentalmente. Los experimentos captan estas habilidades cognitivas “con las manos en la masa”: a los razonadores competentes se les descubre usando sus habilidades analíticas para encontrar evidencia que sustente la posición de su grupo, al tiempo que racionalizan el rechazo de la empiria cuando desautoriza las creencias de su bando.

¿Qué explica este efecto? Por contraintuitivo que pueda sonar, usar la propia razón de este modo en un ambiente de comunicación científica contaminado por el tribalismo es perfectamente racional.

Lo que una miembro ordinaria del público piensa sobre el cambio climático, por ejemplo, no tiene impacto sobre el clima. Tampoco cambia nada lo que haga como consumidora o votante; su impacto individual es demasiado pequeño para marcar la diferencia. De este modo, cuando ella actúa en cualquiera de estas capacidades, cualquier error que cometa en lo relativo a la mejor evidencia científica disponible tendrá un impacto nulo sobre ella o sobre aquellos que le importan.

Pero dado que las opiniones sobre el cambio climático ahora identifican las alianzas grupales de cada uno, adoptar la posición “incorrecta” al interactuar con sus pares podría romper vínculos de los cuales depende en gran medida su bienestar material y emocional. Bajo estas condiciones patológicas, ella usará predeciblemente su raciocinio, no para discernir la verdad, sino para formar y persistir en creencias características de su grupo, una tendencia conocida como “cognición protectora de la identidad”.

Uno no tiene que ser un premio Nobel para darse cuenta de qué opinión defiende su tribu. Pero si alguien disfruta de especial dominio en la comprensión e interpretación de evidencia empírica, es perfectamente predecible que usará esa habilidad para forjar vínculos incluso más fuertes entre lo que cree y quién cree que es, culturalmente hablando.

Ahora considere la curiosidad.

Conceptualmente, la curiosidad tiene propiedades directamente opuestas a las de la cognición protectora de la identidad. Mientras que la segunda denota una dura resistencia a explorar la evidencia que pueda disputar las propias opiniones, la primera consiste en ansiar lo inesperado, movidos por el placer anticipado de la sorpresa. En ese estado, los centinelas defensivos de la opinión existente bajan la guardia. Uno podría esperar razonablemente, entonces, que aquellos dispuestos hacia la curiosidad científica fueran más abiertos de mente y, como resultado, menos polarizados en torno a trincheras culturales.

Esto es exactamente lo que observamos cuando probamos empíricamente esta conjetura. En las encuestas generales a la población, diversos ciudadanos que puntuaron alto en la Escala de Curiosidad Científica (SCS por sus siglas en inglés) están menos divididos que sus conciudadanos con puntuaciones bajas.

De hecho, en lugar de tornarse más polarizados a medida que su alfabetización científica aumenta, aquellos que puntuaron más alto en el SCS tienden a converger en lo que la evidencia indica sobre el cambio climático, la posesión de armas, la energía nuclear y otras fuentes de riesgo.

Los datos experimentales sugieren por qué. Cuando se les da a elegir, los individuos de baja curiosidad optan por la evidencia ya conocida, consistente con lo que ya creen; los ciudadanos de curiosidad alta, en cambio, prefieren explorar nuevos hallazgos, incluso si esa información implica que la posición de su grupo es errónea (figura 2). Al consumir una dieta informacional más rica, los ciudadanos de mayor curiosidad forman, predeciblemente, menos opiniones banderizas y, por tanto, menos polarizadas.

Esta investigación empírica muestra una imagen más compleja del ciudadano democrático virtuoso cognitivamente. Por supuesto, conoce una gran parte de los métodos y descubrimientos de la ciencia. Pero de igual importancia es que se maraville y asombre –los distintivos emocionales de la curiosidad– con el conocimiento que la ciencia ofrece sobre los procesos ocultos de la naturaleza.

Los hallazgos sobre la curiosidad científica también tienen implicaciones para la práctica de la comunicación científica. La mera transmisión de información es poco probable que sea efectiva –y puede incluso empeorar las cosas– en una sociedad que ha fracasado en la inculcación de curiosidad en sus ciudadanos y que no involucra a la curiosidad cuando se comunica ciencia relevante en política.

Entonces, ¿qué deben hacer los educadores, los periodistas de ciencia y otros profesionales de la comunicación científica para adquirir los beneficios de la curiosidad científica?

La respuesta a esta pregunta en el corto plazo es clara: unir fuerzas con los investigadores empíricos para estudiar la curiosidad científica y el avance de su oficio.

El valor de tales colaboraciones fue un gran tema del reciente informe de la Academia Nacional de las Ciencias consensuado entre expertos, Communicating Science Effectively. De hecho, iniciativas que conectan el trabajo experimental y de campo como las propuestas por el informe de la Academia ya están teniendo lugar. La Escala de Curiosidad Científica es en sí misma producto de un proyecto colaborativo: por un lado, de investigadores de ciencias sociales afiliados al Proyecto de Cognición Cultural en la Facultad de Derecho de Yale y al Centro Annenberg de Políticas Públicas en la Universidad de Pensilvania (APPC); por otro, de productores de películas sobre ciencia en Tangled Bank Studios.

Los resultados de esa iniciativa, a su vez, informan una colaboración entre los científicos sociales de la APPC y los comunicadores científicos de la cadena de televisión pública KQED. Financiada por la Fundación Nacional de la Ciencia y la Fundación Templeton, esa asociación está realizando estudios de campo destinados a hacer películas de ciencia y formas de comunicación relacionadas con la ciencia que atraigan a personas curiosas de grupos culturalmente diversos, incluidos los grupos que están amargamente divididos en cuanto al cambio climático y otras cuestiones.

Por ahora, no hay protocolos probados para utilizar la curiosidad científica para ayudar a extinguir las rivalidades entre grupos que generan desacuerdos públicos sobre la ciencia pertinente a la política, en particular entre los miembros de esos grupos con mayor alfabetización científica.

Pero si la ciencia de la comunicación científica no está todavía en posición de decir a los comunicadores científicos exactamente qué hacer para aprovechar los efectos unificadores de la curiosidad, sí que les dice inequívocamente cómo averiguarlo: mediante el uso de los métodos empíricos de la propia ciencia."                

 (Dan Kahan , catedrático de derecho y psicología en la Facultad de Derecho de Yale. Sin Permiso, 13/06/20; fuente: Scientific American)

¿Cuándo los partidos de la socialdemocracia dejan de ser socialdemócratas?

"(...) ¿Cuándo los partidos de la socialdemocracia dejan de ser socialdemócratas?

La respuesta es fácil: cuando abandonan el objetivo de establecer el socialismo. Y esto lo hacen cuando dejan de ser parte de las clases populares, desarrollando sus propios intereses corporativos, que los distancian de las clases populares, y estableciendo, en su lugar, alianzas con los grupos financieros y económicos dominantes, que siempre ejercen un gran dominio e influencia sobre las instituciones políticas representativas y las instituciones mediáticas.

 El libro Parliamentary socialism, de Ralph Miliband, es el mejor libro sobre cómo suele ocurrir este abandono del socialismo por parte de los partidos socialdemócratas, abandono que es facilitado por la forma de desarrollo de la democracia representativa, que puede facilitar el surgimiento de este corporativismo, alcanzando su máxima expresión con la profesionalización de la política, es decir, la conversión de la política en el politiqueo que hacen los aparatos de los partidos.

 Esta situación facilita el establecimiento de la casta, peligro constante en el régimen representativo, lo que requiere cambios en el sistema de representatividad y el desarrollo de otras formas de democracia, incluyendo la democracia directa, tales como referéndums. 

Y es aquí donde las demandas de las nuevas izquierdas, basadas en el 15-M, permiten albergar una esperanza entre los partidos emergentes, basados en movimientos que exigen democracia y reviven el proyecto socialista. 

 El vacío creado por la socialdemocracia española y su adaptación al neoliberalismo justificó la protesta popular y la demanda de recuperación de dicho proyecto, claramente abandonado por los aparatos del PSOE.

 De ahí la urgencia de una rebelión de los votantes de tal opción política (la gran mayoría personas claramente de izquierdas) frente al aparato de su partido, para forzar un movimiento del PSOE a la izquierda, impidiendo que obstaculice el establecimiento de un gobierno de izquierdas en España que probablemente será posible en un futuro próximo."                (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2016, en vnavarro.org, 23/06/16)

Manda el IBEX... ¿Pero quién manda en el IBEX?... una historia de la oligarquía española

" Hoy se acercan viejos fantasmas restauradores, maquilladores de la élite dirigente en diferentes periodos de la historia de España, aún activos gracias a los partidos emergentes y su necesidad de acercarse a su par ideológico. 

El empate técnico que dibujó el 20D y la consiguiente necesidad de generar alianzas ha hecho que todos participen en un juego de limpieza semántica del otro, de redefinición de los límites amigo-enemigo, reemplazando la crítica estructural del adversario (como expresión de unos intereses, como partido de clase, definido por una trayectoria histórica), por categorías líquidas político-partidarias (los partidos son sus líderes y sus votantes y, por tanto, susceptibles de cambios). 

Esto refleja el predominio de una forma cinematográfica y épica de leer las negociaciones y sus aristas (Pablo el villano, Pedro el inocente, Rajoy el inconsciente), propia de series como Juego de tronos o House of cards. Como consecuencia, el conflicto político queda circunscrito a una pugna parlamentaria entre líderes, evitando ver su origen más allá de esta.

Como herramienta pedagógica, quizá sería bueno rescatar la serie televisiva producida por Martin Scorsese, Boardwalk Empire, para interpretar la situación actual. En ella se retrata la vida del tesorero de la próspera Atlantic City (Steve Buscemi) a inicios del siglo XX, un cargo público (menor) dedicado a gestionar las arcas de la ciudad. No obstante, detrás de su pretendida función, se manifiesta su rol como articulador de los negocios de la urbe.

Como tal, recibe una renta de los negocios del lugar, promociona a aquellos que le han apoyado durante la campaña electoral, y hunde a aquellos que osan enfrentarse a él. Su posición viene facilitada por un hecho: él construyó aquel lugar y fue quien puso a cada uno de los que ocupan un puesto de importancia. Sin embargo, su poder se tuerce con la aprobación de la ley seca y la entrada de nuevos competidores.

Es la política vista desde el conflicto entre clases pudientes, y las transformaciones sociales que originaron dicho conflicto.

Siguiendo esta lectura, la política en España parece rodar hoy por similares derroteros. La corrupción estructural y las tres crisis sistémicas (del régimen político, del modelo financiero/económico, y del bloque mediático y propagandístico) que la acompañan así lo indican: en los últimos 25 años, la política (desde la monarquía hasta las pequeñas instituciones locales) ha servido para mediar y medrar entre empresarios necesitados de contratos, facilitando adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tanto dentro como fuera del país.

Si apuntamos a la acumulación primigenia que ha resultado en esta capacidad intermediaria, veremos cómo los diferentes gobiernos de turno han facilitado durante décadas que gigantescos recursos (financieros, materiales, humanos) fueran desviados desde el Estado a determinadas manos.

Un ejemplo del peso de este capital transferido a manos privadas es que la capitalización de las seis empresas públicas que cotizaban en el Ibex35 en los años 90 (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40% de la capitalización del índice bursátil (38,14%); es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio de la capitalización del índice. 

Hoy, estas empresas siguen siendo fundamentales en el reparto de poder del Ibex. Pero la crisis ha movido las fichas y el poder se ha troceado entre distintas facciones.

Oligarquía política

Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo del mismo, ocupando así sus más altas posiciones. Los gobiernos de nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35, en un imparable juego de puertas giratorias. 

En el Grupo Santander están UCD, el PSOE y el PP: el actual vicepresidente, Matías Rodríguez Inciarte, fue ministro de la Presidencia con UCD; el consejero Guillermo de la Dehesa fue secretario de Estado de Economía y arquitecto de las privatizaciones en los 80 con el PSOE; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente con el PP, también es consejera.

En Gas Natural, nuestro presidente más longevo (14 años), Felipe González, fue consejero hasta el año pasado; retrocediendo al Ibex de los años 90, encontramos a otro expresidente, Leopoldo Calvo Sotelo, como consejero de Ferrovial; y en otra gran constructora, OHL, se unen pasado y presente: su actual presidente y propietario, Juan Miguel Villar Mir, remite a la Transición --fue vicepresidente y ministro de Economía del primer Gobierno del Rey (1975)--; su actual CEO, peso pesado en los dos Gabinetes de Aznar, es Josep Piqué, ex ministro de Exteriores, Industria,  Ciencia y ex portavoz del gobierno.

Los políticos que acaban en el Ibex no son sujetos aislados, sino que tienen una singularidad y una unidad específica como grupo, lo que les constituye como un bloque de poder ‘económico’: se extienden por 29 de las 35 empresas del Ibex35 actual.

 Forman así parte de un grupo de presión muy relevante, pues el simple estornudo de estas empresas asusta a toda la economía: su cotización es una muestra de salud interna y muchas de ellas entran, por su riesgo sistémico, en la lista de las ‘entidades susceptibles de rescate’, las denominadas “too big to fail”.

Ese grupo de políticos/empresarios forma, junto a los empresarios puros, una clase pacíficamente desunida dentro del Ibex35, en el que hoy se cruzan alianzas y enfrentamientos y se desarrolla la pugna por conseguir la posición dominante en la economía. Hay mucho en juego. 

En un país vigilado muy de cerca por la Troika y más endeudado que nunca (casi el 100% del PIB), la capitalización de las 35 empresas del principal índice bursátil equivale a la mitad del Producto Interior Bruto español: 547.785 millones, aportando 18.173 millones (en 2014) a las arcas del Estado por impuestos de sociedades (un 40,5% de los 44.823 millones que se recaudaban al inicio de la crisis, en 2007, según un informe de CC.OO).

Durante dos largas décadas todo fue bien para las grandes empresas del Ibex y su imperio: la unidad del bloque estaba garantizada por el Estado y por las cajas de ahorro, es decir, por consejeros políticos y el riego de capital de las cajas y el Estado. 

Durante este tiempo, se repartieron el poder PP y PSOE, apoyándose en cajas de ahorros y en el control de la SEPI (el grupo industrial estatal, antes conocido como INI y INH) según el gobierno de turno. Pero la larga recesión y las medidas impuestas por Europa torcieron este equilibrio.

Reparto PSOE-PP

El reparto vigente en 2010 daba a los tecnócratas del PSOE influencia en un área del Ibex35 que incluía a las antiguas empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado (Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los años 90 (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor entidad financiera del país.

Los mandarines del PP, por el contrario, se habían ido extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato y por José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP), y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada la crisis económica, de una posición oligopólica en el Ibex35, con la participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia, Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las tres primeras, e indirectamente, controlando un área mucho más amplia, a través de las participaciones de sus participadas. Sólo había un accionista con un poder similar en el Ibex35 en 2010: La Caixa (con seis participadas).

Ni siquiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un problema para el poderío del PP/Ibex. El presidente socialista dio el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.

En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para financiar el imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos. 

 Un ejemplo: la caja compró suelo –sin valor según el juez Andreu-- por valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina Sonia Castelló y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con el que compartía juergas en prostíbulos y yates. La caja se sumaba así al apoyo de la CAM, que había llegado a financiar con 150 millones al constructor. 

También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia C.F., con el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.

En el imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones. A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35% de Grand Coral) se embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia.

 El presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de 3.500 euros al mes.

Blesa, Aznar y compañía

En Madrid, la caja controlada por Miguel Blesa, el viejo amigo de José María Aznar, tuvo una actuación similar, aunque, dado su tamaño, el brazo financiero de la casa ayudaba a círculos empresariales más exclusivos. Ahí quedan los créditos a múltiples empresarios, algunos de ellos encarcelados hoy. 

Por ejemplo, a Díaz Ferrán, consejero en Bankia (131 millones, de los que el 15% ha quedado impagado); al exvicepresidente de la CEOE y también consejero en Bankia, Arturo Fernández (2 millones), o a los todopoderosos Florentino Pérez (620 millones, aún sin cuantificar los que proceden de Bankia), Esther Koplowitz (1.000 millones en créditos junto al BBVA, cuyo pago ha sido pospuesto a 2018), Villar Mir (344 millones al 0% de interés, concedidos mientras López Madrid, su yerno, era consejero) o al dueño de la quebrada Martinsa Fadesa, Fernando Martín (1.000 millones para la compra de Fadesa a Manuel Jové, autorizados por el responsable de créditos a empresas Carlos Vela, quien después pasó a ser CEO del grupo constructor).

Pero Caja Madrid no es sólo la gran acreedora de las fortunas del ladrillazo español. Su política como brazo financiero de proyectos de envergadura le llevó a igualar a su amiga valenciana, financiando un parque temático para Madrid, el Parque Warner, al cual concedió un crédito de 211 millones. O el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones). O dando crédito a mansalva a medios de comunicación. 

Su radio de acción no sólo abarcaba la tierra patria. Su política de compras le llevó muy cerca de Bancaja, a Florida, donde se hizo con el City National Bank of Florida, por 1.134 millones, que finalmente fue vendido en 2013 por 683 millones, casi la mitad de lo que costó. Esta fue una operación investigada por el juez Elpidio Silva, que le supuso ser apartado de la carrera judicial.

El destino quiso que la unión en 2010 del imperio del PP en Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición del PSOE. No sólo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel) permitió su salida a Bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual las cuentas fueron “maquilladas”, en palabras de los peritos del Banco de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu.

 Veredicto que no comparten el FROB y la CNMV, esta última investigada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia, en su salida a Bolsa. Están siendo investigados los responsables del presunto regulador desde la etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo durante la salida a Bolsa), y Elvira Rodríguez (actualmente en funciones).

El verdadero problema llegó con el rescate a Bankia. La casa Aznar había depositado ahí todas sus esperanzas de control y poder: ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el Partido Popular, y todos sus compañeros de viaje, empresarios, conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos. 

Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las participaciones en empresas que permitían al Partido Popular mantener un gran poder intermediario dentro del Ibex35. Todos los indicios apuntan hoy a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder económico cuando llegó la crisis.

Pero dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los 20.000 millones, quedaban fuera del alcance del FROB, así que el Gobierno Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). 

La aprobación del préstamo, que incluye tres tramos hasta llegar a los 100.000 millones (el 10% de la deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610 puntos en agosto de 2012.

Llegan los americanos

Ya en diciembre, con el rescate debajo del brazo, el Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en tenedoras de acciones), y evitar la participación de políticos en ellas.

 Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico: los fondos y los bancos custodio estadounidenses.

Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el muñeco con el que había dominado el Ibex35. Rajoy defenestró a la cúpula de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika sino también en manos de los competidores, los fondos de inversión que controlan el BBVA. 

Los mismos que hoy han logrado poner en su órbita de control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12% de IAG (junio de 2013), el 20,14% de Indra (agosto de 2013), el 4,94% de Iberdrola (abril de 2014), el 19,07% de Metrovacesa (diciembre del 2014), y la joya de la corona, el 15% de Mapfre (septiembre de 2014).

Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre.

Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines, Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta (Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato. Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.

Aznar respondió a la situación creando el Instituto Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y benefactores. En el consejo directivo del instituto que preside figuran numerosas autoridades “amigas” de empresas del Ibex35: Alierta (Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón (Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre).

Como consecuencia de la intervención de Bankia, la influencia del PP sobre el Ibex quedó en manos de Rajoy, quien a través de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.

La consecuencia más inmediata de este cambio de cromos es que, si el PP no lograra acceder al Gobierno en las sesiones de investidura o elecciones venideras, quedará sin ninguna capacidad de control sobre un buen número de sociedades del Ibex35.

Y no sólo eso, sino que quien controle la galaxia Bankia controlará un sinfín de créditos que sostienen todavía a muchas de las grandes fortunas y empresas que van en dirección a la quiebra y cuya subsistencia depende del gran respirador artificial.

En el nuevo Ibex35 post Bankia, la partida ha pasado de ser un juego de dos (La Caixa y Caja Madrid como accionistas de múltiples empresas) a una que incluye a tres actores: un PP que se aferra a la SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su imperio; un sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del Santander, BBVA y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New York Mellon, State Street Bank), y en particular de Blackrock; y por último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una entidad de capital nacional: La Caixa.

Blackrock, el actor emergente

El nuevo actor emergente, Blackrock, ha ganado terreno con la crisis y tiene hoy repartidos 12.000 millones por empresas del Ibex35. Su ascenso ha sido meteórico. En 2010 solo tenía participaciones en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en doce sociedades del Ibex35, y en 2016 han pasado a ser 19. 

Sus principales referentes en España son el BBVA y el Santander, los cuales han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de referencia (State Street Bank y New York Mellon, y Chase Nominees, entre otros). Los bancos fueron los precursores de la invasión fondista, con Telefónica, la primera empresa del Ibex35 que introdujo a Blackrock como accionista.

El candidato Pedro Sánchez ha tenido varias ocasiones para conocerles. En junio de 2015, fue invitado a una reunión del Club Bilderberg (junto a Ana Patricia Botín y Juan Luis Cebrián) en la que estaba el vicepresidente de Blacrock, Philipp Hildebrand, aunque finalmente el líder socialista no acudió. No obstante, según la agenda del PSOE, dos meses después, el secretario de economía del PSOE, Manuel de la Rocha, se reunió con Jim Barry, responsable de Infraestructura de Blackrock, en Ferraz. 

Su presidente, Larry Fink, un asiduo al foro de Davos, es autor de varias frases memorables. Una afirma: “Hay que educar a la población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”. En otra aconsejaba esperar el momento oportuno, cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar acciones: “Antes de comprar hay que ver sangre en las calles”.

En una entrevista concedida a El País durante una visita a España en junio del año pasado, Fink advertía: “Quien gobierne en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que son compromisos de Estado y no de un gobierno concreto”.

Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español.

Galaxia Fainé

Otro de los actores poderosos del actual Ibex35 es Caixabank (La Caixa), el holding catalán comandado por el pío y opusdeísta Isidro Fainé. Es la única gran caja que no tiene participación del FROB, al igual que otras cajas menores reconvertidas, como Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja, cuyo accionista de referencia es la fundación.

 Fainé suele ser discreto con sus preferencias, y le cuesta entrar en el juego de apariencias y amistades madrileño, pero no ha podido ocultar su preferencia por un gobierno estable: “Si se hace un gobierno estable habrá inversiones”, dijo en la presentación de resultados de La Caixa en enero de este año.

Cabe recordar que Fainé conoce bien las virtudes y las debilidades de Albert Rivera porque fue su jefe (supremo) en La Caixa, y que fue el único patrón del Ibex (junto a Josep Oliú, del Sabadell, o Salvador Alemany, de Abertis) que no acudió en octubre, dos meses antes de las elecciones, a la reunión organizada por el lobby del Ibex35, Puente Aéreo, con el candidato de Ciudadanos. Fainé sabe lo importante que es 2016, con una agenda de fusiones recomendadas por la Unión Europea, que acercan a La Caixa al Banco Popular o Ibercaja.

Todos en el Ibex se juegan mucho con el próximo Gobierno, pues de él dependerá inclinar hacia un lado u otro la balanza de poder entre las tres galaxias dominantes (SEPI, Caixa, Blackrock). 

Se podría hacer una hipotética lectura de los bandos del Ibex35 y de sus preferencias políticas, aunque evidentemente nunca sería una correlación perfecta. Pero lo que se puede afirmar es que el núcleo de las grandes empresas españolas se ha dividido en tres zonas de influencia que coinciden con los tres partidos que hoy se postulan (entre trucos, silencios y teatro) para formar la gran coalición.

 También, que hay en curso un clima social y un choque de trenes entre las clases pudientes que amenaza con llevarse todo lo que fue --y también lo que puede llegar a ser-- el PP, y que de ello depende que este siga controlando los resortes del Estado y su gran caja fuerte, todavía en manos de Bankia-FROB.

Por otro lado, sorprende el mutismo en las negociaciones sobre el futuro de Bankia y otras entidades intervenidas por el FROB, ante la anunciada nueva fase de concentración del sector bancario.

Y por último, parece evidente que los grandes capitales del Ibex35 y sus gestores, ante la situación de parálisis política, no pueden dejar que sus padrinos se enfrenten --o peor, que opten por peligrosos derroteros--. De ahí su esfuerzo por mediar en su reconciliación, y su mal disimulado interés en apartar como sea a Podemos de un hipotético Gobierno de coalición.

Cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Pero que nadie se equivoque: las negociaciones por la investidura de 2016 tienen detrás una agenda que no vemos. Y en la portada de esa agenda pone IBEX. Aunque el mundo cambia muy deprisa y, como sugería Aleixandre, cabe la posibilidad de que esas cuatro letras y dos números sean solo las marionetas (las plumas alisadas) de unos titiriteros más grandes, cuyo rostro y nombre apenas distinguimos... "                    (Rubén Juste de Ancos, Contexto, 01/03/16)