"¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres
humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El
personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto,
de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante
este periodo de confinamiento son la viva muestra de ello.
Esta pandemia
ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a
mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son
actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no
hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades,
sacrificando a las personas más débiles y necesitadas.
¿Qué hacer para
evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras
participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo,
es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas
y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo
tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos
transformaciones estratégicas nos permitirían no solo garantizar la
dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para
descontaminar y salvar el planeta.
Democratizar. Mientras quienes podemos, permanecemos
confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal
esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que
trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar
servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y
de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave
que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en
meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: y es que, sin personas
dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que
valga.
Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están
movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus
domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así
de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un
empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de
confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada
día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada”
cualquiera de la empresa: son SU parte constitutiva. Sin embargo, se
les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el
gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.
Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad
en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras,
parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las
remuneraciones más altas e iniciarse ésta desde un nivel más alto para
el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en
que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a
las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra,
hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las
inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la
empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.
En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la
empresa comenzó a establecerse a través de comités de empresa al acabar
la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “Cámaras” de representación de los
y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes
de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el
accionariado.
Estas Cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica
propia del capital, que busca acumular para sí mismo, mientras destruye
el planeta. Estas Cámaras de representación de los y las trabajadoras
deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los
consejos de administración, con el fin de someter el gobierno
empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de
doble mayoría.
En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes
formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron
progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial
representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una
verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el
derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy
voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de
elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno
de los consejos de administración.
Nombrar al Director (o, mejor aún, a
la directora) General, decidir sobre la estrategia empresarial, o sobre
cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado
importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la
representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo,
su salud, y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la
posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.
Desmercantilizar. Esta crisis ilustra también hasta qué punto
el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que
no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los
mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los
sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de
material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la
rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño.
Nuestras
decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades
colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la
mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos
ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede
decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las
leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada
cual un trabajo digno.
Una forma de alcanzar ese objetivo es a través de una Garantía de
empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener
un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos
humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido,
a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección
contra el desempleo.
En este sentido, la Garantía de empleo permitiría
no solo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que,
colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a
las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos
enfrentamos. Una Garantía de Empleo puesta a disposición de las
comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto,
contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar
un futuro digno a todas las personas.
La Unión Europea debería poner los
medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su
Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que éste
pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la
UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Ofreciendo una solución anticíclica
al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su
compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras
sociedades democráticas.
Descontaminar. No repitamos los errores de 2008: aquella
crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero,
profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a
intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las
empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia.
El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo
constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por
nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a
cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas.
Más
allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe
imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de
las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la
transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con
gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital
como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las
estrategias a poner en práctica.
Esto no debe sorprender: bajo el
régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre
desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros
de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc.
Tech. 2011 45, 1711–1718), si se establecieran “modificaciones
realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse un 73% del
consumo mundial de energía.
Pero estos cambios implicarían más mano de
obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las
empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes
aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la
decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?
A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas
cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose
objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y
medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos,
han demostrado ya que ésta es una vía creíble.
No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de
quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las
personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso
climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al
alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el
trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta." ([Este artículo se publica en 34 medios de comunicación de todo el mundo;16/05/2020)
Firmado: Isabelle Ferreras (University of Louvain/FNRS-Harvard LWP), Julie Battilana (Harvard University), Dominique Méda (University of Paris Dauphine PLS), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (University of Groningen), Sara Lafuente Hernandez (University of Brussels-ETUI), Hélène Landemore (Yale University), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Pablo Fernandez (IAE Business School / Universidad Austral), Sebastian Perez Sepulveda (Paris Dauphie),AdolfoRodriguez-Herrera (Universidad de Costa Rica), Rodrigo Canales (Yale University), Gianfranco Casuso (Pontificia Universidad Católica del Perú), Justo Serrano Zamora (University of Groningen), Rodrigo Arocena (Universidad de la República. Uruguay), Alberto Alemanno(HEC Paris-NYU Law), Elizabeth Anderson (University of Michigan), Philippe Askénazy (CNRS-Paris School of Economics), Aurélien Barrau (CNRS et Université Grenoble-Alpes), Adelle Blackett (McGill University), Neil Brenner (Harvard University), Craig Calhoun (Arizona State University), Ha-Joon Chang (University of Cambridge), Erica Chenoweth (Harvard University), Joshua Cohen (Apple University, Berkeley, Boston Review), Christophe Dejours (CNAM), Olivier De Schutter (UCLouvain, UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Archon Fung (Harvard University), Javati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Stephen Gliessman (UC Santa Cruz), Hans R. Herren (Millennium Institute), Axel Honneth (Columbia University), Eva Illouz (EHESS, Paris), Sanford Jacoby (UCLA), Pierre-Benoit Joly (INRA -National Institute of Agronomical Research, France), Michele Lamont (Harvard university), Lawrence Lessig (Harvard University), David Marsden (London School of Economics), Chantal Mouffe (University of Westminster), Jan-Werner Müller (Princeton University), Gregor Murray (University of Montréal), Susan Neiman (Einstein Forum), Thomas Piketty (EHESS-Paris School of Economics), Michel Pimbert (Coventry University, Executive Director of Centre for Agroecology, Water and Resilience), Raj Patel (University of Texas), Katharina Pistor (Columbia University), Ingrid Robeyns (Utrecht University), Dani Rodrik (Harvard University), Saskia Sassen (Columbia University), Debra Satz (Stanford University), Pablo Servigne PhD (in-Terre-dependent researcher), William Sewell (University of Chicago), Susan Silbey (MIT), Margaret Somers (University of Michigan), George Steinmetz (University of Michigan), Laurent Thévenot (EHESS), Nadia Urbinati (Columbia University), Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain), Judy Wajcman (London School of Economics), Léa Ypi (London School of Economics), Lisa Wedeen (The University of Chicago), Gabriel Zucman (UC Berkeley), and 3000more scholars from more than 600 universities across the globe.The full list is available https://democratizingwork.org/