Las consecuencias de los monopolios intelectuales... ¿Hacia qué tipo de economía nos dirigimos? ¿Está experimentando el capitalismo una transformación cualitativa hacia un «tecnofeudalismo»?

 "¿Capitalismo a la antigua? Las consecuencias de los monopolios intelectuales

¿Hacia qué tipo de economía nos dirigimos? ¿Está experimentando el capitalismo una transformación cualitativa hacia lo que Cédric Durand ha denominado «tecnofeudalismo»? La economista Cecilia Rikap aborda estas cuestiones desde una nueva perspectiva, centrándose específicamente en las relaciones de producción en el seno de los gigantes del sector digital.

 ¿Qué tipo de régimen de acumulación se está configurando hoy en día? Los rasgos distintivos de la economía atlántica contemporánea -estancamiento prolongado, producción globalizada, financiarización, redistribución ascendente de la riqueza, revolución digital en curso- han dado lugar a diversas respuestas.

En Techno-feudalism, Cédric Durand sostiene que se está produciendo una mutación cualitativa del capitalismo en su frontera digital, en la que la depredación se está convirtiendo en la principal modalidad para extraer beneficios, como en el caso de las rentas o los monopolios resultantes de decisiones políticas. Ve una analogía con las relaciones feudales de expropiación, que difiere de la restricción económica de «acumular innovando» típica de la explotación capitalista.

Evgeny Morozov se ha opuesto a esta tesis formulando una serie de críticas a los intentos, tanto de derechas como de izquierdas, de entender la evolución actual, en el sector digital o más ampliamente, por referencia a la época feudal. El capitalismo», insiste, «se mueve en la dirección en la que siempre se ha movido; está aprovechando todos los recursos que es capaz de movilizar, y con mayor gusto porque son más baratos». Dado que el capital siempre se ha basado, hasta cierto punto, en métodos extraeconómicos de acumulación, no es necesario, para comprender su dinámica contemporánea, desarrollar conceptos innovadores -o incluso no tan innovadores[1].

¿Estamos asistiendo a un desplazamiento hacia formas no capitalistas, al advenimiento de un nuevo modo de producción? ¿O, como afirma Morozov, estamos sólo ante los últimos avatares del capitalismo de viejo cuño?

Nos proponemos contribuir a estos debates centrándonos en un elemento clave del paisaje contemporáneo: las nuevas relaciones de producción vigentes en el sector digital, que el economista italiano Ugo Pagano ha denominado «capitalismo monopolista intelectual»[2]. Los gigantes de la economía digital, tanto estadounidenses -Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft- como chinos -Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei- están a la vanguardia de estos cambios, aunque puedan identificarse tendencias similares en otras industrias. A pesar del golpe asestado a sus acciones a finales de 2022 por el fin de las políticas de flexibilización cuantitativa, los gigantes tecnológicos siguen siendo actores dominantes en el escenario del siglo XXI.

De hecho, es sorprendente observar que las empresas que tanto han prosperado en 2022 -ya sean los gigantes del petróleo (Big Oil), los gigantes farmacéuticos (Big Pharma) o los gigantes tecnológicos (Big Tech)- tienen una cosa en común: ejercen un poder de monopolio sobre otras empresas. Su diferencia radica en la naturaleza de lo que controlan -de lo que privan a los demás-, lo que tiene importantes implicaciones: los que monopolizan sistemáticamente el conocimiento y los datos ejercen un poder global de exclusión que los hace aún más resistentes.

A continuación examinaremos la novedad del poder monopolístico de los gigantes tecnológicos, los factores que lo originan y los mecanismos utilizados para consolidarlo. Me centraré en particular en Microsoft, que está codo con codo con Apple y Aramco en el podio de las tres mayores empresas del mundo en términos de capitalización bursátil.

El monopolio como relación de poder

La propiedad privada es una relación entre los que tienen y los que no tienen, a los que se priva de lo que necesitan. Como tal, la propiedad privada es la forma más general de monopolización en el capitalismo. Por lo tanto, los derechos de propiedad deben entenderse, no simplemente en términos de sujeto y objeto de propiedad, sino como una relación social. Como escribe David Graeber, pueden reducirse a «acuerdos o compromisos hechos por personas sobre cosas» -por «personas» podemos entender individuos, pero también colectivos, clases o empresas. En esta relación desigual, una de las partes puede ser la inmensa mayoría de la sociedad.

Desde este punto de vista, el monopolio, como relación de poder, incluye tanto a los que se benefician como a los que se ven privados de lo monopolizado. Esta es la concepción que se encuentra en el Estatuto de Monopolios inglés de 1623,[3] que abolió la concesión de monopolios debido a los «grandes agravios e inconvenientes» que infligían a los súbditos de Jacobo I. Estos «agravios» consistían en que los monopolios no se concedían a los súbditos. Estos «agravios» consistían en restricciones a la libertad de comprar (lo que se conoce como «monopsonio») o vender (la definición convencional de «monopolio»). Como Edward Coke, fiscal general del rey Jaime, se esforzó en señalar, la capacidad de dominar la fabricación, explotación o uso de una cosa también constituía un monopolio[4].

Como ha puesto de relieve la literatura reciente sobre el tema, el poder de monopolio no puede reducirse a un fenómeno de mercado; los sistemas jurídicos desempeñan un papel crucial en este sentido[5]. Sin embargo, también es crucial destacar los efectos de la monopolización como relación de poder. Esta fue una de las principales preocupaciones de los teóricos del «capital monopolista», que en la década de 1960 describieron una nueva etapa del desarrollo capitalista caracterizada por la existencia de gigantescas corporaciones, como General Electric, con suficiente poder de mercado para fijar los precios. El capitalismo, según la definición de Paul Sweezy, se produce «mediante la constitución, por un lado, de una clase de trabajadores sin propiedad y, por otro, de una clase capitalista de propietarios»[6]. Estos son los dos polos de una relación basada en el monopolio de los medios de producción por parte de los capitalistas, verdadera condición de posibilidad de la explotación de los trabajadores y de la apropiación del valor que crean.

Los medios de producción son heterogéneos, de modo que a la del capital sobre el trabajo pueden superponerse otras relaciones definidas por el poder del monopolio. Las particularidades de ciertas industrias, en términos de tamaño mínimo de la explotación o, más generalmente, de economías de escala, son capaces de crear monopolios naturales. La monopolización también puede referirse a un recurso, como es el caso de las empresas que monopolizan los combustibles fósiles -pensemos en Aramco y Exxon Mobil- en detrimento de quienes dependen de ellos. 

Los Estados modernos también son capaces de crear formas de relaciones monopolísticas, como las basadas en los derechos de propiedad intelectual (DPI).
La especificidad de este último tipo de monopolio, que se refiere a la propiedad intelectual, es doble. En principio, es posible que varios individuos hagan uso simultáneo de un mismo conocimiento sin privar a nadie más de él -mejor aún, se trata de una forma de multiplicar sus beneficios, como en el caso de la alfabetización universal- y sin que este uso esté circunscrito espacialmente. 

De este modo, la propiedad privada, cuando se refiere al conocimiento, genera un monopolio global sobre todas las aplicaciones que de él se derivan. Se producirá entonces una diferenciación estructural en la capacidad de las empresas para absorber nuevos conocimientos y aprender de ellos, de modo que las que se encuentren en la vanguardia del conocimiento concentrarán las mejores oportunidades de innovación futura. En segundo lugar, dado que el conocimiento interviene en todos los procesos de producción, es probable que se monopolice en cualquier sector o industria de la economía. (...)"

(Cecilia Rikap , Contratemps, 22/01/24; traducción DEEPL)

Mariana Mazzucato: Cuando estalle la próxima epidemia viral, las vacunas de ARNm muy probablemente sean la primera solución en salir... Las tecnologías de ARNm que resulten de un esfuerzo colectivo no deberían estar bajo el control exclusivo de un puñado de empresas privadas... en la epidemia del covid, a Pfizer-BioNTech se le permitió fijar precios más altos y que luego rechazara pedidos para ofrecer acuerdos de licencia y transferencias de tecnología. La próxima vez, los gobiernos deben garantizar que las cláusulas contractuales reflejen el bien común y regulen la obtención de un lucro excesivo... De la misma manera, la gobernanza de la propiedad intelectual debería apuntar a facilitar las transferencias de conocimiento entre países... la Organización Mundial de la Salud, organismo que presido, ha exigido que las patentes de las tecnologías ARNm estén reguladas sobre la base de una perspectiva de bien público, y no del propietario... Las patentes deberían cubrir solo innovaciones fundamentalmente nuevas, y deberían estar confinadas, en general, a tecnologías transformadoras, para impedir la privatización de herramientas, procesos y plataformas de investigación básicos... La plataforma ARNm tiene el enorme potencial de ofrecer tratamientos y vacunas innovadores, que se podrían producir local y asequiblemente bajo el régimen apropiado de Propieda Intelectual

 "Los casos de COVID-19 vuelven a estar en aumento, lo que ofrece un crudo recordatorio de las lecciones que deberíamos haber aprendido de las olas anteriores. Lejos de estar confinada al COVID, la mayoría de estas lecciones se aplica a las amenazas de enfermedades infecciosas en general. 

 La pandemia demostró que tenemos las capacidades científicas e industriales para desarrollar y producir en masa vacunas seguras y efectivas de manera acelerada cuando aparecen nuevas amenazas. Pero el éxito de las vacunas contra el COVID-19 también reflejó dos décadas de esfuerzos denodados por parte de los científicos del mundo académico y del sector privado. Y, cuando llegó el momento de la verdad, una inyección oportuna de fondos públicos llevó ese trabajo hasta la línea de llegada. Si hubo una tecnología que desempeñó un papel especialmente decisivo fue el ARNm -o ARN mensajero-, que ofrece un nivel de adaptabilidad y escalabilidad que lo torna altamente adecuado para la preparación y respuesta ante pandemias (PRP por su sigla en inglés). Las vacunas y los tratamientos de ARNm ya se están poniendo a prueba para una amplia variedad de enfermedades, y hay esfuerzos en marcha para expandir la usabilidad de la tecnología (como mejorar su estabilidad de temperatura). Cuando estalle la próxima epidemia viral, las vacunas de ARNm muy probablemente sean la primera solución en salir de las gateras. 

 Sin embargo, aunque este avance científico salvó innumerables vidas durante la última pandemia, los beneficios no se compartieron de manera equitativa. Un año después del despliegue de las vacunas contra el COVID-19, aproximadamente el 73% de las dosis administradas estaba concentrado en países de ingresos altos y medio altos, mientras que apenas el 0,9% había llegado a países de bajos ingresos. Esta disparidad fue aún más pronunciada en el caso de las vacunas ARNm, que se utilizaron principalmente en países ricos que, en un principio, acapararon los suministros. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas mantuvieron un control férreo de las licencias y la producción, lo que les permitió obtener ganancias extremadamente sorprendentes. Otra lección de la pandemia, entonces, es que la plataforma ARNm no alcanzará su pleno potencial a menos que adoptemos una nueva estrategia que haga hincapié en el acceso equitativo y en el bien común. Esto implica intentar sellar alianzas público-privadassimbióticas que estén mejor diseñadas para compartir tanto los riesgos como las recompensas.

 Cuando las empresas se ven beneficiadas con fondos públicos -sean subsidios, garantías, préstamos, compromisos de compra o contratos de adquisición-, se les debería exigir que maximicen el valor público de esas inversiones. Las condiciones vinculadas al financiamiento público para investigación y desarrollo, producción y distribución relacionados con el ARNm, por ejemplo, podrían garantizar asequibilidad, acceso equitativo y reinversión de las ganancias en innovación sanitaria. Las tecnologías de ARNm que resulten de un esfuerzo colectivo no deberían estar bajo el control exclusivo de un puñado de empresas privadas. Más bien, deberían considerarse parte de un bien sanitario global y estar disponibles y accesibles para todos los que las necesiten. Una comparación de las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech (ARNm) muestra por qué esa gobernanza es importante. Ambas asociaciones recibieron un financiamiento público considerable -445 millones de dólares en el caso de BioNTech y 1.300 millones de dólares en el de Oxford-AstraZeneca- y ambas se beneficiaron de amplios compromisos de compra avanzados. Pero mientras que el financiamiento público para la producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca estuvo condicionado a que la empresa fijara precios más bajos en interés de la accesibilidad, a Pfizer-BioNTech se le permitió fijar precios más altos y que luego rechazara pedidos para ofrecer acuerdos de licencia y transferencias de tecnología. La próxima vez, los gobiernos deben garantizar que las cláusulas contractuales reflejen el bien común y regulen la obtención de un lucro excesivo. 

 De la misma manera, la gobernanza de la propiedad intelectual debería apuntar a facilitar las transferencias de conocimiento entre países, en pro de una innovación y fabricación más descentralizadas. Necesitamos con urgencia rediseñar las normas y prácticas de PI para garantizar que las tecnologías sanitarias críticas -especialmente aquellas que dependen sustancialmente de fondos de los contribuyentes y capital humano (desde investigadores hasta participantes en ensayos clínicos)- estén reguladas para el bien común. Es por eso que el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, organismo que presido, ha exigido que las patentes de las tecnologías ARNm estén reguladas sobre la base de una perspectiva de bien público, y no del propietario. En la práctica, esto significa que los criterios para otorgar patentes -inclusive patentes secundarias- deberían ser más rigurosos. Debería exigirse, incluso, la presentación de información adicional que pueda ayudar a los gobiernos a evaluar la escala del poder de mercado que otorgan. Las patentes deberían cubrir solo innovaciones fundamentalmente nuevas, y deberían estar confinadas, en general, a tecnologías transformadoras, para impedir la privatización de herramientas, procesos y plataformas de investigación básicos. El objetivo de la innovación médica debería ser el de mejorar la “Salud para Todos” -la misión central de la OMS-, que requiere un acceso oportuno y equitativo.

 Brindar acceso a PI esencial y capital es crítico para establecer la infraestructura local y regional necesaria para generar productos basados en ARNm. La OMS ha reconocido explícitamente esta necesidad al lanzar un programa de transferencia de tecnología de ARNm, con un polo en Sudáfrica y nuevas alianzas de intercambio de tecnología entre empresas en por lo menos 15 países de bajos y medianos ingresos (LMIC por su sigla en inglés). Sin embargo, hará falta un fuerte respaldo financiero y político para garantizar el éxito de esta iniciativa. Por ejemplo, los gobiernos de LMIC podrían ir más allá y establecer polos de I&D regionales con el fin de fomentar la colaboración entre los actores públicos y privados en carteras de I&D conjuntas. 

 En términos más generales, en tanto los gobiernos muestran un interés renovado en la política industrial, deberían reconocer la oportunidad de movilizar más inversión, innovación y crecimiento en torno al objetivo de Salud para Todos. Brasil, a su favor, ya ha alineado la PPR con la política industrial a través de su Complejo Económico-Industrial de Salud, que utilizará las contrataciones públicas para crear un mercado doméstico para vacunas ARNm desarrolladas localmente, generando importantes beneficios sanitarios y económicos. Mientras avanzan las negociaciones internacionales sobre un Acuerdo de Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, la cuestión de garantizar un acceso oportuno y equitativo a contramedidas médicas -incluidas las tecnologías de ARNm- debe ocupar un lugar central. La plataforma ARNm tiene el enorme potencial de ofrecer tratamientos y vacunas innovadores para enfermedades que afectan esencialmente a los LMIC y que se podrían producir local y asequiblemente bajo el régimen apropiado de PI. Para construir esta forma de resiliencia, debemos empoderar a los investigadores, fabricantes y gobiernos de estos países para forjar ecosistemas de I&D y fabricación regionales en pro del bien común. Recién entonces la tecnología ARNm alcanzará su pleno potencial."

( Mariana Mazzucato , Project Syndicate, 24/10/23)

Imagínese que detener el cambio climático fuera más importante que hacer multimillonarios del cambio climático... Al igual que en el caso de la pandemia, con el calentamiento global nos enfrentamos a una situación en la que deberíamos desear que cualquier nueva tecnología se distribuya lo más ampliamente posible y lo más rápido posible. Los reclamos de propiedad intelectual como las patentes, los derechos de autor y los secretos industriales son obstáculos para este objetivo... Imaginemos que el precio de los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías cae entre un 30 y un 40% porque no hay patentes ni protecciones relacionadas con ellos. Serían enormemente más competitivos que los combustibles fósiles, lo que llevaría a una adopción mucho más rápida. ¿Por qué no querríamos esto?

 (...) Tecnología verde, si el objetivo fuera salvar el planeta

Al igual que en el caso de la pandemia, con el calentamiento global nos enfrentamos a una situación en la que deberíamos desear que cualquier nueva tecnología se distribuya lo más ampliamente posible y lo más rápido posible. Los reclamos de propiedad intelectual como las patentes, los derechos de autor y los secretos industriales son obstáculos para este objetivo. Al igual que Moderna y otros fabricantes de vacunas han podido utilizar su control sobre la tecnología para limitar la producción de vacunas, estas formas de propiedad intelectual limitarán la capacidad de fabricar paneles solares, turbinas eólicas, baterías y otras tecnologías necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Deberíamos querer que todos estos artículos se vendan al precio justo de su producción, sin que sus precios se vean incrementados por estos monopolios concedidos por el gobierno. En el caso de los medicamentos y las vacunas, los márgenes de beneficio asociados a estas protecciones suelen ser de varios miles de euros. Los medicamentos y las vacunas son casi siempre baratos de fabricar y distribuir, son caros porque los monopolios resultantes de la propiedad intelectual permiten a las empresas cobrar precios que superan ampliamente el precio del mercado libre.

Es probable que los márgenes de beneficio de la propiedad intelectual asociados a las tecnologías verdes sean menores en términos porcentuales, porque es considerablemente más costoso construir cosas como una turbina eólica que fabricar y distribuir un frasco de pastillas. Pero aún así podemos suponer que el coste añadido asociado a las reclamaciones de propiedad intelectual será considerable, frenando así la adopción de la tecnología verde.

Los aspirantes a multimillonarios del clima rebatirán este argumento señalando que necesitan incentivos para desarrollar la tecnología necesaria para salvar el planeta. Este argumento es cierto, pero no nos dice nada sobre la necesidad de la propiedad intelectual.

Los monopolios de patentes y otras formas de propiedad intelectual son una forma de incentivar, pero los economistas han descubierto un mecanismo alternativo para incentivar: el dinero. Según la teoría económica, se puede persuadir a muchas personas para que trabajen por dinero.

Tuvimos un gran modelo del uso del dinero para promover la innovación en la pandemia, con la Operación Warp Speed, que dio miles de millones de dólares a la industria farmacéutica para acelerar el desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas. Este gasto fue muy rentable, ya que la industria respondió rápidamente con vacunas y tratamientos eficaces.

Aplicando el mismo plan con el cambio climático, también utilizaríamos fondos públicos, con un par de diferencias. En primer lugar, pensaríamos en una financiación a más largo plazo. La rapidez fue esencial para salvar vidas con la pandemia. La rapidez también es esencial para abordar el cambio climático, pero nadie piensa que vayamos a desarrollar toda la tecnología necesaria para producir y almacenar energía limpia en un año o dos. Necesitaremos contratos a más largo plazo que financien el desarrollo de nuevas tecnologías durante tres, cinco o incluso diez años.

El otro punto más importante es que esta vez la investigación será abierta. No vamos a pagar a las empresas para que desarrollen mejores paneles solares o baterías y luego darles un monopolio de patentes que les permita cobrar lo que quieran. El gobierno les paga una vez por su innovación, no dos veces.

Si firman un contrato para desarrollar tecnologías limpias y de almacenamiento, todo lo que desarrollen será totalmente abierto. Esto significa que cualquier fabricante del país o del mundo puede utilizar la tecnología sin coste alguno. (Volveré sobre la cuestión internacional).

Esta historia es exactamente lo que deberíamos querer ver si el mundo va a alejarse de los combustibles fósiles lo antes posible. Imaginemos que el precio de los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías cae entre un 30 y un 40% porque no hay patentes ni protecciones relacionadas con ellos. Serían enormemente más competitivos que los combustibles fósiles, lo que llevaría a una adopción mucho más rápida. ¿Por qué no querríamos esto?

 El sistema de financiación pública

Hacer que la nueva tecnología esté disponible a coste cero sería un enorme beneficio sobre el sistema actual, pero puede que esa no sea siquiera la mayor ventaja de un sistema de investigación abierta financiada con fondos públicos[1] En este tipo de sistema, una condición para obtener dinero sería que todos los hallazgos fueran totalmente abiertos, lo que significa que los resultados se publicarían en la web tan pronto como fuera posible. Esto permitiría a los científicos de todo el mundo beneficiarse rápidamente de los éxitos y fracasos de los demás. Como resultado, la tecnología debería avanzar mucho más rápidamente.

Puede que las empresas que actualmente están en el sector se resistan a cambiar su modelo de negocio, pero es posible forzar la situación. Supongamos que el gobierno pone fondos para desarrollar paneles solares, con la condición de que toda la tecnología sea totalmente abierta. Si un fabricante de paneles solares decide quedarse fuera del sistema, es probable que pronto se encuentre compitiendo con paneles que se venden a precios mucho más bajos, ya que no tiene que cubrir el coste de la tecnología. (Necesitamos una disposición como el "copyleft" desarrollado por el movimiento del software libre, que prohíbe el uso de la tecnología desarrollada a través de este sistema por parte de cualquiera que reivindique una patente u otra protección de la propiedad intelectual).

Es probable que esta perspectiva lleve a la mayoría de las empresas que actualmente se dedican a producir energía limpia a unirse al sistema. Dado que los pagos del gobierno pretenden ser una alternativa a los monopolios de patentes, más que un suplemento, tendrán que ser mayores en relación con el gasto en investigación de lo que vimos bajo OWL. Es probable que en muchos casos sea necesario compensar a las empresas por los derechos de propiedad intelectual que ya poseen para convencerlas de que se unan al sistema.

En algunos casos, esto incluiría también los secretos industriales, que no son exactamente lo mismo que los monopolios de patentes o derechos de autor. Los secretos industriales están protegidos por acuerdos de no divulgación que los empleados correspondientes se ven obligados a firmar. Como condición para recibir dinero público, estos acuerdos serían inaplicables. Esto significa que si una empresa desarrolla algún proceso o técnica, que no está directamente protegida por patentes u otra forma de propiedad intelectual, cualquier empleado tendría la opción de marcharse y trabajar para otra empresa y compartir todo lo que sabe, que en cualquier caso ya debería estar colgado en la web.

Cooperación internacional

Es obvio que es necesario compartir los costes de investigación y desarrollo a nivel internacional en lugar de que Estados Unidos pague la factura en solitario. Sería necesario un acuerdo internacional sobre este reparto de costes. El principio básico debería ser sencillo. Queremos que los países contribuyan en proporción a su tamaño y riqueza.

También habría que establecer algunos criterios para determinar qué gastos se consideran parte de la contribución de un país. Un millón de dólares pagado a una empresa o a investigadores con un historial bien establecido tiene que contar más que un millón de dólares pagado a una empresa controlada por el hermano del presidente de un país, sin ningún historial.

Llevaría tiempo elaborar un acuerdo, al igual que lleva tiempo elaborar acuerdos comerciales como la Asociación Transpacífica. Pero eso no debería ser una excusa para no avanzar. Estados Unidos y otros países que están de acuerdo en general con este tipo de proceso podrían iniciar el proceso y comenzar a financiar la investigación inmediatamente, con el plan de que los ajustes y los pagos entre las naciones podrían decidirse más tarde. Eso es lo que haríamos si, por ejemplo, nos enfrentáramos a una invasión de extraterrestres.

Más de lo mismo y un planeta que se calienta

Pero, sabemos que la lucha contra el calentamiento global no está realmente en la cima de la agenda de nadie. Y nadie, incluyendo la mayoría de los tipos liberales, quiere hacer nada que pueda evitar que creemos más multimillonarios del cambio climático - después de todo, entonces tendrían menos ocasión de quejarse de la desigualdad. En resumen, la amenaza del calentamiento global no es lo suficientemente importante como para que nuestros intelectuales reflexionen seriamente."              (Dean Baker, Brave New Europe, 16/11/21)

América Latina podría convertirse en líder mundial de la ciencia abierta no comercial

 "Para hacer frente a los retos del próximo siglo –desde las pandemias hasta el cambio climático, pasando por la automatización y el big data–, la ciencia debe estar abierta a todas las personas del mundo. La ciudadanía deben tener el mismo acceso a la información que los investigadores, y estos necesitan acceder a repositorios de conocimiento de alta calidad e interconectados para avanzar en nuestra comprensión del mundo que nos rodea.

Estos son algunos de los principios rectores del movimiento de la ciencia abierta. La sostenibilidad y la inclusión son vitales para que este proyecto se haga cada vez más real lo que puede fomentarse mediante prácticas compartidas, infraestructuras y modelos de financiación que garanticen la participación equitativa de instituciones y países menos favorecidos en la búsqueda del conocimiento y su avance.

Tenemos que garantizar que los beneficios de la ciencia se compartan entre la academia y el público en general, sin restricciones. Pero, ¿cómo lograrlo? Parte de la respuesta está en la construcción de sistemas nacionales de ciencia capaces de compartir y potenciar una diversidad de conocimientos.

El nacimiento de los Sistemas Actualizados de Información de Investigación (CRIS)

Uno de los principales obstáculos para la ciencia abierta es la falta de integración entre las bases de datos existentes –desde las bibliotecas públicas hasta los conjuntos de datos gubernamentales y los archivos universitarios-, que se construyeron en épocas diferentes utilizando sistemas diversos y que no están vinculados entre sí.

Por ejemplo, los repositorios institucionales, que crecieron gracias al esfuerzo de los bibliotecarios durante generaciones, suelen estar desconectados de las bases de datos curriculares. No tienen identificadores ni enlaces permanentes a los metadatos, un elemento indispensable para compartir la información. En los últimos años, se ha hecho cada vez más necesaria la creación de sistemas de información nacionales capaces de recoger la información de investigadores, instituciones, repositorios de producción y datos abiertos, proyectos de investigación y de ciencia ciudadana.

Para satisfacer esta necesidad, en la década de 1990 surgieron en Europa las bases de datos conocidas como Sistemas Actualizados de Información de Investigación (CRIS, por sus siglas en inglés), que se expandieron principalmente a nivel institucional, dentro de las universidades. En 2002 se fundó la Organización Europea para la Información sobre Investigación Internacional (EuroCRIS), y a raíz de esto, empezaron a crecer sistemas similares en otras partes del mundo.

El caso de América Latina

América Latina tiene una larga tradición en el uso de catálogos y centros de documentación al servicio del desarrollo. Desde los años 60, surgieron índices bibliográficos, repositorios y bibliotecas regionales gestionados por grandes universidades públicas e instituciones regionales. En los años 90, nacieron nuevos repositorios y bases de datos que se convertirían en pilares de una sólida infraestructura de comunicación científica de acceso abierto.

Con el lanzamiento de las bases de datos de revistas de acceso abierto como Latindex, SciELO y Redalyc se dio un impulso a la digitalización de las revistas científicas y se otorgó un sello de calidad a las investigaciones publicadas bajo criterios estrictos de indización. Con una fuerte impronta pública, estos repositorios actuaron como trampolín para el desarrollo del entorno de acceso abierto no comercial que hoy es el sello de la región.

América Latina cuenta ahora con las condiciones óptimas para crear una infraestructura de ciencia abierta que capitalice estos esfuerzos anteriores. Y hay dos ejemplos de sistemas integrados nacionalmente que destacan.

El BrCris de Brasil fue desarrollado por el Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia junto a los más importantes organismos públicos nacionales. Brasil es un país inmenso, con un sistema científico y tecnológico profesionalizado que ha producido muchas bases de datos a escala nacional, lo que hace que la integración sea un gran reto. Algunos ejemplos son el Portal de Datos Abiertos, la Plataforma Lattes y el directorio de grupos de investigación de CNPQ.

La arquitectura de BrCris prevé no sólo integrar estas grandes bases de datos existentes, sino también garantizar una infraestructura de ciencia abierta compatible con la Red de Repositorios de acceso abierto a la ciencia (LA Referencia), que reúne repositorios de diez países de la región. BrCRis también pretende repatriar datos brasileños de todo el mundo.

El segundo caso es el de la plataforma PerúCRIS. Se ideó por primera vez cuando Perú aprobó su Ley de Acceso Abierto en 2013. Entonces surgió la necesidad de integrar tres plataformas de información científica: el directorio de investigadores, el directorio nacional de instituciones y la red nacional de repositorios. La nueva plataforma también incluye todas las tesis de pregrado y posgrado.

Hoy, PerúCRIS tiene cinco directorios –talento humano, producción científica, proyectos, instituciones e infraestructura– y está pensado no sólo para la comunidad científica sino para la sociedad en su conjunto. Permite al público descubrir nuevas tecnologías, participar en la ciencia ciudadana o encontrar ideas creativas para generar oportunidades de inversión.

El hecho de que los proyectos piloto CRIS latinoamericanos sean nacionales y no institucionales, como en Europa, se debe a la forma en que se financian. La mayoría de las universidades que contribuyen a la investigación científica y tecnológica en la región son públicas y participan en los sistemas nacionales de información. Dada su dependencia de los fondos públicos, estas instituciones rara vez cuentan con los recursos necesarios para financiar un sistema CRIS institucional, y mucho menos para adquirirlo como paquete a las grandes empresas que ofrecen estos servicios.

Estos proyectos de sistemas CRIS nacionales que surgen en la región en el dominio público son una fortaleza para el camino de la ciencia abierta en el mediano y largo plazo. Los software abiertos como dSPACE, utilizados como base de la plataforma de Perú por ejemplo, garantizan que la información científica cumpla la promesa de la ciencia abierta, ofreciendo a la vez un camino fructífero para luchar contra las asimetrías en la circulación el conocimiento o la exacción de datos por parte de grandes compañías con fines de lucro.

Nuevas formas de colaboración

Los casos de Brasil y Perú demuestran que un CRIS nacional puede promover una verdadera integración de todas las plataformas y organizaciones científicas existentes en un país o incluso en una región. Estas bases de datos pueden utilizarse para la evaluación de la investigación, ya que cuentan con un registro completo de personas, instituciones, producciones y proyectos en el país.

Así, las bases de datos CRIS latinoamericanas darán visibilidad a los diferentes estilos de publicación y a los diversos perfiles de los investigadores, a la vez que potenciarán nuevas formas de colaboración científica, especialmente las devaluadas por las tendencias dominantes en la evaluación académica.

Este enfoque abre el camino a una ciencia cada vez más inclusiva y socialmente relevante, al tiempo que participa activamente en la conversación de la ciencia abierta con el resto del mundo. 

* El movimiento de la Ciencia Abierta ha surgido de la comunidad científica y se ha extendido rápidamente por las naciones, reclamando la apertura de las puertas del conocimiento. Académicos, editores, bibliotecarios, estudiantes, funcionarios y ciudadanos se están sumando a este llamamiento. La UNESCO está preparando un instrumento normativo y promoviendo marcos políticos sobre la ciencia abierta en sus Estados miembros."         

( Fernanda Beigel es investigadora del CONICET, Directora del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento (CECIC, Universidad Nacional de Cuyo), The Conversation,  25/07/21)

Choque entre el norte y el sur por las patentes covid-19. India y Sudáfrica lideran una petición ante la Organización Mundial del Comercio para que se suspenda temporalmente la propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus mientras dure la pandemia; 99 países les apoyan, el mundo rico se resiste...

 "En la carrera contra la covid-19 hay dos velocidades. La de los países ricos, que ya han comprado o apalabrado dosis de vacunas suficientes para inmunizar a sus poblaciones varias veces; y la de los pobres: después. 

Aunque se ha creado un mecanismo internacional ―Covax― para garantizar la equidad en la distribución que ya ha recaudado más de 1.700 millones de euros, no está suficientemente dotado todavía para afrontar la batalla en el mercado en igualdad de condiciones. 

Esa desigualdad es la que ha impulsado a la India y Sudáfrica a solicitar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspendan los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al menos, hasta que se consiga la inmunidad de grupo global, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula en el 70% de la población del planeta.

 El mapamundi de apoyo a esta propuesta también está dividido en dos: el norte, que la rechaza (España entre ellos); y el sur, que la apoya. La OMC funciona por consensos y en esta ocasión el acuerdo se va a hacer de rogar: 99 de los 164 países miembros del organismo se han mostrado a favor. También numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil se han sumado.

 Tedros Adhanom, director general de la OMS, se mostró a favor pocos días después de que los dos países presentasen formalmente su solicitud. “Damos la bienvenida a los esfuerzos para ampliar el acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas como la reciente propuesta de Sudáfrica e India”, dijo. En la insdustria, la iniciativa no ha caído bien. Hasta que la cuestión se resuelva, el choque de argumentos y cruce de declaraciones están garantizados.

Este jueves se debatirá de nuevo el asunto en el Consejo sobre los Acuerdos de Propiedad Intelectual (Adpic) de la OMC para convenir una posición para la reunión que se celebrará el próximo 17 de diciembre, cuando debería tomarse una decisión. Pero todo apunta a que las naciones más prósperas no cambiarán su parecer para entonces. Ejemplo de ello es la postura de la Unión Europea, a la que se adhiere España.

“Los derechos de propiedad intelectual ni deben suspenderse, ni es necesario hacerlo, ya que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en su artículo 31 ya ofrece suficiente flexibilidad, mediante el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias especiales, para poder hacer frente al suministro y distribución de medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia de la covid-19″, argumentan desde el Ministerio de Industria y Comercio español. “No hay ninguna prueba de que los derechos de propiedad intelectual sean una verdadera barrera en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con la covid-19″.

Los países miembros de la UE consideran más útil financiar los fondos globales para la repuesta al coronavirus que la propuesta de la India y Sudáfrica que solo conseguiría desincentivar la innovación, apuntan fuentes de Comercio de la Comisión. Prueba de ello es que Europa destinará casi 16.000 millones “para el acceso universal a pruebas, medicamentos, dispositivos e inmunizaciones para la enfermedad y lograr la recuperación global”, subrayan. Desde la institución recuerdan que “muchas compañías farmacéuticas se han comprometido públicamente y ya están trabajando en estrecha colaboración con los Gobiernos para garantizar que las vacunas estén disponibles y sean asequibles para todos los que las necesiten”.

Estos mecanismos, fondos y promesas no aseguran un acceso equitativo, en opinión de Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de Salud Por Derecho. “Estamos viendo que quien tiene el dinero es el que tiene acceso. El 53% de las vacunas nos las hemos quedado el 14% de la población, los ricos”, argumenta. “Y las compañías tienen una capacidad de producción limitada. ¿Cuándo van a llegar entonces las dosis a los países más pobres? Suspender las patentes permitiría una producción a gran escala suficiente para abastecer el mercado mejor”, defiende.

En este sentido, fuentes de la Comisión Europea indican que se han producido acuerdos sobre la expansión de la capacidad de fabricación. “Por ejemplo, AstraZeneca tiene convenios con empresas de Italia, Reino Unido, China y Rusia para apoyar la manufactura, adquisición y distribución de vacunas”, apuntan. “También se realizó un acuerdo de transferencia de tecnología con Serum Institute of India para suministrar dosis a países de ingresos bajos y medianos. BioNTech está colaborando con Fosun Pharma para abastecer el mercado chino. Y hay otros ejemplos”.

India y Sudáfrica no creen que sea suficiente. La declaración del país asiático ante la reunión del Consejo de los Adpic del 20 de noviembre denunciaba duramente la postura que mantienen las naciones del norte: “Por un lado, estos países están comprando la mayor cantidad posible de suministros que son limitados, sin dejar vacunas para los países en desarrollo y menos adelantados. Por otro lado, y de manera muy extraña, estos son los mismos que argumentan en contra de la necesidad de la exención que puede ayudar a aumentar la fabricación y el suministro mundial para lograr no solo un acceso equitativo, sino también oportuno y asequible a dichas vacunas para todos los países”.

España no se libra de este tipo de crítica de doble moral. En una misiva al Gobierno para que cambie su posición, Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho destacan que no apoyar la iniciativa india y sudafricana es contrario a lo que se compromete en la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación a la crisis de la Covid. En ella se lee: “España será proactiva en promover políticas de propiedad intelectual que se orienten a facilitar este acceso universal y equitativo, que apuesten por licencias abiertas, compartidas, no exclusivas a nivel mundial y no limitadas en el tiempo, especialmente en lo que concierne a resultados fruto del dinero público”.

“Ha habido una aportación de financiación pública sin precedentes en la investigación de tecnologías, medicamentos y vacunas contra la covid-19. Con ello estamos reduciendo el riesgo de las compañías”, subraya Bernal. En su opinión, este es un motivo más para que se suspenda temporalmente la protección sobre todo ese conocimiento para vencer a la enfermedad. No sería la primera vez. Hay precedentes de medidas excepcionales.

En el caso de las patentes, las farmacéuticas y otras empresas tienen un derecho exclusivo de utilizar y explotar la invención, en este caso el medicamento o vacuna, durante 20 años desde su concesión. Pero en 2001, la Declaración de Doha reconoció el derecho de los Gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. Se adoptó para responder a la epidemia de VIH-sida que mataba a miles de pacientes en los países en desarrollo porque no se podían permitir adquirir antirretrovirales. Especialmente, en Sudáfrica, que ahora promueve otra revolución en el sistema. Tras aquel acuerdo, “los precios del tratamiento cayeron de 1.000 dólares a 100 en unos años”, rememora Raquel González, responsable de relaciones externas de MSF España.

 

“Esto es un órdago, una propuesta radical para un momento puntual de la Historia con una situación extraordinaria. La pandemia lo es y requiere de medidas excepcionales porque el sistema actual no está preparado”, anota la representante de MSF. De tener que hacer uso de las flexibilidades de la actual normativa, que son suficientes para la UE, cada país individualmente tendría que justificar y retirar la patente medicamento por medicamento, caso por caso. “Es un proceso farragoso y estamos en una carrera contrarreloj”, añade.

La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA, por sus siglas en inglés) considera, sin embargo, que “la dilución de los derechos de propiedad intelectual es contraproducente” porque “socavará la confianza en lo que ha demostrado ser un sistema que funciona bien, permitiendo que la industria se asocie con confianza con el mundo académico, institutos de investigación, fundaciones y otras empresas privadas”. Así lo manifiesta en un comunicado. “La industria mantiene su compromiso con el acceso justo y equitativo a los tratamientos y vacunas para la covid-19”, anota.

Desde Farmaindustria, miembro de la patronal mundial de la industria, sostienen que la investigación sin precedentes, con la que se ha conseguido que estén en marcha cerca de 2.200 ensayos clínicos sobre la enfermedad, más de 1.100 medicamentos en fase de pruebas y 350 proyectos de vacunas “no habría sido posible sin la existencia durante años de un marco regulatorio predecible, basado en las leyes de propiedad industrial y en la existencia de patentes a nivel mundial para proteger la innovación”.

Covax, la apuesta del mundo desarrollado

Para Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, “en 2021, el mundo se tiene que focalizar en maximizar la producción y distribución de forma equitativa”. Para que las tecnologías, medicamentos y, sobre todo, las vacunas lleguen al mismo tiempo a todo el planeta, “se necesitan fondos para negociar precios y reservar dosis”. Su apuesta para conseguirlo es el mecanismo internacional que se ha creado para ello: Covax, una plataforma de países ricos y pobres para aunar esfuerzos en esta línea. El objetivo de esta alianza es proveer a los 187 socios con 2.000 millones de vacunas en 2021, también a los 92 de renta baja y media que no se pueden permitir adquirirlas.

Para asegurar que los países sin recursos las reciban en igual cantidad y al mismo tiempo que los prósperos, se creó el compromiso de Mercado Anticipado Covax (AMC, por sus siglas en inglés), un fondo que se nutre de la ayuda oficial al desarrollo de los donantes, así como contribuciones del sector privado y la filantropía para garantizar precios muy asequibles a las economías más precarias. “Queremos que las vacunas lleguen a los pobres lo más rápido y barato posible. El AMC garantiza que tengan acceso a precio de coste”, explica. Conseguirlo requiere de dinero y esta hucha ya cuenta con más de 2.000 millones de dólares (1.650 millones de euros). “Pero estamos preocupados porque no es suficiente, se necesitan otros 5.000 millones para vacunar al 20% de la población en 2021”, subraya en un encuentro virtual con periodistas. Por eso, la Fundación Gates aportará otros 250 millones de dólares (207, de euros) a la respuesta global contra la covid-19, desvela, lo que eleva los compromisos totales de la entidad a 1.750 millones de dólares (1.450, de euros).

“La UE ha sido líder en apoyar el Covax AMC”, ha destacado Suzman. La Comisión Europea destinó a este fondo 100 millones de euros a mediados de noviembre. Por su parte, Francia donó otros 100 y España 50. El temor de quienes apoyan la suspensión de patentes es que, incluso con el apoyo de Covax AMC, haya países que se queden fuera o les llegue todo demasiado tarde. Hasta la fecha, este fondo se ha hecho con 700.000 vacunas de los 2.000 millones que calcula que necesita para cumplir su misión en 2021. Es lo que plantea González, de MSF. “Ya lo vemos con la Alianza Global para las Vacunas [Gavi}: hay quienes no acceden a ellas. Covax es un paso, pero pedimos ir más allá”, termina."                     (Alejandra Agudo, El País, 10/12/20)

Stiglitz: las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos. Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas

"Imaginemos un mundo donde una red global de profesionales médicos vigila la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualiza periódicamente la formulación de una vacuna comprobada y luego pone esa información a disposición de empresas y países de todo el mundo. 

 Imaginemos además que este trabajo tiene lugar sin que haya que preocuparse por cuestiones de propiedad intelectual y sin que monopolios farmacéuticos exploten a una población desesperada para maximizar sus ganancias.

 Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. 

El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

 Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. 

Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. 

En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

 El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. 

Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. 

Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. 

Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. 

No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así.

 En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica."                    

(Joseph E. Stiglitz , Arjun Jayadev , Achal Prabhala , Project syndicate, 23/04/20)

Derechos de autor ligados a un soporte... o no ligados a un soporte...

"En el debate sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, el escritor que me insulta defiende intereses personales, mientras que yo defiendo una nueva forma de entender esos derechos, que, por cierto, no existen desde toda la vida, sino desde que, como consecuencia de la aparición de una nueva tecnología (la invención de la imprenta), se empezó a legislar sobre esa materia.

Antes de eso, los creadores ya existían pero no contaban con ese privilegio. Entiendo, pues, el malestar y laira de Muñoz Molina cuando alguien se atreve a cuestionar su modus vivendi, que, seguro, ya tenía programado para él y su descendencia para los próximos setenta años. No intentaba con mi propuesta negarle, ni a él ni a nadie, el derecho a vivir de su trabajo. Se trataba de una propuesta por la que el Estado debería comprometerse a mantener la actividad creadora de nuestro país al estilo de lo que se hace en la producción cinematográfica sin que nadie se haya rasgado las vestiduras.

La propuesta que lancé en mi artículo Fregonas y maletas de ruedas admite discusión como no podía ser de otra manera; lo que parece indiscutible es que las cosas han cambiado y que el derecho de autor necesita ser repensado desde la óptica de una sociedad que ha visto aparecer ante sus ojos unas nuevas tecnologías que vuelven inútiles el concepto de derecho de autor basado en el uso de un soporte. Como está concebido, el usuario compraba una creación que se sustentaba en un soporte encareciendo el producto final hasta el punto de que muchos consideraban un exceso el precio a pagar por un acto creativo del que el autor sólo percibía apenas un cinco por ciento.

Cuando Internet aparece y surgen propuestas que permiten obtener el producto creado sin formato y sin intermediarios, el ciudadano comienza a entender que no es razonable pagar un valor excesivo por una mercancía que se puede obtener a unos precios mucho más asequibles y baratos. Pretender mantener el derecho de autor basado en la cultura del formato es ir contra la realidad y contra el deseo de muchos consumidores que están dispuestos a pagar un euro por una creación musical y no veinte por un formato envuelto en un estuche de plástico, como lo pone de manifiesto el éxito de ventas de producciones musicales en Apple Store.

Así son las cosas ahora y, desde esa perspectiva, podremos encontrar una solución al problema planteado. Se trata de buscar un compromiso entre la socialización de la cultura y el mantenimiento de la actividad del creador.

Lo que ya es mucho menos importante es garantizar los ingresos de una industria cultural, y menos si sus intereses se contraponen con otra industria, que es la tecnológica y de la sociedad de la información. No tiene mucho sentido que los que cuantificaran el canon digital por primera vez fueran dos sociedades privadas como ASIMELEC y la SGAE. ¿Qué pintan dos sociedades privadas haciendo de recaudadores? Ese impuesto genera rechazo porque es indiscriminado y grava a todos con independencia del nivel de rentas del comprador.

El canon supone que todo el que compra un soporte digital lo va a utilizar para copia privada. No es transparente. El importe del canon no es proporcional al precio de lo que se adquiere, sino que es calculado según otros elementos discrecionales, y por si fuera poco, no se conoce el destino de los fondos que se recaudan.

Cuando todo el mundo (desde editores de periódicos a agencias de viajes) anda de cabeza intentando comprender qué va a pasar con su profesión como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías que lo están alterando todo, resulta lamentable que un determinado número de creadores que conforman un lobby de presión pretenda seguir disfrutando de unos derechos basados en la cultura analógica, ignorando los efectos que la digitalización está produciendo.

Es posible que los intereses económicos de ese lobby se vean dañados como consecuencia de la digitalización, pero no cabe la menor duda de que el fenómeno creativo se ha multiplicado exponencialmente desde que, además de los Muñoz Molina o de los Víctor Manuel, millones de personas pueden acceder a la publicación de un libro, a la edición de una composición musical o a la filmación de una historia que, antes, estaba sólo al alcance de unos pocos elegidos. Sería saludable que los Muñoz Molina de turno dejaran ya la cantinela de que hablan en nombre de los creadores culturales. ¿Creen de verdad los que gritan ante el Ministerio de Cultura que la creación cultural está en peligro? (JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA: Derechos de autor, antes y ahora. El País, ed. Galicia, opinión, 27/01/2010, p. 25/6 )