El franquista Patronato de Protección a la Mujer, en la práctica una cárcel para jóvenes díscolas de 15 a 25 años, fué oficialmente disuelto en 1985. Esta institución repartía a las muchachas “caídas” o “en peligro de caer” por congregaciones de monjas de todas las provincias (unos 900 centros, de adoratrices, oblatas, mercedarias, capuchinas, trinitarias, etcétera), e internó posiblemente a cientos de miles de “descarriadas”... era el “infierno” de las mujeres... Al ser internadas, las familias perdían la tutela... Trabajaban de forma “esclava”, bordando, limpiando, cocinando para las niñas “preservadas”, estudiantes de los mismos colegios de monjas, con las que no podían mezclarse. En concreto, “cosían y rellenaban peluches para el Corte Inglés”... Para librarse de esa prisión, en la que permanecían un promedio de ocho años, a bastantes de ellas no les quedó más remedio que casarse (incluso “forzadas”, con hombres que iban a elegirlas a los centros) o “hacerse monjas”... había “espacio reservado para las patronatas” en manicomios que, “como el de Ciempozuelos, internaba a las lesbianas”

 "Las mujeres sanas carecen de deseo sexual”, proclamaba Antonio Vallejo-Nájera, director de los servicios psiquiátricos del ejército sublevado.

 “La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser”, describía más prolijo el padre García Figar en la revista Medina, máximo exponente de las publicaciones llamadas a moldear a las españolas de posguerra según el ideal sumiso y servidor de la Falange. 

En la mujer “sensual”, el entendimiento “se oscurece”, “solo la imaginación permanece activa, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente”. Y si esta imaginación endemoniada la empujaba al adulterio, la hembra debía saber que una ley de 1942 había devuelto el delito suprimido por la República al Código Penal y que esta nueva norma defendía que “la gravedad del daño” era “mayor en la infidelidad de la esposa” que en el caso del marido. “No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos”, instruía a las señoras la líder falangista Pilar Primo de Rivera.

Así, tal y como describieron varias investigadoras en una jornada en Pontevedra sobre la represión sexual femenina en la dictadura, es como se fue construyendo en el Franquismo una sociedad no conflictiva para el Estado. En ella el hombre, según se enseñaba en las aulas, era “el jefe de la familia” y tenía dentro de casa su particular corral en el que ejercer su sed de dominio (sin tener que saciarla fuera rebelándose a las autoridades). 

El sometimiento de la mujer se afianzaba mientras tanto en los cimientos pseudocientíficos de médicos del régimen, libros de texto para señoritas, panfletos, revistas y homilías dominicales. Pero sobre todo gracias al trabajo continuo, durante más de cuatro décadas, de la Sección Femenina y el Patronato de Protección a la Mujer, en la práctica una cárcel para jóvenes díscolas de 15 a 25 años, a veces más, oficialmente disuelto en 1985. Esta institución, que repartía a las muchachas “caídas” o “en peligro de caer” por congregaciones de monjas de todas las provincias (unos 900 centros, de adoratrices, oblatas, mercedarias, capuchinas, trinitarias, etcétera), internó posiblemente a cientos de miles de “descarriadas”, según calcula Llum Quiñonero, investigadora y presidenta de Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo.

 Bajo el título de Individuas de dudosa moral, la Diputación de Pontevedra dedicó un día a repasar, con varias historiadoras españolas, lo que describieron como engranajes del régimen para aniquilar la sexualidad y en general cualquier iniciativa de la mujer más allá de sus labores domésticas. Así lo defendía, por ejemplo, en 1942 Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, desde la cúspide de la Sección Femenina: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles”. O su estrecha colaboradora Carmen Werner: “Nada complace tanto a la psicología masculina como la sumisión de la mujer y nada complace tanto a la psicología femenina como la entrega sumisa".

La Sección Femenina o la “negación de la sexualidad”

La supeditación complaciente a los apetitos masculinos era la consigna general de la Sección Femenina (“Procura ser la rueda del carro, deja a otro el gobierno. Ánimo mujer, a cumplir ignoradamente y en silencio tu nueva y gloriosa misión”). Daba igual que la redactase Pilar Primo de Rivera (“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse”) o que lo hiciera alguno de los medios pregoneros. “La maternidad no será instinto, sino deber, y al mismo tiempo expiación”, inculcaba el libro La mujer cristiana como fórmula de limpieza tras el acto carnal.

 “A los hombres les siguen gustando muchísimo, para casarse, mirlos blancos que hayan vivido con ellos su primer amor”, aconsejaba el consultorio sentimental de Medina. En estas páginas, a veces se hablaba claro: “Si eres superior a él mentalmente, no le hagas sentir esta superioridad”. Y en otras ocasiones se recurría a inflamadas metáforas: “Pensad que el mal está siempre cerca, insinuando al oído el pecado, engañando con promesas de mares lejanos, vana ilusión de vacía caracola [...] los inútiles desbordamientos terminan en el triste espectáculo de las charcas”.

Según María Victoria Martins, historiadora de la represión con perspectiva de género, la “negación de la sexualidad de las mujeres” fue uno de los resultados de la fusión del conservadurismo católico con el fascismo. No hubo un atisbo de luz entre los más reputados médicos españoles hasta que Ramón Serrano Vicens logró publicar en los 70 el resultado de una investigación que comenzó en 1933, con la recogida de los testimonios de sus propias pacientes. 

A lo largo de 1.500 entrevistas a mujeres, recuerda Martins, constataba que “la masturbación era una práctica habitual” y que muchas españolas reconocían relaciones prematrimoniales, adulterios, abortos y experiencias lésbicas mientras la “sociedad patriarcal” mandaba en el lecho conyugal. Un año antes de fallecer, en una entrevista con El País (1977), el doctor hacía afirmaciones que dinamitaban el castillo de naipes de la mujer ideal del régimen: “El clítoris está destinado exclusivamente al placer sexual”, “su nervio sensitivo es tres veces más grueso que el del pene.

 El resultado de la educación segregada por sexos y el apagón generalizado de los apetitos de las mujeres tuvo también su contrapunto dentro de la propia Sección Femenina, garante de la moralidad. Según Martins, en su seno se dieron de forma inevitable “enamoramientos entre mujeres”. No obstante, defiende Nanina Santos, cofundadora de la Asociación Galega da Muller, la estrategia de la dictadura fue la “invisibilización” de la homosexualidad femenina: “Mientras miles de hombres eran sancionados con prisión y escarnio, las lesbianas teníamos la dudosa suerte de no existir porque éramos lo más disfuncional frente al modelo de mujer ama de casa del régimen”, describe esta profesora de historia jubilada. Las vidas de muchas transcurrieron “autoculpándose, cerrándose en armarios de doble fondo” e incluso, a instancias de sus familias, siendo “tratadas por psiquiatras con electrochoque”.

El Patronato o la “cárcel de descarriadas”

A la valenciana Llum Quiñonero le “llamó la atención” que en 1977 quedasen en las cárceles españolas 9.000 presos sociales sin amnistía y que en 40 años, sin embargo, “apenas” hubiera habido mujeres. Empezó a “investigar” y fue así cómo se las encontró a todas “internadas en el Patronato”, un organismo considerado benefactor que funcionó entre 1941 y 1985 para “redimir a las descarriadas, caídas o en riesgo de caer”. Aquella institución era el “infierno” de las mujeres, describe la ginecóloga y docente de la Universidad de Granada Enriqueta Barranco. El Patronato se organizaba en juntas provinciales y contaba con un centro nacional de clasificación que, tras el examen vaginal, las catalogaba en “completas” y “no completas”.

 Los tentáculos que llegaban a todas partes eran los policías, las autoridades locales, miembros de Acción Católica y las “visitadoras”, mujeres “formadas en el catecismo” que acudían a “bailes, cines, barrios, playas” para destapar supuestas conductas incorrectas en las chicas. Según la historiadora murciana Carmen Guillén, solo en 1965 la cifra total ascendió a 41.335 internadas en un solo año, con Madrid (10.070), Barcelona (2.746) y Córdoba (1.890) a la cabeza.

 Los papeles hablan de una casuística muy variada, desde jóvenes viudas de guerra que ejercen la prostitución para mantener a sus niños hasta menores sorprendidas de madrugada en un bar o teniendo su primera relación con su novio. La documentación de estos centros corre hoy diversa suerte según la comunidad. Mientras en Galicia están disponibles varios archivos, en Andalucía, según Barranco “siguen secuestrados en sedes conventuales”.

Al ser internadas, las familias perdían la tutela, las embarazadas acababan recluidas en “casas de gestantes y maternidades como Nuestra Señora de la Almudena, en Peñagrande, Madrid”. Otras muchas chicas eran desubicadas, enviadas a centros de provincias diametralmente opuestas en el mapa, denuncia Barranco. Trabajaban, según esta investigadora, de forma “esclava”, bordando, limpiando, cocinando para las niñas “preservadas”, estudiantes de los mismos colegios de monjas, con las que no podían mezclarse. En concreto, apunta la ginecóloga, las internas de Peñagrande “cosían y rellenaban peluches para el Corte Inglés”, y por sus tareas “no recibían ninguna percepción”.

 En muchos de estos reformatorios “las rapaban” y en centros como Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo, donde existía “una celda de aislamiento y castigo”, “no había espejos” para que las adolescentes “no pudiesen mirarse”. “Había suicidios, escapadas, persecuciones de la policía”, relata Quiñonero. Para librarse de esa prisión, en la que permanecían un promedio de ocho años, a bastantes de ellas no les quedó más remedio que casarse (incluso “forzadas”, con hombres que iban a elegirlas a los centros) o “hacerse monjas”. “Muchas acabaron con trastornos psicológicos” y había “espacio reservado para las patronatas” en manicomios que, “como el de Ciempozuelos, internaba a las lesbianas”.

En los archivos del Patronato en Pontevedra han aparecido casos de niñas que eran castigadas con la reclusión después de haberse quedado embarazadas por violaciones de sus propios padres. Las víctimas de esta maquinaria fueron “estigmatizadas” y según Quiñonero “nunca se han organizado para reivindicar su historia”, que se diluyó ”en la neblina” de la Transición. Por estos “crímenes”, además, “jamás se le pidieron cuentas a la Iglesia”.

 "Todas perdieron la guerra"

El momento más emotivo de la jornada dedicada en Pontevedra a las “individuas de dudosa moral”, el viernes pasado, fue la conexión por videoconferencia con Marga Rodríguez, hermana mayor de un supuesto bebé robado, Josiño, que nació el 3 de marzo de 1966 en el hospital Almirante Vierna de Vigo, un moderno centro sanitario inaugurado una década antes por Franco. Paradójicamente, hoy este hospital sobre el que pesan diferentes relatos de madres despojadas está siendo transformado por la Xunta en “Ciudad de la Justicia”. “Era un hijo deseado. A mi hermana y a mí, nuestros padres nos habían enseñado a quererlo antes de nacer. Mi padre ya había comprado puros para celebrar el nacimiento con los compañeros de la empresa”, recuerda la mujer que entonces tenía 12 años.

El día 5, la madre y el resto de la familia recibieron la noticia de que Josiño, que había nacido sin complicaciones, había muerto. En el departamento de obstetricia, cuyos médicos de entonces “tienen placas conmemorativas” en Vigo, les dijeron que ya se encargaban ellos del entierro, pero la familia insistió y acabaron entregándoles una “cajita de zapatos, demasiado pequeña” para contener un bebé de nueve meses de gestación, con un envoltorio de telas dentro, supuestamente la mortaja del recién nacido. Enterraron esa caja a los pies de la difunta abuela de Marga, pero en la desesperada (e infructuosa) búsqueda que emprendió ella después de fallecer su madre, regresó al cementerio. En los libros de registro figuraba el sepelio de la abuela, pero el del bebé no existía.

España sigue todavía pendiente de la aprobación de una ley de bebés robados, estancada en la tramitación de enmiendas, y que sería el primer paso dado por el Estado en toda la democracia a favor de las víctimas, pese a los informes internacionales que han calificado esta práctica de delito de lesa humanidad. “En España, sin embargo, se consideran delitos comunes”, lamenta Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y esto impide su “imprescriptibilidad”. Entre 2011 y 2019 se incoaron más de 2.000 diligencias de investigación en España, de las que 526 fueron judicializadas. “Por el informe del año pasado de Amnistía Internacional pensamos que se han archivado casi todas”, comenta Luque, y la conclusión, dice, es que en España “no todas murieron en una trinchera, pero sí todas perdieron la guerra”.

“En todas las dictaduras se cometen crímenes, pero esta fue tan larga que la cantidad es muy importante”, señala Mayte Parejo, abogada penalista y de derechos humanos. El robo de niños, reivindica, se enmarcó “en el plan de represión que se extendió toda la dictadura”, empezando, los primeros años, por la retirada de los hijos a las presas. Una orden ministerial de la postguerra estipulaba que los niños podían permanecer en las cárceles con sus madres hasta los tres años y luego tenían que salir con familias adoptantes. Más tarde “se regularizó que estas pudieran inscribirlos en el registro” sin hacer mención de sus legítimos progenitores. Con los años, el robo se trasladó a los hospitales y las clínicas, “a las madres les decían que su hijo había muerto y lo entregaban a familias de otra región, lo que hoy dificulta el rastreo”, lamentan las expertas. Para Luque, “la forma en que se asume un pasado tan doloroso denota la 'calidad' de un sistema democrático”."                 (Silvia R. Pontevedra , El País,  14/04/22)

La situación de la mujer en España durante la talibanada franquista: eran obligadas por ordenanzas laborales a una excedencia forzosa cuando contraían matrimonio... hasta 1961 requería de autorización del padre o marido para suscribir contratos laborales... las solteras mayores de edad no podían dejar la casa familiar sin consentimiento paterno, salvo para casarse o hacerse monjas... las casadas necesitaban autorización del marido para obtener carnet de conducir, abrir un negocio, disponer de cuenta corriente o tramitar el pasaporte... y hasta el año 1954 perdían la nacionalidad española si se casaban con un extranjero... durante una parte del franquismo, el marido podía dar los hijos en adopción sin consentimiento de la madre

J.Coscu @jcoscu

 1/8 Ante alguna impugnación a mis afirmaciones sobre la situación de la mujer en España durante el franquismo, aporto algunos datos. Las mujeres eran obligadas por ordenanzas laborales a una excedencia forzosa cuando contraían matrimonio, que era “compensada por una “dote” (hilo)

2/8 Entre otros sectores eso pasaba en Prensa, Cine, Banca Privada o Telefónica (las chicas del cable). Un Decreto de 1957 ratificó la prohibición a las mujeres del desempeño de algunos trabajos (“que el varón prefiere galantemente asumir”) Todo bajo la coartada de su protección.

3/8 Hasta 1961 la mujer requería de autorización del padre o marido para suscribir contratos laborales. Los argumentos de las normas por las que se acaba parcialmente con prohibiciones o limitaciones recuerdan el fundamentalismo teocrático y patriarcal del régimen franquista

4/8 Un Decreto de 1970, que se presentó como igualitario, mantuvo la exigencia de autorización del marido para firmar contratos laborales. Todo para garantizar “el cumplimiento por parte de la mujer de sus obligaciones familiares en tanto que esposa y madre”.

5/8 En el orden civil la condición de las mujeres era una especie de minoría de edad prolongada más allá de la mayoría de edad legal. Las solteras mayores de edad no podían dejar la casa familiar sin consentimiento paterno, salvo para casarse o hacerse monjas.

6/8 Las mujeres casadas necesitaban autorización del marido para obtener carnet de conducir, abrir un negocio, disponer de cuenta corriente o tramitar el pasaporte. Y hasta el año 1954 perdían la nacionalidad española si se casaban con un extranjero.

7/8 Hasta 1972 la mayoría de edad era distinta para hombres (21 años) que para mujeres ((25). Y no recuerdo exactamente hasta cuando y en qué condiciones pero durante una parte del franquismo, el marido podía dar los hijos en adopción sin consentimiento de la madre.

8/8 No pretendo otra cosa (no sacarle punta) que recordar de donde venimos y que la transición supuso la ruptura con un régimen teocrático y patriarcal. Y reconocer una vez más las luchas de las “viejas” feministas. Sugiero la lectura del libro de @gemmalienas “Derechos frágiles” 

6:55 p. m. · 19 ago. 2021
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Maden Castillo @madencastillo
En respuesta a @jcoscu

 Si una mujer se separaba y tenía un hij@ con otro hombre, en la partida de nacimiento del bebè figuraba "de madre desconocida" por no poder reconocer hijos fuera del matrimonio (hasta 1980)

Judit @LaDuda15
En respuesta a @jcoscu

 Para conseguir el pasaporte para emigrar a Francia además del permiso paterno (siendo mayor de edad, soltera) mi madre tuvo que hacer el servicio social femenino, currar meses de enfermera, gratis claro. Las ricas se podían librar pagando una cesta con productos para bebés.

El 'bibliocausto' español, la quema de libros por el franquismo durante la guerra y la posguerra. En cada localidad conquistada se saqueaban librerías, editoriales y bibliotecas para hacerlas arder en la plaza pública

 "Son pocas las fotos que quedan de las quemas de libros por los golpistas en España, y las que hay no son muy conocidas. Sin embargo, la destrucción de obras escritas en grandes hogueras, en plena calle, fue una práctica habitual durante la guerra y la primera posguerra en nuestro país.

"Todos sabemos que los nazis quemaban libros, pero nadie piensa que el franquismo lo hizo", señala la historiadora y profesora de la Universidad Complutense Ana Martínez Rus, autora de la publicación La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951) y de varios artículos sobre el mismo tema. "Hay muy pocas imágenes de aquello porque la dictadura duró mucho, tuvo tiempo de borrarlo y lo consiguió en buena medida", explica.

Casi cuarenta años de dictadura fueron tiempo suficiente para que ésta se reescribiera varias veces, intentando ocultar aspectos controvertidos de su pasado. La fecha que marca un antes y un después es la caída de la Alemania nazi en 1945. A partir de ese momento Franco se acerca más a los aliados, intenta mostrarse como un régimen blando y se apresura a borrar los capítulos más violentos y bárbaros de su historia. El brazo en alto dejó de ser obligatorio ese mismo año.

En agosto de 1945, poco después de la derrota nazi, se produjo un incendio en los laboratorios Cinematiraje Riera de Madrid, en el almacén que albergaba las películas y negativos del No-Do producidos hasta entonces. Aquello supuso una valiosa pérdida. Aún así existen algunos documentos gráficos que muestran quemas de libros apilados en grandes montañas antes de arder a 451 grados Fahrenheit.

Grandes ceremonias de quema

El bibliocausto español tuvo su propio ritual, con "autos de fe en los que los presentes leían pasajes de las llamadas buenas lecturas" y maldecían a los intelectuales y a los escritores objeto de la persecución franquista.

"Acusaban a ciertos libros de todos los problemas del país por sus ideas, que consideraban extranjerizantes, inmorales y subversivas. Se centraron en incautaciones y destrucciones, junto con la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Hubo un bibliocausto o una bibliofobia", explica la historiadora, que ha ejercido como asesora en el documental Palabras para un fin del mundo, actualmente en cines, en el que aparecen varias fotografías de quemas de libros.

Al mismo tiempo muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados. Entre otros, el director de la casa Nós, Ánxel Casal, el librero Rogelio Luque, en Córdoba o la bibliotecaria Juana Capdevielle, de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, a quien mataron estando embarazada de su primer hijo.

Como indica Martínez Rus, la quema de libros "eran prácticas inquisitoriales, más propias del Santo Oficio que de un sistema político del siglo XX. Existen numerosos testimonios de personas y de jerarcas del régimen que atestiguan estas ‘piras purificadoras’".

"El judaísmo, la masonería, el marxismo, el separatismo"

Ahora el documental Palabras para un fin del mundo recupera lo que por el momento es la única filmación conservada de una quema de libros por los franquistas, en la calle Libreros de Madrid en el año 1939.

"Hay varias fotografías, y también un grabado publicado por Il Corriere de la Sera, muy poco conocido, pero esa filmación es nueva", indica su director, Manuel Menchón, quien indagó en filmotecas de países extranjeros en busca de archivos filmados por camarógrafos que tuvieron que exiliarse. 

El 1 de agosto de 1936 el periódico Arriba España, en su primer número, incitaba a la destrucción de libros: "Camarada, tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas".

Las indicaciones en este sentido fueron numerosas. La Junta de Defensa Nacional advirtió de que "la purificación nacional tiene que ser totalitaria". José María Pemán, director de la Comisión de Cultura y Enseñanza, acusó a escritores y profesionales del libro de ser "envenenadores del alma popular, primero y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo". Y Enrique Suñer, autor del libelo Los intelectuales y la Tragedia española, publicado en 1937, culpó en dicho texto a la Institución Libre de Enseñanza de todos los males del país.

Bibliotecas arrasadas

En una ceremonia de quema de libros en Huelva en 1936 el jefe de la Falange de allí, Bartolomé Aragón, leyó un pasaje de El Quijote, el referido a la quema de libros que realizan el barbero y el cura:

"No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a ninguno porque todos han sido los dañadores, mejor será arrojarlos por las ventanas y prenderlos fuego".

Ese pasaje del Quijote fue utilizado una y otra vez en las ceremonias de la quema. A pesar de que quedan pocas imágenes, sí hay más referencias en material de prensa. Según la profesora Martínez Rus, existe una coherencia entre lo que defendían las fuerzas de la derecha y ultraderecha durante la II República y lo que ocurrió después.

"Ramiro de Maeztu, en sede parlamentaria, durante la II República, pidió que los libros ardieran porque para ellos los libros que se repartían en esas bibliotecas públicas abiertas a todos, gratuitas, estaban sembrando el germen de la revolución", explica. "Ya entonces eran muchos los que consideraban que esas lecturas envenenaban la mente y el alma de los buenos españoles. Cuando se produjo el golpe, aquello se llevó a la práctica", añade.

Queipo de Llano dio la orden de requisar material de librerías, quioscos o editoriales y quemarlo. También las bibliotecas privadas se vieron afectadas:

"Arrasaron con la biblioteca de Castelao o la del presidente Casares Quiroga en A Coruña, con la de la casa de Juan Ramón Jiménez, donde él no estaba porque se encontraba en el extranjero, o con la Max Aub en Valencia", relata Martínez Rus, quien define las ceremonias como una especie de "ritos iniciáticos tras la toma de las localidades".

Libros "torpes y envenenados"

La quema de libros en la Plaza de Catalunya de Barcelona o en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid -en la calle San Bernardo- quedaron retratadas en una ilustración y en una fotografía respectivamente. Ésta última se produjo el dos de mayo de 1939, para celebrar el Día del Libro, paradójicamente. Un artículo del diario Ya tituló así la información sobre el acto: "Auto de fe en la Universidad Central. Los enemigos de España fueron condenados al fuego".

En el desarrollo de la noticia el diario definió aquellos libros como "torpes y envenenados". En el acto estuvieron presentes el catedrático de Derecho Antonio Luna, Salvador Lisagarre Novoa, secretario provincial de la Jefatura de Educación y de la delegación provincial de Falange o David Jato, jefe provincial del Sindicato Español Universitario.

Luna, que además de profesor era delegado provincial de Falange, se refirió a aquello libros como "separatistas, liberales, marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos". Y dio a conocer que en el índice de los condenados a arder estaban, entre otros, libros de Sabino Arana, Jean-Jaques Rousseau, Karl Marx, Voltaire, Lamartine, Gorki, Freud "y el Heraldo de Madrid".

El diario Ya escribió en su crónica que "las llamas subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo" y que "la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno Cara al Sol".

La limpieza en Madrid de librerías y editoriales fue exhaustiva. "El desfile de la victoria fue el 18 de mayo del 39, les preocupaba que hubiera en los escaparates algún libro contrario a las ideas del nuevo Estado, así que limpiaron librerías, almacenes, editoriales", cuenta Martínez Rus.

Madrid había sido ciudad leal a la democracia hasta su caída, por lo que el régimen franquista la repudiaba. Tanto, que Serrano Súñer quiso llevarse la capitalidad a Sevilla. Finalmente se optó por mantenerla en Madrid pero impulsando una gran represión, que afectó a todo.

"Incluso crearon un tribunal de porteros para denunciar lo que había pasado en Madrid durante los años de la guerra. Detuvieron a escritores como Diego San José, le condenaron a muerte y le conmutaron la pena porque se comprometió a escribir una biografía sobre Millán Astray", señala la autora de La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951). 

"La idea de que solo fueron represaliadas las personas metidas en política es falsa. Hubo castigos por causas peregrinas. Y una persecución contra profesores, intelectuales, escritores y sus libros. Hubo periodistas condenados a muerte también. La represión fue sistemática, afectó a todas las facetas", indica.

La Ley de Prensa regularizó la censura en 1938, obligando a retirar libros, revistas, publicaciones, grabados e impresos con "ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique una falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la religión católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional".

En la ocupación franquista de Barcelona, el 27 de marzo de 1939, se lanzaron seis mil ejemplares por las ventanas y se calcula que fueron quemadas 72 toneladas de libros.

"Se estableció una analogía. Estaban matando a personas, privaban a otras de libertad, y decidieron que con los libros había que hacer lo mismo. Ejecutaron a gente como el rector de la universidad de Valencia, el rector de la universidad de Oviedo, que era hijo de Leopoldo Alas Clarín, mataron a muchos maestros y a otros los depuraron porque consideraban que introducían ideologías perniciosas. Crearon salas de libros prohibidos, los infiernos, se llamaban, que en algunos casos perduraron hasta el final de la dictadura", relata la historiadora. Si había denuncias falsas, no existía pena para el denunciante.

Al abogado Enrique Astiz Aranguren, de Izquierda Republicana, antes de asesinarlo le quemaron toda la colección de la "peligrosa" Enciclopedia Espasa. La biblioteca de Pompeu Fabra fue quemada en la calle, en Badalona.

Fueron retirados títulos como El asno de oro, de Apuleyo, El Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita, La Celestina, de Fernando de Rojas, La educación sentimental, de Flaubert, Werther, de Goethe, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, o Papa Goriot, de Balzac, entre otros.

También se prohibieron Sonata de otoño, de Valle-Inclán, Poesías completas, de Antonio Machado, Los miserables o Nuestra Señora de París, de Victor Hugo, Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, Crimen y castigo, de Dostoiewski, Guerra y Paz, de Tolstói, todos los de Blasco Ibáñez, varios títulos de Azorín, y numerosos de Pérez Galdós y de Pío Baroja, entre otros muchos.

No solo se prohibieron libros políticos, también títulos inocuos, como obras infantiles y juveniles. Por ejemplo, fueron objeto de persecución o pasto de las llamas ejemplares de El Corsario negro, de Emilio Salgari, Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Los cuentos de Andersen, Los viajes de Gulliver, o Caperucita roja, de Perrault, que primero se convirtió en Caperucita azul y luego en Caperucita encarnada.

La persecución de los escritores e intelectuales fue implacable. "No mataron a más porque muchos lograron escapar a tiempo al exilio. El asesinato de Lorca no es una excepción. Miguel Hernández murió en la cárcel con dos procesos judiciales pendientes, y los que se exiliaron, lo mismo. Pedro Salinas, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y otros muchos se libraron porque se fueron", indica Martínez Rus."                     (Olga Rodríguez, eldiario.es, 16/11/20)

Cuando el franquismo vetó el 'agarrao' en las verbenas

"(...) Distintos documentos obtenidos por Público permiten reconstruir esa “otra cara” de la dictadura franquista: la represión moral, algo que tenía su traducción directa en las pocas y valientes verbenas que siguieron celebrándose tras la instauración del nacionalcatolicismo. De acuerdo a esos archivos, el régimen prohibió bailes como el “agarrao” o cualquier otro en el que hubiese roce entre las parejas.

 En una orden enviada a los ayuntamientos de Bizkaia, el gobernador civil de esta provincia, Juan Granell, señalaba que los bailes públicos “no han de dar jamás lugar a actitudes ni escenas inconvenientes e incorrectas”. 

 Del mismo modo, advertía a las autoridades municipales que las verbenas no podían “rebasar en su duración” más allá del anochecer. Alertaba además que estaba dispuesto a “castigar con toda energía” los incumplimientos de estos mandatos, dado que formaban parte de la “moralidad y costumbres públicas” del franquismo.

En realidad, nada de eso era nuevo. Anteriormente, las autoridades eclesiásticas se habían puesto en contacto con los representantes franquistas para reclamar que se adoptasen medidas en ese mismo sentido. “Para nadie es un secreto que la juventud de nuestros días se halla bastante relajada en materia de costumbres y moralidad”, sentenció el arcipreste de Villaro (Bizkaia) en un escrito remitido a los ayuntamientos de la comarca de Arratia a finales de abril de 1939.

En su contundente escrito, el responsable de la Iglesia católica en esa zona advertía sobre las “consecuencias” de las “enormes propagandas pornográficas y subversivas que en su derredor han tenido lugar en los últimos tiempos de dominación rojo-separatista y en los siete años de República laica, en que agentes asalariados recorrían los pueblos con el fin de corromper a la niñez y a la juventud de ambos sexos, sembrando en ellos ideas erróneas y vicios perniciosos que no podrán ser extirpados sino con una labor educadora constante y profunda de varios años”.

El arcipreste mostraba su especial preocupación por los “bailes públicos” que se practicaban en esa zona, argumentando que “no solo en los tiempos de crudo laicismo, sino durante largos años de liberalismo afrancesado, han sido considerados por ciertos alcaldes como cosa corriente y de buena ley, aunque se faltase en ellos abiertamente a las leyes y normas de la moral, siendo así que la clase de bailes modernos que se practicaban se hallan severamente prohibidos hasta en países no católicos”. Sin embargo, no mencionaba ni uno solo de los lugares donde ocurría tal situación.

“Moral católica”

En cualquier caso, la sentencia de la Iglesia fue muy clara. “En adelante, siguiendo las tradiciones de la España de nuestros antepasados, no se consentirá en la plaza pública el baile agarrado por su carácter exótico e indecoroso, reñido con las normas de la Moral Católica, la única moral que es admisible en una Nación Católica”, remarcó.

Además, se estableció que “para amenizar los festejos y dirigir los bailes considerados, por lo regular, como lícitos, no se admitirá otro instrumento que el clásico tamboril”. No obstante, ese instrumento no podría tocarse “en los días festivos hasta que terminen los divinos oficios de la Iglesia Parroquial”.

Las prohibiciones volverían a ser refrendadas unos meses más tarde por el gobernador civil, que se vio obligado a recordarles a los alcaldes de la comarca de Arratia su “preocupación constante” en torno al “mantenimiento dentro de la moral pública de cuanto se refiere al asunto de las diversiones públicas, principalmente los bailes”.

En tal sentido, el representante de la dictadura en Bizkaia ordenó que todos los municipios de esa zona adoptasen “unas normas comunes en lo que a bailes públicos se refiere, manteniendo, en lo posible, la tradición establecida, sin dar lugar a innovaciones que la desnaturalicen y haciendo que terminen siempre antes del anochecer”.

“La relajación de costumbres no es propia de un pueblo que acaba de luchar en reciente y gloriosa cruzada y si no se quiere traicionar los móviles que la inspiraron, es preciso reestablecer y mantener a todo trance la honestidad de las diversiones públicas”, subrayaba el gobernador civil. En otras palabras, el más mínimo roce sería castigado con toda severidad."                 (Público, Danilo Albin, 21/08/17)

37 años después de la muerte de Franco, las empresas que se enriquecieron con la construcción de su mausoleo están entre las más poderosas e influyentes del país

"El régimen les dio poder, patrimonio y mano de obra casi esclava. La transición y la democracia, benevolente como con un hijo pródigo, no les pidió explicaciones por su pasado ni por el origen de sus riquezas. Su pasado se diluyó en el presente de la España democrática como un azucarillo en agua hirviendo y el futuro quedó a sus pies. 

Son las grandes empresas que apoyaron a Franco en su cruzada, se beneficiaron de las concesiones estatales, utilizaron mano de obra casi esclava de presos republicanos y sentaron en sus consejos de administración a los exministros del régimen. Esta es la historia de los que una vez que el caudillo de España murió se autodefinieron como “demócratas de toda la vida”. 

En agosto de 1936, el diario británico The Sunday Express publicó: “Franco se mantiene en la lucha. Pero, ¿cuál es el poder que lo dirige desde detrás de las sombras? Cuando un hombre levanta la mano, Franco obedece. Ese hombre es Juan March”. 

Nadie puede imaginar que un golpe de Estado puede triunfar sin el apoyo de los grandes empresarios y Franco, juntos al resto de golpistas, encontró en Juan March al mecenas de su cruzada. 

March aseguró la vida de los familiares de los militares rebeldes, financió los aviones que trasladó a Franco al norte de África con la inestimable ayuda de varios responsables del diario ABC y negoció con alemanes e italianos la compra de armamento. ¿A cambio de qué?

“A cambio, en plena guerra civil, desde el cuartel general de Burgos, obtuvieron el control del sector bancario, su statu quo, las claves de la economía, el monopolio del sector financiero”, escribe Mariano Sánchez en la obra publicada en 2005 'Los banqueros de Franco'.

 Este pacto de Franco con March y el resto de banqueros significó la primera gran traición del general a los principios de Falange: la Banca no sería nacionalizada. Lo importante para el Generalísimo no era mantener su integridad ideológica. Franco no tenía ideología. El caudillo tenía poder político, adquirido mediante las armas, y no lo iba a perder bajo ningún concepto y mucho menos por programas políticos.

Al amparo de la dictadura franquista, Juan March realizó diversas operaciones financieras de gran calibre, como la compra de la Barcelona Traction, tras la que fundó Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A (FECSA), quien se hizo con la práctica totalidad de la producción eléctrica en Cataluña.  FECSA construyó centrales térmicas y entró en el campo de la energía nuclear, motivado por las crisis del petróleo de los años 70. 

Así, participó, junto con Électricité de France, Hidroeléctrica de Cataluña y ENHER en la construcción de la central nuclear de Vandellós, puesta en servicio en 1972. En 1983, FECSA instaló en solitario la central nuclear de Ascó, que comenzó a funcionar en 1983.

El rastro de March en el presente

 Todas estas operaciones convierten a FECSA en una empresa al alza, que comienza a cotizar en el IBEX 35 de la Bolsa española. Su camino en solitario llega hasta 1996 cuando el Grupo Endesa se hace con el 75% de las acciones de la compañía y su control absoluto.

Juan March falleció en 1962 pero sus nietos han sabido cumplir su legado. En 1988 la revista Forbes sitúa a los March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, creador de El Corte Inglés, y los Botín. Su notoriedad en la democracia española y en las finanzas internacionales es ya indiscutible. 

“La Fundación March, creada en 1955, cuenta con un patrimonio superior a los 15.000 millones de pesetras y recibe una inversión anual que rebasa los 1.000 millones. En la actualidad el patrimonio de los March se sitúa entre en el medio billón de pesetas, participan en el accionariado de 150 empresas y comandan un grupo empresarial que ha sido vanguardia en España en cuanto a bancos de negocios y que goza de una gran liquidez”, escribe Mariano Sánchez en su obra Los banqueros de Franco. 

Entre la larga lista de empresas en las que la familia March está presente en el accionariado hay algunas muy reconocibles para el gran público como la constructora ACS (18,3%), presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Acerinox (24,2%), una de las compañías líder a nivel mundial en la fabricación de acero inoxidable o la empresa de seguridad Prosegur (10,0%).

La construcción del Valle de los Caídos

Ningún otro símbolo como el Valle de los Caídos refleja el funcionamiento de la oligarquía empresarial que rodeaba el régimen. Una obra faraónica que costó a las arcas públicas a lo largo de sus veinte años de construcción 2.421 millones de pesetas de la época, según datos de Mariano Sánchez. 

 “Para entender la magnitud de la obra conviene comparar el coste con otras partidas de los Presupuestos. Así, hasta 1970 el Estado había dedicado 2.339 millones de pesetas para Educación, explica Mariano Sánchez, autor de obras como Los Franco S.A. o Los banqueros de Franco a Público.

 Franco eligió el 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria de la entonces conocida como “Victoria de las armas de España”, para dar a conocer su proyecto. Fernando Olmeda, autor de El Valle de los Caídos. Una memoria de España, recoge en su obra las palabras pronunciadas aquel mismo día por  el coronel Valentín Galarza, subsecretario del a jefatura del Estado, en la lectura al Decreto que dispone la construcción del futuro monumento:

“La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suele conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia.

 Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que legaron una España mejor”. 

La ejecución del gran sueño del generalísimo requirió un enorme financiero, pero sobre todo de personal. En 1942 el régimen se da cuenta de que además de obreros libres será necesario emplear batallones de presos en un país que continúa desangrando tras la cruenta guerra civil.

 Ese mismo año llega al Valle la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95. Los presos visten gorro a rayas azules y blancas con una P que les identifica como presos. El periodista Rafael Torres, autor de Los esclavos de Franco, cifró en 20.000 los presos republicanos que participaron a precios muy por debajo del mercado y en condiciones de semiesclavitud en la construcción del sueño de Franco.

Los presos "alquilados"

Fernando Olmeda recoge en su obra dos testimonios de presos republicanos que detallan las condiciones de la obra. Trinitario Rubio lo describe de la siguiente manera:”Picábamos un metro cúbico de piedra, cargábamos vagonetas y empujábamos entre varios. Trabajábamos en condiciones difíciles, nos trataban de hijos de puta y rojos, cosa peor que los malos tratos”. 

Segundo Fernández, de familia de agricultores de izquierdas, y condenado por tres consejos de guerra, resume en una frase su experiencia en la construcción del Valle de los Caídos: “Raro era el día que no morían uno o dos, y hasta tres, más por el hambre que por accidentes, porque la construcción del túnel casi no había empezado”. 

 

Nicolás Sánchez-Albornoz, director del Instituto Cervantes de 1991 a 1996 y condenado a trabajos forzados por el régimen en 1947, puso cifras al negocio redondo de las empresas y el régimen de Franco con los presos trabajadores.

 "El Valle era un gran negocio", explica, "los que estábamos condenados a trabajar allí estábamos alquilados a las empresas que hacían la obra, Huarte y Banús, por 10,50 pesetas al día. A nosotros nos daban 50 céntimos a cada uno.

 Los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados", según recoge José María Calleja en un artículo publicado en el diario El País. De esta manera, Sánchez-Albornoz, actual miembro de la RAE, confiesa que estuvo “alquilado” a la empresa Huarte y Banús. 

El periodista Isaías Lafuente se atrevió a cuantificar en su libro Esclavos por la Patria los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de obras: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. 

Ello se deduce del estudio de las detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. en su libro Esclavos por la patria.

Las empresas adjudicatarias y su beneficio

En sus inicios la obra se adjudica a tres grandes empresas, San Román, filial de Agromán, se encargará de la perforación de la roca para abrir en ella el agujero gigante que albergará la cripta, Estudios y Construcciones Molan se ocupará de la construcción del monasterio y Banús, gestionada por los dos hermanos Juan y José, se responsabilizará de la carretera que unirá la entrada con el Risco de la Nava. 

Estas tres empresas, junto a la constructora Huarte y Cía que se uniría a las obras en 1952, dispusieron de mano de obra semiesclava para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. 

Así, en 1943 Agromán disponía de 250 presos republicanos trabajando en el Monumento, 100 en las obras de el Escorial Aguas y Escorial Arca de Juan y otros 140 en diversas obras repartidas en cuarteles y monasterios. 

Banús, por su parte, disponía de 125 presos trabajando en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos, 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín (Madrid) y a 50 más en la base militar de Torrejón. En total llega a haber 141 batallones de presos republicanos repartidos por diferentes obras sólo en 1943, según recoge Olmeda en su obra.

¿Qué ha sido de estas empresas? 

 La constructora Huarte, que acumulaba en 1975 un volumen de venta de 16.000 millones de pesetas, se fusionó en 1998 con Obrascón. Un año después, se incorpora al grupo la empresa Lain conformando el gigante constructor Obrascón- Huarte- Laín u OHL, como es más conocido.

 El grupo está presidido por Juan-Miguel Villar Mir, más conocido por haberse presentado a las elecciones a presidente del Real Madrid de fútbol. Aunque en su currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista como haber sido Director General de Empleo en 1964 o presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967.

Por su parte, la constructora Agromán fue fundada por José María Aguirre Gonzalo y José San Román en 1926, en tiempos de Primo de Rivera.  Gracias a sus negocios, Aguirre Gonzalo saltó pronto al mundo de la banca y presidió el Banco Guipuzcoano desde 1956 hasta que falleció en 1988.

 Además, ocupó la presidencia del Banco Español de Crédito desde 1970 hasta 1983 y del Banesto,  desde 1970 a 1984. No obstante, la estirpe familiar no terminó ahí ya que su hijo José María Aguirre González le sustituyó en el cargo de presidente del Banco Guipuzcoano hasta 1999. En 2010, este banco fue absorbido por el Banco Sabadell.  

Tras la construcción de la carretera, los hermanos Banús siguieron caminos diferentes siempre bajo el amparo del régimen. José Banús, conocido como el constructor del régimen, es el artifice de barrios emblemáticos de Madridi como el de la Concepción o el Barrio del Pilar, donde urbanizó una gran extensión de terreno, y de cuyos pisos sacaba un beneficio de unas 115.000 pesetas. 

De Madrid saltó a la Costa del Sol donde, en el verano de 1970, inauguró su proyecto más ambicioso: Puerto Banús. Su estrecha relación el régimen queda patente no sólo en sus negocios sino en sus distinciones: medalla al Mérito en el Trabajo, la gran cruz del Mérito Civil y la medalla de oro al Mérito Turístico. Sus descendientes heredaron un gran imperio con origen en la construcción del Valle de los Caídos y su amistad con el régimen de Franco. 

Por otro lado, su hermano Juan Banús se quedó en Madrid y en su currículum figura la construcción de la lujosa ciudad satélite de Mirasierra, opulentas viviendas rodeadas de comercios y zonas de asueto. Sus hijos Juan y Antonio Banús Ferré tomaron el testigo inmobiliario de su padre y de su tío, especializándose cada uno en diferentes proyectos. 

Juan Banús, fallecido en 2000, era el responsable de la lujosa área marbellí de Puerto Banús, lugar de veraneo de la jet set y de la familia real saudí, entre otras personalidades, mientras que Antonio Banús es propietario de un importante número de franquicias de la firma de moda italiana Benetton en España, gestor del hotel de cinco estrellas Mirasierra Suites y dueño de la bodega El Carabal, situada en Cáceres. Además, Antonio Banús posee el 100% del capital del grupo promotor inmobiliario Juban. 

No obstante, en la larga lista de empresas que se beneficiaron de la barata mano de obra de presos republicanos figuran otras muchas sociedades que no participaron en la construcción del Valle de los Caídos o que su gran negocio con el régimen fue otro. Es el caso de Dragados y Construcciones, hoy también inversa en ACS, la constructora de Florentino Pérez.  

Sin descuidar a amigos y los ministros

Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchos de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad.

 Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra Los Franco S.A., las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del Imperio de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

También llama la atención la puerta giratoria que unía a los ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. De los 119 ministros de franco, 22 de ellos se sentaron en 29 consejos de administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en cajas de ahorros. Otros ocho ex ministros fueron presidentes y/o consejeros del Banco de España. En total, 43 ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario. 

Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirve como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del ministro de Comercio en el penúltimo gobierno de Franco de igual nombre, como director General de Negocios de Repsol. 

No obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima horneada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos como Rodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano. 

O José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que  fue director gerente de la agencia de noticias EFE y embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América."               (Público, 18/11/2012)

"El primer día nos entregaban El Quijote, un lápiz y un cuaderno para que buscáramos palabras"

"A los 10 años, justo uno después de que se proclamara la Segunda República que ahora cumple 80 años, dejó su León natal para formarse en una escuela de la Institución Libre de Enseñanza. Su padre, abogado del Estado, quería que sus dos hijas se educaran en un instituto-escuela.

Han pasado 81 años y la menor de las hermanas Zuloaga todavía habla en presente de su colegio. "Le debo mucho al instituto-escuela. Te pone en una actitud ante la vida tan curiosa...", reflexiona. Por primera vez, estudió idiomas y practicó deporte. Y durante tres años se olvidó de los libros de texto.

"Recuerdo que el primer día nos entregaban El Quijote, un lápiz y un cuaderno para que buscáramos palabras", explica entre canelón y canelón. "¡Había tantas del castellano antiguo...! Las escribías y ya no cometías faltas", detalla Zuloaga. Sus mejores recuerdos coinciden con las excursiones a la sierra y a las fábricas.

"Era bonísimo ver cómo se hacían los filamentos de cristal para las bombillas", gesticula imitando el proceso industrial. La enseñanza en el Instituto-escuela era muy exigente, asegura esta nonagenaria, que tuvo que repetir el primer año. "Mi letra no era bonita, no tenía cuidado con los borrones", razona.La sede de Retiro fue su casa durante tres años, hasta que, a los 13, un principio de tuberculosis la separó de las aulas.

Su hermana Maravillas estudiaba en Hipódromo con los mayores. Se curó cuando ya era tarde. Había comenzado la Guerra Civil y las fuerzas franquistas "asesinaron" a su padre por defender el caso de "un rojo". La segregación por sexos y la mano dura volvieron a las aulas. "Allí llegó Franco a salvar a España y lo mató todo", lamenta." (Mª ÁNGELES ZULOAGA: "Puedo competir y disfrutar con otros jóvenes". El País, 15/04/2011, última)