Mostrando entradas con la etiqueta Ideologías: Socialismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ideologías: Socialismo. Mostrar todas las entradas

30/10/24

Una economía planificada sin autoridad central de planificación

 "En Planificación Económica Democrática Robin Hahnel afirma que su “contribución más importante” es haber “explicado concretamente cómo conciliar la planificación democrática integral” con la autonomía y la autogestión de los trabajadores. Como dijo Hahnel en un artículo del verano de 2023 Nueva politica Ensayo: “Los primeros socialistas, incluido el propio Marx, tenían claro que, en lugar de los capitalistas ávidos de ganancias y la 'anarquía' de los mercados... los 'productores asociados' deberían decidir entre ellos qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo”.

La idea de que era necesaria una autoridad central de planificación es más bien un producto de principios del siglo XX, especialmente del proyecto bolchevique de concentrar el control de la planificación en una autoridad central de planificación estatista. Hahnel afirma que la lección clave del fracaso del socialismo del “mundo real” en el siglo XX es la siguiente: ¡No se necesita ninguna autoridad de planificación central! Él plantea la situación de esta manera:

Si bien los primeros socialistas defendieron la toma de decisiones consciente frente a la coordinación impersonal de los mercados, no... no Propusieron un decisor. En lugar de eso propusieron que el Los productores asociados deciden por sí mismos y entre ellos. Y no son en absoluto la misma cosa (p. 294).

Planificación Económica Democrática es un trabajo académico técnico y contiene fragmentos de economía matemática que no estoy calificado para juzgar. No obstante, la mayor parte de su discusión está en un inglés razonablemente accesible. Los lectores anarquistas y marxistas pueden sentirse desconcertados por la dependencia de Hahnel de la jerga económica dominante, pero vale la pena hacer el esfuerzo de entender esta propuesta de economía socialista. No hay aquí una discusión de la estrategia para lograr una economía socialista autogestionada. Como dice Hahnel, esta es una “descripción del destino, no un plan de vuelo”.

La crítica de la planificación central

En la época del “debate sobre el cálculo socialista”, a principios del siglo XX, los antisocialistas asumieron que una economía socialista planificada requiere un único “decisor”: una autoridad central de planificación. El extenso estudio de Hahnel demuestra que esa suposición es falsa.

El argumento antisocialista contra la planificación central se basaba en dos argumentos. En primer lugar, la cantidad de información necesaria para una asignación eficiente de los recursos era posiblemente demasiado grande para que la agencia de planificación central pudiera reunirla. Según Hahnel, el desarrollo de la tecnología informática y de las técnicas de programación matemática hizo que este argumento fuera discutible.

El segundo argumento antisocialista afirmaba que la autoridad central de planificación no podría hacer uso del “conocimiento tácito” que los trabajadores y gerentes de las instalaciones locales tienen de sus habilidades y experiencia en la producción. En la Unión Soviética, los planificadores centrales usaban un método llamado “balances materiales” como base para desarrollar un plan. Este se basaba en información sobre las técnicas y recursos reales utilizados en el período anterior. Hahnel señala que este método carece de eficiencia dinámica porque no puede tener en cuenta nuevas posibilidades técnicas que podrían aumentar la eficiencia.

Para superar el problema del “conocimiento tácito”, los defensores posteriores de la planificación central propusieron técnicas iterativas (de ida y vuelta) para alentar a las unidades de producción locales a revelar sus capacidades reales. Por ejemplo, las unidades locales podrían proponer un plan basado en la maximización de su tasa de retorno o en un conjunto de recursos que la autoridad central pondría a disposición. La esperanza era que la respuesta de las unidades locales revelara su potencial de producción. Por lo tanto, estas serían técnicas de aprendizaje para el organismo de planificación central.

Hahnel sostiene que es poco probable que se encuentre una solución para este problema en el marco de una planificación central, ya que sería peligroso que los gerentes de las unidades locales proporcionaran una imagen precisa de sus capacidades. Si lo hicieran, la autoridad de planificación central podría exigir a las unidades locales que trabajaran al máximo de su capacidad, lo que pondría a los gerentes en riesgo si un fallo técnico condujera al fracaso. Por lo tanto, la tendencia actual en el marco de una planificación central es “un juego del gato y el ratón” en el que los gerentes locales acaparan recursos y ocultan su verdadera capacidad para asegurarse de que pueden cumplir fácilmente las metas asignadas. Señala que las grandes corporaciones capitalistas también tienen este problema en cierta medida: en los casos en que los gerentes de división o de planta no proporcionan información totalmente veraz a los niveles superiores del aparato de control.

Hahnel sostiene, sin embargo, que el principal problema de la planificación central es que es inherentemente incompatible con la autonomía y la autogestión de los trabajadores. La planificación central, dice, no es simplemente una comunicación de ida y vuelta entre la autoridad central y las unidades locales. Por el contrario, la relación se basa en el mando de la autoridad central y la subordinación de las unidades locales a las órdenes de arriba. Como la autoridad central necesita que las unidades locales hagan lo que ella exige, también querrán nombrar gerentes para controlar la fuerza de trabajo. Así, en la Unión Soviética, las mil empresas tomadas por los trabajadores y puestas bajo el control de asambleas de trabajadores y comités de trabajadores electos en 1917-1918 fueron casi totalmente convertidas al control de una burocracia gerencial designada desde arriba en 1920. Es más fácil hacer que un solo gerente rinda cuentas de sus órdenes que un colectivo entero de trabajadores. De manera similar, los gerentes de una industria o instalación tenderán a nombrar supervisores o gerentes de unidad para controlar la fuerza de trabajo. Al hacerlo, esta estructura moldea la conciencia de masas porque los trabajadores no tienen poder de decisión. El resultado es la apatía de las masas.

W. Paul Cockshott y Allin Cottrell han abogado recientemente por una forma democrática de economía socialista en Hacia un nuevo socialismo (1993) y otros escritos. Proponen que los trabajadores sean remunerados en fichas de trabajo según el número de horas trabajadas. Los bienes de consumo tendrían entonces un precio según el número de horas de trabajo que se necesitan para producirlos. Esto es más o menos similar a la propuesta de Marx en Crítica del Programa Gotha. Cockshott y Cottrell admiten, sin embargo, que también hay que tener en cuenta la “intensidad” del trabajo. Por lo tanto, algunos trabajadores recibirían una mayor remuneración por hora, ya que realizan más esfuerzo en menos tiempo. Hahnel está de acuerdo con la propuesta de Cockshott y Contrell sobre la remuneración de los trabajadores, pero sostiene que su propuesta de decisiones a nivel de toda la sociedad para la planificación social es una forma de planificación central y es incompatible con la autogestión de los trabajadores. Si todos los miembros de la sociedad toman decisiones sobre la producción y los lugares de trabajo, entonces un trabajador en un lugar de trabajo no tiene más voz que cualquier otra persona en la sociedad.

Cockshott y Cottrell señalan que la oferta y la demanda de bienes nunca son iguales y, por lo tanto, “sólo los precios promedio deberían ser iguales a los valores laborales”. Hahnel comenta que, para su crédito, Cockshott y Cottrell reconocen que, si bien este procedimiento producirá un plan de producción para los bienes privados que los consumidores compran con sus fichas de trabajo, no puede decidir cuántos bienes públicos o bienes de capital producir (p. 313).

Cockshott y Cottrell proponen un referéndum popular sobre la división del producto social entre consumo privado, bienes y servicios públicos e inversión. Hahnel sostiene que esto es incompatible con un nivel significativo de autogestión de los trabajadores. Cualquier persona de la sociedad tendría tanta voz como los trabajadores de una instalación determinada sobre lo que producirán y con qué insumos tendrán que trabajar. Si el referéndum se aprueba, los funcionarios del gobierno, como explico en Superando el capitalismo (AK Press, 2022), “asignar objetivos de insumos y productos a los distintos grupos de producción, lo que significa que a los trabajadores se les negaría la autogestión efectiva de su trabajo y sus lugares de trabajo”.

Hahnel también sostiene que los métodos que proponen Cockshott y Cottrell no conducirán a un plan eficiente. Su propuesta sólo puede tener en cuenta los costos de oportunidad de utilizar mano de obra, pero no tienen forma de estimar con precisión los costos ambientales ni de tener en cuenta los costos de oportunidad de utilizar los medios de producción existentes, que son un bien escaso.

La alternativa de Hahnel

La alternativa de Hahnel se basa en la separación de la planificación en dos canales de toma de decisiones. A través de sus asambleas de barrio (“consejos de consumidores”), la población en general puede participar en el desarrollo de las demandas tanto de bienes de consumo privado como de bienes y servicios públicos. Y las organizaciones de producción de los trabajadores (“consejos de trabajadores”) desarrollarían sus propios planes sobre lo que se proponen producir. Esto es lo que yo llamo el modelo de “gobernanza dual”. La primera versión de esto fue el socialismo gremial (véase el libro de GDH Cole). El socialismo gremial replanteado [1920]). Pero el socialismo gremial tenía dos defectos graves: (1) se suponía que los precios surgirían de negociaciones cara a cara entre los consejos de trabajadores y los consejos que representaban a los barrios o a los consumidores de servicios, pero no había ningún procedimiento que garantizara que los precios fueran precisos. (2) Además, dado que las asambleas de barrio y los consejos de trabajadores ya requerían tiempo de los participantes, las sesiones de negociación adicionales entre representantes de los trabajadores y los consumidores exigirían aún más tiempo a todos.

La propuesta de Hahnel evita ambos problemas. Su modelo no incluiría sesiones de negociación entre representantes de los trabajadores y los consumidores porque cada uno de los consejos desarrollaría sus propios planes de “autoactividad”. Pero ¿cómo sabrían que esos planes serían socialmente responsables?

La solución de Hahnel es un sistema de precios no mercantil. Todas las organizaciones que desarrollan planes utilizarían una única escala de precios para toda la sociedad que incluye bienes intermedios y terminados, recursos materiales, tipos de mano de obra calificada y costos ambientales. La escala de precios es desarrollada por una organización de personal vinculada al sistema de gobernanza de toda la sociedad. Esta organización de personal luego agrega la oferta y la demanda proyectadas de todos los planes presentados y utiliza reglas de fijación de precios acordadas para generar la escala de precios. Pero no se trata de una autoridad de planificación central. No emite demandas, objetivos ni planes. Tampoco “fija” precios. Los precios se desprenden de los planes que desarrollan los grupos de trabajadores y consumidores.

Sin una autoridad central de planificación, los consejos de consumidores y los consejos de trabajadores tienen que utilizar la escala de precios para mantenerse dentro del presupuesto. Una vez que todas las entidades han ajustado sus planes, surge una nueva escala de precios a partir de las propuestas modificadas de consumo y producción. La idea es que todas las entidades en el sistema de planificación distribuida se “ajustan” entre sí. ¿Cuántas de estas “rondas” de ajuste se necesitan para alcanzar un plan viable? En el capítulo 9, Hahnel analiza las simulaciones por computadora que se han desarrollado para tratar de responder a esta pregunta. Los resultados hasta ahora indican que un plan viable no requeriría más de cinco a ocho rondas. Hahnel sugiere que estas rondas podrían ocurrir durante el mes de diciembre para establecer un plan para el año siguiente. Pero, ¿la gente tendría paciencia para ocho rondas de ajustes a sus planes? Soy escéptico. Si deciden terminar con menos rondas, podrían ser necesarios más ajustes a mitad de año.

En el tratamiento que Hahnel da a la planificación social democrática, cada tipo de planificación tendrá su propio horizonte temporal. En sus escritos anteriores sobre planificación participativa, Hahnel y Michael Albert se centran en el desarrollo de un plan de producción para el año siguiente. Aquí es donde la planificación por parte de los consejos de consumidores y trabajadores locales cobra protagonismo. Planificación Económica Democrática Hahnel también desarrolla propuestas para diversas formas de planificación con un horizonte temporal más amplio. La planificación a largo plazo para nuevos equipos y capacidad de producción se centra en un horizonte temporal de menos de diez años. Pero otras formas de planificación tienen un horizonte temporal aún más amplio: la planificación para la protección del medio ambiente a largo plazo, el desarrollo de las habilidades de la fuerza de trabajo que se necesitarán en los próximos años y la planificación de infraestructuras, como una nueva línea de metro o un puente u otras instalaciones que se utilizarán durante décadas en el futuro. Esta es la primera vez que estas formas de planificación a largo plazo se han integrado en un marco de planificación participativa. Hahnel también tiene un capítulo sobre el trabajo de cuidados o el trabajo de “reproducción social”. Creo que es la primera vez que esto se ha añadido al marco de planificación participativa.

¿Cómo sabemos si el plan de un grupo de producción es socialmente responsable? Esto se reflejará en los resultados de fin de año. Un grupo de producción no es propietario de sus medios de producción; sólo tiene “derechos de uso”. Para mantener estos derechos, los resultados del grupo de producción deben producir un beneficio social igual o mayor que los costos de producción. Si la relación beneficio-costo es menor que uno, existe un caso prima facie para disolver ese grupo. En ese caso, la federación de trabajadores de esa industria podría transferir los recursos del grupo a otros grupos de producción. Sin embargo, esto podría ser apelado. La federación de la industria podría enviar un equipo para averiguar por qué el grupo de producción está fracasando. Podrían proponer varias soluciones, como la inversión en equipos menos contaminantes, nueva formación o enviar trabajadores de ese grupo a grupos más exitosos para que aprendan.

Para Hahnel, la planificación se lleva a cabo en distintos niveles, dependiendo de la amplitud de la población afectada. Así, ciertas formas de planificación se llevarán a cabo a nivel de toda la sociedad, como la planificación de la política de transporte o la prestación universal de servicios de salud gratuitos. Aquí es donde entran en juego ciertas instituciones de alcance social, como la Federación Nacional de Consejos de Consumidores, las federaciones industriales y la Federación Nacional de Consejos de Trabajadores. La planificación a este nivel se llevaría a cabo mediante convenciones de delegados elegidos. Hahnel señala que la planificación a nivel de toda la sociedad tiene que realizarse primero, antes que la planificación local. La población de una ciudad no puede hacer planes para carreteras o centros de salud locales sin tener en cuenta los planes de transporte y salud a nivel de toda la sociedad.

Para Hahnel, las federaciones de la sociedad también desempeñan un papel importante en la planificación a largo plazo y en cuestiones como la planificación de infraestructuras que se utilizarán durante décadas. Los consejos de consumidores y los consejos de trabajadores locales ocupan un lugar destacado en la planificación de la producción del año siguiente. Si una mayor parte del producto social se destina a la inversión en el año siguiente, entonces habrá menos disponible para el consumo. Hahnel cree que los consejos de consumidores estarían más dispuestos a presionar para que una mayor parte del producto social se destine al consumo, mientras que los consejos de trabajadores y las federaciones industriales presionarían para que se invirtiera en capacidad de producción.

Pero no es posible planificar la producción del año próximo sin decidir primero la inversión a largo plazo en la ampliación de la capacidad de producción, el desarrollo de la formación necesaria de la fuerza de trabajo, la protección del medio ambiente y la infraestructura. Por eso Hahnel sugiere que la planificación de la inversión a largo plazo se podría llevar a cabo en noviembre y luego el plan para el año siguiente en diciembre, teniendo en cuenta las necesidades de inversión a largo plazo del año siguiente. En la planificación a largo plazo de la infraestructura y los bienes de producción, la Federación Nacional de Consejos de Trabajadores y las federaciones industriales calcularían los costos, y la Federación Nacional de Consejos de Consumidores decidiría hasta qué punto es conveniente una propuesta. Las organizaciones de personal podrían proporcionar asesoramiento especializado. Los científicos de un "Ministerio de Medio Ambiente", por ejemplo, podrían controlar las emisiones o tener experiencia en medicina ambiental.

Un problema básico para la planificación a largo plazo es que todavía no se conocen las tecnologías, las preferencias de los consumidores y otras condiciones futuras, por lo que los planificadores tendrán que hacer conjeturas inteligentes. La eficacia de los planes a largo plazo, explica Hahnel, se puede comprobar con los resultados al final de cada año. Luego, los planes a largo plazo se pueden ajustar para corregir las proyecciones erróneas.

En un apéndice, Hahnel evalúa una serie de propuestas de planificación económica (de Cockshott y Cottrell, Pat Devine, Dan Saros y David Laibman). Después de detallar los problemas de estas propuestas, critica la manera en que los marxistas piensan sobre los precios: “Para ser totalmente franco, creemos que los defensores de diferentes modelos de socialismo que se aferran a sus raíces marxistas luchan poderosamente sobre la cuestión de los precios... A veces sus raíces marxistas los llevan a desestimar la importancia de obtener precios relativos 'correctos' como un fetiche de la economía burguesa” (p. 341). Hahnel sostiene que las estimaciones cuantitativas precisas de los costos de oportunidad de los recursos escasos, los costos sociales de producir bienes finales, bienes intermedios, medios de producción producidos (“bienes de capital”), los costos de emitir diversos contaminantes y las tasas sociales de retorno de la inversión son cruciales por dos razones. Primero, sin estimaciones precisas, los recursos productivos no pueden asignarse de manera eficiente. Y, aún más importante, los consejos de trabajadores y consumidores (y las federaciones de estos) necesitan estimaciones precisas para planificar de manera efectiva y oportuna. La “renuencia a rendirse” a esta necesidad de estimaciones precisas de los costos sociales, en su opinión, puede crear confusión y falta de claridad en el pensamiento. A esto añadiré que los anarquistas también pueden tener este problema. La conquista del panPor ejemplo, Kropotkin intenta vehementemente evitar cualquier cosa que parezca un sistema de precios.

Obtención de estimaciones precisas de los daños causados ​​por la contaminación

Algunos socialistas han dado por sentado que los economistas y científicos capacitados contratados por el gobierno pueden calcular con precisión los daños causados ​​por las emisiones contaminantes. Hahnel dice que esto es “ingenuo”. Claramente, explica, “la empresa privada y los mercados han ejercido durante mucho tiempo un sesgo a favor de… actividades que tienen efectos externos negativos y en contra de las actividades que generan efectos externos positivos. El ejemplo más claro, que ahora amenaza a la civilización tal como la conocemos, es que se favorece a las actividades que emiten gases de efecto invernadero porque sus efectos negativos no se contabilizan en los precios del mercado…” (p. 299). Aunque el problema del calentamiento global requiere una negociación internacional, Hahnel ofrece propuestas para superar el daño ambiental causado por las emisiones. Estas incluyen la planificación ambiental a largo plazo y un “Mecanismo de Revelación de Daños por Contaminación” (PDRM), que considera “más útil para los contaminantes locales, contaminantes cuyos efectos no son letales y cuyos efectos se comprenden relativamente bien”.

Un elemento clave del PDRM es la formación de “comunidades de afectados” (CAP) para hacer frente a los contaminantes. No dice cómo se organizarían estas CAP, pero cree que los consejos de residentes (“consumidores”) podrían organizarlas. La Federación Nacional de Consejos de Consumidores también podría desempeñar un papel clave en la demanda y la planificación de la protección ambiental a nivel de toda la sociedad, asesorada por un “Ministerio de Medio Ambiente”.

En su propuesta, las CAP podrían simplemente prohibir los contaminantes, lo que significa que los residentes de la zona tendrían una especie de derecho de propiedad sobre los bienes comunes ecológicos. Las CAP también podrían generar permisos de contaminación para grupos de producción, lo que permitiría algunas emisiones de un determinado contaminante. Los miembros de la CAP recibirían crédito por los daños sufridos. Esta forma de "sacrificio" daría a las CAP un aumento de ingresos. Esta es la forma en que Hahnel implementa el principio de "quien contamina paga".

¿Cómo se llega a un precio exacto de los daños causados ​​por la contaminación? De la siguiente manera: si la lista de precios incluye una estimación de los daños causados ​​por un contaminante que es demasiado baja, es posible que la PAC no considere que le conviene emitir un permiso para un nivel de emisiones tan alto como el que desea el grupo de producción que lo solicita. Por lo tanto, en la ronda actual de planificación, un exceso de demanda sobre la oferta de permisos de contaminación haría subir el precio en la próxima lista de precios. Si el precio propuesto para el permiso es demasiado alto, la demanda de permisos por parte de los grupos de producción disminuiría. Por lo tanto, a medida que continúen las rondas del proceso de planificación anual, el precio del contaminante se ajustará de modo que las solicitudes de permisos de los grupos de producción para un nivel de emisiones sean iguales a los permisos que las PAC están dispuestas a conceder. El precio en ese momento es el precio “eficiente” porque la estimación de los daños será aproximadamente igual al beneficio de permitir ese nivel de emisiones.

Hahnel define rendimiento como todos los recursos materiales utilizados y las emisiones dañinas producidas. Luego define la eficiencia del rendimiento ambiental como la reducción del rendimiento por unidad de producción. Una estrategia ambiental exitosa, explica, se reduce a “patear la lata por el camino”. Esta estrategia trabaja continuamente para mejorar la eficiencia del rendimiento ambiental al sustituir recursos no renovables por renovables, reduciendo la producción de emisiones dañinas y reemplazando recursos escasos por recursos que son menos escasos. Dice Hahnel: “Afortunadamente, contrariamente a lo que muchos en el movimiento de decrecimiento creen, este proceso de 'patear la lata por el camino' se puede hacer al mismo tiempo que se aumenta el bienestar económico durante mucho más tiempo del que los humanos se preocupan por preocuparse” (p. 263).

De esta manera, Hahnel critica los supuestos del “decrecimiento” mientras lanza el guante a los “ecomodernistas” y a los “leninistas climáticos”, rechazando su suposición de que la planificación central estatista es necesaria para encontrar una solución a la crisis ambiental.

Desde mi punto de vista, una debilidad de la propuesta general de Hahnel es que evita la cuestión del Estado, o de lo que lo reemplaza. En un momento menciona la “legislatura nacional”, pero no explica qué es. No veo por qué los congresos de la Federación Nacional de Consejos de Consumidores y la Federación Nacional de Consejos de Trabajadores no pudieron formar una legislatura bicameral. Pero Hahnel no analiza cuestiones como la policía, los tribunales o el ejército. Hahnel señala que en varias revoluciones del siglo XX la tendencia fue a que el control obrero de la producción desapareciera después del levantamiento revolucionario inicial. Esto fue cierto tanto en la revolución rusa como en la española. Después de que los comunistas se abrieran paso hasta el control de sectores de la policía y el ejército en el estado republicano español, comenzaron a utilizar estos cuerpos armados para apoderarse y nacionalizar industrias dirigidas por los trabajadores, como las industrias armamentística, telefónica y cinematográfica. Creo que es probable que esto sea un problema si los trabajadores no logran un control directo y democrático sobre el poder armado dominante en la sociedad durante el período revolucionario.

Si pensamos en el resultado de una era revolucionaria, es posible que en distintas regiones o países predominen distintas ideas y propuestas socialistas. Se podrían utilizar elementos de la economía participativa en distintas formas. Hahnel no aborda realmente la cuestión de las variaciones del socialismo autogestionado en las distintas regiones.

La propuesta de Hahnel tiene similitudes y diferencias con las propuestas sindicalistas de planificación y gobernanza económica, como Después de la revolución (1935) de Diego Abad de Santillán o el programa de Rudolf Rocker Anarcosindicalismo: teoría y práctica. Una cuestión básica es: ¿qué garantiza que las industrias autogestionadas por los trabajadores actúen de una manera socialmente responsable? De Santillán propuso que todas las industrias estarían dirigidas por federaciones industriales controladas por los trabajadores que se unirían en congresos regionales y federales de trabajadores, a los que llamó “Consejos de Economía”. Sugirió que “el consejo federal actuaría como un contrapeso social, que, en caso de necesidad, restringiría el sindicalismo corporativo [que] pudiera manifestarse en exceso” (p. 83). Este es un ejemplo de lo que Hahnel llama el enfoque de “una gran reunión” para la planificación social. Tiendo a estar de acuerdo con Hahnel en que es necesaria una esfera comunitaria separada de toma de decisiones para garantizar una acción socialmente responsable por parte de los grupos del lugar de trabajo, a través de la planificación basada en la comunidad de las solicitudes de provisión de bienes y servicios, el control de la calidad de los productos y la garantía de la protección del medio ambiente contra los contaminantes dañinos. De este modo, podemos tener autogestión de la toma de decisiones tanto en las comunidades como en los lugares de trabajo."                 (

14/12/23

Branko Milanovic: La visión de Marx sobre la desigualdad... el objetivo principal para Marx fue la abolición de las clases, el fin de la propiedad privada del capital y, por tanto, la trascendencia del capitalismo... la lucha por la igualdad no puede ser por sí misma el objetivo final. Es sólo un objetivo intermedio, en el camino hacia la sociedad sin clases... si hemos renunciado a la idea de acabar con el capitalismo, podemos intentar reconvertir a Marx en el apóstol de la igualdad bajo el capitalismo... si la izquierda desecha la idea de trascender el capitalismo, ¿puede decirse que es de izquierdas?

 "A menudo se asume que Marx era un pensador igualitario. Esto se hace, creo, no leyendo a Marx (poca gente lo hace) sino aplicando una simple extrapolación. Según esta visión común, y algo ingenua, del mundo, la derecha favorece la desigualdad, un Estado pequeño y casi ninguna redistribución, y la izquierda lo contrario. Cuanto más nos acerquemos a la extrema izquierda, más cierta será esta última postura. Y puesto que los marxistas son considerados la extrema izquierda, deben estar a favor de la igualdad incluso más que los demás izquierdistas.

Este punto de vista, sin embargo, pasa por alto cuál era el objetivo principal para Marx: la abolición de las clases, el fin de la propiedad privada del capital y, por tanto, la trascendencia del capitalismo. Marx y Engels fueron, en efecto, activistas, fundadores de la Primera Internacional, organizadores infatigables de diversas asambleas obreras, escritores de El Manifiesto Comunista, autores de conferencias muy accesibles pronunciadas ante asociaciones obreras (especialmente así el muy sencillo pero brillante El trabajo asalariado y El capital de Marx). En tales actividades, defendían necesariamente las típicas causas pro-obreras o pro-sindicales: reducción del número de horas de trabajo, prohibición del trabajo infantil, salarios más altos, educación gratuita.

 Entonces, ¿cómo no iba a ser un pensador favorable a la igualdad? Para entenderlo, hay que volver al objetivo principal de Marx y Engels: el fin de la sociedad de clases. Para alcanzar ese objetivo último, era necesario el activismo obrero, en el que Marx participó y al que apoyó. También fue útil, ya que aportó algunas conquistas reales a los trabajadores. Pero ese activismo, en opinión de Marx, nunca debe perder de vista el objetivo último. La reducción de la desigualdad que podría obtenerse a través de las luchas sindicalistas no puede ser por sí misma el objetivo final. Es sólo un objetivo intermedio, en el camino hacia la sociedad sin clases.

Marx y Engels son muy claros sobre este punto en su crítica del Programa de Gotha, el nuevo programa del Partido Socialdemócrata Alemán redactado en 1875. Esta fue la ocasión más importante en la que expresaron enérgicamente el contraste entre los dos objetivos: la reducción de la desigualdad de ingresos dentro de una sociedad capitalista y la abolición de las clases. Como escribe Engels: "La eliminación de toda desigualdad social y política [como se afirma en el Programa de Gotha] en lugar de 'la abolición de las distinciones de clase' es igualmente una expresión muy dudosa, ya que entre un país, una provincia e incluso un lugar y otro, las condiciones de vida siempre mostrarán cierta desigualdad que puede reducirse al mínimo pero nunca eliminarse por completo".

 Que su preocupación no era infundada puede verse en el hecho de que el programa, a pesar de las objeciones de Marx y Engels, fue adoptado con todas sus características reformistas y melioristas. El partido fue aún más lejos en la dirección reformista cuando Eduard Bernstein, que en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial se convirtió en su principal teórico, argumentó que "el movimiento lo es todo, la meta nada", lo que significa que la lucha continua por mejorar la existencia diaria de los trabajadores es lo que importa, no el objetivo abstracto, o quizás utópico, de trascender el capitalismo.

 Para Marx, como argumentan independientemente Shlomo Avineri y Leszek Kolakowski, esta transformación de un partido socialdemócrata en el brazo político de un movimiento sindical no era suficiente. Avineri piensa además que, para Marx, el valor clave de la actividad sindical no estaba en su lucha, o a veces, en los éxitos en la mejora de las condiciones de los trabajadores, sino en la fraternidad entre los miembros que creaba en la lucha por una causa común, en "el verdadero esfuerzo constructivo para crear la textura social de las futuras relaciones humanas". La disposición al sacrificio, la dedicación al objetivo común y el buen humor que Marx vio entre el proletariado parisino en 1848 y 1871, y que relató con tanta pasión, eran para él atisbos de la futura sociedad sin clases en la que reinará la solidaridad en lugar del "agua helada" del interés propio.

 Para Marx, la importancia subsidiaria o secundaria de la igualdad como objetivo proviene también de la imposibilidad de alcanzar una verdadera igualdad en el capitalismo. La verdadera igualdad sólo será posible cuando una minoría deje de monopolizar el acceso al capital para contratar mano de obra y apropiarse de la plusvalía. "Clamar por una remuneración igual o incluso equitativa", escribe Marx, "sobre la base del sistema salarial es lo mismo que clamar por la libertad sobre la base del sistema esclavista".

¿Cuándo será más importante la preocupación por la igualdad? Sólo cuando se hayan establecido las instituciones de fondo adecuadas (ausencia de propiedad privada). Aquí, como es bien sabido, Marx distingue entre dos etapas: el socialismo, en el que la escasez sigue presente y en el que se aplicarán reglas iguales a personas desiguales (ganarán más los que trabajen duro, sean más listos o tengan más suerte), y la etapa superior de desarrollo, en el comunismo, cuando, como dice la famosa fórmula, "todos contribuirán según sus capacidades y recibirán según sus necesidades".

 Sólo bajo el socialismo deberíamos empezar a preocuparnos principalmente por las desigualdades materiales, es decir, en el momento en que se haya eliminado la explotación de clase pero antes de que haya llegado la sociedad de la abundancia. Mientras las instituciones de fondo sean "defectuosas", y mientras exista el capital privado, creer que la reducción de la desigualdad es el objetivo primordial de la izquierda es, según Marx, erróneo porque acepta implícitamente el mantenimiento de instituciones injustas que generan desigualdad.

Dado que los escritos de Marx son explícitos al respecto, ¿por qué tendemos a ignorar sus puntos de vista sobre la igualdad? La respuesta, sospecho, es que tras los catastróficos fracasos del socialismo y el ascenso ideológico de la ideología neoliberal, hemos aceptado tácitamente la permanencia del capitalismo. Si uno tiene esa opinión, entonces tiene sentido volver a presentar a Marx como un pensador a favor de la igualdad que se preocupaba por la actividad sindical, la igualdad de oportunidades, el aumento de los salarios de los trabajadores y cosas por el estilo. En otras palabras, si hemos renunciado a la idea de acabar con el capitalismo, podemos intentar reconvertir a Marx en el apóstol de la igualdad bajo el capitalismo.

Pero puede que no sea fácil. Después de todo, si la izquierda desecha la idea de trascender el capitalismo, ¿puede decirse que es de izquierdas?"                 

( ,  UnHerd, 16/10/23; traducción DEEPL)

6/11/23

Juan Torres López: Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados... Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos. En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos)... La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta

 "Cuando se empieza a discutir la posible formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España vuelve a hablarse de medidas económicas que suelen concitar bastante desacuerdo entre economistas.

Con los precios de muchos bienes y servicios básicos, como los alimentos o la vivienda, todavía subiendo, aunque el índice general se haya frenado, desde la izquierda se proponen controlarlos legalmente. Para mejorar las condiciones del empleo se reclama que suba de nuevo el salario mínimo y, cuando se ha comprobado el aumento extraordinario de márgenes en algunas empresas y de los grandes patrimonios, se proponen aumentos impositivos para compensar el enriquecimiento tan desigual que se viene produciendo.

Son propuestas que la izquierda defiende por razones fundamentalmente de equidad, aunque no sólo por ellas, sino considerando además que la desigualdad es también un freno para el crecimiento económico. Y medidas, por otra parte, que los economistas liberales o más ortodoxos critican porque consideran que atentan contra las leyes de la oferta y la demanda, en el caso de los controles, provocando así problemas más graves que los que se desea resolver; o, cuando se trata de medidas fiscales redistributivas, porque creen que expulsan la inversión y destruyen empleo, pues disminuyen los beneficios empresariales.

Estas últimas críticas liberales no tienen demasiado fundamento, ni desde el punto de vista teórico ni tomando en consideración la evidencia empírica.

En el caso de los topes a los precios o de la fijación de salarios mínimos el argumento liberal se basa en afirmar que, si los gobiernos establecen precios por encima (salario mínimo) o por debajo (precios máximos) del precio de equilibrio, lo que ocurrirá será que haya exceso de oferta (paro) o de demanda (escasez de bienes).

Se trata de una argumentación que no puede tomarse del todo en serio por una razón muy sencilla, aunque sorprendentemente muy desconocida, incluso entre los propios economistas, acostumbrados a que los manuales de economía y muchas investigaciones la oculten utilizando razonamientos, intelectualmente hablando, del todo fraudulentos.

En realidad, es material y matemáticamente imposible determinar una sola función de oferta y otra de demanda en un mercado y, por tanto, no es posible establecer que haya «un» precio de equilibrio que pueda ser «violentado» por esos topes máximos o salarios mínimos.

Se trata de algo que Sonnenschein, Mantel y Debreu demostraron en 1972 y 1973, pero que se oculta en la inmensa mayoría de los manuales de economía en donde supuestamente aprendemos los economistas: no se puede obtener una función de demanda de todo el mercado agregando las individuales.

Incluso se podría ir más allá. Es también prácticamente imposible determinar una función de demanda individual real. Como es sabido, esta es la que indica la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a adquirir a los diferentes precios del mercado, suponiendo que no varían otros factores que, sin embargo, sabemos con toda seguridad que sí influyen en su decisión, como su renta, sus preferencias o gustos y el precio de otros bienes vinculados con el consumo del que desea adquirir.

La mejor prueba de lo que acabo de señalar es que resulta imposible encontrar un solo libro de economía en cualquier biblioteca del mundo que muestre una función de demanda real, no ya de mercado sino incluso de un solo individuo, que tenga la forma que dicen los manuales que ha de tener.

La conclusión de todo esto, por tanto, es que el efecto de ese tipo de medidas mencionadas es, en la realidad, indeterminado. Y, de hecho, eso es lo que se descubre cuando se realizan análisis empíricos a posteriori para saber qué ha ocurrido tras haberse establecido topes máximos a los precios en algunos mercados o cuando se han fijado salarios mínimos.

Las investigaciones dedicadas a analizar este último caso, empezando por las pioneras de David Card y Alan Krueger en Estados Unidos, han mostrado que no es cierto que la fijación de un salario mínimo traiga necesariamente consigo aumento del desempleo, tal y como pontifican los economistas liberales. Cuando se han analizado los efectos de controles sobre los precios en diferentes tipos de mercados se ha concluido lo mismo: en unos casos, se han contenido sin mayores problemas; en otros, sólo a corto plazo o no han tenido efecto; en algunos, se ha reducido la oferta, provocando escasez, aunque eso no ha ocurrido en todas las experiencias. Y algo parecido sucede en el caso de las subidas de impuestos. También es sencillamente incierto que cualquier subida (y menos cuando se ha tratado de aumentos en circunstancias extraordinarias) haya provocado siempre los indeseables efectos sobre la inversión y el empleo que aseguran los liberales que en cualquier ocasión se producen. Es más, ni siquiera tienen por qué provocar disminución de beneficios, puesto que las empresas pueden reaccionar aumentando la productividad o ampliando su mercado y sus ventas, como de hecho ha ocurrido en diferentes etapas históricas y, generalmente, en las economías más avanzadas; las que lo son, precisamente, porque han sido capaces de reducir la desigualdad en mayor medida con políticas fiscales progresivas.

¿Quiere decir todo lo anterior que las medidas de control y de redistribución que propone la izquierda son las más adecuadas?

La respuesta es clara, por las mismas razones que acabo de señalar para rechazar la crítica liberal. Pueden tener efectos positivos, pero igualmente pueden ser negativos, en función de las circunstancias, los tipos de mercado, el plazo considerado o la forma de implementarlas.

Quizá podría decirse, en general, que estas medidas pueden estar tanto más justificadas cuanto más excepcional sea la situación, si bien tampoco se puede descartar que esta excepcionalidad provoque un efecto perverso más potente. La realidad es que no se sabe de antemano qué efecto van a tener. No se puede, pues, generalizar, sino que parece obligado analizar cada caso con ponderación, detenimiento y rigor. El infierno, como es sabido, está lleno de buenas intenciones.

Lo que sí me parece que constituye un error importante de las políticas económicas que tradicionalmente han defendido las izquierdas es confiar en tan gran medida y tan permanentemente en la redistribución y en el control de los mercados.

Estos últimos son instituciones anteriores al capitalismo y que seguirán existiendo si este es alguna vez sustituido por otro sistema económico, y lo que a mi juicio deberían hacer las políticas progresistas no es intentar forzarlos sino, por un lado, procurar que funcionen siempre con la máxima competencia y tratar de establecer derechos o poderes de apropiación que eviten el gran número de imperfecciones que provoca el ilimitado afán de lucro que los guía en el capitalismo; por otro, que no dependa de los mercados el uso de recursos que no han sido creados para convertirse en mercancías. Y, con respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, me parece que lo que debería hacerse es procurar que los procesos de producción no se lleven a cabo generando la gran desigualdad que hoy día generan. Es decir, no confiar tan ciegamente en que cualquier distribución primaria puede resolverse a través de medidas redistributivas.

Naturalmente, esto último es mucho más difícil que establecer por decreto un control de precios, conceder un subsidio o aumentar los impuestos. Pero, por muy complicado que sea, me parece que es el reto al que deben enfrentarse las políticas progresistas de nuestro tiempo si quieren salir adelante ante la exagerada desigualdad y la extraordinaria concentración del poder y la riqueza hoy día existentes. Y, sobre todo, si lo que se busca es transformar el sistema económico y no limitarse a parchearlo cuando hace aguas por todas partes.

Es imprescindible avanzar en la desmercantilización de actividades que, en el seno del mercado, generan ineficiencias, costes exagerados, externalidades insoportables e injusticias por doquier. Se debe promover la creación de empresas basadas en la cooperación para poder fomentar y expandir nuevas formas de producción, distribución comercial y consumo al margen de los mercados que dominan los grandes capitales o, lo que es peor, grupos financieros con objetivos no productivos, sino meramente especulativos.

En especial, habría que diseñar y apoyar estrategias para sacar de estos circuitos a los medios de pago, el crédito y los recursos naturales, garantizando que su uso social responda a su naturaleza de bienes comunes y de interés público (lo que, por cierto, no tiene nada que ver con ser gratuitos). Para poder impulsar una deseable economía del cuidado y la austeridad en su sentido auténtico, circular, sostenible y eficiente es imprescindible crear formas y medios de pago descentralizados, sistema de crédito sin interés, mecanismos efectivos para internalizar todo tipo de externalidades, incluidas las que suponen inequidad y sufrimiento humano y, por supuesto, la medioambientales, además de mecanismos que garanticen rentas mínimas y protección a toda la población, sin depender del mercado que sólo busca el beneficio privado.

Las izquierdas han actuado y actúan casi siempre considerando que la intervención del Estado es por sí sola suficiente, y que los enemigos del progreso y el bienestar son el capital y las empresas, ignorando que ambos son imprescindibles en cualquier tipo de sistema económico mínimamente avanzado. Lo que produce miseria, despilfarro, insatisfacción o destrucción del medio ambiente… no es ni el capital ni las empresas, sino el permitir su apropiación y uso sin más objetivo que el lucro privado, sin considerar su efecto sobre terceros y dejar que actúen al margen de cualquier responsabilidad o criterio ético. Y también, no se olvide, una mala intervención pública.

La respuesta a los problemas que produce el mal funcionamiento de los mercados en la economía capitalista no puede ser la ingenua de querer forzarlos, sino ir más allá y poner en marcha nuevas formas de producción de la riqueza y relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad que den prioridad al uso de los recursos que satisfaga las necesidades humanas y garantice la vida presente y futura en el planeta."            

(Juan Torres López, Ganas de escribir)

17/9/23

“Allende iba a anunciar un plebiscito el 11S, con opción a nueva constitución de transición al socialismo”... para adaptarse a la geopolítica, las influencias intelectuales radicales en su gobierno, así como los esfuerzos para revertir la dependencia económica y tecnológica de Chile

"Joan Enric Garcés (Llíria, 1944) es un político socialista y escritor valenciano que se doctoró en Sciences-Po (París) y la Universidad de la Sorbona en julio de 1970, con una tesis sobre el desarrollo político y económico de Chile y Colombia, lo cual llevó al entonces candidato y después Presidente Salvador Allende a nombrarle su asesor personal. A partir de 1996 dirigió la estrategia política y jurídica para someter a juicio a Augusto Pinochet y a otros altos responsables de torturas, terrorismo y genocidio.

En 1998 logró hacer detener al dictador chileno en Londres y que los tribunales ingleses autorizaran su extradición a España para ser juzgado. Autor, entre otros, de Démocratie et contre-révolution. Le problème chilien (1975), Allende et l’expérience chilienne (1976) y Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (1996), recientemente ha participado en la reedición de las Conversaciones con Allende. Socialismo en Chile (de donde también procede el excurso final), publicado por Verso Libros para rememorar los 50 años de aniversario del golpe de Estado cívico-militar contra el Presidente, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Esta entrevista, ocurrida por Zoom y grabada en su despacho de Madrid en septiembre de 2022, tiene lugar en el marco del podcast The Santiago Boys, que rememora la experiencia de los ingenieros radicales de Allende para alcanzar la soberanía tecnológica, el desarrollo del Proyecto Cybersyn y la lucha de Chile contra ITT, la gran multinacional tecnológica de la época.

¿En qué contexto histórico se puso en marcha el Proyecto Cybersyn, el plan tecnológico de Unidad Popular para gestionar y coordinar la industria chilena recién nacionalizada?

En las elecciones presidenciales de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones en votación directa. De acuerdo con la Constitución chilena, similar a la norteamericana, si ningún candidato obtenía una mayoría absoluta el Congreso elegia al Presidente entre las dos primeras mayorías. Esta decisión correspondía que la tomara el Congreso chileno en octubre. El 15 de septiembre el Gobierno Nixon ya había dado órdenes de organizar un golpe de Estado para evitar que el Congreso eligiera a Salvador Allende. El golpe fue solicitado por el dueño del diario El Mercurio, el señor Edwards, quien viajó a Washington para reunirse con el Presidente Nixon, Henry Kissinger y otros líderes estadounidenses. Este suceso, bien documentado, Richards Helms, director de la CIA en ese momento, lo reconoció. La reunión del Congreso en octubre tuvo lugar dos días después del asalto de los golpistas al comandante en jefe del Ejército, quien se negó a respaldar el golpe y murió en el atentado. Mientras agonizaba, el Congreso votó a Allende como Presidente de la República.

El Gobierno de EE UU agredió, interfirió violentamente en el desarrollo democrático de Chile. El programa de gobierno tenía previstas profundas transformaciones sociales y económicas. Los valores de Allende se inspiraban, en particular, en los de la Ilustración, en los de la Revolución Francesa, en los principios de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la intervención del Estado en la economía desarrollada en Chile desde la década de 1930 dentro del sistema capitalista internacional.

El programa de gobierno buscaba cambiar la estructura económica en sentido socialista, democrático. Creó el área de propiedad social con las empresas de la Gran Minería del cobre, nacionalizadas por decisión unánime del Congreso en abril de 1971, y con otras empresas estratégicas. El Proyecto Cybersyn formó parte de la organización del área social bajo control estatal en que la coordinación era esencial.

Uno de los temas que la derecha acostumbra a instrumentalizar, sea para criticar a Salvador Allende u otro presidente salido de las urnas, es su carácter ilegítimo o no democrático. En el caso del presidente chileno, este era un hombre de consenso y que tenía mucho cuidado con las instituciones políticas, incluso cuando trataba de reformarlas

En los años 1971 y 1972 se constató que las instituciones del Estado no se correspondían con la dinámica de transformación social y económica. En agosto de 1972, el presidente aceptó mi propuesta de elaborar una nueva Constitución. Nombró una comisión de expertos con representación de todos los partidos del Gobierno con la tarea de preparar las bases de la nueva Constitución, que tras someterlas a debate público serían presentadas como proyecto de ley en el Congreso. Si este no lo aprobaba, el presidente tenía la facultad de someterlo a referéndum.

Dado que Allende era partidario de entregar más poder a los trabajadores, ¿qué reformas planteaba en esa dirección?

En el proyecto de Constitución es central la estructuración del poder en torno a los trabajadores. El Senado, tradicionalmente la Cámara de iniciativa Legislativa en Chile, se convertiría en una Cámara de los Trabajadores. Estos, definidos de manera muy amplia, más del 60% o 70% de la población, elegirían a sus representantes en votación directa. Por otro lado, la Cámara de Diputados sería elegida por sufragio universal directo. El Gobierno buscaba asegurar la supremacía de los trabajadores en el Poder Legislativo.

¿Cuáles eran los problemas a los que se enfrentaba la lucha de clases que inició Allende una vez tomó los mandos del poder?

Mi principal preocupación era evitar los objetivos de la insurrección de paralizar el país y perturbar el sistema productivo. En ese sentido, la coordinación del área de Propiedad Social era esencial en lo que el presidente Allende llamaba “la batalla de la producción” Para él, el desarrollo democrático del país, tanto en términos económicos como sociales, requería aumentar la producción frente a los contrarrevolucionarios que buscaban paralizarla, y mejorar la distribución de la riqueza.

Esta lucha, constante, se libraba en diferentes frentes. Estados Unidos estableció un bloqueo financiero para evitar inversiones y la entrada de divisas, además de subvertir el sistema político mediante sobornos y propaganda negra en los medios de comunicación. El diario El Mercurio, en particular, recibía financiamiento de la CIA con este fin. La lucha se intensificó en 1973, cuando la demanda de determinados productos superaba la producción debido a varios factores.

El presidente nombró al general [Alberto] Bachelet, del Ejército del Aire, al frente de la coordinación de la distribución de bienes esenciales en todo el país. Tras el golpe, Bachelet fue detenido, torturado y asesinado por sus propios subordinados militares, por haber contribuido a asegurar la distribución de alimentos y bienes básicos. Esto ilustra el nivel de lucha y odio que los sectores golpistas tenían hacia aquellos que trabajaban para mantener el sistema económico en funcionamiento frente a las movilizaciones insurreccionales que se estaban llevando a cabo. En ese contexto, la coordinación económica dentro del sistema público se volvió crucial, al igual que el éxito del proyecto Cybersyn.

Estados Unidos bloqueó financieramente a Chile para evitar la entrada de divisas, subvertió el sistema político mediante sobornos y difundió propaganda en los medios de comunicación

La interacción entre las empresas económicas del área de propiedad social era el sistema nervioso de la movilización defensiva contra la insurrección. En un país democrático y abierto como era Chile, que permitía la entrada de personas de todo el mundo sin restricciones, de lo que se aprovechaban espías y agentes desestabilizadores (las operaciones de conspiración y derrocamiento del gobierno fue extraordinariamente fácil para quienes lo promovían). En la movilización, tanto a favor del gobierno como para paralizar el país, participaban grandes masas, especialmente trabajadores organizados a través de sus partidos y sindicatos.

Dado este contexto, pese a los apoyos populares, ¿sentían ustedes que pudiera darse un golpe de Estado de manera inminente?

En las semanas previas al 11 de septiembre de 1973 era evidente la conspiración en marcha, en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales, y dentro de las Fuerzas Armadas. Ante esto, planteé la necesidad de coordinar a los mandos leales al gobierno y al sistema constitucional para anticiparnos al desarrollo conspiratorio. Sin embargo, esta propuesta no encontró comprensión, a pesar de que el presidente la apoyaba en gran medida. Por ejemplo, en los días previos al 11 de septiembre ordenó reforzar la guarnición de Carabineros de Santiago con más de 4.000 efectivos, pues este cuerpo estaba mejor preparado para enfrentar un conflicto en las calles que las tropas regulares del ejército. En caso de enfrentamiento, podían desempeñar un papel crucial junto con las Fuerzas Armadas leales al gobierno en la protección del Estado y la democracia.

¿Fallaron, entonces, las fuerzas policiales a la hora de prevenir el golpe?

El alto mando de Carabineros tenía la responsabilidad de evitar lo que finalmente ocurrió. Yo presencié la reacción del presidente cuando las tanquetas de Carabineros, que estaban en la Plaza de la Constitución en posición de defensa del gobierno, se retiraron. El presidente le preguntó al Director General de Carabineros qué estaba sucediendo. El general respondió: “Voy a informarme” y regresó diciendo que el Centro de Telecomunicaciones había sido tomado por un conspirador. La respuesta del Presidente fue: “Se les madrugó, Mendoza”. Esta expresión chilena significaba que el golpista se le adelantó, que el Director General no había cumplido su papel de prevenir esa situación.

Es importante destacar que el mando real y directo de las Fuerzas Armadas y Carabineros estaba en manos de los profesionales respectivos, mientras que el Jefe del Estado en Chile tenía su mando político. Mientras estos profesionales fueron leales al gobierno, el sistema de defensa funcionó adecuadamente. Un ejemplo es lo ocurrido en ocasión del asesinato en julio de 1973 del comandante Araya, edecán naval del Presidente. La campaña mediática lanzada por El Mercurio acusando del crimen a un escolta del presidente Allende, fue desbaratada gracias a la lealtad de los servicios de inteligencia del Ejército que habían interceptado una conversación telefónica entre un carabinero y los responsables del asesinato.

Es fundamental comprender el contexto político de Chile en ese entonces. Cada institución armada tenía el control de sus servicios de inteligencia. La iniciativa, el 10 de septiembre de 1973, de coordinar estos bajo la autoridad de José Tohá, que había sido Ministro de Defensa, surgió tarde, ya el golpe estaba en marcha.

Esta no fue, ni mucho menos, la única conspiración que usted vivió contra el gobierno de Unidad Popular

En efecto, la conspiración de octubre de 1970 es otro tema relevante. Se sabe hoy que el dueño de El Mercurio, Edwards, solicitó al presidente Nixon promover un golpe de Estado. Henry Kissinger tuvo conocimiento personal de la operación en que fue asesinado el comandante en jefe del Ejército, el general Schneider, por oponerse al golpe. La información sobre cómo se tramó este se conoció por dos vías. La primera, la de las propias FF AA y la Policía civil chilenas, pero la más crucial fue la del periodista Jack Anderson que en 1972 desveló la participación de la ITT y del gobierno Nixon en el golpe de 1970.
Una de las medidas del programa electoral de Allende era eliminar el grupo móvil de Carabineros, instrumento fundamental de represión, que fue disuelto tras llegar al gobierno.

En cuanto a la participación de [Vicente] Huertas [Celis], el entonces Director General de Carabineros, en el intento de golpe se ha conocido mucho después. Allende tenía sospechas sobre su implicación. Pocos días después de asumir la presidencia en noviembre de 1970 en el interior del país un campesino murió por disparos de Carabineros. Allende de inmediato llamó a Huertas a su despacho, le dijo que en su gobierno Carabineros no mataría a campesinos y le pidió su renuncia. Huertas, furioso, la presentó. Duró muy poco en su cargo. La voluntad del presidente era evitar que Carabineros fuera un instrumento de represión social y política. Los hechos conocidos posteriormente han confirmado la desconfianza hacia Huertas.

Recordemos que el gobierno de Allende no fue elegido como un líder carismático, caudillista, sino con un programa y una organización muy claros. De hecho, una de las medidas del programa electoral era la disolución del grupo móvil de Carabineros, considerado el instrumento fundamental de represión, que fue disuelto inmediatamente por el nuevo gobierno.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno a las revelaciones del periodista Jack Anderson en las que, por primera vez, pusieron al conocimiento del Gobierno de Chile y de la opinión pública chilena lo que había sido la trama conspirativa del frustrado golpe de 1970?

La respuesta del Gobierno fue doble: primero, ordenó que oficiales de las tres ramas de las FF.AA. tradujeran las revelaciones de Jack Anderson. Yo formé parte de esa comisión. La traducción la publiqué, con un comentario mío, en el libro titulado “Los documentos secretos de la ITT”.

El presidente Allende denunció públicamente la intervención de la CIA y agentes estadounidenses en el intento de golpe de 1970 en su discurso ante las Naciones Unidas en diciembre de 1972. En una conversación con el representante de Estados Unidos ante el organismo internacional en ese momento, George Bush, este le pidió al presidente Allende que no denunciara estos hechos ante la Asamblea General. Allende respondió que tenía buenas relaciones con el pueblo estadounidense, pero que no aprobaba las acciones que la CIA estaba llevando a cabo en su país. La conversación terminó abruptamente cuando Bush le replicó que el servicio de inteligencia era también el pueblo de EE.UU. Este incidente ilustra la diferencia de sensibilidad entre un líder como Allende y Bush, quien más tarde se convirtió en director de la CIA, y cómo estas acciones afectaron a Chile.

¿Cómo llegó usted a conocer al presidente y mantener una relación tan estrecha con él como para convertirse en su más alto cargo de confianza?

Yo llegué a Chile en 1968 desde París, donde estaba preparando mi tesis doctoral, un estudio comparativo sobre el desarrollo político y económico en Chile y Colombia. Me financié el viaje trabajando como profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas, con sede en Santiago. Durante ese período establecí relaciones con diversas personas en relación con mi investigación. Una de ellas fue el entonces presidente del Senado, Salvador Allende. En nuestras conversaciones compartimos análisis similares, yo como estudioso y él como político con vasta experiencia política. En noviembre de ese año me invitó a acompañarlo por Chiloé, donde preparaba las elecciones parlamentarias de marzo de 1969. Durante varios días viajamos juntos por distintas localidades de Chiloé.

Recuerdo una conversación que sostuvimos sobre la elección de Richard Nixon ese mes de noviembre y lo que podría significar para Chile. Allende expresó su preocupación por el resultado y cómo podría afectar a nuestro país. En ese contexto, la guerrilla era una realidad activa en varios países de América Latina, y algunos sectores chilenos consideraban la lucha armada como una opción. Allende, en cambio, argumentó que en la geografía de Chile no era posible la guerrilla, que la lucha armada no era realista para Chile, que dentro del Ejército chileno había muchos oficiales constitucionalistas, y también masones. Posición en la que se mantuvo durante todo su mandato.

Regresé a París en 1969 a terminar mi tesis doctoral. Cuando Salvador Allende fue nombrado candidato de la coalición de partidos de izquierda para las elecciones programadas en septiembre de 1970, me escribió invitándome a poner en práctica las ideas que habíamos compartido durante nuestro viaje. En la tesis que defendí en la Salle Richelieu de la Sorbona el 7 de julio de 1970 concluía que Allende podía ganar las elecciones que se celebrarían dos meses después, lo que sorprendió al jurado. El siguiente día 15 en el aeropuerto de Pudahuel en Santiago me esperaba el secretario personal de Allende, Miguel Labarca. Fuimos directamente a la casa de Allende en la calle Guardia Vieja y me incorporé a su equipo personal durante la campaña electoral, compartiendo el convencimiento de que las podíamos ganar. En el almuerzo del 4 de septiembre, día de la votación, Allende me pidió que cambiara mis planes de regresar a Europa y me quedara a trabajar directamente con él en su gobierno. Fue el resultado de una serie de circunstancias fortuitas.

¿Cree que estaban ustedes preparados para enfrentar la realidad de Chile en esos años?

Sin duda. Allende era un político con una experiencia de 40 años. Había sido ministro, diputado y como senador había sido elegido en todas las circunscripciones electorales, desde el norte hasta el extremo sur. Conocía a los actores políticos y sociales, tenía relaciones con sectores influyentes en la sociedad. Era respetado por las comunidades religiosas, a pesar de ser ateo. Cuando asumió la presidencia tenía un profundo conocimiento del país, en todos sus aspectos y dimensiones. Lo que le permitió encontrar soluciones a muchos problemas a lo largo de los tres años de gobierno. Era hábil negociador y lograba acuerdos en situaciones complicadas, lo que se llamaba “la muñeca de Allende”. Era internacionalista, estableció relaciones con todos los países del mundo, sin subordinarse a la entonces llamadas “fronteras ideológicas”.

¿Cómo manejó sus relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos?

Allende mantuvo una buena relación con la administración de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. Pero la posterior política de intervención Estados Unidos en América Latina, contra la revolución cubana, contra Brasil en 1964, en 1954 en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz, chocaba con los principios de Allende, firme defensor de los de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el de no intervención en los asuntos internos de otros países. La administración Nixon declaró una guerra silenciosa contra Chile y su gobierno.

Usted hablaba de su famosa muñeca. En lo relacionado con su personalidad, ¿puede compartir alguna anécdota que lo caracterice?

Sin duda, tenía un gran sentido del humor y podía hacer bromas incluso en situaciones difíciles. No por superficialidad sino por su capacidad de mantener la calma en momentos críticos. Una anécdota interesante ocurrió en junio de 1971, tras un atentado que causó la muerte a un ex ministro de la Democracia Cristiana que conmocionó al país. Chile no estaba acostumbrado a asesinatos políticos. En esa reunión, los partidos de gobierno pidieron medidas drásticas, como la pena de muerte para los responsables. Allende rechazó esta idea de inmediato argumentando que la pena de muerte iba en contra de sus principios.

Parece que la grabación se ha detenido. A veces, estos programas tienen problemas técnicos. Voy a intentar reiniciarlo. De acuerdo, continuemos.

Estábamos hablando de anécdotas, y yo les compartiré algunas más. Una de 1970, otra del 1968 y otra de agosto de 1973. En 1968, conversábamos sobre las elecciones presidenciales desde 1958 en que el voto masculino mayoritariamente le favorecía, no el femenino. Su respuesta fue: “a pesar de mis esfuerzos”. Tenía fama de donjuán.

Cambiando de tema, en agosto de 1973, durante los últimos días, se celebraba en Argel la Conferencia de Países No Alineados, de la que Chile era miembro. El presidente Allende, invitado a asistir, consultó con su edecán aéreo, el comandante Sánchez, y conmigo si debía ir. Yo le expresé mi opinión de que él era el tapón de la botella, y un golpe de Estado ocurriría si estaba fuera del país. Su respuesta fue: “Si eso ocurre, yo me descuelgo por las montañas”. No se habría quedado en el exilio.

En los días previos al 11 de septiembre de 1973, ante el peligro de golpe de militar el presidente Allende mantuvo su firmeza y buscó evitarlo. No lo consideró consumado hasta después de las 9 de la mañana, cuando los carabineros retiraron su defensa de La Moneda. Estuve con él almorzando el lunes 10 en esta y cenando en su casa, planeando medidas de esa coyuntura y más allá. Por ejemplo, habló de cambios inminentes en los mandos militares para apartar a aquellos que se sospechaba que estaban conspirando. También del discurso que pronunciaría el día siguiente, 11 de septiembre, en la Universidad Técnica del Estado, anunciando que el país decidiría, en un referéndum, el camino a seguir, y lo haría planteando una nueva constitución de transición hacia el socialismo. El Ministro de Defensa, Letelier, presente en la reunión, expresó su optimismo en ganar ese plebiscito, reflejando el estado de ánimo que prevalecía. Además, estaba planificada una acción firme contra los ataques terroristas de extrema derecha, del grupo Patria Libertad. Allende se sentía en pleno ejercicio de sus facultades presidenciales. No pudo anticipar la traición del jefe del Ejército, que se había sumado un día antes a la conspiración.
La orientación económica del gobierno de Allende no era marxista-leninista, sino que se inspiraba en una democratización y nacionalización de los recursos naturales, así como una mayor independencia nacional

En relación al golpe, los sectores de la derecha han aludido constantemente a la ideología socialista de Allende y sus planes económicos para el país.

Bueno, en primer lugar, Allende no era economista. La gestión económica de su gobierno la confió a un equipo de la CEPAL, encabezado por el Ministro de Economía y Planificación, Oscar Martner, por Max Nolff, el primer presidente de Codelco, el subdirector de Planificación José Ibarra, y otros miembros de la escuela de Raúl Prebisch. En este sentido, la orientación económica del gobierno de Allende no se inspiraba en las categorías marxistas-leninistas de Europa Oriental, sino en una democratización de los recursos económicos, en la nacionalización de los recursos naturales y una mayor independencia nacional. Seguía una secuencia de desarrollo basada en etapas anteriores de Chile desde la década de 1930, en que se había creado la CORFO y estimulado la intervención estatal para respaldar la industria y promover la industrialización y el desarrollo económico interno.

A modo de anécdota, quiero resaltar cuánto Allende confiaba en los equipos de la CEPAL. A fines de agosto de 1973, durante una intensa campaña de la derecha que pedía su renuncia, Allende nos convocó a una reunión en la que participamos el Ministro Gonzalo Martner y Pedro Vúskovic, vicepresidente de CORFO, ambos procedentes de la CEPAL, para que deliberáramos sobre si debía dimitir o no. Efectivamente, nos reunimos y le entregamos nuestra respuesta, explicando por qué considerábamos que su renuncia sería perjudicial para el país, para él y para el movimiento popular chileno. En un momento en que la derecha estaba intensificando sus esfuerzos de desestabilización, buscó la opinión de tres personas de su confianza personal para tomar su decisión, dos de ellas procedían de la CEPAL.

¿Puede hablar más sobre cómo se desarrolló el debate económico en ese momento?

Cuando llegué a Santiago desde París, donde la influencia de la Escuela de Chicago en la economía era nula, me encontré en un ambiente donde el debate económico se centraba en la escuela francesa en torno a los polos de desarrollo, y en otros economistas que abogaban por un papel activo del Estado en la economía. En Francia, en los años 60 y 70, se practicaba una planificación “orientativa”, en la que el Estado tenía un papel predominante. En mi círculo, que incluía la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas de la FLACSO, muy vinculada a las personas de la CEPAL, había una gran interacción y debate constante. Yo escuchaba las opiniones que provenían de la sede de la CEPAL. Pocos días antes del golpe participé en un seminario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas con mi amigo Eric Calcagno, otro discípulo de Prebisch.

¿Y qué puede decir sobre su relación con Darcy Ribeiro y su influencia en el gobierno de Allende
Darcy Ribeiro era un hombre a quien yo admiraba profundamente. Muy inteligente, con muchas ideas brillantes. Mantuve una estrecha relación con él y participé en las conversaciones con Ribeiro y el presidente Allende en las que Ribeiro, brasileño, nos aportó su experiencia personal como ex primer ministro de Brasil durante el período que precedió al golpe de 1965. Discutíamos sobre la experiencia brasileña y cómo se había desarrollado este, también sobre el error del presidente Goulart de dirigirse a la Escuela de Suboficiales de la Marina sin respetar la cadena de mando, lo que fue aprovechado para justificar el golpe. Los análisis de Ribeiro influyeron en Allende, en particular en su discurso en el Estadio Nacional el 4 de septiembre de 1970 y en su primer mensaje a la Nación en mayo de 1971. Ribeiro fue una figura importante en ese contexto.

Siguiendo con el contexto intelectual del gobierno de Unidad Popular, qué puede decirnos de la influencia de André Gunder Frank.

Conocí muy bien a Gunder Frank, y puedo contarles otra anécdota. Cené con él la noche antes de las elecciones del 4 de septiembre. Durante ella, Gunder Frank estaba convencido y me dio muchas razones por las cuales Allende iba a perder las elecciones el día siguiente. Puede imaginarse la conversación, yo sostenía que Allende podía ganar y él me explicaba por qué no. Gunder Frank tendía a ser pesimista en sus proyecciones. En esa conversación sostenía que, en caso de victoria, esta debía ser el pequeño motor que pusiera en marcha el gran motor de la revolución. Ese era su enfoque.

No era simplemente una discusión teórica. En la práctica, el gobierno estaba avanzando en las direcciones que he mencionado, estaba convencido de que era el camino correcto. Además, las personas en el gobierno tenían la capacidad de tomar decisiones en esa dirección. Era la doctrina que se aplicaba en todas las áreas de la economía, en la nacionalización de las grandes empresas de cobre, en agregar valor a las exportaciones en lugar de simplemente exportar materias primas.

Las últimas horas de Allende

Testimonio de Joan E. Garcés.

En la noche del 10 al 11 de septiembre Allende presidió en su residencia una reunión con el Ministro del Interior, Carlos Briones, el de Defensa, Orlando Letelier, el Director de la Televisión Nacional, Augusto Olivares, y conmigo, en el que se preparó el mensaje del día siguiente anunciando un referéndum para que al país eligiera el camino a seguir, el que ofrecía el Ejecutivo o el de la oposición desde el Legislativo. Pasé la noche en la residencia y me despertó el Director de Televisión, que también había dormido allí, poco después de las siete de la mañana, diciéndome que había un golpe en desarrollo. Me vestí. Mientras, en su despacho, el Presidente, en bata, tras levantarse de la cama, con el teléfono en la mano me dijo: «se ha sublevado la marinería en Valparaíso… los Comandantes en Jefe no contestan». Sí le respondió el general Brady, Jefe de la Guarnición de Santiago que acumulaba transitoriamente el mando de la II División tras abandonar su puesto el Jefe de esta en solidaridad con el dimitido general Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército.

Brady era masón. Había llegado a ese mando clave haciendo valer sus vínculos masónicos. A esa hora, alrededor de las siete y media de la mañana, Brady le mintió, le dijo que el Ejército, leal, iba a enviar unidades militares al puerto de Valparaíso. Con esta información salió el Presidente de su residencia y llegó poco antes de las ocho al Palacio de La Moneda. También Augusto Olivares y yo. Las primeras alocuciones por radio del Presidente desde el Palacio mencionan su conversación con el general Brady. Desde su puesto de mando, con la fuerza legítima del Estado, Allende se dispuso a enfrentar el motín.

Lo inesperado sobrevino después de las ocho y media, cuando escuché en mi radio portátil, y comuniqué al Presidente, que un Bando en el que aparecía el Comandante en Jefe del Ejército conminaba «a S.E. el Presidente de la República» transmitir su legitimidad a una «Junta Militar».

El Presidente seguía a esa hora contando con el apoyo del Alto Mando de Carabineros y sus dos generales de mayor rango estaban dentro del Palacio. Media hora después cambió la situación: los golpistas habían tomado el Centro de telecomunicaciones de Carabineros y alrededor de las nueve y cinco las unidades que, en posición de defensa protegían el Palacio, recibieron por radio la orden de retirarse.

El Presidente adecuaba su posición a los hechos que se sucedían. Es tras la retirada de los Carabineros cuando pronunció por radio la alocución con su última decisión, después que entre las ocho y las nueve hubiera organizado la defensa de la sede del Mando Supremo de la Nación, de la legitimidad constitucional.

Dos horas después sobrevino un nuevo hecho, el bombardeo de la Fuerza Aérea. Le impresionó mucho, por la brutalidad, y, tengo la impresión, porque cuando unas semanas antes el regimiento de blindados amotinado el 29 de junio tenía rodeado el Palacio (en el que no se hallaba el Presidente), el Jefe de la Fuerza Aérea le dijo que la intervención de esta entrañaba el riesgo de volar varias manzanas del centro de Santiago.

Tras más de cuatro horas de combate el Palacio ardía, la atmósfera era irrespirable, las pocas máscaras contra el humo se las pasaban unos a otros. En esas circunstancias el Presidente dijo a sus colaboradores que salieran del Palacio. La mayor parte fueron detenidos, torturados y asesinados. El Presidente y Augusto Olivares murieron durante el combate. A Orlando Letelier mandaron asesinarlo tres años después.

Ese día y los siguientes sentí el aliento de la muerte varias veces. Una diosa debió protegerme con una nube. En concreto, una de las personas que me ayudó a sobrevivir fue el Secretario General de la CEPAL en Santiago, Don Enrique Iglesias, que al escuchar mi nombre en la lista radiada de personas conminadas a presentarse en el Ministerio de Defensa, se dirigió espontáneamente, bajo toque de queda, a interceder ante el Ministro de Exteriores de la Junta, el almirante Huerta. La respuesta fue: «hay dos personas a las que estamos buscando más que a nadie, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y Joan Garcés, el ideólogo del Presidente». Enrique Iglesias se presentó en la residencia del embajador de España: «Es un español, tú eres el embajador de España. Me han dicho que si yo le doy refugio en la sede de Naciones Unidas, la asaltarán».

El embajador, don Enrique Pérez Hernández, en un gesto de humanidad ofreció acogerme en su residencia. Ingresé el viernes 14: «Embajador, lamento que la primera vez que le saludo sea en estas circunstancias». Me había invitado a recepciones de la entonces Fiesta Nacional española –el 18 de julio, conmemorativa del golpe de Estado contra la República española en 1936– a las que yo, antifranquista, no iba. El embajador respondió: «España no tiene tratado de asilo con Chile; no puede invocar el asilo y usted podría tener que estar aquí todo el tiempo que dure la Junta Militar, pero voy a hacer lo posible para que salga antes». Y efectivamente, sin previa consulta a Madrid, su gestión diplomática fue brillantísima. Horas después llegó un avión chárter del Gobierno español con ayuda para catástrofes, el Jefe de la Junta le citó para agradecérselo y aprovechando el momento le dijo: «Tengo un favor que pedirle, un salvoconducto para Joan Garcés». El largo diálogo que siguió terminó con -«no puede ser, sobrepasa mi autoridad, es una decisión de toda la Junta». El embajador insistió: «¿El Comandante en Jefe del Ejército, Jefe de la Junta Militar, no tiene autoridad bastante para extender un salvoconducto?» –«Bueno, lo someteré a la Junta, voy a intentarlo». El embajador apuntilló: «Es un español, ahora en territorio español, está por en medio el honor y la bandera». En la Junta el Jefe de la Fuerza Aérea se opuso frontalmente, alegando que en el extranjero yo podría hacerles mucho daño. Pero ya el Jefe estaba comprometido.

Obtenido el salvoconducto, reunido el personal en todos los vehículos de la Embajada, el coronel agregado militar en uniforme del Ejército español al frente, yo sentado junto al embajador en el coche de este, con banderín desplegado el 22 de septiembre la comitiva se dirigió al aeropuerto de Pudahuel. Antes, había pedido y obtenido la protección de Carabineros delante y detrás de la comitiva. Cerca del aeropuerto esta se detuvo cinco o diez minutos. El embajador me acompañó junto a un oficial de la Fuerza Aérea hasta la escalera del avión chárter que regresaba a España y se retiró tras cerrarse la puerta. Cuando lo volví a ver en Madrid un año después me dijo: «recuerda que nos pararon…, usted estaba muy tranquilo pero yo miraba al muro que había allí y me decía…Le voy a contar. Nos paró una patrulla de la Fuerza Aérea para sacarle del coche. Los Carabineros se negaron, dijeron que tenían órdenes de llevarme al aeropuerto. El jefe de la Fuerza Aérea insistió. Tras varios intercambios, el de los Carabineros bajó la metralleta a media altura. Sólo entonces pudo pasar la comitiva». Así eran aquellas horas."

(Entrevista a Joan Enric Garcés, Evgeny Morozov , Ekaitz Cancela, El Salto, 17/09/23)

28/8/23

El socialismo puede hacer realidad los derechos liberales... El socialismo democrático puede garantizar derechos liberales tales como la libertad de expresión al tiempo que rompe los desequilibrios de recursos del capitalismo... para eso es... porque si miremos fuera de los tribunales: la asistencia jurídica a los pobres y a la clase trabajadora está tan desbordada y carece de fondos suficientes que se anima a los inocentes a declararse culpables antes que arriesgarse a perder en un juicio... un sistema jurídico socialista garantizaría que «las intrusiones en la vida del individuo se ajusten a ciertas normas de procedimiento» y «frenen el uso del poder público con fines privados»... un sistema jurídico socialista haría añicos, sin embargo, los desequilibrios de recursos del capitalismo, no permitiendo ya que el ideal de igualdad jurídica se estrelle contra la realidad de la desigualdad jurídica

 "Los izquierdistas no son los mayores admiradores de la ley y los tribunales. Pregúntale a un socialista de Estados Unidos qué piensa de la Corte Suprema, y es probable que obtengas un largo discurso sobre cómo los nueve togados han reforzado el poder del capital y respaldado la opresión.

No debería sorprender, por tanto, que muchos socialistas hayan soñado con un mundo sin sistema jurídico. A pesar de su reputación de estatistas, Marx y Engels escribieron sobre la «extinción» del Estado. Puesto que el Estado y el derecho estatista no eran «más que la forma de organización que los burgueses adoptan necesariamente tanto para fines internos como externos, para la garantía mutua de sus propiedades e intereses», desaparecería con el advenimiento de una sociedad sin clases. «El Estado no es “abolido”», escribió Engels en un momento dado, «se marchita».

Sin embargo, nunca se definió bien cómo se «marchitaría» el Estado ni qué lo sustituiría: Engels planteó la hipótesis de que «el gobierno de las personas [sería] sustituido por la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción». Pero, ¿qué pasaría con los conflictos que, en una sociedad sin clases o no, perdurarían y necesitarían ser resueltos? Algunos marxistas insistían en que en el socialismo surgiría un nuevo tipo de persona, liberada del egoísmo de la sociedad capitalista competitiva. No habría necesidad de la ley. Otros argumentaban que el socialismo produciría tal superabundancia de bienes que las bases materiales de la delincuencia desaparecerían junto con los síntomas.

El socialismo realmente existente nunca funcionó así. Los estudiosos debaten si el autoritarismo soviético se definía por un exceso de ley o por una cleptocracia sin ley. Pero cualquiera que fuera su naturaleza fundamental, el estado soviético no se «marchitó» ni dio paso a una sociedad fraternal en la que todos cazaban por la mañana, pescaban por la tarde y filosofaban después de cenar.

Los socialistas democráticos que llegaron al poder en el siglo XX tendían a ser más pragmáticos, y no ocultaban la necesidad del Estado y de la ley mientras trabajaban para democratizar la economía y redistribuir la riqueza. Aun así, a menudo se esforzaban por justificar un concepto de derecho socialista que fuera más allá de la mera aceptación de su necesidad práctica.

Así que cuando apareció el libro de Christine Sypnowich The Concept of Socialist Law en 1990, justo cuando la Unión Soviética se estaba desmembrando, llenó instantáneamente un vacío. Sypnowich, filósofa política que ahora trabaja en la Universidad de Queens (Canadá), argumentó:

Si la ley sigue siendo un marco para mediar en las diferencias individuales o una fuente de retazos de auténtica justicia (…) entonces los socialistas harían bien en plantearse cómo preservarlas y desarrollarlas en una sociedad poscapitalista. El «socialismo existente» ha demostrado la imposibilidad de que el derecho «se marchite»; los conflictos sobrevivirán a las clases y las disputas seguirán necesitando regulación mucho después de la desaparición de las relaciones de mercado burguesas.

La necesidad del derecho socialista

Si el derecho socialista «sobrevivirá a la desaparición de las relaciones de mercado burguesas», ¿en qué fuentes intelectuales debería basarse? Sypnowich, entonces una joven académica influida por el filósofo socialista liberal C. B. Macpherson, se inspiró en gran medida en la tradición liberal de la jurisprudencia analítica.

La filosofía jurídica analítica del siglo XX se dividía entre los teóricos del derecho «natural» y los «positivistas jurídicos». Los teóricos del derecho natural afirmaban que existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral, de modo que cualquier sistema jurídico suficientemente «perverso» deja de ser derecho. Pensemos en el sistema jurídico nazi: para el teórico del derecho natural, el derecho fascista no era más que la imposición bruta del terror sin normas ni coherencia, carente de respeto por principios jurídicos básicos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia.

 Por el contrario, los positivistas jurídicos sostenían que no existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral (la tesis de la «separación»). Aunque la ley pueda reflejar las opiniones éticas de los legisladores, el concepto de ley es lo suficientemente neutral como para incorporar una amplia gama de posiciones normativas, incluidas muchas que la mayoría de la gente consideraría repugnantes. Según el positivista jurídico, tanto Islandia como la Sudáfrica del apartheid tenían «sistemas jurídicos», aunque uno sea admirable y el otro deplorable. Los críticos a veces acusan al positivismo jurídico de fomentar la obediencia ciega a la ley, ya que sus partidarios no ven ninguna conexión necesaria entre la ley y la justicia. Pero todos los positivistas jurídicos sofisticados insistieron en que el hecho de que existiera un sistema jurídico determinado no es argumento para obedecerlo, y que algo puede ser a la vez lícito e injusto.

Sypnowich sostiene que los socialistas tienen cosas únicas que decir tanto a los positivistas como a los teóricos del derecho natural. La mayoría de los socialistas simpatizarán con la afirmación positivista de que el derecho puede encarnar muchos sistemas morales diferentes sin reflejar una Moral con M mayúscula. Esto está en consonancia con el historicismo de Marx, que (dicho burdamente) subrayaba que la «superestructura» jurídica y la ideología de una época reflejan la «base» de las relaciones económicas de producción. El derecho en una sociedad esclavista se parece mucho al derecho en una sociedad capitalista.

Aun así, Sypnowich señala que todos los socialistas, salvo los más tenazmente «científicos», admitirían que no comparten el compromiso de los positivistas jurídicos con una descripción neutral de la ley o, para el caso, del contenido moral incorporado en un sistema jurídico determinado. Los socialistas son partidarios de la lucha contra la dominación estatal; dondequiera que el sistema legal imponga la opresión, los socialistas se alzarán como críticos ruidosos.

Sin embargo, no basta con criticar: corresponde a los socialistas concebir y construir un sistema jurídico menos dominador y más igualitario que el que existe en el capitalismo, que dirima los conflictos ajustándose a los principios socialistas de justicia.

Hayek, Marx y los derechos socialistas

Afortunadamente, Sypnowich no nos deja con las manos vacías en estos puntos. En una de las secciones más creativas de The Concept of Socialist Law, combina las dimensiones crítica y constructiva de su proyecto mediante un examen de la teoría jurídica de Friedrich Hayek. Hayek —el defensor liberal del capitalismo más sofisticado del siglo XX— argumentó en su obra magna de 1960 Los fundamentos de la libertad que el Estado de Derecho es una idea «metajurídica» que evolucionó a lo largo del tiempo para garantizar las condiciones de las sociedades liberales libres, organizadas por el respeto a la igualdad de derechos de las personas y, fundamentalmente, a los derechos de propiedad. Hayek pensaba que un Estado que no respetara estos derechos liberales clásicos comprometería invariablemente el Estado de derecho al privilegiar los intereses de grupos selectos sobre los derechos de los demás.

 Pero, como escribe Sypnowich, esto es exactamente lo que ocurre en el capitalismo. La igualdad jurídica formal que exaltaba Hayek se convierte rápidamente en injusta y cleptocrática en la práctica. Como han documentado observadores de los tribunales como Adam Cohen, Irwin Chemerinsky y Samuel Moyn, el Tribunal Supremo del pasado y del presente ha dictado repetidamente sentencias a favor de los ricos y poderosos: la decisión Dred Scott de 1857, que defendió la esclavitud; el caso Lochner de 1905, que rechazó la reducción de la jornada laboral; y la reciente decisión Dobbs, que hizo retroceder los derechos reproductivos, son sólo la punta de una historia vergonzosa.

Miremos fuera de los tribunales: la asistencia jurídica a los pobres y a la clase trabajadora está tan desbordada y carece de fondos suficientes que se anima a los inocentes a declararse culpables antes que arriesgarse a perder en un juicio; los litigantes de la clase trabajadora están en gran desventaja cuando demandan a las grandes empresas, y a menudo son obligados a firmar contratos que acceden a un arbitraje forzoso que favorece a los intereses de las grandes fortunas. Como teórica, Sypnowich no ofrece muchas soluciones concretas a este abismo entre la retórica liberal clásica y la práctica. Pero insiste en que un sistema jurídico socialista garantizaría que «las intrusiones en la vida del individuo se ajusten a ciertas normas de procedimiento» y «frenen el uso del poder público con fines privados».

 Como sugiere su referencia a la protección de los individuos frente a la intrusión, Sypnowich no quiere desechar toda la tradición jurídica liberal, como tampoco lo haría Marx, según argumenta provocativamente. Como es sabido, Marx no veía con buenos ojos los «derechos humanos», pues consideraba que codificaban las normas ideológicas de la sociedad burguesa y concebían a la humanidad como un conjunto de individuos atomizados que necesitaban protección jurídica unos de otros. Pero Sypnowich se hace eco de estudios recientes al señalar que Marx veía los derechos liberales, con todos sus defectos, como un logro histórico que fomentaba nuevos tipos de libertad no disponibles bajo el feudalismo. Para Marx, esto era cualquier cosa menos abstracto: perseguido por la represión estatal durante toda su vida, conoció de primera mano el valor de la libertad de expresión y de reunión.

 

Sin embargo, Sypnowich cree que debemos reconocer el argumento marxista de que los derechos «no son derechos naturales, presociales, porque la dignidad humana que pretenden proteger se desarrolla en la sociedad y, por tanto, es susceptible de cambios históricos». En otras palabras, los derechos individuales son inherentemente sociales y se garantizan mejor dentro de una sociedad comprometida con dar prioridad a la dignidad y la autonomía individuales.

Uno de los derechos más importantes de los que habla Sypnowich es el «derecho a la expresión política»: en un sistema socialista democrático, «se tendrían en cuenta todos los puntos de vista» y no solo el de los ricos. Este es un punto especialmente importante hoy en día, cuando la riqueza engendra influencia política mientras que la pobreza equivale a ser silenciado. Repensar los derechos a la expresión política no solo en términos de intereses, sino sobre la base solidaria de tener en cuenta «todos los puntos de vista», ayuda a conectar estos derechos con las nociones de libertad social para todos.

Las reflexiones de Sypnowich sobre los derechos son muy provechosas, sobre todo porque rompen algunos binomios convencionales. Sypnowich demuestra que, puesto que todos los derechos son de hecho sociales, la distinción habitual entre derechos «negativos» y «positivos» —los derechos negativos son los que los individuos hacen valer frente al Estado para conservar su autonomía, mientras que los derechos positivos exigen que el Estado actúe para garantizarlos— es, en el mejor de los casos, borrosa. El derecho liberal a un juicio justo carece en gran medida de sentido si el Estado no construye un sistema jurídico justo y no ofrece asistencia jurídica a los litigantes pobres.

Una vez que reconocemos lo borroso de la distinción entre derechos negativos/positivos, se abre la puerta a que los socialistas argumenten que un fundamento mejor para los derechos humanos es aquel que garantiza las cosas que los seres sociales necesitan para maximizar sus capacidades y su dignidad. Esto lleva a la pregunta adicional de si la persona media lleva una vida más libre y digna cuando el sistema jurídico hace cumplir militantemente un derecho expansivo a la propiedad en lugar de, por ejemplo, al agua potable o a la vivienda. Por no hablar de si puede decirse que un sistema jurídico que permite grandes disparidades de riqueza y poder muestra «igual respeto» por los derechos de todos.

Un sistema jurídico más justo

El libro de Sypnowich no es en absoluto exhaustivo, y hay mucho más que decir sobre cómo sería el derecho socialista en la práctica a nivel nacional e internacional. No obstante, The Concept of Socialist Law merece una segunda mirada como joya oculta de finales del siglo XX, repleta hasta el borde de provocaciones e investigaciones perspicaces.

Sypnowich va más allá de la utopía para reflexionar sobre los principios animadores de un sistema judicial auténticamente igualitario. Conservando lo mejor de la tradición liberal (libertad de expresión, libertades civiles, etc.), un sistema jurídico socialista haría añicos, sin embargo, los desequilibrios de recursos del capitalismo, no permitiendo ya que el ideal de igualdad jurídica se estrelle contra la realidad de la desigualdad jurídica. Del mismo modo, la visión de los derechos de «cada hombre, una isla» daría paso a una comprensión de los derechos como necesariamente sociales. Como dice Sypnowich, «los derechos humanos no pueden reducirse, por tanto, a instrumentos de afirmación de la individualidad frente a la incursión de la vida social, ya que la vida social constituye el terreno para el surgimiento de una persona que puede reclamar el respeto de su autonomía por medio de los derechos».

Los socialistas tienen buenas razones para rechazar un Estado todopoderoso. Pero también podemos reconocer lo que el juez Robert Jackson evocó durante los Juicios de Nuremberg: que detener la mano de la venganza y someter nuestros inevitables conflictos a los juicios de un sistema jurídico justo sería un gran tributo que el poder rendiría a la razón."

 (Matt McManus. Profesor de ciencias políticas en Whitman College, JACOBINLAT, 26/08/23)