"La discusión acerca de un ingreso
universal tiene ya varios años y forma parte del paquete de medidas que,
cada cierto tiempo, se (re)ponen en discusión para pretender resolver
un problema que tiene su dificultad intrínseca en la organización de la
sociedad capitalista, particularmente en su etapa neoliberal: la masa
cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleos o
cuyos trabajos son tan informales y los salarios que perciben tan magros
que no les alcanza siquiera para reproducirse a sí mismos.
A principios de este siglo XXI
intentábamos comprender –particularmente desde nuestra región– cómo se
despliega el capitalismo realmente existente. Han pasado dos décadas
desde los estallidos antineoliberales de fines de los noventa, y hoy
podemos afirmar que la heterogeneidad tan pronunciada que exhibe la
clase trabajadora en América Latina no es una anomalía
sino la manera en que se desenvuelve el capitalismo en países
periféricos como los nuestros [1]. Esto implica la existencia de
trabajadores registrados con garantía (casi) plena de los derechos
conquistados y salarios que cuadruplican el básico, hasta changarines
que viven sin llegar a fin de mes, aun con el apoyo y la asistencia del
Estado y los movimientos sociales.
En Argentina, la crisis general
exacerbada por la pandemia se articula con la «pesadísima herencia» del
gobierno de Mauricio Macri: fueron cuatro años de ajuste a las y los
trabajadores, toma de deuda externa y fuga de divisas. La pandemia
muestra las debilidades del sistema sanitario pero, además, las
respuestas que se despliegan para evitar la propagación indiscriminada
de un virus nuevo y muy contagioso consisten en inmovilizar de forma
intermitente a gran parte de la fuerza de trabajo de nuestro país y del
mundo.
El aislamiento y el distanciamiento
social preventivo y obligatorio (ASPO-DISPO) tuvo varios efectos
respecto del trabajo: por un lado, la modificación de los ritmos de
producción, como en el caso de aquellos trabajadores cuyas tareas se
reorganizaron bajo la modalidad del teletrabajo, para quienes se
intensificó y extendió la jornada laboral. Por otro lado, la parálisis
total o parcial de sectores completos de la economía (por ejemplo, el
turismo). Asimismo, la reducción por momentos drástica de la circulación
de personas produce la parálisis de algunos sectores informales: desde
cuentapropistas profesionales a vendedores ambulantes. Esto quedó
evidenciado cuando el gobierno nacional dispuso el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) planificado para no más de 4 millones de personas y se
inscribieron para recibirlo 11 millones, una cifra que dejó en evidencia
la profundidad de la crisis económica y social.
La enorme movilización de
organizaciones sociales en la asistencia y solidaridad a través de
comedores, ollas populares y distribución de bolsones de comida y
artículos de higiene forma parte central de la contención de la crisis.
Los movimientos sociales –como otros sujetos sociales– están poniendo
sobre la mesa distintas salidas a la crisis. Muchas de estas salidas
tienen que ver con ubicar en el centro de la discusión el hambre, y es
frente a esta categoría que reaparece la idea del Ingreso Básico
Universal, Renta Básica Universal, Ingreso Ciudadano o como se la quiera
llamar.
Los seguidores de la RBU, como plantea Alyssa Battistoni
(2019), van desde «capitalistas de riesgo pro-Trump, como Thiel, hasta
partidarios de un ‘comunismo de lujo totalmente automatizado’, como
Peter Frase». La autora sostiene que es una «obligación moral» frente a
los pobres, pero también una versión que cuestionaría la propiedad
privada y la acumulación de riqueza capitalista.
Recuperando el artículo de Luis Fernando Medina Sierra en esta revista,
en este texto haremos un repaso de algunas de las versiones de la RBU
impulsadas por distintas corrientes político-ideológicas. Como dijimos,
el abanico es amplio y eso complejiza el análisis. Sin embargo, una
síntesis de las perspectivas permitirá extraer conclusiones más
ajustadas.
Banco Mundial
El pasado 2020, pandemia mediante,
el Banco Mundial (BM) fortaleció su impulso al Ingreso Básico Universal
(UBI, por sus siglas en inglés). Para ello, en 2018 realizó primero un
estado de la cuestión, que le permitiera ubicarse como antagonista a
algunas de las corrientes. Entonces recogió un abanico de miradas sobre
la RBU, agrupándolas bajo seis categorías muy singulares:
1) La pragmática,
representada por Musk (2017) –CEO de Tesla–, quien sostiene que la RBU
es una salida frente al desempleo causado por la automatización.
2) La idealista, promovida por Guy Standing
(copresidente de BIEN), quien plantea que la RBU es una salida contra
la oleada neofascista y «populista», pues refuerza la libertad
individual «dándole a la gente la sensación de control sobre sus
vidas».
3) La pronosticadora, de Subramanian, quien anuncia que en los próximos dos años algunos estados de la India ya van a tener implementada la RBU.
4) La escéptica, representada por Piketty,
quien afirma: «El problema con la discusión sobre el ingreso básico es
que, en la mayoría de los casos, deja los problemas reales sin explorar y
en realidad expresa un concepto de justicia social a bajo precio».
5) La provocadora (Ravallion), que propone mayor transparencia de las políticas públicas y, por tanto, mayor universalidad de la RBU.
6) La cínica, cuyo exponente es Goldin, que sostiene que para transformar la desigualdad es necesario cambiar la manera de pensar los ingresos y el salario.
Este abanico, que el Banco Mundial
propone como representativo de las polémicas sobre la RBU, tiene como
representantes a economistas –varones todos ellos– de las universidades
más poderosas del mundo (EE. UU., Gran Bretaña y Francia) y todas ellas
circulan alrededor de los déficits, incorrecciones o dificultades que el
neoliberalismo propone. Es decir, son las «opiniones mainstream de la RBU», las del establishment.
Con estos antecedentes y a través de algunos informes, el Banco Mundial estipula para la RBU una serie de cuestiones:
La universalidad:
El BM se pregunta si debe ser para todos o debe haber diferenciaciones.
Así es que promueve el concepto de «universalismo progresivo» y la
combinatoria de políticas de asistencia y seguridad social para alcanzar
un «objetivo aspiracional».
Los aspectos constitutivos:
Para el BM debe tomarse en consideración como punto de partida para el
análisis de la viabilidad de la implementación lo siguiente: 1) los
riesgos del mercado laboral, 2) las cuentas estatales y 3) los sistemas
de protección social.
Beneficios:
1) Cubre a todos, por lo tanto, ayuda a las personas a hacer frente a
una variedad de riesgos; 2) No sufre errores de inclusión / exclusión;
3) Proporciona un ingreso mínimo a los adultos que posiblemente alivie
algunos de los costos de búsqueda de empleo
Desventajas:
1) Es más costoso que las transferencias específicas (focalizadas); 2)
No es una herramienta eficiente para la reducción de la pobreza; 3) Para
cualquier presupuesto, las transferencias específicas (focalizadas) son
más efectivas para reducir pobreza extrema.
Finalmente, los informes del Banco Mundial establecen una diferencia entre tres categorías de países: economías avanzadas, economías con mercados emergentes y países de bajos ingresos
[2]. En esta categorización, existe una gradación inversamente
proporcional en la inversión diferencial que estos países deberían
realizar para incorporar la RBU. Por ejemplo, para países «del medio»,
se trata de redireccionar inversiones ya existentes en programas
focalizados hacia la RBU. Asimismo, el impacto en la reducción de la
pobreza también es relativo a cada segmento de países: «En general,
encontramos que proporcionarle a la RBU presupuesto mayor como para que
tenga un impacto significativo en la pobreza es financieramente
prohibitivo en países de bajos ingresos, pero puede ser una opción
relativamente más viable en algunos países de ingresos medios y altos».
Renta Básica Universal como piso
La Red Argentina de Ingreso Ciudadano (RedAIC), que integra la Basic Income Earth Network (BIEN),
es una red de instituciones y fundaciones que impulsan la RBU, con
legitimidad académica y vinculación con movimientos sociales,
fundamentalmente desde Europa. Impulsan investigaciones, pero sobre todo
construyen influencias y corrientes de opinión a través de la
circulación mediática. La Red en Argentina nace en el marco de los
debates sobre el ingreso universal que se dieron durante la crisis de
2001, pero en Europa, la BIEN surge a mediados de la década del 90.
Aunque hay versiones más ubicadas desde la izquierda, básicamente el
planteo es que existen dos modelos en el capitalismo ya fracasados: el
Estado de bienestar y el neoliberalismo. El primero, derrotado por el
segundo, nos encuentra con una pobreza y una indigencia que requieren
«corrección», es decir, hace falta un modelo alternativo que elimine o
disminuya ostensiblemente la pobreza y para ello se requiere un «ingreso
mínimo». Impulsan una serie de parámetros:
a) que
debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que
ninguna persona caiga por debajo de ciertos mínimos;
b) que
esta red debería conformar una base desde la cual las personas puedan
competir en mejores condiciones en el mercado laboral y asistir (y
permanecer) en el sistema educativo;
c) que
esta red de seguridad debería ser de fácil acceso, no estigmatizar ni
discriminar a los perceptores y evitar prácticas clientelistas;
d) formar
parte de un sistema de arreglos institucionales que favorezca el
incremento de la demanda de fuerza de trabajo sin disminuir los
estándares de vida de la gente;
e) que el acceso a los beneficios de la red sea independiente de la actividad o condición ocupacional de las personas.
Ya en 1977, en La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado,
Robert Castel señalaba la discontinuidad de los institutos reguladores
del trabajo asalariado creados post segunda guerra mundial a partir de
la crisis de los 70. En este libro, y en sus posteriores, Castel
postulaba la vulnerabilidad y la desafiliación social a partir de la
pérdida del empleo. Sus planteos dieron lugar a una corriente muy
profusa acerca de la precariedad (laboral, social, etc.) y, de alguna
forma, cimentó en el sentido común dominante la idea de que hay
incluidos y excluidos, afiliados y desafiliados a la sociedad [3].
Los parámetros
de la Red suponen que la RBU tiene la virtud de construir un piso
mínimo para promover la movilidad social ascendente o al menos evitar
una caída masiva hacia la pobreza y la exclusión social. Recordemos la
metáfora tan difundida de «quienes están dentro y quienes están fuera».
Esta idea de los «caídos del mapa», tiene, tal como la metáfora propone,
mucho de terraplanismo respecto a la dinámica histórica de la sociedad,
a cómo se despliega el capitalismo en el mundo y en particular en los
países periféricos. A este respecto, Abal Medina (2020) plantea:
Las
propuestas de ingresos mínimos y rentas universales se desplegaron
históricamente con una tonalidad emotiva de destino irremediable; la
pérdida de puestos de trabajo se concibió como fulminante e
irreversible, y las políticas públicas que surgieron de este diagnóstico
fueron, de algún modo, formas de institucionalizar la pobreza (…)
Quienes apoyan la implementación de este tipo de medidas esgrimen
argumentos éticos (debemos garantizar un piso de dignidad para todo ser
humano) o bien sostienen posiciones pragmáticas como la de Rifkin
(cárceles o «voluntariado»). Lo cierto es que la disyuntiva convalida
una suerte de amnesia colectiva sobre la construcción económica y social
de la desalarización masiva. Sobre los modos activos de desvalorización
del trabajo.
Es decir que este enfoque plantea un
ingreso universal que equilibraría el punto de partida de los individuos
en su «carrera de vida». Es la utopía de la igualdad de oportunidades
convertida en instrumento económico. En este sentido, la otra fundación
que lo promueve es la Friedrich Ebert, «bajo el lema de repensar el bienestar del Estado en el siglo XXI», ya que la universalidad de la RBU se propone como alternativa a los programas neoliberales.
Uno de los ejemplos que esta corriente divulga es el Alaska Permanent Fund,
un fondo de inversión creado por los impuestos de la renta petrolera
del estado de Alaska. Este fondo, como tal, realiza distintas
inversiones, pero tiene un «Permanent Fund Dividend» (PFD) que divide
todos los años en partes iguales una porción de los beneficios para
todos los habitantes de Alaska. Según los beneficios anuales de la renta
petrolera alaskeña, hay años que los habitantes cobran más que otros.
El ejemplo que más se difunde es que, en 2015, los residentes de Alaska
cobraron USD 2000. Los fundamentos de este fondo de inversión se
sostuvieron en que, como el petróleo es un recurso finito, las futuras
generaciones no van a contar con él. Por lo tanto, su uso actual debe
dejar beneficios hacia el futuro, y funciona de contralor para evitar el
derroche de las ganancias.
Este ejemplo no solo muestra los
beneficios de un ingreso universal –derivado, en este caso, de la renta
petrolera– sino que se articula con otros enfoques en boga, como el
decrecionismo, las versiones de la ecología económica (ecosocialismo,
ecofeminismo) y las distintas modalidades de «licencia social» de las
empresas extractivistas. Luego nos meteremos con estas corrientes.
Otro de los ejemplos es Irán, que se
supone que es el único país del mundo que tiene una RBU. En 2011, para
compensar la eliminación de subsidios al pan, el agua, la electricidad y
el combustible, se creó una «transferencia de efectivo», que también se financia con fondos de los recursos de hidrocarburos. «Pero aquí no existe un fondo de inversión
destinado al pago del beneficio, sino que los recursos provienen de
reformas realizadas al sistema de subsidios a los precios internos de
los combustibles».
En Argentina existe un sector
vinculado con el Ministerio de Desarrollo Social que propone la RBU como
forma de resolver el tendal de desocupados y hambrientos que deja la
pandemia. La propuesta general consistiría en una transferencia de
dinero a todas las personas de la población económicamente activa que
tengan ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) [4].
En este caso, tendría un formato similar al seguro de desempleo (pero
respecto del trabajo registrado y de salarios por debajo del SMVM). Tal
como ocurrió con la AUH (Asignación Universal por Hijo), sería universal
para aquellos que cumplan los parámetros establecidos y podría
esperarse alguna contraprestación (la AUH supone escolaridad obligatoria
certificada y vacunación obligatoria certificada).
Esta «manera argentina» de encarar la
RBU es diferente de la planteada por la Red y la BIEN: la
incondicionalidad y la universalidad como pilares. La condicionalidad de
las políticas de asistencia (como el caso de la AUH) tiene, según estos
enfoques, un carácter punitivo. No obstante ello, ambas versiones
recuperan un elemento que sería uno de los impactos clave de la RBU: el
aumento del poder de negociación de los trabajadores y de la «libertad»
[6]. La conceptualización punitivista del rol del Estado como elemento
disciplinador es una tradición en el liberalismo, tanto de izquierda
como de derecha.
La RBU impulsada por esta corriente empalma con las posiciones que el papa Francisco expresó en su encíclica Laudato si’,
en la que hace una proclama particularmente ecológica incorporando las
desigualdades humanas, siguiendo la tradición de la Doctrina Social de
la Iglesia. En ese marco, hay una defensa explícita del ingreso universal.
En Argentina, por ser un país católico y dada la nacionalidad del papa,
esto tiene una influencia fenomenal. Uno de los seguidores del Papa en
los movimientos sociales, Juan Grabois, incorporó la RBU en un plan general
que «se orientaría a actividades de la economía social, urbanización de
villas y asentamientos con reconstrucción de espacios culturales,
deportivos y de salud, desarrollo de la agricultura familiar (incluyendo
la generación de colonias agrícolas) y el refuerzo de políticas
públicas orientadas a la reinserción social de ex detenidos y atención a
problemáticas de género, entre otras», al que denominó Plan Marshall Criollo [7].
Finalmente, en este marco, se
incorpora otro debate: si la RBU es un derecho o no. La Red y la BIEN
plantean que es un derecho humano asociado a otras lógicas y valores
morales: un diseño no productivista para las políticas sociales frente
al fin de la sociedad asalariada. El argumento para reforzar la
categoría de derecho de la RBU es que actualmente, pandemia mediante, la
llamada economía no monetaria cobra enorme relevancia: la jornada de
trabajo de cuidado completamente extendida sostiene la garantía de la
crisis sanitaria.
La RBU, entonces, es recuperada por
sectores de la economía feminista para ponderar el trabajo de cuidado
como tal y como un derecho. Esto implicaría al Estado, las empresas y
las organizaciones sociales. Para eso, proponen construir un «régimen de bienestar»,
es decir, una RBU que ponga de relieve aquellas labores que no están
reconocidas ni valorizadas por el mercado (incluido el trabajo de
cuidado). En este sentido, el propósito es que la RBU empodere, pues se
supone que permite aceptar ciertas cosas y otras no. Y, finalmente,
estabiliza la demanda en un momento de crisis.
RBU como «impugnación del capitalismo»
Desde una sector de la izquierda europea (anche
latinoamericana) nos encontramos con interpretaciones o promociones de
la RBU dentro del marco de enfoques o estrategias anticapitalistas,
tales como el artículo de Medina Sierra. Estas perspectivas desde la
izquierda se articulan con posiciones decrecrecionistas, ecofeministas y
ecosocialistas [8]. Sin ir más lejos, las organizaciones de la
izquierda europea que impulsan la RBU se inscriben dentro de estas
corrientes. No así la izquierda comunista (o de tradición comunista)
[9].
El primer punto que resaltan es la
disminución cuantitativa y cualitativa del «ejército de reserva». Es
decir, el propósito de la RBU sería producir una aumento del poder
adquisitivo general y una disminución de trabajadores asalariados
desesperados por vender su fuerza de trabajo al mejor postor. De esta
forma, se busca aumentar el poder de negociación sindical para disminuir
las desigualdades y la precariedad en el acceso a derechos, al tiempo
que aumenta el trabajo libre. «Para que la renta básica universal sea
realmente un instrumento o un arma contra el Capitalismo hay que
entenderla en su sentido abstracto, es decir, como trasvase de poder hacia la clase trabajadora.
El capital es una relación social y Marx lo explicó perfectamente
cuando señalaba que el capitalismo domina a través de formas abstractas
como la categoría valor».
La RBU, para estas corrientes,
implica una conquista que cimienta la acumulación de fuerzas para la
transición de una sociedad de predominancia del trabajo asalariado hacia
una del trabajo libre. Estas corrientes no plantean rupturas con el
capitalismo sino transiciones prefigurativas
del socialismo. Lo que denominan «cuarta revolución industrial» implica
que el pleno empleo y la relación salarial como centralidad del mundo
actual son cuestiones anacrónicas y, por lo tanto, el trabajo hay que
recuperarlo como elemento ontológico del ser humano.
Un debate que establecen con lo que
estas corrientes denominan «izquierda tradicional» o «izquierda
ortodoxa» es que el valor de uso como aspecto de la vida ha sido
desatendido. El feminismo lo ha ubicado como punto central y, al igual
que la corriente que antes explicamos y se inscribe en la BIEN, el
ingreso básico universal cobra particular relevancia respecto del
trabajo de cuidado y la reproducción social. El «valor del trabajo» (dixit),
compartir los bienes y utilizar el mínimo esfuerzo necesario para
obtener lo que uno necesita es el planteo de los humanistas por la renta
básica: que trabajen las máquinas.
Para estas corrientes, la lucha por
el pleno empleo no es posible pero tampoco deseable. Es indeseable
buscar trabajo (y no conseguir), pero además es indeseable trabajar para
el capital. Se articulan dos perspectivas: 1) la que propone
expectativas con la robotización [10] («utilicemos la tecnología de
forma eficiente, de forma equilibrada, para que no se produzca en base
al mercado») y 2) el decrecentismo [11], que plantea que no hay que
tener esquemas de crecimiento y desarrollo económico sino de
decrecimiento. «La productividad es patriarcal»: para el ecofeminismo es
significativa la expectativa de vivir dentro de un marco de
subsistencia, que reponga lo femenino y lo masculino como unidad (Shiva y
Mies, 1998). La idea de no producir más que aquello necesario para
satisfacer las necesidades humanas contacta también con Harich (1975)
con su propuesta del «comunismo sin crecimiento».
Estas corrientes, además, discuten
con los sindicatos, que suelen oponerse a la RBU. En general, plantean
que los sindicatos deben propiciar una jornada semanal de 30 horas, pues
eso implicaría acabar con la desocupación. La disminución de la jornada
laboral, acompañada por una fuente de ingresos distinta al empleo,
sería la clave. El capitalismo implica vender la fuerza de trabajo para
poder subsistir, pero con la RBU ya no hace falta: todos subsistimos y
el trabajo comienza a ser libre. Esto, siempre y cuando el resto de los
institutos del Estado de Bienestar estén vigentes (salud, educación,
etc.). Aunque no es lo único, el planteo es que la RBU permitiría
recuperar el control de la vida de los trabajadores dentro de un
programa más amplio, que propone un republicanismo de libertad, de autonomía, de conseguir una «figura ciudadana».
Críticas a la RBU
Una de las críticas más inmediatas a
este tipo de proyectos gira en torno a de dónde salen los fondos para
implementar una renta básica universal. Hay propuestas que proponen que la RBU no debería ser en dinero sino en especie:
«la sanidad y la educación ya es renta básica en especie. Tendríamos
que hacer lo mismo con la alimentación, el transporte, el alojamiento y
podríamos pensar también en la energía o, por qué no, las
telecomunicaciones. En lugar de dar dinero y que se busquen las
habichuelas en un mercado contaminado por desequilibrios de poder,
controlarlo y regularlo a través de decisiones democráticas,
transportes, participativas y atendiendo a criterios sociales,
ecológicos, de género».
Las advertencias de Alyssa Battistoni (2019) son bien interesantes:
(…) no es
necesario ser Robespierre para sospechar de una propuesta que anuncia
explícitamente su intención de proteger a los ricos frente a la furia de
la clase trabajadora; sobre todo, cuando una de las principales
preguntas en torno del ingreso básico es de dónde saldrá el dinero (…)
la amplia coalición requerida por el ingreso básico será imposible de
lograr si los ricos se oponen desde el comienzo (…) Lo que propone, en
cambio, es financiar el ingreso universal sacando dinero de importantes
programas de bienestar social (cupones de alimentos, asistencia para
vivienda, crédito tributario por ingreso del trabajo) y cobrar un
impuesto al valor agregado sobre bienes de consumo (…) si el ingreso
básico se financia mediante la canibalización de programas sociales
existentes y la aplicación de impuestos regresivos al consumo, la mayor
carga del subsidio a los salarios bajos pasa entonces a recaer
perversamente en los pobres y en la clase trabajadora.
El movimiento sindical
también hace críticas a la RBU, y éstas tienen que ver con que el mismo
debilitaría el poder de la acción colectiva, fortaleciendo las
negociaciones individuales y profundizando el «sálvese quien pueda».
Coinciden, además, en preguntarse de dónde se extraen los fondos para el
financiamiento, y señalan que las reformas fiscales promovidas
parecieran impactar negativamente sobre la porción de la clase
trabajadora registrada y sindicalizada. Lo mismo ocurre respecto de lo
que Battistoni planteaba acerca de la educación y salud públicas: la RBU
sería un «cheque de intercambio» para la privatización. Además, el
sindicalismo plantea que con la RBU la presión para reducir salarios por
parte de las patronales aumentaría significativamente.
Un elemento a tener en cuenta es que
el sindicalismo articula su existencia y su poder en relación con la
centralidad del trabajo asalariado en el capitalismo. La RBU, plantean,
iría contra el empleo, en este sentido. Resaltan el temor de que la RBU
adormezca la lucha de clases y redunde en una mayor explotación de la
clase trabajadora.
La Confederación Sindical Internacional
(CSI) plantea consecuencias negativas y positivas respecto de la RBU.
Entre las positivas, indica que reduce el riesgo de aceptar condiciones
laborales de baja calidad y explotación, apoya a las personas para que
desarrollen sus habilidades y competencias, mejora el acceso al apoyo de
ingresos y reducir el estigma y agiliza los esquemas de protección
social y reduce los costos administrativos de los mismos. Respecto a las
consecuencias negativas, indica la posibilidad de subvencionar trabajos
mal remunerados y de baja calidad, la tendencia a socavar los sistemas
de protección social existentes, los impactos distributivos regresivos,
las dificultades de financiamiento y la reducción de estabilizadores
automáticos durante recesiones económicas. Este último punto,
evidentemente, refiere a los institutos de contención a las crisis que
existen en los países desarrollados.
Algunas reflexiones finales
Tener en cuenta de dónde salen los
fondos para un Ingreso Básico Universal y cuál es el sujeto que pelea
por esa renta es clave. Lo mismo vale para el alcance «universal» e
«incondicional» de la misma. La totalidad de la riqueza del mundo es
producida por la clase trabajadora, con lo cual un ingreso de estas
características no saldría de ningún otro lado. La disociación entre
dinero y valor, propia del liberalismo, impide comprender que si la RBU
se implementa sería una distribución de la riqueza a través de un
instituto nuevo en el mismo Estado moderno.
Entre las corrientes que aquí
describimos, el Estado se presenta como un sujeto omnipresente. Lo mismo
que los monopolios y el imperialismo. Incluso las versiones que se
ubican por izquierda asumen la existencia del Estado, de forma invisible
o como regulador. La perspectiva de que el Estado es condensación o
expresión cristalizada de las relaciones de fuerza históricamente
determinadas no aparece. Por el contrario, el Estado es un instrumento
invisible. Lo es para el Banco Mundial, pero también para los enfoques
de izquierda, que además disocian el sujeto que reclama la RBU del
conjunto de la clase trabajadora y sus tareas emancipatorias.
Resulta particularmente preocupante
la perspectiva de futuro de todas las corrientes que aquí expusimos. Que
el caso de Alaska sea el ejemplo mejor ponderado habla a las claras del
lugar que ocupa la RBU en la discusión (al menos en nuestro país). Una
porción de la renta sojera y minera se plantea para la redistribución a
través de una RBU. No se plantea, por el contrario, en qué país y en qué
región queremos vivir.
Esto no implica que el hambre y la
pobreza no sean una catástrofe a la cual atender urgentemente. Sin
embargo, los trabajadores argentinos fuimos y somos capaces de producir
el proceso completo de automóviles o heladeras y hoy aportamos en la
construcción de satélites, elementos complejos de biotecnología y
energía nuclear. La discusión respecto del desarrollo industrial y de
las vías de desarrollo para los países periféricos como modo de resolver
el hambre y la pobreza aparece negada en los debates sobre la RBU.
En todo caso, el problema central de
la discusión acerca de un ingreso básico universal es la posibilidad de
que la clase trabajadora asuma en sus manos la construcción de un país
soberano, no dependiente, no inhibido por el imperialismo para construir
sus caminos de desarrollo, de industrialización según sus necesidades,
posibilidades y aspiraciones.
De lo que se trata, en última instancia, es si nos vamos a ubicar en lo posible
de un país con una economía de subsistencia, trabajadores pobres
(aunque no indigentes) que recolecten basura y produzcan mermeladas, o
en una patria grande soberana, industrializada y solidaria. El problema
de la RBU como instituto de distribución de riqueza no debe ser pensado
en sí mismo, sino en términos del proyecto político que ordenará el
futuro." (Nuria Giniger , JACOBIN américa Latina, 29/04/21)
